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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Privacidad o libertad económica

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

 Dice Vinton Cerf que la privacidad es una anomalía, una exigencia de los tiempos recientes y que hace unas décadas, no digamos ya siglos, no estaba garantizada. Es decir, se tenía o no se tenía, pero no era objeto de reclamación jurídica. La idea del individuo protegido de las miradas de otros se gestó al albur de la sociedad de masas con la industrialización. Es la tecnología la que posibilita nuestra privacidad. Pero es una evidencia que la tecnología es también quien nos la quita. Por un lado expande las posibilidades de acción del individuo y por otro elimina la posibilidad de ocultar esa misma acción.

La declaración de Cerf no es inocente, por supuesto, al margen de su valor de verdad sociológica, pues coincide con la polémica sobre el uso de la tecnología de internet con fines de espionaje. Defiende el invento en que colaboró y, de paso, presenta una visión realista sobre algo que fue idealizado durante mucho tiempo. Como toda tecnología, internet expande y, a la vez, constriñe.

No olvidemos que Cerf empezó sus proyectos para el ejército, cuestión que desataría todo un interminable debate acerca de las posibilidades tecnológicas de una utópica sociedad basada en el dogma de la no agresión y exclusivamente autodefensiva. Y eso es así, cuando, paradójicamente, se señala a internet como un dilatador del comercio libre y las conexiones voluntarias. Lo es, pero también presenta otras caras menos felices.

Posar la mirada exclusivamente sobre el espionaje de los gobiernos como invasores de lo íntimo es lo más recurrido, pero quizá sea lo menos frecuente. Lo cierto es que la pérdida de privacidad en la red no se produce todo ni tanto por parte de ellos como por parte de las empresas. Cuando navegamos por la red, incluso sin realizar compras, vamos dejando rastros que son utilizados por empresas para detectar las visitas que realizamos y, con ellos, mucha información de la que no somos conscientes. La pugna por proteger el moderno derecho a la reserva pasa por saber y limitar el tiempo en que las IPs de los ordenadores es retenida, las recomendaciones para limitar las cookies, si estas deben ser permitidas previo aviso o eliminadas por decisión improbable del usuario, etc.

Las posibilidades comerciales de internet son la amenaza más potente que sufre la recientemente concebida privacidad porque en esto ocurre lo mismo que en el caso de la relación de los depredadores del presupuesto público respecto de los contribuyentes: son menos y su incentivo individual es mayor; por tanto, la energía empleada en captarlo vence las resistencias. Una especie de ley 20/80 que relaciona el número de agentes y la intensidad de su esfuerzo de manera inversa para cada actor en lucha.

Los internautas se hallan por ello ante varios dilemas. Las posibilidades de crecimiento de las empresas pasan por invadir la intimidad de los internautas y esto es verdad al margen de si esas empresas operan en mercados más libres o más regulados. La concepción de la publicidad como práctica honesta y necesaria en una economía de mercado se convierte, por este proceso, en una pérdida de control del internauta sobre qué se quiere que se sepa y qué no.

Por la ley 20/80 les resulta imposible, por sí mismos y mediante mecanismos asociativos exclusivamente, forzar a las empresas a restringir sus invasiones porque siempre irán por detrás de los poderosos incentivos las empresas. Es necesario, pues, acudir al Estado. Pero, a su vez, el Estado puede regular las restricciones si la presión de los grupos pro privacidad es mayor que la de los lobbies comerciales por lograr lo contrario. La batalla por la privacidad se antoja, por tanto imposible e, incluso cuando parezca que el usuario recibe buen trato y se le pregunta cuántas cookies permite en su ordenador, ya hay otra innovación tecnológica que le ha radiografiado. En cualquier caso, el papel del Estado como árbitro es inevitable 100%.

La situación excluye la posibilidad de resolverlo con análisis simplistas tan del gusto de algunos y requiere aceptar los límites de la libertad económica para imponer reglas. Pero esto es, en sí, bastante simplista también si consideramos la cadena de intereses que siempre son mayores del lado de las empresas.

Podemos dar, pues, por no ganada la guerra a favor de la privacidad, por no idealizada la libre empresa y por no banalizado el papel del Estado. Ningún factor aislado produce buenos resultados automáticamente.

Justicia asimétrica, Estados fallidos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Esta mañana se ha sabido de la ayuda de la Hacienda española gestionada por Montoro a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarín. Se dan por buenas las facturas falsas, se considera a Aizoon, la empresa del yerno del rey, como una sociedad instrumental y mediante trucos de magia legales, se consigue que el peso recaiga sobre Urdangarín y se descargue a la pequeña de los Borbón. Es uno de los diversos empujones poco disimulados que el gobierno de nuestra nación le da cariñosamente a la Corona para que salga de la sima en la que se encuentra su popularidad. Y es la enésima patada que los gobiernos españoles le propinan a la justicia desde hace unos años.

No sé si todo empezó con el caso RUMASA, antes o después. Pero es notorio que en los últimos años, la falta de respeto a la justicia es tan habitual que apenas nos escandaliza. Una herida que se ha ido agrandando y profundizando de la mano del mal diseño de la doctrina Parot, las consecuencias de dicho error, el uso político de dicha doctrina, pero también el reparto de los puestos en los máximos órganos de justicia de nuestro país.

Pero creo que hay algo más: el doble mensaje de los políticos acaba por paralizar la capacidad de reacción de la gente.

Quienes reclaman que rindan cuentas ante la justicia los políticos corruptos, son políticos en cuyos partidos también se cuecen habas, y muchas. Los políticos que reclaman respeto a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo son los mismos que pactaban con ETA por debajo de cuerda y que se reparten desde hace años los puestos en el Consejo General del Poder Judicial y manipulan a su antojo el Tribunal Constitucional. Y los españoles, que padecen el engaño, votan a esos mismos políticos. Son los que hay.

El deterioro económico, siendo como es tan grave, no es tan peligroso como el de la justicia. Porque es la justicia lo que asegura que los ciudadanos tengamos confianza en todas las demás instituciones y cuando desaparece esa confianza, las consecuencias son de largo alcance. Las causas por las que los españoles prestamos tan poca atención a las cuestiones de gran calado jurídico, a la limpieza y transparencia de las instituciones fundamentales de nuestra justicia radica, en parte, a nuestra historia.

Estamos acostumbrados al privilegio, que se instaló entre nosotros desde la época preindustrial y que no fuimos capaces de superar en el siglo XIX, cuando era el momento. El cambio en el siglo XX apuntaba, solamente, a quiénes eran los receptores de esos privilegios. La corrupción en democracia se ha democratizado y la asimetría en la justicia también. No se trata solamente de la familia real, hay grupos de presión, encabezados por los políticos, sindicatos y sus aliados, que disfrutan de un trato judicial diferente al del resto de la población.

Eso sí, en este país, cuestionar las leyes es razón suficiente para que te acusen de loca o de anti demócrata, por ser suave. Nadie se plantea hasta qué punto esas leyes son meros mandatos al servicio de estos nuevos "poderosos", padres de los privilegios, amparados por un mal llamado "estado de derecho", y por una democracia que se ha convertido en un paraguas para el reparto de desigualdades ante la ley.

El complejo de la población española nos lleva a temer que cuestionar la limpieza de nuestra democracia signifique defender la vuelta a una dictadura. Un miedo sabiamente alimentado por quienes viven de la explotación ajena.

Y el pueblo, víctima de lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, no reacciona. Esta disonancia cognitiva consiste en la distorsión que se produce cuando se da una situación contradictoria que confunde y que requeriría admitir lo inadmisible. En este caso, si los españoles admitimos los males de nuestra justicia, tendríamos que aceptar que hemos votado a quienes han bombardeado esas instituciones, tendríamos que mirarnos al espejo y reconocernos como consentidores de nuestro propio perjuicio y, lo que es peor, tendríamos que estar dispuestos a hacer algo. Y ahí está la causa última de nuestra pasividad. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo recuperar el estado de derecho?

Y, de la misma forma que el paisano que se sienta a mi lado en el metro afirma "Pues si falta dinero, no hay más que crearlo y se acaban los problemas", sin ser consciente de las consecuencias de esa medida, muchos españoles se limitan a decir "Pues todos a la cárcel", como si fuera tan fácil arreglar el desaguisado. No sabemos y esa sensación de impotencia nos paraliza.

La consecuencia de una justicia asimétrica y de unas instituciones podridas, como por desgracia nos muestran algunos países de Latinoamérica, es un Estado fallido, una quiebra que implica la aparición de instituciones paralelas, no siempre ideales, que se alejan del sistema democrático que parecen querer los españoles. 

Las claves de Ginebra

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La última reunión de Irán con el P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania), celebrada el pasado fin de semana en Ginebra, se saldó con un acuerdo inicial que ha sido saludado como un éxito histórico por todas las partes implicadas. Sobre todo por parte del régimen de Teherán, que organizó un recibimiento a los miembros de su equipo negociador de auténticos héroes nacionales.

Aunque al término del encuentro no hubo un documento oficial que recogiera lo acordado, la agencia iraní Fars hizo público el texto elaborado por la Casa Blanca. Dos días después de publicar el resumen realizado por Washington, la misma agencia se hizo eco de la protesta del Gobierno iraní, que acusa a la Administración Obama de haber interpretado unilateralmente el resultado de la reunión contradiciendo en algunos puntos el sentido correcto de lo acordado. No obstante, y salvo que la República Islámica haga públicos su valoración exacta de los compromisos adquiridos y las discrepancias que mantiene con la interpretación norteamericana, los apartados esenciales del acuerdo, hasta el momento no desmentidos, son los que se recogen a continuación.

El acuerdo incluye una serie de puntos que establecen los derechos y obligaciones de ambas partes para dar por finalizada la crisis sobre el programa nuclear iraní. En esencia, se acuerda que el régimen de los ayatolás podrá desarrollar tecnología nuclear, pero únicamente con fines pacíficos, con la promesa explicita de que "bajo ninguna circunstancia" utilizará esos medios para fabricar armamento atómico.

Irán se compromete a diluir sus reservas de uranio enriquecido al 20% hasta no más del 5% de concentración, y en los próximos meses no enriquecerá mas uranio por encima de ese límite.

Además, inutilizará o reducirá la produccion de sus centrifugadoras para que no sobrepasen dichos limites; mención especial merece en este punto la central de Arak, que permanecerá paralizada durante esos seis meses. Igualmente, Irán renuncia a construir nuevas instalaciones en otras localizaciones distintas de las ya conocidas y censadas.

Más aún: Irán se compromete a facilitar a los inspectores de la Organizacion Internacional de Energía Atómica, dependiente de la ONU, el acceso a las plantas principales para que verifiquen el cumplimiento de estos extremos y a proporcionar información transparente sobre su programa nuclear. Se creará una comisión conjunta de los países presentes en Ginebra que dirimirá las cuestiones que puedan surgir en la interpretación del acuerdo.

A cambio de estos compromisos aceptados por Irán, el Grupo P5+1 no aumentará las sanciones ni impondrá nuevos castigos en estos primeros seis meses. Además, quedarán en suspenso con carácter inmediato las sanciones que pesaban sobre el oro y los metales preciosos, el sector automovilístico y las exportaciones petroquímicas iraníes.

La República Islámica podrá seguir vendiendo petróleo en las cantidades actuales y repatriar parte de los fondos que mantiene en el extranjero. Asimismo, podrá comprar a otros países comida, productos agrícolas, medicinas y material sanitario.

Cumplido este primer plazo de seis meses y verificado el cumplimiento de los compromisos, en el plazo de un año se negociará una solución definitiva, tras la cual quedarían sin efecto todas las sanciones impuestas e Irán se convertiría en un país más entre los que producen energía atómica con fines no bélicos.

La solución provisional de la crisis nuclear ha sido acogida con satisfacción por la mayoría de cancillerías, y convertida por la Administración norteamericana en un "acuerdo histórico" y un éxito de la gestión del presidente Obama. En cambio Israel, el país más amenazado por la existencia de armas atómicas en manos de un régimen que ha jurado destruirlo, y los Estados del Golfo Pérsico, en abierto conflicto con Irán por el predominio en el mundo islámico, mantienen su escepticismo sobre los presuntos beneficios que el acuerdo de Ginebra va a reportar para la estabilidad regional y mundial. Netanyahu incluso ha llegado a tachar de "error histórico" lo sucedido. El tiempo dirá quién tenía razón.

© elmed.io

Farsa final en Venezuela

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

"La historia se repite. Una vez como tragedia, otra como farsa".

La verdad es que hay que reconocerle a Karl Marx su capacidad para hacer frases ingeniosas e impactantes, perfectos eslóganes que, durante años, han ayudado a vender una ideología absurda.

Concretamente, con la frase que encabeza el texto estuvo fino, con una sentencia que, en plan "nos veremos en el infierno", queda muy "heavy", muy atractiva para cerebros "logsianos"…, aunque, eso sí, habría que matizarla si la aplicamos a lo que significó la puesta en práctica de su ideario.

Efectivamente, la historia del comunismo no fue una tragedia al repetirse. Fue una tragedia de primeras, desde el minuto uno. Asesinatos, hambrunas, gulags, purgas… Desde Lenin a Pol Pot, de Stalin a Mao, sin olvidarnos de sus hijos bastardos, el fascismo y el nacional socialismo…

Finalmente después de más de cien millones de muertos a sus espaldas, de haber dado forma a los regímenes totalitarios más inhumanos de la historia, con la Caída del Muro, el comunismo acabó en "el basurero de la historia", tomando de nuevo otra célebre frase de una de sus más destacadas figuras (y, como muchas de ellas, también víctima, en su caso con un pico clavado en el cráneo).

Pero, lástima, el basurero de la historia no estaba del todo cerrado y el comunismo "de toda la vida" ha vuelto, ahora se llama Socialismo del Siglo Veintiuno. Y en este caso, en esta repetición de la historia, aquí sí acertó Marx, lo clavó… La palabra farsa es perfecta.

Empezando por los respectivos protagonistas de las diferentes etapas históricas. En ambos casos, curiosamente, un líder que murió prematuramente y que fue sustituido por un medianía con la que nadie contaba. Si comparamos al dúo Lenin & Stalin, que también tenían lo suyo, con Chávez & Maduro, sus ¡Aló, Presidente! y sus apariciones aviarias respectivas, la farsa empieza a ser evidente.

Pero sobre todo, qué otra mejor palabra que farsa para definir un sistema que, en su retorno, ya no busca competir con el capitalismo, ya no aspira a producir más y mejor que este para elevar el nivel de vida del pueblo y demostrar su superioridad, como en su momento predijo Kruschev que sucedería.

Porque al comunismo hay que reconocerle que, en una primera fase, lo intentó. Se lo creían (bueno, no todos…). Con la economía planificada como instrumento, con el socialismo científico como fe, diseñaron planes quinquenales (absurdos), crearon industrias (ineficientes), granjas colectivas (improductivas)…, construyeron megafábricas de tractores que acabaron tirados en los campos por faltas de repuestos, de televisores que no se podían sintonizar… Durante tres cuartos de siglo vivieron en un gigantesco Plan E (no sé dónde he leído esta comparación, pero me encanta…) que arruinó el país y devastó el medio ambiente… Pero, repito, al menos lo intentaron.

El Socialismo del Siglo Veintiuno ya ni lo intenta… Casi cien años después de la Revolución de Octubre, sus "herederos" no aspiran a superar a su rival ideológico, a batirle en el terreno de la eficacia económica, de la productividad, sino, como hemos visto de forma descarnada en Venezuela, solo a parasitarlo, a saquearlo , a quedarse por la cara y a repartir entre sus seguidores, por supuesto con los dirigentes llevándose la mejor parte, los productos que el odiado capitalismo produce: televisores de plasma, i-pads, secadores de pelo, tostadoras, ropa de marca…

Un patético final, un final de farsa, para una ideología que, tiempo atrás, aspiraba a algo más…

Pd: Hay que reconocer que la socialdemocracia hace algo parecido, pero con algo más de estilo.

Salarios máximos: carrera hacia la miseria

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El primer gran documento elaborado por el papa Francisco ha levantado una intensa polvareda. Y no es para menos, dado el furibundo y radical ataque que acaba de lanzar el Pontífice hacia el sistema capitalista en su conjunto y, más concretamente, la libertad económica y el libre mercado. Su posicionamiento ideológico en esta materia no es de extrañar si se observa, mínimamente, su larga carrera eclesiástica como obispo y, posteriormente, cardenal en Argentina. En este sentido, cabe señalar que Jorge Bergoglio siempre se ha caracterizado por comulgar con la denominada justicia social, doctrina socioeconómica de la que bebe, en mayor o menor medida, el justicialismo argentino, otrora conocido como peronismo. De ahí, precisamente, que su discurso económico se aproxime tanto a los postulados peronistas, llegando incluso a coincidir en ciertos aspectos con la Teología de la Liberación que tanto gusta a los socialistas, sean o no católicos. Basta observar algunos epígrafes de su exhortación apostólica para percatarse claramente de que el Papa condena de forma drástica el capitalismo:

Así como el mandamiento de "no matar" pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir "no a una economía de la exclusión y la inequidad". Esa economía mata (…) Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida.

Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común […] Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado.

El Papa carga con dureza contra el consumismo, la especulación financiera, la globalización, los beneficios, el dinero y la evasión fiscal. Señala incluso que el actual "sistema social y económico es injusto en su raíz", acusándolo de generar "esclavitud", "explotación" y "opresión". Por ello, pide avanzar hacia una economía "ética", al servicio del ser humano, que reconozca la "función social de la propiedad" y proporcione un "salario justo", al tiempo que garantice el acceso universal a sanidad, educación y trabajo. Conceptos, todos ellos, enmarcados en el tradicional imaginario de la izquierda. Pero, por encima de todo, Bergoglio culpa a la desigualdad de todos los males, especialmente de la pobreza, la violencia y la marginación social. "La inequidad es raíz de los males sociales", dice. Dice más:

Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo […]

Y puesto que el libre mercado es el culpable, la solución no es otra que más intervencionismo y redistribución a través del Estado. Es decir, su receta es más Estado y menos mercado:

El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso (…) ¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas (…) de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común.

El Papa, sin embargo, no puede estar más equivocado. En primer lugar, porque desde hace décadas la Iglesia, gracias a Dios, ya no condena el capitalismo con la rotundidad que emplea Bergoglio, ni mucho menos, como demuestra el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia:

Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía de mercado, o simplemente de economía libre.

Tanto es así que cristianismo y capitalismo no sólo no son incompatibles sino perfectamente complementarios, tal y como sostienen diversos think tanks liberales, como es el caso del Instituto Acton de Argentina o el Centro Diego de Covarrubias de España. No por casualidad, el Instituto Juan de Mariana, referente liberal en España, adopta el nombre de un jesuita, el más prominente pensador de la Escuela de Salamanca.

En segundo lugar, porque, muy al contrario de lo que afirma el Papa, el capitalismo, cuyo eje es la libertad económica, ha posibilitado la etapa de mayor crecimiento, prosperidad y bienestar de la historia. Por desgracia, la mayoría no suele percatarse del nivel de vida que existía hace apenas 200 años. Entre el año cero y el 1000, Europa experimentó un crecimiento nulo, y desde el año 1000 a 1820 el mundo apenas creció a un ritmo medio del 0,2% anual, "apenas suficiente para que la población de ese entonces superara los mínimos niveles de subsistencia sin morir de hambre", como bien demuestra Angus Maddison en The Worldwide Economy: A Millenium Perspective. Por el contrario, bajo el capitalismo la humanidad ha creado más riqueza en estos dos últimos siglos que en todas las generaciones previas. Un hecho, simplemente, innegable.

Pero es que, además, los datos muestran, sin ningún género de dudas, que a mayor libertad mayor riqueza, y viceversa, como recoge Francisco José Contreras en su libro Liberalismo, catolicismo y ley natural. No en vano la renta per cápita del cuartil (25%) de países con más libertad económica era de 31.501 dólares en 2009, mientras que la del cuartil con menos libertad apenas se situaba en 4.545. Además, la renta del 10% más pobre de la población en el cuartil de países más libres era de 8.735 dólares per cápita, mientras que en el menos libre era de 1.061. Es decir, los pobres de los países libres son casi nueve veces más ricos que los pobres de los países menos libres. La libertad beneficia también a los más pobres.

Asimismo, los estudios de la Fundación Heritage llevan dos décadas demostrando, año tras año, que fomentar la libertad y el Estado de Derecho, limitar el intervencionismo estatal e incrementar la apertura comercial, se traduce, siempre y en todo lugar, en una mayor creación de riqueza y, por tanto, una drástica reducción de la pobreza. Las diferencias entre países ricos y pobres en los distintos continentes radica en su mayor o menor grado de libertad económica. Dos ejemplos muy concretos: Singapur, de los más libres, disfruta hoy de la octava renta per cápita más elevada del mundo (52.000 dólares al año), muy por delante de España, que apenas supera los 29.000 -puesto 22 del mundo-. Hace 40 años, sin embargo, ese pequeño país del sudeste asiático se situaba por detrás de España -puesto 30-; Corea del Sur goza hoy de una renta de 32.800 dólares, mientras que Corea del Norte ronda los 1.800 al año… ¡18 veces menos!, pese a que partían de una situación idéntica tras la guerra civil que partió el país en dos.

A escala global, el porcentaje de personas que vive por debajo de la línea de extrema pobreza se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años, al pasar del 47 al 22%. ¿Cómo es posible? La respuesta es que China y la India, dos de los países más poblados del mundo, se han abierto al capitalismo, el libre mercado y la globalización durante este período. Como consecuencia, la tasa de pobreza en la India ha bajado del 51 al 22%, mientras que en China se ha hundido del 65 al 4%.

Así pues, con independencia de la buena intención que, seguro, pueda tener el Papa para tratar de solventar algunos de los grandes males económicos que aquejan al mundo, su particular receta es completamente errónea y contraproducente. La solución no estriba en más Estado, sino en mucho más mercado, lo cual implica capitalismo y libertad.

Los barrenderos chantajean a Madrid

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Las calles de Madrid se han llenado de basura y suciedad como consecuencia de la huelga indefinida del personal de limpieza viaria y jardinería iniciada el pasado día 5. Los barrenderos protestan porque tres de las cuatro empresas adjudicatarias de este servicio público (OHL, FCC y Sacyr-Valoriza) plantean despidos y rebajas salariales. Las compañías, por su parte, alegan que la reducción del presupuesto municipal les obliga a ahorrar costes, mientras que el Ayuntamiento prefiere ponerse de perfil, aduciendo que se trata de un conflicto laboral ajeno a su competencia. Por el momento, la actuación del Consistorio se ha limitado a amenazar con multas a las concesionarias por incumplimiento de contrato y a denunciar la "huelga salvaje" organizada por los sindicatos. En resumen, la típica pugna en que las partes implicadas se culpan unas a otras sin reparar un ápice en que el gran perjudicado es el contribuyente, obligado a sufragar un servicio que lleva suspendido diez días, sin que ello implique devolución alguna de impuestos.

Sin embargo, lo más sorprendente es el inusitado apoyo que están recabando los huelguistas a pesar de los graves perjuicios que están causando tanto a los madrileños como a la propia imagen de la ciudad. El razonamiento en favor de los barrenderos es sencillo: su protesta está justificada porque defienden sus "derechos" (sueldo) y sus puestos de trabajo. La culpa, por tanto, es de las empresas, por tratar de imponer condiciones draconianas a sus trabajadores, y también de Ana Botella, por recortar un servicio "esencial".

De este modo, muy pocos reparan en el problema de fondo, a saber, un presupuesto municipal inflado y una ingente deuda pública, cuyo tamaño se disparó durante los años de bonanza al calor de unos ingresos fiscales ficticios que, finalmente, desaparecieron tras el estallido de la burbuja. El presupuesto del Ayuntamiento de Madrid se duplicó durante ese período, pasó de 2.330 millones de euros en el año 2000 a casi 5.260 millones en 2008. Lo mismo pasó con el gasto público destinado a limpieza viaria, que se elevó de 127 a más de 240 millones. La crisis, por suerte, ha obligado a corregir parte de los desvaríos causados por el crédito fácil. Son los famosos ajustes que sufren las familias, las empresas y ahora también las Administraciones Públicas. Aunque tarde y mal en la mayoría de los casos, el desplome de la recaudación ha obligado a adoptar ciertas medidas de austeridad en el sector público para evitar la insolvencia, y el Consistorio madrileño, el más endeudado de España, tampoco se ha librado. Su gasto rondará los 4.450 millones de euros en 2014, un 15% menos que en 2008, con una dotación prevista para limpieza de poco más de 202 millones, un recorte del 16%. ¿Necesario? Sin duda, porque la alternativa sería subir mucho más los impuestos a un sector privado que ya está depauperado por la crisis y por los históricos sablazos fiscales. De hecho, la partida destinada a limpieza sigue siendo muy superior a la de hace una década, cuando la ciudad no sufría insuficiencia alguna en la prestación de este servicio.

La respuesta de las empresas es, por tanto, lógica. Pretenden prescindir de 625 trabajadores, a través de un ERE, de una plantilla total próxima a los 6.000 (10%), y establecer un nuevo convenio con una reducción salarial máxima del 20%, en línea con la menor dotación presupuestaria. En concreto, proponen aplicar el nivel de sueldos vigente en 2007 más las correspondientes extras por antigüedad. Y es que el sueldo de estos trabajadores ha aumentado una media del 20,3% durante la crisis, a diferencia de lo acontecido en el sector privado, donde los salarios han descendido más de un 10%, sin contar los más de 3,5 millones de empleos destruidos, lo cual evidencia la privilegiada situación laboral de aquellos; a costa, eso sí, del dinero del contribuyente.

El convenio colectivo vigente hasta 2012 estipulaba un rango salarial de entre 19.000 y casi 33.000 euros brutos al año, así como una jornada de 35 horas semanales, incluyendo 2,5 horas de descanso. Considerando que la plantilla tiene una antigüedad media de 15 años, esto significa el cobro de unos 1.300 euros netos por trabajar 6,5 horas al día, más de lo que ganan muchos licenciados y personal cualificado en el sector privado. Ahora las empresas proponen un sueldo medio de poco más de 1.000 euros por trabajar 7,5 horas.

¿Mucho o poco? Imposible saberlo con exactitud, ya que, al tratarse de un servicio que depende del presupuesto municipal, no se rige por la ley de la oferta y la demanda y, por tanto, se desconoce su valor de mercado -lo que los madrileños estarían dispuestos a pagar por mantener limpias sus calles-. Pero valgan como indicadores dos detalles: 1) los barrenderos de Madrid disfrutan de uno de los mejores convenios de su sector en toda Europa, según las concesionarias; 2) las carencias financieras de un ayuntamiento ahogado en deudas. Todas las Administraciones Públicas deberían ajustar sus gastos a su nivel real de ingresos, apostando incluso por reducir de forma drástica los impuestos para facilitar el ahorro y el crecimiento económico.

¿Conclusión? El Ayuntamiento de Madrid hace bien en reducir el gasto, incluido el destinado a limpieza, porque favorece al sufrido contribuyente; y las empresas hacen lo propio planteando un ahorro de costes que es esencial para no incurrir en pérdidas, protegiendo así a sus accionistas. Los sindicatos de barrenderos, por el contrario, tan sólo miran por su propio interés, lo cual no sería condenable siempre y cuando su huelga no perjudicara a terceros. Su único objetivo es mantener intactos sus privilegios laborales, cuyo coste sufraga el contribuyente de forma obligatoria, tomando como rehén la propia ciudad, intentando convertirla en un estercolero. De hecho, boicotean los servicios mínimos para agravar la situación en provecho propio, al tiempo que se queman contenedores y coches.

Se trata, simple y llanamente, de un chantaje sindical en toda regla.

Derecho penal y política

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La reciente excarcelación (seguida de otras no menos chocantes) de la etarra Ines del Río por parte de la Audiencia Nacional ejecutando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de octubre de 2013 ha levantado un justificado escándalo. Sin embargo, lejos de congratularse, las críticas deberían centrarse en los despropósitos de la política legislativa de los últimos cuarenta años que han conducido a esta situación.

Es en este sentido donde debe profundizarse para no quedar atrapado con argumentos que parecen convenientes para explicar lo que sucede, pero que no responden a la realidad. La coincidencia en el tiempo de esta resolución con los tenebrosos apaños entre la ETA y los gobiernos españoles no pueden ocultar el fondo de las cuestiones abordadas en esa resolución del máximo intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por el Reino de España en 1979. Ni siquiera el hecho de que uno de los 17 magistrados de la Gran Sala que ha dictado la sentencia, el español Luis López Guerra, no tuviera la dignidad de abstenerse explica el sentido del fallo. Por el contrario, quien lea los antecedentes y los fundamentos de la sentencia descubrirá la larga historia de incompetencia y de engaños de los gobernantes españoles en relación con el terrorismo y la delincuencia más sanguinaria.

En resumen, la cuestión se reduce a constatar que, pese a la admonición de Felipe González Márquez de que los "terroristas se pudrirían en la cárcel en el siglo XXI", no se derogó "la redención de las penas por el trabajo" (reconocida en el Código Penal de 1973, con antecedentes en el decreto dictado por el general Francisco Franco el 28 de mayo de 1937) cuando los crímenes se cometían durante los años ochenta. Según los artículos 100 y 70.2 de ese texto legal y 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los reclusos acumulaban sus penas en una condena que no podía superar el triple del tiempo de la más grave, con un máximo de treinta años, sobre la cual se abonaba un día por cada dos de trabajo -entendido de forma muy amplia ya desde los reglamentos de prisiones franquistas- a los efectos del cumplimiento. La aplicación semiautomática de la libertad condicional, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena, confirmaba la creencia popular de que asesinar salía muy barato en España.

Bien es verdad que, salvo algunas iniciativas de dirigentes del PP de aquel tiempo proponiendo la cadena perpetua y la eliminación de los beneficios penitenciarios para "crímenes indiscriminados dirigidos a causar gran número de víctimas", parecía existir un consenso académico sobre la materia. Cuando estudiaba en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, recuerdo las disquisiciones sobre la función retributiva, de prevención general y especial de las penas y pocas críticas a la lenidad del sistema.

Y es que, en definitiva, desde la perspectiva de prevención general, resultaba bastante evidente que la legislación española incentivaba, traspasada la inhibición de matar, la comisión de sucesivos crímenes, habida cuenta de que con el primer delito se agotaba toda la condena efectiva a partir de la cual aplicar la redención de las penas por el trabajo y los demás beneficios penitenciarios. En el caso del delito racionalizado con intencionalidad política, verbigracia los cometidos por los terroristas de la ETA, ese cálculo frío de los riesgos que asumían tuvo que estar presente en sus planes. De hecho, durante esos años ochenta se produjeron sus atentados más mortíferos en el Hipercor de Barcelona, la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza o el convoy de miembros de la Benemérita en la Plaza de la República Dominicana de Madrid.

Una vez que se excluyeron por inconstitucionales algunas de las limitaciones establecidas en las normas franquistas, como la que excluía la aplicación a un reo concreto si el tribunal sentenciador apreciaba su "peligrosidad social", este mecanismo, dudosamente constitucional si se interpreta como un tipo de trabajo forzado, jamás fue impugnado por recluso alguno, pues ofrecía extraordinarias oportunidades para salir de prisión mucho antes de lo que se leía en las sentencias de condena.

El Código Penal de 1995 eliminó la redención de las penas por el trabajo. Lo que cabe preguntarse es por qué se tardó tanto tiempo en hacerlo. No obstante, mantuvo los límites al cumplimiento en torno a los treinta años y sus disposiciones transitorias establecieron que los reclusos podrían elegir entre los régimenes de penas de ambos textos, dada la prohibición de retroactividad de las normas sancionadoras desfavorables.

Y esto es lo que ha destapado el Tribunal de Estrasburgo, por más que unos políticos enfangados en otros tratos intenten ocultar su responsabilidad en lo ocurrido. Entiende que la aplicación a la recurrente de "la doctrina Parot" de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006, que interpretó que la redención de penas por el trabajo se calcularía sin una previa acumulación, vulneró los derechos recogidos en los artículos 5 (derecho a no ser privado de la libertad si no se dispone en virtud de un sentencia judicial dictada en un proceso legal) y 7 de la Convención (prohibición de imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión de la infracción). En sus pronunciamientos no solo declara unánimemente que a partir del 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la demandante no fue "legal", sino que, el Estado demandado debe garantizar que la demandante sea puesta en libertad en el más breve plazo y una indemnización por daño moral de 30.000 euros, además de 1.500 euros por las costas del procedimiento.

En el fundamento 115, la sentencia, desechando la tesis del Gobierno de que la interpretación del Tribunal Supremo era previsible, ya que resultaba más conforme con la letra de las disposiciones del Código Penal de 1973, señala que podría haberse llegado a otra conclusión si hubiera sido el fruto de una evolución jurisprudencial (o tal vez del proceso de aprobación de una ley en ese sentido, añado yo) como suele ocurrir en los sistemas basados en el Common Law. Tampoco esto se hizo con la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, promovida por el último gobierno de José María Aznar López.

Las zorras dictatoriales en el gallinero de la ONU

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Como si de algo excepcional se tratara, son muchas las voces que se han mostrado sorprendidas e indignadas a partes iguales al conocerse la lista de los países que han sido elegidos para integrarse en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a partir del 1 de enero de 2014. Entre ellos figuran algunos con un historial, y un presente, realmente deleznable en la materia que trata dicho organismo. Es el caso, por ejemplo, de Cuba, Vietnam, Marruecos, China o Arabia Saudí. Las zorras cuidando el gallinero, que diría un castizo.

La indignación está justificada, pero no la sorpresa. Al menos para quien no acepte la versión buenista de que la ONU es un ente benéfico que trabaja por el bien de la humanidad. Que tiranías de todo signo formen parte del Consejo de DDHH, o de la Comisión que existía con anterioridad, es la marca de la casa. De hecho, el auténtico UN way of life es ser una democracia de las dictaduras. Es suficiente con echar un vistazo a la lista de países que actualmente forman parte del organismo en cuestión para darse cuenta de que no tiene nada de novedoso que entren ahora dictaduras de distinto signo.

De hecho, y tal vez con la excepción de algún país que haya accedido a la independencia en fechas recientes, todos los Estados del mundo menos uno (Israel) han sido miembros en algún momento del Consejo o la Comisión. Y eso incluye a la extinta URSS, a otras dictaduras comunistas y a las petromonarquías dictatoriales árabes.

Que gobiernos que violan los más elementales derechos de quienes viven en sus paíes sean los encargados de velar que los mismos se cumplan en el resto del mundo es el resultado lógico de la estructura y el funcionamiento de Naciones Unidas. Muy en contra de lo que pretende la propaganda dominante, en la ONU no están representados todos los "pueblos", y mucho menos los ciudadanos de todo el planeta. Es una organización en la que quienes tienen voz y voto son quienes ostentan el poder político en cada Estado. Y entre ellos hay numerosos dictadores de distinto signo. Lógicamente, entre estos se cubren las espaldas unos a otros.

Pero peor aún. La elección de los miembros del Consejo de DDHH se realiza mediante voto secreto de las delegaciones de los Estados miembros. Esto protege a aquellos gobiernos de países democráticos que, por los intereses que sean, aceptan votar a favor de la canditura de alguna dictadura. Como los ciudadanos no tienen forma posible de conocer el sentido de su voto, sus gobernantes están a salvo de las posibles críticas que pudiera acarrearles su apoyo a uno o varios tiranos.

La ONU goza de buena imagen general, y la indignación por quienes entran en el Consejo de DDHH habrá pasado al olvido en pocos días, si es que no lo ha hecho ya. Seguirá siendo retratada como una especie de parlamento mundial donde todos los seres humanos estamos representados. Y la realidad seguirá siendo la misma: se trata de una organización al servicio de los tiranos y enemiga de la libertad.

JFK y Castro, medio siglo más tarde

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Se alborotó el avispero a los 50 años del asesinato de John F. Kennedy. El secretario de Estado, John Kerry, no descarta que Fidel Castro o los soviéticos estuvieran detrás de esa muerte. Lo acaba de afirmar a media lengua. No cree, como medio país, la tesis oficial de que Lee Harvey Oswald era un loco suelto que actuó por su cuenta y riesgo.

Kerry no es el primer funcionario norteamericano de alto rango que tiene esa sospecha. El presidente Lyndon Johnson, sucesor de Kennedy, pensaba lo mismo. Joseph Califano, secretario del Ejército en esa época, coincidía con su presidente. Winston Scott, el jefe de la CIA en México, país al que Oswald acudió poco antes del crimen y donde se entrevistó con diplomáticos cubanos y soviéticos, sostenía algo similar.

No disputaban que Oswald hubiera disparado. Era su rifle, eran sus huellas digitales y lo prueban los exámenes balísticos. Incluso, casi todos, aunque con dudas, aceptaban que fue el único tirador, pero algunos suponían que el asesino había sido dirigido hacia su objetivo por la mano cubana. (O, al menos, como barrunta Brian Latell, alto oficial de la CIA en su libro Castro’s Secrets: Cuban Intelligence, the CIA, and the Assassination of John F. Kennedy, La Habana conocía lo que iba a suceder).

Castro tenía razones para alentar la muerte de Kennedy. Sabía que el presidente norteamericano estaba tratando de asesinarlo. Y lo sabía –según Latell– porque uno de los presuntos magnicidas, el comandante Rolando Cubela, era un doble agente. Lo sabía, también, porque alguno de los gángsteres detenidos en Cuba había contado a sus captores que la Mafia había sido cooptada, nada menos que por Bobby Kennedy, para liquidar a Fidel.

El gobierno cubano niega su vinculación con el crimen y ha puesto en circulación otras hipótesis improbables, a manera de cortina de humo. Fidel Castro insinúa que fue Lyndon Johnson. Pero su aparato de desinformación afirma que fueron los exiliados cubanos. Concretamente, Herminio Díaz, un antiguo compañero del propio Castro en una violenta organización gangsteril de los años 40 llamada Unión Insurreccional Revolucionaria (UIR), y Eladio del Valle, un excongresista cubano.

Ninguno de los dos podía defenderse de la acusación porque habían sido asesinados. Herminio, cuando desembarcaba clandestinamente en Cuba. Del Valle apareció muerto de un tiro en el pecho y un machetazo en la cabeza. Su muerte ocurrió en Miami. Nunca se supo quiénes lo ejecutaron, pero las investigaciones apuntaban a un trabajo de la inteligencia cubana.

Hay cuatro fuentes que no cuentan todo lo que saben. La primera es Estados Unidos. Washington mantiene censurados cientos de páginas relacionadas con el viaje de Oswald a México y sus relaciones con los servicios cubanos. ¿Por qué? Una hipótesis es que el crimen se hubiera podido evitar si se hubiera transmitido correctamente todo lo que sabía la estación de la CIA sobre las relaciones de Oswald con el aparato castrista. Ocultan un caso terrible de negligencia.

La segunda es La Habana y, especialmente, el oficial de inteligencia Fabián Escalante –hoy general–, quien, aparentemente, estaba en Dallas el día del asesinato. Escalante, además, podría aclarar las relaciones (¿íntimas?) entre Silvia Tirado de Durán, empleada del consulado cubano en México, y Oswald. También, la participación del asesino en una fiesta cubana en DF, como relatara la escritora mexicana Elena Garro, presente en el baile.

La tercera es Moscú. La inteligencia soviética sabe mucho sobre Oswald. No es lógico que la URSS hubiera utilizado a una persona con la biografía de este personaje para matar al presidente norteamericano, dado que inmediatamente hubiera despertado sospechas, pero es muy significativo que Oswald se hubiera reunido en México con Oleg Nechiporenko, un agente de inteligencia de quien se afirma que no era extraño a estas siniestras tareas.

Pero acaso el testimonio más importante es el de la Mafia. ¿Por qué Jack Ruby, un hampón de poca monta, decide ejecutar a Oswald "para ahorrarle a Jacqueline Kennedy la pena de participar en un juicio doloroso"? Conmovedor, pero impropio de un endurecido gangstercillo. Oswald había negado ser el autor del asesinato y en ese momento todo era muy confuso. ¿Trataba Ruby de borrar otras huellas?

Cuando se cumplan 100 años de la muerte de JFK tal vez sepamos un poco más. O nunca.

elblogdemontaner.com

El tonto útil y la NSA

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Siempre que escucho el calificativo de tonto útil pienso en Korpik, el soldado Alemán que desertó el día antes de la operación Barbarroja para avisar del inminente ataque a sus camaradas comunistas rusos, y que terminó ejecutado por orden de Stalin. Es difícil imaginar qué se le pasaría por la cabeza a este hombre minutos antes de ser fusilado por los mismos a los que quería salvar… ¿Se arrepentiría de haber cometido semejante insensatez?, ¿cuestionaría sus ideales comunistas viendo lo que le iba a ocurrir?, ¿o simplemente no entendió nada hasta que todo acabó?

Seguramente fue esto último lo que le ocurrió. Otro pobre idiota que pensó que el comunismo era algo más que decirle a Stalin lo que quería oír, y que no vivió lo suficiente para ser consciente de su error.

Por desgracia Korpik fue solo una de las millones de personas que murieron por culpa de Stalin y su criminal régimen, pero al menos muchas de sus víctimas murieron sabiendo quién era el responsable de su muerte.

Lo mismo ocurre actualmente, salvando las distancias, con el sistema fiscal. No deja de ser divertido ver cómo se indignan los defensores del fisco cuando ven que los dineros recaudados son malgastados en subvenciones absurdas o robados directamente por la casta política. ¿Es que esperaban otra cosa?

Una vez más, el único consuelo que le queda a cierta parte de la población es ver la cara de tontos de nuestros conciudadanos cuando se dan cuenta de que los cuervos, que con tanto esmero han criado, nos están sacando los ojos.

Tengo que reconocer que uno de mis mayores placeres es torturar a este tipo de personas poniéndoles constantemente sus contracciones en frente de sus ojos. Por ejemplo disfruto bastante cuando algún interlocutor me saca el tema del espionaje de la NSA (Agencia de Seguridad Nacional). Ante la pregunta de por qué le preocupa tanto que la agencia estadounidense lea sus correos cuando no le da importancia a que Montoro sepa qué pagadores tiene, cuánto le pagan, qué compra y qué vende, siempre me encuentro con la misma cara de perplejidad.

Es evidente que la NSA o incluso el CNI pueden hacer al españolito medio bastante menos perjuicio con los correos que intercambiamos con nuestra novia, o amante, que Montoro con las ganancias de un año de duro trabajo. Pero hete aquí que para el tonto útil los impuestos son algo bueno y el hecho de que se gasten en espiarle los correos no les quita un ápice de su legitimidad. De hecho es difícil que el tonto útil medio llegue a unir los puntos para descubrir que una cosa está relacionada con la otra.

Tampoco termina de entender que es bastante mejor que la NSA tenga que meterse en los servidores de Google para espiarte, a que tu tengas que descargarte de un servidor de la NSA los correos del año (fiscal), asegurar que son tuyos y que no tienes otros correos que no estén espiados. También es mejor que la NSA tenga que molestarse en crear leyes absurdas y enrevesadas que les permita obligar a los grandes servicios de internet a cederles ciertos datos, a que el Estado (con el apoyo social) haya obligado de forma clara y meridiana a esos mismos servicios a pasar toda la información (y cuando digo toda, es toda) a la NSA de forma directa, para que, una vez analizada, pueda dictaminar nuestro grado de terrorismo y penalizarnos económicamente en consecuencia.

Dicho de otra forma, el tonto útil actual, como el del 1941, es incapaz de distinguir la realidad en la que vive y se escandaliza con lo que hacen "los otros" mientras cierra los ojos a lo que hacen "los suyos". Si le quitas importancia a lo que hace la NSA porque Hacienda va mucho más lejos, y encima financia a las NSA de turno, eres un defensor del espionaje o un loco. Pero loco y todo seguirás teniendo razón, y el tonto útil seguirá siéndolo cuando el historiador de turno explique a las generaciones futuras la forma en que se cavaba su propia tumba, y se quedaba con cara de idiota cuando le metían dentro y le enterraban.