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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Populismo en estado puro

El movimiento 15-M, ese amorfo crisol de idealistas, indignados y perroflautas que ocupó la Puerta del Sol de Madrid en señal de protesta contra la crisis, los recortes públicos y los presuntos culpables de todas las desgracias que sufre España, los malvados mercados, ya cuenta con su particular organización política. La formación en cuestión se llama Partido X y fue presentada oficialmente el pasado martes. Se trata del ingrediente final que le faltaba a la paupérrima clase dirigente de este país para que, en caso de que triunfe en las urnas, España se sume al vergonzoso listado de países desarrollados con un alto riesgo de caer de lleno en el populismo. Sucedió en Grecia, con el espectacular ascenso de Syriza, una coalición de extrema izquierda, y, en menor medida, los nazis de Amanecer Dorado, hoy ilegalizados, y posteriormente en Italia, tras la inesperada irrupción del Movimiento 5 Estrellas, liderado por el cómico Beppe Grillo, con un discurso frontal contra los partidos tradicionales, la especulación financiera y la austeridad presupuestaria impuesta por Bruselas y, muy especialmente, por Angela Merkel.

El recién nacido Partido X instaura este mismo fenómeno populista en España. Para empezar, su eje programático es "democracia y punto", un efectivo eslogan publicitario con el que se pretende implantar la denominada democracia participativa o directa, que, en esencia, no es otra cosa que la dictadura de la muchedumbre, es decir, populismo en estado puro. Dicha idea consiste, básicamente, en aplicar el sistema asambleario propio de sus quedadas callejeras, sólo que en el plano institucional, en el Congreso, mediante el uso sistemático del voto electrónico para que sean los propios electores y no sus representantes (políticos) quienes aprueben, deroguen o elaboren las leyes. "La élite política, tal y como era conocida en el antiguo régimen, desaparece, siendo sustituida por unos empleados públicos electos que recopilan y ejecutan de la forma más eficaz posible las soluciones creadas por el saber experto de la sociedad ", esto es, todas las personas con derecho a voto, según afirma su programa.

Aunque, a primera vista, pueda sonar bien para el común de los mortales, en la práctica se trata de otra forma de dictadura, donde la mayoría podría imponer su arbitraria voluntad al resto, sin importar el atropello de derechos y libertades fundamentales básicas. Los Padres Fundadores de EEUU advirtieron profusamente sobre este tipo de riesgos. No en vano, históricamente sólo ha habido dos formas de entender el fundamental concepto de libertad: 1) independencia del individuo con respecto al poder político en un determinado círculo de actividades; 2) participación activa del individuo en el Gobierno mediante elecciones o en la elaboración de las leyes. Mientras el liberalismo se centra en la primera cuestión, cómo se gobierna, la democracia se preocupa tan sólo por quién gobierna. Son, por tanto, dos perspectivas diferentes, con resultados, igualmente, distintos. Así, la democracia directa podría amparar, perfectamente, aberraciones de todo tipo por el mero hecho de contar con el respaldo de la mayoría de la población. En este sentido, el sistema que propugna el Partido X no deja de ser una especie de populismo institucional mediante la universalización del voto electrónico, implantando así un "Wikigobierno" y una "Wikilegislación", según sus propios términos.

Y como no hay mejor lección que pregonar con el ejemplo, sus miembros y simpatizantes han elaborado un "Plan de emergencia para salir de la crisis" mediante la participación directa de la ciudadanía, en el que, entre otras muchas y contradictorias propuestas, abogan por la nacionalización indefinida de las cajas rescatadas, por subir los impuestos a las rentas altas o "auditar" la deuda pública con el fin de que el Estado suspenda pagos, además de por mantener un gasto y un déficit público elevados. Medidas, por tanto, similares a las que en su día reclamaba el 15-M o Democracia Real Ya en las calles y que, de igual modo, está intentando impulsar Izquierda Unida desde dentro del actual sistema político. La irrupción del nuevo partido de los indignados, sumado al espectacular auge electoral que está experimentando IU y la creciente radicalización del PSOE –con Susana Díaz a la cabeza en Andalucía–, ofrece un caldo de cultivo idóneo para que el siempre peligroso populismo arraigue con fuerza en España. Por desgracia, la timorata posición ideológica que mantiene la actual cúpula del PP, donde reina la socialdemocracia, no ayuda en nada a su contención, más bien al contrario. Tan sólo cabe confiar en el buen criterio de los españoles para que este tipo de movimientos, marcadamente anticapitalistas y liberticidas, no alcance el poder político en los próximos años. El populismo made in Spain ya está aquí, de nosotros dependerá que triunfe o no.

Bután y nuestra felicidad

Aunque con la crisis se haya reducido un tanto su presencia, de un tiempo a esta parte ha surgido la moda de intentar sustituir la búsqueda del crecimiento económico por el aumento de la felicidad de los ciudadanos. La idea básica detrás de todos los que proponen ese cambio consiste en que existe una cifra más o menos alta a partir de la cual da igual ganar más dinero porque seguimos siendo más o menos igual de felices. Se han hecho incluso algunas propuestas para sustituir el viejo índice del PIB por algún indicador que de alguna manera refleje la felicidad y no sólo la prosperidad.

El más añejo y famoso es el FIB, siglas que corresponden a Felicidad Interior Bruta y no a Festival Internacional de Benicàssim. Lo propuso allá por los años 70 el tiranuelo de Bután como forma de eludir las preguntas que desde Occidente se hacían respecto a la falta de desarrollo de su país, embutido entre India y el Tíbet y con tan poco interés en mejorar económicamente que su único aeropuerto internacional está situado en el Valle del Paro. Naturalmente no lo calculó, pero cuando acabó llegando la globalización a Bután –que tuvo prohibidos la televisión e internet hasta 1999– un centro de estudios público creó el índice, que tenía en cuenta cosas como la preservación del medio ambiente, la armonía de la vida cotidiana y la preservación de la identidad nacional.

Lo que demuestra este índice basado supuestamente en la felicidad es que todo índice basado en algo tan difícilmente cuantificable estará basado, en realidad, en lo que al Gobierno que lo calcula le venga bien. La única ventaja del PIB –que como indicador económico tiene un montón de fallos– es que es una medida que intenta ser objetiva de algo concreto. Como la felicidad no se puede medir, un medidor de felicidad medirá otras cosas, reflejando únicamente el sesgo del encargado de medir. Así, por ejemplo, lo de la identidad butanesa del FIB ha servido para justificar que el Gobierno butanés oprima a modo a las minorías de habla nepalí que no se corresponden con esa identidad artificialmente definida por el Estado, expropiar sus tierras, prohibir su idioma y meterlos en campos de refugiados.

Pero ha sido en Francia donde más esfuerzo han puesto en abandonar el viejo PIB en busca de otras soluciones. Sarkozy montó una comisión al efecto, que al menos tuvo la decencia metodológica de no sacar un solo índice, sino proponer varios. ¿Y esto para qué? Pues se puede ver en el informe que sacaron, en el que se describen sus modificaciones al PIB y de forma bastante cómica de tan descarada muestran cómo la renta per cápita iría aumentando, de ser el 66% de la de Estados Unidos hasta llegar al 87%, si se aceptasen todas las modificaciones. Y encima la comisión la presidió el muy useño Stiglitz. En eso ha quedado la grandeur.

Al margen de los patéticos intentos de introducir la felicidad en el PIB, similares en objetividad al Índice de Desarrollo Humano de la ONU, queda la cuestión de cómo se pretende usar la felicidad para restringir las libertades económicas. Lo más habitual es proponer una cifra a partir de la cual mayores ingresos no dan más felicidad y, por tanto, está justificado poner unos impuestos expropiatorios para repartir el dinero entre quienes no llegan a ella y así incrementar la felicidad total. Al margen de las consecuencias prácticas de este tipo de políticas, como la huida de capital humano y del otro, ni siquiera son congruentes en sus mismos términos, pues son numerosos los estudios que correlacionan felicidad con la expectativa de futuros ingresos crecientes, que obviamente desaparecería con semejante impuestazo.

En general, usar la felicidad de los súbditos como guía de la política del Gobierno sólo sirve para que éste haga lo que quiera en nombre de la felicidad, arbitrariamente definida por él mismo; si la definición no va contigo, sonríe, no sea que te denuncien por no ser feliz, maldita sea. La Declaración de Independencia de EEUU habla con sabiduría de la "búsqueda de la felicidad", y no de la felicidad en sí misma. Bien sabían Jefferson y los suyos que el Estado no puede proporcionarla.

El fumeteo, ese atentado contra la democracia

El revuelo organizado ante la posibilidad de que los clientes de Eurovegas puedan echar un pitillo en zonas reservadas al efecto nos da una pista sobre el punto exacto de cocción en que se encuentra actualmente la política española. Los diputados de la oposición en pleno consideran un insulto que se cambie la ley antitabaco de ZP "simplemente porque lo pida una empresa". Hombre, una empresa que va a crear una cantidad importante de puestos de trabajo para compensar en parte los millones que han destruido esos mismos partidos, por acción directa o con el aplauso de formaciones que ahora se muestran tan ofendidas.

La portavoz de UPyD ha llegado a afirmar que el alivio de las restricciones del uso del tabaco en el complejo de ocio proyectado es un "atentado contra la soberanía nacional" y, en consecuencia, algo intolerable "en términos democráticos", porque, al parecer, las leyes no se pueden cambiar y mucho menos para permitir la creación de miles de puestos de trabajo. Mucho peor es cambiarlas por decisión de un político como Rubalcaba, que ya ha dejado claro que a la Ley Wert le quedan dos telediarios -el tiempo justo de llegar él a La Moncloa-, sin recibir por ello una censura tan solemne "en términos democráticos".

Pero, como ocurre siempre que los nacionalistas catalanes salen a la palestra, el Premio al Superdemócrata del Año se lo lleva en esta ocasión Durán y Lérida, horrorizado ante la mera posibilidad de que se hagan "excepciones para cualquier tipo de casos". Lo dice él, que en materia de financiación autonómica no se cansa de insistir en que el caso de Cataluña es especial y, como tal, requiere un tratamiento diferenciado del resto de las autonomías.

Los promotores de Eurovegas deben de estar impresionadísimos con el nivel del debate suscitado en torno a su petición de que en algunas áreas de su propiedad puedan los clientes que así lo deseen fumar un cigarro. Si finalmente se largan con la inversión a otra parte, no será por condicionamientos de orden económico, sino por no tener que aguantar a esta tropa. Nos lo tendríamos merecido.

Desfachatez y fatalidad

La grotesca explicación ofrecida por representantes del Partido Popular para justificar el borrado de los discos duros de sendos ordenadores que su anterior tesorero y gerente Luis Bárcenas Gutiérrez utilizaba en su sede nacional, malogrando una clonación de su contenido como diligencia de una instrucción criminal, ha entrado ya, con independencia de las posibles consecuencias penales para sus autores, en la amplia muestra de las sinvergonzonerías con las que los políticos españoles asombran al mundo (que no le queda otro remedio que prestarles alguna atención).

Junto a otras notas que se repasarán, recuerda, por su pasmoso parecido, a la estrategia de los dirigentes del PSOE cuando saltó el escándalo de su financiación ilegal en 1991 gracias a las denuncias de su contable, Carlos Van Schouwen. Ante dos negativas a entregar al juez Marino Barbero Santos la contabilidad de su partido del año 1988 a 1992, solo las órdenes de entrada y registro de su sede, del Banco de España y el Aresbank para incautarse de documentación, impidieron que se malograra del todo la instrucción. Entonces los socialistas en el gobierno alegaban que no tenían obligación de guardar documentos contables, por estimar que eran propios de una empresa y no de un partido político. Denunciaron al juez instructor ante el Consejo General del Poder Judicial por "conculcar sus legítimos derechos" y organizaron una campaña utilizando todos los resortes a su disposición para desprestigiar y torpedear su labor. El juez, coaccionado y humillado, renunció a su puesto en la carrera judicial después de que el gobierno de los jueces le denegara el amparo frente a las presiones de todo tipo que recibió. Aguado convenientemente el sumario por el rechazo de la Sala segunda del Tribunal Supremo a su petición de suplicatorio del aforado Alfonso Guerra González y la faena de control de daños del magistrado Enrique Bacigalupo Zapater -quien redujo el número de procesados a 12, de los 50 que habían sido imputados-, las sesiones del juicio oral comenzaron en septiembre de 1997. El Tribunal Supremo terminó condenando a penas de prisión a los personajes de segunda fila acusados, pero la historia real solo la suponemos.

Ahora los dirigentes del partido donde Bárcenas prestó servicios durante más de 20 años, incluido un tiempo después de saltar el escándalo, pretenden hacer creer que un perdido artículo (92.4) del reglamento de la Ley de protección de datos de carácter personal les obligó a borrar los discos duros donde se registraban movimientos y operaciones con trascendencia contable. Sin embargo, apoyarse en la existencia de esa legislación para escamotear una información interna requerida por el juez que investiga la comisión de unos delitos cometidos en el seno de esa organización (cohecho, blanqueo de los capitales obtenidos por esa vía, falsedad y contra la Hacienda Pública) reviste indicios de una lisa y llana destrucción de pruebas que puede calificarse, por lo menos, como un delito de encubrimiento. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso así lo ha apreciado, deduciendo testimonio y remitiéndolo (tal vez precipitadamente porque podría ser un delito conexo) a los juzgados ordinarios para que investiguen los hechos.

En sus tiempos, los prebostes del PSOE organizaban campañas contra los jueces que se atrevían a actuar contra sus desmanes, y ponían en marcha su maquinaria propagandística en los medios de comunicación y la academia adicta para limitar la intervención de la acusación popular en los procedimientos penales que se seguían contra ellos. El Partido Popular, por cierto, ejercitó esa acción en alguna de esas causas. Ahora, en cambio, sin cargar directamente contra el juez -dado que éste no ha decidido hasta ahora apuntar a niveles más altos del escalafón o conectar el asunto que le ocupa con la trama Gürtell- el partido que sustenta al gobierno se enzarza en maniobras de distracción como pedir la "expulsión" de las acusaciones populares ante la fiscalía (un órgano que no puede tomar esa decisión) o denunciar ante la Agencia de Protección de Datos a su rival. No obstante, hasta que fue expulsado del procedimiento, mantuvo la ficción de que actuaba como acusación particular por la actuación de un individuo que, presuntamente, recaudaba donaciones en dinero negro para, entre otros fines, pagar sobresueldos a sus altos cargos. Como si del guión de una película mala se tratara, el presidente del gobierno miente en el Congreso de los diputados sobre la duración de la colaboración de su partido con su anterior tesorero. Poco después, su vicepresidenta responde sobre la desaparición de los discos duros originales que "tampoco podemos entrar a valorar las decisiones de los partidos" cuando "están actuando como empresa, sea el partido que sustenta al Gobierno o sea cualquier otro".

Los años transcurridos entre dos grandes casos corrupción de los principales partidos refuerzan la idea de que los políticos españoles que detentan el poder siguen pautas muy similares en situaciones semejantes. La diferencia estriba en la acumulación de casos que afectan a todos los partidos con poder real en España –PP (Bárcenas/Gürtel), PSOE (EREs), CiU (Palau/ vástagos de Jordi Pujol Soley)- y la constatación de que su contumacia en incumplir leyes penales básicas forma parte de la estructura política del sistema.

Esta comparación incompleta ofrece elementos que permiten aventurar a corto plazo el comportamiento de los actores principales en una situación política tan grave como la de España, que se suma a la profunda recesión que sufre su economía. La experiencia apunta a que, por mucho que avancen las investigaciones judiciales, no cabe predecir que se produzcan las dimisiones normales en un sistema de democracia representativa sometido a una ética política que conlleva la apariencia de gestión honrada de los asuntos públicos. Asimismo, las estructuras jerárquicas de los partidos politicos dominantes impedirán cualquier tipo de renovación interna. Antes al contrario, consideran que el atrincheramiento en el poder les permitirá obstaculizar la sustanciación de las responsabilidades penales que les puedan afectar.

El descrédito de este estamento político está lejos de ser generalizado, empero, ya que según las encuestas más de un cincuenta por ciento de los españoles, continúa manifestando abiertamente que votaría a esos partidos. Acaso por falta de alternativas. Se da el peligro, además, de que los partidos suban más peldaños en su desafío abierto a las leyes (CiU y PNV, tutelados en su vesania nacionalista por la ERC y los restos de la ETA) la demagogía peronista (IU y PSOE) y las recetas socialdemócratas (PP) para desviar la atención sobre su responsabilidad en el actual estado de cosas. Y, sin embargo, la necesidad para los españoles de liberarse del entramado de corrupción político mercantil que le oprime (aunque muchos no se quieran enterar) pocas veces se ha percibido de forma más clara.

Es por esto por lo que debería ser el momento para que otras opciones políticas cuajaran y se presentaran al pueblo español para regenerar un sistema refractario al cambio racional y que, paradójicamente, amenaza con arrastrar en su derrumbamiento a quienes lo padecen. Desde una perspectiva liberal que no quiere confundirse con las tendencias socialdemócratas de los programas de UpyD y Ciudadanos, sería deseable la evolución hacia un partido independiente de Reconversión, si sus promotores se desprenden por fin de las ataduras al PP, y la consolidación del Partido de la Libertad con un genuino programa liberal avanzado, aunque necesitado de cierta maduración. Que no sea por falta de alternativas.

Por qué Murcia no quiere catalanizarse (más)

El consejo que Esperanza Aguirre ha dado de que España se deje catalanizar ya ha sido experimentado en algunas regiones con resultados manifiestamente mejorables. En Murcia, por lo menos, no queremos que nos catalanicen más.

La supresión del trasvase del Ebro, dictada por ZP con el aplauso de la clase política catalana, fue un agente catalanizador de primer orden por el que se condenó a la indigencia a dos regiones españolas con la agricultura más eficaz y moderna del mundo: Murcia y Almería. En aquella ocasión, los murcianos no vimos a los catalanes que se sienten españoles salir a protestar contra la fechoría insolidaria que perpetraban sus políticos nacionalistas. Al contrario, lo que vimos fue la foto de Carod-Rovira y la ministra Narbona brindando con cava en la desembocadura del Ebro, para celebrar este gran éxito catalanizador de las tierras bárbaras del Sureste en medio del aplauso general.

La solución de ZP fue construir 51 plantas desaladoras, de las cuales sólo funcionan de vez en cuando 17 y el resto están paradas o ni siquiera se han llegado a poner en funcionamiento. Lo normal, porque si te bebes un buchito de ese agua al día siguiente estás en la unidad del riñón de tu hospital de referencia con piedras como cocos. Su baja calidad y precio prohibitivo convierte estas costosas instalaciones en inútiles también para la agricultura, con lo que esta primera catalanización nos ha costado cuatro mil millones de euros y medio millón de puestos de trabajo que se hubieran creado en caso de haberse realizado el trasvase previsto. Como ejemplo de las virtudes de la catalanización, parece lo bastante elocuente para no insistir más.

Si no nos dejamos catalanizar (aún más), los nacionalistas dicen que se largan de España, amenaza ridícula con la que el resto de los españoles no pierde precisamente el sueño. Cuando un hijo de una familia numerosa ya cuarentón esquilma a los padres, mete la mano en el bolsillo de los otros miembros del clan, los insulta y ante cualquier negativa a seguir consintiendo sus caprichos amenaza con irse de casa, el resto de los hermanos le ayudan a hacer la maleta con la mejor de las sonrisas. Si eso ocurre con un hermano, calculen con Junqueras, Buenafuente y el Clan de los Pujol.

Lactando a escondidas

Cualquier cría de cualquier animal mamífero se alimenta de la leche de su madre. Cualquier cría de cualquier animal mamífero se alimenta cuando lo necesita, sin importar la hora que sea ni dónde esté. Cualquiera menos la cría humanana del primer mundo. La leche materna es el mejor alimento que se le puede dar a un hijo y la lactancia es saludable tanto para el niño como para la madre. A pesar de ello, algunas mujeres deciden utilizar leche artificial, a veces por falta de información, a veces sólo por su propia comodidad, a veces incluso por una ideología feminista mal entendida: por un reparto “equitativo” de las “tareas”. Como si la alimentación de los hijos fuese una tarea comparable a la colada y como si el concepto de igualdad pudiera extenderse más allá de las desigualdades biológicas, naturales y deseables que han permitido la perpetuación de la especie.

Hemos llegado a un límite preocupante en el que la madre que opta por la lactancia artificial es vista con absoluta normalidad a costa de que la madre que opta por la lactancia materna sea vista como una retrógrada y se la condene a una suerte de ostracismo, exigiéndole que se recluya para alimentar a sus hijos o que, al menos, tenga la supuesta decencia de cubrir su pecho y la cabeza del niño. Porque podemos ver pechos en la tele (¡a cualquier hora del día o de la noche!), podemos ver pechos en las portadas de las revistas y podemos ver pechos en la playa, pero una teta lactante es una obscenidad. También podemos ver a niños comiendo papillas artificiales, bebiendo refrescos azucarados y devorando chuches de extraños colores. Pero si su alimento es la leche materna, entonces nos ofendemos y le pedimos a la madre que se retire. Sucedió en el MuseoThyssen, sin ir más lejos, cuando impidieron a una madre el acceso a las salas amamantando a su hijo. Se organizó una tetada frente al museo y se remitió una carta a la dirección, que contestó educadamente y aclaró que su normativa no impide la lactancia, que fue un error de un trabajador que se debía haber limitado a indicarle que, si quería, podía hacer uso de las salas de lactancia. A veces es peor; a veces no hay salas de lactancia y te mandan al baño a lactar. No creo que te mandaran a merendar al baño si fueras a comerte un bocadillo. Y aunque haya salas y sean bonitas, limpias y agradables (cosa que no siempre sucede) no todas las madres quieren retirarse del mundanal ruido para amamantar. 

Aún queda esperanza porque cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar estos abusos y a hacer valer su derecho (y su obligación) a alimentar a sus hijos cuando y donde sea necesario. A veces en un bar, en una tienda, en un museo o en cualquier otro lugar, una madre lactante es acosada y reprendida, pero cada vez es más frecuente que esa madre se defienda. Lo triste es que tengamos que esgrimir argumentos científicos, que tengamos que justificar las bondades de la lactancia materna, que tengamos que tener siempre en mente los datos oficiales de entidades como la Organización Mundial de la Salud y similares, que haya que organizar campañas a favor de la lactancia materna y, no ya tratar de convencer a otras de que esto es realmente lo mejor, sino simplemente intentar sobrevivir al acoso social al que se nos somete. 

España Invertebrada por la Oligarquía de Élites Extractivas

El libro España Invertebrada de José Ortega y Gasset se editó en el año 1922 y recogía los artículos, que publicó desde 1920 en el diario El Sol, intentando indagar sobre la crisis nacional de España.

El prologuista de la vigésima edición entiende que: "quizás su mayor atractivo resida hoy en el original y certero análisis del problema capital de España, derivado de los particularismos políticos y sociales, en especial de aquel que afecta a la unidad final de España: los llamados nacionalismo particularistas".

1. España Invertebrada en la Constitución de 1931.

A continuación, analizaremos cómo, después de una lectura crítica de este ensayo, sólo parecen acertados su título España Invertebrada y algunos conceptos copiados de Robert Michels sobre la ley de hierro de la oligarquía.

Como filósofo, Ortega y Gasset señalaba la carencia de suficientes estadistas con egregia inteligencia en la política española, que fuesen seguidos por los "hombres-masa". Sin embargo, erró en su explicación del problema nacional; en vez de profundizar en los motivos institucionales del inmoral comportamiento de la oligarquía de individuos "selectos", dejó caer la culpa de la desvertebración nacional sobre los hombros de la población, con clichés de carácter como el madrileñismo y el provincianismo. Como político, veremos que, igualmente, erró al aportar una solución territorial que sólo ha acrecentado la invertebración.

En opinión del filósofo Ortega y Gasset, la raíz del problema de España no está en su oligarquía política sino que se encuentra en el "hombre-masa":

Una nación es una masa humana organizada, estructurada por una minoría de individuos selectos… Así, cuando en una nación la masa se niega a ser masa –esto es, a seguir a la minoría directora-, la nación se deshace, la sociedad se desmembra y sobreviene el caos social, la invertebración histórica… El daño no está tanto en la política como en la sociedad misma, en el corazón y en la cabeza de todos los españoles. ¿Y en qué consiste esta enfermedad? Se oye hablar a menudo de la «inmoralidad pública», y se entiende por ella la injusticia en los tribunales, la sinomía en los empleos, el latrocinio en los negocios que dependen del Poder público… La enfermedad española es mucho más grave que esa susodicha «inmoralidad pública»… Pues bien: en España vivimos hoy entregados al imperio de las masas… Yo me refiero a una forma de dominio mucho más radical que la algarada en la plazuela, más profunda, difusa, omnipresente, y no de una sola masa social, sino de todas, y en especie de las masas con mayor poderío: las de la clase media y superior.

Ortega, 2009: pp. 97-99 [1920].

Posteriormente, Ortega y Gasset publicó en el año 1930 su obra La Rebelión de las Masas, en donde repitió la idea acompañada de los tenebrosos acordes de la música hegeliana del momento:

En los capítulos anteriores he intentado filiar un nuevo tipo de hombre que hoy predomina en el mundo: le he llamado hombre-masa, y he hecho notar que su principal característica es que sintiéndose vulgar, proclama el derecho a la vulgaridad y se niega a reconocer instancias superiores a él. Era natural que si ese modo de ser predomina en cada pueblo, el fenómeno se produzca también cuando miramos al conjunto de las naciones. También, hay pueblos-masa resueltos a rebelarse contra los grandes pueblos creadores, minorías de estirpes humanas que han organizado la historia… Europa había creado un sistema de normas cuya eficacia y fertilidad han demostrado los siglos. Esas normas no son, ni mucho menos, las mejores posibles. Pero son, sin embargo, definitivas mientras no existan o se columbren otras. Para superarlas es inexcusable parir otras.

Ortega, 1988: p. 151 [1930].

Con estos mimbres intelectuales, Ortega y Gasset señaló en 1931, en otro recopilatorio de artículos titulado La Redención de las Provincias, que la solución para la vertebración de España no eran ni el municipio ni la provincia y, por tanto, que la unidad política debería vertebrarse entorno a "grandes comarcas o regiones autónomas":

Organicemos España en diez grandes comarcas: Galicia, Asturias, Castilla-La Vieja, País Vasconavarro, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía, Extremadura y Castilla La Nueva… Que cada comarca, cada región se gobierne a sí misma,… que sea autónoma en todo lo que afecta a su vida particular… en todo lo que no sea estrictamente nacional…regidas por una Asamblea comarcal de carácter legislativo y fiscal y por un gobierno de la región emanado de aquella con número bastante de diputados.

Ortega, 2009: pp. 16-17 [1920].

Fue diputado en la Segunda República, por lo que tuvo oportunidad de influir e implementar su teoría de la integración de los "nacionalismos particularistas" en España, por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas". Así lo atestiguan sus discursos políticos en las Cortes Constituyentes del 4 de septiembre de 1931 sobre el proyecto de Constitución, y en las Cortes del 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña.

Sin embargo, como vimos en un artículo previo, en sus ansias depredadoras por captar el máximo poder político y económico, la oligarquía de élites extractivas [5] en regiones como Cataluña, adoptó políticas de hechos consumados y generalizó el incumplimiento de la Ley durante la Segunda República, lo que desencadenó la Guerra Civil en España. 

2. España Invertebrada en la Constitución de 1978.

Como ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, los filósofos y pensadores cientistas [4] diseminan ideas en contra de los derechos individuales de cada persona (vida, libertad, propiedad, e igualdad de trato ante la Ley) y, a largo plazo, logran imponer políticas a favor de conceptos utópicos como, entre otros, la clase social, la redistribución de la riqueza, el hombre nuevo, la raza superior, el pueblo elegido, el lenguaje propio, la autonomía territorial,…

Sin duda, los ejemplos más evidentes de cientifismo constructivista o cientismo son Karl Marx (comunismo) y Hegel (nacional-socialismo). Salvando las evidentes distancias intelectuales, y a una escala menor, la estructura territorial autonómica de España es heredera de la arrogancia "cientista" de José Ortega y Gasset; sustentada entorno a conceptos como la ausencia de los "mejores" hombres, la necesidad de una aristocracia de "minorías selectas", la vulgaridad y mediocridad del "imperio de las masas", y la supuesta necesidad de "vertebración" de una nación por medio de "grandes comarcas o regiones autónomas"

Pues bien, a pesar de haber desembocado en la Guerra Civil, la teoría "ortegiana" de la integración nacional con la formación artificial de "grandes comarcas o regiones autónomas" fue la fórmula más utilizada en los debates constituyentes durante el proceso de transición a la democracia; recogiéndose en el Título VIII de la Constitución Española de 1978, y en sus Disposiciones Adicionales y Transitorias que, posteriormente, fueron desarrolladas mediante la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) de 31 de julio de 1981, y reforzadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Debido a la imposición política de la falacia ortegiana de la integración nacional por medio de las "grandes comarcas o autonomías", el tamaño del Estado en España creció, en sólo tres décadas de democracia, desde un presupuesto público menor al 25% del PIB en el año 1978 hasta sobrepasar el 50% del PIB en 2008, y pasando de tener menos de 675.000 funcionarios hasta pagar el sueldo a más de 3 millones de empleados públicos.

Así, considerando el entramado público empresarial, dentro de la burbuja de incremento del gasto público en los años 2007 y siguientes, España añade hasta un 17% del PIB al gasto público debido a su modelo autonómico. De hecho, sin las autonomías, el tamaño del Estado se podría situar en niveles entre el 30% y el 35% del PIB, con provincias y municipios vertebrando un orden de mercado: 1) con los políticos más sometidos al cumplimiento de la Ley, 2) sin proyectos megalomaníacos promovidos con el dinero público que administran las élites extractivas regionales, 3) sin parlamentos autonómicos que multipliquen la legislación y las barreras comerciales, 4) sin autoridades que discriminen a los ciudadanos no-nacionalistas, 5) con funcionarios menos serviles a las utopías políticas y más cercanos a las necesidades de cada ciudadano y, en definitiva, 6) con mayor igualdad de trato ante la Ley (Art. 14).

3. Referéndum de todos los ciudadanos españoles para aprobar una nueva organización territorial.

Como consecuencia de las Comunidades Autónomas, España tiene una organización territorial sobredimensionada con 17 gobiernos regionales que redistribuyen la riqueza con criterios "sociales" de "hacer país" y en función de las redes clientelares de cada región, con 17 parlamentos autonómicos legislando leyes intervencionistas, y con 17 administraciones públicas regionales que han multiplicado por dos el gasto en sanidad y por seis el gasto en educación desde el año 2001, con una media del 86% de su gasto dedicado a educación, sanidad y personal en el año 2011.

En definitiva, debido a la aplicación de la filosofía ortegiana de las "grandes comarcas o autonomías", España debe afrontar en el año 2014 un desafío secesionista en Cataluña y en el País Vasco.

La casta política española sigue dispuesta a mantener o ampliar su franquicia de negocio regional basada en tres pilares fundamentales: la burbuja estatal en las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de la Ley por los políticos y sus redes de contactos, y la impunidad de los delitos de su oligarquía de élites extractivas.

Como prueba de ello, actualmente, tenemos 1661 causas judiciales abiertas por corrupción. Algo inmoral pero hasta cierto punto lógico, si una oligarquía decide seguir extrayendo (robando) recursos privados con incesantes subidas de impuestos año tras año, si decide aumentar el nivel de endeudamiento (impuestos futuros) desde el 35% PIB en 2007 hasta subir por encima del 92% PIB en 2013, si se mantienen las barreras comerciales en contra de la unicidad de mercado, y si adolecemos de desigualdad ante la ley, como consecuencia de un modelo territorial "confederal", que divide a los ciudadanos en primera, segunda y tercera categorías, en función de su grado de proximidad al poder político regional.

Admitámoslo, se requiere de modo urgente una reforma mínima de la Constitución Española de 1978 aplicando el Art. 167 CE. En dicho caso, por favor, afrontemos el problema de la desvertebración territorial, con seriedad y con visión estratégica a largo plazo; sin alimentar y sin expandir la formación de nuevas oligarquías de "élites" extractivas separatistas, que es en lo que consiste el federalismo asimétrico o el confederalismo disgregador de las autonomías.
 

Dado que la soberanía reside en el pueblo español (Art. 1 CE), y dado que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación Española (Art. 2 CE) y fue aprobada mayoritariamente por todos los españoles el 6 de diciembre de 1978, legalmente y con la Constitución en la mano, un Presidente del Gobierno de España no puede seguir dialogando para negociar más concesiones con los separatistas.

Ha llegado el momento de que el Gobierno aproveche la mayoría absoluta de su partido en el Parlamento para impulsar y convocar un referéndum (Art. 92 CE), de forma que todos los ciudadanos españoles decidan una organización territorial más racional [6] [7] de España: fijando (reduciendo y/o eliminando) las competencias autonómicas (Art. 148 CE), y definiendo que, llegado el caso, se aplique la posibilidad de suspensión de un Estatuto de Autonomía ante el incumplimiento de la Ley por las autoridades autonómicas (Art. 155 CE).   

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

[1] (Ortega, 2009) [1920]. España Invertebrada. Colección Austral. Ed. Espasa-Calpe. Madrid

[2] (Ortega, 1988) [1930]. La Rebelión de las Masas. Alianza Editorial. Madrid.

[3] (Ortega, 1974) [1931]. La Redención de las Provincias. Revista de Occidente.Madrid

[4] (Hayek, 1997) [1988]. La Fatal Arrogancia. Los errores del socialismo. Unión Editorial. Madrid.

[5] Oligarquía de élites extractivas: Una oligarquía se puede denominar de élites extractivas, cuando sus actos ejecutivos y legislativos van más allá de gobernar para garantizar la triple seguridad (exterior, interior y jurídica) de los ciudadanos, y se dedica el Estado-Administración a intervenir la riqueza del territorio a favor del gasto "social", "autonómico",… Normalmente, la oligarquía de élites extractivas sobre un territorio viene acompañada de muchas carencias y/o deterioros institucionales como, entre otros: la ausencia de independencia judicial, múltiples casos de corrupción, prevaricación y malversación de fondos públicos, el incumplimiento de las sentencias judiciales, y la impunidad en los actos delictivos de los políticos (bien con el indulto bien con la inacción o el enfriamiento judicial de procedimientos penales para su prescripción).

[6] Un análisis económico del tamaño del Estado en España recomendaría eliminar el Estado Autonómico y fortalecer los Municipios, porque las Autonomías suponen un gasto "social" del 17% del PIB de España, y aún mayor si se calculase el coste de sus barreras comerciales (*).

[7] Un análisis político de la viabilidad de los cambios institucionales recomendaría, como mínimo, intentar que quedasen 17 gobiernos regionales con competencias ejecutivas reducidas y fijas; y, si fuese posible, sin los 17 parlamentos autonómicos, porque sólo sirven para legislar leyes autonómicas que interponen barreras comerciales, rompen la unicidad de mercado y discriminan ciudadanos, contribuyendo a sumar más de 100.000 normas al año en España (**).

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Así Nicolás Maduro como Francisco Franco

Por mucho que pretendan lo contrario, en numerosas ocasiones los gobernantes autoritarios y totalitarios de distinto signo parecen inspirarse en el pasado. El llamado socialismo del siglo XXI no es una excepción, y la realidad que va imponiendo sobre los países sometidos a él resulta muy similar a la de los distintos socialismos (en sus versiones no socialdemócratas) de la centuria pasada.

Tras heredar el trono de Hugo Chávez, Nicolás Maduro ha acelerado el ritmo para convertir a Venezuela en una nueva Cuba castrista –que, cual dragón de Komodo del terror político, es un régimen totalitario propio de la segunda mitad del siglo XX–. Sin embargo, en el camino no faltan obstáculos. Uno de ellos es que, a pesar de todo, perviven radios, televisiones y periódicos que todavía no están sometidos al control del Gobierno bolivariano. Si su predecesor puso todo su empeño en combatir al periodismo no afín y utilizar los medios en beneficio propio, el hombre al que el presidente muerto se le presenta en forma de pajarito llega a superarle en el esfuerzo.

Maduro opta por técnicas que nos llevan a las dictaduras del siglo XX. Para la mayor parte de los españoles, el término ‘cadena’ es algo desconocido en el sentido que se le da en América del Sur –se utiliza en países como Venezuela o Ecuador para referirse a la obligación que tienen las emisoras privadas de radio y televisión de conectar con las emisiones oficiales del gobierno cuando lo exijan las autoridades–. Sin embargo, sí hay un precedente en la propia historia de España.

A lo largo de la larga dictadura franquista, las radios privadas (no existían televisiones de este tipo) estaban obligadas a emitir ‘el parte’, el informativo que elaboraba la pública Radio Nacional de España (RNE). Esto se mantuvo hasta 1977, dos años después de la muerte de Franco y uno antes de la aprobación de la Constitución vigente en la actualidad. El denominado ‘Noticiero de la verdad’ que va a imponer Maduro es en esencia la versión moderna y venezolana del extinto ‘parte’ de la RNE franquista.

Es cierto que por el momento en Venezuela no se prohíben los informativos elaborados por las radios y televisiones privadas, como sí hacía el franquismo, pero la obligación de emitir un "noticiero" (en realidad es propaganda) controlado por el Estado es el mismo. Maduro, como antaño Franco, va a confiscar tiempo de emisión a las empresas privadas para que muestren su versión de la realidad. No se puede descartar que con el tiempo dicha versión sea la única autorizada en los medios audiovisuales venezolanos.

No es en lo único que el socialismo del Siglo XXI, en este caso venezolano y otros, se parece al franquismo. Las llamadas ‘cadenas’ tienen un antecedente durante la última dictadura que ha vivido España. Si las radios y televisiones de los países del bloque bolivariano están obligadas a emitir los mensajes de las autoridades gubernamentales cuando estas lo requieran, durante el régimen de Franco los periódicos estaban obligados a insertar de forma gratuita comunicaciones del Gobierno. Esto no deja de ser un precedente impreso de las citadas ‘cadenas’ en los medios audiovisuales.

Los socialismos autoritarios, sean de derechas (el franquismo, en especial durante la época de predominio falangista) o sean de izquierdas (como los del bloque del ALBA), se parecen mucho entre sí. Las técnicas destinadas a controlar la información, o lo que se quiere hacer pasar por ella, es un buen ejemplo de ello. Como dijimos, el ‘Noticiero de la Verdad’ es en esencia el antiguo ‘parte’ de RNE. A la hora de obligar a emitir supuestas noticias, así Nicolás Maduro como Francisco Franco.

Exhortando sensibilidades (con dinero público)

Durante la última década, esto es, desde el primer gobierno tripartito de Pascual Maragall, el protagonismo de Cataluña en la vida política española ha ido en aumento. Si antes de 2003 se hablaba de "pactismo" o de "oasis", conceptos que deben ponerse en entredicho o cuando menos no aceptar sin discusión como válidos plenamente, a partir de entonces la conducta de sus elites gubernamentales ha estado guiada por el enfrentamiento constante "con España", como si de dos entidades antagónicas se tratara.

Se celebraron consultas independentistas ilegales sin que el gobierno de la nación (ni el autonómico) hiciera nada por impedirlas; editoriales conjuntos de la prensa catalana en tono amenazador; manifestaciones (que acabaron en vandalismo) contra la sentencia del Tribunal Constitucional. En medio de este desafío constante, se mantenían inalterables las multas a quienes osaban rotular sólo en castellano sus establecimientos comerciales y se impedía la enseñanza escolar en castellano. Como se aprecia, un "respeto escrupuloso" por el entramado de derechos y libertades consagrados en la Constitución, menospreciada sistemáticamente en Cataluña, donde cualquier intento por salvaguardarla lleva consigo ser etiquetado como "fascista".

Igualmente, el victimismo ha sido el recurso político que en mayor medida se ha empleado desde la Plaza de San Jaime, basado en la repetición sistemática de mantras que tienen en el "expolio fiscal" (versión académica del "España nos roba") su máximo exponente. Para el nacionalismo, lo importante no son las personas, sino los territorios a los que se dota de vida propia; en consecuencia, son los que sienten, sufren, padecen y si desde el gobierno central no se les concede lo que exigen, se ofenden. Al respecto, cualquier reproche, por mínimo que haya sido, al establishment político catalán por la forma de gestionar los asuntos públicos, es interpretado como un ataque a Cataluña.

No obstante, bajo el actual gobierno de Artur Mas la simbología ha dado paso a una política de hechos consumados. Sin rubor alguno se habla de conceptos deliberadamente polisémicos como "transición nacional", "estructuras de Estado" o "derecho a decidir", cuya finalidad es poner cortinas de humo a la incapacidad del ejecutivo (CIU-ERC) para encarar la crisis con algo más que eslóganes o subvenciones a aquellas entidades que comulgan con la hipótesis del maltrato. En este punto, es curiosa la inversión de roles realizada por el sindicalismo catalán, más pendiente de los "intereses nacionales" que de los de clase.

De cara al próximo 11 de septiembre, desde el nacionalismo catalán se apela de nuevo a los sentimientos y se exhorta la división. Aún con ello, como bien dice el saber popular, "no se puede tapar el sol con un dedo" y el 12 de septiembre, los problemas que asolan a la ciudadanía catalana seguirán ahí. Estos son los mismos que se dan en el resto de España, con los cual, no somos tan diferentes, ni estamos tan alejados.

Del infantilismo con que CIU, ERC y sectores mayoritarios del PSC gustan de hacer política, no puede pasar desapercibida la costumbre, actualmente multiplicada, de eliminar el nombre de España en aquellas plazas, calles o avenidas que lo llevan. Si en todo este asunto la coherencia se llevara hasta el final y hubiese un mínimo de decoro metodológico, lo normal es que lo que antes se llamaba Plaza del España pasara denominarse "Plaza del Estado" (aunque es probable que para los más voraces no bastase y exigirían añadir el adjetivo calificativo "opresor").

En definitiva, Cataluña prosigue su camino hacia un destino incierto, muy alejado en cualquier caso de las ensoñaciones utópicas en las que se ha instalado su casta dirigente. Ésta, con el uso de ingentes cantidades de dinero público, ha logrado que sus delirios calen en la mente de muchas personas, aunque no tantas como creen (o anhelan) los promotores de este viaje.

La juventud española: el paraíso perdido

Mientras que en veranos anteriores, a estas alturas nos abrasan con el anticipo de lo que nos aguarda tras las vacaciones, este final de agosto solamente conserva los anuncios televisivos de cursos y colecciones por fascículos. Dedales antiguos, idiomas, miniaturas de cascos de famosos motoristas, cocina creativa… ni rastro de análisis presupuestarios domésticos de cuánto nos va a costar la "vuelta al cole", o lo que nos hemos gastado en cervecitas y gambas, o cómo remediar el síndrome post vacacional. Eso sí, agotados Gibraltar, las vallas y las pateras, la preocupación en los debates en los medios y en los informativos es la juventud española, y en concreto, la supuesta generación perdida.

¿Qué es una generación perdida?

La denominación de "generación perdida" a toda una generación por el elevado nivel de desempleo en esa franja de edad me parece excesivo y muy perjudicial. Pero se ha puesto de moda porque victimiza, vende y permite manipular a unos y a otros. Esta generación estaría perdida si, de verdad, no tuviera opción, si nos encontráramos en una situación de conflicto armado largo y esa generación se viera truncada; o si hubieran sido víctimas de una manipulación colectiva, como la de los pioneros soviéticos y les hubieran castrado, pero de verdad, los incentivos.

Pero la realidad es muy diferente. Nuestros jóvenes tienen opciones diferentes. Las usan o no, pero las tienen. Lo que hay en España es una generación "sorprendida". Sorprendida porque no hay nada de lo prometido, porque su objetivo de vivir con el mismo status o mejor que sus padres no va a ser posible, porque la era de la abundancia ha terminado y probablemente por mucho tiempo.

Nuestros jóvenes están en paro, pero pueden emigrar. Eso no es una lacra. Significa que hay lugares donde son requeridos. Los empresarios que al no encontrar demanda interna suficiente, tienen que diversificar fuera y exportan, no se sienten tan fracasados. Hace unos años decir que tu hijo trabajaba fuera era algo de lo que alardear. Hoy se tienen que ir y ese matiz cambia las cosas. Pero en el fondo no es tan diferente. Que los hijos salgan de casa y lo pasen más o menos mal hasta encontrar su lugar es simplemente lo que generación tras generación ha sucedido. Y a unos les sale bien y a otros no. Unos se tienen que ir a la ciudad desde el pueblo, o a otro país y otros lo logran en el mismo entorno familiar. Pero eso no les hace mejores o peores, depende de si aprenden, valoran, y encauzan su camino.

Pero de lo que se quejan los jóvenes y de lo que los adultos nos dolemos es de no haberles puesto en bandeja un puesto de trabajo, un piso "adecuado", y un coche en la puerta… sin mirar el esfuerzo y el entorno. Porque esforzarse no basta, además hay que mirar en qué situación económica estamos.

El marco adecuado para el estado del bienestar

Por la misma razón que correr 25 kilómetros en Madrid (España) no es igual que correrlos en La Paz (Bolivia), el esfuerzo no tiene el mismo resultado si las leyes, el mercado laboral, el entorno económico son los de Ruanda que si son los del Reino Unido.

El sábado tuve que escuchar a la portavoz de una coordinadora nacional de estudiantes recriminar a sus mayores haber dejado que suceda la crisis "que no ha sido culpa nuestra" y que ellos tengan que pagar el pato del desempleo y los recortes en educación.

Si la crisis tiene culpables, adelante, hagamos una lista con nombres y apellidos. Todos los gobernantes que promulgaron leyes que entorpecían el sistema, todas las empresas financieras o no que aprovecharon para obtener privilegios gubernamentales, todos los lobbistas y buscadores de rentas que se aprovecharon de los impuestos, fruto del trabajo de sus conciudadanos, para su propio beneficio, los propios jóvenes, objeto de compra de votos mediante subvenciones absurdas… Todos ellos, junto con las circunstancias del mercado financiero nos han conducido a donde estamos. Porque esas mismas circunstancias nos habrían afectado de otra manera si nuestra estructura económica y legal hubiese sido otra. Ellos no sufrirían esa tasa tan alta de desempleo.

No es una generación perdida, es un paraíso que no existe, una ficción de bienestar y buenrollismo lo que han perdido nuestros jóvenes. ¿Les vamos a dejar aprender o a ponerles paños calientes?