Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Snowden, el imperialista

Escrito por Joaquin Santiago en julio 8, 2013. Publicado en Análisis diario.

No creo que podamos considerar en modo alguno a este ex espía como un adalid de las libertades. La prueba definitiva la encontramos en que estados satélites de uno de los imperios realmente existentes le ofrecen asilo político. ¿Qué libertarismo puede estar al servicio de semejante poder?

Snowden ha revelado lo que los Estados Unidos, la cabeza de uno de los bloques hegemónicos (o imperios, en la terminología politológica de la escuela del materialismo filosófico), ha hecho con sus ciudadanos y aliados así como con los enemigos. Esto que, en algunos medios libertarios es presentado como un avance en la lucha por las libertades, supone en sí mismo algo indiferente en cuanto al avance en las mismas y, dada la actitud personal del propio protagonista, un retroceso flagrante en ellas.

El ex espía ha denunciado lo que uno de los imperios hegemónicos ha llevado a cabo en línea con el mantenimiento de su seguridad externa frente a los otros imperios, hegemónicos también en sus áreas, y contra el multiforme enemigo no imperial procedente del islamismo.

El reparto mundial del poder mantiene tres grandes áreas de influencia con un centro hegemónico que, siguiendo la caracterización antedicha, denominamos como imperios: la plataforma euro-americana, con centro en Washington; la rusa, heredera de la soviética y, esta, de la zarista; y la china. Lindando con las periferias de las tres se halla la multifacética amenaza islamista cuya batalla supremacista solo tiene una aparente unidad ideológica y una casi nula cohesión política y estratégica.

En este mundo de tres plataformas imperiales y una corriente agresiva, Snowden se mueve denunciando lo que una de ellas hace para defenderse. Cierto es que toda apuesta por la seguridad llevada a cabo por nuestros gobiernos agrede los niveles de libertad de que gozamos, pero no es menos cierto que la denuncia unidireccional beneficia a los otros centros de poder, los cuales, no casualmente, desarrollan, por sí mismas, sistemas mucho menos respetuosos con las libertades que Snowden defiende en la práctica.

No denuncia el ex espía los actos de espionaje, represión y brutalidad de Rusia o de China, sino los menos agresivos sistemas de vigilancia que los EEUU realizan. Tampoco Snowden alza su grito supuestamente libertario en tierras más libres, es decir, en los EEUU, sino que sirve a los intereses de uno de los imperialismos rivales, el ruso, cuyo patio trasero latinoamericano, las nada libertarias repúblicas sandinista, bolivariana e indigenista ofrecen asilo al agente antioccidental.

La de Snowden no es una causa libertaria. Por sí misma es indiferente al libertarismo y por haber escogido el asilo en tierras de un imperio sin imperio de la ley, es antilibertario.

Los colmillos intactos del votante español

Escrito por María Blanco en julio 8, 2013. Publicado en Análisis diario.

Comentaba Javier de Mendizabal, compañero de Vozpópuli y amigo, probablemente con más pena que sorpresa, que a pesar de los Valderas, Gürtel, ERE’s andaluces, Bárcenas, Antonia Muñoz, alcaldesa de Manilva y los Pujol, la suma de los votos de las formaciones cuyas filas engrosan estos insignes españoles de conducta ejemplar, suman casi 250 escaños. En concreto, el resultado de la suma de los escaños de PP, PSOE, IU y CiU es de 323, es decir un 92% del total.

Sí, nos representan

Podemos ponernos como queramos, decir que no sabíamos nada cuando votamos. Quiero recordar en este momento que nunca he ejercido mi derecho a voto por razones que ahora no importan, pero hablo como una más porque pertenezco a esta sociedad y hay que ser humildes. Nadie está a salvo.

Podemos decir que los jueces están compinchados con los políticos, los políticos con los banqueros, los banqueros con los reptilianos y los reptilianos con el mismísimo diablo. Pero, uno tras otro, los casi veinte millones de españoles que votaron a alguno de esos cuatro partidos, hemos elegido a Bárcenas, Valderas, Pujol, Antonia Muñoz, etc… Hemos elegido un sistema político que consiste en agua estancada y que se nos ha infectado. Hace mucho tiempo que esto huele demasiado mal como para no habernos dado cuenta.

Recordemos el caso Flick de financiación ilegal del PSOE, las torres KIO, FILESA, RUMASA, los fondos reservados, el caso SEAT de financiación ilegal del PSOE, el caso Roldán, los GAL, el caso Tabacalera, el tema del FORCEM, Gescartera, el caso Malaya, el tema de Jaume Matas, el Palau… y todo lo que aún está encima de la mesa. Y lo que queda por debajo y, por tanto, nunca conoceremos.

La resistencia al cambio: el peor aliado

Reconocer, no uno de los casos, sino la persistente corrupción impune de los partidos mayoritarios supondría tener que reconocer que este sistema de partidos no funciona. Habría que mirarnos y hacer recuento de fallos, plantear alternativas, desmontar tinglados, chiringuitos y enjambres de privilegios. Habría que proponer contrapesos, modos de que el ciudadano tuviera, de alguna manera, la posibilidad de vigilar lo que hacen y cómo sus representantes.

Eso es pedir mucho. Es más sencillo y requiere menos esfuerzo psicológico repetir esos mantras narcotizantes como “Los otros son peores” o “No es para tanto” o “En todos los países sucede” o “Es que no somos nórdicos”. Esas frases que permiten girar suavemente la cabeza y volver a enterrarla en la arena.

Probablemente, el hecho de que nadie haya cuantificado cuánto dinero supone para el españolito que prefiere no mirar para no tener que resolver un problema, el dinero derrochado en tramas de corrupción, cuánto le cuesta los servicios de justicia, la prisión de los cuatro gatos que han pringado, las investigaciones y, finalmente, el dinero desaparecido cuando ha sido el caso, explica que no estemos realmente escandalizados. Si lo estuviéramos, ese 92% se habría plantado en la puerta del Congreso o de sus ayuntamientos el día de las elecciones generales y se habrían negado a votar.

El colmillo retorcido que no tenemos

A pesar de todo, estoy convencida de que, precisamente por esta disonancia cognitiva electoral que padecemos en España, si el mes que viene se convocaran unas elecciones, volveríamos a acudir a las urnas, tal vez resultaría una distribución de votos algo cambiada, pero tampoco tanto. Porque nuestros políticos, si se diferencian en algo del resto de los españoles, es que tienen el colmillo retorcido, es decir, se las saben todas. Y estarían prestos a sacar antiguas banderolas y juntarlas con nuevos slogans. El demonio de la izquierda que acecha, el demonio de la derecha que también, vota que si no el sol se ocultará para siempre, esos han robado más, los otros eran franquistas, los de más allá te van a quitar el rosario de tu madre, cuidado con tu subvención, que vienen los tigres, que vienen los leones… todos quieren ser los campeones, que diría Torrebruno.

En cambio, los españoles que no estamos entre los elegidos para ser “político con cargo”, parecemos idiotas que compran cualquier burra. Pero hay una razón. Necesitamos “hacer algo” para tener la sensación (en este caso ilusoria) de que estamos resolviendo un problema. El mero hecho de tener esa falsa percepción genera una respuesta neuronal que tranquiliza ese stress con el entorno, producido por el hecho de que está pasando algo que nos perjudica y no estamos haciendo nada. Y, paradójicamente, lo que “hacemos”, es decir, votar, refuerza el problema inicial. Pero como se ha reducido ese stress, ese conflicto, nos quedamos tan tranquilos y no prestamos oídos a quienes insistimos en que hay que cambiarlo todo y que así, no.

Y la ingenua soy yo cuando oigo a Lindsey Buckingham y Fleetwood Mac susurrar al principio de la canción Tusk “¿Por qué no le preguntas si se va a quedar? ¿Por qué no le preguntas si se va a ir? ¿Por qué no le preguntas qué está pasando?”… y me acuerdo de Aznar. Y de los demás. De todos.

Por el matrimonio de libre mercado

Escrito por Adolfo Lozano en julio 5, 2013. Publicado en Análisis diario.

El pasado 26 de junio pasará a la historia. A la historia de la lucha de la comunidad homosexual por sus derechos y libertades individuales que prendió mecha un día de 1969 en el neoyorkino enclave de Stonewall, y entre tales derechos el reconocimiento del vínculo afectivo del que se derivan derechos y obligaciones contractuales y que viene a denominarse matrimonio. Y es que el 26 de junio de 2013 el Tribunal Supremo de EEUU falló inconstitucional la DOMA, ley que promulgó en 1996 el progresista Bill Clinton por la cual el gobierno federal sacaba de la legalidad como matrimonio cualquier unión que no fuera entre dos personas de opuesto sexo. Permítaseme una breve descripción del estado de la cuestión previa a un enfoque libertario de la misma.

Dicha resolución judicial fue la respuesta de la Corte Suprema al caso “Estados Unidos contra Windsor”, por el que Edith Windsor reclamaba su igualdad ante la ley frente a un matrimonio heterosexual a la hora de heredar de su esposa fallecida Thea Spyer. Ambas, Edith y Thea, residían en Nueva York y se casaron en 2007 en Toronto, Canadá. Tras más de 40 años de relación, Thea falleció y Edith tuvo que padecer los agravios fiscales de que aquel matrimonio no fuera reconocido como tal. El histórico fallo del Supremo estadounidense deja, en cualquier caso, la aprobación o no del matrimonio homosexual a cada estado del país y parece reafirmar que el propósito de la DOMA de sacar de la legalidad una forma de matrimonio excede las competencias del Gobierno federal (concepto que, aunque no recogido en la sentencia, se deriva inequívocamente de la 10ª enmienda de la Constitución de EEUU).

A día de hoy el matrimonio homosexual es válido y legal en trece países del mundo, a saber: Bélgica, Holanda, Suecia, Dinamarca, Canadá, España, Argentina, Francia, Islandia, Noruega, Brasil, Portugal y Sudáfrica. En Reino Unido parece inminente su aprobación y también es válido en algunas jurisdicciones o territorios de México y EEUU.

Siendo indiscutible que el matrimonio, dada su entidad civil, es una institución que va más allá de los márgenes de lo religioso y sagrado, conviene no obstante tener en cuenta –y de paso cuestionar ciertos argumentos religiosos que, como digo, son inanes de partida- que el matrimonio homosexual religioso está dispuesto y es sancionado como válido en iglesias cristianas como la Episcopaliana de EEUU, la Iglesia luterana de Suecia, la iglesia de los cuáqueros en EEUU o la Iglesia Unida de Cristo en EEUU y Canadá, siendo en este último país la segunda mayor comunidad cristiana tras la católica. El apoyo popular al matrimonio homosexual crece como tendencia global de manera pareja al nivel educativo y de forma por el momento más bien inversa a la edad cronológica (dicho llanamente, es mayor dicho apoyo entre personas con estudios superiores que básicos y entre personas jóvenes que de edad avanzada). En 2011, la mayoría de estadounidenses se posicionó por primera vez favorable al matrimonio homosexual en los sondeos de opinión.

Las personas opuestas al matrimonio homosexual dicen con ello defender el matrimonio “tradicional”. Para lo cual habrá que ignorar parte de la historia de la humanidad. El emperador romano Nerón contrajo matrimonio en más de una ocasión con otro hombre, se cree que también hizo lo propio el emperador Heliogábalo, y aunque fue irregular y poco clara la popularidad del matrimonio homosexual en la era romana, como tal llegó a darse y sólo se prohibió explícitamente tras la extensión del Cristianismo. Rituales de matrimonio homosexual se dieron asimismo en la antigua Mesopotamia, en la provincia china de Fujian bajo la dinastía Ming, en el Antiguo Egipto y existe evidencia de un matrimonio homosexual en el siglo XI en Galicia. De todos modos, es peligroso hacer de la tradición la guía única y central de la justicia. Tradicionalmente, los negros han sido esclavos en gran parte del mundo, las mujeres también de sus esposos, y los ateos quemados en hogueras.

Los oponentes al matrimonio homosexual no sólo suelen presentarse como guardianes de la historia, sino que muestran un repentino celo académico por la preservación del brillo y esplendor de la lengua. El argumento etimológico de que “matrimonio” significa en su origen latino “una sola madre” o bien “cuidado de una madre” podría valer para cuestionar –etimológicamente claro- el matrimonio homosexual, pero el masculino no el femenino. Pero, siguiendo con tal purismo lingüístico, “mater”también significa en latín “materia”, aludiendo así a la materia original de la que procederíamos y no diciendo nada sobre el sexo o género.

Si el argumento es la procreación, ¿qué hay de las parejas heterosexuales estériles? Si el argumento es la figura paterna y materna, ¿qué hay de la prole criada por un padre o madre prematuramente enviudado? Si la cuestión es que un niño tiene “derecho” a un padre y una madre para una buena crianza, podemos abrir la veda a cualesquiera cosas imaginables para una “buena crianza” que, claro está, deberán ser provistas por un Estado benefactor, redistribuidor y aun totalitario. Los siguientes pasos en este sentido bien podrían venir a prohibir la procreación o tutela por parte de parejas de fumadores, de alcohólicos, de personas incultas… (no deseo dar demasiadas ideas a los ingenieros sociales). En tal caso qué mejor padre y madre que el Gobierno, dentro de un mundo feliz como plasmó Aldous Huxley en su distopía de humanos convertidos en autómatas.

Además de todo esto, es harto curioso que los autoproclamados defensores del matrimonio “tradicional” defiendan en la actualidad las uniones múltiples: la de un hombre, una mujer y el Gobierno. Pues hoy nos casamos, más que nunca, con el Estado. En el siglo XX, el Estado no sólo nos robó nuestra sanidad, educación o pensiones. También nos ha arrebatado como sociedad civil el matrimonio. Y es que el matrimonio si tradicionalmente es algo es un contrato eminentemente privado. En las civilizaciones griega y romana, el matrimonio era básicamente una unión contractual cuya validez se asentaba más en el reconocimiento general de la comunidad que en la sanción de un Estado o Gobierno. Era parte del derecho consuetudinario basado en usos y costumbres en lugar de imposiciones legales de un gobernante, Estado o Parlamento. Fue en el Concilio eclesiástico de 1215 y más tarde en el de Trento en 1545 cuando se dieron los primeros pasos para que una Iglesia investida de poderes de tipo gubernamental quisiera abrogar de la esfera estrictamente privada el matrimonio. En Inglaterra, el matrimonio privado basado en aquella Ley Común fue abolido por el Gobierno inglés en 1753.

Podríamos ofrecer una resumida definición de matrimonio como aquella institución entre al menos dos personas, cimentada por un compromiso vital-afectivo, un conjunto de acuerdos contractuales proyectados hacia el futuro, y la asunción del cargo de la crianza de la prole en el caso de darse. No sólo eso, sino que probablemente sea la institución en la que invertimos más capital (nosotros mismos, nuestras vidas) y a más largo plazo (presumiblemente hasta el fin de nuestros días). Habiendo compromiso y contrato, la ruptura del matrimonio típicamente requería la demostración de claro incumplimiento por al menos una de las personas involucradas. Todo esto finalizó cuando el Gobierno monopolizó el matrimonio para articularlo a su antojo con, entre otras aportaciones, la universalización del divorcio sin culpa o causa. Dado el coste del divorcio, especialmente el coste soportado cuando hay niños de por medio, tradicionalmente el vínculo del matrimonio podía disolverse, pero no tan fácil y rápidamente. Hoy, con el Gobierno definiendo el matrimonio y su disolución y asumiendo cual costes públicos los derivados del divorcio (educadores sociales públicos, la custodia gubernamental…, esto es reduciendo notablemente el coste real soportado por las partes del contrato matrimonial) se ha dinamitado el espontáneo avance del matrimonio como institución social que determina sus precios, costes y valor a partir de la estricta interacción de los seres humanos subjetivos. Hemos nacionalizado el matrimonio, que ha dejado de ser institución social –y de libre mercado y evolución–, para serlo estatal. A nadie debería extrañar, pues, la rampante epidemia de divorcios. Cual destructor de todo lo que toca, el Gobierno ha sido artífice del matrimonio basura. Mientras el orden social voluntario o de mercado disciplina, el Gobierno corrompe, destruye y vicia. El matrimonio, igual que la moneda, es vivo ejemplo de cómo los Gobiernos pueden devaluar un bien preciado que, en su origen, es estricta y puramente privado. Por tanto, más que hablar de privatizar el matrimonio deberíamos hablar de reprivatizarlo.

En las posiciones oficiales de sus estatutos, el Partido Libertario de EEUU –el tercero del país- condensaría mi punto de vista:

“La orientación sexual, la preferencia, el género o la identidad de género no deberían tener impacto en el tratamiento de los individuos por el Gobierno, como en el actual matrimonio, en la custodia infantil, la adopción, la inmigración y las leyes de servicio militar. El Gobierno no tiene derecho a definir, permitir o restringir relaciones personales. Los adultos que consienten deberían ser libres de elegir sus propias prácticas sexuales y sus relaciones personales”.

Los libertarios no debemos cejar en pretender levantar muros lo más infranqueables posibles alrededor de nuestras comunidades y sociedades para mantenernos libres de la conquista y fagocitación del Gobierno. También en lo que respecta al matrimonio y nuestras relaciones interpersonales. Porque el verdadero avance no está en sustituir un Gobierno ‘discriminador’ por un Gobierno ‘inclusivo’, sino en pasar de aquél a un Gobierno neutral. Pues no se trata de igualdad para casarse, sino de libertad para casarse. Y donde hay Gobierno no puede haber libertad.

@AdolfoDLozano/ david_europa@hotmail.com

Lincoln, la película y el glorificado déspota racista (I)

Escrito por Sergio Alberich en julio 2, 2013. Publicado en Análisis diario.

Siempre que Abe es divinizado, el gobierno crece, la libertad sufre y el individuo se siente profundamente herido.

Una noche del pasado febrero fui al cine y, después de casi 3 horas viendo el último trabajo de Spielberg, dejé la sala sintiéndome muy incomodado por el guión. La crítica estaba encantada con la película, que fue nominada a 12 premios Oscar, y que acabó por llevarse unos cuantos a casa. Creo que la narrativa es demasiado lenta. Sally Field y su hijo son un poco molestos y algunos de los personajes balbucean todo el tiempo. De todas formas, no quiero entrar en si me gusta o no la película, pues esto es algo pertinente solamente a la indiscutible valoración individual y subjetiva de cada uno de nosotros. Aun así, me gustaría señalar lo poco pulida que es la película, cómo se beatifica a Lincoln y cómo se alaba al gobierno federal de EEUU.

Empezaré por la autora del libro en que se ha basado la película. Haciendo una búsqueda rápida en internet, al poco tiempo, uno se encuentra con que Doris Kearns-Goodwin es una plagiaria confesa que fue expulsada del comité de los premios Pulitzer. Ha escrito libros acerca de varios famosos demócratas americanos: FDR, los Kennedy (el caso de plagio), Lyndon Johnson (trabajó como becaria durante su presidencia), y siempre ha mantenido una estrecha relación con el poder estatal. En su introducción de la biografía de Lyndon, hace referencia a que el ex presidente se recostaba con ella por las mañanas temprano diciéndole que le recordaba a su madre fallecida. Un poco raro, ¿no? Bueno, al final, la cuestión es: puesto que Lincoln es posiblemente el presidente americano más estudiado en la historia, con varios reconocidos académicos dedicando sus vidas profesionales a él, ¿fue este libro la mejor opción en la que basar la película?

Ejércitos de estudiosos que investigan minuciosamente todos los aspectos de la vida [de Lincoln] no han logrado encontrar un solo acto de intolerancia racial de su parte.

Doris Kearns-Goodwin, Team of Rivals: El genio político de Abraham Lincoln.

Voy a decir entonces que no estoy, ni nunca he estado a favor de lograr de ninguna manera la igualdad social y política de las razas blanca y negra, porque no soy ni nunca he sido partidario de que los votantes o jurados de los negros, ni de calificarlos en sus funciones, ni a casarse con el hombre blanco (…) yo tanto como cualquier hombre estoy a favor de la posición superior asignada a la raza blanca.

Abraham Lincoln, Primer Debate Lincoln-Douglas, Ottawa, Illinois, 18 de septiembre de 1858, en las Obras Completas de Abraham Lincoln.

Ambas citas han sido recogidas por Thomas DiLorenzo en sus artículos sobre Lincoln.

Entonces, llegan Lincoln, la guerra, la Unión y la esclavitud. La película presenta a Abraham Lincoln como el padre de la Abolición Americana, el hombre que liberó a los esclavos, pero es difícil pensar en algo más alejado de la realidad que eso. De hecho, sus partidarios afirman que sus acciones antes de la Guerra de Secesión (y antes de su eventual apoyo a la abolición de la esclavitud) no deberían tenerse en cuenta. Al fin y al cabo, él hizo lo que fue necesario para llegar a la presidencia y eso es lo que un “genio político”, como reza el título del libro de Kearns-Goodwin, hace. También dicen que un tiempo antes de la Guerra, alguna revelación le golpeó concienciándole de que el fin de la esclavitud era lo correcto. Este cambio inexplicable de su mente va en contra de los pensamientos que abrazó la mayor parte de su vida.

¿Quién liberó a los esclavos? En la medida en que alguna vez fueron “liberados”, lo fueron gracias a la Decimotercera Enmienda, que fue escrita e impuesta no por Lincoln, sino por grandes emancipadores a quienes nadie conoce, los abolicionistas y los líderes del Congreso que crearon el clima y la presión que aguijoneó, pinchó, condujo, forzó a Lincoln hacia la gloria al asociarlo con una política a la que se había opuesto firmemente, por lo menos, durante cincuenta y cuatro de sus cincuenta y seis años de vida.

Lerone Bennett, Jr., ex editor de la revista Ebony y autor de Forced into Glory: Abraham Lincoln’s White Dream.

Bennett señala: “Hay una encantadora ficción de que Lincoln (…) se convirtió en un ferviente defensor de la enmienda y empleó el poder de su cargo para comprar votos que aseguraran su aprobación. No hay ninguna evidencia, como David H. Donald ha señalado, para apoyar tal ficción…”. En la medida en que, finalmente, Lincoln apoyó, aunque de forma vacilante, esta enmienda, Bennett afirma que fue él quien se vio obligado -literalmente- a hacerlo por otros políticos, y no al revés, como se puede observar en la película de Spielberg (cabe destacar que David Donald es el más destacado estudioso de Lincoln de nuestro tiempo y ganador del premio Pulitzer como biógrafo de Lincoln).

Thomas DiLorenzo, Lincoln the Racist.

Es importante mencionar que, mientras estuvo en Illinois, el Sr. Lincoln apoyó leyes que prohibían a los negros vivir en ese Estado; estaba en contra de matrimonio interracial y dijo que los negros podían ser iguales, pero no en los EEUU. En su parte final, la película muestra a un presidente dedicado a la causa de otorgar el derecho de voto de los negros, pero se olvida de mencionar su proyecto más importante. En sus últimos meses de vida, el conocidísimo presidente “microgerente“ se encontraba muy centrado en su proyecto “Liberia”. Sí, su único objetivo era enviar a tantos negros como fuera posible fuera del país, de vuelta a África, a Liberia. A menudo se preguntaba si dispondrían de suficientes barcos para llevar a cabo su propósito. Al final, no parecen estas las acciones de un hombre que había recibido una revelación divina y que había cambiado su punto de vista sobre cuestiones raciales.

Bennett menciona que Lincoln declaró públicamente que “Estados Unidos se construyó para la gente blanca y no para los negros” (p. 211) y “al menos veintiuna veces, dijo públicamente que se oponía a la igualdad de derechos de para los negros”. “Lo que más deseo es la separación de las razas blanca y negra”, dijo Lincoln (Obras Completas de Abraham Lincoln, vol. 2, p. 521).

Thomas DiLorenzo, en Lincoln the Racist.

El Partido Republicano de la época, su partido, tenía una facción abolicionista fuerte y creciente que constantemente hacía presión sobre el tema. No fue hasta que surgió la oportunidad de ir a la guerra y de usar la esclavitud como pretexto cuando el presidente Lincoln finalmente se une a los abolicionistas. De hecho, en su discurso inaugural, el nuevo presidente manifestó su apoyo a enmiendas a la Constitución que defendían que la esclavitud no era un tema del que debiera encargarse el Gobierno Federal, sino un tema de discusión por parte de los Estados.

Si no era un abolicionista, ¿por qué la guerra? Siempre fue para mantener y aumentar el poder de la Unión sobre los Estados. El fin de la esclavitud era simplemente la justificación oficial, y un favor necesario para obtener apoyo político. ¡Simplemente eso! Además, es importante mencionar que a lo largo del siglo XIX, la mayoría de los países pusieron fin a la esclavitud de forma pacífica. Aun cuando se produjeron conflictos violentos, en comparación con la matanza de Lincoln, no fueron más que pequeñas gotas de agua que caen en el océano. ¡Nueva Inglaterra y Ohio lo habían conseguido pacíficamente! Entonces, ¿por qué los EEUU no podían hacerlo de la misma forma?

La guerra duró más de 4 años; acabó con una cifra de entre 650.000 y 850.000 fallecidos (en cifras actuales –comparando la población de la época y la de hoy–, tendríamos que multiplicarlo por 10, siendo el resultado de ¡8,5 millones de muertes!), familias destruidas y hundimiento de la economía durante años. Aun en números absolutos es, con bastante margen, el mayor número de bajas sufridas por los EEUU en su historia bélica. ¡Es incluso más que la suma de todas las otras guerras juntas! Y sólo en la Segunda Guerra Mundial el país sufrió un montante de víctimas en la misma escala.

Guerra	Fallecidos	% población
Guerra de la Independencia	25.000	+- 0,9 %
Guerra de Secesión	650.000 – 850.000	+- 2% – 3%
Primera Guerra Mundial	116.000	+- 0,1%
Segunda Guerra Mundial	405.000	+- 0,3%
Guerra de Corea	36.000	+- 0,02%
Guerra de Vietnam	58.000	+- 0,03%
Guerra del Terror	6.300	+- 0,003%

Es más, repasando algunos periódicos de la época, se pueden hallar constantes ataques de la prensa y de sus enemigos políticos, calificando a Lincoln de dictador. En muchos sentidos, actuaba como tal. Durante la Guerra de Secesión se suspendió el Habeas Corpus, se detuvo a miles de personas que se oponían al conflicto o defendían el derecho a la secesión, y se cerraron más de 300 periódicos. ¡Qué respeto a la primera enmienda! Es difícil entender cómo reputados intelectuales pueden llegar a encontrar excusas tontas para justificar sus ataques a la libertad. Mientras muchos de estos simpatizantes, con razón, se oponen a estallidos parecidos en la “Guerra contra el Terror”, dan una salida gloriosa a un Lincoln santificado.

La mediación, justicia de tercera generación

Escrito por Francisco Moreno en julio 1, 2013. Publicado en Análisis diario.

La vida está llena de conflictos. Es impensable vivir sin ellos porque no existe un mundo perfecto y porque nuestros intereses pueden ser y de hecho son contrapuestos. Los métodos tradicionales para resolver los litigios han sido la violencia o la justicia. Las sociedades que han ido dirimiéndolos de forma civilizada sin recurrir a la violencia se han adaptado mejor y progresado más que aquéllas que no lo han sabido hacer.

La justicia moderna, sin embargo, está basada en un modelo fundamentalmente punitivo en el que suele haber un único ganador. Adolece, además, de serios problemas como el creciente asalto político al poder judicial, el encarecimiento progresivo del acceso a los tribunales de justicia, la sobrecarga de trabajo de los juzgados y su incapacidad para ser más eficaces y eficientes. Para eludir dichos problemas, desde hace décadas han ido formalizándose en diferentes países métodos alternativos de resolución de conflictos (alternative dispute resolution, en inglés). Las dos herramientas principales han sido el arbitraje y la mediación. Me detendré en la segunda al ser el método menos conocido.

La mediación no es una negociación pues en ésta participan sólo las dos partes. Es, en cambio, un encuentro entre tres partes: el requirente, el requerido y el mediador que buscan entre sí una solución compartida en el que hay dos posibles ganadores. El mediador no tiene poder decisorio en el conflicto (no es un juez ni tampoco un árbitro). Es un profesional de la negociación cooperativa que trabaja para beneficio de ambas partes en disputa. Es imprescindible que éstas vayan a la mediación de forma voluntaria. Si cualquiera de ellas no acude de buena fe, la mediación es impracticable.

La mediación es apta para conflictos de todo tipo, tanto privados como públicos. Comenzó a aplicarse en conflictos familiares, vecinales, escolares, laborales, de consumo, etc., para luego extenderse a todo el ámbito civil y mercantil. Hoy se aplica ya en algunos países incluso en el entorno administrativo, penitenciario y penal (generalmente para faltas y delitos de carácter leve). Eso sin contar con su papel ya contrastado en los conflictos internacionales. Se ha consolidado como una alternativa extrajudicial muy sensata y cívica para resolver casi cualquier disputa.

El mediador no trabaja en problemas intrapersonales (eso es tarea de un psicólogo) sino en los interrelacionales. Su objetivo es ayudar a los enfrentados por cualquier tipo de conflicto a intentar entender la posición del otro y facilitar que ellos mismos encentren una solución. No es labor del mediador imponer una solución, como mucho, la puede sugerir. El objetivo del mediador es lograr que cada parte "vea" el punto de vista del otro –que antes era incapaz- para, de esta forma, puedan los implicados acordar por sí solos una solución.

La mediación es un procedimiento que no tiene por qué terminar necesariamente en un acuerdo; pueden también rubricarse acuerdos parciales sin llegar a resolverse por completo el conflicto. Es la vía más idónea antes de llegar a la vía arbitral o judicial. Las sesiones de trabajo son informales y flexibles, pero no deja de ser un instrumento pautado en el que deben ser respetadas una estructura y unas reglas de trabajo explicadas por el mediador al iniciar la mediación. Se centra en resolver un litigio concreto de manera colaborativa. El fin del mediador debe ser conseguir que las partes se comuniquen adecuadamente. El mero hecho de llevarse a cabo la escucha activa entre ellas en presencia de un mediador experto, prefigura muchas veces la solución. Existe incluso la mediación electrónica o por vía de la videoconferencia, especialmente recomendables para conflictos transfronterizos.

Con la mediación se tiene siempre el control de los resultados a diferencia de las otras vías litigiosas. Al igual que el arbitraje, es confidencial, privada y expedita pero la mediación no cierra la vía jurisdiccional, a diferencia de aquél que sí lo hace siendo además dirimido el arbitraje en única instancia. La mediación puede iniciarse incluso cuando esté abierta la causa en sede judicial. Por ello, más que un método alternativo diría que es un método complementario de resolución de conflictos entre personas, familias y empresas.

Su coste y su plazo de resolución son imbatibles. Otra gran ventaja de la mediación es que da satisfacción a ambas partes, en contraste con lo que sucede en la justicia o el arbitraje que, al ser procesos litigiosos, suelen dar la razón sólo a una de ellas. Esto no implica ni mucho menos que la mediación tienda a soluciones salomónicas, como ocurre a veces en los laudos arbitrales. Los que recurren a la mediación para resolver un conflicto suelen mantener luego una relación normalizada ya que contribuye a recobrar la confianza entre las partes. Todo lo contrario a lo que sucede con los que se han visto sometidos a sentencia judicial o a laudo arbitral. No por casualidad cada vez son más los jueces que recomiendan y derivan los casos a mediadores (mediación intrajudicial) pues desgraciadamente a veces se abusa de los procedimientos judiciales. Recordemos que en los órganos judiciales de nuestro país entran, por lo menos, nueve millones de asuntos cada año.

Como vemos, son muchas las bondades de la mediación frente al coste emocional, económico y temporal que tiene la vía judicial y frente al coste económico y jugárselo todo a una sola baza que tiene la vía arbitral. Aunque no todas las jurisdicciones reconocen la fuerza ejecutiva del acuerdo privado alcanzado por las partes a través de la mediación, debería tenerla sin duda alguna. En España es así si el acuerdo es elevado a público ante notario.

La mediación ha cuajado en el sistema anglosajón, lo está haciendo con fuerza también en Europa continental (especialmente en Holanda y Francia), así como en algunos países de la OCDE. En España dicha institución ha tomado carta de naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico hace solo un año a través de la ley de carácter general de julio 2012, aunque antes existían ya leyes sobre mediaciones sectoriales (mayormente de carácter autonómico) y queden aún algunas cuestiones por consolidar.

La mediación implica un cambio de mentalidad que modifique el enfoque del litigio por el de la cooperación en la que entran en juego variables emocionales y cognitivas ausentes en los otros medios de resolución de conflictos. Es posible, así, encontrar soluciones imaginativas e innovadoras a disputas que sirvan de modelo a otros casos semejantes en el futuro. Acostumbrados a que se nos impongan siempre soluciones desde fuera, las posibilidades que nos ofrece la mediación son desafiantes. Con ello, los actores se convierten en una suerte de coparticipantes y descubridores de la justicia, mejorando la calidad de ésta.

Dicha técnica autocompositiva favorece las resoluciones autónomas entre las partes que son protagonistas en la regulación de sus propios intereses. Además de fomentar la desjudicialización de los litigios, también lograría en algunos casos la deslegalización de los mismos en la medida en que las soluciones acordadas entre particulares no tienen por qué coincidir siempre con las previstas por el legislador. La mediación se nos presenta, pues, como una oportunidad -aún poco explorada- para dar participación a la sociedad civil en el ámbito de la resolución de conflictos sin necesidad de que tasazos e injusticias recientes en nuestro país nos empujen a ello.

Anatomía de las patentes de corso

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en junio 24, 2013. Publicado en Análisis diario.

Favorecidos por un entramado institucional que las permite, los delincuentes poderosos traman en España enrevesadas operaciones de elusión de sus responsabilidades. Las patentes de corso actuales ya no son autorizaciones expresas repartidas por el gobierno a unos cuantos privilegiados para realizar actos prohibidos a los demás. En consonancia con la opacidad característica del proceso político partitocrático, se trata más bien de sobreentendidos sobre la plena disponibilidad de instrumentos y prácticas, legales e ilegales, para controlar las consecuencias que el descubrimiento de sus delitos podría depararles. Básicamente, verse sometidos a un juicio público que puede derivar en una pena de prisión y el pago de una indemnización como responsabilidad civil a los damnificados.

Esos medios van desde el intento de ocultación del delito (el encubrimiento define la actuación de quien no interviene en el delito originario) pasando por el aforamiento de la élite político administrativa o la extraña credulidad e indolencia de los jueces que examinan los casos denunciados hacia las justificaciones ofrecidas por autoridades investigadas o juzgadas, y terminan con las enmiendas a las condenas en manos del ejecutivo a través del indulto, total o parcial, y los beneficios penitenciarios que modifican el cumplimiento real y efectivo de las penas.

Resulta conveniente repasar la anterior lista de medios que exceden el legítimo derecho de defensa para comprender que solamente determinados servidores del Estado, o personas muy bien relacionadas con ellos, tienen a su disposición el elenco completo. Dada la tendencia insaciable del estamento político por blindarse ante cualquier resquicio de exigencia de responsabilidades, el gobierno actual de Mariano Rajoy Brey pretende añadir a los anteriores mecanismos la asignación al Ministerio Fiscal de la instrucción penal contenida en una propuesta de Ley de Enjuiciamiento Criminal nueva.

Eximir, sin más, a alguien de la aplicación de leyes penales -prototipo de normas de aplicación general y universal- presenta indudables dificultades jurídicas (vulneración grosera del principio de igualdad ante la Ley) y políticas, pues la opinión pública puede mostrarse muy renuente a aceptar privilegios declarados abiertamente, sobre todo, en relación a los crímenes que suscitan mayor rechazo. Aun admitiendo cierta volubilidad de esas tendencias, como muestra la experiencia en relación al asesinato (indiferencia mayoritaria ante la impunidad en la masacre del 11-M o los oscuros apaños con los asesinos políticos de la ETA), lo cierto es que la única persona que goza de irresponsabilidad penal de manera explícita en el régimen constitucional español es el Rey (Art. 56.3 CE). Parecía que ese privilegio quedaba contrarrestado con el control político de la actuación del monarca por parte del gobierno y las Cortes generales, pero la corrupción general del sistema demuestra que la lenidad con la que se obsequian los componentes del estamento político no resulta casual, sino fruto de un interesado intercambio de favores.

De los mecanismos enumerados para conseguir el efecto equivalente a la patente de corso, la ocultación de los delitos mediante maniobras oscuras y disimulos se ha convertido en una de las principales herramientas para alcanzar la impunidad de los poderosos, frente a una sociedad a la que se invita a participar en parte de la redistrubución delictiva (Caso de los EREs en Andalucía) o se la envilece con una propaganda exculpatoria. En este sentido, la reciente polvareda levantada por un "informe" de la Agencia Tributaria sobre el patrimonio de la infanta Cristina, me ha recordado el uso frecuente de la estafa procesal como vía para la ocultación de delitos cometidos por los poderosos en la reciente historia de España. En mi opinión, esa falsedad documental (calificada como error por sus responsables, de forma inverosimil) tenía la entidad suficiente por su procedencia para apoyar una maniobra que, de haber prosperado, habría beneficiado a la supuesta afectada al ofrecerle una coartada para su defensa.

Desde una perspectiva penal, incurren en ese delito "los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero" (Art. 250.1.7º C.P).

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la estafa procesal implica la utilización de un procedimiento judicial para obtener un beneficio ilícito mediante una maniobra torticera, siendo el beneficio el reconocimiento judicial de un derecho que no se tiene, y en la que existen dos clases: la estafa procesal propia donde el sujeto pasivo es el Juez, porque es éste quien sufre el error provocado, siendo el perjudicado el titular del patrimonio afectado, y la impropia donde el sujeto pasivo es la parte contraria cuando se le induce a que erróneamente se allane, desista o renuncie, mediante maniobras torticeras (STS 12 de julio de 2004). En todo caso, la estafa procesal constituye un subtipo agravado de la estafa común, y ésto presupone la concurrencia de los requisitos configuradores del delito básico (STS 21 de julio de 2004), del que comparte sus elementos, es decir, la existencia de un engaño bastante, que éste cree el error causante del acto de disposición, y el ánimo de lucro (STS de 5 de diciembre de 2005).

Se echan en falta estudios académicos que analicen con perpectiva la abundantísma casuística de estafas procesales que han salpicado los cierres en falso de casos como el terrorismo de estado de los GAL, con su derivadas de malversaciones de fondos públicos y apropiaciones indebidas y la financiación ilegal de los partidos políticos, sindicatos y patronal, tanto de las organizaciones como de sus cargos y allegados. Porque de aquellos polvos vienen los lodos actuales del caso Gürtell/Bárcenas del PP; el caso Campeón/José Blanco del PSOE donde aparecen indicios de relaciones transversales entre partidos políticos; la financiación de Convergencia i Unió; los EREs de Andalucia, Mercasevilla, y el enriquecimiento de Manuel Chaves y su familia; la financión ilegal de sindicatos después de la "socialización" de las responsabilidades civiles de la UGT por el caso de la cooperativa de viviendas PSV; la utilización de los consejos de administración de las Cajas de Ahorros para pagar la fidelidad a sus organizaciones de todo tipo de pícaros y el llamativo caso "Urdangarín". Y como colofón, la gigantesca estafa procesal articulada en la destrucción y manipulación de las pruebas y vestigios de la masacre del 11-M que impide saber, aun hoy, que ocurrió.

Sorprendentemente todavía no ha merecido la atención de juristas, politólogos e historiadores episodios en los que de forma evidente se utilizaron las falsedades más increíbles preparadas desde altos estamentos del estado para eludir las responsabilidades de destacados políticos. Pocos recuerdan "los papeles de Laos" (y al capitán Khan) que sirvieron para la simulación de una extradición pactada con el prófugo Luís Roldán, quién, finalmente, no tiró tanto de la manta, o los "papeles del Cesid" donde los leguleyos de cámara urdieron un plan para dar pábulo a la especie de que la invocación del secreto de estado puede mutilar una investigación criminal que afecta, precisamente, a quién declara secretos unos documentos con virtualidad incriminatoria. Y que decir de la célebre estrategia de echar la culpa al muerto (Pedro de Toledo) por decisiones de pagar informes falsos al PSOE por parte del Banco de Bilbao Vizcaya (Caso Filesa).

Falta un conocimiento sistematizado con los ejemplos mencionados de las patentes de corso. De esta manera, el estamento político consigue confundir al público y campar a sus anchas ante una sociedad sin criterios éticos y jurídicos claros, bombardeada por mensajes de propaganda política.

La reformilla de Don Mariano

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en junio 24, 2013. Publicado en Artículos en prensa.

Para Cristóbal Montoro culpar de la crisis al tamaño del Estado es un “error conceptual”, es decir, un error de concepto. Los que creemos eso –afortunadamente cada vez más–, estamos equivocados porque, como todo el mundo sabe dentro de los ministerios, el Estado es tan pequeño que aún podría duplicar su tamaño sin que la economía lo notase. No hay más que contratar a otros tres millones de funcionarios, aprobar un ambicioso plan de infraestructuras, dotar convenientemente a la política social y montar tres centenares de empresas públicas más para que todo se arregle como por ensalmo. La renovada actividad “estimularía” la demanda y así las empresas privadas se pondrían a crear empleo como locas. En cosa de meses los problemas se alejarían como vinieron: de golpe y sin causar daños colaterales.

Bien, resumiendo mucho, este es el mantra que circula entre los estatólatras de izquierdas y derechas desde hace varios años. A falta de poder imprimir dinero como en los buenos tiempos, todos los problemas habidos y por haber se solucionan con deuda. Todo ese dinero prestado se podrá devolver mañana con sus correspondientes intereses gracias a las recrecidas recaudaciones fiscales de una nueva burbuja. Aunque parezca mentira, los José Carlos Díez del mundo, que son muchos y siempre están cerquita del poder, van colocando esta mercancía averiada y se la compran.

Lo hacen porque el poder siempre quiere que le doren la píldora. Hace siglos, cuando los Habsburgo españoles se empeñaron en dejar el país hecho un erial, las voces de los que clamaban por no meterse en guerras y dejar así de envilecer el real de a ocho, nunca fueron escuchadas. Los que querían marcha, sin embargo, prosperaron en la Corte y se lo llevaron todo lo crudo que pudieron. Si alguna vez viaja de Madrid a Burgos a la altura de Lerma mire a su derecha. Verá un portentoso palacio herreriano, un Escorial en miniatura digno de un monarca que mandó construir Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma y valido de Felipe III. Mírelo bien, ese palacio fue todo un “estímulo” a la demanda agregada de la economía castellana de principios del siglo XVII, una economía moribunda y machacada por la tiranía y el derroche.

Sandoval era, amén de un granuja y un ladrón de marca mayor, un gran despilfarrador del dinero de los demás. Mientras el reino se desangraba en guerras lejanas, su aristocracia se engolfaba en la corrupción, el privilegio y la pereza. Hoy en España hay muchos Sandovales y muchos más que pululan alrededor de los Sandovales. “Lo público”, es decir, “lo estatal” lo asfixia todo por mucho que Soraya nos venga ahora con aquello de que la elefantiasis del Estado no es tal. Pues sí, es tal. Los Estados elefantiásicos son los que se pulen discrecionalmente la mitad de la riqueza que genera el país, los Estados elefantiásicos son los que tienen en nómina a más gente de la que trabaja en régimen de autónomo, los Estados elefantiásicos, en suma, son los que gastan más cuando se recauda menos.

Para cambiar este aberrante orden de cosas en el que se penaliza el esfuerzo individual y se premia el trinque colectivo hace falta algo más que una reforma y mucho, muchísimo más que la reformilla que acaba de anunciar el Gobierno. Dicen que, en el mejor de los casos, el Estado se ahorrará 37.000 millones de euros. Vale, muy bonito, pero el desfase entre gastos e ingresos es aproximadamente el doble. Si usted gasta al año 10.000 euros más de los que gana, de poco le servirá reducir ese gasto a la mitad. Seguirá incurriendo en un insoportable déficit que le llevará a la ruina y a la insolvencia más pronto que tarde. Pero, no olvide esto, el Gobierno puede hacer algo que a los particulares y empresas les está vedado. ¿Por qué? Porque el Gobierno fabrica el dinero y si, como es el caso del nuestro, no puede hacerlo, lo pide prestado en cantidades indecentes poniéndole a usted, a sus hijos y a sus nietos como garantía de pago.

Luego está la estimación misma del Gobierno. ¿Alguien en su sano juicio, alguien que conozca el paño –y a los tratantes de paños–, puede creerse esta cifra? Evidentemente no. Primero porque el Gobierno de Rajoy miente más que habla desde que llegó al poder. Su lema es hacer justo lo contrario de lo que dicen. Así que no sería descabellado encontrarse con un gasto extraordinario de 37.000 millones dentro de un año. Y segundo porque pretender realizar semejante ajuste con buenas palabras, sugerencias y recomendaciones es simplemente una quimera.

No es creíble que máquinas de quemar dinero como la Generalidad de Cataluña o la Junta de Andalucía vayan a apretarse el cinturón por las buenas. El modelo de financiación es el que es y nadie quiere cambiarlo. Las autonomías gastan lo que el Estado recauda. ¿Realmente los sátrapas autonómicos tienen algún incentivo para moderar el gasto. No, nada de eso. En España impera la ley de “tonto el último”, la percepción es que lo que uno deja de gastar lo va a gastar el vecino, así que hay que inflar los presupuestos todo lo que se pueda. Hay un incentivo sí, pero para gastar a lo loco y luego, si eso, pedir perdón y mostrar propósito de enmienda.

La reformilla marianil no va cambiar esto ni pretende hacerlo. Es puro bla, bla, bla estéril y autocomplaciente idéntico al del Zapatero. Siguen empeñados en ganar tiempo a cualquier coste, incluido el coste de los siete millones de desempleados que se avecinan. Todo con tal de no tocar lo suyo, lo de los Sandovales y de quienes mejor le sirven.

Evolución de las formas del Estado (II)

Escrito por Alexander Fernández en junio 17, 2013. Publicado en Análisis diario.

Vimos en la parte I del artículo cómo el proceso de institucionalización del poder ha sido estudiado por diversos autores como, por ejemplo: Georges Burdeau, Otto Hintze, Carl Smith, F. Meineke, Bertrand de Jouvenel, Michael Oakeshott o Dalmacio Negro.

Las instituciones morales o, si se prefiere, los patrones de comportamiento adquiridos como el respeto por la vida propia, la familia, la propiedad privada, el lenguaje, el cumplimiento de los contratos, el comercio, la empresa, el dinero, la banca… son las instituciones espontáneas y naturales que permiten la eficiencia dinámica en Economía.

El Gobierno es otra forma institucional que permite administrar los asuntos comunes o "res publica" tanto si se trata de alcanzar un fin privado al dirigir una familia, un negocio o una empresa como si se trata de coordinar un fin común al gestionar una ciudad, un condado o una provincia.

Sin embargo, siguiendo esta línea de análisis institucional, el Estado es una forma institucional "artificial" frente a las formas más espontáneas, orgánicas y naturales de organización de lo político que son la Ciudad, la Provincia, el Reino y el Imperio. De hecho, el Estado no ha existido siempre y surgió hace relativamente poco en la historia de la humanidad impulsado territorialmente por la oligarquía que formaban el Rey, la Corte Real y la Iglesia a finales del siglo XV y comienzos del XVI.

En esta parte, veremos como la evolución del Estado se puede clasificar en tres grandes fases que están relacionadas directamente con el tamaño creciente del sector público en las economías de los países, crecientemente intervenida por las élites extractivas, la oligarquía o, si se prefiere, la casta política que ejerce el poder en cada territorio.

1. Primera fase de MONARQUÍAS ESTATALES, en los siglos XVI y XVII.

La primera fase se produce durante los siglos XVI y XVII, con la aparición de la institución “artificial” del Estado para la provisión de seguridad a los pueblos y ciudades de uno o varios reinos entorno a la figura del Rey y su Corte.

Se produce una afirmación de la estatalidad mediante las Monarquías Estatales, con un Estado Mínimo que proporcionaba seguridad exterior, interior y jurídica a la población de uno o varios reinos.

En esta primera fase, en Europa y América, la oligarquía está constituida por el Rey, la Corte Real y la Iglesia. El tamaño del Estado apenas representaba un 5% del Producto Interior Bruto (PIB) de la época, como señala Carlo Cipolla ⁽⁸⁾ en su obra Historia Económica de la Europea Preindustrial.

Sin embargo, la limitación del poder del Rey (o “mutatis mutandis” del Estado moderno), sólo logró arraigar y extenderse parcialmente a partir de la obra Dos Tratados sobre el Gobierno Civil (1689) de John Locke (1632-1704). Locke replicó, sin ninguna innovación substancial, las ideas escolásticas previas sobre los derechos de propiedad privada adquirida por el trabajo y los derechos subjetivos de la población —que argumentaban los jesuitas españoles 80 años antes—. Sin embargo, John Locke logró una gran difusión entre los intelectuales y la población del Reino Unido con el objetivo de diferenciar y defender el incipiente parlamentarismo inglés frente al absolutismo que era generalizado en otras cortes reales continentales, como en Francia y en España.

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¿No tienes nada que ocultar?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en junio 16, 2013. Publicado en Artículos en prensa.

Obama llegó al poder con una promesa de cambio en la política antiterrorista de Bush. Este había llevado la batalla a terreno enemigo con las guerras de Afganistán e Irak, y había reforzado la defensa con mayor gasto en Inteligencia y leyes que sin duda restringían libertades pero facilitaban el trabajo a los agentes. Obama prometió cargarse esas leyes, acabar con las guerras y, pese a ello, de algún modo mágico no especificado, garantizar la seguridad de sus compatriotas frente a los ataques terroristas.

El presidente demócrata ha dejado como única política ofensiva los ataques con drones, que no parecen suficientes como para sustituir la presencia militar y que además conllevan una hipocresía notable: está mal encerrar a los sospechosos en Guantánamo, pero matarlos es fetén. Pero como completamente irresponsable tampoco es, no sólo no ha abandonado las políticas defensivas sino que las ha ampliado, confiando en que unos medios completamente entregados a la causa hicieran la vista gorda. Y así ha sido en general hasta que se ha sabido que su Gobierno también espiaba a los periodistas.

El revuelo, no obstante, sorprende. Porque el problema no es de intimidad, o privacidad, como dicen ahora. Si fuera así, ¿por qué narices no nos borramos de empresas como Google o Facebook, que sin duda saben más de nosotros que la NSA? Al fin y al cabo, si cedemos esa intimidad para poder ver más fotos de gatitos encantadores no parece mucho pedir que lo hagamos para luchar en la noble causa antiterrorista.

No, el problema es que se trata del Estado. Hay una diferencia esencial entre que estudien tus datos de forma automática y sin intervención humana unas compañías cuyos productos has elegido utilizar y que lo hagan unos señores de negro a los que no puedes expulsar de tu vida y que tienen capacidad para meterte en la cárcel. Afirmar que no tienes nada que ocultar es absurdo: cualquier norteamericano medio, y también cualquier español, ha cometido sin saberlo un buen montón de irregularidades por las que su Gobierno le puede castigar.

Normal, pues, que, según el tamaño del Estado va creciendo, también lo haga la desconfianza hacia él: es más probable ser testigo o víctima de sus abusos e incompetencias. Pocas semanas antes de este escándalo supimos que los burócratas de Washington, tan imparciales que votan y pagan masivamente a los demócratas, utilizaron su posición en Hacienda para acosar al Tea Party. En cierto modo, da lo mismo si lo hicieron siguiendo órdenes o por iniciativa propia. Es una consecuencia natural de un Estado sobredimensionado e hiperregulado. ¿Cómo vamos a confiar en que usen bien la información recolectada?

El Gobierno de EEUU asegura que el espionaje de la NSA ha servido para desmantelar dos ataques terroristas, pero parece claro que en ambos casos se emplearon otras técnicas más prosaicas y propias del siglo pasado. Quieren hacernos creer que es necesario vigilarnos a todos mientras al mismo tiempo, por aquello de que no discriminar, se niegan a vigilar las mezquitas, que es donde van muchos musulmanes inocentes, sí, pero también los terroristas islámicos.

El poder nunca ha sido muy bueno en eso de controlarse a sí mismo. Así que la información que recolecta la NSA terminará siendo empleada con fines distintos a la lucha antiterrorista, lo quieran o no los políticos, que querrán. Pero eso tiene también su lado bueno. Existen más de cuatro millones de burócratas y contratistas con algún tipo de acceso a información confidencial del Gobierno de EEUU. Siempre habrá un Snowden, y a casi ninguno le costará tanto dejar a una novia tan buenorra.

Daniel Rodríguez Herrera es subdirector de Libertad Digital, editor de Liberalismo.org y Red Liberal y vocal del Instituto Juan de Mariana.

Nota: El autor autoriza a todo aquel que quiera hacerlo, incluidas las empresas de press-clipping, a reproducir este artículo, con la condición de que se cite a Libertad Digital como sitio original de publicación. Además, niega a la FAPE o cualquier otra entidad la autoridad para cobrar a las citadas compañías o cualquier otra persona o entidad por dichas reproducciones.

Qué piensan los árabes israelíes

Escrito por Pablo Molina en junio 12, 2013. Publicado en Artículos en prensa.

La quinta parte de la población israelí está formada por árabes, lo que convierte a éstos en la minoría más importante del Estado judío. El conflicto territorial con los palestinos convierte a los árabes residentes en Israel en un cuerpo extraño, difícil de encajar en el esquema de confrontación entre judíos y árabes, mayoritariamente musulmanes, con el que se interpretan habitualmente las relaciones políticas en la región.

Esa es, al menos, la percepción general si se atiende solamente a las proclamas de los partidos árabes con representación en el Parlamento israelí (Knéset), Lista Árabe Unida y Balad, dos formaciones que en los comicios de enero de este año consiguieron cinco y tres diputados, respectivamente. El resultado electoral es discreto, cierto, pero ambos se situaron por encima de Kadima, el partido creado por Ariel Sharón en 2005, que se quedó en sólo dos escaños, cuando en los anteriores comicios había sido el más votado.

Sin embargo, una cosa es el discurso oficial de los políticos árabes, vinculado en exclusiva al conflicto palestino-israelí, y otra muy distinta la percepción que los ciudadanos árabes de Israel tienen acerca de su país y de su papel como minoría en el mismo.

El Índice de la Democracia Israelí, encuesta anual realizada por el Israel Democracy Institute, es la mejor herramienta para comprobar la opinión que los israelíes tienen acerca del funcionamiento de sus instituciones democráticas. En el caso de la población árabe, adquiere especial interés, por los condicionantes antes citados. En su más reciente edición, correspondiente a 2012, encontramos respuestas que llaman poderosamente la atención, sobre todo si se las compara con el discurso del establishment árabe local.

Así, lo primero que llama la atención es que el 44,5% de los árabe-israelíes se muestra orgulloso de ser israelíes (un 14,1% afirma estar "muy orgulloso"), mientras que para los partidos árabes presentes en la Knéset un árabe no puede ser jamás israelí, sino, como mucho, árabe palestino en Israel. Un porcentaje prácticamente idéntico (44%) considera adecuados los usos democráticos de las instituciones del país (casi un 8% cree que Israel es "demasiado democrático"), mientras que tan sólo un 11% afirma que el Estado judío no es "suficientemente democrático". Aquí, de nuevo, se registra un acusado contraste con el liderazgo político árabe-israelí, según el cual Israel no es de ninguna manera un país democrático.

Acostumbrados a una visión de los asuntos públicos homologable a la del ciudadano medio occidental, los árabes israelíes valoran mucho más la lucha contra graves problemas cotidianos como la calidad de la sanidad y la educación o el desempleo que la guerra constante contra el "enemigo sionista" a que les aboca la retórica de sus dirigentes políticos. Según el Fondo Abraham, dedicado al fomento de la convivencia y la igualdad entre judíos y árabes en Israel, sólo el 12% de los árabes israelíes cree que la causa palestina es más importante que resolver los problemas que acucian al país a causa de la crisis económica.

Este alejamiento de las élites políticas árabes que operan en Israel respecto a las verdaderas preocupaciones de sus votantes estaría detrás del desplome en la participación electoral de los árabes israelíes, que en estos momentos se sitúa en un 50%, muy por debajo del porcentaje de judíos que participa habitualmente en los procesos electorales. Es el resultado inevitable de una situación prolongada ya en el tiempo, con los representantes políticos de una minoría defendiendo intereses distintos de los de su base electoral, cuando no directamente opuestos.