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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

La barcenitis galopante de Cuatro y Gabilondo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Los telediarios del canal en abierto que Zapatero regaló al grupo Prisa están últimamente muy entretenidos. Y todo gracias al caso Bárcenas, que los redactores de Cuatro ya no saben cómo denominar, por sus constantes esfuerzos en relacionarlo con todos los casos de corrupción que ha habido en España en los últimos setecientos cincuenta años.  A veces tienen un arrebato de originalidad y lo llaman el caso Gürtel-Bárcenas, que escuchas a Hilario Pino pronunciarlo y es que parece que estás viendo el guión entre los dos sustantivos.

Desde que el periódico de Prisa sacó en portada las fotocopias de unas hojas manuscritas con los sobresueldos que Bárcenas estaría pagando a los jefes del PP, todos los esfuerzos del grupo mediático han estado dirigidos a mantener vivo este asunto a cualquier precio. Espoleados por el ridículo histórico de su portada con una falsa imagen de un Hugo Chávez moribundo, en Prisa son capaces de las mayores astracanadas para que se siga hablando de un asunto que, por más que se empeñen, y a salvo de futuras revelaciones de verdadera enjundia, ya sólo parece reducirse al enriquecimiento de origen dudoso de un exmiembro del PP, de los muchos que hay circulando en estos momentos por los distintos juzgados de España.

Este viernes, sin ir más lejos, Hilario Pino dedicó un par de minutos de su noticiero a comentar la imagen de una concejala socialista de Alicante que acudió al pleno con una camiseta serigrafiada con la imagen de las fotocopias de la famosa libreta de Bárcenas publicadas en su día por El País. ¿Qué aporta este hecho a las investigaciones sobre la corrupción en el PP? Nada, salvo la constatación de que la concejala en cuestión tiene un concepto discutible de la elegancia formal y que, con seguridad, es muy fan del periódico de Prisa, cosa por otra parte muy común entre la izquierda instruida. A continuación, un periodista de la casa desplazado a las Fallas de Valencia relataba la primera mascletá a los espectadores explicando que la presencia de jóvenes con sobres vacíos protestando contra la corrupción el PP "había quedado deslucida por la presencia de la lluvia" (sic). No la mascletá; la algarada política, que es lo que cuenta en una pieza sobre el arranque de una de las festividades más populares de España.

Pero el que peor lo está pasando es Iñaki Gabilondo, incapaz de entender que sus videocabreos monumentales en la web de El País a cuenta del caso Bárcenas no encuentren el eco debido en la sociedad española, más allá de algún grupúsculo de radicales o de socialistas ociosos en busca de un sueldo oficial. Cuando no hace tantos años el Gobierno de España estaba involucrado en crímenes de Estado y aquí se robaba hasta la caja de los huerfanitos de la Guardia Civil, Gabilondo optó por un perfil bajo marcadamente institucional. Después fue de la opinión de que, cuando manda el PP, es muy bueno que en la calle exista "tensión". Que alguien le explique que, con esa biografía, es difícil que la gente se lance ahora a las barricadas simplemente porque él lo exija con tono exaltado. Salvo que la policía detenga esta semana a Cospedal en la frontera de Andorra con bolsas de basura llenas de billetes de 500 y tres mudas de ropa interior, claro. Entonces, y sólo entonces, aquí sí que podría pasar de todo. 

Por el empleo, Bilma

Escrito por Mónica Mullor en . Publicado en Artículos en prensa.

 Al diputado por UPyD Toni Cantó lo quieren empalar. Un concejal comunista, concretamente, haciéndose eco de un sentir muy extendido en las filas de la izquierda, que ha hecho de su concepción del feminismo un dogma incuestionable bajo pena, ya ven, de empalamiento. En el PSOE, en cambio, sólo piden su dimisión, porque entienden que sus mensajes en la red poniendo en duda los datos sobre el machismo agresor en España suponen sólo una incitación a la violencia contra las mujeres. Se trata del mismo partido que tiene en la presidencia de una delegación territorial a un señor condenado, no por incitar a la violencia de género sino por practicarla contra su mujer, y cuya permanencia en la vida pública no excita el prurito democrático de los socialistas tanto como la del diputado Cantó, que jamás ha sido acusado de agredir a nadie.

El portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad del Congreso desgranó en su twitter algunos datos sin contrastar, ofrecidos por una asociación de afectados por la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género. Como decía el filósofo, una mala tarde la tiene cualquiera, claro, pero el problema es el asunto sobre el que versó el error. Si hubiera dicho que en España se aborta todavía muy poco o que las mujeres que quieren abortar están discriminadas, el desliz hubiera sido aplaudido por los que ahora quieren empalarlo, pero al cuestionar el dogma de la discriminación positiva selló su destino, o al menos el de cierta parte de su anatomía.

A pesar de este celo empalador de los progres más devotos, lo cierto es que los propios datos de la administración judicial justifican cierto grado de sospecha acerca de las consecuencias que la aplicación de la ley de violencia de género tiene sobre la población masculina. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, desde 2006 en los juzgados de lo penal se han dictado 188.484 sentencias sobre violencia de género, 90.344 de las cuales fueron absolutorias. Por supuesto, eso no quiere decir que las más de noventa mil denunciantes acusaran falsamente a sus parejas por venganza o para obtener ciertas ventajas en el proceso de separación, pero sí que en todos esos casos se procesó a personas finalmente declaradas inocentes de los cargos que se les imputaban. El asunto no tendría más relevancia que en cualquier otro orden jurisdiccional si no fuera porque, a causa de la ley de violencia de género, muchos de esos noventa mil inocentes tuvieron que abandonar su hogar, privándoseles en muchas ocasiones también de poder ver a sus hijos hasta serles notificada la sentencia absolutoria.

Denunciar una ley injusta como la de violencia de género es un derecho de los ciudadanos y un deber de sus representantes políticos. A Cantó se le podrá afear que descuidara la necesidad de contrastar datos sensibles antes de hacerlos públicos, pero pedir su empalamiento político y físico es sólo la típica amenaza represora que la izquierda suele emplear contra los disidentes. El objetivo no es defender a las mujeres maltratadas, sino dejar claro a lo que se expone cualquiera que se atreva a poner en cuestión su visión sectaria de la convivencia. Desde este lunes, el diputado Cantó está también al corriente de cómo se las gastan los ungidos.

He venido a huelguear de lo mío

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Llevamos ya meses de continuos paros de distintos sectores, generalmente públicos. Todos ellos tienen un denominador común: se producen cuando algo afecta a las condiciones laborales de los huelguistas, quienes por otro lado se afanan por presentar otras causas como sus verdaderas reivindicaciones.

El truco no es nuevo. Cuando era crío disfrutaba con cierta frecuencia de huelgas de profesores. En aquellos felipistas tiempos siempre pedían un montón de cosas para mejorar la calidad de la educación, aunque por alguna extraña razón se solían conformar con un aumento de sueldo, una disminución de horas o las dos cosas al tiempo.

Cuando un colectivo hace huelga –que es una acción que implica un coste económico– con porcentajes de seguimiento cercanos a la unanimidad, puede estar seguro de que lo que piden es algo bueno para ellos. La razón es simple: la sociedad es diversa, tenemos distintas opiniones, y si cada español lleva un seleccionador dentro, también tiene un gerente que siempre sabe mejor que nadie cómo organizarlo todo. Si es imposible ponernos de acuerdo en cuál es la mejor alineación para un partido cualquiera, imaginen como sería para dilucidar qué es lo mejor que puede hacerse para que nuestra empresa o departamento funcione mejor y a un menor coste.

De modo que, si existe un acuerdo amplio, casi unánime, es porque ese colectivo está exigiendo algo que redunda en su propio beneficio: en esto sí tendemos a ponernos de acuerdo con cierta facilidad. Pero, tanto en el sector público como en aquellas empresas en que las huelgas pueden hacer daño a un buen número de inocentes, decir que se jode al prójimo en provecho propio no está muy bien visto, salvo para una minoría muy ideologizada. Así que se buscan excusas plausibles, que una parte del colectivo sin duda también se cree, para lograr un apoyo más amplio entre los ciudadanos.

Así, los funcionarios que no quieren que se les congele el sueldo o quedarse sin paga extra, los profesores que no quieren trabajar más o acabar en el paro, los controladores aéreos que no quieren renunciar a unas condiciones laborales propias de marajás, los profesionales sanitarios que ven en peligro su segundo empleo en la sanidad privada o su estatus funcionarial, los trabajadores de Iberia que ven peligrar su empleo o su sueldo… todos ellos invocan una razón distinta y más elevada para defender sus intereses. Que se está acabando con la educación o la sanidad públicas, que se pone en riesgo la seguridad aérea, que los malvados británicos están saqueando nuestros tesoros nacionales, que hay que defender la independencia judicial…

Pero es mentira. Lo único que puede unir tanto a un grupo de gente distinta, con opiniones variopintas sobre lo divino y lo humano, es aquello que les afecta personalmente. Y es legítimo que así sea; al fin y al cabo las huelgas se inventaron como una herramienta para mejorar la situación de los huelguistas. En su lugar, cualquiera emplearía cualquier excusa para quedar mejor ante la opinión pública y tener más opciones de conseguir lo que se quiere. Pero, hombre, no pretendan que nos lo creamos.

Lloricas

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

 El cine es un derecho de los ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos deben pagarlo. Esas son las reivindicaciones con que los profesionales de la subvención nos aburren gala tras gala de los Goya. Como además se dedican a insultar con fruición a una buena parte de su audiencia potencial, cada vez son más quienes piden sin éxito a los Gobiernos que hagan el favor de, cuando menos, poner una equis en la declaración de la renta para que se pueda objetar. Pero lo cierto es que tampoco hay tanta diferencia entre los caraduras del cine y los demás, que somos todos.

Vivimos en una época de inflación de derechos. Una organización a la que pertenezco, la Asociación de Internautas, ha batallado a favor de que la banda ancha sea considerada un derecho. Y lo peor es que lo ha conseguido. Cuando algo que no existía hace poco más de una década se transforma en derecho, ¿no hay nadie que se detenga a pensar si estamos haciendo algo mal? Tenemos derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, hasta al paisaje. Estamos llegando al punto en que tendremos derecho a todo lo que no esté prohibido.

Cuando se califica algo de derecho se producen principalmente dos efectos:

  1. Se incentiva la irresponsabilidad. Si tenemos derecho a algo, nos lo tienen que dar, hayamos hecho algo para merecerlo o no. Así, tenemos a toda una vicepresidenta esforzándose por soltar la lagrimita mientras reclama el derecho a equivocarse, que al parecer consiste en que podamos comprar una vivienda que no nos podemos permitir sin sufrir las consecuencias de tan temeraria decisión. Ada Colau va un paso más allá y cree que ni siquiera ha existido equivocación, sino que la hipoteca era una obligación –de la que ellamilagrosamente quedó exenta– y, por tanto, quienes la firmaron forzados no deberían cumplir los términos del contrato.

  2. Se diluye la importancia de los derechos de verdad, los que garantizan que puedas vivir la vida que elijas sin esclavizar a los demás en el proceso. El derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que decía la Declaración de Independencia, y que el pobre Toni Cantó negó a los animales. Estos derechos son violados sistemáticamente a fin de garantizar, naturalmente sin éxito, todos esos otros derechitos que nuestros políticos han inventado o adoptado por todos nosotros. Y no sólo nos parece bien: es que nos indigna que haya quien pueda llegar a discutir que destinar su tiempo y dinero a lo que él prefiera, cuente o no con la aprobación del vecino, es un derecho que está por encima del de enfrente a destinar el tiempo y dinero de los demás a lo que a él más le guste.

El problema del cine es que ha pretendido que esta forma de pensar, mayoritaria en España, es potestad exclusiva de la izquierda, quizá por el monocultivo ideológico en que vive. Pero en lo demás no se diferencia nada de la industria de las renovables o de los empleados públicos –sean periodistas, profesores o médicos–, que convierten en derecho inalienable lo que no es más que un privilegio circunstancial.

Lo importante en este país socialdemócrata no es lo que hagas, ni la coherencia entre palabra y obra. Da lo mismo que dediques un premio a quienes "han perdido su casa" dos años después de protagonizar un anuncio de hipotecas o que clames contra un "sistema injusto que permite robar a los pobres para dar a los ricos" cuando vives del dinero que pagan por obligación personas mucho más pobres que tú vía impuestos. Tampoco importa que aplaudas las mamarrachadas antisistema de Colau mientras haces anuncios para el Banco Sabadell. Lo importante es tener el corazón en el sitio justo. Y que sangre mucho y muy públicamente por los demás. Bayona, ahí nos has fallado.

El origen constructivista de un genocidio

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

En 1994 la opinión pública occidental asistió entre horrorizada y perpleja a uno de los genocidios más brutales y peculiares que se conocen. Entre abril y julio de ese año, en torno a un 70% de personas de la etnia tutsi y los pocos opositores hutus de Ruanda fueron asesinados en una operación dirigida por el gobierno, en manos de los hutu, y, aquí lo más característico, con la participación efectiva, masiva y directa de la población de este grupo. Quedó al margen de los titulares, como suele suceder, la responsabilidad del constructivismo social que los pioneros colonialistas alemanes y, en especial, los belgas que les sucedieron tuvieron en ello.

Hacia 1880 llegaron los primeros europeos y se encontraron con una sociedad estructurada en la que existía una jerarquía social, sin duda, pero con una red de vínculos que aportaban cohesión al conjunto. Se daba también una división grupal del trabajo que añadía elementos de coherencia y, por último, un sistema pautado de movilidad social ascendente y descendente que eliminaba tensiones basadas en el origen étnico. 

En aquel periodo una mayoría hutu se dedicaba a la agricultura, un 20% aproximadamente eran tutsis pastores y una exigua minoría pertenecía a la etnia twa (llamada entonces pigmeos) que transitaba desde la recolección a la alfarería. El grupo dominante, tutsi, tenía establecido con los hutus un sistema de patronazgos y relaciones clientelares que regulaba las relaciones así como los intercambios y, además, existían dos instituciones que encauzaban la movilidad social y actuaban de colchón suprimiendo la discriminación conflictiva entre ambos grupos. Una era la kwihutura (“dejar de ser hutu”), consistente en el paso de la condición hutu a la de tutsi, posible mediante alianza matrimonial o por vinculación completa de un linaje hutu a otro tutsi. El proceso contrario, “dejar de ser tutsi” (kwitutsira,) también se producía de manera regulada.

Los alemanes, al identificar al grupo hegemónico e instalar su administración imperial, decidieron delegar el poder en la minoría tutsi, para lo cual introdujeron en el imaginario nativo una reinterpretación de las diferencias étnicas que reforzara el poder delegado de los tutsis y, sobre todo, justificara su decisión acudiendo a argumentos de supremacía racial, tan en boga en la Europa decimonónica y de primeros del S.XX. La nueva mitología que asentaba la ingeniería colonial alemana otorgaba a los tutsis una superioridad racial sobre los hutus fabulando para aquellos un supuesto origen camítico, como provenientes del valle del Nilo, y una ascendencia europea. 

Tras la Primera Guerra Mundial, los belgas sustituyeron a los alemanes en el dominio colonial y continuaron con el mismo constructo social y sobre idénticos fundamentos ideológicos. Los agentes de penetración de esta ideología mítica al servicio del imperialismo eran misioneros de origen valón, a la sazón dominante en su Bélgica natal sobre los flamencos. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial y en pleno proceso mundial de descolonizaciones, los misioneros belgas en Centroáfrica pasaron a ser mayoritariamente flamencos. Quizá por constituir también el grupo marginado en su país de origen, los nuevos predicadores abordaron la cuestión étnica en Ruanda basándose en el mismo mito racial de sus antecesores pero enfatizando, al contrario que los valones, la injusticia cometida por los tutsis, advenedizos en África Central, sobre los hutus, nativos inmemoriales y legítimos propietarios de esas tierras. Sobre el mismo mito racial, se acentuaron los odios inversos, los del supuesto despojado hutu contra el invasor y depredador tutsi. De la versión supremacista se pasó así a la nativista, igualmente falsa, destructiva y foránea.

La descolonización ulterior trajo gobiernos hutus, al revés que en la vecina Burundi, donde los postcolonialistas tutsis mantuvieron el poder. No procede hacer un relato detallado de los acontecimientos desde la independencia en los años sesenta hasta el genocidio de 1994, pero sí señalar que ambos grupos étnicos dirimieron su historia imbuidos de unas ideas racistas e indigenistas llevadas desde Europa, que aspiraron, con una arrogancia fatal, a reinventar la sociedad centroafricana descoordinando una asentada estructura previa.

España se hunde. Todos somos Bárcenas

Escrito por Mónica Mullor en . Publicado en Artículos en prensa.

 En España existe un sistema de legitimidad formalmente democrático en el que debe regir la igualdad de trato y la transparencia, y el poder ejercerse de acuerdo a unas reglas objetivas. No obstante, este sistema tiene un núcleo de sustancia feudal o tradicional, basado en relaciones de dependencia y lealtad personales. Así, el Estado es visto como propiedad de los que lo controlan y en torno al poder se tejen redes clientelares.

Lamentablemente, ese sustrato feudal da su verdadero carácter a un sistema formalmente democrático. Es por ello que en España la democracia potencia la corrupción, porque multiplica los centros de poder involucrados en la compraventa de favores y la creación de clientelas.

España ha experimentado una eclosión de centros de poder político y empresarial al amparo del Estado. Por ello no son de extrañar las abundantes noticias sobre escandalosos casos de corrupción, que van desde el cartero Bárcenas repartiendo sobres negros a los ERE de Andalucía que financian farras de prostitución y cocaína, pasando por el Instituto Nóos, que salpica a la Corona.

Desde sociedades más modernas y por ello más genuinamente democráticas, como las del norte de Europa, se podría creer que se trata de casos aislados. Pero no. España acumula una larga lista de escándalos: cuando no son los sobres son los indultos a políticos, banqueros, kamikazes con influencias; estafadores que quedan libres porque los tribunales se han demorado en exceso, incluso monjas que mueren antes de ser condenadas por su presunta implicación en el robo de bebés recién nacidos… Un sustancioso guión con todos los ingredientes necesarios para una estupenda telenovela al mejor estilo venezolano.

Esa es la lamentable imagen que España está mostrando al mundo; la imagen de su corrupción, que no solo afecta a sus políticos, cada día más desacreditados: también nos habla de una sociedad donde, como se dice en Argentina, "el vivo vive del zonzo (tonto) y el zonzo de su trabajo".

La corrupción no es un problema exclusivo de España. También hay corrupción en Suecia y en Finlandia, los países más limpios según Transparency International. Seguramente hay allí corrupción en ocultos imperios financieros y en algunos ayuntamientos, pero sin duda son casos contados y no tardan en salir a la luz. Los más famosos escándalos políticos suecos deben de parecer irrisorios a los españoles. Un ejemplo es el caso Toblerone: Mona Sahlin, por entonces (1995) viceprimera ministra y la más seria aspirante a dirigir el partido socialdemócrata, compró una chocolatina con una tarjeta de crédito reservada para gastos oficiales. Por un Toblerone Mona Shalin hubo de olvidarse de ser primera ministra. Sus compatriotas, con independencia de su color político, la sentenciaron. Esto demuestra que, como dice el refrán, cada sociedad tiene los políticos que se merece.

La sociedad española, a diferencia de la sueca, pone el listón muy bajo en la aceptación de la corrupción. Admite el pago de bienes o servicios sin IVA, el recurso a las influencias, el plagio, el clientelismo, el amiguismo; muchas de estas prácticas ni siquiera se reconocen como corruptas. Aquí están las raíces profundas de la corrupción española.

La clave del éxito en la lucha contra la corrupción está en la transparencia total en las transacciones y los acuerdos públicos. A todos los niveles. Se trata de que los españoles, como los suecos, no estén dispuestos a pagar los toblerones de sus políticos.

ideasyanalisis.wordpress.com

La picaresca del siglo XXI: ricos y famosos

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

El corral nacional sigue alborotado. La prensa, los propios políticos y el público en general, sumidos en un mar de confusión, no hacen sino aumentar el ruido de fondo con sus voces, alarmadas pero vacías.

Que hay cuentas B, sobres bajo cuerda, pagos a la prensa, financiación irregular, que todo eso sucede en todos los partidos, que la corrupción vive entre nosotros, todo eso ya lo sabemos. Lo sabíamos. Lo suponíamos. Lo permitíamos.

Los mártires de la democracia española

La publicación de las declaraciones del IRPF y del Patrimonio del presidente del Gobierno, como era de esperar, ha levantado una polvareda de comentarios agrios por parte de todos. Unos, porque escudriñan entre los números tratando de buscar su rédito político como oposición, maltrecha y dividida oposición. Otros, porque consideran una afrenta que los focos se dirijan nada más que a Mariano Rajoy, en lugar de apuntar a todos los demás también y están rasgándose las vestiduras con los ojos en blanco.

Y lo cierto es que lo suyo sería tirar del hilo. De todos los hilos. Y llegar donde haga falta llegar. ¿A la Transición? Pues a la Transición. Y que salgan a la luz los pagos a la prensa desde entonces, los pactos ocultos con unos partidos y con otros, de derechas y de izquierdas. Pongamos encima de la mesa el golpe del 23 de febrero, sus entrañas, los actores, los vínculos, todo.

Saquemos la manguera y el detergente para limpiar los barros primigenios de nuestra democracia. Pero tengamos clara una cosa: aquí no hay santos, ni perfectos. Todas las democracias, y las no-democracias, se asientan sobre la misma base, sobre el mismo pilar que cualquier institución: la naturaleza humana. Y no, no es perfecta. Así que, probablemente, nos encontremos con que hasta el sistema más perfecto del país más "civilizado" está edificado sobre cimientos cuestionables. Y no pasa nada.

Tampoco se trata, por otro lado, de mitificar a nuestros padres de la democracia como si el mero hecho de haber participado en todo aquello les hiciera mejores personas, más formados, mejores políticos o más honestos. No hay mártires de nuestra democracia. Hay de todo, como siempre. Personas que tuvieron el firme propósito de salir adelante y políticos de medio pelo a quienes les tocó estar allí.

Tenemos los instrumentos

Lo ideal sería que nuestro modelo político generara incentivos para que la gente se esforzara, trabajara, viviera mejor, encontrara los medios para conseguir sus fines, sean estos aumentar la talla de pecho o ser una virtuosa del violonchelo. Para eso los ciudadanos tendrían que tener expectativas de que hay caminos para lograrlo. Para ello, el hombre en sociedad, desde sus orígenes, crea instituciones. Y justo ahora, cuando el sistema está cuestionado, se oyen voces desde todos lados clamando por una regeneración institucional.

Pero no se especifica qué es una regeneración. Verdaderamente ya tenemos instituciones que están diseñadas para velar por los ciudadanos: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia… ¿No funcionan? Tal vez se nos olvida que el problema del diseño ingenieril de las instituciones tiene el peligro de la manipulación. El diseñador, ese que sabe qué necesitan los demás y cómo. Manipula quien ocupa cada puesto, empezando por los jueces y acabando por los guardias de seguridad del Metro, y cierra el círculo asegurando puestos y dádivas.

No se va a decapar el sistema eliminando instituciones obsoletas o duplicadas. Es como decirle a un niño que devuelva la piruleta que le acabas de comprar, hay que tener muchos arrestos para devolverla: el niño sale corriendo y se la zampa antes de renunciar a ella. Lo que pasa es que, en el primer caso, la piruleta son fondos públicos, pagados con los impuestos de una población empobrecida.

Así que no son las instituciones las que fallan, son las personas.

Usted también nada entre corruptos

Y no solamente los jueces, los políticos y los medios de comunicación están implicados en este patético sainete. Somos la ciudadanía. Como decía Luis Garicano este fin de semana, debe ser la ciudadanía la que, igual que sucedió cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, diga ¡Basta Ya! de una vez por todas. La diferencia es que la corrupción no está solamente en los políticos o los periodistas, es un mal común a los españoles. ETA era un mal ajeno, no toleramos los delitos de sangre, pero sí el hurto y el trilerismo.

La famosa picaresca que retrataron tan bien Quevedo o Mateo Alemán debería habernos enseñado una lección. El pícaro, pobre de solemnidad, solamente puede sobrevivir mediante la estafa y el engaño. No tiene principios porque procede de una familia de delincuentes, de gente marcada por la cárcel o el deshonor, sin formación, ni moral. Es el anti-héroe español.

Nosotros no éramos pobres de solemnidad cuando en medio de la bacanal inmobiliaria consentimos lo que consentimos. Se nos supone cierta madurez como pueblo, cierto sentido del bien y del mal, cierta honestidad. Pero el comportamiento de los españoles, sinceramente, deja mucho que desear. No porque seamos unos ladrones, sino porque consentimos al ladrón. Por omisión. Y eso es casi más grave por lo que tiene de indolencia y desidia.

Y ahora, clamamos al cielo pidiendo cárcel para los corruptos. Estoy de acuerdo. Pero antes pensemos qué tiene que hacer cada cual para que no suceda más. Porque inocentes, inocentes… muy pocos.

Si sólo quiere leer un libro de economía, que sea como éste

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Artículos en prensa.

Si hay algo que esta crisis ha puesto de manifiesto, y en España de forma mucho más acusada, es la sorprendente ignorancia económica del común de los mortales. Digo "sorprendente" no porque haya sido inesperado, sino porque no deja de ser llamativo que una materia como ésta, que afecta a casi todas las decisiones de nuestra vida, sea tan desconocida, incluso para personas de un nivel cultural relativamente elevado.

Es más, después de seis años de crisis, es habitual escuchar a políticos, comentaristas o tertulianos pontificar sobre los recortes, el gasto público, la ley hipotecaria o la subida de impuestos con un soberano desprecio a las leyes económicas más básicas. Y no es una cuestión ideológica. Hay economistas con los que uno puede tener importantes desacuerdos pero que sólo un insensato consideraría ignorantes. Son simplemente personas que se manejan desde otro paradigma pero con las que al menos se puede entablar una conversación en un idioma más o menos común.

No es esto a lo que me refiero. Lo que me anonada es ver a un tipo en el telediario reconociendo que se gastó los 100.000 euros que tenía ahorrados en preferentes sin saber qué era eso, escuchar a un tertuliano aplaudir la subida de impuestos de Hollande sin hacerse ninguna pregunta sobre los incentivos que genera (tanto en los ricos actuales como en los futuros) o leer columnas en las que conocidos escritores se preguntan por qué el Gobierno español hace caso a la famosa prima de riesgo y apuestan por el impago de la deuda como salida de la crisis.

Siempre he pensado que gran parte de la culpa la tenemos los que nos dedicamos a esta materia. Los economistas (o los periodistas que informamos de esto) tienen la molesta costumbre de esconderse detrás de gráficos, tablas y términos técnicos, preferentemente en inglés. La razón no está clara, pero mi sensación es que lo que está detrás de este voluntario encubrimiento es un intento por monopolizar la discusión. Si nadie más sabe de economía, entonces podrán: 1) manejar las decisiones importantes sin intromisiones externas y 2) ganar autoridad como sumos sacerdotes de una materia trascendental. La profesión no es especialmente respetada, y cualquier político tiene más posibilidades de escuchar a cuarenta manifestantes con unas pancartas un poco llamativas y unas cuantas bocinas que a un experto en contabilidad nacional.

Por eso, hoy es más importante que nunca que se publiquen libros como éste. Si hay un economista liberal vivo que se haya ganado una merecida fama por su claridad, sencillez expositiva y contundencia, ése es Thomas Sowell. Y en Economía básica lo vuelve a demostrar.

Sowell sabe que el 99% de los problemas económicos son fácilmente comprensibles para el común de los mortales: los incentivos que mueven a los agentes, la información que transmiten los precios, la importancia de beneficios y pérdidas o la riqueza que genera el comercio… Y se dedica a explicarlos con sencillez, sin que eso suponga falta de profundidad.

Cada capítulo es en sí mismo como una pequeña monografía, que disecciona un aspecto clave de la economía. Y lo hace sin gráficos, sin tablas, sin expresiones incomprensibles y sin ese insufrible tono del que se cree por encima del bien y del mal característicos de los manuales al uso. En realidad, sus únicas armas son un lenguaje claro y los miles de ejemplos que su experiencia le ha permitido atesorar.

Evidentemente, éste puede ser un magnífico libro de introducción a la economía para cualquiera que quiera aprender los fundamentos básicos. Si ese es su caso, no deje que la presentación de la edición española, un tanto austera para un manual de este tipo, le asuste. Sus 700 páginas se leen con facilidad. Un capítulo al día y en un mes tendrá todas las armas que necesita para enfrentarse al intervencionismo que nos rodea. Si no le gusta la materia pero quiere conocer sus fundamentos: cómprelo. De hecho, es más que probable que después de ver la pasión con que Sowell explica esta apasionante disciplina cambie su forma de pensar.

Lo bueno de este libro es que no es sólo un manual para principiantes. Es más, debería ser un volumen de consulta obligada para el iniciado. Posiblemente, uno de los mayores errores que cometen los especialistas es olvidar los principios básicos, las razones últimas que validan su trabajo diario. Siempre he pensado que cualquiera, por muy experto que sea, debería leer un libro de principios básicos al menos una vez al año. Este Economía básica puede ser un gran candidato para 2013. Como dice la cita magníficamente escogida por Sowell para el capítulo 4:

Necesitamos aprender de lo obvio, más que indagar en lo oculto.

Thomas Sowell: Economía básica. Deusto (Barcelona), 2013, 703 páginas. Traducción de Javier El-Hage.

Populismo hipotecario

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, compareció ayer ante la comisión parlamentaria que está debatiendo la reforma de la Ley Hipotecaria, cuyas líneas generales ya fueron avanzadas la semana pasada por el ministro de Economía, Luis de Guindos. Lo más grave de su intervención no fue el hecho de que insultara y tachara de "criminal" al miembro de la Asociación Española de Banca (AEB) Javier Rodríguez Pellitero –que también participó en la comisión–, ni la ristra de falacias y engaños que empleó como argumentos, sino, sobre todo, el abyecto y peligroso populismo que aventó, así como los terribles efectos que se derivarían en caso de que el Gobierno aprobase alguna de las medidas que propone su plataforma.

Toda su argumentación parte de un error de base, ya que los afectados por las hipotecas denuncian que han sido víctimas de una "estafa generalizada". Según Colau, hipotecarse no era una opción para los españoles, sino una especie de obligación, debido a una serie de "políticas públicas" como las desgravaciones fiscales por compra de vivienda, la "desregulación" del mercado de alquiler o los reiterados mensajes de las autoridades públicas acerca de que España no estaba viviendo una burbuja inmobiliaria. "Se jugó con una necesidad básica de la población", dijo; la gente "hizo, exactamente, lo que el Estado le recomendaba".

Para Colau, los españoles fueron forzados a hipotecarse, en una maniobra perpetrada en comandita por el Gobierno y la banca. Como si carecieran de voluntad o, lo que es peor, padecieran una severa tara que les incapacitara para tomar decisiones racionales.

Simplemente, es mentira. No todos los españoles compraron una casa durante la burbuja, ni mucho menos; y los que lo hicieron se vieron animados, básicamente, por dos factores: unos tipos de interés muy bajos (intervencionismo monetario) y una creciente revalorización de la vivienda, fruto de la expansión crediticia previa. De hecho, muchos de los que se hipotecaron lograron unos pingües beneficios gracias a la especulación inmobiliaria. Los que, por desgracia, se han quedado atrapados piden ahora socializar sus pérdidas entre todos los contribuyentes.

El segundo gran culpable para la PAH es, por supuesto, la banca, ya que prestó dinero de forma irresponsable a gente que luego no podría devolverlo. Presuponen estos indignados que los banqueros sabían de antemano que el colapso se iba a producir. Colau arguye además que la hipoteca no era un "contrato libre entre las partes", ya que las entidades redactaban el texto e incluían todo tipo de "cláusulas abusivas". Así pues, "o lo tomabas o lo dejabas", pero como la gente necesitaba una vivienda, "no tenía esa libre opción", enfatiza. "Son los bancos los que nos han hundido en la miseria".

En resumen, el hipotecado carece de toda responsabilidad. Me temo que el término demagogia se queda corto para describir semejante manera de argumentar.

Si el individuo carece de responsabilidad y ha sido engañado, e incluso sido víctima de una "estafa", todo vale con tal de revertir esta clamorosa injusticia, ¿verdad? De ahí, precisamente, que desde la PAH se abogue por la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización total de todos los desahucios y la creación de un gran parque público de viviendas en alquiler.

No importa que la morosidad hipotecaria, de apenas el 3%, no sea, hoy por hoy, un problema grave gracias, precisamente, a la vigente normativa, en funcionamiento desde hace décadas; o que los desahucios de primera vivienda no lleguen a 15.000 desde 2008; o que la dación en pago sea una excepción, y no la norma, en la mayoría de los países europeos, incluso en EEUU… Aún menos importa que las medidas de la PAH atenten de forma flagrante contra la imprescindible seguridad jurídica y el cumplimiento de contratos legales y legítimos; o que perjudiquen a la mayoría de los españoles; o que amenacen con derrumbar el mercado de cédulas hipotecarias, de cuya liquidez depende directamente la viabilidad de todo el sistema financiero español; o que se acabe empleando más dinero público para socializar las pérdidas de algunos; o que, en última instancia, este tipo de soluciones acabe impidiendo el acceso a la vivienda a millones de españoles. No, nada importa a Colau y sus acólitos, salvo quitarse sus deudas de encima.

Por desgracia, este tipo de populismo va calando, poco a poco, en la sociedad y en la clase política españolas. No en vano ha sido el PP el que ha abierto este peligroso melón, al permitir la moratoria de desahucios y al impulsar una especie de dación en pago tácita, cuyos efectos se dejarán notar tarde o temprano.

Si el populismo y la demagogia vencen, finalmente, en la guerra de las hipotecas, España habrá dado un paso más, y no pequeño, hacia la mediocridad y la miseria propias de países más atrasados.

España, ¿país de sinvergüenzas?

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

El viernes pasado el gobierno, utilizando uno de sus amplios poderes, concedió el indulto a una señora que había usado de forma fraudulenta una tarjeta de crédito que se había encontrado en la calle. Lo hizo después de una campaña mediática en la que, como de costumbre, se decidió que la verdad debía ser sacrificada en nombre de la demagogia.

Se nos ha dicho que esta señora se encontró la tarjeta de crédito, junto con el DNI de su titular, en la calle. La verdad es que no se ha podido demostrar que esta señora robara la cartera donde se encontraban la tarjeta y el DNI, y por tanto solo se le acusa de lo que sí se ha podido demostrar; que usó la tarjeta de crédito en varios comercios. El resto de la historia es un cúmulo de demagogia y medias verdades con el propósito de que cierta parte de las población, aquella más propensa a perdonar los delitos contra la propiedad ajena, se apiade de una estafadora.

Se dice que la pobre mujer, en el momento de perpetrar los delitos, tenía 22 años, 2 hijos y ninguna ayuda de los padres de las criaturas. Se dice también que sólo usó la tarjeta para comprar pañales y comida para sus hijos. Y por último se dice que no ha vuelto a delinquir, y que actualmente tiene pareja y un nuevo hijo.

Es verdad que tenía 22 años y dos hijos, y parece que puede ser cierto (solo tenemos su palabra para atestiguarlo) que los padres no la daban ninguna ayuda. Lo que habría que preguntarse es qué tiene que ver todo esto en el asunto que nos ocupa. La señora escogió a sus parejas y decidió tener hijos con ellas. Es su cuerpo y ella decidió, como les gusta decir ahora a ciertas feministas. ¿Dónde está el problema? ¿Justifica eso estafar? ¿Al tener hijos joven te dan un carné con puntos para cometer delitos?

Que comprara pañales y comida para sus hijos no es verdad del todo. La señora, en el primer establecimiento al que acudió, compró productos por valor de 193 euros. Nadie ha mostrado la sentencia para que podamos ver qué productos se llevó. Lo que sí sabemos es que volvió a intentar más compras: una por 57 euros (tampoco sabemos qué se llevó) y otra de 50 euros, en la que, mira por dónde, no hay duda sobre qué adquirió: gasolina. Dato que casi ningún medio de comunicación ha sacado a la luz y que demuestra dos cosas: que no sólo usó la tarjeta para comprar comida a sus hijitos, y que al parecer la señora de 22 años, tan desvalida ella, debía de poseer algún tipo de vehículo a motor (por el importe, seguramente un coche). Como en siguientes intentos fue descubierta terminó por deshacerse de la tarjeta, por lo que queda claro que la única razón por la cual solo pudo sustraer 289 euros fue que las dependientas de las tiendas fueron lo suficientemente hábiles para impedirlo. Dependientas, por cierto, que también serían madres, pero que prefirieron alimentar sus hijos por medio de su trabajo, que por desgracia incluye no dejarse engañar por estafadoras.

Una vez cometido el delito, volvió a encontrar pareja y tuvo un nuevo hijo. Por supuesto vuelve a estar en su perfecto derecho, pero no concuerda que alguien que tiene que delinquir para mantener a sus actuales retoños decida traer al mundo otra boca a la que alimentar.

Aparte de todo esto, una de las razones más absurdas para justificar el indulto a esta señora, repetida por multitud de medios de comunicación y opinadores varios, es que un gobierno que concede indultos a banqueros y kamikazes debería concedérselo también a una pobre madre que sólo robó unos pocos euros (en realidad no robó nada, estafó e intentó estafar a varios comercios).

De esta forma nos encontramos con la justificación de delitos menores al estar amparados por los mayores. O lo que es lo mismo: con un país de sinvergüenzas.

Por supuesto a nadie se le ocurre pensar que dar poder para conceder indultos al gobierno proviene precisamente de la demagogia de casos aislados, y manipulados, como el de esta señora. Y que esa legitimación permite al gobierno usar ese poder a su conveniencia en la mayoría de otros casos, siempre que se acuerde, de vez en cuando, indultar a alguna "princesa del pueblo" para que la plebe esté contenta.

Pero que nadie piense que este es un caso aislado. Es simplemente una muestra más de que la sociedad actual solo tiene una escala de valores: lo que me beneficia es justo y lo que me perjudica, injusto.

Lo curioso es que nadie se da cuenta de que esa actitud les encadena de pies y manos ante el poder. Por ejemplo, hemos asistido al deplorable espectáculo de ver a una vicepresidenta del gobierno defender "el derecho a equivocarse". O lo que es lo mismo: el derecho a que unos (los de siempre) paguen por los errores de otros (los que el gobierno decida).

Los españolitos de a pie aplauden con las orejas; ya que los banqueros, dicen, son rescatados, qué menos que rescatar a los pobres curritos que van a perder su casa. Hasta hemos visto un par de anuncios de empresa privadas defendiendo, "como lo mejor de España", los intentos de impedir desahucios. Pues bien, ¿para qué cree cualquier persona con dos dedos de frente que va a usar el gobierno el poder de sustraer el dinero del bolsillo de unos para ponerlo en el de otros? Pues sí, lo han adivinado, para llenarse los suyos, y los de sus lobbies, y esquilmar a los de siempre.

Pero no nos quedemos aquí. También podemos ver en Twitter y otras redes sociales un movimiento con muchos seguidores que piden no pagar la deuda pública. Al parecer les parece lo más normal del mundo que el Estado tenga el poder de impagar algo que ha prometido pagar. Por desgracia sí tiene ese poder (gracias a la gente), lo que no piensan es que al Estado le resulta mucho más fácil "impagar" los servicios que tiene comprometidos con sus ciudadanos que no pagar a sus deudores extranjeros. Y solo impagará a estos cuando esté obligado a hacer las dos cosas, algo que gracias a estos lumbreras estará bien visto por mucha gente.

Una y otra vez el ciudadano piensa que conceder poder al Estado para que éste pueda beneficiarles es la solución a todos sus males, cuando es precisamente todo lo contrario. El Estado siempre usará el poder para beneficiarse a sí mismo, y todos los días tenemos ejemplos palpables de ello. Lo malo es que no vale de nada denunciar la sinvergüencería de un político si uno no es consciente de la propia. Y por desgracia en España no hay que subir a las altas esferas para detectar el olor a podrido; este emana de cada rincón de la sociedad.