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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Los ‘Barcepapers’ y la fiereza de un PP desatado

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

A mí ya me ha quedado perfectamente claro. Todo lo que aparece en los Barcepapers es falso salvo algunas cosas, el PP se va a querellar contra todo el mundo excepto algunos medios, María Dolores de Cospedal puso fin a algunas prácticas internas pero no a todas y El País asegura que en el PP se han cometido delitos pero en realidad no muchos. Más claro, agua.

La intervención anoche de María Dolores de Cospedal en una televisión privada contribuyó notablemente a despejar ciertas dudas sobre este ominoso asunto de los sobrepagos y recobros que tiene al PP últimamente tan acojonado. En sintonía con la línea de firmeza expresada por Rajoy esa misma mañana desde Berlín, De Cospedal aseguró que el Partido Popular se va a querellar contra… contra mucha gente, ya verán, ya. No sólo eso. Para que no quedara ninguna duda, a continuación afirmó con absoluta rotundidad que el partido actuará judicialmente contra Bárcenas… si es que los abogados estiman, en su caso, que puede haber materia de litigio, que no está eso todavía nada claro. Y por si fuera poco añadió que todas esas iniciativas judiciales van a ser puestas en marcha… en cuanto sea posible. Haciendo gala de esa contundencia, normal que apareciera a espaldas de los periodistas invitados al programa como una testigo protegida; protegida por Antonio Jiménez.

El PP de Rajoy, tan poco dado a los excesos, se ha visto obligado a actuar como una máquina de matar bien engrasada, con todas sus piezas perfectamente coordinadas para el ataque, a causa de la perseverancia diamantina mostrada por el diario El País en las acusaciones que viene vertiendo sobre la honorabilidad de los altos cargos del partido. El diario de referencia para los progres de EGB llevó en su portada del pasado 31 de enero la denuncia de que Rajoy había estado recibiendo 25.200 euros anuales en sobresueldos durante más de una década. Cinco días más tarde, sus acusaciones sobre la trama de corrupción en el seno del Partido Popular consisten en aclarar que los implicados, en realidad, no tienen nada que ocultar porque esas entregas de dinero fueron perfectamente legales.

A la espera de que se consume la batalla cuerpo a cuerpo en los tribunales, sólo cabe buscar un lugar discreto entre el público, adonde no lleguen las salpicaduras de sangre. Si el caso Bárcenas fuera el título de un videojuego, a estas alturas ya habría sido prohibido por el ministerio de Ana Mato. Y es que, con tanta violencia apenas contenida, no sería raro que acabáramos leyendo en El País hasta una leve crítica a Alberto Ruiz-Gallardón.

La corrupción se viste de gasa

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

 Los españoles asistimos atónitos al espectáculo que nuestros políticos están dando, también ya en el ámbito internacional. Esta vez, en la pista central está el Partido Popular.

Transparencia y credibilidad

Y es en estos momentos en los que los políticos que no están bajo el foco piden transparencia. En realidad, los que protagonizan la noticia también la nombran, la reclaman, la ofrecen, la utilizan para guarecerse del inesperado chaparrón.

Pero la transparencia en política es como la gasa en el vestir: deja ver pero oculta lo que no se quiere mostrar. Si usted tiene ya una edad y quiere seguir luciendo palmito, la gasa es su aliada, los lunares, las arrugas, la flacidez, todo, queda tamizado por la ilusión transparente de la gasa.

Pero así es como nos han educado nuestros políticos. Desde los orígenes de la democracia. O antes. Probablemente las arbitrariedades y cacicadas propias de toda dictadura calaron en la sociedad más de lo que imaginamos. El uso privado de coches oficiales, las gestiones políticas desde el teléfono de la universidad, o la compra de ropa interior con dinero público por la entonces directora de Radio Televisión Española forman parte del anecdotario político español y, en muchos casos, de la vida cotidiana de un puñado de personas, oculta al común de los mortales.

Lo sorprendente es que los mismos cuyo dinero está siendo mal utilizado son los primeros en excusar ese comportamiento. No fue tanto dinero, en realidad. Comparado con lo que hizo Fulanito lo de esta chica se queda en nada. Son las pequeñas prebendas que tiene el poder. Su labor al frente de la institución fue muy buena, al fin y al cabo. Ese tipo de argumentos que están en los bares, en las tertulias, en la mentalidad española, son la gasa de nuestro traje político.

Y ahora, cuando nuestros bolsillos están maltrechos, cuando la cosa está fea de verdad, cuando la estructura de partidos está cuestionada, pedimos transparencia, exigimos que los políticos recuperen la credibilidad perdida, la que nunca nos hemos preocupado de reclamar seriamente como votantes.

La responsabilidad política del votante

No puedo evitar sonreír. Con tristeza, eso sí. Cuando hace nada los que decidimos abstenernos de ejercer nuestro derecho a voto y tanta gente bienintencionada nos acusaban de incumplir nuestro sagrado deber ciudadano, uno de los argumentos, aunque no el único, era éste. Yo no puedo votar a alguien cuya honestidad está cuestionada. Y está cuestionada la honradez de diferentes políticos de muchos partidos. En cada lista cerrada hay, indefectiblemente, un par de manzanas podridas. Como poco. Pues bien, entonces nada importaba, había que tener una visión amplia de la política, mirar la labor conjunta, el modelo que defendían, los avances, los cambios propuestos, el mal menor. El famoso mal menor que nos gobierna desde el principio.

Esta falta de exigencia para con nuestros políticos nos está pasando factura ahora y nos llevamos las manos a la cabeza. En mi opinión, es lo mínimo que nos merecemos. No hay más que preguntarse en qué quedaron los casos de corrupción de la historia de nuestra democracia. Cuántos políticos o cargos públicos devolvieron el dinero y, además, asumieron responsabilidades penales. Cuántos de ellos fueron castigados en sus propios partidos. Y no hablo de ser retirados de la primera línea pero ser compensados con un carguito aquí o allá. Hablo de repudio de verdad. Y, sin embargo, los españoles siguieron votando a esos mismos partidos sin exigir, como punto de partida, que todo estuviera verdaderamente claro. Los cargos públicos honestos, que los hay, se limitaron a dimitir por coherencia personal, probablemente frustrados y desilusionados. Nadie montó una campaña dentro de cada partido para deshacerse del fardo de abusones.

Cuando, con cierta ingenuidad, he preguntado a quienes han estado en contacto con la política y saben de lo que hablan, respecto a los sobres destinados a un periódico o a otro, la respuesta ha sido: “La prensa cobra desde siempre”. Es lo que me faltaba para terminar de avergonzarme del sistema político y de los medios españoles. No tengo la esperanza de que nadie del gremio dé un paso al frente. Pero ahí queda.

¿Por qué los políticos son corruptos?

Esta es la pregunta que respondía Jorge Valín en un artículo del 2011 publicado en la página del Instituto Juan de Mariana. La respuesta era inmediata. Porque pueden. Y así es. Comparando la tarea del empresario con la del político, Jorge Valín explica que el político no tiene que gustar a un mercado, basta con que tenga el favor corporativista de sus pares y de los lobbies. A eso hay que añadir la delgada línea que supone para un político la legalidad y la inexistente rendición de cuentas, más allá de la parodia pública interpretada por todos los actores para calmar los ánimos del pueblo.

Si a eso le añadimos la complicidad de las empresas (bancos incluidos) favorecidas por concesiones, subvenciones y beneficios que no vemos, llegamos a la definición del sistema en el que vivimos: el llamado crony capitalism. Es un término curiosamente ignorado en España, donde precisamente más campa por sus respetos esta perversión política de nuestros días.

En el caso de la feria de los sobres y las cuentas B del Partido Popular, aún hay personas inteligentes como Benito Arruñada que se preguntan, por ejemplo, si, ya que se puede determinar científicamente la fecha de las facturas de Bárcenas, no se debería haber determinado antes de ser publicadas. Esas cosas huelen fatal. Falta higiene en los partidos y en la prensa. Y ya se sabe que cuando falta la higiene aparece la podredumbre. Como dice Benito: “los países que logran un alto nivel de confianza no la basan en la bondad del individuo sino en que el incumplimiento se castiga”. Y así nos va.

Contra el fiscal instructor

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

En el combate que se dirime entre los liberales, partidarios de someter al estado a controles y contrapesos que garanticen espacios de libertad, y los estatistas, quienes adoran a esa organización como poder taumatúrgico e infalible, se producen batallas cruciales, que no siempre se comprenden por el gran público.

Partamos de la constatación, además, de que los intereses creados (y cruzados) durante décadas retroalimentan a los beneficiarios de ese culto al Estado en los medios de comunicacion, los grupos de presión y los sectores académicos dominantes.

Esta anestesia circundante explica la rutinaria reseña ofrecida en la mayoría de los medios a la entrega al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, elaborada por una comisión de expertos constituida en marzo del año pasado por acuerdo del Consejo de Ministros. Aunque no se ha publicado su contenido íntegro, ha trascendido que prosigue los planes inacabados del gobierno de Rodríguez Zapatero de conferir al Ministerio Fiscal la dirección de todos los procesos de instrucción penales y limitar sustancialmente la facultad de los particulares de ejercer la acción popular penal.

Por mucho que traten de disimularlo, este cambio comenzó a forjarse entre los juristas más solícitos a las señales del poder político desde que un Felipe González Márquez con ambiciones cesaristas se percató de que las fechorías de su ejecutivo podían ser investigadas por algún juez de instrucción ignorante de la relación real entre los poderes del Estado. En este sentido, no parecía suficiente el sistema de control y selección de jueces a través de sucesivos consejos del poder judicial elegidos por sus mayorías parlamentarias. Había que dinamitar otro valladar introducido en la tradición jurídica española por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882. Básicamente, esta ley instauró un modelo de instrucción penal dirigida por un juez, que asumía la responsabilidad de practicar las actuaciones necesarias para la averiguación de hechos delictivos, calificarlos preliminarmente, y asegurar la presencia de los presuntos responsables, así como las responsabilidades pecuniarias derivadas de los delitos. Esas diligencias preparatorias del juicio se distinguían claramente del acto del juicio a celebrar ante un tribunal distinto, si había lugar a ello, y, sobre todo después de la Constitución de 1978, no han impedido legalmente la defensa en esa fase procesal (salvo en el procedimiento de excepción de la Ley contra la Violencia de Género y los llamados juicios rápidos) tanto de las víctimas como del imputado por el hecho delictivo. Por otro lado, las oportunidades de intervención del fiscal han aumentado por las reformas continuas aprobadas en los últimos treinta años. En el procedimiento especial del jurado se le convirtió en coinstructor de las causas mientras que se le invistió de la dirección en el de menores.

No obstante, lo que provocaba sudores fríos entre los gobernantes era la potestad de esos jueces de instrucción relativamente independientes de impartir órdenes a todas las policías por encima de las suyas propias, dentro de los fines de la investigación.

A la postre, la experiencia de los últimos años ha demostrado que la alarma del estamento político estaba injustificada, pues su impunidad no se ha puesto nunca en entredicho por una curia judicial adocenada. Si observamos el resultado de grandes procesos penales con conexiones políticas (los GAL, la financiación ilegal de los partidos políticos mediante la extorsión a empresas y particulares, la corrupción sistémica y, especialmente, la monstruosa masacre del 11-M), nunca se ha dado el caso de que las investigaciones oficiales esclarecieran hechos y, menos aún, que indagaran en la participación de personajes de alto rango.

Sin embargo, el empeño por cerrar cualquier riesgo de afrontar responsabilidades penales para la casta política parece haberse convertido en una obsesión. En un momento que los indicios de corrupción de todas las instancias políticas permiten llegar a la conclusión de que el propio sistema alienta y encubre los delitos cometidos por sus prebostes, vuelve otro ministro del ramo, convenientemente arropado por expertos ad hoc, a proclamar las bondades de una instrucción penal dirigida por el Ministerio Fiscal.

Es una falacia que la intervención del fiscal en la instrucción de los procesos penales garantice el derecho de defensa. Desde la perspectiva de la ineludible reducción de la administración del estado, más valdría que se refundiera con la abogacía del Estado para evitar duplicidades. Pero que, además, se quiera colar de matute un inmenso poder para el gobierno, que tiene a su servicio a la Fiscalia, insulta a la inteligencia. Si no se reforma la constitución para investir a los fiscales de la categoría de magistrados del poder judicial esa es la consecuencia insoslayable. Recordemos que, de acuerdo con la constitución, el gobierno nombra al Fiscal General del Estado (Art. 124.4 CE) para encabezar durante cuatro años como máximo un órgano que actúa bajo los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Su estatuto orgánico configura un cuerpo administrativo de élite con proyección judicial, cuyos miembros actúan sin una distinción clara de identidad, lo cual, en la práctica, les convierte en irresponsables individualmente. Ni siquiera pueden ser recusados de igual modo que los jueces u otros funcionarios públicos. Son prácticamente intocables para las partes de un procedimiento. Por otro lado, están sometidos a las instrucciones y órdenes dictadas por el fiscal general y el resto de superiores. Por si fuera poco, su jefe puede intervenir en cualquier asunto que conozca un fiscal concreto, relevarlo y sustituirlo. Asimismo, ese estatuto reserva expresamente al gobierno los ascensos y nombramientos para los distintos cargos, a propuesta del mismo Fiscal General que ha nombrado previamente. A través de fiscales dispuestos a ascender en el escalafón, el gobierno de turno podría decidir la aceleración, la paralización o el archivo de procedimientos penales.

En ese ambiente tan viscoso, observamos como el estamento político comparte la idea de privilegiar a quienes obedecen órdenes contrarias a Derecho hasta extremos muy groseros. Por encima del método de elección democrática y las puntuales trifulcas entre partidos, el paso del tiempo va aflorando sustanciales coincidencias y conforma una estremecedora continuidad en sus políticas. En el caso español, donde el compadreo se hace tan fácil gracias a los mecanismos de cooptación establecidos por sus oligarquías, la tendencia a repartirse los beneficios del poder del estado ha llegado a límites insospechados. Mario Vargas Llosa definió la ininterrumpida estancia de 60 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano en el poder como la "dictadura perfecta" .

Este desmantelamiento deliberado de los últimos resortes de control judicial del ejecutivo constituye un ejemplo más de que España se ve conducida a una especie de dictadura perfecta de los actuales partidos dominantes. Obviamente, nada está predeterminado ni resulta irreversible. Hasta ahora los partidos que defienden postulados inequívocamente liberales han obtenido magros resultados. No obstante, para oponerse a este intento de la casta política por blindarse de responsabilidades caben encontrar otros aliados. Resulta imprescindible, pues, que las personas que dicen compartir esta preocupación dentro de los partidos dominantes den pasos mucho más decididos para evitar la consumación de esta vuelta de tuerca contra el Estado de Derecho. Llegado el caso, si no se eliminan esas previsiones de la propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la instrucción penal y la limitación de la acción popular, los parlamentarios con esa conciencia deberían votar contra este desafuero. Por otro lado, a la vista de la larga serie de acciones y omisiones de este gobierno contra el Estado de derecho, quienes dicen ser liberales en el Partido Popular y amagan dentro de ese partido por distinguirse y mantener otras opiniones deberían reflexionar sobre si, tal vez, no se han convertido ya en una coartada para que nada cambie.

¿Zonas libres de armas? ¡Zonas libres del Gobierno!

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

"Un hombre con un arma puede controlar a cien sin ellas", Lenin.

"Uno de los más estúpidos errores que podríamos cometer sería permitir a los ciudadanos conquistados del Este poder tener armas", Adolf Hitler.

"Es falso enfrentar no-violencia con autodefensa. La protección de uno mismo y de su hogar siempre ha sido reconocida a través de los tiempos por la ley común",Martin Luther King.

 "Si alguien tiene un arma e intenta matarte, sería razonable dispararle con la tuya", Dalai Lama.

A propósito de las masacres escolares en EEUU, en mi artículo anterior habíamos establecido una serie de hechos objetivos, a saber:

  • EEUU está lejos de ser el país con más criminalidad por armas del mundo.
  • Países con muy alto nivel de posesión de armas per capita como Suiza, Finlandia o Nueva Zelanda disfrutan de tasas de criminalidad muy bajas.
  • Aumentar el control de armas en un área determinada tiende a incrementar el crimen.
  • Mayor número de armas en un área dada no se correlaciona con mayor crimen (la población de EEUU tiene en la actualidad el mayor número de permisos de armas de su historia, siendo la tasa de homicidios la mitad que hace 20 años)
  • Los criminales armados en EEUU muestran cierta predilección por las "zonas libres de armas", como las escolares.
  • Quienes agreden son las personas, no los objetos. Igual que los bolígrafos no comenten faltas de ortografía ni las cerillas incendios.
  • Cuando hay prohibición de armas, éstas se emplean sobre todo para agredir; cuando hay libertad de armas, se usan sobre todo para defenderse.

Así pues, el verdadero debate es si debe desarmarse a los inocentes, puesto que cuando las armas están fuera de la ley, sólo las poseen quienes son expertos en saltársela: los criminales. Por ello, el control de armas hace su trabajo -el de los criminales- más seguro. Más vale, dice el refrán, un arma en la mano que un policía al teléfono. Desde que Reino Unido prohibió las armas en 1997, Inglaterra y Gales ya van camino de cuadruplicar la violencia con armas de EEUU. La antaño pacífica ciudad de Washington DC aprobó en 1976 la más restrictiva ley de armas de todo EEUU: hoy, con cifras récord, es también su capital del crimen. En el lado contrario, los estados americanos que han flexibilizado el acceso a las armas entre 1977 y 1999 han visto caer un sorprendente 78% de media las muertes por armas de fuego. Las correlaciones son tan fuertes y persistentes que no hay lugar para la casualidad.

Frente a los campus universitarios americanos que anuncian que son zonas libres de armas, el de la Colorado State University es una excepción gracias a una victoria en los tribunales de inocentes cansados de vivir atemorizados. Desde 2003, en este campus, los inocentes pueden ir armados, y los criminales lo saben. Cuando por cierto en 2007 sucedió la masacre en el desarmado campus de Virginia Tech, los estudiantes de Colorado State se movilizaron para no perder su derecho a protegerse. ¿Por qué desde que pudieron ir armados los universitarios de Colorado la violencia en este campus ha descendido apreciablemente? Preguntémonoslo.

Si usted fuera criminal y supiera que en la comunidad "A" los ciudadanos no pueden llevar armas y en la comunidad "B" sí pueden, ¿dónde robaría y asaltaría? Por desgracia, los criminales no son tan estúpidos. Por eso usted jamás pondría un cartel que anuncie que en su casa no hay ningún arma ni alarma pero en las colindantes sí. Una población desarmada es por definición una población indefensa. Según los estudios de Rossi y Wright con criminales convictos americanos, el 60% de éstos teme más encontrarse una víctima armada que a la policía. El político demócrata Joseph Morrissey es el tipo de persona que quiere control de armas; en 2003 perdió su licencia y se le impuso una dura multa por amenazar asesinar con su arma a un hombre. Morrissey prefiere víctimas desarmadas. No olvidemos que en EEUU los usos defensivos de las armas vienen a quintuplicar los usos agresivos. Heinrich Himmler dijo que "los ciudadanos ordinarios no necesitan armas"; Himmer fue el jefe de la SS nazis encargadas de masacrar a millones de personas.

En el fondo no se trata de una cuestión ideológica entre derecha o izquierda, sino una entre libertad o coacción, protección o indefensión. El propio progresista Jeffrey Goldberg, tras un análisis honesto y sin prejuicios de la cuestión, se muestra más que escéptico sobre los controles de armas.

Ya uno de los primeros grandes defensores de las sociedades libres, Aristóteles, prevenía contra las tentaciones políticas de desarmar al pueblo. En la misma línea se pronunciaron Cicerón, Maquiavelo, el británico John Locke o el francés Montesquieu, artífice intelectual de la democracia moderna. Igualmente, es imposible leer al padre del Derecho Penal contemporáneo, Cesare Beccaria, sin advertir que creía firmemente que el control de armas beneficiaba a los criminales. George Orwell, que nos advirtió contra las tiranías en su célebre novela 1984, afirmaba: "La era en la que un arma es algo caro y de difícil acceso es una era de despotismo; la era en la que un arma es algo accesible es una era en la que la gente común tiene una oportunidad".

El derecho constitucional a las armas en EEUU

La raigambre de la posesión de armas en EEUU se debe a la raigambre del espíritu revolucionario por la libertad en este país. A finales del siglo XVIII, las aún colonias británicas en América protagonizaron una de las más importantes revoluciones por la libertad de la historia. Una vez independizadas, elaboraron un sistema político y jurídico que hiciera lo más perdurable posible un orden de libertad lejos de la tiranía británica padecida. Así, se dieron una Constitución con la que los ciudadanos se protegían del Gobierno y una Carta de Derechos que garantizaba los derechos naturales de los ciudadanos evitando que el Gobierno interfiriera a costa de agredir la libertad natural de cada individuo. Es el deber de un patriota proteger a un país de su Gobierno, decía el revolucionario Thomas Paine. La segunda enmienda de la Constitución americana aprobada en 1791 garantizaba el derecho de ir armado a cada individuo. ¿Por qué? Esencialmente como salvaguardia de eventual protección contra su propio Gobierno. De tal modo, los ciudadanos podrían libre y voluntariamente unirse en milicias para combatir tentaciones totalitarias de su Gobierno, mientras éste no tenía –al menos durante largas décadas- potestad para obligarles a formar parte de un ejército nacional o algo semejante (no existía la conscripción o servicio militar obligatorio). En la línea de clásicos como Aristóteles, revolucionarios americanos como Thomas Jefferson, George Washington, Samuel Adams o Benjamin Franklin entendieron además el acceso a las armas como un derecho humano fundamental en cualquier sociedad libre y justa: el de la autodefensa y la protección contra agresores, criminales y tiranos.

Quien está a favor del control de armas no está en contra de las armas, porque las armas se necesitarán para desarmar forzosamente a la gente. Se precisarán las armas del ejército, policía y agentes gubernamentales para quitárselas a la sociedad civil. Control de armas significa, y sólo significa, un monopolio central de las armas en manos de la élite del Gobierno. Esto es, control de armas significa violencia.

"Cuando la resolución de esclavizar América fue oficializada por Gran Bretaña, el Parlamento británico ordenó que nuestro pueblo se desarmara; éste es el mejor y más efectivo modo de esclavizar; pero no lo hicieron de forma abierta, sino encubiertamente", George Mason (1725-1796), Convención de la Constitución de Virginia.

"Los americanos tienen el derecho y la ventaja de estar armados, a diferencia de los ciudadanos de otros países cuyos gobiernos tienen miedo de confiar en ciudadanos con armas", James Madison (1751-1836).

"Nunca se elaborará nuestra Constitución para evitar que los ciudadanos pacíficos de Estados Unidos puedan llevar armas", Samuel Adams (1722-1802).

"Las leyes que prohíben llevar armas sólo desarman a aquéllos que no tienen intención de cometer crímenes. Tales leyes hacen las cosas mucho peor para los agredidos y mejor para los agresores; éstas sirven más para promover que para prevenir homicidios, para que un hombre desarmado sea atacado con mayor probabilidad por uno armado", Thomas Jefferson citando al criminólogo y jurista Cesare Beccaria.

Si observamos la historia, por desgracia muy sangrienta, del último siglo, podemos advertir que la revolucionaria idea de la libertad de armas como resistencia a la dictadura y la opresión parece tener fundamento. El tristemente poco conocido genocidio armenio de 1915 a 1917 por el Imperio Otomano, con un millón y medio de víctimas, partió con el control de armas de los armenios desde 1911. Los exterminios masivos en la Unión Soviética contaron con la ley de control de armas de 1929. Hitler impuso la prohibición de armas a los judíos en 1938, China a su población en 1935. En 1956, Camboya penalizó la posesión de armas; en los años 70 el sanguinario Pol Pot aniquiló a más de dos millones de personas. En 1959, Fidel Castro inició la dictadura cubana instando al desarme de los ciudadanos en un célebre discurso. Guatemala inició matanzas de indios mayas en 1964 tras pasar una ley antiarmas. Uganda hizo lo mismo en 1970, y en menos de una década acabó con decenas de miles de cristianos.

El pacifista Gandhi recuerda en diversos pasajes de su Autobiografía que el control de armas en la India fue clave para oprimir a su pueblo. Una sociedad civil armada es uno de los mayores obstáculos contra la opresión. Quizás un buen ejemplo sea Suiza, paraíso de paz y libertad, probablemente gracias a que los inocentes pueden armarse y protegerse.

Mientras, en EEUU los datos muestran que las mujeres cada vez son más portadoras de armas. Aquéllos que defienden que se las desarme no pueden llamarse defensores de los derechos de las mujeres.

Por qué tendemos erróneamente a pensar que EEUU es el país con más criminalidad podría en parte deberse a su cultura cinematográfica llena de títulos de acción. A diferencia radical de los films de ambientación norteamericana, hay otros donde queda expresamente remarcado que las armas son propiedad reservada de los agentes gubernamentales. Por ejemplo, La Lista de Schindler. Y es que el control de armas no es una cuestión de armas, sino una cuestión de control.

Sin prohibición de armas no hay cámaras de gas. En realidad, no puede haber una auténtica y real prohibición de armas si no se comienza por prohibírselas a la policía, militares y otros agentes de la élite del Estado.

Afirmar que el hombre es malvado por naturaleza es el mejor argumento para que las potenciales víctimas puedan defenderse y armarse. Afirmar que el hombre es bueno por naturaleza es el mejor argumento para que podamos armarnos.

A propósito de nombres propios, a Martin Luther King le fue negada en 1958 la posesión de un arma, lo cual fue un acto de racismo. Sin embargo, Luther King se rebeló contra la ley y siempre tenía un arma en casa para defenderse él y a los suyos. Uno de los grandes logros de los negros en EEUU fue la aprobación de la 14ª enmienda en la Constitución que, entre otros, reconocía el derecho de los negros a ir armados. Los americanos parecen haber olvidado que la Asociación del Rifle siempre combatió al Ku Klux Klan, una organización racista abominable, defensora a ultranza desde sus orígenes de la prohibición de armas. Con ello, querían negros cumplidores de la ley sin armas e indefensos para masacrarlos. De hecho, toda la ideología del control de armas en EEUU va inextricablemente en sus orígenes unida al racismo y la xenofobia. Durante todo el siglo XIX los estados sureños más racistas como Alabama y Mississippi usaron la ley para impedir con altísimos impuestos el acceso a las armas a los ciudadanos pobres, que incluía a los negros. Según los análisis económicos de John Lott, un arma es el medio de protección más asequible para las personas de bajos ingresos.

La criminalidad del Gobierno

Desde que en 1917 EEUU se embarcó definitivamente en una política exterior intervencionista y militarista, el belicismo de su Gobierno no ha hecho sino aumentar a un ritmo tan trepidante como tenebroso. El gasto actual del Gobierno estadounidense es más del doble que el de todos los países europeos combinados y más que el de los 19 países siguientes en gasto militar juntos. El día posterior a ganar sus segundas presidenciales, Obama ordenó bombardear Yemen, y los civiles asesinados por todos los presidentes americanos del último siglo se cuentan por decenas de miles. Son, simplemente, daños colaterales.

Esos gobiernos que se plantean prohibir las armas a la población civil son ellos mismos asesinos encantados con el debate sobre el control de armas entre los civiles, lo que sirve como distracción perfecta para que nadie tristemente se haga la necesaria pregunta de: ¿Por qué no prohibimos las armas más bien al Gobierno? ¿Qué especial derecho le asiste a un integrante del Gobierno para manejar un arma, pero no a Pedro o María? ¿No presumíamos de vivir en regímenes con igualdad ante la ley? El control de armas perpetúa la desigualdad ante la ley.

El Gobierno dice erigirse en nuestro protector. Pero, como diría Cicerón, ¿quién nos protegerá de nuestros protectores? Nosotros mismos, el pueblo.

La gente debería no ya olvidar –la información selectiva siempre juega a favor del Gobierno y sus acólitos-, sino conocer la masacre de Waco, en Texas, de 1993 en la que la agencia gubernamental del FBI mató a 76 hombres, mujeres y niños abrasándoles en un infierno de llamas. ¿Cuál fue su crimen? Ninguno, simplemente eran adventistas que tenían armas como protección, y de hecho nunca se probó que tuvieran intención de usarlas agresivamente. La vergüenza del impune totalitarismo gubernamental llegó a que jamás ningún responsable público por esa matanza fue investigado. Y como todo militarismo intervencionista siempre tiene consecuencias indeseadas (que se lo pregunten a la CIA que entrenó en los 80 a Bin Laden), como represalia contra su Gobierno por Waco un ciudadano acabó en 1995 con la vida de 168 personas de un edificio federal en el atentado de Oklahoma.

¿Hablamos de la Operación Fast and Furious del Gobierno americano en 2011? Con la excusa de perseguir a bandas criminales mejicanas, el Gobierno americano facilitó la venta masiva de armas a esas bandas, para luego según la versión oficial –cuál será la real- perderles la pista. Igual que en el control y prohibición de las drogas o el alcohol, el control político de las armas corrompe. Y el control y la prohibición absolutas, parafraseando a Lord Acton, corrompen absolutamente.

No debemos en cualquier caso olvidar que la mejor defensa y protección comienza por armarse intelectualmente en las ideas de la libertad y la paz y que, en resumidas cuentas, quienes agreden y matan al final son obviamente los individuos con sus comportamientos y acciones. Y no se me ocurren acciones más mortales que aquéllas que provienen de los individuos del Gobierno.

¿Zonas libres de armas? Mejor zonas libres del Gobierno

@AdolfoDLozano / david_europa@hotmail.com

Cuatro desahucios

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Desde hace unos meses se está creando una gran alarma social en torno a los desahucios llevados a cabo por los bancos en el caso de aquellos clientes hipotecados que no pueden hacer frente a sus obligaciones.

Ante tal alarma, los políticos reaccionan, como no puede ser de otra forma, tratando de intervenir en el mercado para salvarnos de las consecuencias de nuestros actos, llegándose incluso al extremo de alguna escena patética interpretada por altos cargos.

Pero ¿existe algo más justo que el acreedor pueda obligar al deudor a pagar sus deudas? Porque un desahucio consiste solo en eso, en que un acreedor pueda recuperar el dinero prestado, precisamente utilizando la garantía que el deudor le ofreció a cambio del préstamo. ¿Por qué entonces la alarma social?

Quizá la razón haya que buscarla en la naturaleza del sujeto "desahuciador", en los bancos que con tanta justicia reclaman lo que les es debido. Y ello porque son precisamente estas entidades las que están siendo las peores cumplidoras de sus deudas, las que solo pueden afrontar sus compromisos "desahuciando" a los ciudadanos del país en que operan.

A poco que nos paremos a reflexionar, resulta que este último, el que despierta la alarma social, no es el primero ni tal vez el más importante de los desahucios a los que nos están sometiendo las entidades financieras con la complicidad y quizá impulso de los Estados.

A los bancos se les está dando el dinero de nuestros impuestos, que, cuando se agregan, alcanzan más del 50% de lo que somos capaces de producir. Así pues, el primer desahucio a que nos someten los bancos nos arrebata parte de los salarios y rentas que somos capaces de generar con nuestro trabajo e inversiones.

Como no es suficiente con los impuestos, los Estados se endeudan por ingentes cantidades de dinero, y dedican parte de ella también a esas entidades financieras que luego nos desahucian de nuestra casa. Pero ese dinero se tendrá que devolver, a base de cobrar impuestos a nosotros y a nuestros hijos. Este es el segundo desahucio, nos quitan el futuro.

Tampoco basta con esto para calmar la insaciable sed del quebrado sistema financiero: se ha de emitir dinero desde los distintos bancos centrales para tapar los agujeros de nuestros desahuciadores. Desgraciadamente, y como es bien sabido, estas emisiones de nuevo dinero no son gratis, sino que tienen el precio de la inflación. Y la inflación lo que hace es disminuir el poder adquisitivo del dinero, la forma en que tradicionalmente tratamos de ahorrar los que no somos expertos ni queremos serlo en inversiones. Así que, por esta vía, se consuma el tercer desahucio: nos desahucian de nuestros ahorros.

Solo tras haber agotado estos tres desahucios llega el cuarto, el más mediático, pero el más irrelevante en términos agregados (evidentemente, no es irrelevante para el individuo que lo sufre), claramente insignificante si lo comparamos con los impuestos que recauda el Estado, la deuda que está adquiriendo en los mercado, o el dinero que está fabricando el BCE. Pero es aquel el que nos preocupa, porque es al único que somos capaces de ponerle ojos y cara.

En resumen, los bancos nos desahucian de nuestro salario, de nuestros ahorros y de nuestro futuro. Y, sin embargo, los políticos solo se preocupan de nuestra casa, que es lo que parece que les da votos. Si no nos desahuciaran de lo demás, seguramente tampoco tendríamos el otro problema.

¿Quieren evitar que la gente se suicide por perder su casa? Eviten que pierda primero todo lo demás: hagan que los bancos paguen sus deudas con su dinero, no con el nuestro y el de nuestros hijos.

Simbología del poder: del “We the People” al “Carmen, por favor”

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El domingo 20 de enero de 2013, Barack Obama juraba su segundo mandato como presidente de EEUU en el interior de la Casa Blanca ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. La ceremonia se retransmitió por televisión en directo, a pesar de que los planes iniciales del equipo de Obama eran no permitir que periodista o cámara alguno (más allá de un fotógrafo de la Casa Blanca) pudiera estar presente en la ceremonia –tal vez por miedo a que volviera a equivocarse, como cuatro años antes, al recitar la fórmula oficial del juramento–. Con retransmisión televisiva o sin ella, el carácter “privado” del acto es una excepción en este tipo de ceremonias en Washington.

Constitucionalmente, el mandato presidencial arranca con una ceremonia pública ante el Capitolio que ha de tener lugar el primer 20 de enero después de las elecciones presidenciales. Pero, si dicha fecha cae en domingo, el juramento ante la sede del legislativo se traslada al lunes 21 de enero. De hecho, así ha ocurrido, y cerca de un millón de personas acudían a ver y oír en vivo cómo Obama volvía a jurar su cargo como máximo responsable del Gobierno de Estados Unidos. Cuatro años antes, fueron dos millones de ciudadanos los que estuvieron presentes en el juramento.

La carga simbólica de este tipo de ceremonia es evidente. El presidente asume un compromiso ante los ciudadanos, ante ese mismo “We the People of the United States…” –aunque la traducción más habitual es “Nosotros, el pueblo de EEUU”, también puede ser “Nosotros, las personas de EEUU” – con el que arranca la Constitución. Se trata de un reconocimiento de que el poder emana de los ciudadanos y que, al menos en teoría, quien lo ejerce ha de mostrarse de forma pública ante los gobernados. Cuestión diferente es, por supuesto, que en última instancia ocurra así.

Los actos de toma de posesión en EEUU, y su carga simbólica, contrastan profundamente con sus equivalentes en gran parte de Europa. En España, por ejemplo, el presidente del Gobierno arranca su mandato con una jura o promesa ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, residencia oficial del monarca. El jefe del Gobierno así hace público su compromiso también ante el sujeto que encabeza la Constitución del país. La Carta Magna de 1978 arranca con la siguiente frase: “Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren”.

La simbología de la jura o promesa del jefe de Gobierno español, y de otros muchos europeos, es también evidente. El compromiso se asume ante el Estado y su máxima autoridad, no ante los ciudadanos. Se marca así una distancia entre gobernantes y gobernados, presente de forma simbólica en muchas otras representaciones del poder. Hace ya tiempo reflexionamos sobre la ubicación de las sedes de los gobiernos, y contrastábamos, entre otros, la céntrica Casa Blanca con La Moncloa, fuera de la ciudad de Madrid.

Es evidente que la representación del poder no lo es todo en política. Resulta cierto que un gobernante puede ser autoritario, o incluso totalitario, teniendo su residencia en pleno centro de la capital de un país y asumiendo su cargo en un acto público. Una simbología que recuerde al político que ha de responder ante los ciudadanos y que no debe comportarse como un déspota ilustrado no garantiza que vaya a comportarse en consecuencia.

Sin embargo, lo que es evidente es que una representación del poder como la que hemos descrito en España (y que es equivalente a la que existe en gran parte del resto de Europa) tiende a hacer olvidar al gobernante que tiene que responder ante los ciudadanos de forma constante, y no sólo cuando hay elecciones. No ha de sorprender, por tanto, que haya jefes de Gobierno que no consideren su obligación responder a preguntas de periodistas o de cualquier ciudadano que pueda acercársele. Ejemplo de esto último es el famoso “Carmen, por favor” de un Rajoy que trataba de librarse de los micrófonos de la prensa.

Involución institucional desde la partitocracia hacia la cleptocracia

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En el I Congreso de Economía Y Libertad, el catedrático Dalmacio Negro [1][2][3][4]dictó una magnífica conferencia sobre "El consenso social-demócrata", en la que explicó cómo "existe una crisis política y moral que es una crisis histórica" y destacó la situación prerrevolucionaria que viven España y Europa, dado que: "la democracia es una ficción al estar secuestrada la democracia política (entendida como el poder de decidir de los individuos) por el parlamentarismo".

1. Crisis institucional en Europa

Dalmacio Negro destacó como las ideologías colectivistas instrumentalizan el Derecho, porque la legislación se distorsiona "al servicio de la política y no de los ciudadanos" y se extiende el incumplimiento de la Ley (rule of Law) y, con el tiempo, se impone la tiranía de valores colectivistas, caracterizada porque todos los partidos políticos parten de presupuestos idénticos como, por ejemplo, el culto y endiosamiento del Estado, el ateísmo antirreligioso, las bioideologías, el socialismo de Mercado o, si se prefiere, el capitalismo de Estado, a favor de los privilegios de la casta política y de sus redes clientelares, y en contra de los derechos individuales y de las soluciones de libre mercado.

La actual crisis no es solo una crisis económica y financiera, sino que tiene una relación intensa con una crisis política, moral e histórica de las sociedades occidentales. Dalmacio Negro destacó cómo dicha crisis se observa en la cristalización y el aislamiento de la sociedad política, formándose una casta política al margen de la sociedad civil y, al mismo tiempo, extendiéndose entre los ciudadanos un intenso sentimiento de traición por parte de los dirigentes que, inmersos en los escándalos de corrupción, ejercen "potestas" sin contar con "autoritas".

Advirtió como "los cambios históricos son estéticos, de la sensibilidad colectiva hacia el Estado y las instituciones", si bien advirtió que "una situación prerrevolucionaria no siempre acaba en revolución como en la URSS o en China y puede crecer el Estado".

2. Involución institucional y corrupción generalizada en España

Después de más de treinta años de democracia parlamentaria, la crisis institucional se manifiesta en España con una involución de la Ley que ha involucionado el régimen político, desde la partitocracia iniciada en la Transición hasta la cleptocracia, con la corrupción extendida por todas las instituciones del Estado como prueba evidente del secuestro de la democracia (o poder del pueblo) por parte de una gran parte de la casta política, heredera de la dictadura, que deteriora y que incumple la Ley con total impunidad.

Como señala el catedrático Roberto Centeno asistimos a una crisis institucional irreversible que puede aniquilar las ventajas sociales de un país moderno, bien con la argentinización o la corrupción generalizada de España o bien, incluso peor, con la balcanización o la fragmentación y el enfrentamiento permanente en Reinos de Taifas autonómicos:

3.Evolución institucional y corrupción limitada por Ley

Ante las situaciones de crisis institucional, existen sólo dos alternativas, optar por mantener la corrupción institucional y mermar el crecimiento socio-económico por medio de la inacción y la permisividad frente al latrocinio de los clanes políticos y su adláteres, o bien impulsar una evolución institucional que intente minimizar la corrupción mediante un referéndum en donde todos los españoles mejoren la estructura institucional que instauró la Constitución Española de 1978, con un paquete de reformas "hayekianas" que arraiguen las soluciones de mercado frente al intervencionismo y profundicen en la democracia, transfiriendo el poder de decisión a los ciudadanos como forma de: garantizar la separación "real" de poderes, una verdadera independencia judicial y el cumplimiento estricto de la Ley, de modo que se minimice la corrupción de la clase política y sus redes clientelares:

 

  1. Independencia del Poder Ejecutivo. Sistema electoral a doble vuelta. En la primera vuelta, elección uninominal de cada parlamentario, en circunscripciones o distritos electorales no superiores a 200.000 personas.
  2. Independencia del Poder Legislativo. Sistema electoral a doble vuelta. En la segunda vuelta, elección uninominal del Presidente del Gobierno, en circunscripción nacional única, eligiendo entre los candidatos de los partidos políticos que hayan obtenido más de un 5% de los votos en la primera vuelta.
  3. Independencia del Poder Judicial. Elecciones de jueces por los ciudadanos o, en su defecto, por los propios jueces. En la mayoría de los estados de los Estados Unidos de América, los ciudadanos eligen a los jueces de condado, de distrito o, incluso, de la corte suprema de cada estado. Si se hace en la democracia norteamericana, también puede realizarse en Europa.
  4. Referéndum nacional con decisión adoptada por todos los españoles, vinculante y de obligatorio cumplimiento por el Gobierno en las decisiones transcendentales para el futuro del país como, por ejemplo: secesión de una región, aumento de impuestos, incremento del déficit presupuestario por encima del 3% PIB, aumento del endeudamiento por encima del 90% del PIB, aprobación del Código Penal o, por ejemplo, intervención en conflictos armados sin agresión ni coacción previas.   

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Iñaki Arteta y el crowdfunding: algo más que una herramienta económica

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Arteta sigue siendo un pionero, no sólo en lo que a temática se refiere, sino también en aquellos aspectos relacionados con la producción. Esta última tesis exige una serie de matizaciones que en última instancia ilustran el compromiso a ultranza y militante del director vasco con las víctimas de la barbarie etarra.

El nuevo documental se titulará 1980. No es un año o una cifra escogida al azar. Por el contrario, refleja una de las épocas más sanguinarias de ETA con casi 100 asesinatos, acompañados de secuestros, extorsiones y amenazas.

Arteta no lo ha tenido fácil para sacar adelante su proyecto, fenómeno que no es nuevo para él. En efecto, ante la ausencia de ayudas públicas, ha recurrido a la novedosa fórmula del crowdfunding, en función de la cual, mediante las donaciones de ciudadanos anónimos, ha reunido la cifra de 50.000 euros con los que empezará a costear el documental. Como puede observarse, una cantidad mínima, especialmente si la comparamos con las entregadas años atrás, en pleno apogeo y esplendor del zapaterismo, para hacer proselitismo ideológico de dudosa calidad.

Lo fácil por parte de Arteta hubiera sido iniciar un proceso de auto-victimización; sin embargo, ha optado por asumir la gravedad de la coyuntura económica y social por la que atraviesa España, algo que el clan de la ceja, cegado por el egoísmo, subordina a su interés particular.

Frente a las altas subvenciones de las que ha gozado el cine español entre 2004-2011, que no se tradujeron en éxitos en taquilla, Arteta viene siendo ninguneado (en ocasiones incluso descalificado) desde las poltronas instaladas en el buenismo sectario o en el sectarismo buenista. Se trata de un hecho que ya se percibió en sus anteriores obras Trece entre mil y El infierno vasco. Conseguir por parte del espectador una sala donde se proyectasen era casi utópico, aunque una vez logrado, el aforo estaba completo.

Desde buena parte de los medios oficiales y no oficiales se intentaron silenciar ambos proyectos, a pesar de la calidad de los mismos, reflejada, por ejemplo, en la ingente labor de documentación. Arteta nos ofreció el testimonio de víctimas del entramado etarra y nos describió la cruda realidad del País Vasco durante estas últimas décadas. Así, nos encontramos a familiares de asesinados o personas que debieron abandonar Euskadi ante la persecución de “los violentos” (generoso epíteto que se emplea para referirse de forma tan condescendiente como equidistante a quienes matan y amenazan).

Fueron dos brillantes trabajos que tendrán su continuación en 1980, obra de indudable valor histórico y pedagógico para las nuevas generaciones de españoles que no conocieron los denominados “años de plomo” de la banda terrorista y a los que se intenta ahora adoctrinar bajo el eslogan de “Eta ya no existe”. Este mantra, tan cacareado en los últimos tiempos, oculta una evidente rendición, al mismo tiempo que fomenta el intercambio de roles, de tal manera que los victimarios se convierten en las víctimas y éstas en culpables de que no haya “normalidad democrática”, expresión que prueba cómo el lenguaje puede ser adulterado a base de repetir machaconamente determinadas mentiras.

En consecuencia, quienes hemos seguido la trayectoria de Iñaki Arteta (acompañado de su socio Alfonso Galletero) estamos ansiosos de que 1980 vea la luz. Se tratará de una auténtica pieza de denuncia que definirá con precisión conceptos adulterados (como democracia o libertad), y todo ello sin recurrir a la bronca y al pancarterismo, como acostumbra un sector de la izquierda española, siempre pendiente de la foto y de reivindicar la memoria de etarras encarcelados, ¿verdad Willy y Pilar?

Ni transición ni nacional

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El concepto de nación es discutible en cuanto categoría antropológica, pero su existencia en el mundo actual, con España como uno de los más antiguos ejemplos –una de las cinco naciones fundadoras de la Cristiandad, junto a Alemania, Inglaterra, Francia e Italia–, es un hecho incontrovertible. De igual forma, se pueden escribir varios tratados sobre la democracia desde los más diversos puntos de vista y discutir sobre sus esencias, características y requisitos, sin que ello habilite para negar su vigencia como mecanismo de vertebración política.

Como explica Julián Marías en La estructura social, naciones como España han sido las unidades de convivencia durante toda la época moderna, mientras que las aspiraciones nacionalistas de regionalismos periféricos como el catalán son construcciones sociopolíticas recientes elaboradas ex novo por una élite gobernante, fundamentalmente para alcanzar el poder y mantenerse en él. Los actuales nacionalistas catalanes reconocen implícitamente el carácter ficticio de su proyecto (Marías lo llama "insuficiente") con esta conjura anticonstitucional que andan ahora organizando disfrazada de transición. Han estado más de treinta años llevando a cabo su labor de "construcción nacional", prueba evidente de que no existía tal nación, y una vez culminada la obra –fundamentalmente a base de negar a España, la nación a la que pertenecen– se disponen a realizar una asonada jurídico-política utilizando todos los medios ilegales a su alcance.

La solvencia de los protagonistas de la secesión tenía forzosamente que estar a la bajura del despropósito, con Mas y Junqueras como referentes intelectuales y ejecutores del proceso político más ruinoso organizado en Europa desde la Guerra de los Balcanes; una tarea que además tienen que acelerar para ocultar la corrupción galopante de su clase dirigente y preservar a ésta de desagradables encontronazos con la justicia todavía española. Lo más sorprendente es que este camino seguro al desastre se inaugura formalmente con el aplauso del respetable, convencido, entre otros disparates, de que los que le roban no son los dirigentes que manejan fortunas injustificadas en paraísos fiscales, sino el resto de los españoles, a los que deben abandonar cuanto antes mejor. En fin, cosas que ocurren en un sitio donde una película muda tiene todas las papeletas para ser elegida el mejor largometraje del año en lengua vernácula. 

Entre la corporación estatal y el sindicato

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Dentro del acelerado clima de descomposición de las instituciones estatales que se está produciendo en España, le ha tocado al Colegio de abogados de Madrid demostrar que las luchas por el poder no reparan en barras.

La sorprendente suspensión de la proclamación de los resultados de las elecciones celebradas el 18 de diciembre para renovar completamente su Junta de Gobierno, decidida por parte de la Comisión Electoral designada por el Consejo de colegios de la Comunidad de Madrid (del que forman parte los únicos existentes: Madrid y Alcalá de Henares) al tiempo que se acusaba de cometer irregularidades a la candidatura supuestamente vencedora encabezada por la Letrada Sonia Gumpert Melgosa, ha destapado el cajón de las luchas que se libran por el control de una corporación que ha manejado en el año 2012 un presupuesto de más de 85 millones de euros. Dada, por otro lado, la obligatoriedad de inscripción en algún colegio territorial para ejercer la profesión de abogado y la concentración en la capital de las sedes del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional, las cámaras legislativas de las Cortes españolas, así como de númerosos organismos públicos y empresas nacionales e internacionales, este colegio profesional cuenta con un número superior a los 64 mil abogados.

A la espera de la publicación oficial de los votos, llama la atención la escasa participación (según los avances, el 13,94 por ciento), aun siendo extraordinarios en términos históricos. Por las razones expuestas, los abogados constituyen un grupo heterogéneo de profesionales con un campo de actuación muy diverso en el que coexisten pocos despachos de abogados grandes y medianos con muchos pequeños e, incluso, individuales. Los incentivos para participar activamente en el gobierno de la corporación se limitaban a los abogados antiguos y a los grandes bufetes deseosos de alcanzar influencia y relaciones privilegiadas con los gobiernos y los jueces. Simultáneamente al incremento de la burocracia de las administraciones, los colegios de abogados abrieron la puerta a la contratación extralaboral de abogados para labores de apoyo, quienes, tarde o temprano, descubrían su interés en mantener en sus puestos directivos a sus pagadores. El secreto de la dilatada permanencia de muchos decanos en sus puestos residía en la habilidad para integrar en sus juntas de gobierno a miembros de distintos despachos influyentes (a menudo enfrentados, pero con intereses compartidos) mantener unas relaciones "fluidas" con los gobiernos de turno y aprovechar el voto cautivo de los integrantes de su propia burocracia. No debe perderse de vista que uno de los aspectos mejor guardados por los colegios de abogados ha sido el régimen retributivo de sus empleados, para lo cual han obtenido el respaldo de la Agencia de Protección de datos y de algunos tribunales.

 No obstante, la expansión del estado asistencial ha superpuesto a los anteriores un nuevo tipo de abogado que centra casi todas sus expectativas económicas en los ingresos que percibe por sus servicios para clientes de oficio. El modelo de asistencia jurídica gratuita instaurado por la Ley de 1996, que consensuó con las corporaciones implicadas el célebre Ministro de Justicia e Interior socialista Juan Alberto Belloch Julbe, delegó en los colegios de abogados la tramitación de los expedientes para la designación de abogado y procurador más allá de la tradicional asistencia al detenido y la justificación de las actuaciones que justificaban los pagos en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, los colegios asumieron el pago de los honorarios de los letrados incorporados voluntariamente a ese servicio, contando con las transferencias del Estado (o de las CCAA, donde éstas asumieron las competencias) y unos ingresos adicionales por la gestión delegada.

El incesante incremento del recurso a la justicia "gratuita" dejó pronto entrever las enormes dificultades para presupuestar el gasto, en un primer momento, y, dado el hundimiento de la recaudación de impuestos derivado de la recesión actual, su simple financiación. De ahí que los retrasos de meses en los pagos a esos abogados de oficio se hayan convertido en años. Obviamente, estas circunstancias han contribuído a la "sindicalización" de esos abogados. Si se confirma la victoria de la letrada Gumpert Melgosa, su éxito puede que tenga mucho que ver con un acuerdo con una asociación que se ha distinguido en las reivindicaciones de esos abogados y la asunción demagógica de aspectos de su programa que exigirían reformas legislativas.

Más allá del desenlace por el control del gobierno del colegio de abogados más importante de España, el futuro de esta profesión tan intervenida depende ahora de la aplicación de una ley de acceso a la Abogacía que impuso para acceder a la condición de abogado la superación de un máster, la realización de prácticas en un bufete de abogados y la aprobación de un examen. El verano pasado se prorrogó su entrada en vigor dos años más, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, de manera que los licenciados en derecho que se incorporen a un colegio se librarán de esa barrera a la entrada de nuevos abogados durante ese tiempo.

Por mi parte, pienso que deben ser los clientes quienes elijan al abogado que quieren. El límite debe ser, lógicamente, que los profesionales hayan aprobado los estudios de Derecho. No apoyo la idea de que existan requisitos adicionales obligatorios para ser abogado, incluida la obligación de colegiación. Las facultades de derecho de las universidades deberían competir por atraer a los mejores estudiantes subiendo el nivel de los estudios.

 De este modo, los abogados tendrían que competir por los clientes informando sobre su formación y cualificación profesional. Dentro de esta información resultaría importante lo relativo a: 1) La facultad de derecho donde consiguieron el título 2) Notas y calificaciones 3) Estudios posteriores y 4) Experiencia profesional.