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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

La ceja reaparece (nunca se fue)

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Que la crisis económica actual se está cebando sobre los más débiles es algo que no admite discusión. Aumenta el número de familias que viven situaciones dantescas, donde el paro es sólo la punta del iceberg. Se trata de un escenario que debería servir para sumar esfuerzos, nunca para minar al gobierno de la nación, cuyo partido ganó por mayoría absoluta las pasadas elecciones de 20 de noviembre.

Sin duda alguna, estos resultados ofrecían el mejor caldo de cultivo para que "el clan la ceja" dispusiera de munición durante cuatro años para vender toneladas de su moralina particular. Este grupo nunca juzga el contenido de la oración, sino el sujeto de la misma. El sectarismo es su leit motiv y a quien no comulga con sus ideas, se le desprecia. Dicho con otras palabras: no se le considera representante de la cultura y, si además en alguna etapa de su vida había mostrado sentimientos pro izquierda, se le etiqueta como traidor.

Sin embargo, mientras un sector importante de la población española opta por alejarse de la política, considerando a los representantes de la misma como los culpables de la crisis, nos encontramos con este otro, más minoritario pero muy mediático. Los integrantes del otrora clan de la ceja se hallan sin su referente ideológico natural, José Luis Rodríguez Zapatero, al que "sorprendentemente" no citan en ningún momento, pero tampoco culpabilizan de nada.

El recuerdo del ex presidente, no obstante, sí que permanece puesto que el clan hace suyas las manidas expresiones de aquél (por ejemplo, España plural). Para ello, apelan a su (supuesta) superioridad moral sobre el resto de mortales, lo que les legitima para definir lo correcto e incorrecto, el bueno y el malo.

Así las cosas, el clan de la ceja ha irrumpido cual tsunami mediático; de hecho, bien podríamos decir que se ha convertido en la verdadera oposición, repitiendo mantras y lemas caducados, en algunos casos propios de latitudes no especialmente amigas de las libertades. Todo es válido con tal de socavar al gobierno, siempre y cuando éste sea de derechas. Sin embargo, sus argumentos son débiles y no por repetidos se convierten en verdad absoluta como a ellos les gustaría. Arremetidas contra el capitalismo, utilización indiscriminada y vacua del término neoliberal o empleo del término derecha como algo peyorativo son algunos ejemplos.

Aun así, lo que más llama la atención es su autodenominación: "mundo de la cultura", que de todo sabe y de todo opina. Uno de los últimos temas sobre los que se ha pronunciado es la embestida independentista de Artur Mas, realizando una defensa a ultranza del federalismo, por lo que sería conveniente pedirles una definición de esta forma de organización política. Las respuestas podrían llenar un libro que llevara por título "tratado de la anti-Ciencia Política", sobre el cual, naturalmente, cobrarían derechos de autor. Cuando de dinero se trata, en este grupo los traumas ideológicos se diluyen cual azucarillo.

También curioso es cómo estos millonarios se erigen en los portavoces de los más perjudicados por la crisis. Tampoco debe pasar desapercibido su victimismo ni su poco "talante" para encajar los reproches. La autocrítica no tiene cabida en su diccionario. Ninguna exigencia de responsabilidad hacia los subvencionados sindicatos se les conoce.

De cara al 14 de noviembre, la ceja es firme partidaria de la huelga general, cuando hace un año se adherían al lema "esto lo arreglamos entre todos" (al que deberían haber añadido "siempre y cuando gobiernen los nuestros"). Con su apuesta por la huelga, que evidentemente no mejorará la situación económica de España, se busca única y exclusivamente desgastar al gobierno, apelando al pancarterismo de años no lejanos. Para este grupo, el fin justifica los medios y si hay que enfrentarse a las fuerzas de seguridad, se hace, pero con cámaras delante, que así pueden seguir reivindicando lo demócratas que son.

Crímenes sin víctimas, prohibiciones que las causan

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La dimensión adquirida por el estado, también en democracia o especialmente en ella, incrementa el número de grupos interesados en fomentar la idea de que un círculo de funcionarios, que unen algo de ciencia simplificada y mucha pretenciosidad, es capaz de definir qué necesita cada uno de los individuos que componen el ámbito de población que gobiernan. Cuanto mayor sea la creencia en esa capacidad, mayor será su estatus económico y de poder. La realidad es muy tozuda y la pretensión de omnisciencia se resquebraja masivamente cuando suceden periodos de profunda crisis, como la actual, donde los economistas del mainstream, asociados a los políticos que compran sus productos, muestran con más claridad su ignorancia. La arrogancia fatal hace aguas también en muchas otras áreas en que se deja ver.

La premisa inicial de que debemos partir al tomar en cuenta cualquier modo humano de actuar es el carácter inerradicable del error. Todo proceso evolutivo es tal en virtud de las características concretas que el conocimiento tiene: limitado, disperso, tácito y no siempre articulable, lo que trae como consecuencia que las acciones humanas tengan una considerable carga de error y que la perspectiva humana sea, siempre, incierta. Esto que, junto con la complementaria concepción subjetivista de la acción humana, constituye el avance más sustancial en las ciencias sociales, es espuriamente encubierto, una y otra vez, por los planificadores gubernamentales.

Las víctimas masivas de todo ello son los individuos en cuanto tales, y se benefician los que están en el negocio de lo público, los cuales, en su balance particular de pérdidas y ganancias, se consideran satisfechos. Las invasiones del ámbito de lo privado son contraproducentes, dada la naturaleza humana, siempre, y no solo cuando hay una cadena de intereses afectados, como en el ejemplo de la contaminación ambiental.

Un caso poco cuestionado en que se invade la soberanía del individuo es el de los llamados crímenes sin víctimas. Siempre ha habido penalizaciones públicas a unos u otros de esos actos individuales, aunque el presunto perjuicio del mismo no recaiga más que en quien los lleva a cabo. La tradición de invasión de la libertad en este tipo de acciones es larga. Las justificaciones son tan antiguas como nuestro pasado tribal y, a pesar de haberse roto algunos moldes colectivistas, los antiguos castigos a la llamada conducta inmoral se han reinstaurado sobre conductas casi similares, pero por motivos diferentes. En unos casos, se ha sustituido una moral puritana religiosa por una de otro tipo y, en otros, el argumento seudosanitario ocupa el mismo lugar que el religioso y para los mismos fines restrictivos.

Si diéramos por refutados los motivos moralistas, asunto fácil en una sociedad suficientemente abierta, nos quedarían los relativos a la salud y al delito concomitante al tipo de "vicios" a que nos referimos. Empezando por el segundo, la doctrina comúnmente aceptada vincula la delincuencia, la esclavitud y el crimen organizado o esporádico a la práctica de la prostitución y al consumo de drogas. Sin duda es muy sencillo asociar causalmente dos hechos que se dan con bastante correlación sin tener en cuenta otros factores que están presentes. Es evidente que la criminalidad de ambas actividades no es ajena a las restricciones que se les impone o a su inserción en el código penal, a pesar de lo cual todas las campañas contra ellas obvian este dato crucial. ¿En qué queda, por tanto, la supuesta omnisciencia de los gobiernos? Sin duda se muestra inexistente.

Siendo lógicos y exigiendo a los políticos, a los moralistas de todo tipo y a los sanitaristas que lo sean, podríamos aplicar a otras actividades el argumento por el que se prohíben esas dos. Por ejemplo, a la política. Lo mejor es formularlo así: dado que el empleo corrupto de los cargos públicos en España ha avanzado considerablemente en los últimos diez años, es necesario perseguir la actividad política. Y si, avanzando en la argumentación, se adujera el su carácter "indispensable", en lugar de discutir lo discutible, podríamos señalar la contradictoria legalidad de producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas. A estos argumentos, nada que decir; solo se aportan juicios emocionales vinculados a prejuicios insostenibles. De nuevo la ostentación de sabiduría, ciencia y omnisciencia por parte de políticos y funcionarios queda en entredicho.

En el caso específico de las drogas se añade el inequívoco deterioro de la salud del drogadicto. Excluyamos de esta consideración los efectos sobre el comportamiento delictivo para financiar el mercadeo y el consumo, teniendo en cuenta que la mera prohibición, persecución y penalización de todo lo relativo a los estupefacientes dispara su precio exponencialmente y somete a los agentes del mercado de la droga a situaciones de alto riesgo con fuerte incentivo para cometer delitos, tal y como ocurrió en los EEUU durante catorce años.

El 16 de enero de 1920 Estados Unidos incurrió en uno de los mayores desaciertos de su historia: aquel día entró en vigor la Volstead Act o ley seca, que impulsó el consumo de alcohol, tanto el contrabandeado como el elaborado en los hogares y destilerías clandestinas. Toda prohibición incurre en un encarecimiento del producto, un aumento de los beneficios con concomitante aumento de la oferta, y nunca una reducción de la demanda. Si estos son los efectos de la prohibición de un estupefaciente, ¿cuál es la razón de que esta se mantenga en otros?, ¿la omnisciencia del político, quizá, por razones a las que nadie más es capaz de acceder?

De esta manera solo queda aducir que el perjuicio para la salud del adicto podría justificar el prohibicionismo dictado por el Estado. En ese caso, se expone, el gobierno debe evitar que el propio individuo se perjudique a sí mismo y, para eso, prohíbe. Dado este planteamiento, ¿podríamos aplicarlo a otros casos? Sí, podemos hacerlo: al alcohol, en primer caso. Sucede que es un tipo legal de estupefaciente cuyo consumo, en la mayoría de los casos, no implica ningún desastre para la vida productiva y social de la mayoría de individuos que lo consume, y que es claramente equiparable al caso de las drogas ilegales. La prohibición del alcohol tiene en su favor que está inserto en la cultura occidental y que, de ser ilegalizado, produciría idénticos desastres sociales que las drogas, aunque si no se acepta su prohibición es porque se ha vinculado su consumo a multitud de ganchos económicos, emocionales y culturales. Nada se dice sobre el segundo argumento, mucho más objetivo para no darle al alcohol el mismo tratamiento que a las drogas ilegales.

Y si tratáramos el tema de la prostitución, nos toparíamos con una similar vinculación con la delincuencia. La censura o restricción solo precariza su práctica, y fomenta que las empresas dedicadas a producir el servicio y contratar a las profesionales sean mafias que no respetan la libertad de contratos entre la empleada y la empresa. Desmontada la teoría de la relación intrínseca entre prostitución y delincuencia y excluido el argumento sanitarista (¿es malo para la salud comprar o vender favores sexuales?, ¿no se dan intercambios de los mismos fuera del ámbito de la prostitución establecida como tal?) no queda nada más que el moralista cuya refutación es, por evidente, innecesaria.

Sean motivos religiosos, místicos, seudocientíficos o relativos a una difusa salud social, lo cierto es que no cabe aducir daño alguno a terceros para penalizar la prostitución, las drogas y, en general, la disponibilidad sobre el propio cuerpo y la propia vida decidida libremente.

La adicción al Gobierno

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario.

¿A qué eres adicto? ¿Internet, tu smartphone, tu nueva serie de televisión…? Durante el último siglo han sido unas cuantas las nuevas adicciones inexistentes antes. Como por ejemplo, nuestra adicción al azúcar, cuyo incremento en el consumo ha sido inversamente proporcional al valor del dólar. El mundo cada vez consume más azúcar, y emplea dólares con menor valor.

El Gobierno americano en ambas catástrofes como imprescindible no puede negarse, embarcándose desde los años 50 aproximadamente en la tarea de demonizar políticamente la grasa (y, de rebote casi inevitable, recomendando una dieta alta en carbohidratos; la propia FDA en 1986 exoneraba al azúcar de cualquier mal), y, en cuanto al devaluado dólar, inundando el sistema con billetes emitidos por la Reserva Federal (ente gubernamental), creada en 1913.

Dado que además las subvenciones a las industrias que crean alimentos inflamatorios son incalculables (la tríada hipersubvencionada del maíz, trigo y soja), los precios de tan poco saludables alimentos permanecen artificialmente bajos. Y puesto que como hemos visto se ha producido una constante pérdida de valor adquisitivo del dólar (no distinto ha sucedido en Europa), los ciudadanos con pocos ahorros y bajos salarios se ven más abocados a tener que consumir trigo, soja, maíz y otros derivados subvencionados. Todo ello por no mencionar el efecto inflación (al inundar el sistema de billetes o dinero de nueva creación) que disparará los precios relativamente más en alimentos como carnes, pescados o verduras. Otro empujón para que los pobres no salgan del pasillo del pan, pizzas, bollos y aceites vegetales.

Pocas cosas creo que son casualidad. Y quizás no lo sea que los gobiernos occidentales hayan promovido alimentaciones tan nefastas. Con ello, nos han inflamado no sólo el cuerpo, sino especialmente nuestros cerebros, para así poder seguir, como si nada, capitaneando la alianza que el Gobierno ha sellado por debajo de la mesa con el complejo bancario-farmacéutico-militar.

No es cuestión de que no haya bancos, sino de que éstos no dispongan del privilegio político-gubernamental de por ejemplo prestar el dinero en depósito a la vista de los ahorradores (lo cual acaba creando dinero de la nada, burbujas artificiales y finalmente crisis dramáticas). No es cuestión de que no haya compañías farmacéuticas, sino de que éstas no disfruten de tan enormes privilegios político-gubernamentales; al acabar pagando los gobiernos gran parte del coste farmacéutico para reducir el precio final, el incentivo de las farmacéuticas es servir al proceso político antes que al consumidor-paciente. Hasta tal punto los gobiernos han engrandecido el establishment farmacéutico, que ahora son los políticos quienes están a su servicio (las farmacéuticas, en sus enormes cuarteles de Washington, amenazan a los congresistas y senadores que pasan leyes que les perjudican con arruinarles su carrera simplemente inundando de donaciones a sus futuros contrincantes en su distrito o condado en las próximas elecciones). Esto es, hoy los gobiernos arrebatan dinero a los contribuyentes para pagar los fármacos, los enormes cuarteles farmacéuticos encargados de hacer presión y campaña política en Washington (o en Bruselas), y las eventuales amenazas cumplidas en forma de donaciones millonarias a los contrincantes de quienes osen cuestionar el monopolio farmacéutico. Porque, no lo olvidemos, lo contrario a la libre competencia no es la solidaridad, no, sino el monopolio.

Y lo mismo cabría decir del complejo militar. No es cuestión de que nadie nos proteja. Pero ¿el Gobierno es un buen protector y, es más, es deseable un monopolio de la protección (el Estado)? Los gobiernos, que imprimen a antojo dinero en sus Bancos Centrales, creen con ello poder sufragar todos los gastos militares. El Estado, como decía un pensador, muestra en la guerra su más pura naturaleza, reluctante de poder, en número, en orgullo y en dominación absoluta de la economía y la sociedad. En la antigüedad, solía diferenciarse entre las sociedades comerciantes y las sociedades guerreras. Clásicos, aunque no exactos, son los casos de la comercial República Romana frente al guerrero Imperio Romano, o la comercial Atenas frente a la militarista Esparta. O rememoremos la gloriosa época de las ciudades-estado comerciales de la Baja Edad Media europea que terminó haciendo brotar el Renacimiento. Donde prima el comercio libre, prima la paz. Y donde se prepara la guerra, se acaba la libertad económica y todas sus corolarias (todas son una: no puede haber libertad de prensa y expresión si los medios de comunicación no son privados y libres; no puede haber libertad sexual si está perseguida la actividad económica de la prostitución; no hay libertad religiosa si no puedes abrir tu comercio un domingo -un día no festivo para los judíos-, etc.). Las grandes guerras y conflictos bélicos que en el mundo han sido no han tenido como protagonistas a Ford, General Motors, El Corte Inglés, Harrods, Repsol o Coca Cola, sino a los gobiernos.

Si mañana El Corte Inglés quiere amenazar a Mercadona, lo último que se le pasaría por la cabeza es bombardear todos sus supermercados. En primer lugar, el coste no parece muy asumible. Aunque lo fuera, lo que menos le puede interesar es que la respuesta de Mercadona sea bombardear en justa represalia los centros de El Corte Inglés. Esto sí sería un coste absolutamente inasumible, pues supondría la bancarrota total de El Corte Inglés, que soporta una inversión billonaria en infraestructuras. Es decir, el poder económico nunca se dirime en términos militares, porque la propia lógica económica aborrece la guerra (cuestión distinta es cuando el poder ‘económico’ se alía con el político). "Si las mercancías no pueden cruzar las fronteras, lo harán los soldados", hacía notar un pensador francés del XIX remarcando la oposición entre el comercio y la guerra. Aparte de todo lo mencionado, pensemos en el consumidor, ¿cuál sería el prestigio e imagen de una marca que se embarca en agredir físicamente de forma abierta a sus competidores? Por el contrario, el poder político (uso de la fuerza, el monopolio, la coacción) se siente fuertemente atraído para dirimirse en términos militares. Quien hace la ley (el político) se la hace para sí mismo… Siguiendo con los ejemplos, si El Corte Inglés mañana bombardea a un competidor comercial en Afganistán, justamente los directivos de aquel serán juzgados y encarcelados. Sin embargo, si mañana un Gobierno bombardea Afganistán nos tenemos que poner muy serios y graves a analizar sesudamente la cuestión y todos los factores socio-político-estratégicos involucrados, para posiblemente concluir que todo se debe al justo y recto fin de extender valores superiores como la libertad (sólo para los más necios dejo la ridiculez de que las guerras son brutales o humanitarias en función de si el gobernante es conservador, progresista o mediopensionista). Aparte de lo extraño que es extender la libertad a base de bombas, está la cuestión de si los ciudadanos de A desean en efecto que se bombardee el territorio de B.

Dado que el tema me da más de lo que suponía, sigamos el razonamiento un poco más. ¿Y si mañana sale un Hitler, otro Bin Laden? Todo esto me recuerda a una cita de un político libertario americano de los 80 que decía que "el gobierno es experto en una cosa: romperte las piernas, darte después una muleta, y decir ¡lo ves, si no fuera por mí, no podrías andar!". Y lo explico con claridad. Es un asunto público que Bin Laden fue un producto de EEUU en tanto éste le armó junto con grupos afganos árabes y muyahidines en los 80 como contrapeso a la Unión Soviética. Por otro lado, para entender el ascenso de Hitler en los años 30 hay que entender la 1ª Guerra Mundial y especialmente el Tratado de Versalles de 1919 que le puso fin. En realidad, la 2ª Guerra Mundial que estalló en 1939 puede verse como una poco evitable continuación de la 1ª. La clave está en el Tratado de Versalles, que humilló por completo a los alemanes y les obligó a pagar unas sumas impagables. La humillación sociopolítica se unió a la hiperinflación alemana en los años 20 como consecuencia de los gastos militares previos más el querer pagar las deudas a que Versalles les obligó (es decir, imprimiendo billetes a diestro y siniestro, con la consiguiente devaluación del marco alemán, la escalada de precios y la inflación brutal). Todo esto hizo posible el surgimiento en los años 20 del nacionalsocialismo de Hitler.

Si EEUU no hubiera entrado en 1917 en la 1ª Guerra Mundial (no tenía por qué, puesto que sus intereses no estaban en peligro alguno ni fue agredido) y sobre todo no se hubiera forzado a Alemania a asumir el humillante e incumplible Tratado de Versalles, Hitler no habría probablemente existido. Y si la CIA en los 80 no hubiera tenido la ocurrencia de entrenar y armar a Bin Laden y su séquito en los 80, no habría sido peligro alguno en los 2000. Con lo cual vuelvo de nuevo al tema de la guerra. No sólo los gobiernos y el poder político son los máximos protagonistas de la guerra, el militarismo y la agresión, sino que en no pocos de los casos en que parece casi inevitable su actuación, en realidad, lo es por culpa de ese mismo poder político y gobiernos por actuaciones anteriores. No por casualidad los países con gobiernos más limitados y autolimitados (en recaudar, gastar y regular) y donde la libertad comercial florece (Suiza, Andorra, Lietchestein, Luxemburgo…), la guerra y el militarismo brillan por su ausencia.

Así que hagamos la paz, nunca la guerra. Para ello es necesario mantener alejado al Gobierno (y los políticos) de nuestras vidas, urgiendo la devolución a la sociedad (mercado) de todas las competencias que se han arrogado los Gobiernos, y no dar más poder, competencias ni dinero a gobierno alguno con independencia de su color, tamaño u orientación. Y de nuestras mesas y cocinas. Porque no es cuestión de encontrar gobernantes buenos, ni sabios, ni eficientes. Porque no hay nada más sabio, moral y eficiente que las relaciones voluntarias y pacíficas. Ningún político ni sus adláteres te van a enseñar nunca la libertad. Porque si no, no les considerarías necesarios. Y tampoco podrían seguir con sus guerras, atiborrándote de pastillas que te medio matan lentamente, de comida basura para enfermarte el cerebro y rescatando a bancos y bancos con dinero creado de la nada con el que acaban esquilmando (vía inflación, es decir, pérdida de poder adquisitivo) a los más pobres. Y todo ello gracias a ti, que trabajas el 40% de tu tiempo, tus horas a la semana, tus semanas al año… durante toda tu vida, no para ti ni tu familia, sino para esos políticos y burócratas que han venido a saquearte, enfermarte y convertirte en cómplice de guerras y dramáticas crisis. El tan cacareado Bienestar del Estado no es más, finalmente, que el más gigantesco invento de marketing político jamás ideado para parapetarse en la depredación, esquilmación y subyugación de la sociedad civil a manos del Estado.

Pero ya se sabe, todo esto, todo, es por su bien. Vote, calle y pida que el Estado le dé más y sea más grande. Seamos todos yonquis del Gobierno de turno. Hasta que nos aplaste.

"La democracia es tener un aparato de radio, y ser forzado a escuchar a Justin Bieber, sin más alternativas, simplemente porque es lo más mayoritariamente popular".

Referendos constitucionales

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Todavía calientes los resultados de las recientes elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, una cuestión política trascendental apremia: La necesidad de una reconversión profunda de un régimen político podrido, asentado en abundantes mentiras (algunas tan siniestras como la autoría de los atentados del 11-M) y que hace tiempo se ha convertido en el mayor lastre para la libertad y el bienestar de los españoles individualmente considerados.

Con todas sus imperfecciones, el estamento político español se ha demostrado particularmente reacio a defender el estado de derecho, pues durante años cada una de sus banderías ha elegido cumplir solo las reglas que le convenían de la constitución de 1978 y violar aquellas que resultaban contrarias a sus planes de ocupar el poder. Obviamente, sin ninguna consecuencia judicial, puesto que la curia sometida "únicamente" al imperio de la Ley, según el artículo 117.1 de esa constitución, en realidad forma un apéndice por cuotas de ese opaco estamento partitocrático.

Podría debatirse largo y tendido sobre cuáles han sido los factores que han llevado directamente a la situación presente. Incluso habrá muchos que centren su atención en los experimentos posmodernos del chamán y su camarilla del PSOE, quien, después de impulsar reiteradas vulneraciones de las leyes, disfruta a costa de los españoles de un puesto como miembro vitalicio de una institución tan prescindible y redundante como el Consejo de Estado. Sin embargo, la inanidad y la incompetencia, cuando no la complicidad, de quienes les sucedieron en el PP, tras las elecciones generales del año pasado, no les hace mucho peores.

En una situación política tan abierta, debe responderse al órdago lanzado de forma conjunta por los partidos nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. En medio de la vorágine de noticias e instantáneas, los medios de comunicación que solo reflexionan sobre lo que pasa el día anterior (o en la posguerra, claro) no resaltan que esos fanáticos nacionalistas sostienen unas ideas claramente fascistas, mantenidas con una coherencia y perseverancia notables, frente a la frivolidad de los llamados partidos mayoritarios. Durante años, con pasos hacia la superación de la legalidad y paradas tácticas (unos pocos días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco), su estrategia ha sido clara: subvertir el orden constitucional en el que participan para, consiguiendo cuotas de poder, clientelas y el dominio de la educación y los medios de comunicación, horadarlo desde dentro y alcanzar la independencia antes o después "como sea". Por el camino, han compartido sustanciosos botines de la corrupción político mercantil común en toda España, pero esa es otra historia, relacionada con lo anterior…

Así las cosas, no debe temerse una discusión sobre la independencia, cualquiera que sea el significado que esta idea tenga en términos prácticos para quienes proclaman su voluntad de someterse, empero, a las directrices de la Unión Europea. Por el contrario, la casta política debe a los españoles (entre quienes se encuentran por derecho propio catalanes, vascos y gallegos) un debate monográfico sobre esta cuestión como paso previo a otra serie de reformas constitucionales. Ha hurtado demasiadas veces el debate público al mismo tiempo que por detrás (reforma del estatuto de Cataluña y otros) subvertía una legalidad que parte del presupuesto histórico de considerar a España como nación. Para muchos extranjeros resultará una muestra más de nuestro pintoresquismo (¿mayor que el de los británicos?), pero los españoles contemporáneos podemos (y debemos) discutir (y decidir) si procede trocear en estaditos ese otro mayor que ha sometido nuestras vidas durante tanto tiempo. Todo ello a pesar de que la nación a la que pertenecemos había surgido -de acuerdo, pudo ser de otra manera en algún momento del siglo XVII- mucho antes de que el convaleciente Sabino Arana aprendiera sus primeras frases en vascuence, Joan Maragall compusiera su "Oda a Espanya" o Murguía lanzara sus embates racistas a los pocos gallegos que quisieron escucharle en el siglo XIX. Nos guste o no, esa identidad nacional fruto de una larga evolución nos distingue de otras naciones y así puede percibirse objetivamente, a poco que uno salga de su particular aldea.

No obstante lo anterior, si los españoles queremos demostrar que hemos llegado a altas cotas de civilización, a pesar del maniqueísmo imbécil destilado en las grutas de la propaganda nacionalista, debemos exigir a los gobernantes que los términos de ese debate sigan los cauces de la legalidad constitucional refrendada hace treinta y cuatro años. Las reglas de convivencia pacífica de una sociedad libre deben reformarse o mantenerse de acuerdo con las normas vigentes y no imponerse por vías subversivas o coactivas. Por lo tanto, por una vez, y, acaso para que sirva de precedente, no puede aceptarse el planteamiento de una de las partes interesadas de esa casta política, esto es, el anuncio de convocatoria de un referéndum ilegal y tramposo por parte del presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, máximo representante del Estado en dicha Comunidad autónoma hasta, al menos, las elecciones del próximo 25 de noviembre.

Antes al contrario, de acuerdo con la constitución (Art.92) y la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum, "todos los ciudadanos españoles" son el cuerpo electoral que tiene derecho a participar en un referéndum consultivo sobre una cuestión tan crucial: Nada menos que la alteración de la comunidad política sobre la que se asienta la propia constitución y el ordenamiento jurídico.

Por otro lado, tiene todo mucho sentido que todos los españoles sean consultados sobre la pertinencia o impertinencia de que determinadas partes de España se separen para formar nuevos estados. Después de tantos años de pactos secretos y enjuagues en la trastienda, bajo los que los políticos han escondido sus planes reales, resulta necesaria una clarificación de posturas. Si las viejas preguntas de quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos cobran palpitante actualidad, todos tienen derecho a dar su opinión. Para expresarla con todas sus consecuencias no necesitan de la interpretación que avispados iluminados otorguen al "espíritu del pueblo". El gobierno debería estimular los debates públicos pacíficos y garantizar la libertad del voto, así como los habituales mecanismos contencioso-electorales velar con especial celo por la limpieza del resultado. En las últimas elecciones, el 34´17 por ciento de los vascos y el 37´20 de los gallegos se abstuvieron de votar a ningún partido. ¿Cabría una abstención similar en un referéndum sobre la concreta cuestión de la independencia de sus respectivas comunidades?

En consecuencia, a mi modesto entender, de acuerdo con el procedimiento constitucional, la pregunta que debería formularse en la convocatoria de referéndum por parte del Rey, a propuesta del presidente del gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los diputados, debería ser la siguiente:

¿Aprueba Vd.la independencia de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Galicia del resto de España?

En cuanto a la fecha, frente al ciudadano Mas, yo prefiero la primavera de 2013. No entiendo la necesidad de aplazar una consulta tan urgente. Asimismo, tengo preparado mi voto negativo para tal eventualidad, aunque, cualquiera que fuera el resultado, creo que, a continuación, dentro de un proceso de reforma constitucional posterior ineludible, los liberales deberíamos contribuir para que los proyectos colectivistas pergeñados hasta ahora en España cedieran paso a un estado mínimo… de Derecho.

Razones para no seguir los resultados electorales

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

El pasado domingo, los vascos y vascas, gallegos y gallegas, como diría un político “progreta”, acudieron a las urnas a expresar su voluntad. Periódicos, radios, televisiones y redes sociales se volcaron en el seguimiento de los resultados. Pero yo decidí dedicar mi domingo a cualquier otra cosa. Me sobraban las razones.

La pantomima electoral

Disfrazada de sacrosanta democracia, los ciudadanos, informados o no, acuden a depositar su voto. Y frente a quienes creen que deberían estudiar los programas electorales, informarse de qué propone cada cual, etc., yo creo que, dado que en este país mentir en campaña no es mentir, da lo mismo. Se vota al que mejor mienta, al que lo haga a tu favor, o al que creas que miente menos. Y no pasa nada. Al parecer, tampoco es para tanto. Nos toman el dinero de la cartera mientras nosotros nos dejamos como madres benevolentes (e irresponsables) que hacen la vista gorda cuando el hijo les “sisa” dinero en las vueltas de la compra. Eso sí, nos hemos empobrecido casi un 40% según dicen los expertos, moneda a moneda, y ese dinero que ya no tenemos no está en hospitales, carreteras o tejido industrial. Se evaporó en votos comprados a golpe de subvención y privilegio.

Además, los ciudadanos votan en un sistema electoral que es manifiestamente deficiente, penaliza a los pequeños nuevos, y perpetúa el bipartidismo. Quien pone la norma electoral se lleva el gato al agua. No es nuevo, también lo hacen los propios partidos en su organización interna. Manipulan para que salga el/la candidato/a que debe. Y si no, pues directamente designan al más conveniente. ¿Por qué iban a estar dispuestos a exponerse aplicando un sistema electoral diferente pudiendo asegurarse el escaño?

El significado de las elecciones vascas y gallegas

Tanto en el caso del País Vasco como en Galicia, se trata de elecciones anticipadas por razones que no han quedado del todo claras. Lo más probable es que, como indica el instinto de los analistas políticos, ninguno de los presidentes autonómicos quieran afrontar los recortes y prefieran ceder la batuta para que se queme otro, o bien emprender lo que sea pero reforzados.

Pero en el panorama político nacional, no es relevante si a Feijóo le queman en una pira por recortar, sino que el déficit se ajuste al previsto por Bruselas y el Gobierno. Le pese a quien le pese, las autonomías son importantes en cuanto que nos conducen al abismo. Los focos ahora mismo están en el rescate o “eso que ustedes llaman rescate”, el ajuste al déficit, los presupuestos, la destrucción del euro, y cuestiones macro en los que el País Vasco, Cataluña, Andalucía o Galicia no dejan de ser “un problema regional de España”.

Una comunidad autónoma tendrá atención periodística si es capaz de chantajear al Gobierno para conseguir más dinero. Algunas lo hacen como la Cataluña de Mas. Pero incluso si gana Bildu las elecciones (aunque sea moralmente) y ya son dos las partes de España dispuestas a poner su poder político particular por delante del interés de los españoles (e incluyo a vascos y catalanes), Bruselas no desaparece, ni la deuda, ni el Memorando de Entendimiento. Así que Rajoy habrá de respirar hondo y dar un paso al frente.

Todos ganan, todos pierden

Sea como fuere, bien en la semana de Halloween y de don Juan Tenorio, o más tarde, Rajoy tomará la decisión de reclamar el dinero de la banca concedido por Europa y, tal vez, pedir un rescate general para activar que el Banco Central Europeo compre deuda soberana. Si, como opina Huw Pill, economista jefe de Goldman Sach para Europa, lo peor está por llegar porque la recesión se quedará con nosotros también en el 2013, las reclamaciones independentistas van a tener poco sentido. Especialmente si, como pretende Mas, la separación debería producirse en el 2014… una vez pasado el temporal, pero el ingreso del fondo de rescate autonómico ha de ser inmediato.

Mientras los políticos autonómicos parecen jugar a superman, los políticos europeos ya han inventado la manera en que van a evitar ser salpicados por el temporal español: el default interno. Para el 2013, según parece, la deuda viva interna en manos domésticas (tal y como sugiere Daniel Lacalle) será el 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay impagos, atrasos, problemas… el globo nos estalla en la cara. Y habrá quiebra interna. Y entonces sí que vendrá el hombre del saco a rescatarnos.

Escocia, Quebec y la claridad

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Durante años, los guías de los autobuses turísticos de dos pisos de Edimburgo explicaban que, cuando Escocia recuperase la independencia, el Parlamento sería un edificio en Calton Hill, la Old Royal High School, de aspecto señorial y, bueno, parlamentario. Sin embargo, en cuanto se supo que finalmente habría necesidad de tener un edificio, el laborista escocés encargado del asunto decidió que lo mejor era construir uno nuevo, que encargaron a un arquitecto catalán. Con toda la intención. La mala intención.

Los nacionalistas escoceses tuvieron como objetivo conseguir el estatus de Cataluña, dado que ellos no disfrutaban de autonomía; y cuando la consiguieron era mucho menor que la catalana. Por las mismas razones, rara vez los catalanes se han puesto como meta ser Escocia. Sin embargo, las tornas han cambiado con el acuerdo alcanzado por David Cameron y el nacionalista Alex Salmond para celebrar en el antiguo reino un referéndum independentista en 2014, cuando se cumplen 700 años de la batalla de Bannockburn, que el australiano Mel Gibson dio a conocer a todo el mundo. Ahora, los catalanes quieren ser escoceses y compartir con ellos algo más que la fama de tacaños.

Antes, el sueño era Quebec. En la provincia canadiense hubo dos referendos por la independencia. El último, en 1995, estuvo a un punto porcentual de lograr su objetivo. Pero hace ya más de una década que la opción independentista se sitúa en los alrededores del 40%, lo que en buena medida explica por qué no se han hecho más intentos. Pero eso es sólo parte de la explicación. También tiene mucho que ver la claridad.

Y es que uno de los trucos de los independentistas es trucar de partida cualquier consulta. Fíjense si no en la engañosa pregunta que Mas quiere plantear en su referéndum:

¿Desea usted que Cataluña sea un nuevo Estado de la UE?

Lo de la Unión Europea es una engañifa, pues eso dependería, claro, de la voluntad de una Cataluña independiente por volver a entrar en aquélla… pero también de los países que ya la conforman, empezando por España. De modo que podría salir el sí y que Cataluña se independizara pero no entrara en la UE.

Aun así, la pregunta de Mas resulta prodigiosamente clara si se compara con la que estuvo a punto de triunfar en Quebec:

¿Está usted de acuerdo con que Quebec acceda a la soberanía tras haber efectuado una propuesta formal a Canadá de una nueva forma de asociación económica y política dentro de lo previsto en la ley que se refiere al futuro de Quebec y en el acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?

Tras aquello, el Tribunal Supremo canadiense fijó en 1998 las condiciones que debería tener una consulta independentista para ser válida. Los principios rectores serían los de claridad y contundencia. Tanto la pregunta como el resultado habrían de ser claros y contundentes. Para asegurarse de ello, la provincia secesionista y el Gobierno central deberían ponerse de acuerdo tanto en la pregunta como en los votos necesarios para darla por convenientemente respondida.

Le habrá pasado en su comunidad de propietarios. Bueno, quizá no a usted personalmente, pero en todo caso lo habrá oído. Una minoría muy persistente quiere algo. Se le niega en una reunión, se le niega en otra… hasta que al final, en una con un quorum menor, logra su objetivo, aunque sea por un voto; y eso vale más que todas las negativas precedentes. Algo similar podría suceder en este caso. Si el resultado fuera favorable a la independencia sería irreversible; si fuera negativo, habría que seguir votando. Para evitar este problema, en Quebec la mayoría debía ser mayor al 50% para que no hubiera dudas sobre la voluntad secesionista de la ciudadanía. Y para que quedara claro qué votaba cada uno, la pregunta debía ser del tipo: "¿Quiere que Quebec sea un nuevo Estado independiente y separado de Canadá?"; es decir, una pregunta clara y concisa, que no dejara lugar a dudas.

Canadá formalizó esta sentencia en 2000 con la Ley de Claridad, que cristalizaba estas reflexiones en su preámbulo:

El hecho de descartar la posibilidad de entablar una negociación sobre la secesión a menos que ésta cuente con el apoyo de una mayoría clara, y no incierta y frágil, pone de manifiesto que la secesión se considera un acto grave y probablemente irreversible, que afecta a las generaciones futuras y que tiene consecuencias muy importantes para todos los ciudadanos del país que, de ese modo, quedaría escindido. La pregunta formulada en el referéndum también debe ser clara, ya que es evidente que sólo una pregunta que aborde verdaderamente la secesión permitiría saber si los ciudadanos la desean realmente.

La ley establece límites a los posibles textos. Así, estipula que la mayoría que vote sí deberá superar no sólo un porcentaje (a negociar) sobre el total de los votantes, sino sobre el total del censo; que, en caso de tener éxito la secesión, deben asegurarse los derechos de los ciudadanos que no la desean en el nuevo país independiente, así como una división justa de activos comunes –como en el caso de España pueda ser la Seguridad Social–. Desde su aprobación, no se ha intentado celebrar referéndum alguno en Quebec.

El nacionalista Alex Salmond es un político hábil, pero David Cameron no lo ha hecho mal. Ha logrado que sólo se pregunte por la independencia, y que la pregunta sea clara, frente a la pretensión de Salmond, que piensa que para 2014 no habrá una mayoría independentista pero sí una que le permita exigir más autonomía, por eso pretendía colar ambas opciones en la pregunta.

La crisis ha hecho crecer el sentimiento independentista en Cataluña. Sin embargo, no me cabe duda de que una consulta bajo las condiciones establecidas por la Ley de Claridad canadiense fracasaría, especialmente si se celebrara una vez hubiéramos salido de la crisis. En el País Vasco, pese a los previsibles resultados electorales del domingo, seguramente el no tendría aún más fuerza.

Curiosamente, alrededor del 25% de los canadienses está a favor de la expulsión de Quebec. Algunas encuestas sugieren que hay más gente en Inglaterra deseando librarse de los escoceses que independentistas en la bella pero pobre y dependiente región del norte. No he visto que aquí se nos haya preguntado si consideramos que los catalanes no merecen ser españoles. No estaría de más.

Propiedad intelectual, nacionalización del lenguaje y censura estatal

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Que, tras la satrapía comunista cubana, el Gobierno de Ecuador es el mayor enemigo de la libertad de expresión en América es un hecho innegable. El cierre de decenas de radios y televisiones, con la excusa de la democratización de los medios, es prueba palpable de ello; así como las condenas por distintos motivos a periódicos y periodistas críticos con Rafael Correa. Este último ha conseguido situarse muy por encima de sus propios compañeros del Socialismo del Siglo XXI, como Hugo Chávez o Evo Morales, ambos con un muy triste historial en la materia.

Pero no sólo su capacidad represora en lo que a libertad de expresión se refiere diferencia a Correa de sus aliados del ALBA (con la excepción de unos hermanos Castro que siguen superándole en todo lo que consista en reprimir a la sociedad civil y a los ciudadanos). También destaca sobre el resto, incluyendo aquí a los Castro, por su inteligencia y su gran capacidad imaginativa a la hora de idear métodos para conseguir sus objetivos.

Buena prueba de esto último es el más reciente método elegido para ejercer la censura: apelar a la propiedad intelectual. El Gobierno de Correa consiguió que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPE) aceptara el registro por parte del Estado de las expresiones "30S", "30-S" y "Prohibido Olvidar", todas ellas referidas a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que desde el Ejecutivo de Quito es considerada un intento de golpe de Estado.

 A partir de ahora, según un comunicado del IEPE, los tres términos señalados "forman parte del patrimonio del Estado y fueron solicitados para identificar servicios o campañas específicas". Por lo tanto no podrán ser utilizados por particulares, medios de comunicación ni organizaciones de la sociedad civil de tipo alguno. Se trata, en definitiva, de una nacionalización de una parte del lenguaje en beneficio del Gobierno de Correa.

Es cierto que se permite la utilización de las expresiones patentadas "mientras sea de buena fe y no constituya un uso que lesione este derecho, cualquier persona puede hacer uso de la expresión (este uso de buena fe es cuando no ocasiona confusión, asociación o engaño en el público consumidor)". Sin embargo, con una Justicia cada vez más al servicio del poder político, en última instancia tan sólo se aceptará la existencia de "buena fe" en los casos en que Correa y los suyos lo decidan. En cualquier caso, y ante el miedo a posibles represalias "legales", algunos medios y usuarios de redes sociales han preferido dejar de utilizar los términos en cuestión.

El caso es todavía más sangrante si se tiene en cuenta que no son expresiones ideadas desde el Estado. Tanto 30-S como 30S surgieron de las redes sociales. En al menos uno de los casos está identificado el usuario de Twitter que por primera vez propuso utilizarlo, el español Eduardo Arcos (@earcos). Sin embargo, eso no importa para un Gobierno enemigo de la libertad, que lo que busca es restringir la capacidad de acción de los ciudadanos, incluso en el uso del lenguaje. Si la Casa Blanca tratase de registrar 11/9 (11-S) o La Moncloa 11-M o 23-F, la indignación sería generalizada, y con razón.

Dentro del absurdo, esta nacionalización de una parte (por pequeña que sea) del lenguaje permite observar al menos dos cosas importantes. Por una parte, demuestra que la denominada propiedad intelectual puede dar lugar a numerosos abusos contra el conjunto de los ciudadanos al dar, mediante la coacción estatal, el monopolio de ideas de todo tipo a determinadas personas, organismos o instituciones. Por otra, refleja de forma nítida que, a la hora de reprimir la libertad, hay gobernantes que no tienen límites en su imaginación. Correa destaca entre ellos.

La economía del emparejamiento

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

 El que corta los trozos de la tarta es el último en escoger. Un heredero fija el precio que considera justo, y el otro decide si compra o vende. Son estrategias que contribuyen a que un conjunto de personas tomen decisiones que se acerquen a una idea de justicia, que sean eficaces y que eviten conflictos. Los dos economistas que se han llevado el premio Nobel este año, Lloyd Shapley y Al Roth, no trabajaron estas pequeñas estrategias, sino el diseño de un modelo que permita, en situaciones muy diversas, facilitar que se encuentren la oferta y la demanda. Es el noveno año en el que se otorga este premio a algún teórico que ha hecho contribuciones a lo que se llama teoría de juegos. Lo cual no muestra otra cosa que las preferencias de la academia sueca.

Lloyd Shapley, junto con otro economista, David Gale, propusieronun algoritmo (entre nosotros: un conjunto de instrucciones) que facilitase el encuentro de los oferentes con las preferencias de los demandantes. Lo llamaron algoritmo de la aceptación pospuesta(deferred acceptance algorithm, si lo quiere buscar en inglés). Su mecánica no es complicada. Imaginemos a Shapley y Roth observando a un grupo de hombres y mujeres que buscan emparejarse entre sí. Las mujeres que reciban más ofertas que las que puedan aceptar (nuestros castos economistas dicen que una) no se lanzan a escoger su preferencia, sino que la posponen. Y empiezan por rechazar a los primeros que quieren descartar. Éstos, entonces, hacen nuevas peticiones, dentro de las opciones que les quedan, lo que a varios les llevará (la búsqueda de pareja es así de cruel) a nuevos rechazos. Varios hombres van encontrando a la mujer que más desean dentro de las que les dan su aprobación. Y si alguno queda sin pareja en una primera ronda se hace una segunda, una tercera y las que se tercien. El ejemplo puede ser un poco frívolo, pero se aplica a los portales de búsqueda de pareja.

Gale, cuya salud, que se quebró en 2008, no permitió llevarse el Nobel, y Shapley demostraron en su artículo que este algoritmo lo da una solución en la que un hombre y una mujer preferirían estar juntos antes que con las parejas que han elegido.

Al Roth, un ingeniero que se pasó a la economía sin salir de la teoría de juegos, ha aplicado este algoritmo a la vida real. Por ejemplo, la asignación de plazas de hospital a médicos se empezó a complicar en los años 70 porque aumentaba el número de matrimonios de médicos, que querían encontrar la mejor opción para cada uno de ellos pero dentro de la misma ciudad. También la ha aplicado a la donación de órganos. Hombres o mujeres que donarían un riñón a su pareja, pero que resultan incompatibles. La asignación de plazas de colegios o universidades es otro ámbito al que se ha aplicado.

A eso se le ha llamado diseño de mercados. Los que comparten las mejores ideas sobre la economía desconfían, en primera instancia, de algo que merezca ese nombre. Pero, como decía Henry Hazlitt, hay una planificación pública de la economía, aunque los agentes privados también planifican. Los hallazgos de Lloyd Shapley y Al Roth son un instrumento que puede ser útil al ciudadano para organizar mejor su vida. No necesariamente con la ayuda de la mano muerta del Estado.

La secta socialista de Saint-Simon

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

 Tras luchar a favor de Estados Unidos al lado de Lafayette en la Guerra de Independencia norteamericana y de beneficiarse de la venta de bienes de la Iglesia durante la Revolución Francesa, se casó sin amor, pero con sentido de la oportunidad, con una escritora que animaba sus reuniones y tenía muchos contactos. Para los científicos de principios del XIX, tener un buen “salón” era la mejor manera de difundir sus ideas y encontrar promotores. No funcionó. Tras el divorcio ella se casó con un barón del ejército ruso y él quedó arruinado.

A partir de 1817, Saint-Simon tuvo como secretario a Auguste Comte, fundador del positivismo y de la sociología. No deja de ser curioso que Comte le dejara en 1824 por los modos aristócratas de quien sería para algunos “el último gentilhomme y el primer socialista”.

Sus ideas abogaban por una sociedad progresista e industrial. Preconizaba el culto a la ciencia, en el más puro sentido religioso, como si Dios hubiese sido sustituido por la ley de la gravedad. Su idea de la sociedad mezclaba dos aspectos fundamentales: el concepto de red, tal y como en aquella época se entendía en biología o anatomía (el sistema nervioso, la circulación sanguínea…) y el impacto de la industrialización. No en vano había estudiado un curso de Física en la Escuela Politécnica de París y biología y fisiología en la Escuela de Medicina.

El progreso humano vendría de la mano de la industria y el Estado. Los hombres se asociarían en total igualdad, sin privilegios. Cada cual podrá subir en la escala social por sus méritos con tal de que su trabajo sirviera de algo y aportara algo a la sociedad.

Murió en 1825 pobre como las ratas. Su familia no fue al cementerio, donde se celebró una pequeña ceremonia civil en la que sus pocos pero acérrimos seguidores (Enfantin, Comte y Olinde Rodrigues entre otros) pronunciaron discursos en su honor.

Estos mismos discípulos fundaron, siguiendo la senda del maestro, una secta, la de los saintsimonianos, de corta vida. A pesar de su trayectoria tan limitada en el tiempo, el alcance del saintsimonismo fue inusitado: el ministro de finanzas Michel Chevalier, el propio emperador Louis Napoleón Bonaparte, los anarquistas colectivistas Fourier y Proudhon, los hermanos y banqueros Perèire entre otros sucumbieron a la influencia de esta nueva doctrina que idealmente llevaría al hombre a su plena realización.

Nunca imaginó Saint-Simon que llegaría a montarse una iglesia en su nombre. Fueron Enfantin y Bazard a propuesta de Rodrigues quienes, el día de Navidad de 1829, en el piso de la calle Monsigny de París, fueron designados como “Padres Supremos, tabernáculos de la Ley suprema”. En esta época de la calle Monsigny la secta alcanzó cierto renombre dentro y fuera de las fronteras de Francia. Pero las cosas se salieron de madre.

Los seguidores de Saint-Simon se decidieron a llevar hasta las últimas consecuencias las ideas del “maestro” y establecieron la secta en Ménilmontant, antes pueblo cercano a París y ahora barrio integrado en la capital de Francia. Vestidos con un hábito o uniforme, compuesto por pantalón blanco, camisa interior blanca con ribete rojo y chaqueta de trabajo azul, se llamaban “hermanos” entre ellos y ponían en práctica las ideas saintsimonianas. Cada día estudiaban astronomía, geología, física, música y geografía con el maestro “padre Enfantin”. Dos veces en semana abrían las puertas de la finca al púbico para que se contagiaran del fervor socialista. Llegaron a visitarla diez mil franceses en un domingo. El misterio de sus rituales y su fama de excéntricos (ganada a pulso) despertaba la curiosidad de los paisanos.

Por descontado, las autoridades francesas, en esos años de revueltas, revoluciones y bullicio ideológico, estaban deseosos de encontrar una razón para desmontar aquella extraña comunidad.

La excusa la encontraron en la defensa del feminismo de esta secta. No solamente vivían en igualdad de condiciones con las mujeres en Ménilmontant sino que además defendían la igualdad de derechos civiles y la libertad sexual de la mujer. La asociación de la idea de mujer libre a mujer pública fue lo que llevó al comisario de Belleville, llamado Maigret, como el famoso comisario de novela negra, a irrumpir en Ménilmontant con cien soldados y detener a cuatro cabecillas en 1832.

Ahí acabó la aventura, pero no el influjo de Saint-Simon. Los mejores ingenieros, banqueros, periodistas y políticos del último tercio del siglo XIX fueron saintsimonianos. La primer mujer que obtuvo el bachillerato en Francia, lo consiguió en 1861 gracias al apoyo de ellos.

A pesar de luchar contra el individualismo ideológico, su búsqueda individual les permitió encumbrarse en puestos de relevancia y fomentar las grandes infraestructuras públicas internacionales, financiadas por una potente banca y alimentadas por el mercado libre, como el Canal de Suez, o el sueño de Michel Chevalier: el ferrocarril transeuropeo. Fue, probablemente, el origen del socialismo mercantilista que domina la Europa actual, inviable sin iniciativa individual, como la que llevó a sus fundadores a establecerse en Ménilmontant o a ayudar a una periodista económica a estudiar bachillerato.

Un país de pijoflautas

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El reciente auto del juez Pedraz justificando las algaradas infantiles de los que querían acabar con la democracia ha sorprendido sólo por su procedencia, no porque el contenido difiera de lo que piensa la parte más numerosa de los españoles, que es, como ocurre en los países civilizados, justamente la que no paga impuestos.
Es éste último un dato capital, porque el pensamiento pijoflauta del que hizo gala el juez de la Audiencia, quintaesenciando el sentir popular, exige para ser coherente que el sujeto esté a salvo de las medidas que apoya simbólicamente o pregona con violencia, pues en caso contrario no sería pijoflauta sino directamente gilipollas. Que son dos condiciones compatibles, está claro, pero, viendo las imágenes de sus intentos de asalto al congreso, no parecía que entre la multitud más activa hubiera muchos tontos de baba.

Estos movimientos naif de radicalismo arcaizante que pretenden refundar la democracia se componen básicamente de jóvenes desoficiados y, en mucha menor medida, de jubilatas. Los primeros ya no reciben el justiprecio de su vagancia que las familias y un estado providente les facilitaban en el pasado, y los segundos entienden que, con jóvenes de por medio, las protestas no sólo son más entretenidas que pasar la mañana viendo las obras del metro, sino un ejercicio rejuvenecedor, y encima si tienes suerte igual hasta ves alguna teta.

¿Qué tienen en común estos dos grupos humanos, núcleo duro de los movimientos alterdemocráticos? ¡Exacto! Ni unos ni otros pagan impuestos. Es cierto que junto a ellos aparecen personas de mediana edad llevadas a extremos de desesperación a consecuencia de la crisis, pero su protesta sincera difiere en que quieren un puesto de trabajo, no implantar el socialismo para que todo seagratis, como defienden los que manejan el cotarro.

El pijoflauta hace suyo el discurso que, hasta que comenzó la crisis, era patrimonio del perroflauta avant la lettre, mucho más respetable porque conduce su vida de acuerdo a lo que proclama. En cambio, durante las acampadas de la Puerta del Sol, el año pasado, ya podía verse a cientos de jóvenes de familias bien que estaban allí simplemente porque aquello tan colorido y populoso les parecía superfuerte, tía, o sea. Superado aquel sarampión madrileño, y a falta de saber si las hordas neodemocráticas podrán culminar este otoño con éxito su intento de remedar al general Pavía, la ciudad más pijoflauta de España, y probablemente del mundo, es Barcelona. Allí los perroflautas uniformados incendian el material urbano y se enfrentan a la policía, mientras una legión de pijoflautas, formada por la clase media ilustrada, con trabajos altamente remunerados y altos impuestos –lo que resulta ya delirante–, les aplaude y anima desde las ventanas de sus despachos de lujo. En todos los sitios pasan cosas parecidas, pero las escenas de combate de los indignados de Barcelona están todavía muy lejos de ser superadas.

Localismos al margen, la exigencia transversal de este movimiento es que se ponga fin de una vez a las reducciones de gasto público; quieren que el Estado mantenga todos los servicios gratuitos (sic) y dedique mucho más a ayudar directamente a los necesitados –entre los que se incluyen, obviamente–, en lugar de reducir el déficit, como demandan Bruselas, el BCE, el FMI y demás lacayos del capitalismo de obediencia talmúdica.

Si se eliminan los recortes presupuestarios y el Estado tiene que gastar todavía más de lo que lo hace, ¿cuál es la consecuencia lógica? Pues una subida brutal de impuestos. Claro, que a los promotores del pijoflautismo, como es natural, eso no les afecta.

Lo más raro de todo este asunto es que le tengan tanto odio a Rajoy, que si por algo se está caracterizando es por hacer precisamente lo que el indignado exige en sus proclamas: pocos recortes y muchos impuestos. El día que hagan su primera declaración de la renta, a muchos de estos pijoflautas se les caerá la cara de vergüenza. Eso sí que va a ser superfuerte, tíos. O sea.