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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Libertad, propiedad y vínculos sociales

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Más sociedad puede implicar menos necesidad de Estado, sin duda. Pero no necesariamente cualquier tipo de institución social no estatal supone que la libertad esté garantizada. La libertad está estrechamente vinculada a la voluntariedad y el centro decisorio de esta es el individuo. Praxeológicamente es este quien define fines y selecciona medios, y moralmente solo existe una sociedad libre no solo cuando el Estado es mínimo o inexistente, sino cuando las instituciones no estatales de carácter coercitivo, o este aspecto de ellas, son débiles.

En la evolución social existen instituciones tradicionales que han jugado un papel muy importante en cuanto que aportaron mecanismos "entre el instinto y la razón" de elevada eficacia para el desarrollo. Y no cabe duda de que muchas de esas instituciones han estado en relación de relativa complementariedad con la que se puede considerar más importante en el proceso de civilización: la propiedad privada. Pero que determinadas instituciones que se hayan mostrado eficaces en ciertas etapas no las consagra como eternas ni como las mejoras defensoras de la libertad.

Las familias en sentido amplio han jugado y siguen jugando un papel muy importante en este sentido. Han sido estructuradoras de las propiedades y en muchos casos se vinculaban a ellas más que a los individuos concretos que las componían. La vida del individuo en estas instituciones familiares fuertes estaba bajo una protección y unas posibilidades de desarrollo que no eran posibles fuera de ellas.

No obstante, la fortaleza de esta institución estaba vinculada también al escaso desarrollo de esa otra, la de la propiedad privada, cuyas potestades estaban restringidas precisamente por la gerencia familiar de la misma. Es así que con el desarrollo de la propiedad privada y su mayor vinculación al individuo, la libertad se presenta con otras opciones. La cooperación voluntaria, de esta manera, se desvincula del concepto fuerte de familia y se facilitan asociaciones voluntarias de individuos que estructuran una sociedad no estatal más libre. Los individuos, sin dejar de hacer girar su vida alrededor de comunidades afectivas familiares, dejan de sentir a estas como coerciones a su vida y desarrollan sus proyectos vitales asociándose con individuos que comparten sus propios y mucho más variados fines.

Las sociedades más libres, por tanto, no son solo las que tienen menos Estado, sino las que han llegado a un grado de evolución social en el que determinadas instituciones tradicionales, o más bien, en el que el componente coercitivo de las mismas tiene menos peso.

Cuando, por lo tanto, se habla de la catástrofe que supone la crisis de la familia tradicional o del debilitamiento de ciertas obligaciones sociales religiosas tenemos que mantener la perspectiva de que tales instituciones también han de evolucionar a la par de la complejidad de la propiedad privada y de la liberación del individuo como eje decisorio moral de su destino.

Estado omnipresente

Escrito por Raquel Merino Jara en . Publicado en Análisis diario.

Son muchos los muros mentales que los individuos derriban cuando cambian su concepción del mundo (cosmovisión). Algo parecido recuerdo que me sucedió a mí cuando allá por 1996, en un curso de verano de la entonces Cánovas del Castillo, apareció Jesús Huerta de Soto blandiendo loas al anarcocapitalismo. Aquello no me convirtió políticamente en nada, pero fue tal el shock que recibí que me hizo ver que el “sistema” en que vivimos es un marco político, o sea, humano, que normalmente asumimos por defecto, pero que, por el contrario, hay que poner en cuestión y observar con el máximo recelo. Ya llegaba con la idea de que el liberalismo era un buen camino, máxime para una persona solitaria, poco gregaria y nada “igualitarista” –en tanto observadora de la variedad de personalidades y fines en los seres humanos–, pero el problema, descubrí allí, es el Estado: el Estado omnipresente.

Ese Estado que recibimos por defecto penetra por todos los poros de nuestra piel y no somos conscientes de ello hasta que algún shock derriba nuestro muro mental. Por supuesto que sabemos que está ahí, pero lo creemos imprescindible y, sobre todo y peor aún, totalmente neutro. Lo asumimos, en suma, como una institución en el sentido de Menger. Como el lenguaje, las buenas (o malas) maneras, el Derecho, el folclore, el mercado, etcétera. Muchas discusiones hay, por cierto, respecto de si una institución que se deriva de hechos violentos se puede concebir como tal según la visión mengeriana. A mí se me antoja que separar lo “violento” de lo “no violento” en el origen de una institución cuya evolución está influida por interacciones de miles de personas a lo largo de mucho tiempo es más que difícil, pero los amigos del sólo vale lo “blanco” o lo “negro” seguramente lo tengan más claro. Tan sólo pensemos en los idiomas. Mucha tela que cortar…

Así que, como norma “particular”, reflexiono sobre esto como cuando los hijos, al alcanzar su pubertad, se rebelan contra los padres (o los mayores), a quienes precisamente increpan por educarles en el uso de unas instituciones que ellos no han creado. Este espíritu de derrumbar muros es ideal, en especial, si se trata de “instituciones” perversas que contribuyen a la desintegración de los lazos pacíficos que estrecharían los seres humanos caso de serles permitido. Hablamos de enfrentarse al poder: a aquellos que ejerzan coacción sistemática, institucional.

Los incentivos perversos que genera el Estado son innumerables a múltiples niveles. Que haya un 25% de desempleo en España no se debe sólo a la crisis. Italia acaba de alcanzar su cifra récord de casi el 11%. En Irlanda, se mueve en cerca de un 15%, y en Portugal es de un 15,4%. Así no hay manera de que el Estado español recaude ni de que se aligere de gastos sociales, como las prestaciones por desempleo. Recordemos que España está en el puesto 36 del Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation), por detrás de Jordania, Botswana, Georgia o Emiratos Árabes Unidos. Creamos o no en estos índices, éste tiene la virtud de destacar elementos clave que apuntalan la libertad económica, como son el “rule of law” (derechos de propiedad y baja corrupción), gobierno limitado (gasto público y libertad fiscal), eficiencia regulatoria (libertad empresarial, laboral y monetaria) y apertura de mercados (libertad comercial, de capitales y financiera). No nos extraña, viendo estas categorías, estar donde estamos en España. Pensemos, por otro lado, que el sistema productivo en España –y en cualquier otro lugar– no crea sólo dos facciones enfrentadas: personas productivas y clase política. Podríamos identificar al menos hasta cinco: productivos, adormecidos, clase política, lobbies (incluyendo sindicatos, funcionarios, etc.), parásitos. Quiénes están soportando el peso de las reformas fiscales de “a una subida de impuestos por mes”, los dos primeros grupos. Los primeros lo harán… hasta que aguanten. Los capitales (no sólo de ellos, sino de políticos y lobbies) ya están huyendo. Y las personas acabarán yendo detrás de su dinero buscando mejores destinos para crear riqueza, encontrar oportunidades y no ser expoliados. Los adormecidos empiezan a espabilar porque la presión derivada de su endeudamiento, los despidos y la dictadura fiscal es ya insoportable. Sobre qué acaben haciendo, dependerá en buena medida de qué discurso abracen en su despertar. Y en ésas estamos.

Este es un país que nunca ha querido trabajar. Y en este país en plena liquidación, aún menos. Estamos ante un juego de suma negativa, porque la tarta mengua a marchas forzadas. Cada día es más pequeña. Cada día, la deuda se come más producción presente y futura. Y la producción presente y futura, a fecha de hoy, no deja de encogerse. Estamos ante un sálvese quien pueda, un esquilmar a propios y extraños (a los dos primeros grupos, principalmente) a sabiendas de que el pastel se está consumiendo. No es de extrañar. Quien nunca ha sabido ni querido producir, siempre ha buscado esto. Pero antaño la tarta aún parecía crecer. El statu quo estaba servido entre fuerza productiva, parásitos, lobbies y Estado, que tenía sus arcas a rebosar. Y ahora qué pasa, los que sólo consumen y nada producen siguen haciendo aquello en que se especializaron tiempo atrás, pero ahora los nervios, el ansia por trincar y las malas expectativas futuras les llevan a blandir derechos sociales y luchar entre ellos como fieras para repartirse lo que quede del pastel. Y los demás, a verlas venir. A buscar planes B, economías sumergidas o lo que sea.

El Estado, históricamente, se ha movido en varios niveles. Obviamente, no hemos llegado hasta aquí, hasta este colapso del Estado de Bienestar, de un día para otro. En su refundación, se trató de un estado gendarme (o “estado mínimo”), guardián del orden público. La Revolución Americana de finales del XVIII es un buen ejemplo de ello. Otra Revolución de la misma época, la Revolución Francesa, sentaría los posos del segundo estado, el estado democrático o social, que se desarrollaría enormemente ya en el XX.

En 1913, Leon Duguit, líder de la Escuela de Derecho Público de Burdeos, definió los servicios públicos como: “toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por los gobernantes, porque es indispensable para la realización y desarrollo de la interdependencia social y porque es de tal naturaleza que no puede ser asegurada completamente más que por la intervención de la fuerza gobernante”. Esta definición es pertinente en tanto da cabida a casi cualquier cosa, como ha acabado por suceder.

Se ha puesto en bandeja la legitimidad de la tiranía a que estamos sometidos. Mientras dé el presupuesto, mientras no se destruya absolutamente el tejido productivo y unos puedan seguir viviendo de los otros, los tentáculos del poder lo asumirán todo.

De esta forma, llegamos al último paso que el Estado acabó por dar impulsado por la anterior Gran Depresión: el “estado planificador o regulador”. Controlar la moneda, intensificar y optimizar (a ojos de la Hacienda Pública) el sistema fiscal y dirigir la economía eran el último reducto que les permitiría penetrar aún con más fuerza en el sistema productivo nacional y ganar tiempo para que unos sigan viviendo de los otros, con el soporte teórico y científico de aquello que en realidad sólo sale de las vísceras: institucionalizar la rapiña, el colectivismo y el resentimiento ante el éxito de nuestro vecino. De este tercer estado, surge el servicio público de carácter económico: eléctricas, transporte, telefonía, espacio radioeléctrico, etc. Servicios públicos, pues, son todos: sanidad, justicia, policía, educación, pero se sumaron a los anteriores los de carácter económico, principalmente, desde mediados del XIX, alternando desde entonces fases de privatización, pero por medio de sistemas concesionales, y nacionalizaciones.

A partir de aquí, el engaño, a saber, los muros que han esculpido en nuestro cerebro en piedra, ha sido apoteósico. Muchos se han llegado a creer que porque una empresa deje de ser de titularidad pública ya no es servicio público, o, como los llaman ahora para suavizar el impacto y confundir aún más, servicio de interés general. Incluso muchos piensan que siendo ciertos servicios de titularidad privada, pero no recibiendo transferencias públicas, entonces ya no se puede hablar propiamente de que son monopolio legal. La clave no es, aun siendo importante, sólo lo anterior: titularidad y transferencias públicas. La clave para determinar que un servicio de carácter económico está siendo ofrecido en régimen de monopolio estatal legal es el tercer factor: la regulación. No nos olvidemos de la tercera clase de estado: el “Estado planificador, regulador y redistribuidor”.

Esto es fundamental debido a que la propia legislación, que en muchos casos se enmascara como leyes de competencia, procura promover dos resultados: redistribución de la riqueza y de la propiedad. De nuevo, limitaciones a nuestras libertades como individuos productivos o consumidores. Piénsese en la regulación de horarios comerciales para favorecer a los pequeños comercios. Los hipermercados o los comercios son a priori privados (no titularidad pública); además, no se transfiere dinero público a los pequeños comerciantes para compensarles porque el “pez grande se come al chico”. Lo que se hace es regular en favor de los pequeños. Qué coste para el consumidor: mucho porque no puede probar alternativas que pudieran serle de mayor utilidad (y a menor coste). Pero qué coste para el contribuyente: aparentemente, ninguno. Cuál es el problema entonces. Riqueza y propiedad. Cómo se articula la distribución de la riqueza a gran escala: se encamina de hipermercados y consumidor al pequeño comercio. Cómo lo hace la distribución de la propiedad: los comercios –sea el que sea– no pueden explotar su equipo capital tanto como desearan. ¿A quién pertenece ese local en realidad?

Lo mismo si hablamos de urbanismo y los límites a las alturas de viviendas, por ejemplo, en Madrid. O la catalogación de suelo urbano frente a rústico. O la legislación laboral. O la prohibición de fumar en la hostelería… O tantas y tantas cosas. La arbitrariedad es brutal.

Y de esta arbitrariedad regulatoria que fagocita y anquilosa todo el sistema productivo (recuérdese el Índice de Libertad Económica) tampoco querrá la clase política desprenderse en estas épocas de vacas exiguas. Porque sólo devolviendo propiedad y dejando que la riqueza se encamine a sus legítimos dueños en tanto los consumidores rubrican con sus compras una propuesta de valor exitosa del productor, se podrá volver a la “senda del crecimiento” (según jerga política al uso). Crecimiento que ayudaría a recaudar más y gastar menos a la propia Administración, vaya por delante. Pero no, seguirá exprimiendo limones (agentes productivos y despistados) hasta que no haya una gota que extraer para mantener este cambalache de parásitos y jetas (hasta la próxima devaluación previa salida del euro). Estado omnipresente.

¿Democratización de los medios? Liberticidio de la expresión

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Tras participar el pasado 10 de julio en el programa ‘Agenda’ de Deutsche Welle para analizar la petición de asilo político en Ecuador por parte de Julian Assange, recibí un curioso y significativo mensaje de correo electrónico enviado por alguien que daba un supuesto nombre, Martina Solis, pero no identificaba desde qué país escribía ni dónde trabajaba. Tras reprocharme mi supuesto desconocimiento de “las realidades” de América Latina, finalizaba con una frase esclarecedora:

“Con sus palabras creo menos en la libertad de expresión que usted pregona y creo más en la libertad que trabajamos desde nuestra región, claro está, nosotros no trabajamos en los medios privados”.

Esa era la clave de su molestia. Yo había defendido el valor de hacer públicas las informaciones que los gobiernos quieren ocultar a los ciudadanos, por insulsas o insignificantes que puedan ser, y había denunciado los reiterados ataques de Rafael Correa a la libertad de expresión en su país. Había recordado que, con un discurso de “democratización” de la información, el Ejecutivo ecuatoriano ha clausurado desde inicios de este año veinte medios de comunicación. La excusa es el impago de licencias, pero hay más. De otro modo no se entendería que para cerrar las emisiones la policía haya irrumpido en algunos casos en las instalaciones de una emisora lanzando gases lacrimógenos y se hayan requisado los equipos técnicos.

Esta es sólo una de las técnicas utilizadas por Correa, Chávez y otros presidentes aliados suyos para cercenar la libertad de expresión. Por no salir de Ecuador, aunque en otros países vemos casos parecidos, podemos citar algunas de dichas técnicas: fuertes condenas impuestas por un poder judicial cada vez menos independiente a medios y periodistas críticos, como la sentencia contra El Universo y varios de sus responsables; imposición de límites legales a los temas que se pueden tratar en los medios durante la campaña electoral (censura que ha obtenido el visto bueno de la Corte Constitucional) o la proscripción de entrevistas a medios privados ofrecidas por miembros del Gobierno. Por supuesto, todo eso combinado, al más puro estilo chavista, con largas conexiones televisivas en las que el presidente insulta y amenaza a todos aquellos que le critican, incluyendo los medios de comunicación. En una de sus intervenciones por televisión, Correa llegó a romper en directo un ejemplar del diario La Hora con el argumento de que “ahora sí tendrán motivo para quejarse”.

Todo eso se disfraza, se aliña, con el discurso de la democratización de los medios, muy repetido desde hace años por personajes como Correa, Chávez, Evo Morales y otros. Por supuesto, aquí se tergiversa el sentido originario de la palabra “democratización” para hacerle significar algo diferente de lo que quiere decir.

Para los gobernantes bolivarianos, esta supuesta “democratización” implica un ataque desde el poder político contra los medios privados y toda iniciativa surgida de ciudadanos que no esté controlada por el poder privado. Se quiere hacer creer (y en esa idea se fundamenta parte de los artículos de la nueva ley de medios que se debate en Ecuador) que las radios, televisiones y periódicos en poder del Estado o de organizaciones supuestamente ciudadanas controladas por el partido gobernante son democráticas, mientras que aquellos que son propiedad de empresas o inversores privados están al servicio de espurios intereses oligárquicos (como si no hubiera una oligarquía más tiránica que la del PSUV de Chávez, el MAS de Morales o la Alianza PAIS de Correa y su control del Estado). Pero la realidad es muy diferente. Pretende atacarse uno de los fundamentos de la democracia, que no es otra que la libertad de expresión, y a aquellos que están dispuestos a replicar un discurso oficialista destinado a afianzar a unos gobiernos cada vez más autoritarios e, incluso, totalitarios. La supuesta ‘Martina Solis’ cuyo correo electrónico citaba al principio de este artículo expresaba de forma muy clara el pensamiento de los Gobernantes bolivarianos. Frente a la auténtica libertad de expresión ellos creen en una supuesta “libertad” en la que trabajan. El problema es que esta última no es tal, sino tiránico liberticidio.

Ingeniería económica ecuatoriana al servicio de la teocracia liberticida iraní

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Al amparo de la verborrea incendiaria que caracteriza al Chavismo, lo que le hace acumular protagonismo mediático, actualmente Rafael Correa es quién más está trabajando para que el socialismo del siglo XXI, ante la incapacidad de aumentar su número de países miembros, mantenga una lucecilla de esperanza.

En efecto, el Presidente ecuatoriano, que en el interior de su país lleva desde hace años una cruzada contra la prensa libre, a nivel de relaciones internacionales ha mostrado sobradamente sus credenciales. A su discurso anti-norteamericano, unió el apoyo al Castrismo no asistiendo a la Cumbre de las Américas. Recientemente, ha incrementado sus lazos con la Bielorrusia de Lukashenko.

Sin embargo, no se ha detenido ahí el líder del Movimiento Alianza País y ha apostado por Irán como socio comercial y estratégico de Ecuador. No se trata de una asociación baladí sino de una forma de desafiar a la comunidad internacional. Como suele suceder en estos casos, el cronograma ha cumplido escrupulosamente sus diferentes fases.

Primero, Ricardo Patiño (Ministro de Exteriores de Ecuador) defendió la tesis de que Irán, como nación soberana, tiene derecho a desarrollar su programa nuclear. En ningún momento ha cuestionado el oscurantismo del mismo ni que supone una amenaza real tanto para Israel como para la estabilidad en la región.

En segundo lugar, intercambio de giras de figuras vinculadas a los dos gobiernos. En mayo, el número 2 de Ahmadinyead, Ali Saeidlo, visitó Ecuador. A nivel diplomático, se saldó con un resultado más simbólico que tangible como fue que Correa garantizó su presencia en la Cumbre de los Países No Alineados, a celebrar en Teherán el próximo mes de agosto. Tras ello, el aludido Ricardo Patiño acudió a Irán, dentro de una gira internacional, que le llevó por países tan diferentes entre sí como Suiza o Sudáfrica.

En tercer lugar, el lenguaje. Este aspecto es fundamental puesto que sirve para aunar a dos regímenes tan, en teoría, antagónicos, como el ecuatoriano y el iraní. Ahí es donde expresiones como “fin del mundo unipolar y unilateral” hacen de nexo y garantizan dosis de victimismo con las que mirar para otro lado cuando los problemas domésticos aparecen.

Finalmente, llega el acuerdo bilateral. Para ello, se burlan las normas internacionales a través del clásico disfraz populista. Consciente Correa que el Banco Central de Ecuador puede recibir sanciones si comercia Irán, lo hará entonces a través de la intermediación de bancos que si están autorizados para hacerlo con el país asiático. Nuevamente, se utiliza como subterfugio que Alemania, China o, incluso, Estados Unidos, operan de esta manera, con lo cual se distorsiona la realidad. Sin embargo, lo que deliberadamente se oculta es el rédito que tanto Ecuador como Irán pretenden sacar de esta operación, el cual va más allá de las cifras cuantificables.

Sin embargo, también pueden producirse consecuencias negativas, en forma de sanciones, que en este caso afectarán más a Ecuador que a su socio. En efecto, el país latinoamericano no tiene ningún producto estrella al que fiar su economía. Además, sus actuales aliados en América Latina no atraviesan por la mejor de las coyunturas económicas, especialmente Venezuela sumida también en un proceso electoral que determinará no sólo su futuro, sino el de la región. Quizás, por esta última razón, está multiplicando Rafael Correa su protagonismo a costa, eso sí, de que la imagen de su país y por extensión de su gobierno, le haga perder enteros ante la comunidad internacional.

En definitiva, una operación de alto riesgo la que asume Correa cuyas repercusiones se dejarán sentir en el corto y medio plazo. ¿Acaso unas importaciones que en 2011 fueron de 1,2 millones de dólares justifican apoyar a un régimen como el de los Ayatolás que vulnera sistemáticamente los derechos humanos que el Presidente ecuatoriano tanto dice defender? Puede que sea precisa mente “eso”, la peculiar forma que tiene Irán de entender la libertad, lo que le gusta al dirigente latinoamericano.

¡Churris al volante!

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Vas conduciendo y un coche que vas a adelantar pone el intermitente y, sin mirar, se mete en tu carril haciendo que des un volantazo… O en medio de una autopista un coche ralentiza su marcha para que el conductor vea un cartel, provocando el caos. Tercer caso, un maravilloso sitio para aparcar, metros y metros de espacio para maniobrar y allí en medio, un bonito Cinquecento a casi un metro del bordillo o subido en el… A todos nos ha pasado, hemos visto situaciones así.

Y, honestamente, si tuvieseis que apostar vuestro dinero acerca del sexo del conductor de los casos anteriores, ¿por quién apostaríais? ¿Era un hombre o mujer el conductor?

La respuesta sincera es evidente, aunque políticamente incorrecta. El conductor era una mujer. No hay duda, son tres casos típicos de mujeres al volante. O, mejor dicho, churris al volante, para seguir con el tono políticamente incorrecto del artículo.

Y esto mismo, identificar patrones diferenciados, para adaptar su oferta al mercado, es decir, jugándose su dinero, es lo que hizo la red de autoescuelas del Real Automóvil Club de Cataluña en Zaragoza hace algunos meses… Efectivamente, habiendo detectado que las mujeres, como media, tardaban más en sacarse el carnet y necesitaban más horas de clase, el RACC estableció dos precios cerrados y garantizados en función del sexo. Así, los varones pagarían 665 € y las mujeres 850 €.

La respuesta de los guardianes de lo políticamente correcto no se hizo esperar… Desde la Dirección General de Consumo del Gobierno aragonés, y a instancias de la UCA, Unión de Consumidores de Aragón, se abrió expediente a las autoescuelas. Se les acusó nada más y nada menos que de violar el artículo 14 de la Constitución que garantiza la igualdad de hombres y mujeres ante la ley (no sabía que las tarifas de autoescuela fueran leyes…), así como de saltarse la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres en el Acceso a Bienes y Servicios de 2007, otro gran logro zapateril del año 2007… ¡Toma ya!

Pero no pensemos que estamos ante un caso de feminismo exacerbado militante. La propia UCA ya valoró positivamente la decisión de la Unión Europea de prohibir a las aseguradoras de automóviles que tuvieran en cuenta el sexo de sus clientes a la hora de contratar las pólizas, aunque en este caso eran las mujeres las beneficiadas, dada su menor propensión a los accidentes, y habrían podido acceder a unas cuotas más baratas.

Estamos simplemente ante un nuevo caso de intervencionismo exacerbado militante, un caso de "igualitarismo" absurdo que solo consigue perjudicar tanto a los clientes como a las empresas que dan el servicio, impidiendo de forma artificial que la oferta se adecúe a la demanda…

Está claro, ni el Gobierno de Aragón ni la UCA ni, por supuesto, la Unión Europea se juegan su dinero…

Arcanos y cubrimiento del velo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Incluso para los cánones rastreros del pseudo estado de derecho coronado que ha regido los destinos de España durante treinta y cinco años, el último golpe asestado a la Ley y al Derecho por los miembros del Tribunal Constitucional descuella por su grave calado.

Como se sabe, este órgano extrajudicial –aunque tenga la última palabra en materia de garantías constitucionales– acaba de resolver el procedimiento de amparo planteado por los representantes de "SORTU" contra el Auto de 30 de marzo de 2011 de la Sala del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, que declaró la improcedencia de su constitución como partido político, por ser sucesor de la ilegal y disuelta Batasuna promovida por la ETA.

Si bien se daba por descontado el fallo favorable a los recurrentes, dado el sesgo político de la mayoría de los miembros –tres de ellos interinos– del Tribunal constitucional, cuidadosamente seleccionados por los dirigentes del PSOE y los partidos nacionalistas, no ha pasado inadvertida la inusitada celeridad con la que ha resuelto el caso en comparación con los plazos que, de hecho, se toma en procedimientos de similares características. En efecto, los representantes de Sortu presentaron la demanda de amparo el 18 de mayo del año pasado y han conseguido que el mismísimo Pleno satisfaga un año después sus pretensiones. Cabe añadir que el conocimiento de este tipo de asuntos queda ordinariamente en manos de tres magistrados que componen las secciones de sus dos Salas (Art. 48 LOTC). En efecto, un simple repaso de los dos últimos recursos de amparo resueltos por los mismos magistrados en sucesivas sentencias del mismo día, las cuales abordan, precisamente, sendas quejas nada complicadas de dos etarras en prisión contra el cómputo de las penas que están cumpliendo, descubre una tramitación mucho más pausada en un caso (un año y ocho meses) y escandalosamente dilatada en el otro (cinco años y cuatro meses). La diferencia resulta particularmente llamativa si se tiene en cuenta la costumbre en el foro, extrapolada de las normas de instrucción penal (Art. 504.6 LECr) de conferir preferencia a la tramitación de las causas con preso.

De esta manera, si no hubiera existido un trato de favor a los recurrentes en relación a los plazos para obtener una respuesta, habría sido prácticamente imposible que los actuales componentes del Tribunal Constitucional firmaran, incluso con votos discrepantes, esta sentencia. En ausencia de criterios transparentes, que no sean los temporales, sobre la preferencia en el despacho de los asuntos que trata, se cierne la vehemente sospecha de un empeño avasallador dentro del órgano constitucional por liquidar el tema de forma apresurada. Apenas un día antes de dictarse esta resolución, el actual presidente del gobierno de la comunidad autónoma del País Vasco (Francisco López Álvarez) anunciaba, con ese lenguaje entre coloquial y codificado que caracteriza a la casta política, que las elecciones en esa comunidad se celebrarían cuando toque, es decir, el año próximo. Y poco tiempo después se filtraba que las negociaciones entre PSOE y PP para sustituir a los tres miembros interinos del Tribunal Constitucional que debe elegir el Congreso de los diputados, se encontraban "muy avanzadas", hasta el punto de que la elección podría materializarse en julio.

En cuanto a la argumentación esgrimida por los seis magistrados de la mayoría para anular el auto del Tribunal Supremo, caben varias observaciones. Por un lado, aunque reconocen que no pueden revisar la valoración de las pruebas consideradas por el órgano jurisdiccional (Fto Jurídico 6) es lo que efectivamente hacen. La Ley (Art. 54 LOTC) limita la función de la jurisdicción constitucional en los procesos de amparo a la concreción de la violación de los derechos fundamentales del demandante y la preservación o restablecimiento de los mismos y le previene de realizar cualquier otra consideración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, rebajan las pruebas tenidas en cuenta por el Tribunal Supremo a la categoría de indicios y erigen en prueba privilegiada a los estatutos del partido político SORTU y las declaraciones de sus promotores, a la que califican de "contraindicio suficiente para entender, en principio, contrarrestada (…) la eficacia probatoria de otros elementos de convicción de los que pudiera inferirse que el nuevo partido político cuya inscripción se pretende en el Registro de Partidos Políticos pudiera perseguir continuar o suceder la actividad de los partidos políticos judicialmente ilegalizados y disueltos por la Sentencia 1/2003, de 27 de marzo". (Fto Jco 10).

Es decir, que la apreciación del fraude en la conducta de los promotores, servidores leales de las instrucciones de la ETA, según la valoración de las pruebas del Tribunal Supremo, queda desvirtuada exclusivamente por las propias declaraciones públicas de los interesados. Notable hallazgo intelectual: El Tribunal Constitucional cubre el velo corporativo de la ETA que el Supremo había descubierto en relación a su última franquicia.

A pesar de que algunos elementos permanecen ocultos entre bambalinas, la sentencia dictada ahora sigue las pautas marcadas por la estrategia política larvada por los ideólogos del PSOE a finales de los años noventa y asumida con disimulos por los actuales dirigentes del PP, tal como han demostrado la depuración de sus elementos díscolos en el País Vasco hace unos años y sus posteriores actuaciones una vez llegados al gobierno.

Los vascos, y españoles en general, que hayan mantenido la cordura durante tanto tiempo frente a la presión impuesta por el crimen y la extorsión tienen doble motivo para estar desconsolados. Los promotores de un proyecto totalitario, que han persistido en su vesania fanática, van a ser otra vez recompensados con parte del poder político, esta vez por dejar de matar, si nadie lo remedia. Los tibios y los que no han querido contemplar la realidad del crimen y la extorsión, porque no iba con ellos, hasta podrán sumarse a un movimiento que probablemente ha ido ganando adeptos porque jamás se le ha combatido de forma constante y legal, sino que se le ha considerado interlocutor político, a pesar de la retórica cuando se condenaban sus atentados.

La casta política española (que incluye a los políticos nacionalistas de todas las regiones, por supuesto) guarda en sus arcanos un plan para integrar a la ETA entre sus conmilitones con derecho a mantel y mesa. Todos se están engañando, se miran de reojo y no se pueden fiar del comensal de al lado, pero todos comparten esa obsesión por saltarse las normas de justicia, por retorcerlas y pisotearlas con este apaño. Hay que reconocer un cambio: Las bestias de la ETA se han refinado. Aconsejan a sus tutelados condenar a sus tutores en público.

Humillar a un vendedor ambulante

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

La inmolación a lo bonzo en diciembre de 2010 del joven tunecino Mohamed Bouazizi por desesperación y su posterior muerte, ocurrida el 4 de enero de 2011, son consideradas como el catalizador de las diversas revoluciones que fueron sucediéndose en diferentes países musulmanes (Túnez, Argelia, Egipto, Marruecos, Libia, Yemen, Siria…). El uso privado de móviles y las redes sociales digitales jugaron un papel relevante e inesperado. 

Los movimientos populares espontáneos sin líderes y con objetivos difusos son problemáticos para analistas y periodistas tendentes a encasillar políticamente cualquier fenómeno social. Son también ocasiones de oro para oportunistas agazapados o para depredadores totalitarios del poder. Es evidente que durante décadas todos estos países han soportado dictaduras y estados policiales sofocantes, causantes de innumerables frustraciones en el seno de sus respectivas poblaciones. Era impensable hace unos pocos años, pero ahora sabemos que se necesitaba muy poca mecha para que hiciera saltar por los aires dicho polvorín y se propagara por contagio a toda una zona, hoy geopolíticamente inestable. 

Inicialmente los medios de comunicación informaban, alborozados, sobre las ansias de democracia de los países árabes. Se nos hablaba de la revolución del jazmín y de la primavera árabe. Según los rapsodas modernos, había llegado el momento para que las naciones musulmanas disfrutaran de las libertades políticas propias de Occidente. Los acontecimientos acaecidos posteriormente nos inducen a pensar que era una sarta romántica de pensamientos ilusorios. Las consecuencias de la guerra en Libia, las revueltas en Yemen, las recientes elecciones presidenciales en Egipto y, sobre todo, el goteo de matanzas en Siria nos van despejando con amargo desencanto el panorama para comprobar los hechos y contrastarlos con dicho sesgo cognitivo del principio. 

Vuelvo a recordar a Mohamed Bouazizi. Fue un simple vendedor ambulante que intentó ganarse la vida en medio de un marasmo kafkiano de burocracia, corrupción oligárquica e inseguridad jurídica. Tuvo que sobrevivir en un marco institucional débil regido por normas caprichosas en el que todas las fuentes principales de riqueza estaban (y siguen estando) intensamente controladas por el gobierno y sus tentáculos. Persiguió sus fines personales que no fueron otros que aliviar la penuria de su madre viuda y seis hermanos, casarse e independizarse. Su medio elegido fue el hacerse comerciante en el mercado informal de frutas y verduras en un pueblo del interior de Túnez. Al confiscarle las autoridades locales su carro ambulante por carecer de licencia le arrebataron de un plumazo su medio de vida. Optó por abrasarse en público delante de la sede del poder local.

Dentro de los anhelos de Mohamed Bouazizi no estaba probablemente el poder emitir un voto, asociarse ni formar parte de asambleas o manifestaciones. Tampoco suspiraba por ser electo político ni ocupar cargos públicos. No buscaba ayudas públicas ni subvenciones del gobierno. Quiso tan sólo ganarse la vida pacífica y honradamente, prosperar con su propio esfuerzo. Trató únicamente de ejercer su derecho a comerciar y contratar; derecho básico e inalienable de toda persona que los gobernantes no debieran pisotear jamás. Su absurda negación fue una humillación (una de tantas) perpetrada por arrogantes funcionarios de un apartado ayuntamiento tunecino. Por desgracia, hay miles de casos parecidos en gran parte del mundo árabe donde la liberalización de la economía (y de la sociedad), junto a la necesaria certidumbre jurídica están muy lejos de alcanzarse. 

Para lograr que una sociedad prospere, primero hay que garantizar sobre cualquier otra cosa los derechos de propiedad así como el libre intercambio de bienes y servicios delimitados por un sistema de normas objetivas y generales con vocación de permanecer y hacerse cumplir. Luego podrán venir –en mayor o en menor medida– los derechos políticos, según la idiosincrasia propia de cada nación. Es deseable y necesario que así suceda, pero pensar que ese orden de prioridades puede alegremente invertirse es wishful thinking o, en el peor de los casos, peligrosa quimera.

Derecho de voto de los exiliados frente al desafío separatista

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En el actual contexto de crisis económica e institucional, es esencial para el mantenimiento de una estructura institucional mínimamente democrática en todas las regiones de España que el Gobierno de España se decida a impulsar una reforma de la ley electoral que permita que todos los exiliados del País Vasco puedan ejercer su derecho de voto en su Comunidad Autónoma de origen.

1. Diáspora como efecto a largo plazo de la violencia en el País Vasco.

Cuando un Estado de Derecho falla a la hora de garantizar los derechos individuales en un territorio, las consecuencias a largo plazo de la violencia de una mafia terrorista son evidentes.

Ante la insuficiente eficacia de los sucesivos gobiernos en España para garantizar la seguridad democrática en el País Vasco, ante la perversa inacción de algunos de ellos e, incluso, ante una supuesta colaboración y negociación de altos cargos favorenciendo los objetivos de la banda terrorista ETA, aquellos que duden de los efectos de la violencia a largo plazo sólo tienen que realizarse las siguientes preguntas:

– ¿Qué sucede a largo plazo cuando se dejan ciertas instituciones (ayuntamientos, diputaciones forales, comunidad autónoma…) bajo el control de miembros de una organización violenta que, como cargos públicos, no-actúan o, incluso, alientan y refuerzan con el dinero público y con sus resoluciones administrativas las coacciones y atentados comedidos en contra de los derechos individuales de los ciudadanos de bien?

– ¿Qué ocurre cuando los poderes públicos permiten que un entorno violento atente durante décadas contra el Derecho a la propia Vida con los secuestros, los asesinatos…?

– ¿Que ocurre cuando durante décadas se atenta contra el Derecho a la Libertad de los ciudadanos con insultos, amenazas, palizas, dianas señalando los "objetivos" en carteles, marcas de pintura en las puertas y paredes de las casas "señaladas", bombas en los negocios y viviendas de los ciudadanos que no aceptasen la extorsión terrorista…?

– ¿Qué efectos tienen los atentados contra el Derecho a la Propiedad Privada mediante quema de negocios, destrozos de coches, quema de mobiliario urbano, destrozos en obras, daños en activos de empresas, extorsión para el pago del impuesto "revolucionario"…?

– ¿Qué determinación toman los ciudadanos de bien después de muchos años, cuando se anuló en su región el Derecho a la Igualdad ante la Ley con la discriminación en el idioma común, con la imposición de la enseñanza en vascuence, con las subvenciones encaminadas hacia las actividades del entorno ‘abertzale’ independentista…?

Pues bien, existe una respuesta objetiva a todos estos interrogantes después de décadas de presencia, coacción y actos terroristas de ETA en las aldeas, pueblos y ciudades de las provincias Vascongadas, y la proporciona el examen de los censos electorales desde el año 1978 en el País Vasco para su comparación con los censos actuales.

2. Derecho de voto de los exiliados vascos y sus familiares.

Nada menos que entre 250.000 y 300.000 personas, de una población de algo más de dos millones de personas en el año 2011, decidieron exiliarse del País Vasco y emigrar junto con sus familares (hijo, nietos…) a otras regiones para evitar un entorno social de violencia permanente hacia su vida, familas, negocios y propiedades.

Este número de exiliados es más o menos la misma cantidad de adhesiones que suele recibir el PNV (o que logró Bildu en las elecciones municipales del año 2011) para lograr sus escaños, tanto en el cámara de representación autonómica, como su sobre-representación en el Congreso de los Diputados de España. Por tanto, la diáspora vasca ha servido a los partidos separatistas para incrementar notablemente su cuota de poder en el País Vasco.

Por ello, ante la ofensiva nacionalista que afrontará España a partir del año próximo, esperemos que se haga realidad con urgencia ese proyecto de cambio en la ley electoral para que los vascos exiliados y sus descendientes puedan solicitar una certificación del Ministerio de Justicia que les habilite a votar, como si siguiesen residiendo en el País Vasco, con la prueba documental del censo electoral oficial del momento en el que tuvieron que emigrar.

3. Crisis económica y desafío separatista.

Una crisis económica profunda, que ya dura varios años en Europa, tiene como consecuencia que emerjan electoralmente las opciones políticas más radicales y perversas [1] [2], con planteamientos políticos fabricados para conseguir cuotas de poder por medio de la captación del apoyo de personas incautas, desesperadas por el desempleo, el alza de los precios y la pérdida de derechos "sociales" que, angustiadas por los problemas económicos, y de modo más sentimental que racional, validan propuestas simples y facilonas de solución "colectivista" a los problemas de una región o de una nación.

En las próximas citas electorales observaremos el ascenso de partidos políticos nacionalistas, de izquierdas y de derechas, todos ofreciendo más "nación", más gasto "público", más intervencionismo y más gestión "colectiva" de los designios del "pueblo", estigmatizando a aquellos que pidan protección de derechos individuales, contención del gasto, racionalidad en el tamaño de las administraciones públicas, y fomento de la empresarialidad y del libre mercado.

Pués bien, hace ya cuatro años que analizábamos la represión de las libertades ciudadanas y el proceso de sometimiento de toda la sociedad a los designios de una clase política en el artículo Camino de Servidumbre al Nacionalismo Totalitario, mediante la comparación de los mecanismos totalitarios del régimen nacional-socialista en la Alemania de los años 30 del siglo XX respecto del control social y el proceso de conquista de las instituciones democráticas por parte del régimen nacionalista en el País Vasco:

…la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder.
Friedrich A. Hayek, Camino de Servidumbre.

Posteriormente, comentamos los excesos del gasto autonómico [3], los límites a las competencias regionales [4] que debieran haberse establecido hace años e, incluso, anticipamos la imposibilidad de cálculo económico [5] con el socialismo autonómico. Y, también, observamos el proceso de segunda transición en España hacia la cleptocracia, que establece el confederalismo autonómico [6] [7] [8] [9].

Más recientemente, constatamos lo que ya sabíamos todos los españoles informados, y que vendría como consecuencia de la acciones y omisiones de muchos políticos, que existe un proyecto de desafío separatista que es preciso contrarrestar desde los valores y la democracia y que, si se quiere parar, requerirá la aplicación del artículo 155 CE. 

Con los anteriores datos, hay que advertir que la iniciativa del Gobierno de España para proporcionar derecho de voto a los exiliados vascos, debería venir acompañada de una iniciativa legislativa que evitase nuevamente que las organizaciones como Bildu (o Amaiur o Herri Batasuna o cualquier otra auto-denominación que adopten), puedan presentarse a elecciones democráticas si no renuncian con palabras y con hechos al apoyo a la violencia, como estrategia para alcanzar el poder y sus objetivos políticos.

Pudiese ser interesante que ambas iniciativas legislativas fuesen aprobadas por todos los españoles en un referéndum "vinculante" porque, resulta absolutamente kafkiano y una clara indicación de la conjura de necios (sin ética ni sentido de Estado) en la que se ha transformado la casta política española, cuando los ciudadanos observamos como el propio régimen partitocrático consiente la deconstrucción institucional y territorial de España permitiendo que organizaciones violentas (ya sean nazis, facistas, comunistas o los terroristas separatistas de ETA y su entorno) puedan controlar las calles y participar y servirse de las elecciones democráticas para ocupar altos cargos e instituciones y promover sus objetivos en contra del articulado de la Constitución Española de 1978.

Como no despierten rápido nuestras autoridades, nuestro precario Estado de Derecho se irá por el sumidero de la historia, si no logra contrarrestarse a tiempo el desafío nacionalista que padecen los ciudadanos españoles.

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Opacidad real, política y sindical en la transparencia española

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que aprobó el 18 de mayo de 2012 el Consejo de Ministros español, es sin duda un buen paso. Sin embargo, se queda muy corto y sus lagunas contradicen el objetivo general de que los poderes puedan estar sometidos al control ciudadano. Llama la atención que queden fuera de su ámbito de actuación la Casa Real, los sindicatos y los partidos políticos. Desde el Ejecutivo se justifica la "excepción monárquica" con el argumento de que la norma se aplica tan sólo a las administraciones públicas, y que la institución en cuestión no lo es. Sin embargo, tampoco lo son los colegios profesionales (por mucho que estos estén regulados por ley) y sí les afecta la norma (aunque no era así en el anteproyecto original).

Además, para justificar que no se incluya a la Casa Real se da la mala excusa de que en otros países tampoco se hace –ya se sabe, una mala práctica por parte de los políticos y autoridades de un país sirve para que sus pares de otro se justifiquen a sí mismos–. En concreto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría pone el ejemplo de Reino Unido. Olvida la número dos del Ejecutivo español que la monarquía británica, a pesar de estar exenta de la norma general de su país, es el "trono" más transparente de Europa. Y lo es hasta el punto de que resulta público el número preciso de edredones que se cambian en un año o cuántas llamadas telefónicas se han hecho y cuántas se han recibido. De hecho, Su Graciosa Majestad ha hecho públicas sus cuentas de forma precisa y voluntaria desde 2001 y, desde 2010, puede ser auditada por el organismo nacional de cuentas.

En cuanto a los partidos y sindicatos, ni tan siquiera se argumenta por qué quedan fuera del relativo control ciudadano que implicará la nueva ley. Se les deja fuera, y ya está. Y si alguien pregunta, lo más seguro es que se recurra a eso de que no forman parte de la "administración pública". Incluso obviando que, como ya se indicó, algunas instituciones que tampoco lo son sí están sujetas a la norma, la excusa sigue siendo insuficiente.

La principal fuente de ingresos de los partidos y sindicatos es el dinero de los ciudadanos que les entrega el poder político. En general su financiación es muy opaca, pero no tanto como para no saber que se mantienen sobre todo con fondos públicos. En esto se incluyen tanto partidas directamente destinadas a financiarles como una ingente cantidad de subvenciones de todas las administraciones con una gran variedad de excusas, que van desde actividades culturales hasta proyectos de cooperación internacional. En definitiva, es imposible cuantificar cuántos millones de euros de los ciudadanos se reparten entre unos y otros sin un control efectivo. Eso sin hablar de todo el dinero obtenido de unas cajas controladas por políticos y sindicalistas, así como por algunos bancos que han llegado a dar dinero a fondo perdido a cambio de favores desde el poder.

Lo único que podemos tener claro es que hasta el Consejo de Europa ha alertado sobre la opacidad de las cuentas de los partidos políticos españoles. Las grandes formaciones políticas y sindicales no están dispuestas a financiarse de forma privada, que es como debería ser, y respondiendo ante aquellos afiliados que les deberían mantener con sus cuotas. Dado que esto no va a cambiar, al menos deberían estar sometidas al escrutinio público de los ciudadanos, a los que se les impone la dura carga de ser los ‘paganini’. Y eso debería incluir saber cuánto cobra cada uno de sus altos cargos.

Cuando se apruebe de forma definitiva la nueva norma, en las webs de las distintas instituciones podremos saber cuánto cobra cada uno de sus responsables de mayor nivel. Así, se nos contará cuánto cobra cada ministro y cada secretario de Estado, o cada consejero o alcalde. Sin embargo, seguirá siendo un misterio cuánto nos cuestan en realidad (sueldos, complementos y privilegios varios) Toxo y Méndez como dirigentes máximos de los sindicatos o Rajoy, Rubalcaba, Cayo Lara o Mas como líderes de sus respectivos partidos. Muy transparente no parece.

Una dictadura singular

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El análisis de la historia y progreso modernos de Singapur es sorprendente. Pasó de ser una isla atrasada y sin apenas recursos en los inicios de los años 50 a convertirse en la actualidad en un importante centro industrial, comercial y financiero del sudeste asiático. Por ironías del destino, en el mismo año 1959, dos jóvenes abogados se hicieron con el gobierno de dos islas ubicadas entre sí en las antípodas: en febrero, Fidel Castro tomó las riendas de la próspera y extensa Cuba y en junio, Lee Kwan Yew, las de la subdesarrollada y pequeña Singapur. Ambos ejercieron el poder dictatorialmente pero con efectos dispares.

Tras su descolonización del imperio británico (1963) y ulterior anexión a la federación malaya, Singapur fue pronto expulsada de la misma al negarse Lee Kwan Yew a otorgar privilegios especiales a los malayos. El islote, al adquirir su independencia definitiva en agosto de 1965, tuvo que dotarse de unas fuerzas armadas propias y desligarse de la unión monetaria malaya. A diferencia de lo que pasó en Cuba, que apostó por la autarquía y por una relación privilegiada con un solo proveedor (la URSS), la pequeña ciudad-estado asiática no tuvo más remedio que, pese a su reciente soberanía, desechar el insensato proteccionismo y derribar unilateralmente cualquier barrera comercial frente a los demás países.

Desde entonces, su economía ha logrado grandes avances reconocidos por todos los analistas. Esta punta de la península malaya tiene sólo una superficie de 700 Km. cuadrados con 5 millones de habitantes, lo que da una gran densidad poblacional. En 1960 su ingreso per cápita fue de 428 USD; en 2011 ha superado los 50.000 USD (muy por encima del Reino Unido, su antiguo colonizador). Sin apenas agricultura ni agua potable, una feliz combinación de otros factores como seguridad jurídica, apertura comercial, impuestos livianos, bajo riesgo de expropiación, flexibilidad laboral, cumplimiento de contratos, cauta regulación gubernamental, estabilidad macroeconómica, sólidas políticas monetarias y avanzadas infraestructuras, ha desembocado en una eclosión de su productividad y competitividad. Su gasto público ronda sólo el 15% del PIB, menos de la mitad de la media de los países de la OCDE. En 2010 tenía una tasa de inflación del 3% y un 2% de tasa de desempleo.

La legislación en Singapur está además volcada para favorecer la actividad económica y el asentamiento de empresas extranjeras; ha sido un polo de atracción para multinacionales e inversores de todo el mundo. Existe una intensa competencia entre empresas patrias y extranjeras. Los puestos gerenciales son muy codiciados al estar altamente remunerados. Los funcionarios son generalmente cualificados; muchos de ellos son obligados a trabajar temporalmente en el sector privado. La corrupción política es perseguida con prisión, castigos corporales y confiscaciones junto a sueldos elevados de los funcionarios (bonus incluidos). La pena de muerte se aplica para delitos de homicidio y de tráfico de drogas.

La estrategia del gobierno ha sido implicarse desde el inicio en la promoción de inversiones en diferentes sectores -inicialmente intensivos en mano de obra y posteriormente en sectores más especializados y de mayor valor añadido- mediante la creación del Economic Development Board. Hoy cuenta con el aeropuerto más transitado y moderno de Asia, con uno de los puertos mercantes más activos del mundo y el tercer complejo de refinería más importante (buena parte del crudo proviene de Arabia Saudí). Es asimismo el centro financiero y bancario offshore más destacado de Asia (junto a Hong Kong). Desde 1985 adoptó un sistema monetario basado en el régimen de cambio de divisas, pero el dólar singapurense es una moneda fluctuante al son de lo que determine la Autoridad Monetaria de Singapur, que no manipula la tasa de interés pero sí impone el control cambiario.

La educación es una verdadera obsesión nacional. Todo el sistema educativo se basa en el mérito. Los alumnos pasan por rigurosos exámenes de ingreso en los diferentes niveles de enseñanza y son gradualmente discriminados según sus resultados y capacidades. Posee universidades y politécnicas de reconocido prestigio. Los profesores gozan de elevados salarios y consideración social, pero también son todos examinados periódicamente, siendo expulsados inmediatamente de la docencia si no pasan las evaluaciones. La abigarrada diversidad cultural, étnica y lingüística no ha sido óbice para que los poderes públicos desterrasen sin miramientos de la educación muchas lenguas vernáculas e implantaran coactivamente el inglés como lengua oficial (junto al malayo, el tamil y el chino mandarín, esta última, la dominante). El reverso de la escolarización compulsiva, es decir, el servicio militar obligatorio, es de dos años (lo mismo que en Cuba). El que intente eludir por cualquier medio la conscripción, además de imponerle una multa, pasará tres años entre rejas.

Cada año más de 7 millones de turistas acuden de visita a la isla, de los cuales casi un millón son por turismo sanitario. La primera impresión de Singapur puede parecerle al visitante una jungla urbanita, pero es una ciudad bastante ordenada, con eficientes autobuses y trenes públicos (Mass Rapid Transit). La abultada concentración de centros comerciales, tiendas de lujo, restaurantes y otros negocios se simultanean con avenidas y parques bien cuidados. Hay libertad comercial y de horarios irrestrictas. Tiene índices de criminalidad envidiablemente bajos; eso sí, el comportamiento extravagante o inapropiado no es tolerado en la sociedad de Singapur. Si uno cruza imprudentemente la calle, muestra signos de ebriedad o mera inclinación homosexual en público la policía lo arrestará sin dudarlo.

Hay una férrea censura en todos los medios de comunicación. Los partidos políticos deben pasar unos severos filtros gubernamentales y judiciales para poder acudir a las elecciones. No existe libertad de expresión. Hay acceso gratuito a Internet en toda la isla, pero el Estado vigila e impide la visita a determinados contenidos políticos, violentos o sexuales. Cualquiera que critique al gobierno habrá de hacer frente a denuncias por difamación con sanciones pecuniarias muy gravosas; si se carece de los recursos suficientes para hacer frente a las mismas, el paso siguiente será ir a la cárcel. En 1966 se declararon las huelgas ilegales y desde 1968 se aprobó una ley de empleo que prohibió desde entonces asociarse a los trabajadores. También se obliga a los empleados a invertir un cuarto de su salario en un rígido plan de ahorro nacional que es gestionado por el estatal Central Provident Fund Board. Se ha sometido ya a la población a diversas campañas de planificación familiar.

Hay muy poca transparencia en el ejercicio del poder en Singapur. Aunque existe pluralidad de partidos con elecciones recurrentes, el People’s Action Party (PAP) es el partido dominante y el que ha ocupado el poder de Singapur ininterrumpidamente desde la llegada de Lee Kwan Yew, con el inestimable apoyo de Goh Chok Tong, su mano derecha. Las elecciones de 2004 auparon a Lee Hsien Loong, hijo del primero, como primer ministro. Sus parientes y allegados están en los puestos claves del país. Existe un régimen de eficiente nepotismo que controla una sociedad bastante rígida (estructurada, Steve Wozniak dixit).

Desde hace años numerosos informes de libertad económica y empresarial de Heritage Foundation o del Fraser Institute sitúan a Singapur entre los primeros puestos del ranking de naciones. Los buenos índices de libertad económica son una parte esencial de la sociedad, pero no lo son todo. Las libertades políticas y civiles de los singapurenses están desde hace tiempo mediatizadas. Las autoridades de Singapur, pese a haber logrado sacar a su población de la penuria con sobresaliente, no entienden –no hablemos ya de las dictaduras de izquierdas- que la libertad no puede ser divisible. O es integral o no lo es.