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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

De las masacres escolares en EEUU

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en De las masacres escolares en EEUU

"De todas las fechorías cometidas por el imperio británico en la India, la historia verá la de privar a toda una nación de las armas como la peor", Gandhi en Gandhi, una autobiografía.

"No debemos olvidar que una de las chispas que encendieron la Revolución Americana fue la pretensión de la Corona británica de desarmar al pueblo americano", Patrick Henry (1736-1799).

El pasado 14 de diciembre pasará a los anales de las masacres escolares que Estados Unidos nunca olvidará. Adam Lanza, un joven de 20 años, irrumpió poco antes de las 9 de la mañana en la escuela de Sandy Hook en la localidad de Newtown, en el estado de Connecticut, y acabó asesinando a 20 niños y 6 adultos tras haber previamente matado a su madre.

Las Gun Free Zones

Esta tragedia no hizo sino, lógicamente, reabrir el debate de por qué se producen en primer lugar estos terribles hechos, parece que en EEUU con mayor asiduidad que en otros lugares (más adelante analizo esto). Examinemos objetivamente la cuestión. Realmente, el estado de Connecticut es uno de los estados norteamericanos con más restricciones a la posesión de armas y está en la línea legal del estado de Nueva York, lo cual encaja con su posición geográfica en el nordeste del mapa estadounidense (con la excepción de California, ahí se concentran las mayores prohibiciones legales a la tenencia de armas en este país). Además de esto, hay que tener en cuenta que en virtud del Gun Free School Zones Act de 1990 que aprobó George Bush padre, está totalmente prohibido ir armado en todos los colegios, institutos y universidades y sus zonas aledañas en todo el territorio nacional de EEUU. Recordemos que las masacres de Virgina Tech en 2007 y Columbine en 1999 se produjeron también en zonas donde la ley no permitía la posesión de armas.

Desde 1990, puede verse en algunas zonas escolares carteles que señalan que es una Gun Free Zone o ‘Zona Libre de Armas’. Para un criminal –y cualquier otro- esto obviamente significa que en esa zona las personas están desarmadas, es decir, se hallan más vulnerables que en otras áreas donde no rige esa ley de la era Bush. Por eso desde los 90 no ha dejado de haber voces que señalan que las zonas libres de armas en EEUU son trampas mortales para sus hijos. De hecho, cuando nos vemos asaltados por un criminal, ¿qué es lo primero que intentamos hacer? Llamar a la policía para que las personas que sí están armadas nos protejan. Imaginemos que, en su lugar, hubiera un cartel donde dijera por ejemplo ‘Personal escolar armado preparado para defender a los escolares’. En realidad no tenemos que imaginar mucho, pues precisamente tras la tragedia de Sandy Hook hubo una respuesta inmediata en el distrito escolar de Harrold en Texas: desde ahora se permite a los profesores y maestros ir armados para proteger a sus estudiantes. Uno pensará que la solución rápida y realmente eficaz es prohibir a todos las armas. Qué mejor que nadie lleve, y así nadie necesitará defenderse. El problema es que la ley la cumplen los inocentes, no los criminales. El propio Adam Lanza, asesino en Sandy Hook, se hizo ilegalmente con el arma que empleó, lo cual no es inhabitual incluso en EEUU. Los criminales se caracterizan por saltarse la ley, los inocentes por cumplirla. El propio director de la escuela de Connecticut murió porque no tenía con qué defenderse de Lanza, porque como inocente cumplió la ley antiarmas.

No deja de ser llamativo que los americanos protejan sus bancos, aeropuertos, el Congreso y la Casa Blanca, estadios deportivos… no sólo con agentes armados sino permitiendo que los inocentes vayan armados. Tras los atentados del 11-S, existen programas para entrenar a pilotos armados para protegerse a sí mismos y a su tripulación. Sin embargo, cuando hablamos de los más inocentes y vulnerables, los niños, se desarma por ley a sus adultos. Preguntémonos por qué parecen las zonas escolares el lugar favorito de los criminales en EEUU.

El uso defensivo de las armas

En los debates públicos que inevitablemente surgen ante estas tragedias suelen eludirse los usos y aplicaciones que tiene o puede tener un arma; aparte de fines recreativos y caza, las armas pueden tener en lógica dos potenciales usos: bien agresivo, bien defensivo. En el mismo EEUU, la posibilidad de poseer un arma ha prevenido y evitado de forma documentada importantes masacres. Dado que sería interminable la lista de estos casos, he aquí sólo algunos:

  • Es el caso del instituto Pearl en Mississippi en 1997, donde tras asesinar a dos estudiantes con un arma, el asesino fue abatido por el ayudante del director (armado porque oficialmente era personal del ejército), evitando una masacre mayor.
  • En 1999 en Santa Clara, California, el empleado de una tienda de armas consiguió abatir a un asesino que llegó gritando que iba acabar con todos los allí presentes, y en cuyo coche se encontró posteriormente una lista de personas que quería matar.
  • En 2007, una masacre se cernía sobre una iglesia en Colorado Springs; gracias a la acción de un miembro armado de la congregación, se redujo al criminal.
  • En 1991 en Aniston, Alabama, un cliente armado en una cafetería y escondido bajo una mesa consiguió frenar a dos asesinos dispuestos a acabar con toda persona que encontraran.
  • En 2009, en Virginia, un asesino dispuesto a todo en el Golden Food Market fue abatido por una persona armada.

He aquí una recopilación, si no de todas, sí de la mayoría de casos en EEUU sólo entre abril de 2000 y agosto de 2002, y que los medios apenas mencionan, en los que la posesión de armas por los inocentes evitó crímenes e incluso grandes masacres. Según un estudio de mediados de los 90 de criminólogos de la Universidad de Florida, en EEUU se emplea cada 13 segundos un arma con fines defensivos. En dicho estudio nacional, un 15,7% de entrevistados consideró que con su arma defensiva previnieron ‘casi con total certeza’ una o más muertes, y un 14,2% consideró que previnieron ‘con probabilidad’ una o más muertes. La disyuntiva no parece entonces si todos los civiles pueden armarse o no, sino si los inocentes pueden armarse o no. Desarmándoles, se marginan los usos defensivos de las armas.

Por suerte o desgracia, y no deja de ser lógico, las masacres evitadas no suelen tener la difusión mediática que tienen las lamentablemente consumadas. Aunque muchos asumen con todo su supuesto sentido común que la limitación de armas entre la población reduce la criminalidad y agresiones, la cuestión probablemente no sea tan simple. Por ejemplo, entre 2006 y 2011 la venta de armas en el estado de Virginia aumentó nada menos que un 74%. Ese mismo período en ese mismo estado coincidió con una reducción del 24% de crímenes con armas: los sucesos con armas de por medio pasaron de 23.431 en 2006 a 18.191 en 2011 en Virginia. Thomas Baker, profesor de criminología de la Universidad de Virginia, asegura que más ciudadanos armados no significa más crímenes o violencia.

¿Todos los políticos que abogan por un severo control de armas, como el alcalde de Nueva York, prescindirían por completo de su servicio armado de guardias y guardaespaldas si tal medida entrara en vigor, dado que según su creencia así no habría ningún criminal armado?

Y aunque suene de Perogrullo, no debemos olvidar que quienes agreden y asesinan son las personas, no los objetos. Pocos días después de la masacre de Connecticut, nos llegaba de China la noticia –muchísimo menos difundida; cosas de la limitación de información desde este país- de que una persona había atacado y agredido a nada menos que 22 niños y 1 adulto a cuchillazos. Armado con un cuchillo, en mayo de 2010 un hombre mató a 7 niños y dos adultos en la provincia china de Shaanxi. Un mes antes, otro hombre con la misma arma acuchilló a 28 estudiantes en la región china de Jiangsu, y otro hizo lo mismo con 16 estudiantes de primaria en otra zona del país. Ello coincidió con una diferencia de días con un asesino que atropelló masivamente a niños con un todoterreno hammer para luego autoinmolarse. Como vemos, los episodios de asesinatos de escolares son en China trágicamente recurrentes, y sin embargo sólo parecemos conocer los que vienen de EEUU. En cualquiera de los casos, quienes mataban no eran los todoterrenos o los cuchillos, sino las personas.

El propio derecho al uso defensivo de las armas es por ejemplo esgrimido por el gran pacifista Mahatma Gandhi en múltiples textos suyos como "Entre la cobardía y la violencia", "La doctrina de la espada" o su "Autobiografía". Así, decía: "prefiero una India que resista con las armas para defender su honor a que permanezca cobarde como testigo impotente de su propia deshonra", o "cuando la violencia aparece como autodefensa o en defensa de los desvalidos, ésta es un acto de valor mucho mayor que la cobarde sumisión", o "la autodefensa es el único curso honorable si no estamos dispuestos a la autoinmolación".

Suiza, Australia y las estadísticas mundiales

Paradigmático es el caso de Suiza. El país alpino tiene una de las poblaciones civiles más armadas del mundo; en un país con cerca de 6 millones de habitantes hay más de 2 millones de armas entre los civiles. Tanto es así que la cultura de las armas, plasmada en su célebre Competición Anual de Puntería, está fuertemente ligada a Suiza. Como afirma el sociólogo de la Universidad de Zurich Mark Eisenecker, aumentar el control de armas no es algo que nadie se plantee en Suiza. De hecho, apenas hay limitación a la posesión de armas en los edificios públicos suizos y los políticos no suelen llevar escoltas porque van ellos mismos armados. Lo relevante de todo esto es que Suiza es uno de los países más pacíficos del mundo y con menores índices de criminalidad y violencia. En el propio contexto internacional, Suiza es popular por ser un país militarmente neutral, pacífico y no alineado.

Siguiendo aquel supuesto sentido común de que limitar la posesión de armas reduce los crímenes, resulta ineludible tomar el caso de Australia. En 1996, tras la masacre australiana de Port Arthur, todos los políticos se pusieron de acuerdo en decretar una severa prohibición a la posesión de armas. Una ley que pasó por destruir 640.381 armas personales con un coste nada despreciable de 500 millones de dólares para los contribuyentes. ¿Y qué sucedió? Con los datos en la mano, 12 meses después de entrar en vigor esta ley los homicidios aumentaron un 3,2%, los asaltos a la propiedad privada un 8,6%, y los robos con armas un escalofriante 44%. Sólo los homicidios con armas habían aumentado en el estado australiano de Victoria un dramático 300% en ese año. Lo más irónico del asunto es que hubo una marcha atrás en la tendencia de los 20 años precedentes de reducción la criminalidad australiana. ¿Qué sucedió? Varias cosas. En primer lugar, los criminales sabían perfectamente que se había desarmado a la población civil: no serían respondidos por sus víctimas en caso de ser atacadas. Y dado que el gobierno australiano había pasado a la ilegalidad la posesión y el comercio de armas, floreció un importante mercado negro dirigido ahora no por tenderos y empresarios bajo el imperio de la ley sino por quien sabe mejor salirse de la ley: los criminales. Por eso, entre 1997 y 1999, el 90% de homicidios con armas de fuego fue con armas ilegales. Igual que sucede con las drogas o en su día con el alcohol, cuando el gobierno ilegaliza un bien, éste pasa a quedar fuera de control legal (lo que en el alcohol y las drogas significó y significa sustancias más peligrosas) y su producción y distribución pasa de personas pacíficas en un mercado libre a los expertos en saltarse la ley (los criminales) en un mercado negro.

Aparte de Australia, podemos también tomar el caso histórico de Reino Unido, que pasó en 1997 de un régimen bastante abierto de posesión de armas a uno severamente restrictivo. Y no sucedió algo distinto de Australia: los índices de criminalidad aumentaron. Tanto que se estima que en 2007 había el cuádruple de asesinatos y agresiones con armas que diez años antes en Reino Unido. A decir verdad, si uno se acerca a los principales criminólogos, historiadores y economistas analistas de los controles de armas a lo largo de las épocas y regiones, como John Lott, Bill Landes, Gary Kleck, James Wright, Peter Rossi, Taylor Buckner, David Kopel, Don Kates, Gary Mauser, Colin Greenwood o Joyce Malcolm la conclusión constante que encontraremos es que los estrictos controles de armas son ampliamente inefectivos –aunque en algunos casos se reducen ciertos tipos de crímenes, siempre hay otros que aumentan casi tanto o más-. Algunos de ellos, inicialmente favorables al control de armas, cambiaron honestamente de opinión abrumados por sus conclusiones científicas. Por ejemplo, en un pormenorizado estudio de John Lott y Bill Landes que pretendía analizar el impacto de la liberalización en la posesión de determinadas armas de fuego en los diversos estados norteamericanos de 1977 a 1999, se halló que en promedio esta medida había reducido un 78% los crímenes en áreas públicas con víctimas múltiples. A quien le fascinen los estudios estadísticos, en este campo es una referencia la obra "More Guns, Less Crime. Understanding Crime and Gun Control Laws" de John Lott, un prolijo estudio estadístico sobre criminalidad y controles de armas de 1977 a 2005 en EEUU estado por estado e incluso condado por condado.

Si tomamos los datos a nivel mundial, a pesar de que EEUU es muy de lejos el país con mayor posesión de armas per cápita (un 88% de ciudadanos, mientras el siguiente país tiene un 54%), hay muchos países por delante en tasas de criminalidad y violencia. Es el caso de México, Sudáfrica, Honduras, El Salvador, Jamaica, Argentina… Por ejemplo, Colombia tiene 10 veces más homicidios con armas per cápita que EEUU, y Venezuela hasta 15 veces más. Sudáfrica tiene una tasa unas 7 veces inferior de posesión de armas per cápita que EEUU, y sin embargo tiene el quíntuple de tasa de homicidios con armas per cápita. Por qué sin embargo suele creerse que EEUU tiene un récord que está lejos de tener en tasa de criminalidad puede bien deberse a que todos los hechos que allí suceden tienen una difusión mundial muy superior a cualquier otro país del mundo. Un crimen en Los Ángeles, por suerte o desgracia, tiene un muy superior impacto mundial que uno en San Petersburgo o Bogotá. Aparte de Suiza, también encontramos otras poblaciones con alto nivel de posesión de armas y bajos índices de criminalidad: son los casos por ejemplo de Nueva Zelanda y Finlandia. 

Este es el primer comentario de una serie de dos sobre las masacres escolares y la cultura farmacológica en EEUU.

Hacia un régimen tributario populista del miedo

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El ministro Cristóbal Montoro ha amenazado con publicar listas con los nombres de grandes defraudadores. Por supuesto, no han faltado voces, tanto en la derecha como en la izquierda, que se han mostrado partidarias de la medida. Ha habido incluso quien ha dicho que “tengo derecho a saber quién me debe dinero”. El autor de dicha frase se ha tragado esa idea que nos vendían hace años en un anuncio gubernamental de que “Hacienda somos todos”, cuando no es así.

La Agencia Tributaria es el organismo recaudador que nos esquilma a todos para alimentar económicamente a un Estado sobredimensionado que tampoco somos todos, aunque se imponga sobre todos los ciudadanos. Si al final Montoro, con el visto bueno de Rajoy, cumple su amenaza de sacar esas listas, no lo hará por el inexistente derecho de los demás ciudadanos a saber quién les debe un dinero que a ellos no les es adeudado. Lo hará para incrementar la eficiencia recaudatoria del Estado mediante la imposición de un régimen tributario de corte populista basado en la extensión del miedo a la “ira popular”.

De hecho, ese sistema ya está funcionando con la entrada de los funcionarios de Hacienda, en plan ‘Los intocables de Eliot Ness’, en restaurantes en plena hora de comida para embargar todo lo embargable. Se busca el efectismo mediático con el fin de infundir en los potenciales defraudadores el pavor a sufrir la vergüenza pública.

En el caso de que se pudiera incluir a alguien en el listado de Montoro incluso antes de que hubiera concluido la preceptiva investigación y se hubiera aprobado una sanción, los allí señalados quedarían condenados ante la opinión pública incluso aunque después se demostrara su total inocencia. Si, por el contrario, se incluye tan sólo a quienes ya han sido sancionados o condenados (en caso de que hubiera delito), se estaría imponiendo un doble castigo que no se admite en otros casos.

¿Publica el Gobierno listas de los condenados, por ejemplo, por robos contra la propiedad privada o por otro tipo de delitos? En absoluto. Es más, cuando ha habido alguna propuesta referida a delitos especialmente repugnantes, como la violencia sexual, se ha vetado con el argumento de que el reo quedaría marcado incluso después de cumplir su pena. No existe motivo alguno para que con los defraudadores sea diferente. No al menos para aquellos que no piensan en cosa distinta que aumentar los ingresos del Estado a costa de los ciudadanos y sus derechos básicos.

Las listas de Montoro tienen, además, un peligro añadido. Ofrecerían una información privilegiada para las organizaciones de criminales que buscaran personas a las que secuestrar para pedir un abultado rescate. Los potenciales secuestradores pensarán, con lógica, que quienes aparecen en el listado tienen mucho dinero. La seguridad de muchas personas correría un mayor peligro tan sólo para que el ministro de Hacienda sienta que está haciendo algo por ingresar más dinero.

El Estado cruza muchos límites a la hora de poner en marcha su maquinaria recaudatoria. Pensemos que, en España, la Policía necesita una orden judicial para acceder a las cuentas bancarias de aquellos a los que investiga, mientras que Hacienda puede fisgar en ellas sin problema ni límite alguno. Eso ya es excesivo, pero los listados serían un paso especialmente grave. Constatarían la imposición de un régimen tributario basado en el miedo del que sería difícil salir.

Y que nadie se llame a engaño. Empezaría poniéndose en esas listas de la vergüenza a los grandes defraudadores, pero terminarían figurando en ellas quienes algún día olvidaran pagar unos pocos euros de alguno de los muchos tributos con los que nos esquilman. Nadie, excepto los políticos que controlan la maquinaria, quedaría a salvo.

La izquierda y el nacionalismo en España

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

En España hay una confluencia política entre la izquierda y los nacionalismos. Mirado desde un punto de vista liberal, parece en cierto modo lógico porque son dos colectivismos. Y ese motivo no está ausente en esa alianza. Pero hay más razones para ello.

En principio, izquierda y nacionalismo son dos mundos ideológicos distintos. La base de partida de la izquierda, incluso la que se erige sobre las ruinas del socialismo real, es la clase social, mientras que la del nacionalismo es la nación. Pero si profundizamos un poco más, esas diferencias, que parecen muy claras, empiezan a borrarse y, en ocasiones, parecen incluso desaparecer.

Comencemos por decir, muy sucintamente, qué es la izquierda. Es una ideología que se plantea cómo debe ser una sociedad ideal. Traza las líneas de una sociedad perfectamente justa y próspera. Como la realidad no se acomoda a ese ideal, la izquierda es muy crítica con la realidad y con las instituciones tradicionales. Las ve como anclas que se oponen al avance necesario hacia esa sociedad perfecta, y por eso se plantea destruirlas para, una vez liberada de esos frenos, llevar a la sociedad hacia aquel ideal. Hay una institución, empero, que no sólo no critica sino que utiliza por su enorme poder coercitivo, que es el Estado.

El nacionalismo es también una ideología que tiene como base y como objetivo la nación, un concepto moderno y totalizante del país. Ese concepto es moderno y tanto él como el nacionalismo son un subproducto de la Revolución Francesa. Esa nación no se presenta simplemente como una realidad histórica, sino como encarnación de ciertos ideales que supuestamente siempre han acompañado al pueblo, y que suelen confluir en la homogeneidad, un poder total del Estado, y una independencia del mismo frente al resto de Estados. La superación del individuo por una colectividad que, bien dirigida, es muchísimo más poderosa. Y la confluencia de un conjunto de objetivos comunes en manos de los líderes políticos.

Como esa ideología no encaja bien con la historia del propio país (no puede ser así dado que la realidad es siempre más variada y rica), el nacionalismo tiende a rescribir el pasado. Ocurrió con el nacionalismo alemán de los años 30 y en España ocurre lo mismo. Y esa identificación de la visión del país y de los objetivos comunes impuestos con el propio país hace que haya ciudadanos virtuosos, que se identifican con ese movimiento, y otros que son indignos, porque no los comparten.

Vamos a ver ahora el caso de España. Comencemos por el nacionalismo. En nuestro país, es separatista. No ha habido, propiamente, un nacionalismo español. Y es así porque en nuestro país no serviría ningún propósito; España no ha tenido que luchar por afirmarse frente a otro país, su realidad histórica está fuera de toda duda. Y lo propio de la defensa de la unidad de España no es el nacionalismo, sino el patriotismo. No son lo mismo. La patria es un concepto histórico, compatible con la diversidad, con la asunción de éxitos pero también de fracasos comunes, y compatible también con la libertad de los ciudadanos. No trasciende a unos ideales ulteriores, como es el nacionalismo. En España, tiene un relato de nuestra historia negativo y victimista.

Sobre la izquierda en nuestro país diremos ahora poco. Se introduce en España, vía Francia, en las Cortes de Cádiz. También tiene una idea muy negativa de nuestra historia. No puede ser de otro modo. El epítome de esta visión es Manuel Azaña, que señala al Ejército y a la Iglesia como ejemplo de esas instituciones que se oponen al avance del país. Se ha señalado que Azaña dijo que su intención con la reforma del Ejército era “triturar” la institución. No hay una prueba fehaciente, pero lo cierto es que bien podría haberlo dicho.

Ya se ve cierto acercamiento entre las dos ideologías tanto en el plano de las ideas como en su implantación en España. Pero vamos a aproximarnos un poco más fijándonos en tres recientes períodos históricos. El primero es la Segunda República.

Los nacionalistas la aceptaron como un paso más hacia sus objetivos secesionistas. Pero al final acabaron por traicionarla. Por lo que se refiere a la Generalidad de Cataluña, durante la revolución de octubre de 1934 declaró el Estado catalán dentro de la República Federal Española. En primer lugar, no era una república federal. Y, en segundo lugar, la Generalidad declaraba que Cataluña estaba dentro, como podía declarar lo contrario. Y luego, en la Guerra Civil, fue independiente de hecho, desbordando en el ejercicio del poder los límites del Estatuto, y formando un Ejército propio. Por lo que se refiere al País Vasco, el Lehendakari Aguirre ejerció un poder soberano. Y el 24 de agosto de 1937 traicionó a la II República, entregándose a los nacionales.

El franquismo, grosso modo, es la vuelta de la España tradicional, aunque sea modernizada y estereotipada. Y la izquierda, que ya tenía una visión muy negativa de aquélla, acaba por identificarla con la derecha. Y por su oposición a la derecha acaba por oponerse a la idea de España, o a asumir la crítica a una visión unitaria del país.

Y por último la democracia. Se erige sobre el consenso, por el recuerdo de la guerra civil. Desde el comienzo, la izquierda mostró su comprensión, cuando no su apoyo, al nacionalismo. Pero la izquierda, o más bien el PSOE, que es el partido hegemónico en la izquierda, se ha encontrado con un grave problema político en los últimos años. Su última mayoría absoluta es del año 1989. Las dos últimas mayorías absolutas, de los años 2000 y 2011, son del Partido Popular. Ya no tiene la capacidad de concitar un apoyo tan mayoritario como para gobernar en solitario. Por descontado, esto podría cambiar en el futuro, aunque ese cambio está aún lejano. Necesitan aliarse con los nacionalistas para ejercer el poder.

Desde el punto de vista político, el problema de la libertad en España ya no es la izquierda, que no tiene ningún aprecio por ella. Es el nacionalismo, que en un contexto histórico diferente podría ser un aliado del liberalismo. Y es el partido hegemónico en la derecha, que sólo defiende la libertad en los discursos. Pero la alianza entre la izquierda y el nacionalismo sí es relevante para el futuro de la libertad en nuestro país.

Evo Morales: una visita muy rentable… para Bolivia

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Evo Morales obtuvo de Mariano Rajoy un compromiso: Bolivia seguirá siendo eje prioritario de la cooperación española. Ahí no le importa al aymara ser subsidiado. Sin embargo, las frecuentes “nacionalizaciones” de empresas españolas en el país andino no fueron objeto de discusión, aunque el boliviano habló de ellas con su peculiar vocabulario, próximo a la demagogia, con el que satisface a un público tan concreto como acrítico con sus comportamientos: “respetamos a los socios extranjeros pero no queremos patronos“, espetó.

Al respecto, debemos puntualizar que muchas de las nacionalizaciones efectuadas durante su mandato han sido jaleadas desde España por la izquierda y la peculiar concepción que ésta tiene de la justicia (y de la historia). 

En el discurso de Morales se apreciaron claras contradicciones. La principal es que se ha enorgullecido de que la balanza fiscal boliviana dará superávit, pero ha pedido que la cooperación española se mantenga, lo cual es paradójico, sobre todo si tenemos en cuenta que añadió que en su país el paro es sólo del 4%. De seguridad jurídica, evidentemente, tampoco habló, tema que por el contrario no eluden otros países de su entorno regional como Chile, Colombia o Perú, cuyos dirigentes gozan de menos simpatías extra-continentales, pero que practican políticas realistas, alejadas de toda algarabía mediática. 

Mayor marketing tuvo la estancia de Morales en Barcelona. Es normal puesto que en la Ciudad Condal se ha creado en los últimos años un poderoso movimiento antisistema para el que el Estado de Derecho es papel mojado y que apuesta por un modus operandi basado en el ambiguo concepto de la “acción directa”, lo que generalmente se traduce en violencia pura y dura contra el mobiliario público o privado.

En este sentido, debemos recordar que en las recientes elecciones autonómicas catalanas, las CUP lograron representación en el Parlamento. Por cierto, curiosa contradicción la de las CUP: tanto aborrecer de la política y de los políticos… y se meten a parlamentarios. En el fondo, es un oficio como otro cualquiera, con su salario garantizado a fin de mes y el tiempo libre suficiente como para seguir jaleando conceptos vacuos como “autogestión”.

Entre el lenguaje de dicha formación política y el de Evo Morales, las diferencias, si las hay, son mínimas. Frases lapidarias que no van más allá del mero eslogan. En el fondo, para el político boliviano sus verdaderos interlocutores son estos movimientos sociales y no los gobiernos elegidos democráticamente en las urnas. De cara a agradar al grosso de la audiencia, no faltaron las referencias a la CIA y al FMI, para terminar afirmando que “ahora Bolivia es libre” (evidentemente, gracias a él, se sobreentiende).

Evo Morales forma parte de aquellos dirigentes que gozan de mayores adeptos fuera de su país que en el interior del mismo. Junto a Hugo Chávez y los hermanos Castro es uno de los iconos de la progresía europea, generalmente multimillonaria, y que ve en tales personajes los adalides de la “igualdad”. Para ello, no duda en justificar cuantos actos lleven a cabo, ya atenten contra las libertades más básicas, ya sean puras confiscaciones. No sólo en Europa gozan de predicamento este tipo de dirigentes mesiánicos. En Estados Unidos ocurre algo similar y son numerosos los actores y directores de cine que empatizan con el socialismo del siglo XXI.

Recientemente, Evo Morales nombró a Sean Penn “embajador de Bolivia de las causas nobles ante el mundo”. El ex marido de Madonna siempre ha estado muy pendiente de criticar a Estados Unidos y su sistema de libertades, contraponiéndolo con otras sociedades idílicas según su particular prisma, como la cubana o la venezolana, pero “casualmente” en las que no vive.

En este punto, la farándula norteamericana sí que es más valiente que la española, pues “los nuestros” no trascienden el dogma, son felices autoproclamándose mundo de la cultura y asomándose al balcón de algún teatro para arengar a las masas, mientras ellos sólo se arriesgan fotografiándose con la ceja levantada, paso previo para ir a recoger la subvención.

La desfachatez del estatismo

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El relato oficial es un cúmulo de responsabilidades ocultas. Díaz Ferrán adeuda a Banesto, Novagalicia y otras entidades bancarias, especialmente cajas de ahorro, una cifra de euros cercana a los 419 millones. Los perjudicados son, directamente los accionistas de esas entidades y los impositores de las mismas. El ex presidente de la CEOE no puede responder ante los acreedores porque no quiere, simplemente, al haber establecido una trama de evasión de sus obligaciones contractuales ante los propietarios privados. Debe y no paga. La espectacularidad del caso viene exacerbada por la situación de crisis que levanta clamores justos que apelan a la conculcación de los derechos de propiedad. Pero especialmente se escucha otro tipo de apelaciones menos claras en cuanto a la defensa de esos derechos fundamentales y sí más claras en la condena al capitalismo que permite hechos similares. Nada más lejos de la realidad esta última interpretación, ya que es justamente el capitalismo el que asienta por delante de muchos otros derechos los de propiedad y su defensa jurídica y penal.

De esta manera, la condena del capitalismo y no la de un simple sospechoso de robo a propietarios particulares, como debería considerarse a Ferrán, es lo que prima, de forma que se oculta el hecho de que el supuesto ladrón solo pudo perpetrar su delito con la aquiescencia, precisamente, del sector no privado y no capitalista, es decir, del estado corporativista. Sin la manipulación política de bancos y, especialmente, de cajas de ahorro es muy posible que Ferrán no hubiera llegado a endeudarse hasta tales niveles. Es, justamente, por esa intromisión política que el crédito se ofreció muy por debajo de los límites que la prudencia y la tasa natural de interés presente en la economía aconsejaban. La expansión crediticia y los asientos políticos en los consejos de administración de las entidades financieras hicieron posible el “caso Ferrán” y Ferrán, simple y supuestamente, robó.

Pues bien, a pesar de el sustrato real del todo lo ocurrido con el propietario de Viajes Marsans, sucede que el relato vulgarizado y falso permite comparar a su lamentable protagonista con el suceso de las empresas transnacionales que planifican la evasión de sus impuestos. Starbucks, Apple, Amazon y otras están siendo acusadas e investigadas parlamentariamente en el Reino Unido, es decir, por los representantes de “lo público”, y con escenografía rayana en lo obsceno. Parece ser que estas firmas han planificado la reducción de sus costes tributarios de manera legal (por más que dichos costes sean esencialmente ilegítimos) y que eso, en momentos en los que la envidia social es demagógicamente excitada por políticos y movimientos de revival post-marxista, es considerado tan insolidario como lo supuestamente perpetrado por Ferrán.

De manera que el epílogo oficial de todo esto es que, cuando un desaprensivo roba, es decir, viola los derechos de propiedad que el capitalismo de libre empresa consagra, la culpa no es del sistema politizado que propicia esa transgresión ni simple y penalmente del ladrón, sino del capitalismo. Cuando ciertas empresas reducen costes evitando que el fisco conculque los derechos legítimos de propiedad por vía tributaria con el consiguiente beneficio para los consumidores que disfrutan de productos abaratados, eso se considera un delito de lesa solidaridad también. Lo que se exacerba aquí es la codicia de quienes se benefician del estado gigante, llamado del bienestar, que siguen queriendo parte de la tarta a costa de la competitividad de las empresas.

Lo que subyace a unos y a otros casos es que cuando un paradigma explicativo es el dominante en la sociedad, cualquier caso es referido a él, sea cual sea su etiología y sean cuales sea las consecuencias perversas de esa explicación.

Los miserables (I)

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Proletario es aquel que carece de otros medios para subsistir que no sea su trabajo, y que, por tanto, es sólo dueño de su prole. Se trata del trabajador extroversivo puro. Aquel cuya vida depende de prestar su trabajo a quienes sí poseen otros medios de producción. El proletario queda expuesto al infortunio, la enfermedad y la vejez. Condena a sus hijos a tener una existencia idéntica a la suya, lo que origina una clase social, distinta de la que forman los dueños del capital, o capitalistas, constituidos en una minoría de individuos que detenta la propiedad y la dirección de los medios de producción.

Sobre este esquema simple descansa el socialismo. La causa jurídica es la propiedad, y la económica, la apropiación de la plusvalía generada durante la producción por parte de quienes dominan los bienes de capital. La consecuencia política es un orden donde una minoría somete a la inmensa mayoría, que, pese a ser el instrumento fundamental para la producción, y con ella, la creación de riqueza, termina siendo desposeída de todos los frutos de su trabajo salvo aquellos que les resulten estrictamente necesarios para subsistir. Se infiere además que la principal consecuencia jurídico-económica es que la riqueza y, con ella, el control de los medios de producción tienden a concentrarse en un número cada vez menor de personas, que fuerzan a su vez la extensión de salarios de miseria entre los trabajadores.

Políticamente, estaríamos ante un régimen de opresores contra una mayoría social de oprimidos, que tendría en el Estado su instrumento fundamental. Frente a este orden violento, donde muchos son pobres para que muy pocos disfruten de las riquezas que aquellos generan, sólo es posible la subversión de las instituciones sociales que lo sostienen. El Estado debe convertirse, según esta visión, en un instrumento de cambio social, tomando el monopolio del uso de la violencia para imponer las reformas necesarias. Los bienes de capital no desaparecen, sino que se colectivizan. El proletario permanece en su posición, pero con la diferencia de que sus necesidades quedan cubiertas por la comunidad a través de mecanismos distributivos directos y originales.

El socialismo real se contrapone a una versión realista. La socialdemocracia comprende que el capitalismo (la descentralización en la toma de decisiones sobre la producción y la propiedad plural de los bienes de capital) no genera por sí mismo las terribles consecuencias que la visión económica socialista infiere en su pobre y defectuoso estudio del proceso social. El realismo opta por una versión que limita la intervención y garantiza islas de exigua libertad, buscando aprovechar la superior capacidad productiva del sistema capitalista, que generará una mayor riqueza a disposición del poder redistributivo del Estado. La teoría socialdemócrata cree que sólo así se logra que los salarios crezcan por encima del nivel de subsistencia. Al mismo tiempo, se entiende innecesario que los individuos ahorren, dado queel Estado confisca a quienes mejores resultados obtienen en el mercado toda la riqueza que haga falta para eliminar los otros males que se le presuponen al sistema capitalista: la desprotección frente al infortunio, la enfermedad o la vejez de los más débiles, socialmente excluidos o menos capacitados.

En definitiva, en cualquiera de las versiones adoptadas por el socialismo (real o realista), como consecuencia del gravísimo error teórico e intelectual del que parte, el Estado se convertirá en el instrumento principal de su esquema social.

Con la excusa de liberar a los míseros trabajadores de su condena, el socialismo crea un régimen en que la mayoría de los individuos nunca dejan de ser trabajadores extroversivos puros (proletarios funcionales). Sólo una minoría copará los puestos políticos y administrativos indispensables para que el engranaje del Estado funcione. En la cúpula de la jerarquía del Estado, surgirá una reducida minoría cuyos miembros tendrán a su disposición comodidades y ventajas que serán inaccesibles para el resto de la población.

Lo anterior sucede tanto en el socialismo real como en el realista. En este último se reproducen, curiosamente, las mismas causas que en su momento dieron lugar a uno de los más grandes errores teóricos cometidos por el socialismo: querer hacer ciencia económica estudiando la coyuntura política. El sistema capitalista no equivale necesariamente a un libre mercado. Es posible que los propietarios de los medios de producción lo sean gracias a una vía legítima, por ser acorde con el orden jurídico privado existente, pero puede suceder que su permanencia y ascenso en dicho estatus no dependa estrictamente de las reglas del mercado, sino del juego político de poder e influencia. La teoría económica socialista cree que la explotación es uno de los fundamentos del capitalismo, cuando lo único cierto es que, de existir, ésta sería un efecto más de un determinado orden político.

El segundo gran error es de tipo político, ya que el socialismo ha optado siempre por hacerse con el control del Estado. Poco importa que se trate de su forma real o realista, porque el socialismo será siempre un régimen de Estado, y nunca un régimen de libertad individual.

El tercer gran error es de tipo económico. El socialismo maneja una deficiente teoría económica, lo que le hace creer que la producción logra su máxima eficiencia y capacidad gracias a la centralización en la toma decisiones sobre bienes de capital colectivizados, o en su versión realista, regulados en virtud de su función social, que es la forma intervencionista de la socialdemocracia: mantiene la propiedad plural y cierta autonomía individual en la toma de decisiones, pero conduce la producción hacia el objetivo impuesto desde un órgano central de planificación.

El proletario no desaparece con el socialismo, sino que, convertido en la base del engranaje social diseñado, queda aparentemente dignificado mediante una asistencia que procede, exclusivamente, de su trabajo. El Estado se convierte en una terrible maquinaria de dominación, que forma una pequeña élite dirigente a la que sólo se accede mediante gravosos y generalmente violentos procesos de ascenso político dentro de la propia administración, o de la sección ideológica que gobierne el Estado. En términos económicos, los resultados no pueden ser más desalentadores. La producción cae y se simplifica. Hay racionamiento de bienes, incluso de primera necesidad. La novedad en el consumo prácticamente desaparece. La inmensa mayoría de los ciudadanos queda desprovista de las ventajas que sólo una élite gobernante acapara. Los miserables no sólo no dejan de serlo, sino que lo son con más intensidad y sin ninguna posibilidad de medrar que no pase por introducirse en el cauce político diseñado para tal efecto.

@JCHerran

Tasazos e injusticias

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La pasada semana tuvo una gran repercursión la promulgación de una ley de reforma de las tasas judiciales, esto es, de ampliación de los sujetos que deben pagarlas y de los procedimientos en que éstas se exigen por el Estado como condición a los justiciables para pedir la tutela de sus tribunales.

Dado que este gobierno está empeñado en evitar reformas serias de la legislación procesal y orgánica heredada, ha decidido actuar en el ámbito de la Administración de Justicia en congruencia: Intentar aumentar la recaudación del Estado por la vía de las subidas de los tributos (una tasa lo es) y olvidarse de reformas de calado que reduzcan las dimensiones del estado, el ámbito de su actuación y, por lo tanto, los gastos en que se incurre a cuenta de los presupuestos públicos.

En este sentido, la Ley desarrolla la tasa que grava el ejercicio de la potestad jurisdiccional, creada por el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de acompañamiento de la Ley de Presupuestos del Estado, para ampliar su ámbito de aplicación. De este modo la tasa se exigirá no solo en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo, sino también el social, y se considerarán sujetos pasivos reales a todas las personas físicas o jurídicas, frente al régimen jurídico anterior que comportaba que sólo pagarían la tasa las sociedades cuyo volumen de negocios anual superase los seis millones de euros. El orden penal y otros híbridos como los "juzgados de violencia contra la mujer" continúan no sujetos.

Se opta, además, por las discriminaciones subjetivas con un criterio que estimula la litigiosidad de los beneficiados. Los procedimiento judiciales instados por los trabajadores en el orden social quedan fuera del hecho imponible y se les aplica una bonificación del 60 por ciento en el caso de que formalicen recursos de suplicación o casación. Asimismo, la interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios queda exenta, así como la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas. En este sentido, debe de resaltarse el ingente número de asuntos que ocupan los juzgados y tribunales contenciosos administrativos para dirimir las diferencias de los funcionarios con las administraciones que les emplean.

Teniendo en cuenta esas discriminaciones sobre quién queda objetiva o subjetivamente exento del pago de la tasa, las cuantías fijas son claramente desproporcionadas: Desde un mínimo de 150 € por la mera presentación de una demanda cuya cuantía no supere los 6.000 o de un título cambiario a 1.200 € por el recurso de casación.

Para calcular la cuantía total de la tasa debe añadirse un 0,5 por ciento de la cuantía del procedimiento (hasta 1.000.000 €) y de un 0,25 por ciento a los procedimientos que excedan de esa cantidad, con un límite exigible de 10.000 €. No se entiende por qué no se establece una tasa enteramente variable en función de la cuantía.

Se intenta justificar la ampliación de la tasa por los altos niveles de litigiosidad que soporta el sistema judicial, lo cual sería plausible si no se hubieran subido otros tributos de manera desmedida. Así, en la exposición de motivos se aduce que "con esta asunción por los ciudadanos que recurren a los tribunales de parte del coste que ello implica, se pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional". El gobierno anterior promovió la aprobación de un ingreso parafiscal que obliga los justiciables a prestar una caución de 25 o 50 euros para recurrir resoluciones judiciales, la cual se apropia el Estado si no prospera el recurso. Nada se dice en la nueva ley sobre la doble imposición que resultará de la coexistencia de la tasa y el ingreso parafiscal, tan patentemente arbitrario.

La Ley (Art. 11) declara vinculada la tasa judicial al sistema de justicia gratuita, lo cual pone sobre la pista de los problemas de financiación que tienen las Comunidades Autónomas –administraciones que han asumido la competencia de ejecución de las disposiciones de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita– de los profesionales que actúan ante los tribunales al servicio de personas a las que se les ha reconocido ese derecho. De hecho, las protestas por los retrasos en el pago y por las reducciones de los honorarios de los abogados (voluntariamente) incorporados al turno de oficio, expresados mediante "renuncias" o "plantes", han sido constantes desde hace años en comunidades autónomas como Madrid. En el ámbito de estas manifestaciones, algunos de estos abogados "exigen" el cobro de sus honorarios por defender a personas a las que finalmente no se reconoce el derecho a la justicia gratuita, soslayando que disponen para satisfacerlos del mecanismo procesal de la jura de cuentas contra sus clientes de oficio.

Si, como parece, la asistencia jurídica gratuita constituye una pesada carga para las arcas públicas, podría comenzarse por reducir los ingresos anuales y las rentas reales que permiten recibir esas subvenciones públicas para pleitear. Dado que la ley de asistencia jurídica gratuita establece que "se reconocerá (…) a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud", debe tenerse en cuenta que este año 2012 las personas que obtienen rentas de hasta 18.000 euros anuales son susceptibles de recibir esa subvención.

En definitiva, antes de plantearse la generalización de un copago moderado y proporcional del coste de la administración de justicia, el gobierno se abstiene de eliminar los incentivos perversos para pleitear que el propio Estado ha generado mediante su legislación y políticas intervencionistas.

A título de mero ejemplo, además de los ya mencionados, no se ha considerado la influencia que para el aumento de la litigiosidad ha tenido la incrustación en la planta judicial de juzgados de excepción (llamados de "violencia sobre la mujer") y de un procedimiento sumario penal y civil que estimula la presentación de denuncias falsas para obtener posiciones de ventaja en procedimientos matrimoniales. Las consecuencias directas han sido el incremento de los presupuestos destinados a mantener esos juzgados y la proliferación de las denuncias penales injustificadas.

Por último, ya se ha producido un episodio chusco, si no fuera por la tremenda inseguridad jurídica que genera. La ley no pudo materialmente entrar en vigor al día siguiente de su publicación, tal como declaraba, porque el Ministerio de Hacienda no aprobó al mismo tiempo las órdenes ministeriales (e imprimir los formularios o colgarlos en Internet) a través de las cuales se autoliquidará la tasa.

El incumplimiento de la Ley en España

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El respeto por el estricto cumplimiento de la Ley o, en inglés, rule of Law, es una institución moral en las naciones anglosajonas en el sentido de que es un patrón de comportamiento adquirido por la población y, en especial, por una mayoría de políticos.

Sin embargo, parece que existe un relajamiento moral arraigado en la cultura de otras naciones que lleva a sus autoridades a saltarse el ordenamiento jurídico vigente en cada periodo de su historia, para "guiar" a la población hacia utopías "colectivistas" que perjudican seriamente el crecimiento económico de los países.

Existen ejemplos claros de quebrantamiento de la Ley en España. Por ello, permítanme analizar cómo se restituyó la Ley y, por tanto, cómo las autoridades de la época restablecieron "the rule of Law" ante el movimiento nacional-separatista de la región autónoma de Cataluña en el año 1934, y cómo puede suceder lo mismo en la España de comienzos del siglo XXI.

1. El incumplimiento de la Ley que establecía la Constitución de 1931

El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Luis Companys, declaró la independencia de la región autónoma de Cataluña respecto de España, en los siguientes términos:

"En esta hora solemne en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y, al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el Gobierno provisional de la República que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica".

También el Ayuntamiento de Barcelona se sumó al movimiento de sublevación y convocó una sesión extraordinaria por la cual mostraba: "su firme y decidida adhesión al Presidente y al Gobierno de Cataluña".

El problema de estas proclamaciones de sedición era que atentaban contra el ordenamiento jurídico o, si se prefiere, contra el rule of Law establecido por la Constitución de 1931, que había sido aprobada el 9 de diciembre por las Cortes Constituyentes después de las elecciones generales de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República, y que reconocía la posibilidad de establecer regiones autónomas pero nunca su independencia.

Después de formalizar su rebelión contra el orden establecido en España, el presidente de la Generalitat, Luis Companys, telefoneó al Capitán General de Cataluña y General en jefe de la IV División Orgánica, Domingo Batet Mestres, para que se sometiese a sus órdenes. Sin embargo, este general acató el orden constitucional y se puso en comunicación con el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, que le ordenó que declarase, inmediatamente, el "Estado de Guerra" en el territorio de la región autónoma de Barcelona aplicando la Ley de Orden Público, de 28 de julio de 1933.

Diversos grupos armados construyeron barricadas e intentaron hacerse fuertes en algunas calles y edificios oficiales para organizar la resistencia durante el anochecer del 6 de octubre de 1934. Las tropas gubernamentales se apresuraron a sofocar la sedición en el menor tiempo posible para evitar que fuese a mayores. Con dicho objetivo, el comandante Fernández Unzúe abrió fuego contra la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona durante la madrugada del 7 de octubre de 1934 y, en tan sólo diez minutos, el sedicioso Companys comunicó telefónicamente su rendición al general Domingo Batet Mestres, quien solicitó que hiciese el mismo comunicado por radio. 

Las tropas constitucionales detuvieron al Gobierno de la Generalidad y condujeron a los amotinados al buque "Uruguay", que hizo las veces de presidio de los traidores al orden constitucional. El general Domingo Batet Mestres asumió el mando en Cataluña y fueron cesados los militares, los políticos y los altos cargos que colaboraron con el movimiento separatista en contra del ordenamiento jurídico establecido.

En menos de 10 horas, los militares cumplieron con uno de sus cometidos constitucionales, respaldaron al Gobierno y controlaron la situación generada por la declaración de independencia de las autoridades regionales.

Posteriormente, el presidente del Gobierno, Alejandro Lerroux, interpuso una querella criminal contra los integrantes del Gobierno de la región autónoma de Cataluña. El Gobierno aprobó varios decretos de nombramiento de nuevas autoridades y la Ley de 5 de enero de 1935, de suspensión del Estatuto de Cataluña "hasta que las Cortes, a propuesta del Gobierno, y después de levantar la suspensión de la garantías constitucionales, acuerde el restablecimiento gradual del régimen autonómico" y que, también, establecía, durante el periodo transitorio, el nombramiento por el Gobierno de un Gobernador General para que asumiese las funciones ejecutivas y de una Comisión para que valorase los servicios traspasados y reordenase las competencias autonómicas en la región. 

2. El incumplimiento de la Ley que establece la Constitución de 1978 

Lamentablemente, los españoles no parecemos aprender de la Historia y volvemos a encontrarnos en el mismo cruce de caminos y ante un movimiento nacional-separatista en Cataluña y en el País Vasco, aun a pesar de contar con la Constitución Española de 1978 (CE), que fue ratificada por una mayoría aplastante de españoles el 6 de diciembre de 1978. 

Al igual que ocurría en la Constitución de 1931, ahora se cuenta con un ordenamiento jurídico que fue instaurado por la Constitución de 1978, que establece cuales son las reglas del juego democrático.

Así, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 (CE) es nuestra "rule of Law" y establece que:

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Y, naturalmente, como ocurre en todos los países, las fuerzas armadas tienen la obligación de proteger la integridad territorial, la soberanía y la independencia de España, y el ordenamiento constitucional, porque el apartado primero del artículo 8 establece que:

"1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

Por tanto, si los nacional-separatistas catalanes pretenden encubrir la corrupción [1][2][3][4][5][6][7][8] y un posible horizonte penal mediante la proclamación de la independencia de Cataluña, deberían tener muy presentes las consecuencias de los acontecimientos ocurridos el 6 y 7 de octubre de 1934.

Conviene recordar que el Gobierno de España puede utilizar el artículo 116 que contempla "los estados de alarma, de excepción y de sitio" y que, ante una declaración unilateral de independencia, está obligado a aplicar el artículo 155 CE por el que puede intervenir cuando las autoridades de una Comunidad Autónoma no cumplen con el "rule of Law" vigente en España:

"1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas".

Por un lado, si a las personas con ideología nacional-separatistas no les gusta el ordenamiento jurídico de la democracia española, ya saben lo que tienen que hacer, cambiar la Constitución Española de 1978 siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 166 a 169 CE.

Espuriamente, como saben que el método establecido para la reforma constitucional no les permite avanzar en sus planteamientos secesionistas, los políticos que "guían" el desafío nacional-separatista buscan subvertir el orden establecido por la Constitución Española de 1978, mediante nuevos Estatutos que son abiertamente anticonstitucionales y destruyen la igualdad ante la Ley que establece el artículo 14 CE y que, posteriormente, son validados por un Tribunal Constitucional absolutamente politizado y con sentencias al servicio de fines que, cuando menos, son jurídicamente discutibles y moralmente censurables.

Y, por otro lado, si las personas con sentimiento independentista quieren preguntar en un referéndum por la independencia de Cataluña, por supuesto, pueden hacerlo cumpliendo estrictamente con el ordenamiento jurídico vigente en España que exige preguntar a todos los españoles y aplicando el artículo 92 CE.

De otro modo, los políticos y altos cargos que desobedezcan la Constitución estarán entrando de lleno en los delitos tipificados por los artículo 404 y 410 de la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP):

Artículo 404 CP:

"A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

(…)

Artículo 410 CP:

"1. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general".

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ONU, democracia de las dictaduras

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El día 12 de noviembre de 2012, Venezuela consiguió el apoyo de la mayor parte de los Estados miembros de Naciones Unidas para entrar a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de esta organización, junto con Brasil y Argentina, en representación de Latinoamérica. El Gobierno caudillista de Hugo Chávez lo ha celebrado como una victoria, y no es para menos. La celebración ha sido incluso transmitida por el propio Centro de Noticias de la ONU.

El gobierno bolivariano ocupará su puesto en el Consejo de 2013 a 2016. Aunque no sea así de forma oficial, se podría considerar que toma el relevo de su principal aliado, la Cuba de los hermanos Castro, hasta ahora presente en el organismo.

Chávez es uno de los principales defensores del tirano sirio Al Assad, así como un íntimo aliado de los Castro y del iraní Ahmadineyad. Además, fue de los pocos que lamentó de forma pública la caída de Gadafi. Esos son sólo algunos ejemplos de sus complicidades con dictadores de diferentes regiones del mundo. No ha de extrañar. El actual Ejecutivo bolivariano no pasaría el examen de alguien que juzgara objetivamente el respeto de los Derechos Humanos.

El gobierno chavista no sólo impide el normal ejercicio de derechos como el de la libertad de expresión –es cierto que en este terreno le ha llegado a superar como represor el ecuatoriano Correa–, sino que además viola principios fundamentales como la división de poderes. El propio Chávez llegó a referirse a esta última como una "nefastaherencia" y un lastre del que desprenderse. La justicia venezolana, por ejemplo, hace tiempo que perdió cualquier atisbo de independencia.

Sin llegar todavía a igualarlo, la Venezuela de Chávez se parece cada vez más a la Cuba de Fidel Castro. Y la presencia de uno y otro régimen en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU muestra a la perfección la triste realidad de la mayor organización multilateral de ámbito mundial. En ella, los gobiernos más liberticidas y los dictadores más crueles tienen voz y voto en pie de igualdad con las democracias. Y seguirá siendo así mientras las Naciones Unidas sigan funcionando como lo hacen desde su fundación –no olvidemos que la URSS fue una de las potencias presentes desde el primer momento– hasta la actualidad.

La ONU es la democracia de las dictaduras. Por mucho que intenten convencer de lo contrario, en las Naciones Unidas no están representados los pueblos, ni mucho menos los ciudadanos, sino los gobiernos del mundo. Y tienen su asiento con independencia de que en sus países haya un régimen democrático o, al contrario, profundamente represivo. Y eso tiene un necesario reflejo en su funcionamiento.

En última instancia, las votaciones en la ONU y en sus distintas agencias y organismos siempre van a favorecer a las dictaduras. Los tiranos se apoyan unos a otros en un indecente "hoy por mí y mañana por ti" siempre dirigido contra la libertad. Y eso garantiza casi de forma absoluta la impunidad internacional de los autócratas. Máxime cuando más de un Gobierno democrático siempre estará dispuesto a alinearse con los enemigos de la libertad por cuestiones del denominado "realismo político", o por una supuesta defensa de los propios intereses económicos. Unos intereses que, por otra parte, tratarán de hacerse pasar como nacionales cuando en realidad sólo lo son de unos pocos.

Cuanto más se elogia el funcionamiento democrático de la ONU, más se favorece a los dictadores y caudillos de todo pelaje al otorgar legitimidad a su voto en la organización. La democracia de las dictaduras goza de buena prensa, pero no por eso es menos enemiga de la libertad.

Los lobos blancos de Minnesota

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Ha sido uno de los temas más controvertidos de la pretemporada de la NBA. En dicha liga, compuesta en más de un 75 % por jugadores de raza negra, un equipo, Minnesota Timberwolwes, ha confeccionado una plantilla en la cual dos tercios de la misma está formada por jugadores blancos, entre ellos, nuestro gran Ricky Rubio.

Ante tamaña injusticia, las acusaciones de racismo, sobre todo por parte de los "profesionales de la indignación racial", no se han hecho esperar. Así, Tyrone Terrel, Presidente del Consejo Afroamericano de St. Paul, ciudad gemela de Minneápolis, se pregunta en voz alta: ¿Cómo es posible que el equipo se asemeje a los Lakers de George Mikan del año 55? Y se responde "creo que todo es parte de una estrategia, no es casualidad".

Otro destacado activista, Ron Edwards, después de señalar su inquietud por ver un equipo con solo un titular negro en pista, coincidió con el mencionado Tyrone Terrel en señalar que, sin duda, hay una intencionalidad clara en la composición del equipo lobuno para tratar de atraer a los aficionados blancos, mayoritarios en el estado… Una estrategia claramente racista que se debería, según ambos activistas, a la composición del alto staff directivo de la franquicia, en la cual no hay directivos negros…

La respuesta de la directiva de los T-Wolves no se hizo esperar, con el Director Deportivo, Richard Kahn, y el Head Coach, Rick Adelman, insistiendo en que los jugadores fueron elegidos por su talento y disponibilidad, y que la razón de dicha inusual composición racial (que, por otra parte, refleja con mayor exactitud la composición racial de la población total de los Estados Unidos en otros campos profesionales, por si no han caído los partidarios de las cuotas raciales…) era pura casualidad, y negando absolutamente que en la composición del roster hubiesen influido motivos raciales.

Dicha respuesta, junto con algunos datos adicionales sobre la trayectoria de los Timberwolves, como la composición del staff de entrenadores, con paridad en el color de los entrenadores asistentes, como la larga trayectoria de Kevin Garnett, ahora en los Celtics (otro equipo siempre bajo sospecha…), como jugador franquicia o los comentarios de su único starter no caucásico, Brandon Roy, de que el único problema que tenía con tanto blanco en el equipo era a la hora de elegir la música para la sesión de pesas, ayudaron a quitar hierro a la polémica… Parecía que, finalmente, la composición racial del roster era fruto de la más absoluta casualidad.

Pero ¿y si no hubiese sido así? ¿Y si el staff de los Timberwolves, buscando, como sugieren los mencionados activistas profesionales, un perfil de jugadores con el que se sintiesen más identificados sus aficionados medios, en su mayoría blancos, hubiesen tenido en cuenta la cantidad de melanina y no solo las estadísticas al decantarse por un jugador?

Pues… que están en su derecho. Las franquicias de la NBA son negocios privados, empresas, y los gestores de dichas empresas tienen todo el derecho del mundo a contratar a quien les parezca oportuno, teniendo en cuenta los factores que consideren más adecuados para sacar adelante su negocio… Si opinan que, ante unas estadísticas similares, el aficionado medio, el cliente a fin de cuentas, pagará más por ver cómo las "enchufa" un all american boy rubio de ojos azules y origen sueco o un catalán a medio afeitar que un negro tatuado gangsta style, pues perfecto. Eso es una decisión empresarial, una decisión libre y responsable con la que podamos estar o no de acuerdo, pero una decisión plenamente legítima.

Como también lo sería que los Wizards, ante un hecho similar y dada la composición de su base de seguidores en Washington, tomasen la decisión contraria o que los Rockets, al fichar a Jeremy Lin, estuviesen buscando el mercado televisivo asiático, cuyos telespectadores prefieren ver jugadores con los ojos rasgados, como demostró la explosión mediática del retirado Yao Ming.

O, como también es perfectamente lícito que en la liga española, perdón la LFP (curiosamente, la única liga mundial que en su logo no tiene los colores nacionales ni el nombre de la nación donde se juega…), el Athletic de Bilbao componga su plantilla solamente con jugadores españoles o franceses de origen o crianza vascos, lo cual, aunque limite claramente sus opciones de ganar alguna vez algo, parece tener un gran atractivo de cara a las aficionados que acuden a San Mamés, muy apegados en su mayoría a las tradicionales prácticas vascongadas de discriminación étnico racial basadas en el legado de Sabino Arana, fundador del PNV (a pesar de que algunos de dichos jugadores hayan defendido la camiseta de la selección esp…, perdón, de "la cosa").

Porque la discriminación, nuestro derecho a discriminar, es parte fundamental de nuestra libertad como individuos. Discriminación para elegir con quién nos relacionamos, a quién le vendemos, a quién le compramos, con quién compartimos el tiempo de ocio, con quién nos acostamos o a quién votamos… (de hecho, que el 95 por ciento de los votantes afroamericanos se haya decantado por Obama creo que indicaría algo acerca de prejuicios raciales a la hora de ir a las urnas…).

Y a poder elegir los motivos de dicha discriminación, ya sean raciales, estéticos, ideológicos o futbolísticos. Motivos perfectamente legítimos que son solo nuestros y por los que no tenemos que pedir permiso ni dar explicaciones a nadie.

Un derecho a discriminar que emana de la propiedad privada y del respeto a los derechos y preferencias del prójimo, y que, por supuesto, es bidireccional, es decir, cada uno de nosotros tiene todo el derecho a ejercerlo, lo cual, en general, nos parece bien, pero los demás también tienen todo el derecho a discriminarnos, lo cual, en general, nos parece mal… Pero es una de las libertades esenciales del ser humano.

Una discriminación que, por otro lado, es totalmente inaceptable en el ámbito de lo público…