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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Romper el silencio contra el horror

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

El pasado 19 de abril se cumplió el setenta aniversario del levantamiento de los fámelicos y pobremente armados habitantes del gueto judío de Varsovia contra sus torturadores nazis alemanes. Aunque la intentona, como se recuerda en estos días, estaba condenada al fracaso debido a la superioridad aplastante de las fuerzas de ocupación alemanas, muchos de sus habitantes libraron durante un mes una desigual batalla porque no tenían nada que perder.

Estas reacciones desesperadas ante la macabra maquinaria de asesinar por fases instaurada por los nacionalsocialistas alemanes, nos recuerdan que en otros tiempos las dificultades para luchar contra las fuerzas del mal absoluto superaban a las actuales. De cómo, durante el ascenso de los totalitarismos del siglo XX, al convencimiento de unos implacables fanáticos se unió la cobardía y el cálculo cortoplacista de muchos que vislumbraron beneficios en adaptarse a la nueva era que anunciaba una sarta de criminales. Doblegarse a la corriente que se estimaba poderosa e imparable constituyó la moda ideológica dominante en las sociedades europeas de los años treinta. Solo unos pocos se opusieron de forma activa a los actos de barbarie mientras ocurrían. No debemos olvidar los aspectos más tenebrosos del alma humana al analizar su comportamiento. Las masivas condenas retrospectivas solo vinieron después de la derrota sin paliativos de las potencias del Eje. Tuvieron que transcurrir todavía otros cuarenta y cinco años hasta que el derribo del muro de Berlín en 1989 abrió de par en par la miseria de los regímenes comunistas y su largo historial de asesinatos, robos y pillajes en nombre de "la clase trabajadora". Todavía hoy algunos orates con cierto público se proclaman herederos de esas ideas que tanta desolación han causado a la humanidad.

Por el contrario, a otros aún nos estremece la perversión de los experimentos ensayados para manipular la voluntad y la dignidad de las personas en los campos de exterminio y los gulags desplegados por los totalitarismos nacionalsocialista y comunista durante el siglo XX. En medio de la indigencia y la miseria forzadas, resultaba fácil obtener la colaboración a cambio de una doble ración o la esperanza de no ser incluido en las sacas a ejecutar un día cualquiera. Incluso individuos de los propios grupos señalados como víctimas propiciatorias (por su raza, por su religión, por su clase social, que sé yo…) se enrolaron en la casta inferior de colaboradores de los torturadores. Y ¿que hay de la colaboración de esas masas en los procesos de estigmatización, segregación y deportación hacia los campos de exterminio de grupos enteros de la población? Cundieron justificaciones escalofriantes, deseos de querer creer que lo que pasaba no era tan grave, de actuar como si no estuviera ocurriendo o de mantener la ilusión de que no tendría mayores implicaciones cuando las pruebas conducían a percibir justo todo lo contrario.

Salvando las distancias de lugar y tiempo, cabe trazar un paralelismo con el gravísimo problema que los españoles contempóraneos tenemos, individual y colectivamente, con la masacre de 191 muertos y 1.841 heridos, cometida delante de nuestras propias narices hace muy poco tiempo. Quien más, quien menos, sabe o sospecha que los dos únicos condenados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por su participación en los hechos no pudieron ser los únicos involucrados o -más probablemente- no tuvieron nada que ver con la conspiración para aniquilar al mayor número de personas que viajaban en esos cuatros trenes el aciago 11 de marzo de 2004.

Conviene recordar a los intoxicadores que tanto han hecho para que no se descubra en nueve años la verdad de lo ocurrido, que la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo, según el propio artículo 17.1 del Código Penal español. Los actos preparatorios como la provocación, la conspiración y la proposición para cometer delitos solo están penados cuando se prevé expresamente en las leyes (art. 17.3 CP) y así lo prevé el Código Penal respecto al asesinato (Art. 141). A los efectos de la aplicación de las penas, la consumación del delito "absorbe" la conspiración, si bien, obviamente, resulta necesaria su existencia para que una matanza de esa envergadura tenga visos de suceder. Curiosamente, las sentencias del caso no declaran probado que Emilio Suárez Trashorras (supuesto suministrador de los explosivos) y Jamal Zougam (colocador de al menos una bomba, según dedujeron tres magistrados de la Audiencia Nacional del testimonio de dos testigos rumanas, ahora imputadas por falso testimonio) se conocieran antes de los atentados.

Y, sin embargo, una vez constatado que los políticos que controlan el Estado impiden investigar los hechos y la destrucción, ocultación y manipulación de pruebas posteriores, sorprende la actitud indiferente de la mayoría de los españoles ante la posibilidad de que esos asesinatos en masa queden impunes, cuando la exigencia de su completo esclarecimiento debería compartirse como una cuestión metapolítica que une, más que separa, a personas mínimamente racionales pertenecientes a la misma comunidad que las víctimas indiscriminadas de esos atentados.

 Superados los primeros meses de aturdimiento y detectadas las cortinas de humo tendidas para impedir que trascendiera la simultánea destrucción de pruebas, la condena de solo dos personas tendría que haber supuesto un revulsivo para demandar más averiguaciones sobre el caso y la participación de otras personas en esta matanza de personas equiparable, por sus dimensiones y crueldad, a los crímenes en masa del siglo XX.

Las apisonadoras propagandísticas que apuntalan una versión insostenible no son más poderosas que las que se pusieron al servicio de los líderes totalitarios de ese siglo, de manera que no caben tantos pretextos para mirar a otro lado como los que arguyeron personas que alegaron desconocimiento de lo que pasaba.

 Es por esto por lo que la iniciativa de Gabriel Moris de promover una petición de investigación de los atentados del 11-M dirigida al gobierno, al Congreso y a la Audiencia Nacional merece el apoyo más entusiasta. Como se justifica en su encabezamiento: "Para hacer Justicia y regenerar las Instituciones. Para prevenir otro crimen de lesa humanidad como éste". En efecto, en otro comentario defendí hace años que estos asesinatos masivos reunían las notas para calificarse como delitos de lesa humanidad y, que por lo tanto resultaban imprescriptibles. Ahora me sumo a esa petición para romper el silencio ante el horror y añado la máxima de Virgilio en la Eneida: No te rindas frente al mal, sino combátelo con más audacia. Tu ne cede malis sed contra audentior ito.

EEUU, una sanidad anticapitalista

Escrito por Adolfo Lozano en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en EEUU, una sanidad anticapitalista

“El Gobierno no es elocuencia ni razón, sino fuerza. Igual que el fuego, es un sirviente peligroso y un amo temible”.

George Washington.

Aquéllos que denuestan la sanidad libre y anteponen a cualquier precio que el Estado sea el monopolista dueño de nuestra salud, suelen encontrar en Estados Unidos el supuesto ejemplo perfecto para justificarse. Sin embargo, si por ejemplo comparamos la sanidad estadounidense con el modelo público ‘a la europea’ de Canadá, las diferencias en resultados son llamativas y no precisamente a favor de Canadá. Un 89% de las mujeres estadounidenses de mediana edad se han hecho una mamografía frente a un 72% de las canadienses; un 54% de los varones estadounidenses se han hecho un test PSA para la próstata frente a un 16% de los canadienses; o un 30% de los estadounidenses se han realizado colonoscopias frente a sólo el 5% de canadienses. Prácticamente el doble de varones estadounidenses mayores de 65 años ven como “excelente” su salud en comparación con sus equivalentes canadienses. Y el problema de las listas de espera es paradigmático de un presunto modelo de sistema estatalizado como el canadiense: en este país 800.000 personas están siempre en alguna lista de espera; en el caso británico de sanidad también estatalizada hablaríamos de 1,8 millones de ciudadanos en lista de espera. En resumen, un canadiense o británico tiene que esperar el doble de tiempo que un estadounidense para ver a un especialista o para una cirugía.

Si hablamos de tecnología médica por habitante, las cifras vuelven a ser de nuevo contundentes: EEUU tiene 34 escáneres computerizados por cada millón de habitantes, Canadá 12 y Reino Unido sólo 8. EEUU tiene 27 máquinas de resonancia magnética por cada millón de habitantes, y tanto Reino Unido como Canadá sólo 6. Más del 70% de canadienses, alemanes o británicos están de acuerdo con que sus sistemas sanitarios necesitan “cambios fundamentales” o incluso “una reconstrucción completa”. En EEUU, hoy la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo en que la sanidad no es un asunto del Gobierno.

Hasta aquí podría parecer que el sistema sanitario estadounidense es, en términos generales, elogiable y modelo que importar. Nada más lejos de la realidad. Críticas aparte con poco recorrido argumental (como Sicko de Michael Moore), lo cierto es que la sanidad de Estados Unidos adolece de un problema fundamental que es causa de sus gravosos, y sin duda reales, problemas sanitarios: un desmedido poder regulatorio y subsidiador del Gobierno.

Dicen que ciego es quien no quiere ver, pero los ultraintervencionistas de turno no cejan en querer tapar los ojos a los demás –la coacción, en lugar de la voluntariedad, es lo suyo- con sus consignas. Si consideramos qué países y Gobiernos dedican más gasto del dinero detraído a sus ciudadanos en sanidad (esto que se hace llamar gasto público, como si el público en conjunto ofreciera sus recursos de modo voluntario), no encontraríamos encabezando esa lista a Francia, Italia o Suecia. Y sí, sin embargo (que los neosocialdemócratas se pongan su venda, por favor) estaría Estados Unidos, líder en gasto gubernamental sanitario sólo superado por Noruega y Holanda a nivel mundial. Sólo con esto, decir que EEUU tiene un modelo de sanidad libre o capitalista es como decir que Corea del Norte disfruta de un sistema alimentario de precios en competencia (la estatalización de los alimentos, sus ciudadanos lo saben, mata de hambre).

Si nos remontamos a los años de la II Guerra Mundial y anteriores, los seguros médicos de bajo coste estaban disponibles virtualmente para todos los estadounidenses. Una estancia en un hospital costaba unos pocos dólares y era floreciente y pujante el sector de hospitales y centros de salud de organizaciones caritativas gracias a un marco mucho más libre. En el colmo del neolenguaje actual está llamar ‘solidario’ al dinero ajeno que los políticos redistribuyen (volver a distribuir por la fuerza lo que el mercado/sociedad distribuyó pacíficamente), mientras se ataca furibundamente el concepto de caridad para liquidar así nuestra propia libertad. En 1910, en EEUU el 56% de los hospitales eran negocios privados, mientras ya en los años 60 sólo un 10% de ellos lo era de un modo estricto.

No es casualidad que los actuales problemas sanitarios en EEUU comenzaran a aparecer tras la imposición –por definición forzosa– de grandes programas gubernamentales sanitarios. Medicare en 1965, y Medicaid en ese mismo año dentro de la reforma de la Social Security Act. La salvaje era de belicismo y militarismo de entonces, acabadas las dos grandes guerras mundiales, había dejado a Gobiernos investidos de un brutal poder; un exorbitante estatismo que parecía justificar un Gobierno tan grande como nunca antes. Así, las ideas de sanidad estatalizada y colectivizada habían pasado como pelota en el tejado con sus particulares adaptaciones del autoritarismo de Bismarck, al socialismo nacionalista de Hitler, el franquismo español y su Seguridad Social hasta las democracias europeas y americana.

Pero centrémonos en el caso estadounidense y cómo el Gobierno ha invadido allí el sector sanitario y, con ello, ha disparado los costes sanitarios del 5% a cerca del 20% desde los años 60 hasta hoy. Y una sanidad más costosa es, lógicamente, menos sostenible y accesible. Al final de la II Guerra Mundial el Gobierno americano instauró el sistema de seguro sanitario provisto por el empleador y con un creciente rol subsidiador del Gobierno. La sensibilidad de precios aquí empieza a resquebrajarse puesto que el empleado tenderá a usar tratamientos más costosos aun no siendo muy necesarios (se lo paga un tercero) y la aseguradora tenderá a ofrecer también tratamientos más costosos aunque sean poco más efectivos (le pasa la cuenta a un tercero). De los 60 al año 2000, el Gobierno americano ha aumentado del 20 al 42% la parte que subsidia de los gastos sanitarios de sus ciudadanos. ¿Y qué ha pasado con los costes sanitarios? Prácticamente se han multiplicado por 4 en los últimos 40 años en EEUU. Frente al intervencionismo político, el libre mercado actúa de un modo bien distinto. El procedimiento oftalmológico LASIK, no incluido en los seguros americanos y cuyo coste es 100% soportado por cada paciente, ha reducido sus costes un 30% en la última década. Mientras la sanidad estatalizada se convierte en onerosa y cada vez más inaccesible, la sanidad libre y competitiva es sinónimo de accesibilidad y calidad crecientes. Hoy, la relación de los sanitarios y pacientes se ha devaluado; el sistema intervenido hace que los oferentes de servicios sanitarios basen sus decisiones no en las preferencias del consumidor-paciente sino en decisiones políticas de cobertura.

Parte importante de la catástrofe de la sanidad americana provocada por el Gobierno se debe a Medicare, la cobertura médica para personas mayores donde el empleador es directamente el propio Gobierno. Dado que el sistema Medicare está organizado del mismo modo que los sistemas de pensiones de reparto -es decir se sustentan en el fraude piramidal de Ponzi donde los nuevos miembros (jóvenes) van aportando los beneficios para los más antiguos (los mayores)-, su futuro es la quiebra y la insolvencia. Y esto es algo que hace años está en el horizonte del debate nacional sobre el sistema sanitario americano (se prevé que en 2050 se haya multiplicado por 12 la parte del PIB que se dedicaba a sanidad en EEUU en los 70). A tal punto está llegando la burbuja sanitaria americana, que el Gobierno americano tiene ya que recurrir a créditos del exterior para financiarla.

La sanidad americana es ejemplo perfecto de malas inversiones incitadas por el Gobierno al perderse las nociones básicas de pérdidas y beneficios en un marco social/de mercado (el mercado no es más que la sociedad libre). Pues, querámoslo o no, los bienes y servicios sanitarios están constreñidos a la escasez y finitud (no caen como maná del cielo). Y sin precios de mercado que nos indiquen que estamos satisfaciendo necesidades y preferencias del público (gracias a los beneficios, o las pérdidas en caso contrario), el Gobierno es ciego. Igual que es ridículo pretender eficiencia y progreso poniendo al Gobierno cual monopolio al mando de toda la industria automovilística; sin precios de mercado, no se puede saber qué cantidad de cada uno de los cientos de tornillos, placas, tubos y turbinas y en qué combinación exacta deben cada día fabricarse y ensamblarse ni qué distribución concreta de empleados emplearse en cada una de las fases temporales que precisa un solo automóvil para satisfacer las preferencias, siempre cambiantes, del público.

Por mucho que lo queramos evadir, la sanidad no está exenta de las imperturbables leyes de la ciencia económica. Si nos damos cuenta, allí donde la sanidad estatalizada parece persistir es donde más convive con economías un poco más libres y donde el gobernante tiene alrededor señales y precios de mercado por los que guiarse –lo que hace a la socialdemocracia menos catastrófica que el comunismo es que la primera tolera más áreas libres y capitalistas-.

Obstáculo y rémora para la reforma sanitaria hacia una mayor libertad y accesibilidad en EEUU es también la propia clase médica cartelizada en la AMA o American Medical Association, que actúa cual sindicato con intereses particulares y propios a expensas de los intereses de los pacientes y ciudadanos. Son ellos por ejemplo quienes protegen que se mantenga el actual monopolio de licencias para evitar la competencia con otros médicos y oferentes de servicios de salud. Creen intolerable que un paciente pueda llegar a pagar una minúscula cantidad por ejemplo por quemarle unas verrugas un enfermero en su casa, algo para lo que está perfectamente cualificado. Prefieren que el ciudadano tenga que ir a la consulta de un dermatólogo con una licencia aprobada por el AMA desembolsando cuatro o cinco veces más. El mercado y la libre competencia es, en última instancia, la mejor protección de los intereses de los pacientes y ciudadanos.

Ello por no hablar además de la prohibición expresa a los norteamericanos de importar fármacos del exterior (viva el comercio libre…) o de los a veces eternos procesos de aprobación de fármacos de la hiper-regulatoria FDA cuyas incompetencias matan a millones de personas. En 2007, un escandaloso informe interno de la FDA reconocía la capacidad de esta agencia gubernamental para actualizarse con la misma rapidez que la ciencia médica. Y no es extraño, pues la agencia de planificación central FDA por definición se anquilosará frente a las dinámicas e innovadoras fuerzas que acompañen a la ciencia. Igual que todas las industrias y sectores soviéticos acabaron siendo prehistóricos frente a las industrias de los países libres y capitalistas.

Otro tanto sucede con las patentes farmacéuticas, que son algo garantizado por el Gobierno, que disuelven la libre competencia y condenan por años a los pacientes a pagar precios de monopolio. ¿Con qué desfachatez vamos a seguir oyendo que el Gobierno es la solución a la sanidad y sus problemas, incluyendo a los más pobres, cuando ha sido y es ineludiblemente su destructor y verdugo?

Por supuesto, el modelo sanitario de EEUU no es absoluto un modelo elogiable sino oneroso, vergonzante y con importantes problemas de accesibilidad. Y lo es, de modo insoslayable, en tanto EEUU ejemplifica con su sanidad los errores tan previsibles como catastróficos del intervencionismo, el estatismo, el socialismo y el anticapitalismo practicado por derecha e izquierda sin distinción. El Gobierno, parafraseando a George Washington, es como el fuego. Y los estadounidenses, un día hace tiempo hijos de la libertad, son víctimas hoy también sanitariamente del incendio del Gobierno Grande y totalizante. Otro sistema es posible. Y deseable. El de la libertad y la prosperidad.

La violencia de los pacíficos

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

El “escrache” se ha puesto de moda. Este anglicismo que tomó significado en Argentina hace referencia al acoso al que se ven sometidos los políticos en sus actividades diarias y cotidianas por grupos de ciudadanos, más o menos organizados, que pretenden con ello reivindicar algún derecho o algún servicio que consideran esencial, haciendo difícil, si no imposible, la vida del acosado, y en algunos casos, de sus familiares y amigos. La diferencia con otro tipo de acoso es que éste pretende ser pacífico, o al menos, todo lo pacífico que entienden los acosadores.

El pacifismo o la no-violencia, como a algunos les gusta llamarlo, ha sido y es una virtud reivindicada por la izquierda, sobre todo en Occidente. Desde que Ghandi puso de moda el concepto en La India bajo mandato británico (pacifismo siempre apoyado por la violencia de Nehru y sin la cual, la independencia se habría dado en otras circunstancias), el pacifismo es una virtud que se nos cuela hasta en la sopa a las primeras de cambio y que, a poco que investiguemos o simplemente observemos, no se corresponde con los hechos.

Porque eso de pacífico es muy relativo y mutable. Cuando Orwell introdujo la “neolengua” en su obra cumbre 1984, sólo estaba plasmando que la izquierda tiende a redefinir continuamente los conceptos, de forma que siempre se adapten a las circunstancias y los objetivos del sistema o de la política que el Gobierno desarrolle en ese momento. Así, no fue sorprendente que bajar los impuestos fuera de izquierdas, como nos dijo Zapatero en un momento brillante de su legislatura, por mucho que el sistema que defendía estuviera basado en la supremacía del Estado, que requiere más y más recursos ciudadanos para sobrevivir. Claro, que tampoco sorprende que subir los impuestos sea cosa del PP, y es que, como dijo Hayek, hay socialistas en todos los partidos.

El pacifismo es, por tanto, susceptible de mutación si las circunstancias lo requieren, tanto como achacar al enemigo todos aquellos vicios de los que adolecen. Así, algunas manifestaciones pacíficas que convocan las organizaciones de izquierdas terminan en altercados de orden público, con coches quemados, escaparates rotos, saqueos y heridos, incidentes todos ellos que se achacan a infiltrados de la Policía o a personas que nada tienen que ver con los que la organizan, elementos subversivos que pretenden dar mala imagen de movimientos tan nobles y solidarios.

La “okupación” de cualquier inmueble es un acto pacífico, aunque al dueño le pueda hacer maldita la gracia ver cómo su casa o su finca se convierten, con el uso de los “okupas”, en una especie de estercolero. El saqueo de un supermercado o unos grandes almacenes es un acto de justicia social, ya que lo saqueado termina, según la propaganda oficial, en manos de los necesitados, necesitados en algunos casos de jamón de Jabugo o de caviar ruso. Los gritos que interrumpen o impiden una conferencia o un discurso se convierten, como por arte de magia, en una reivindicación o incluso un acto de libre expresión que es vilmente reprimido por los organizadores de los actos. Todo se nos muestra como actos pacíficos, justificados por las circunstancias y por una moral algo retorcida.

Nada nuevo bajo el sol, como diría el clásico, porque estos episodios violentos son una evolución de los que se dieron en el siglo XIX, la época del anarquismo y de la revolución, una copia adaptada a los tiempos de los actos que protagonizaron los secuaces de Lenin, Trosky y Stalin durante la Revolución Rusa, los que perpetraron los fascistas de Mussolini o los nazis de Hitler, o las manifestaciones, pagadas por el dinero de la Unión Soviética e impregnadas de ese pacifismo tan controvertido, que terminaban en las bases de la OTAN en suelo europeo y que acababan siendo disueltas por los antidisturbios cuando intentaban ir más lejos de lo pactado con las autoridades. El totalitarismo siempre ha sabido usar la violencia adecuada, disfrazando el lobo con piel de cordero, algunas veces lechal, y aprovechar la ceguera del observador. Y no hay más ciego que el que no quiere ver.

Y es que este pacifismo sesgado, que sólo afecta a unos y no a otros, que debería ser sospechoso desde su nacimiento, tiene un éxito inusitado, según va avanzando la ideologización de la población a través de las herramientas que el Estado de Bienestar pone en manos de los lobbies de poder. Hoy es el “escrache”, ayer fueron las manifestaciones y las ocupaciones de lugares públicos durante varios meses, afectando de esta manera a viandantes y personas que tenían sus negocios en las calles y plazas afectadas. Parece que los derechos de éstos últimos no eran importantes frente a los derechos de los congregados. Y es normal, tener un negocio y sacar beneficios es propio de malvados capitalistas, de talibanes del libre mercado, de explotadores de los trabajadores, de rentistas y propietarios. Todos deben ser castigados, pero pacíficamente, que no se noten los moratones.

La manipulación de la desgracia ajena como ruina moral

Escrito por María Blanco en . Publicado en Artículos en prensa.

No se ha calculado aún la caja que han hecho los programas de televisión llevando personas caídas en desgracia. Con la idea supuesta de ayudar y dar a conocer el caso, varios programas, de contenido más o menos amarillento, llevan muchos meses rascando audiencia con este tipo de invitados. Se trata de ciudadanos anónimos que compraron preferentes, o que están siendo desahuciados, por ejemplo.

No pongo en duda la buena intención de dichos programas, pero sí creo que su información incompleta sesga la opinión de los televidentes y genera sentimientos de indignación sobre una base espuria.

De la misma forma, pero con mucho más perversas intenciones, las plataformas de afectados por desahucios y pioneros del escrache del siglo XXI, acosan a políticos solamente de un partido, atribuyéndoles la total responsabilidad por los desahucios y ponen ante las cámaras para justificarse a personas que atraviesan situaciones sin salida.

La información es una condición necesaria para poder formarse una opinión. No se trata de esconder el empobrecimiento de los españoles (que ya notamos en nuestros bolsillos), me parece muy bien poner encima de la mesa lo que está sucediendo y la situación que viven muchos miles de ciudadanos.

Hacer uso del mal ajeno está feo

Pero no estaría de más tratar a esas personas caídas en desgracia con el respeto que se merecen. Y eso pasa por decirles la verdad, en lugar de tratarles con esa conmiseración hipócrita tan típica de nuestra tierra. De repente, el olor a rancio de las damas de caridad (mal llamada caridad) de antaño, se ha convertido en rebufo progre con notas de salvapatrias.

Porque cuando una joven soltera madre dos hijas sale en la pantalla y dice: "yo tenía mi puesto interino y los recortes del PP me lo han quitado y ya no puedo pagar la hipoteca. Lo que más pena me da es que voy a transmitir esta deuda a mis hijas y vamos a ser esclavas del banco para siempre", alguien debería explicarle varias cosas.

La primera, que ha tomado muy malas decisiones. Porque asumir la deuda de una hipoteca a largo plazo teniendo un puesto interino con dos bocas que alimentar es temerario. La razón es que interino significa provisional, estás en sustitución. Es decir, no es tu puesto de trabajo. Y, efectivamente, cuando hay problemas presupuestarios, la primera medida es amortizar esas plazas.

No estaría de más explicarle qué ha llevado a esta situación, para que puestos a gritar, lo haga delante de todas las puertas, no solamente delante de las más evidentes.

Finalmente, habría que explicarle a la mujer que cuando uno firma algo hay que leerlo y no firmarlo hasta que uno entiende a qué se compromete. Estamos en un país en el que sabemos cuántos meses tienen que pasar para cambiar de operador, las ventajas de Jazztel sobre Orange, o al revés, y qué tarifa es la mejor, pero no nos leemos los contratos de hipoteca. No sabemos que hay una cláusula de dación en pago, pero que sale más cara. No sabemos que estamos firmando que, a cambio de un tipo de interés menor, si no pagamos un número de cuotas la casa se la queda el banco, y mantenemos la deuda. Y había alternativa: el alquiler. Podía no comprar una casa si no estaba segura de mantener un nivel de ahorro adecuado.

Los escraches y otras milongas

Pero, con todo y con eso, estas personas tienen derecho a expresar su descontento dentro de la ley. No seré yo quien critique el derecho al repudio social y a la libre expresión del malestar de maneras distintas a las urnas, soy abstencionista recalcitrante. Eso sí, me da la sensación de que alguien está manipulando a alguien. Porque no se protestó cuando Chacón anunció que se aumentarían los juzgados de Madrid para agilizar desahucios. Nadie protesta ante las puertas de quienes mantuvieron y reforzaron esta ley. Se protesta ante las puertas del PP mientras la oposición corresponsable, jalea al personal. Es partidista. Y ahí se le va el fuelle al tema. De nuevo, el uso por los partidos políticos de la iniciativa de los ciudadanos y la ceguera de estos, arruina cualquier intento de sociedad civil en España.

A ese sesgo que resta inspiración ciudadana a la protesta hay que añadir el carácter pacífico del escrache. Llevar a personas que están en una situación de auténtica desesperación a una casa, con cámaras de televisión por delante y señalar con el dedo a un político y decirle: "mira, ese, ese es el responsable de tu desgracia. Vamos a gritar para protestar" es, cuando menos, temerario. Es fácil que degenere en algo más. Tirar la piedra y esconder la mano está muy feo y esconder intereses políticos tras la miseria ajena también.

Sí, creo que los políticos deberían sentir el repudio social. Pero probablemente no sólo ellos. También los periodistas, economistas, activistas y gente de a pie que, en lugar de poner luz, se aprovechan del mal ajeno para alcanzar notoriedad, hacer caja o calentar los ánimos. Cada cual que asuma lo suyo.

Hugo Chávez, Carl Schmitt y la dictadura

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La muerte de Hugo Chávez nos ha dejado una congregación de plañideras que entre llanto y llanto se han dedicado a loar los logros del líder de la revolución bolivariana. Justificadas sus tropelías y bravuconerías con las victorias electorales, sus hagiógrafos decían cosas como que Hugo Chávez "era pueblo".

Semejante legitimación enraíza con el filósofo alemán Carl Schmitt, autor de La dictadura. Y es que, tras la justificación "ser pueblo", dejan entrever el pensamiento schmittiano que construye sobre Hugo Chávez al defensor de la Constitución, la encarnación de la voluntad del pueblo que encierra en su persona la decisión política.

Los teóricos de esa voluntad general indivisible y absoluta que no admite disenso encuentran en la figura del defensor de la Constitución la horma de su zapato. Carl Schmitt resolvió sobre el papel el callejón sin salida e ingobernable que había dejado Rousseau pero que en la práctica ya se había substanciado en esas vanguardias conscientes de clase capaces, no solo de dirigir al colectivo, sino de gobernarlo.

La comparación resulta interesante porque nos permite, además, retrotraernos a la polémica entre Kelsen y Schmitt sobre el guardián de la Constitución. Un debate que se truncó con las embestidas totalitarias que recorrieron Europa en la mitad del siglo XX. Frente a la teoría de la decisión, Kelsen proponía una teoría pura del Derecho que venía a justificar el Derecho en sí mismo. Una cuadratura del círculo positivista que fundamentaba el Derecho y la legalidad en lo formal excluyendo cualquier otra consideración.

Este sistema kelseniano se vio superado por el ascenso al poder de Hitler y la subversión de la Constitución de Weimar. De la democracia a la dictadura a través de la modificación de leyes que desde el poder se van alterando de la misma forma que se aumenta poco a poco la temperatura de una cazuela para que la rana no salte mientras el agua empieza hervir. Una lección histórica que algunos pretenden olvidar cuando ya en el pasado son varios los dictadores que han llegado al poder aupados por mayorías electorales en lugar de carros de combate.

La fusión de ambas perspectivas filosóficas desde un punto de vista utilitario ha permitido a lo largo de la historia reciente los mayores atropellos de la libertad individual. Lo que en principio parecía antagónico se ha reconciliado tantas veces como ha sido necesario para desvirtuar la democracia representativa e imponer la voluntad de uno sólo, legitimada en el bien de todos.

Una teoría que en muchos lugares se ha llevado a la práctica. En España, en varias ocasiones el pueblo se ha echado a las calles al grito de "¡vivan las cadenas!", mientras los intelectuales justificaban y proclamaban la necesidad de cirujanos de hierro que pusieran orden en los desbarajustes institucionales del país. Incluso se han llegado a idear términos como el de dictablanda o demodura para mantener la conciencia tranquila mientras se justificaba lo injustificable.

La novedad chavista introdujo el elemento de la legitimación democrática permanente para retener el poder y manejarlo a su antojo. El régimen bolivariano es una pantomima que guarda aparentemente las formas democráticas, pero que en ningún caso permite la pluralidad de un sistema electoral libre para electores y candidatos en los que se pueda elegir una alternativa en igualdad de condiciones.

Cuando todo el entramado de pesos y contrapesos falla, olvidamos que el último resorte, la red de seguridad del trapecismo de la política, no es otra que la propia gente educada y responsable individualmente, celosa de su libertad y desconfiada de las intromisiones del poder estatal en sus vidas. Cuando falla, no hay garantía constitucional ni nación capaz de resistir la deriva populista.

Aprender a compartir

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario.

Es un lema precioso. "Aprender a compartir". Qué bonito… Desde que somos pequeños, desde que vamos al jardín de infancia, luego en el colegio, todos lo hemos sufrido…

Estabas encantado en el cole jugando con tus madelman y llegaba el cretino de Luisito, un tipo que te caía mal, que nunca traía sus propios madelman, se ponía llorar y la "seño" te decía "tienes que aprender a compartir". El problema es que yo no tenía que aprenderlo, yo ya sabía compartir…

Compartía con mi amigo Nando, a cambio de la mitad de su fabuloso bocata de chorizo Revilla con Tulipán, en una perfecta demostración de las ventajas del libre comercio, a pesar de las instrucciones de corte "proteccionista" de su madre. Compartía con Manu, un chaval majete, hijo del bedel, que no aportaba ni bocatas ni madelmans ni nada, pero me caía bien, jugaba al fútbol como Pirri y era siempre la primera opción en el draft previo a los partidillos del recreo. Compartía con Laura, una preciosidad de ojos azules, a cambio de… bueno, en fin.

Pero con el tal Luisito, un llorón, un acusica, un caradura que nunca tenía nada suyo que compartir, que no aportaba nada, ni era simpático, que solo sabía quejarse a la profesora, la verdad es que me repateaba hacerlo… Y solo cuando no había escapatoria, cuando la profesora se ponía muy en serio y veías la posibilidad de un cero en compañerismo, accedías de mala gana a cederle tus madelman… Los cuales, en una demostración infantil de la tragedia de los bienes comunes, te eran devueltos en pésimo estado…

Y estas experiencias infantiles, ese "aprender a compartir" bajo coacción están grabadas a fuego en generaciones y generaciones de españoles.

Un "aprender a compartir" que para muchos, para millones de Luisitos, significaba y significa "obligatoriedad de los demás de compartir con ellos", formando un amplio sector de la sociedad que cree que tiene el derecho a disfrutar de los bienes y propiedades del prójimo y dispuesta a votar a los políticos que les prometan usar la coacción para lograrlo.

Así, ese "compartir obligado", esa falsa solidaridad basada en la coacción, está insertada en el acervo cultural común de una sociedad que no cree en ni respeta la propiedad privada, fuente de la cual emana el principio básico de la libertad y no del hecho votar cada cuatro años.

Y así nos va…

PD: Gracias a Facebook, he podido volver a contactar con mis compañeros de patio de colegio. Nando está calvo y gordo, muy gordo debido a la falta de mi influencia correctora sobre su ingesta, Manu juega fútbol sala de veteranos y a Laura, divorciada y una auténtica milf, la he invitado a cenar…

Respecto a Luisito, como ya apuntaba, ha acabado metido en política y, lógicamente, no le he agregado…

Asimismo, el Estado está desnudo

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Pocos son los mitos ampliamente extendidos que no se estén desmoronando durante esta gran depresión. En tanto que basados en mentiras (piadosas o de conveniencia) elaboradas por el estamento político y corporativo patrio y esparcidas por sus satélites en los medios de comunicación dominantes, en estos días no dejo de recordar la validez de aquella máxima genial con la que Jean François Revel comenzaba "El conocimiento inútil": "La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira".

Uno de ellos, que sería secundario si existiera un régimen de monarquía parlamentaria realmente consecuente con la constitución de 1978, es decir, si hubiera un gobierno de las leyes en España, es el actual Rey Juan Carlos I. Nombrado con toda la fanfarria franquista sucesor a título de Rey por el propio dictador y, una vez convertido en Rey a la muerte de aquel, principal impulsor de la transición política a una suerte de democracia, su ya prolongado reinado va adquiriendo unos tonos cada vez más oscuros, merced a unos escándalos que, aunque parecen ocurrir en estos últimos tiempos, se han ido acumulando desde muchos años atrás y demuestran hasta qué punto la corrupción se ha convertido en la estrategia para mantenerse en el poder. Los célebres equilibrios y contrapesos de las constituciones liberales, que se pueden encontrar también en la Carta Magna española, no tienen ninguna virtualidad, pues, simplemente, no hay nadie con poder que tenga la voluntad de hacerlos cumplir.

Cuando se habla de la monarquía se olvidan tres aspectos esenciales, estrechamente entrelazados, que convertían a la constitución española en una émula de las monarquías parlamentarias europeas:

1) El Rey reina, pero no gobierna.

El presidente del gobierno y sus ministros están llamados a ejercer (Art. 64 CE) el control de "los actos del Rey", ya que los refrendan y se convierten en responsables de los mismos. De no concurrir ese refrendo, esos actos carecen de validez (Art.56.3 CE) salvo en lo que se refiere a la distribución de la partida del presupuesto asignada a su sostenimiento y de su familia y "el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa" (Art. 65 CE).

Sin embargo, de hecho parece que el Rey actual se ha reservado parcelas de poder real en la estructura del Estado, un comportamiento con la Reina consorte que no casa con las obligaciones de respeto que el Código Civil demanda al resto de los españoles con sus cónyuges y un entendimiento muy laxo sobre cuáles son los límites de la gestión de su patrimonio personal, a pesar de que recibe de los presupuestos públicos una partida anual para el sostenimiento de su familia (Art. 65).

2) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

Esto debe entenderse como impunidad en el ámbito penal (Art. 56.3 CE). Este privilegio no se puede extender a otros miembros de su familia y, obviamente, a sus amistades, por muy entrañables que éstas sean.

3) Inhabilitación del Rey.

No obstante, y a pesar de la falta de validez de los actos del Rey sin el refrendo del presidente del gobierno o sus ministros, si sus actuaciones personales vulneran las leyes, son gravemente desacertadas o simplemente pierde la cordura o la disponibilidad, cabe la posibilidad de que las Cortes Generales reconozcan la causa concreta de inhabilitación y conviertan en Regente al príncipe heredero (Art. 59.2 CE). Esta vía de impeachment al Rey puede ser evitada por el interesado mediante la abdicación.

Por todo ello, llama la atención que nadie dentro del estamento político haya promovido de forma seria la activación de las previsiones constitucionales en esta materia, ante la conducta inapropiada (que diría Bill Clinton) de Juan Carlos I y, cuando menos, culpa in vigilando a las personas de la Casa Real investigadas en el caso Instituo Nóos de malversación de fondos públicos.

Las pruebas sobre una actuación indecente del actual Rey en distintas cuestiones no le pueden llevar al banquillo de los acusados, como él muy bien sabe. Incluso si, como parece, los indicios de criminalidad se agolpan contra su hija, su yerno y personal de la Casa Real. En el lodazal de la corrupción de los partidos que ahora le protegen, las críticas sensatas al monarca actual se vituperan como invectivas "antisistema", impidiendo la propia regeneración mediante los mecanismos previstos en la constitución. Ese tapón puede estallar algún día con imprevisibles consecuencias.

Sin que su familia ni la propia monarquía me produzcan ningún entusiasmo, observo más ventajas en mantenerla que en un régimen republicano, donde las tendencias sectarias son conocidas en la política española. Ahora bien, el buen hacer, la pulcritud y la honradez en el servicio al país al que el Rey debe unos inmensos privilegios deben hacerle recapacitar. Abdique, Majestad y no se convierta en el carcamal que impedía el cambio cuando vivía. ¿Recuerda?

Cuatro, La Sexta y la apertura de la veda del diputado del PP

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Los diputados del Partido Popular están comenzando a experimentar en sus carnes las políticas progresistas que la izquierda callejera suele implementar cuando los suyos no están en el poder. Estos días son los miembros y miembras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca los que, a imagen y semejanza de los comités de defensa de la revolución de la tiranía cubana, se están dedicando a perseguir a los diputados del PP que, presuntamente, van a votar en contra de la iniciativa legislativa popular contra los desahucios presentada en el Congreso.

En realidad no saben cuál va a ser la decisión final de las Cortes, ni el sentido del voto de los distintos grupos políticos, porque, de hecho, es un asunto sujeto al siempre proceloso devenir parlamentario. Pero eso da igual. La maldad de los peperos es como el valor de los soldados cuando hacíamos la mili, algo que se da por sentado. En realidad son peor que malos; son fascistas, que es como la izquierda sin alfabetizar define a cualquiera que discrepe de sus disparates ideológicos. Y contra un fascista vale todo. Por eso los progresistas deslegitiman el derecho de estos diputados a votar en el Parlamento lo que estimen oportuno. Ya que la izquierda les concede participar en el proceso democrático, al menos que no lo perviertan oponiéndose a los dogmas proclamados por los nuevos clérigos en su lucha por el socialismo. Y como estos superdemócratas son los campeones del humor involuntario, han elaborado incluso un manual para sistematizar la cacería y prevenir disidencias, en el que detallan en qué va a consistir la agresión a los derechos del diputado pepero que pillen por banda. Luego añaden una coda en la que advierten de que ellos rechazan "cualquier agresión verbal o física", para que, si a un integrante de estos piquetes totalitarios se le escapa un día una bofetada, puedan decir que es un caso aislado porque la izquierda callejera, como todo el mundo sabe, es el copón de pacifista.

Y en esto que llegan las cadenas de televisión de mucho progreso a dar cuenta de las legítimas protestas del proletariado contra los diputados declarados enemigos del pueblo. Oigan, qué maravilla. Qué dechado de ecuanimidad, ponderación, imparcialidad y mesura en el tratamiento de estas noticias sin tomar partido por unos u otros. Como debe ser. Los noticiarios de Cuatro y La Sexta están dando estos días una clase magistral de equidistancia sobre una polémica ante la que se niegan a tomar partido, porque en una situación en la que de un lado hay una manada de progres coceando la puerta de la vivienda de un diputado y del otro unos niños aterrorizados, vaya usted a saber quién tiene la razón. Hombre, algunos sí tenemos una noción muy clara de a quién hay que defender en situaciones así, pero como estas cadenas son precisamente las preferidas por los diputados acosados, según su propia confesión, ¿quiénes somos nosotros para impedirles este disfrute? 

Nueva lección de democracia a Cristina Kirchner

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Kirchner inició hace más de una año una suerte de cruzada, exigiendo las Malvinas. Era sabedora de que enarbolando esta bandera, podría lograr, por un lado, dosis de adhesión hacia su proyecto político, y por otro, desviar la atención de la precaria situación por la que atraviesa su pueblo.

Sin embargo, hasta el día de hoy, más allá de exaltaciones de rancio patriotismo, poco más ha obtenido. Por el contrario, el gobierno británico ha resistido las diferentes acometidas verbales sin caer en la demagogia, como hubiera gustado en La Casa Rosada, a pesar de que el contexto doméstico que afronta David Cameron no es el más halagüeño.

Tampoco Londres se ha dejado engatusar por declaraciones rimbombantes de intelectuales como Adolfo Pérez Esquivel, quien, más que arremeter contra con una democracia consolidada e histórica como la británica, debería ser más autocrítico con la forma en que se ejerce el poder en su país natal, donde los excesos e injerencias gubernamentales son la pauta oficial.

El tercer actor invitado en esta obra lo representaban los habitantes de Malvinas. Estos siempre han mostrado su rechazo a formar parte de Argentina, entre otras razones porque son espectadores privilegiados del camino que sigue el país bajo los auspicios del Justicialismo (el Peronismo siempre está presente, con independencia del nombre del Presidente).

El alto nivel de vida de Malvinas contrasta con el hecho de que en algunas provincias de Argentina, por asombroso que parezca, el hambre esté presente, a pesar de que si algo caracteriza a su populismo gubernamental es el intervencionismo a gran escala y con diferentes manifestaciones, una de ellas, quizás la más peligrosa, la que adopta la forma de expropiaciones de empresas. A nivel exterior, algunos de los principales socios de Kirchner no muestran ningún respeto hacia los Derechos Humanos, clara evidencia de que entre la teoría y la práctica del actual gobierno argentino existe un abismo.

La consulta celebrada ha transcurrido por los parámetros de la máxima legalidad y respeto hacia las leyes. La presencia de observadores internacionales así lo ha refrendado, pese a lo cual, la voluntad popular no parece inmutar lo más mínimo el ánimo de Fernández de Kirchner. Por el contrario, el Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado en el cual dice que los resultados de la consulta en ningún caso ponen fin a la cuestión de la soberanía, tras lo cual, se emplea el tradicional lenguaje, insistiendo que “el gobierno británico vuelve a manipular”, hablando incluso de “mala fe” por parte del número 10 de Downing Street, todo ello aderezado con las clásicas acusaciones a Reino Unido de “colonialismo”.

A pesar de todo, esta lección que le ha dado Malvinas no debería dejarla de lado el ejecutivo argentino, cuya deriva radical carece de límites. En efecto, si hace un mes fue capaz de llegar a un acuerdo con el gobierno iraní para crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la AMIA (menospreciando, en consecuencia, a las víctimas y a sus familiares), ahora ha recibido un nuevo toque de atención por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, en cuyo informe final tampoco sale bien parada la dirigente.

En definitiva, el discurso victimista de Fernández de Kirchner está muy gastado en cuanto que conocido. Frente a lo que sucediera en 1982, los argentinos no han dado muestras de inquebrantable adhesión, conscientes de que la mejora a todos los niveles del país nada tiene que ver con Malvinas. Por el contrario, con toda probabilidad a muchos les gustaría tener la calidad de vida que disfrutan los kelpers, no sólo en cuanto a bienestar, que también, sino en lo que a la garantía y salvaguarda de sus libertades se refiere.

El Estado de Bienestar y la violencia

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Si mañana el Estado decidiera prohibir las relaciones homosexuales, tendría que acompañar la medida de un despliegue coactivo de tal envergadura que inmediatamente provocaría el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad. Los medios de comunicación difundirían imágenes de homosexuales pacíficos siendo detenidos, o testimonios emotivos de los que hubiera preferido esconder su orientación sexual antes de ir a la cárcel. Toda persona sensata, al ver a gente pacífica siendo acosada de tal modo, estaría escandalizada y exigiría al gobierno que rectificara dicha medida de inmediato.

Si preguntáramos a esos ciudadanos por qué se oponen a la prohibición, muy pocos contestarían que, simplemente, a ellos les parece bien ser homosexual y por tanto el Estado debe legalizar esta orientación sexual en concreto. No, la mayoría basaría su posición en que el Estado no puede prohibir algo que se hace libremente entre dos adultos y que no perjudica a nadie.

Por desgracia, esta posición tan razonable, o bien no se ha interiorizado, o bien se abandona a las primeras de cambio en cuanto el algo que se hace libremente no es del agrado del que juzga.

El ejemplo más claro es la prostitución en adultos. Al igual que con las relaciones homosexuales, se trata de dos o más adultos actuando de mutuo acuerdo, y sin hacer daño a nadie. Pero claro, cuando algo no te gusta, ahí están las excusas argumentales para hacer que sea fácil tirar tus principios por el desagüe; por ejemplo, que la supuesta falta de dinero del que presta el servicio le obliga a dedicarse a esos menesteres, y de ahí la ilegitimidad de ejercer esa profesión.

Por suerte, en este tema la sociedad está avanzando y cada vez más voces se levantan a favor de la legalización total.

Por desgracia, hay otros temas en los que la coacción estatal aún campa a sus anchas con el beneplácito de la mayor parte de la población; me refiero a la persecución fiscal a causa del llamado Estado de bienestar.

Al Estado de bienestar se le ataca desde el liberalismo por muchas cosas, y todas son importantes. Pero en lo que no se hace suficiente hincapié es que, al igual que todos los entramados mastodónticos Estatales, se sustenta en algo muy simple: la coacción sobre el individuo pacífico que no hace daño a nadie. O lo que es lo mismo, sobre la violencia gratuita.

Al igual que el homosexual o la prostituta, la persona que decide no usar los servicios del Estado de bienestar (educación, sanidad, pensiones, etc.) no hace ningún daño a nadie. El disfrute de los servicios puede ser, y es, restringido y por tanto nadie que no participara en su financiación podría ser excluido sin el más mínimo problema.

Pese a esto, millones de personas que suscriben sin ningún pudor la máxima del vive y deja vivir se manifiestan a favor de monitorizar, auditar, perseguir y meter en la cárcel si es necesario a todos los ciudadanos del país con tal de que nadie se escape de mantener esa maquinaría de gastar dinero que tanto les gusta.

Pues ya va siendo hora de que se empiece a decir alto y claro que se puede estar a favor de los servicios públicos del Estado de bienestar. Pero siempre que se deje perfectamente claro que se está en contra del vive y deja vivir. Porque todo defensor de lo público es alguien que no deja vivir a los demás. Alguien que sustrae dinero, y por tanto horas, ideas, esfuerzo, y en general, la vida a otros, en nombre de lo que él cree adecuado por su moral, sin importarle lo que la otra persona piensa o lo que podría hacer con esos recursos si tuviera la oportunidad. En otras palabras: alguien que cree en la violencia y desprecia la libertad.