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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Aranceles y salario mínimo

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Stop productos extranjeros

Las barreras arancelarias son antiquísimas. El arancel es un impuesto aplicado generalmente a los bienes importados para dificultar su entrada en un territorio dado. Nacieron de la mano del comercio internacional hace miles de años. Sirven para aumentar los precios de los productos importados y, por tanto, permiten a los productores domésticos de bienes similares cobrar precios más elevados. Los grupos de presión internos logran de esta manera blindarse frente a una competencia extranjera más barata.

La biografía económica solvente desde, al menos, David Ricardo establece que el libre comercio mundial genera ganancias para todos los participantes en el mismo gracias a las ventajas relativas o comparativas. Sin embargo, a pesar de sus beneficios contrastados, los gobiernos nacionales siguen aún hoy obstaculizando el comercio exterior de muy diversas maneras. Recurrir al argumento de la protección de la industria nacional para imponer aranceles o tarifas está peor considerado que hace unas pocas décadas. Los gobiernos y sus cabilderos buscan ya otras barreras no arancelarias (cuotas, reglamentos sanitarios, de protección del medio ambiente, de calidad técnica, controles de embalaje, etc.) acordes con las sensibilidades actuales con el fin de mantener sus trabas al comercio. Esto es, puro mercantilismo camuflado inyectado por las venas de cada economía doméstica.

Qué duda cabe que los aranceles tienen sus ventajas: mejoran la posición de la balanza comercial, generan ingresos para el Estado y protegen la producción y los puestos de trabajo nacionales al blindarlos de la competencia extranjera. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: se perjudica a los productores exteriores al dificultarles el acceso a los mercados con potencial demanda de sus bienes (siendo los países en desarrollo los más perjudicados), se daña el poder adquisitivo de los consumidores nacionales en su conjunto pues acaban comprando productos más caros y/o de menor calidad y no se permite que surjan nuevos trabajos a resultas de un incremento en la productividad de la economía al verse enfrentada a una mayor competencia de fuera. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (lobbies empresariales) están mucho mejor organizados.

Desde hace mucho tiempo los liberales venimos echando pestes de las barreras al comercio internacional por mermar la productividad e innovación en general, por ser empobrecedoras e injustas para los consumidores y especialmente dañinas para los países más vulnerables.  

Stop mujeres, negros, jóvenes e inmigrantes

El salario mínimo (SM) se estableció por primera vez a finales del siglo XIX en Australia y en Nueva Zelanda con la loable meta de preservar un mínimo estándar de vida para los trabajadores menos cualificados. Luego se fue extendiendo a buena parte de las naciones occidentales. El Estado de Massachussets fue la primera jurisdicción que lo adoptó en los EE UU en 1912. Esta legislación primitiva fue, no obstante, muy sincera en sus motivos: prohibió a las empresas de algunos sectores contratar a mujeres y jóvenes por debajo de cierto nivel salarial ya que lo logrado sindicalmente no debía ponerse en tela de juicio. En aquella época no se estilaba lo políticamente correcto, por lo que se proclamó sin tapujos que las mujeres e imberbes debían permanecer en el lugar que les correspondía, es decir, en sus hogares y sin amenazar los ingresos de los padres de familia sindicados. Eran otros tiempos y se podía argüir de forma tan cafre y paternalista según cánones al uso de entonces para defender lo propio. Era lo mínimo que se esperaba del pater sindicalis.

Hasta la década de los cincuenta, en los EE UU la tasa de desempleo de los trabajadores negros iba pareja a la media nacional. Las empresas constructoras del norte contrataban preferentemente a los negros no sindicados provenientes del sur para disgusto de los trabajadores blancos que veían con impotencia mermados sus empleos. Esto cambió cuando el SM federal hizo su aparición con la Davis-Bacon Act de 1931 y se fue actualizando mediante las sucesivas leyes denominadas FLSA (vigentes hasta el día de hoy). Al principio, los niveles salariales mínimos estuvieron por debajo del mercado debido a la inflación, por lo que sus nocivos efectos sobre negros y otras minorías desfavorecidas no se dejaron sentir. Sin embargo, a partir de mediados de los años 50, al subirse el SM de la hora laboral abruptamente por encima del nivel de precios del mercado, el desempleo entre la población negra fue aumentando consistente y proporcionalmente mucho más que la blanca.

El economista norteamericano Walter E. Williams, al hacerse consciente de ésta y muchas otras trabas que afronta el negro estadounidense por culpa de las iniciativas “humanitarias” de los congresistas de su país, escribió State against blacks (1984). Como indica más de una vez en este libro, las intenciones del legislador son irrelevantes para los resultados económicos. Más tarde, en South Africa’s war against capitalism dicho economista analizó las leyes laborales racialmente discriminatorias contra los negros en aquel país africano. Descubrió que las leyes de SM fueron la herramienta más sutil y eficaz de los sindicados blancos para protegerse y evitar que los trabajadores negros les desplazaran por precio de sus puestos de trabajo al dificultar a éstos -por su menor productividad- el alcanzar la rentabilidad mínima esperada para ocuparlos a esos salarios marginales.

Hoy el SM tiene efectos semejantes pero son otros los argumentos utilizados. A esto se suman los efectos inhibidores a la contratación de otras barreras y rigideces laborales.

Se sabe que las leyes de SM dejan en paro también a jóvenes que no tienen la capacidad ni la formación suficientes para lograr ser contratados a los niveles que decreta la ley. Un joven, en los inicios de su andadura laboral, no trabaja esencialmente por dinero sino para adquirir experiencia y aprender del mundo real pues tiene solo inexperiencia y, a veces, mero conocimiento académico (no real). El simple hecho de adquirir experiencia laboral es muy valioso. Un comienzo modesto no es ninguna indignidad, especialmente cuando se están adquiriendo conocimientos y habilidades profesionales que servirán para mejorar sus niveles de ingresos futuros. En cualquier caso, un mal trabajo es mejor que estar parado.

Es una verdadera pena ver innumerables jóvenes desempleados y con la autoestima por los suelos. Los más avispados emigran, los que poseen menos escrúpulos se echan al monte y acceden al trabajo informal o, mucho peor, acaban delinquiendo para malvivir. Otros vegetan impropiamente con subsidios a sus edades, incubando frustración e indolencia.

La mayor parte de la gente que gana por encima del SM no es gente pobre. El problema acuciante está en aquellos que no lo alcanzan. La mayoría de los gobiernos, pese a los efectos destructivos no deseados de las leyes de SM, hacen caso omiso a lo que la mayoría de los economistas tienen que decir al respecto. Como a primera vista parece lo correcto, se usa como medio para lograr la reelección, especialmente cuando las consecuencias económicas a largo plazo llegan demasiado tarde como para ser políticamente relevantes.

En Europa lleva vigente el SM desde hace tiempo en muchos países, menos en la curiosa franja vertical que va de Noruega a Italia. Qué duda cabe que implantar el SM tiene sus ventajas: mejora la posición económica de los trabajadores experimentados más productivos. También sirve para que los sindicatos lo exhiban como un triunfo cada vez que logran subirlo. Pero lo que se gana por un lado se pierde por otro: reduce la contratación u horas de trabajo, se aumentan los precios finales de venta al público y se daña a los marginalmente hoy más débiles, es decir, a los jóvenes en general y a aquellos inmigrantes que estén menos cualificados al quedar fatalmente segregados del mercado laboral.

Solo los liberales desde inicios del siglo XX han criticando las leyes de SM y demás barreras al mercado laboral por destruir oportunidades de trabajo, por ser injustas para la inmensa mayoría de los consumidores y, sobre todo, muy perjudiciales para las personas más vulnerables de la sociedad. Impedirles el que puedan aceptar ofertas iniciales por debajo de un supuesto “umbral de dignidad” es mandarles directamente al ostracismo o apartheid laboral en forma de paro o de trabajo informal. Son más los perjudicados que los beneficiados pero estos últimos (sindicatos) están mucho mejor organizados.

Es ciertamente muy deseable que los salarios aumenten para todos. Solo un mayor crecimiento, un mejor aprovechamiento del capital y una mayor productividad general de la economía lo permite. Por el contrario, si se fuerza dicho aumento por vía de decretos oficiales aparecerán fatalmente siempre y en todo lugar indeseables consecuencias en los comportamientos discriminatorios de los agentes económicos. Lo que importa no son las buenas intenciones del legislador sino las consecuencias de su intervención en el conjunto del cuerpo social.

La defensa social frente al engaño político

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Cuenta Avner Greiff en su artículo “Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: the Maghribi Traders Coalition” que, en el siglo XI, algunas comunidades de mercaderes mediterráneos magrebíes encontraron una manera de evitar el engaño por parte de los agentes de comercio: la coalición de los mercaderes que contrataban a dichos agentes. Un factor muy importante en el éxito de esta vía era la confianza, el flujo de información y, en especial, la reputación.

Un agente comercial era aquella persona contratada por un comerciante (inversor) para gestionar las operaciones comerciales en las ferias y mercados internacionales. El riesgo de ser engañado era muy alto. El mercader no podía saber qué hacía realmente el agente en las ferias, si gestionaba adecuadamente su dinero y sus mercancías o si le robaba o se ponía de acuerdo con la otra parte del trato comercial a sus espaldas y a su costa. Por ello, los mercaderes se unieron en una asociación surgida espontáneamente comprometiéndose a contratar los mismos agentes y en aplicar un sistema de castigos común. De esta forma, nadie contrataría a un agente mentiroso, nadie penalizaría a quien robara a un agente que hubiese engañado y, el agente cargaría con una mancha que sería tanto más pesada, cuanto más extensa y numerosa fuera esa coalición de mercaderes. Desde el punto de vista del agente, la ganancia de comportarse honestamente, por tentadora que fuera la posibilidad de engañar al mercader una vez en tierra extraña, incluso si el beneficio inmediato del engaño fuera mayor, era mucho más que suficiente, sin ninguna duda, merecía la pena ser honesto. ¿El secreto? La pérdida de reputación, el castigo de no ser confiable en su comunidad de base, el compromiso de todos los mercaderes asociados en esa coalición de no contratarle y de repudiarle, implicaba la ruina futura. El coste de emigrar a un lugar donde esa coalición no actuara y donde pudiera escapar de su mala reputación era prohibitivo. Sin embargo, la perspectiva de beneficios que, a corto plazo eran menores, pero le permitían desarrollar su trabajo a largo plazo, y si mejoraba, ganarse una buena reputación y sacar provecho de la red internacional de mercaderes, era preferible.

La pequeña historia de los comerciantes del Magreb en un siglo en el que no existían acuerdos internacionales o reglas de Derecho Internacional tan sofisticadas como las de hoy en día, nos enseñan, como poco, una lección. Y es ésta: los posibles sujetos de engaño tienen la responsabilidad moral de tomar medidas para evitar ser engañados. Y esas medidas están asociadas a los incentivos para los “agentes”. ¿Hacemos eso con nuestros políticos? Me temo que no.

La corrupción no es un fenómeno moderno. Es un mal asociado a la naturaleza humana. La detección del engaño es uno de los avances de nuestros ancestros. El aprendizaje en este ámbito explica el aumento de confianza cuando reconocemos rasgos familiares en el otro, el miedo al diferente, etc. Siempre ha habido personas que han abusado cuando la situación les era propicia. Pero, lo normal es desarrollar estructuras legales y sociales para evitarlo: la ley, la reputación, el desahucio social, por ejemplo. Y así sucede en otras sociedades. Pero en la española, las cosas son diferentes.

Los auto engaños, ya encastrados en nuestra idiosincrasia, nos pierden. Como la identificación con una tendencia política ocultando la responsabilidad individual del delincuente, o directamente la disculpa del hecho si el beneficio obtenido con el engaño no es mucho, o el olvido al cabo de poco tiempo, porque nos dejamos impresionar por lo ruidoso y brillante, por más que no sea oro, sino baratijas, son comportamientos que están a la orden del día.

¿Qué mecanismos hemos desarrollado en este país para evitar que nuestros “agentes” políticos no nos engañen cuando gestionan nuestros “bienes” o nuestro dinero, en ámbitos tan alejados del ciudadano de a pie como la defensa nacional, la gestión hospitalaria o los acuerdos internacionales? ¿Están asociados al futuro laboral del posible defraudador?

El pasado otoño, el periodista de El Mundo, John Müller, ofreció una conferencia en CUNEF y mostró casi cincuenta portadas de dicho periódico denunciando casos de corrupción durante los últimos 25 años. Las mismas personas, mayores cantidades. Algo debemos estar haciendo mal cuando nuestro sistema judicial no evita que empresarios privilegiados se aprovechen de la ventaja, políticos beneficien a hermanos, amigos y socios políticos, etc. Pero es notable que tampoco la sociedad, el pueblo engañado, hace nada.

Obviamente, siguiendo la lógica de Greiff, dado que no hay pérdida de reputación a largo plazo, no lo paga con su trabajo, ni hay rendición de cuentas, el “agente” político tiene muchos incentivos para seguir engañándonos. Nosotros, en lugar de responsabilizarnos de la situación, esperamos una solución mágica. Tal vez, como los mercaderes magrebíes del siglo XI, deberíamos quitarnos la venda de los ojos y mostrar el repudio a ese comportamiento, de forma que dañe la reputación del político que engaña y también del que ampara el robo por parte de los gobernantes. Tal vez, entonces, acabe el expolio aplaudido y votado por la mayoría.

Rajoy tendrá su ‘Sálvame’

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Finalmente Rajoy ha aceptado comparecer en el Parlamento para explicar que no tiene nada que explicar, explicación que no va a convencer a los que llevan dos semanas pidiéndole explicaciones. En realidad da igual lo que el presidente del Gobierno tenga a bien deponer desde la tribuna del Congreso, porque la oposición ya ha decidido que es un gobernante corrupto y por tanto tiene que dimitir, que es la conclusión a la que llegan todos los partidos cuando los escándalos sacuden las filas de las otras formaciones. Los partidos políticos, organizaciones privadas que viven de corromper a los ciudadanos para que les entreguen su voto, no es extraño que acaben sumergidos en su propia podredumbre, lo que no evita que utilicen episodios particularmente notorios a efectos electorales.

No deja de tener su aquél que los socialistas pidan explicaciones sobre corrupción, siendo como son los mayores especialistas en la materia. ¿Acaso quieren aprender más todavía? Pues lamentablemente no hay nada que ningún otro partido pueda enseñarles sobre el trinque en sus más diversas e imaginativas formulaciones, porque después de tres décadas y media pocos senderos quedan en el terreno de la corrupción política que el PSOE no haya transitado, a menudo con trayectoria de ida y vuelta. Lo de los nacionalistas catalanes es distinto, porque ellos ni siquiera tienen que disimular gracias a una sociedad y unos medios de comunicación férreamente uncidos a sus delirios identitarios y al presupuesto de la Generalidad respectivamente. Lo de CiU es, en efecto, de otra galaxia, lo que no impide que sus dirigentes se hayan sumado a la exigencia de responsabilidades al partido del gobierno, poniendo en alquiler su apoyo a cambio de que les autoricen el referéndum para hacer como que se quieren separar de España. Izquierda Unida, por su parte, ya tiene bastante con explicar a sus votantes de Cuenca por qué sigue sosteniendo al frente de Andalucía al gobierno más trincón de Europa, a tenor de las cifras más modestas que se manejan en torno al escandalazo de los ERE.

El panorama parlamentario que se va a encontrar Rajoy no puede ser por tanto más sugestivo. La sesión en la que comparezca para defenderse de las sospechas de corrupción levantadas por su otrora hombre de confianza al frente de las finanzas del partido va a ser de antología. No hay delito atribuido al innombrable que no hayan cometido con insistencia los partidos cuyos diputados van a vapulearlo como un conciliábulo de porteras especialmente mal avenidas. Los asesores del presidente deberían ponerle el día antes un resumen de los mejores momentos de Sálvame de luxe o el discurso de José Isbert a sus convecinos de Villar del Río en la película Bienvenido Mr. Marshall. Como elementos de inspiración de cara a su comparecencia parlamentaria no van a encontrar nada más apropiado.

Libertad de información y el carcelero Obama

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Barack Obama llegó a la Casa Blanca gozando de una inmensa popularidad tanto dentro como fuera de EEUU, puede que incluso mayor en el exterior que en el interior de su país. Y, aunque su imagen se haya deteriorado en parte (sobre todo en los propios Estados Unidos, no tanto en el resto del mundo), para muchos sigue personificando el ideal de gobernante. Pero, pese a lo efectivo de la propaganda en torno a su persona, la herencia que puede dejar el actual presidente de Estados Unidos puede ser nefasta en muchos aspectos. Uno de ellos es, sin duda alguna, el de la libertad de expresión.

Primero supimos que el Gobierno estadounidense había pinchado el teléfono de cien periodistas de la agencia Associated Press y que el FBI había estado accediendo al correo electrónico de James Rosen, de Fox News, al que se le acusa de "instigador, cómplice o cooperador necesario del delito" (la entrega de información confidencial por parte de su fuente, un empleado del Departamento de Estado). Ahora ha obtenido una mayor repercusión mediática un nuevo caso de persecución a quienes se dedican al periodismo. Obama sigue dando pasos para parecerse cada vez más a Nicolás Maduro y Rafael Correa.

Barrett Brown lleva más de diez meses detenido, tras haber sufrido dos registros de su domicilio y uno de la casa de su madre, por publicar y analizar información confidencial de la agencia privada Stratfor, contratista del Gobierno Federal. Brown no había penetrado en los sistemas informáticos de dicha compañía. Se limitó a trabajar en el denominado Project PM sobre los documentos que habían sido obtenidos por Jeremy Hammond, miembro del grupo Anonymous, y publicados por Wikileaks. El periodista, de 31 años, no obtuvo la información de forma ilegal ni pagó para que otros lo hicieran. El delito lo cometió, y de ello se ha declarado culpable, Hammond.

En los sistemas democráticos no hay delito alguno en publicar información confidencial que terceros han conseguido o filtrado sin tener autorización para ello. En caso contrario, podrían haber sido condenados todos los medios que informaron sobre los cables diplomáticos de Wikileaks o, por ejemplo, los periódicos que en España han informado sobre partes de procesos judiciales sometidos a secreto de sumario. Y nunca, afortunadamente, ha ocurrido.

El Gobierno de Obama no se atreve a intentar encarcelarle por el mero hecho de informar, algo que no sería aceptado por ningún juez por atentar de forma evidente contra la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU. Sin embargo, hay vías para tratar de que acabe en prisión.

Le mantuvieron detenido, sin cargos y sin tratamiento médico adecuado, durante más de dos semanas. Pasado ese periodo, el 3 de octubre de 2012 fue acusado de "amenazas" a uno de los agentes del FBI que habían registrado su domicilio, "conspiración" y "venganza" contra ese mismo funcionario. Algo más de dos meses después se le sumaban 12 cargos relativos al robo de la información de Stratfor (que, como ya señalamos, él no había realizado y cuyo autor había confesado). Finalmente, en enero de 2013 se presentaron dos nuevas acusaciones por "ocultamiento de pruebas".

En total son 17 cargos, que acaban de ser confirmados y por los que se le pide un total de 105 años de prisión, diez veces más que la condena máxima que se le podría imponer al autor del robo de los datos. Todo ello con un doble objetivo: callar definitivamente a un joven periodista que resultaba incómodo para Obama y, de paso, asustar a todos los profesionales de la información que pudieran tener acceso a información sensible para el Gobierno.

¿Cuál será el siguiente paso de Obama? ¿Comenzar a hablar de "democratización de los medios" para tratar de cerrar con distintas excusas radios, televisiones y periódicos críticos? Si el actual presidente de EEUU no tiene problema para intentar encarcelar a periodistas, al más puro estilo castrista, ¿por qué habría que tenerlo para seguir los pasos del difunto Hugo Chávez y Rafael Correa? En cualquier caso, el futuro de la libertad de expresión se presenta muy oscuro en Estados Unidos.

El inventor y el capataz

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

Los agarraron en el Canal de Panamá con las manos en los misiles. El castrismo no cambia. La complicidad de Cuba con Corea del Norte lo demuestra. Lo había advertido en La Habana el Jefe del Estado Mayor norcoreano, el general Kim Kyok Sik: "Visito a Cuba para encontrarme con los compañeros de la misma trinchera, que son los compañeros cubanos". Dios nos coja confesados.

Además, Raúl Castro está muy molesto. El país es un desastre. Lo dijo públicamente hace unos días. Los cubanos son ladrones y vulgares, especialmente los jóvenes, que sólo se dedican a perrear y al reguetón. Había prometido que todo el mundo se podría tomar un vaso de leche y no lo ha conseguido. Ni siquiera eso.

Hay menos huevos, menos carne, menos pollo. No hay manera de acabar con el racionamiento ni de ponerle fin al truco de las dos monedas. El Estado paga con la mala, la que no tiene valor, y vende en la buena, la que vale mucho. Raúl Castro sabe que perpetra una estafa de juzgado de guardia, pero se resiste a ponerle fin al delito.

Nada de esto es nuevo. Hace unos 25 años, Raúl Castro comenzó a darse cuenta de que el comunismo cubano era radicalmente improductivo. Fue entonces cuando mandó a algunos de sus oficiales a tomar cursos de gerencia en varios países capitalistas. Creía que era un problema administrativo. Acababa de leer Perestroika, el libro de Gorbachov, y estaba deslumbrado.

En ese momento, todavía Raúl no era capaz de entender que el marxismo era una disparatada teoría que siempre conducía a la catástrofe. Fidel agravaba el problema con su ridículo voluntarismo, su inflexibilidad, sus iniciativas absurdas y su ausencia de sentido común, pero no generaba el desastre. El mal comenzaba en las premisas teóricas.

Hoy es diferente. A estas alturas, Raúl Castro, que ya no teme a Fidel y ha eliminado de su entorno a todos los acólitos de su hermano, con siete años de experiencia como gobernante, ya sabe que las recetas colectivistas y la cháchara del materialismo dialéctico sólo sirven para mantenerse en el poder.

Pero aquí viene la paradoja. A pesar de esa certeza, Raúl Castro quiere salvar un sistema en el que ya no creen ni él ni ninguno de sus más próximos subordinados. ¿Por qué ese contrasentido? Porque no se trata de una batalla teórica. Cuando Raúl declaró que no llegaba a la presidencia para enterrar el sistema, realmente lo que quería decir era que no sustituía a su hermano para perder el poder.

En todo caso, ¿cómo Raúl pretende salvar a su régimen? Lo ha dicho: cambiando la forma de producir. Inventando un robusto tejido empresarial socialista que sea eficiente, competitivo y esté escrupulosamente manejado por unos cuadros comunistas transformados en gerentes honrados que trabajarán incansablemente sin buscar ventajas personales. Ya que no ha podido crear hombres nuevos, Raúl quiere crear burócratas nuevos.

O sea, estamos ante una variante de los delirios desarrollistas de su hermano Fidel. Mientras Fidel era el inventor genial, siempre a la búsqueda de una vaca lechera prodigiosa alimentada de moringa con la que solucionaría todos los problemas, Raúl es el capataz riguroso, convencido de que es un tipo pragmático, organizado y con la mano dura, que puede darle la vuelta a la tortilla a base de controles y vigilancia.

Ese vigoroso aparato estatal raulista coexistiría junto a un débil y vigilado sector privado –empresas bonsai les llama el economista Oscar Espinosa Chepe–, cuya función sería prestar pequeños servicios y ser el desaguadero de la mano de obra excedente del sector público. Ahora los cuentapropistas están bajo ataque porque algunos, supuestamente, ahorran y se hacen ricos. Raúl quiere un capitalismo sin capital. Algo así como pretender que la madama sea virgen y pudorosa.

¿Cuánto tiempo demorará Raúl Castro en descubrir que su reforma tampoco funcionará porque es tan irreal como las locuras agropecuarias de su hermano? A Gorbachov le tomó unos cinco años admitir que el sistema no era reformable y no había otro camino que demolerlo. A Raúl, aunque es duro de entendederas, eventualmente le ocurrirá lo mismo. Su hermano Fidel siempre lo decía, como reveló el padre Llorente, maestro de ambos: este muchacho no es muy brillante.

La verdad del caso Zimmerman

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

George Zimmerman, el hombre acusado de ser blanco y asesinar a sangre fría a un chico negro ("niño", escriben algunos periodistas; debía ser el único niño de 17 años del planeta), llamó aquella noche a la policía antes de la confrontación en la que acabó matando a Trayvon Martin. La cadena de televisión NBC emitió la grabación de un fragmento de esa llamada:

Este tipo parece estar tramando algo… parece negro.

Leyendo esto sin duda se habrá quedado usted con la misma idea que yo: Zimmerman era un hijo de perra racista y eso seguramente tenga mucho que ver con la muerte de Martin. El problema es que la NBC editó esa llamada antes de emitirla. La conversación en realidad fue así:

Zimmerman: Este tipo parece estar tramando algo… o quizá esté drogado o algo. Está lloviendo y se dedica a dar vueltas, mirando.

Policía: Ok, y este tipo ¿es negro, blanco o hispano?

Zimmerman: Parece negro.

¿Verdad que la cosa cambia un poco? Ahora que un jurado compuesto por seis mujeres le ha exculpado, su abogado reactivará una demanda contra NBC, paralizada hasta la resolución del juicio. Pero aunque sea el ejemplo más escandaloso con diferencia, la manipulación de la NBC no es más que la punta del iceberg: CNN también intentó alterar la grabación para poner en los labios de Zimmerman un insulto racista y ABC afirmó que el vigilante voluntario no había sido herido esa noche. Era un caso que no iba siquiera a llegar a juicio y al final ha llegado a los medios de todo el mundo, pero visto sólo a través de los ojos de unos cruzados para quienes la causa obliga a mentir.

La historia que nos ha vendido la propaganda es que el blanco Zimmerman asesinó al negro Martin porque era negro. Por eso sospechó que pudiera ser un ladrón, por eso fue tras él con una pistola y por eso le disparó pese a que Martin iba desarmado. No sólo fue un asesinato, sino eso que en Estados Unidos se llama "crimen de odio"; un serio agravante.

La principal pieza de esta cruzada, obligatoria para transformar la muerte de Martin en una cause célèbre, era convertir a Zimmerman en blanco. Porque si quien mata a un negro no es un blanco, no hay manera de sacarle partido como crimen racista. Tan importante es para la historia oficial que algunos periodistas lo siguen repitiendo pese a saber que es mentira y muchos medios lo han calificado de "hispano blanco", una novedosa categoría étnica a la que parece que sólo pertenece él. Porque Zimmerman es hijo de un judío y una peruana. Es decir, tan hispano como negro es Barack Obama, hijo de un africano y una norteamericana blanca de familia bien. Además, es demócrata, votó a Obama y hasta hizo campaña contra el Departamento de Policía de su localidad por no detener al hijo blanco de uno de sus oficiales después de que éste pegara a un vagabundo negro.

De Zimmerman se pueden decir muchas cosas, pero difícilmente que fuera racista. Aún así, es probable que en aquella noche maldita tuviera en cuenta que Martin era negro. Es triste, pero los jóvenes negros cometen una parte desproporcionada de los delitos en Estados Unidos, hasta el punto de que el propio Jesse Jackson confesó con tristeza que se sentía aliviado si la gente con la que se cruzaba de noche por la calle era blanca.

Los sucesos de aquella noche fueron una tragedia en la que Zimmerman, y en menor medida Martin, tomaron varias decisiones equivocadas impulsadas, entre otras cosas, por el miedo. Zimmerman vigilaba, vio algo raro en el comportamiento de Martin y llamó a la Policía. El temor a que mientras llegaba la caballería escapara un sospechoso de los robos que había sufrido el vecindario –como le había sucedido ya tres semanas antes–, y seguramente las ganas de ejercer como el policía que nunca logró ser, le llevaron a salir del coche y seguirlo para asegurarse de que no escapaba. La Policía le dijo al teléfono que "no necesitaban que lo hiciera"; Zimmerman dice que obedeció y empezó a regresar al coche, pero no hay otras pruebas o testimonios que lo confirmen.

Trayvon Martin era un joven problemático. Expulsado en numerosas ocasiones del instituto, los datos de su móvil que la Fiscalía ocultó a la defensa hasta la víspera del juicio prueban que era, cuando menos, aspirante a pandillero, que coqueteaba con las drogas y que, en general, distaba mucho de la imagen de niño inocente que Obama, los medios y la Fiscalía han vendido. Pero aquella noche no estaba haciendo nada malo. Caminaba bajo la lluvia sin entrar en el piso de la novia de su padre porque estaba hablando por el móvil. No dormía allí a menudo, de ahí que Zimmerman no lo conociera. Martin notó la vigilancia y sospechó que Zimmerman era un pervertido. Se enfrentó entonces a su perseguidor, quien no se identificó como vigilante voluntario. Le pegó y cuando ya estaba en el suelo siguió atizándole; era más alto y pesaba más que su adversario, y parece que más habilidoso en la lucha cuerpo a cuerpo. Zimmerman, temiendo que iba a quedar inconsciente y no podría defender su vida, le disparó una sola vez a quemarropa, matándolo. El vigilante ha dicho más cosas, como que Martin notó que llevaba pistola, se la intentó robar y amenazó con matarle con ella, pero al contrario que el resto de su versión, no hay nada que lo corrobore.

Para quien sepa inglés y sea aficionado a las películas americanas de juicos, el espectáculo ofrecido en Florida ha sido bastante asombroso: todos los testigos de la Fiscalía corroboraron en mayor o menor medida la versión del acusado. El que fuera abogado de O.J. Simpson, el profesor de Harvard Alan Dershowitz, ha indicado no sólo que el veredicto es correcto, sino que la conducta de la fiscal especial encargada del caso ha bordeado el delito. Zimmerman hizo muchas cosas mal esa noche y es el principal responsable de la muerte de Martin, pero no cometió un asesinato a sangre fría.

¿Y por qué ese intento, bastante exitoso, de engañar a la opinión pública? Por parte de Barack Obama, parece claro: por mucho que se haya vendido como el gran reunificador que curará las heridas raciales, el presidente de Estados Unidos no ha hecho otra cosa que echar sal en ellas desde que llegó al poder. Por eso dijo que "si tuviera un hijo, se parecería a Trayvon", pero no ha abierto la boca para presionar a la justicia en ningún caso en el que los sospechosos fueran negros. Obama es así, y además así moviliza al electorado negro. ¿Para qué cambiar?

Los medios, por su parte, viven en sus mundos de Yupi y siguen emperrados en que Estados Unidos es un país activamente racista contra los negros que no ha cambiado un ápice desde los años 60. Pero esa narrativa ya no se la creen ni los propios negros, que a estas alturas ya creen más racistas a los suyos que a los blancos. ¿Cómo no va a ser así, cuando sus propios líderes –empezando por Obama– escogen bando basándose en las razas de los implicados, y no en los hechos? Porque al margen de la desinformación, no hay duda de que muchos han dado por supuesto que Zimmerman era culpable porque Martin era negro y él no. Y eso tiene un nombre: racismo.

Que no se sobren

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Y éste ha hablado. Lo ha hecho ante Pedro J. Ramírez, con los originales en la mano. Y, más tarde, lo ha hecho ante el juez. La diferencia no es baladí. A Pedro J. se le puede mentir, sin mayor consecuencia que la de no leer tu historia en la portada de su periódico. Una mentira ante el juez tiene consecuencias penales. El cómputo de los días sin disfrutar de los millones, una pena. Eso cuenta. Así, a ojo, cuenta unos 4.300 euros al día que se podría gastar en libertad, multiplicado por los días añadidos de cárcel que se ganase por mentir al juez. Y como en su camino hacia la cárcel está perdido, ha ido al río de tinta, la de las reacciones de la prensa.

El porquero es un chantajista. Para ello no hay que ser un genio. Sólo hay que moverse con soltura en el condicional. Si me vendes, te corto los huevos. Tampoco hay que serlo para convertirse en líder del PP y presidente del Gobierno. El chantajeado le entregó una prueba documental de que entendía la amenaza. “Hacemos lo que podemos”. Lo que podemos, dicho por el jefe del Ejecutivo en referencia al Judicial, en una democracia seria, es nada. Pero Rajoy se apunta a todo. Por un lado promete al porquero manosear la justicia en lo posible, y por otro dice que la nuestra es una “democracia seria”.

El porquero es como Rajoy, un maestro en el manejo de los tiempos. La escalada del chantaje ha ido de la copia (involuntaria) al original. Del periodista al juez. Y del SMS que muestra que Mariano Rajoy estaba en el tablero del juego, a… a lo que venga.

El Partido Popular, tan digno él, que no se iba a rebajar a responder a un presunto ladrón. El presunto al que ellos han estado empleando para sus cuentas durante décadas. Y ahora es el presidente del partido el que cuchicheaba con él sobre cómo evitarle la cárcel. Los 12.620 euros que habría recibido Mariano en sobresueldos de dinero en negro procedente del cohecho entre el partido, la administración y las empresas es corrupción. Pero se queda en nada al lado de la corrupción de las instituciones que se sugiere en esos SMS.

El cierre categorial sobre los papeles, del que hablamos, se refuerza. Recibís firmados que confirman las anotaciones. Como la categoría moral de los Mariano, Rodrigo, Paco y Federico, aparece a la altura del porquero, todo podría ser. Incluso podría ser que no hubiesen cobrado, pero es pronto para hablar de unicornios azules. Eso sí, estamos a tiempo de hablar de periodistas egipcios, de los que ponen la mano como si fueran un dirigente del Partido Popular. Ya ha salido un nombre. Que salgan todos del armario.

No me malinterprete el lector. No soy de los que confían en la política y creen que todo iría mejor si no hubiese episodios de corrupción. La política y la corrupción son la pierna derecha y la izquierda del mismo caminar por el poder. Pero sí podemos pedir, por lo menos, que no se sobren. 

Reforma Mínima de la Constitución Española de 1978

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El premio Nobel de economía de 1974, fue preguntado en una entrevista en 1977 acerca de si "el horror de financiar esta burocracia colosal del bienestar proporcionará el estímulo para shockearnos y así procurar un gobierno más racional". Hayek respondió que la única esperanza radicaba en las reforma institucionales:

Mi única esperanza es realmente que algún país o países de menor importancia, los cuales por diversas razones tendrán que construir una nueva constitución, lo hagan sobre la base de líneas sensibles y sean tan exitosos que otros consideren de interés imitarlos. No creo que los países que están orgullosos de sus constituciones realmente necesiten experimentar con cambios en ellas. La reforma puede venir, por ejemplo, de España, que debe redactar una nueva constitución. No creo que sea realmente probable en España, pero es un ejemplo. Pueden probar ser tan exitosos que sería una forma de demostrar que hay mejores maneras de organizar al gobierno que la que tenemos.

1. Limitación del tamaño del Estado.

Queda claro que la reforma institucional realizada en España permitió establecer a una democracia parlamentaria de un modo pacífico mediante un consenso mayoritario sobre la Constitución.

Sin embargo, a nivel institucional, la Constitución fue diseñada con graves carencias respecto de la dispersión pluralista del poder, del control ciudadano del poder político y, especialmente, de la limitación del tamaño de las administraciones públicas.

Así, por ejemplo, no se protegieron de modo estricto ni el derecho a la propiedad privada ni la libertad de empresa que quedaron supeditadas a la "función social", al "interés general" y a la "planificación" de la economía, no se garantizó una verdadera independencia del poder judicial y, desde luego, no se instauró una organización territorial sencilla y eficiente, características que hubiesen contribuido a limitar las competencias y el tamaño de las administraciones públicas.

Comienza a ser evidente para la mayor parte de la población que la redacción final del Título VIII de la Constitución Española de 1978, y después las sentencias "politizadas" del Tribunal Constitucional, han legitimado la discriminación de ciudadanos y el intervencionismo regionales y, por tanto, han lastrado el crecimiento sociocultural y económico de España.

Como mínimo, el tamaño del Estado en España (capítulos I a VIII de los PGE) está situado por encima del 47% del PIB en España, si se considera válido el dato de PIB de 1.049.525 millones de € en el año 2012, que publica Eurostat con los informes recibidos del gobierno español.

Sin embargo, observando las dudas que argumenta Juan Carlos Barba sobre la fiabilidad del PIB comunicado oficialmente por el Gobierno de España, y empleando los datos de caída del PIB que razona el catedrático Roberto Centeno entre un 20,8% y un 22,6% desde el 2007 hasta el 2012, podríamos estar hablando de niveles de tamaño del Estado superiores al 60% sobre un PIB situado entre 831.224 millones de € y 812.332 millones de €, que identifican plenamente el socialismo en España y que imposibilitan la realización de un cálculo económico eficiente, principales causas de la crisis estructural que se traduce en el cierre de empresas, el aumento del número de desempleados y el empobrecimiento de las familias.

Con los anteriores datos, podemos constatar el enorme tamaño que ha adquirido la institución política del Estado, formada por 1 + 17 Parlamentos en España con estructuras administrativas y redes clientelares, que se suman a las propias de las entidades locales (municipios, mancomunidades, diputaciones, cabildos…) y de los organismos del entramado público empresarial, lo que constituye el argumento central para que las reformas institucionales, tengan como objetivo central la limitación del tamaño de las administraciones públicas.

2. Limitación de competencias en la organización territorial.

Por ello, es interesante resaltar cómo el ex presidente del Tribunal Constitucional, y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, D. Álvaro Rodríguez Bereijo, reconocía recientemente en un curso de verano que "la crisis económica ha rasgado el velo de la insostenibilidad económica del modelo territorial".

Existe gran preocupación por no haberse calibrado adecuadamente las consecuencias que, a nivel de vertebración del Estado, tenían las sentencias del Tribunal Constitucional (TC). En los años 90, el Tribunal Constitucional intentó impulsar mediante jurisprudencia la descentralización del poder político. Después, las ineficiencias y duplicidades han llevado al TC a repetir ésos tópicos jurisprudenciales, cuando los problemas eran bien diferentes. El TC validó estatutos de autonomía que centrifugaban competencias y, por tanto, impulsó el incumplimiento de los Art. 14 CE y 139 CE en algunas Comunidades Autónomas y consolidó los problemas de igualdad en el ejercicio de derechos y obligaciones que había instaurado la Constitución.

Véase, a modo de ejemplo, la validación parcial por sentencia del Tribunal Constitucional del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que impulsa una deriva secesionista que, posiblemente, desembocará en el año 2014 en un intento de ruptura de la Ley vigente, establecida por la Constitución Española, y ratificada mayoritariamente por los españoles el 6 de diciembre de 1978.

En definitiva, el Título VIII de la Constitución es el más defectuoso de la Constitución Española de 1978, por la constante centrifugación de competencias validada por el Tribunal Constitucional, y por el incumplimiento manifiesto de las sentencias del Tribunal Supremo, sin consecuencias administrativas (ni penales) para las autoridades autonómicas.

3. Reforma Mínima de la Constitución Española de 1978.

Aun siendo pesimista respecto de la posibilidad de que los partidos políticos logren poner música a un proceso de reforma constitucional, D. Álvaro Rodríguez Bereijo opina que se requiere una reforma cautelosa de la Constitución Española de 1978 que, por la vía rápida del Artículo 167 CE, permita cambiar tan sólo el Título VIII para volver a instaurar la normatividad y la efectividad de la CE como norma vinculante para todos los españoles.

En este sentido más conservador, como mínimo, se precisaría una distribución racional de las competencias para saber quién hace qué, y cómo, para cumplir la Constitución sin derivas secesionistas que rompan la unicidad de mercado, extiendan el intervencionismo económico y político, discriminen a los ciudadanos, perpetúen la corrupción de las élites extractivas regionales, y prolonguen en el tiempo el enfrentamiento y la coacción constantes del nacional-separatismo frente al resto de regiones de España.

Sin embargo, en un sentido más reformista, tal vez pudiese aprovecharse la aplicación de la vía rápida del Artículo 167 CE, para realizar varias reformas institucionales (escalonadas o hayekianas) que pudiesen ayudar de un modo conjunto a reconducir la actual deriva nacional-secesionista. Por ello, deseo referenciar cinco artículos sobre la limitación del poder político, con el objetivo de que prevalezcan la acción humana y la función empresarial en España:

  1. Limitación de Competencias Autonómicas mediante el Art. 148 CE.
  1. Limitación del Secesionismo Totalitario por medio del Art.155 CE.
  1. Limitación de Déficit Presupuestario, Tributos y Endeudamiento en los Art. 133 a 135 CE.
  1. Eliminar el control político del poder judicial en el Art. 122 CE.
  1. Limitación del Intervencionismo del Estado con obligatoriedad del Art. 92 CE.

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‘Tangentópolis’ en España

Escrito por Carlos Alberto Montaner en . Publicado en Artículos en prensa.

En Milán, hace unos veinte años, una señora furiosa porque su exmarido le había rebajado la pensión alimenticia cambió la historia política de Italia. Entró de madrugada en la oficina del excónyuge en busca de pruebas de sus ingresos reales para presentarlas a los tribunales y encontró rastros de cuentas en Suiza por un par de millones de dólares.

El personaje se llamaba Mario Chiesa. Era ingeniero y dirigía algo así como un pequeño hogar para ancianos. Pertenecía al Partido Socialista Italiano y ese dinero era parte de las coimas que recibía de unos empresarios que le pagaban comisiones en efectivo y que iban a parar a las arcas del partido y a los bolsillos del funcionario corrupto.

Era la punta del iceberg. Como si se tratara de una excavación arqueológica en el reino de la inmundicia, comenzaba a emerger Tangentópolis, una secreta ciudad de trampas y extorsiones que existía bajo la superficie de la bella y vibrante Milán. Tangente es como le llaman los italianos a la coima, el dinero con que los empresarios corruptos untan a los políticos o funcionarios que pueden favorecerlos con contratos o eliminarles engorrosas trabas burocráticas.

Mario Chiesa, el Señor 10%, fue a parar a la cárcel por varios años, pero, como en la historia bíblica de Sansón y los filisteos, cuando su jefe, Bettino Craxi, lo llamó "pequeño maleante", derribó el templo con amigos y enemigos dentro y aquí nos morimos todos.

Y así fue. Actuó la Justicia italiana, capitaneada por Antonio Di Pietro, y se hizo evidente lo que todos sospechaban: los partidos políticos estaban podridos por la corrupción. Los que pertenecían al arco democrático enriquecían a sus dirigentes y se financiaban por medio de las tangentes, mientras el partido comunista italiano, el mayor de Europa, lo hacía, también ilegalmente, con los negocios que facilitaba la Unión Soviética.

El episodio se saldó con doce suicidios, cientos de presos y la disolución de todas las grandes estructuras políticas surgidas en Italia tras la Segunda Guerra Mundial. La Democracia Cristiana, los socialistas, los liberales, los comunistas, todos tuvieron que reinventarse, dando paso a caras nuevas, a veces, incluso, menos recomendables, como la de Silvio Berlusconi.

Traigo a colación esta vieja historia porque España puede estar en trance de repetirla. Los socialistas andaluces y el Partido Popular que hoy gobierna el país están bajo la lupa de la justicia por casos sistémicos de corrupción.

Subrayo lo de sistémico porque, de ser ciertas las alegaciones aparecidas en la prensa (algo que niegan las cúpulas de ambas formaciones), no se trata de la anécdota aislada de un funcionario inescrupuloso que recibe dinero por debajo de la mesa a cambio de favores, sino de una práctica masiva y continuada a lo largo de los años, en la que están involucrados cientos de personas relevantes de ambos partidos.

En realidad, la financiación de los partidos políticos durante la transición española a la democracia se hizo ilegalmente, mientras todos pretendían ignorarlo. Era frecuente que los bancos y otras grandes empresas disfrazaran sus donaciones, que eran verdaderas coimas, simulando que pagaban por estudios puntuales sobre cualquier cosa.

Naturalmente, lo hacían –como sucedía en Tangentópolis– a cambio de favores, la concesión de obras públicas y la aprobación de medidas legislativas. No regalaban su dinero: lo invertían para sacarle provecho en el futuro, vulnerando el sistema de competencia y méritos que prometía la Constitución.

Posteriormente se aprobó una generosa ley de financiamiento de los partidos políticos, pero ya estas instituciones se habían acostumbrado al secreto contubernio con los empresarios a todos los niveles. Los negocios jugosos no sólo se hacían en las capitales de las grandes autonomías: algunos alcaldes y concejales de pueblos pequeños también vendían sus favores e influencias.

Esperanza Aguirre, la expresidente de la Comunidad de Madrid y cara limpia del Partido Popular en esa zona de España, ha pedido a su grupo político que asuma sus responsabilidades y colabore con la Justicia.

Ojalá le hagan caso. Si hay culpa, el momento no es de cavar trincheras y defenderse corporativamente, sino de ofrecer disculpas, colocarse bajo la autoridad de la ley y rectificar. De lo contrario, el vendaval puede barrerlos de la historia. Como sucedió enTangentópolis.

elblogdemontaner.com

Las democracias insostenibles

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Cuando escribo estas palabras, en Egipto se está buscando Primer Ministro. Tras el derrocamiento por el Ejercito del presidente Morsi, del Partido Justicia y Libertad, de los Hermanos Musulmanes, y la toma de poder bajo tutela militar de Adli Mansur, la opción de El Baradei, que fuera director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y Premio Nobel de la Paz junto a la organización en “reconocimiento a sus esfuerzos por impedir la proliferación de armas nucleares” no convence a los salafistas del partido Al Nur, que apoyaron el golpe, pero que empiezan a estar reticentes con la evolución de los acontecimientos. La probabilidad de un conflicto bélico aumenta.

El problema de la destitución de Morsi es que, pese a sus múltiples defectos y sus ideas claramente totalitarias, era un presidente que tenía la legitimidad que le da el haber sido elegido democráticamente. Al menos, de haber sido elegido en proceso electoral bendecido por Occidente que, de pronto, no supo asimilar ni gestionar lo que alguien con poco tino empezó a llamar Primavera Árabe y que está afectando a la estabilidad política de muchos países musulmanes.

Muchos se han apuntado a la tesis de que las revueltas y los conflictos bélicos que sacuden o han sacudido a algunos países musulmanes responden a una necesidad de libertad por parte de los ciudadanos. Sin embargo, las elecciones en Egipto que llevaron a los Hermanos Musulmanes al poder, además hacen evidentes las diferencias ideológicas entre las ciudades, más vanguardistas y donde se suele hacer “política”, y las zonas rurales, más tradicionalistas, donde los islamistas tienen su cantera de votos y apoyos, nos indica que esta necesidad de “libertad” no es tal, pues la opción mayoritaria terminó decantándose por una institución, los Hermanos Musulmanes, que no engañaba a nadie y se mostraba contraria a una mayor libertad individual, sino a la imposición de una ley y a realizar cambios que islamizaran la sociedad.

Con esto no quiero decir que no haya entre los egipcios personas dispuestas a luchar y querer una mayor participación política o una mayor libertad económica, sino que estas opciones no parecen mayoritarias. Más bien, lo que estas revueltas nos muestran es el enfado de, en este caso sí, una mayoría de personas contra unos sistemas políticos corruptos y una profunda división de opiniones de lo que debería hacerse y cuál es el modelo social que se persigue.

Esta discrepancia de objetivos, formas y acciones es lo que tradicionalmente suele hacer fracasar a un movimiento revolucionario. La unión inicial más circunstancial que preparada, aúna esfuerzos y si el régimen no es lo suficientemente estable o poderoso, suele caer, como le ocurrió al de Mubarak en Egipto, mantenido por los militares, aunque cansados de su corrupción. Una vez derrocado, los grupos organizados como los Hermanos Musulmanes supieron gestionar el proceso, incluso sin haber participado activamente en las revueltas iniciales, hasta alcanzar el poder. Lo mismo que soviéticos y nazis hicieron hace ya muchas décadas.

Los intereses diplomáticos y cierta visión interesada de algunos países occidentales, como Estados Unidos o Francia, esta última en Libia, han mantenido activas algunas de estas revueltas, apoyándolas, aunque sólo sea con simples apoyos diplomáticos, lo que ha favorecido la extensión en el tiempo del conflicto político, su radicalización y un incremento de la violencia, alargando, posiblemente, conflictos que podrían haberse solucionado mucho antes.

En una línea parecida, Rusia mantiene al presidente sirio Al Asad, en cuyo país se libra una de las guerras civiles más sangrientas que ha salido de la Primavera Árabe. Sin embargo, en este caso, las intenciones de ambos bandos parecen igual de oscuras y no se aprecia ninguna intención de incrementar la libertad económica o política de los sirios.

El fundador y director de la Organización para la Democracia y la Libertad en Siria, Ribal Al-Assad, explica que “el jefe del consejo supremo de los islamistas en Arabia Saudí llamó a la yihad contra los infieles alauitas y dijo que no importaba si moría un tercio del pueblo en el proceso. Esto era un horror y ha empujado a que los moderados en Siria le dieran su apoyo al Gobierno porque es verdad que quieren cambiar la dictadura, pero no quieren remplazarlo con algo peor, con islamistas”.

La democracia es una manera de organización del Estado, y es cierto que suele ser la que más libertad permite a los que bajo ella viven, pero esto no siempre es así. Es muy posible que cualquier ciudadano de Singapur tenga más libertad que la que han tenido los egipcios con Morsi o la que tengan los venezolanos con Maduro o antes con Chávez. Que un régimen proteja la propiedad privada de los ciudadanos, que permita que estos lleguen a intercambios libres de cualquier tipo sin que se interpongan (demasiadas) leyes y que se respeten los acuerdos y contratos firmados o aceptados, hacen más por la libertad y la prosperidad de los individuos que la posibilidad de que todos puedan llegar a los organismos e instituciones donde se ejerce el poder, que en estas circunstancias que comento, tienen menos interés para la mayoría de los ciudadanos. Y ese es el problema de algunas democracias, que las luchas por el poder, y no por la libertad, las vuelven insostenibles porque se realizan a costa de la riqueza de todos.