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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Carta abierta al español medio

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Queréis empleo pero despreciáis al empleador.

Despreciáis al empleador pero pedís subvencionarle para mantener puestos de trabajo.

Pedís subvenciones para mantener puestos de trabajo en empresas jerarquizadas mientras suspiráis por trabajar en entornos innovadores.

Suspiráis por entornos innovadores mientras pedís al Estado que regule los mercados donde consumís.

Pedís regulaciones en los mercados mientras os quejáis de precios altos por falta de competencia.

Os quejáis por falta de competencia mientras lamentáis la competencia desleal de los chinos.

Os lamentáis de la competencia desleal mientras mantenéis que la clave de la prosperidad económica es exportar al exterior.

Alabáis la exportación exterior mientras protestáis ante la menor liberalización del mercado laboral que baje los costes de producción.

Criminalizáis la liberalización del mercado laboral mientras os escandalizáis de que la tasa de paro se sitúe en el 25%.

Os escandalizáis ante la tasa de paro mientras criticáis que se permita la apertura de centros comerciales todos los días del año.

Deploráis que se permita la apertura en festivos mientras alabáis las ventajas de internet y las nuevas tecnologías.

Alabáis las ventajas de internet y las nuevas tecnologías mientras os rasgáis las vestiduras ante el cierre de un periódico de papel.

Lamentáis el cierre de un periódico de papel mientras vuestra fuente preferida de información son titulares o tweets.

Vuestra fuente preferida de información son titulares o tweets mientras consideráis que la casta política es la responsable de todos los males.

Consideráis que la casta política es la responsable de todos los males mientras creéis que las subvenciones, plazas públicas y demás privilegios que ha concedido durante décadas eran vuestros derechos.

Creéis que los privilegios eran vuestros derechos mientras culpáis a quienes no quieren seguir financiando esos privilegios de capitalistas sin escrúpulos.

Culpáis a quienes se ofrecen a refinanciar nuestra deuda mientras exigís que se respete vuestra soberanía en el gasto público.

Exigís que se respete vuestra soberanía en el gasto público mientras pedís fuertes regulaciones a los bancos a los que prestáis vuestro dinero.

Pedís fuertes regulaciones en los depósitos bancarios mientras protestáis por los altos tipos de interés y condiciones de esos mismos bancos a la hora de conceder créditos.

Protestáis por los altos tipos de interés y condiciones de los préstamos mientras exigís la dación en pago de las viviendas bajo hipoteca.

Exigís la dación en pago de las viviendas bajo hipotecas mientras no aceptáis que un banco pueda quebrar.

No aceptáis que un banco pueda quebrar pero os asombra ver los privilegios de los que disfrutan los banqueros.

En definitiva, no sabéis qué queréis. Para vosotros el mundo es un lugar mágico donde siempre tenéis que ganar o rompéis el tablero, donde el beneficio solo es legítimo si lo conseguís vosotros o los vuestros, donde lo justo se convierte en injusto al mismo tiempo que cambian vuestras circunstancias, y donde la realidad es ignorada o cubierta por una tonelada de estiércol en cuanto os estropea vuestros numerosos prejuicios.

Con todo lo anterior podéis entender que algunos no estamos hartos ni de los políticos, ni de los banqueros, ni de la troika; estamos hartos de vosotros y de vuestra incivilizada conducta que permite a los primeros mangonearnos a todos.

Así que, por favor, la próxima vez que queráis denunciar los males del mundo, nada de manifestaciones, panfletos, charlas en el café o en la sobremesa; simplemente id al espejo más cercano y quedaos un rato mirándolo fijamente. Nos haréis un favor y lo mismo aprendéis algo.

Cuatro frentes

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Separatismos, economía, corrupción y oposición interna. Estas son, quizá bien ordenadas por importancia, las cuatro cuerdas flojas en las que bailan los dirigentes, bien del PP, bien del gobierno, que en este régimen de no división de poderes, viene a ser lo mismo.

La inevitable aparatosidad de las fuerzas independentistas catalanas y vascas amenaza al gobierno y a la unidad de España. No podemos menospreciar este peligro porque sería casi estúpido no leer y tampoco escuchar lo que claramente dicen los líderes de esas fuerzas. La pretensión de los radicales vascos parece más sólida siendo menos mediática. La catalana, traspasada de corrupción, se presenta parcialmente como el negocio familiar Pujol-Mas. La actitud de Rajoy parece perseguir que el proyecto catalanista pierda fuelle y se desgaste poco a poco ante la indiferencia, más que oposición, de los españoles, también los de Cataluña. Perfil bajo de Rajoy que, por eso, cubre menos flancos y estimula la confianza separatista. Los separatistas de las Vascongadas se asientan en las instituciones rehabilitando las figuras de los terroristas que, no habiendo entregado sus armas, siguen contando con ellas para, sin mencionar la vuelta a los atentados, dejar sin refutar su posibilidad. Y Rajoy, en esto, cubriendo aún menos huecos. Para esta no estrategia cuenta con dos PPs nada incómodos para los independentistas.

En la economía se apunta a las recetas menos liberales posibles. No se trata de que Rajoy deba ser un dogmático partidario de menos Estado y más mercado porque sí, sino porque a esta fórmula se la puede denominar por sus efectos: menos pobreza, más prosperidad. Una visita al Índice de Libertad Económica muestra la correlación, la coincidencia, la evidencia empírica o lo que sea que vincula, año tras año, la prosperidad con la libertad en la política económica y en la reducción de regulaciones. Si en el contraste con los hechos advertimos que menos estas aumentan la libre entrada de empresarios al mercado, Rajoy regula más y más. Si los elevados impuestos son la salud del funcionariado y de los políticos pero no de los ciudadanos, va y los sube. Ya que la expansión sin control del crédito supone inflación, más o menos oculta tras las mediciones de los IPCs o tras las mejoras tecnológicas que la absorbe pero no la eliminan, el Presidente reclama al BCE poco menos que una monetización de su deuda. Da igual. Solo le importa que el gobierno absorba el escaso crédito circulante y carga al BCE con la culpa del estancamiento esperando que este se desboque, inunde el mercado de dinero y no podamos ver al gobierno de España succionando los préstamos que se deniegan a, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas. Por último, en esta línea, si la mínima racionalidad económica y, sin duda, institucional, aconsejan exigir el mismo déficit autonómico a todas las regiones incluidas las de los sedicentes "hechos diferenciales" basados en distinciones y privilegios propios del Antiguo Régimen, pues no; para qué intentar construir un estado moderno bajo el principio, también moderno, de igual trato para todos.

Con la corrupción el Partido Popular tiene un grave problema. Lo tiene porque cada vez con más fuerza se traslada la idea de que tanto o más que un partido se trata o se trató de una máquina de hacer dinero para goce particular de sus dirigentes. Es lo que hay y, ahora, que lo nieguen. Ya no vale. Por mera higiene, en principio, pero por sentar las bases de una forma honesta, es decir, moderna y eficiente, de afrontar la organización del Estado, la corrupción debe dar un vuelco importante. Seguro que nunca se podrá erradicar por razones que hoy no vienen al caso, pero sí debe quedar claro que, a la vista de los logros en otros países (ver los datos que ofrece Transparencia Internacional al respecto) se puede hacer mucho más; y ese más redundará en seguridad jurídica y estabilidad institucional. No hay, por el contrario, duda de que quienes viven de la niebla harán lo posible para que nunca escampe.

Y por último, la oposición aznarista. A muchos, liberales y/o partidarios simples de la unidad de España, les resulta grata la presencia pública de Aznar sustituyendo y desbordando en impacto, aunque no en calidad, a Esperanza Aguirre. Creo que esa ilusión levantada es un espejismo, no porque la estrategia de "caña flexible" de Rajoy esté resultando muy eficaz contra los enemigos internos, sino porque el aznarismo, la vieja guardia, carece prácticamente de posibilidades de ser ni mayoritariamente minoritaria. Los viejos éxitos no valen si aparecen mezclados con Bárcenas y otras fealdades. No obstante, aunque la estrategia de Rajoy ante su exjefe presente pocos riesgos, es eficaz y se intuye tras ella el plumero de la nomenklatura política. Que personajes como Durán i Lleida le defiendan frente Aznar revela el terror que le produce a esa casta la remota posibilidad de que el Estado del cual viven, y muy bien, mengüe con una reforma radical y liberal.

Rajoy juega a no aparecer como responsable de los fracasos posibles de sus alineamientos políticos pero sí, claro, si hay éxitos. Para ello deja hacer, acepta lo que le dicen pero no tanto, amenaza con Aznar y carga las tintas pidiendo más Europa, es decir, más respiración asistida.

La otra casta

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Trabajar en la Administración Pública tiene evidentes ventajas, desde contar con un puesto de por vida –en el caso de los funcionarios– hasta disfrutar de condiciones laborales ventajosas en comparación con las del sector privado, tales como sueldos más elevados (un 40% más de media), un horario laboral más reducido, una menor carga de trabajo o más días de asueto. El sector público ha sido el último en iniciar el necesario ajuste que vienen protagonizando familias y empresas desde el estallido de la crisis, y, de hecho, aún está muy lejos de alcanzar su tamaño óptimo. No en vano, los recortes salariales no llegaron hasta 2010, mientras que el adelgazamiento de trabajadores tan sólo empezó a producirse a finales de 2011. Y, pese a ello, la burbuja pública que sufre España todavía no ha explotado: el déficit superó los 100.000 millones de euros en 2012 por cuarto año consecutivo, la deuda ya roza el 90% del PIB –algo no visto desde 1910–, el gasto estatal equivale casi a la mitad de la economía nacional y el número de empleados públicos aún supera los 2,8 millones.

Es decir, todavía queda mucha grasa que eliminar, y ésta no se encuentra sólo, ni mucho menos, en los gastos políticos superfluos que denuncia la demagogia imperante de lo políticamente correcto –coches oficiales, dietas y demás chocolate del loro–, sino en el núcleo duro del mal llamado Estado del Bienestar. Hay que reducir de forma drástica el tamaño de la estructura estatal, y eso conlleva, ineludiblemente, prescindir de empleo público y rebajar condiciones laborales. Estos ajustes son la raíz de las protestas que desde hace meses protagonizan determinados colectivos en las calles. En este sentido, destaca especialmente la Comunidad de Madrid, con sus mareas blancas, manifestaciones educativas y huelgas de transporte. Médicos, profesores y conductores cargan contra el Gobierno regional de Ignacio González al grito de "La sanidad no se vende, se defiende" o "Por una educación pública y de calidad", cuando, en realidad, su único objetivo es mantener con uñas y dientes los privilegios obtenidos durante los engañosos años de bonanza económica.

No se engañen, el reguero de huelgas que sacude la región no busca, en ningún caso, garantizar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. De hecho, las protestas sanitarias ya han provocado la cancelación de más de 7.000 intervenciones quirúrgicas, así como de 60.000 consultas médicas, con todos los inconvenientes y perjuicios que ello conlleva. Lo único que buscan es proteger sus intereses particulares, y emplean torticeramente como excusa la defensa de lo público y del interés general. Le están utilizando, estimado lector; así de simple.

El sueldo de los médicos hospitalarios en España oscila entre los 2.600 y los 5.000 euros al mes en términos constantes (paridad de poder adquisitivo). El salario promedio se sitúa en algo más de 3.200 euros, en la media de la UE, por encima de lo que se paga en Italia, Portugal y Grecia (no más de 2.800 euros) y no muy por debajo de lo que se cobra en Francia o en Irlanda (cerca de 4.000 euros), según admiten los propios sindicatos del sector con datos de 2011. Es decir, los médicos españoles no están mal pagados en comparación con sus colegas europeos. Además, casi un tercio (unos 30.000 profesionales) trabaja también en la sanidad privada, donde, naturalmente, perciben otro sueldo. La posibilidad de compatibilizar ambos empleos es una excepción de la que no disfrutan todos los funcionarios. Ésta es, precisamente, una de las razones por las que rechazan privatizar el servicio, ya que no podrían trabajar para dos empresas distintas a la vez. Además, curiosamente, el absentismo entre los médicos de los centros públicos triplicó la tasa del sector privado en 2012, con una media de casi 22 días de baja.

El problema no radica en el sueldo de estos profesionales –los buenos médicos y cirujanos de la pública cobrarían mucho más en la privada–, sino en la baja calidad del servicio. La sanidad pública española se sitúa en el puesto 22, de un total de 32, en el Health Consumer Index, por detrás de Portugal, Chipre o Hungría y a años luz de Holanda, cuyos servicios están completamente privatizados. La prueba irrefutable de las graves deficiencias que presenta la sanidad pública es que el 82% de los funcionarios (médicos inclusive), los únicos que pueden elegir libremente, opta por la sanidad privada a través de aseguradoras. ¡Valiente hipocresía!

Algo similar sucede en la educación. Los profesores de la pública se manifiestan para apartar a las desvalidas familias de las malvadas garras de las empresas privadas, interesadas tan sólo en ganar dinero con la educación de sus hijos… O eso dicen. En realidad, es este colectivo el que propugna un egoísmo aberrante y contraproducente, al condenar a futuras generaciones a una educación pública mediocre con tal de mantener intacto su ventajoso statu quo. Para empezar, España es uno de los países que destina más gasto público per cápita a la enseñanza y el que presenta una menor ratio de alumnos por profesor de toda la OCDE. Lo relevante es que el 80% del dinero se va, única y exclusivamente, en gastos de personal, y el resultado es bien conocido por todos: España se sitúa a la cola de los informes PISA en calidad educativa.

¿Será, entonces, que están mal pagados y, por tanto, carecen de incentivos? No. Los docentes españoles tenían en 2008 una retribución superior en todos los niveles educativos a la media de la OCDE: los de ESO, un 12% más; los de Primaria, un 10% más; los de Bachillerato, un 7% más. La comparativa es aún más llamativa con la educación privada a nivel nacional. En 2008, según un estudio de UGT, cada hora de clase impartida por profesores de colegios concertados costó un 30% menos que en los colegios públicos. Incluyendo sexenios, y tomando como ejemplo la Comunidad de Madrid, los sueldos de los profesores públicos oscilaron entre los 28.000 y 37.000 euros al año, entre 1.500 y 8.500 euros más que un docente de la concertada, a pesar de contar con un horario más reducido. Y ello sin necesidad, en muchos casos, de demostrar un mínimo nivel de conocimientos para impartir clase.

Para terminar, otro par de ejemplos sangrantes. Los madrileños llevan tiempo sufriendo huelgas en el transporte público por parte de un colectivo cuyos privilegios son evidentes. Los trabajadores de Metro gozan de elevadas remuneraciones, amplios permisos, generosos anticipos y préstamos, seguros y hasta cargos hereditarios, y aun así reclaman nuevas mejoras laborales a costa del contribuyente. Por su parte, los 5.735 conductores de autobús de Madrid ganan una media de 46.000 euros al año, sumado el coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales.

¿De verdad piensa que esta casta defiende el manido interés general? No se engañe ni se deje engañar.

La reconciliación aún no ha comenzado

Escrito por Mauricio Rojas en . Publicado en Artículos en prensa.

En septiembre de este año se cumplirá el 40º aniversario del golpe militar que llevó al general Augusto Pinochet al poder, y cabe por ello preguntarse si Chile se ha reconciliado consigo mismo. Mi respuesta es que la verdadera reconciliación aún no ha comenzado.

Reconciliar es algo más que convivir, tolerar o aceptar, y algo muy distinto de olvidar, condenar, hacer justicia, reparar o perdonar. Todo ello se puede hacer sin reconciliarse. Reconciliar es recuperar la confianza en el otro, o en una parte de nosotros mismos, si se trata de una comunidad o una nación. Pero la confianza no puede restablecerse si no entendemos lo que nos llevó a la desunión y no realizamos un esfuerzo por enmendar lo que cada uno puso de sí para que ello ocurriese. Solo así, entendiendo, reconociendo y enmendando, podremos estar seguros de que no vuelva a repetirse.

En este sentido, reconocer los crímenes y las violaciones de derechos humanos cometidos bajo la dictadura militar, así como hacer justicia y reparar a las víctimas, es la antesala necesaria de la reconciliación, pero no debe ser confundida con ella. Eso es lo que hasta ahora se ha hecho y ahí estamos, en la antesala de un esfuerzo por alcanzar una verdadera reconciliación.

Sin embargo, no es seguro que emprendamos ese esfuerzo, ya que nos involucra a todos los que de una u otra manera aportamos algo a esa lamentable marcha de Chile hacia la destrucción de su vieja democracia. Probablemente no sean muchos los que estén dispuestos a reconocer y asumir, con franqueza, valentía y generosidad, su parte en el drama que culminó en septiembre de 1973. Pero no hacerlo implica que nunca podremos alcanzar aquello que es el sentido final de la reconciliación: entender, enmendar y, por ello, poder decir "Nunca más".

Hace ya tiempo llegué al convencimiento de que si algo le debemos a Chile quienes participamos en los hechos que desembocaron en el golpe es justamente esa reflexión sincera y autocrítica. Especialmente si uno proviene de esa izquierda radical que apostó por la destrucción de la vieja institucionalidad chilena y la lucha fratricida como medio para crear una sociedad acorde con sus ideales revolucionarios. Nuestra responsabilidad no fue pequeña, y de ella no nos exime el que después hayamos sido víctimas de las tropelías de la dictadura.

Pongamos las cosas claras. La democracia chilena y la convivencia cívica que era su condición indispensable no se hundieron repentinamente el 11 de septiembre de 1973. La verdad es que ya se habían derrumbado como consecuencia de aquel proceso de ideologización y división irreconciliable de nuestro pueblo que se inicia durante los años 60 y se va profundizando hasta crear un ambiente de guerra civil mental entre los chilenos.

Es hora de sincerarnos sobre el cómo pudo ocurrir. No para hacer más leves las responsabilidades del régimen militar, sino para entender cómo se legitimó el uso de la violencia y quiénes fueron los que realmente abrieron las puertas a aquellos que luego no trepidarían en usarla sistemáticamente para alcanzar sus propósitos. Pero hay algo más. Nuestra experiencia puede servir para que nuevas generaciones de chilenos deseosos de luchar por una sociedad mejor no se dejen conducir por un camino que nuevamente pueda llevar a un Chile en guerra consigo mismo, ya que entonces todos volveremos a perder.

Sobre todo esto deberíamos ser capaces de iniciar una reflexión sincera, ya que para reconciliarse Chile necesita de una memoria histórica sin silencios, que no se adecue a las conveniencias de unos u otros ni se quede a medio camino. Una memoria trunca distorsiona la verdad y da pábulo a una distribución unilateral de las responsabilidades que no nos ayuda a avanzar hacia aquello que le debemos a Chile: un relato verídico de cómo llegamos a separarnos y odiarnos a tal punto que un día nos arrogamos el terrible derecho a destruirnos los unos a los otros.

Mauricio Rojas, exmiembro del Parlamento sueco y profesor adjunto de Historia Económica de la Universidad de Lund (Suecia).

Obama, como Maduro y Correa, enemigo de la prensa libre

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

En el poco tiempo que lleva en el poder, Nicolás Maduro está acelerando de forma creciente la destrucción de la libertad ciudadana que emprendió Hugo Chávez. De hecho, la castrización del país caribeño y la destrucción de los restos de democracia en Venezuela han alcanzado una velocidad sin precedentes.

En esa estrategia, y siguiendo los pasos de su mentor, entra la persecución y represión de los medios de comunicación y los periodistas que no le son afines. Esta última no pasa siempre necesariamente por el cierre de radios, televisiones o periódicos, así como por el encarcelamiento de sus directivos y profesionales. También incluye técnicas como el espionaje de los informadores. Ejemplo de ello es el hecho, recientemente descubierto, de que los servicios secretos bolivarianos espían a periodistas venezolanos residentes en Miami.

Pero estos no son los únicos periodistas que son espiados por un Gobierno en territorio de EEUU. Cada vez surgen más noticias referentes al espionaje de medios y periodistas estadounidenses por parte de las autoridades de su propio país.

Primero fue el caso de los cien periodistas de la Agencia Associated Press cuyos teléfonos fueron pinchados por orden de la Casa Blanca. Ahora se suma la noticia de que el FBI –una agencia que, a pesar de lo que muestren series como Bones o Mentes Criminales, es básicamente un servicio de inteligencia que actúa dentro de las fronteras de Estados Unidos– ha estado accediendo al correo electrónico de James Rosen, un periodista de Fox News.

En ambos casos, el objetivo era conocer las fuentes de sus informaciones. En el caso de la agencia de noticias versaban sobre las actividades antiterroristas de EEUU en Yemen y en el de la televisión trataban sobre el régimen comunista de Corea del Norte. Obama y su administración no han pedido perdón por estos espionajes. Al contrario se han justificado y casi se podría decir que han sacado pecho.

El secreto de las fuentes es una herramienta fundamental para poder ejercer el periodismo, por lo que está garantizado por ley en cualquier país del mundo. Si no se puede asegurar el anonimato de quién proporciona una información delicada, en numerosas ocasiones sería imposible acceder a ella. Por eso, violarlo es un atentando directo contra la libertad de expresión.

Pero en el caso de Rosen estamos ante algo de una gravedad mayor. En un hecho sin precedentes, ha sido acusado por las autoridades como "como instigador, cómplice o cooperador necesario del delito" (la entrega de información confidencial por parte de su fuente, un empleado del Departamento de Estado). Estamos ante un salto cualitativo tremendo. Si al espiar a los periodistas Obama se comporta como Maduro, al acusarles –sobre todo si se tiene en cuenta de que se trata de un profesional de un medio muy crítico en el actual presidente de EEUU– imita las técnicas de Rafael Correa, el mayor represor de los medios de comunicación en América tras los hermanos Castro.

Ya no consiste tan sólo en espiar a los periodistas, algo de por sí muy grave. Al presentar cargos contra uno de ellos por ofrecer informaciones incómodas para la Casa Blanca, ese es el motivo real de la acusación aunque nominalmente sean otro, la administración de Obama lanza un mensaje al resto de profesionales de los medios: "a partir de ahora, quien publique algo que nos moleste se arriesga a que encontremos la excusa para tratar de mandarle a la cárcel". Se trata de un paso de gigante en el recorte de la libertad de expresión. Si Rosen resulta finalmente condenado, Obama tendrá su primer preso político.

No se trata tan sólo de una cuestión que afecte tan sólo a los periodistas y los dueños de los medios de comunicación. Sin una prensa libre, se priva a los ciudadanos de recibir informaciones que el poder no quiere que les lleguen, además de la oportunidad de acceder a todo tipo de opiniones. No en vano, otro presidente de EEUU, Thomas Jefferson, sentenció en 1787 (cuatro años antes de acceder a la Casa Blanca):

Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo.

Es tradición que durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el presidente de EEUU bromee sobre sí mismo. Si este año se comparaba con Lincoln y parodiaba la película sobre dicho mandatario, el año que viene podría dejarse bigote y salir vestido con una camisa roja. Hasta podría incluir un pajarito sobre su cabeza como detalle de atrezzo. Claro que no sería una parodia, sería la escenificación de cómo le gusta tratar a los medios de comunicación.

La alternativa a la democracia

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 3 comentarios en La alternativa a la democracia

No hay que confundir democracia con libertad. La democracia es una forma de decidir sobre los asuntos de todos, la libertad es el derecho a decidir sobre lo que es tuyo. Aunque hoy la gente asocia ambos términos y a menudo, como dijera Ortega y Gasset, gritan lo uno queriendo lo otro, lo cierto es que la edad dorada del liberalismo tuvo lugar en un contexto dominado por monarquías constitucionales y democracias restrictivas.

Erik von Kuehnelt-Leddihn, en su obra magna Leftism Revisited, explica que ni José II ni Jorge III tenían el poder efectivo que detenta un parlamento moderno. Hasta mitades del siglo XIX el gasto público se mantuvo por debajo del 5% de la riqueza nacional, y el empleo público estaba por debajo del 3% (hoy el gasto alcanza el 50% del PIB en muchas economías occidentales, y el empleo público se sitúa entre el 10 y el 20% de la población activa). El servicio militar obligatorio, la Ley Seca o el impuesto sobre la renta fueron introducidos por "representantes del pueblo". En democracia el parlamento es el pueblo, y esta identificación tan falaz como arraigada permite al legislador violentar la libertad sin que el pueblo pueda acusarle de tiranía. No en vano las primeras "guerras totales" se sucedieron en el siglo XX, cuando se difuminó la distinción entre Estado y sociedad civil, y la población pasó a ser un objetivo militar aceptable. Numerosos liberales clásicos ya habían alertado sobre los peligros de la democracia (Locke, De Tocqueville, Constant, Lord Acton, von Humboldt), e incluso entre los fundadores de la democracia americana había escepticismo (Hamilton, Washington, Adams, Madison, Jefferson).

Hans-Hermann Hoppe, quizás el mayor referente antidemócrata y promonárquico del liberalismo contemporáneo, argumenta que el gobierno electo es como el arrendador de una casa (por cuatro años), y el monarca absoluto como su propietario (pudiendo dejarla en herencia). ¿Quién tiene más incentivos para procurar su mantenimiento y recapitalización a largo plazo? El gobierno democrático despilfarra a costa de gobiernos y generaciones futuras: burbujas que estallarán en otra legislatura, gasto con cargo a deuda, derechos sociales sobre esquemas Ponzi. Además, prosigue Hoppe, en democracia siempre gobiernan los más demagogos, la competencia electoral ensalza a los que más prometen (o sea, a los que mejor engañan). El monarca absoluto, en cambio, no compite con nadie, no ha tenido que corromperse para llegar al poder. Puede ser un déspota o una persona decente, pero al menos está en manos del azar, porque si está en manos de las urnas es improbable que sea muy decente.

Con todo, algo falla en la argumentación de Hoppe, porque muchas dictaduras actuales son como dinastías, y en general no se correlacionan con un mayor grado de libertad, antes al contrario. Hay excepciones, como los emiratos del Golfo Pérsico, la democracia controlada de Singapur, o la ex colonia de Hong Kong, gestionados con una visión largoplacista bastante hoppeana que ha priorizado la libertad económica y el desarrollo. Pero tampoco aquí está clara la causalidad. El tamaño de la unidad puede haber sido más determinante que su sistema político (Nassim Taleb dixit). Por otro lado, quizás en democracia los demagogos y corruptibles jueguen con ventaja, pero al menos puedes expulsarlos cada cuatro años, no hay que esperar a que abdiquen.

Pablo Carabias también nos propone viajar en el tiempo, en este caso para instituir el sufragio censitario. Que voten solo los que más impuestos pagan (o que emitan más votos los que quieran y puedan comprarlos). Según Pablo, la democracia es un mecanismo para decidir cómo se gestiona lo que aportamos, y en este sentido los que más aportan deberían tener más poder de decisión. Este planteamiento presenta muchos problemas, aunque suscita también interesantes reflexiones.

Primero, la democracia no es un mecanismo para decidir sobre la aportación de cada uno. La democracia es un mecanismo para tomar decisiones que afectan a todos, incluyendo los que no quieren participar de ellas. El rico no tiene más derecho a imponerme sus caprichos que el ciudadano medio, o que el 99% de la población, da igual cuánto aporte al erario común. El Ministerio de Educación no sería menos autocrático si fueran los más pudientes los que impusieran su currículum nacional. Dicho de otra manera, una cosa es que los más adinerados puedan "votar" más sobre lo suyo (sería el resultado de bajarles los impuestos), otra muy distinta, y ajena al liberalismo, es que puedan votar más sobre los asuntos de todos. En tiempos del laissez faire, cuando los ministerios se contaban con una mano, quién votaba era trivial, pues apenas podía decidir sobre nada. Pero hoy el votante puede entrar en tu dormitorio, decir cómo tienes que llevar tu negocio y meterte la mano en el bolsillo una y otra vez. Es verdad que Pablo introduce un matiz que pocos comentaristas han advertido: que el Estado se financie solo con aportaciones de los que deseen votar, una suerte de cláusula "opt out" para el que no quiera participar en el sistema ni como votante ni como contribuyente. Esta idea es más sugerente, ¿pero hasta qué punto estamos "saliéndonos" del sistema si las políticas de los votantes siguen afectándonos?

Segundo, se podría argüir que el sufragio censitario en función de la renta serviría para contener la represión fiscal y mitigar la redistribución. Quizás fue así en el pasado, y sin duda sería una consecuencia deseable desde el punto de vista liberal, pero si ése es el objetivo, ¿por qué elegir la farragosa vía del sufragio censitario y no directamente abogar por una enmienda constitucional que proscriba determinados niveles de fiscalidad? Es poco probable que un parlamento vote una enmienda semejante, pero es menos probable todavía que vaya a excluir del censo a la mayoría de sus electores.

Tercero, en cierto sentido ya vivimos en una "democracia censitaria" y los resultados dejan mucho que desear. Quizás todos los votos valen lo mismo en las urnas, pero en los despachos ministeriales unos tienen más peso que otros: la banca, la gran industria, los sindicatos… La influencia de los lobbies es indicativa de un fenómeno que cuestiona las tesis de Pablo sobre el sufragio censitario: las rentas altas no solo quieren pagar menos impuestos (algo perfectamente liberal), también quieren proteger su nivel de renta petrificando el statu quo (algo perfectamente anti-liberal). Del mismo modo que tienen incentivos para demandar menos impuestos, también tienen incentivos para demandar regulaciones y privilegios que les protejan de los vaivenes del mercado y de la competencia. Bancos y grandes corporaciones piden rescates públicos para no quebrar y tipos de interés artificialmente bajos para inflar burbujas, empresas establecidas piden regulaciones para obstaculizar la entrada de nuevos competidores, los sindicatos blindan los puestos de trabajo de sus afiliados a costa de encarecer la contratación de los desempleados, intelectuales y artistas piden subvenciones para no tener que depender de los consumidores…

Cuarto, enlazando con el punto anterior, la defensa del sufragio censitario parece sustentarse sobre la premisa de que el Estado del Bienestar redistribuye renta de ricos a pobres (y conceder el voto solo a las víctimas del expolio fiscal pondría coto a este trasvase). Pero dejando a un lado el marketing socialdemócrata, no está claro que la redistribución sea netamente vertical. En los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones) la progresividad es baja. Para el grueso de la clase media, es como este ejemplo: Pedro paga la sanidad de Juan, mientras Juan paga a Pedro la educación de sus hijos. Redistribución horizontal. En muchos otros ámbitos las políticas son regresivas (hay redistribución de rentas más bajas a rentas más altas, o los pobres salen más perjudicados): universidad, cultura, energía, agricultura, política monetaria, mercado laboral…

Quinto, quienes se rasgan las vestiduras con la propuesta de sufragio censitario no parecen percatarse de que virtualmente todas las democracias occidentales restringen el voto de una fracción de los ciudadanos con menos recursos: los inmigrantes, más de un 10% la población en España (sin contar los que no tienen papeles). Da igual que trabajes en España legalmente y pagues tus impuestos, si vienes de fuera no puedes votar el gobierno del país. Naturalmente a los inmigrantes (ya se trate del comerciante paquistaní en Barcelona o el expat europeo en Dubai) les importa bien poco la falta de "derechos políticos", no han cruzado la frontera para votar sino para ganarse mejor la vida. En este sentido no hay política más solidaria que la apertura de fronteras y la consiguiente extensión del sufragio censitario, y somos muchos los liberales que defendemos la libertad de inmigración como el mayor programa anti-pobreza (¡al menos en países que crean empleo en lugar de destruirlo!).

En definitiva, que el voto censitario (como las monarquías constitucionales y los gobiernos mixtos) conviviera con el laissez faire antes del advenimiento de la democracia absoluta no significa que sea un modelo deseable e importable al siglo XXI. Los sistemas políticos son a menudo fruto de sus circunstancias, y divorciados de su contexto pueden perder su razón de ser.

¿Hay entonces alternativa a la democracia? Para contestar a esta pregunta primero hay que saber para qué sirve y para qué no sirve la democracia.

La democracia no sirve para producir buenas políticas. Bryan Caplan, en su libro The Myth of the Rational Voter, explica que el votante medio es peor que ignorante: es irracional, esto es, defiende políticas en base a creencias erróneas que tiene sobre economía, y estas políticas se contradicen con el fin de promover un mayor bienestar, que también valora. Caplan estudia empíricamente los sesgos de los votantes y concluye que la mayoría de gente no entiende los procesos de mercado, subestima los beneficios de comerciar con extranjeros, equipara la prosperidad con el empleo y no con la producción, y tiende a ser más pesimista de lo que la realidad exige. Obviamente los sesgos no empiezan y acaban a las puertas del colegio electoral, pero el mercado desincetiva la irracionalidad con precios, pérdidas y quiebras, la democracia no. Equivocarse en las urnas casi nos sale gratis, porque la relevancia de nuestro voto tiende a cero. El precio de satisfacer nuestras erróneas creencias es la reducción del bienestar que produce una determinada política descontada por la probabilidad de que nuestro voto sea decisivo. Si una medida proteccionista va a reducir nuestro bienestar en 1000€ y el electorado es de 1000 personas, satisfacer nuestras ansias nacionalistas solo nos cuesta 1€. Decir que los elevados costes de una política nos empujarán a ser más sabios es análogo a afirmar que los perjuicios de la polución nos llevan a conducir menos. Que los niveles de polución sean altos o bajos no depende de nosotros, de modo que conducimos igualmente. Como dice Caplan, nadie se enfrenta a la elección "conduce menos o padece un cáncer de pulmón" o "reconsidera tus ideas sobre economía o malvive en la pobreza".

Con todo, la democracia y el sufragio universal sí sirven para producir un valioso bien en el contexto actual: la ilusión de "juego limpio", de que todos tenemos el mismo derecho a participar en el sistema, y esta ilusión genera paz social. En un contexto en el que se valora la igualdad, la ausencia de discriminación hace que las distintas facciones no sientan agravios ni puedan alegarlos, y dediquen sus esfuerzos a ganar votos en lugar de organizar revueltas. Si dejas jugar a la gente y pierde, se resigna. Si no les dejas jugar, se resienten y se sublevan. La democracia, además, está vinculada a un elevado grado de libertad de expresión y de asociación, así como a otras libertades civiles, como el derecho a un proceso justo, sin las cuales sería difícil crear las condiciones que hacen posible unas elecciones pacíficas.

¿Significa esta reflexión que tenemos que aceptar la democracia para lo bueno y para lo malo?¿Que el precio de la paz social y las libertades civiles son políticas económicas que nos empobrecen? Habría una forma de evadir este odioso "trade-off": reducir el ámbito de decisión de la democracia tanto como sea posible. La mayoría de decisiones importantes en nuestra vida no las sometemos a votación democrática de nuestra comunidad, ni siquiera de nuestros más allegados: qué queremos estudiar, en qué queremos trabajar o qué negocio queremos montar, dónde queremos vivir, con quién nos relacionamos y tenemos amistad, con quién nos emparejamos, a qué clubs y organizaciones nos asociamos, en qué invertimos, cuánto ahorramos, qué casa compramos… Cuantas menos decisiones se tomen "democráticamente" y más decisiones se tomen en el marco del mercado y la sociedad civil, menos necesaria será la ilusión de "juego limpio" para capturar el poder, pues no habrá ningún poder que capturar, y mayor será el bienestar social fruto de una política económica laissez faire.

Porque la alternativa a la democracia no es la dictadura, ni la monarquía, ni el sufragio censitario, ni cualquier otra forma de gobierno. La alternativa a la democracia es el mercado.

Evolución de las formas del Estado (I)

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El proceso de institucionalización del poder ha sido estudiado por diversos autores como, por ejemplo: Georges Burdeau (1), Otto Hintze (2), Carl Smith (3), F. Meineke (4), Bertrand de Jouvenel (5), Michael Oakeshott (6) o Dalmacio Negro (7).

Carl Smith describía el Estado Total del siguiente modo en el año 1931:

…la sociedad hecha Estado se transforma en Estado económico, Estado cultural, Estado de protección, Estado de prosperidad y Estado de previsión: el Estado hecho autoorganización de la sociedad y que, por consiguiente ya no puede separarse de ella, por su objeto abarca todo lo social, es decir, todo lo que se refiere a la vida común de los hombres.

—Carl Smith, "Hacia el Estado Total", Revista de Occidente, Mayo 1931—

En paralelo, se ha producido un proceso de despolitización de la sociedad civil en los últimos siglos, en el sentido de que los ciudadanos han renunciado a proteger sus derechos individuales (vida, propiedad privada, libertad, igualdad de trato ante la Ley) y a ejercer su derecho subjetivo a decidir qué hacer y qué no hacer respecto de los asuntos transcendentales para su futuro. Surgen así otros poderes que dicen representar los intereses de la población como partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación y grupos de medradores de prebendas públicas (patronales, fundaciones, asociaciones, actores,…).

Ante la renuncia de la mayoría de ciudadanos a ejercer su responsabilidad individual, el "ethos" de la población desaparece de la vida política y pasa a ser representado por los intereses de los grupos organizados que, si logran cierto peso político, pasan a integrarse en la oligarquía y "guiar" la sociedad civil. Así es como, también, confluyen un proceso de "oligarquización" de la sociedad, que aumenta exponencialmente conforme se imponen las ideologías colectivistas, y un proceso de confinamiento y reclusión de las libertades de la sociedad civil en la jaula de hierro que establece la oligarquía.

Actualmente, la población se conforma con ejercer su derecho al voto cada cuatro años, con depositar su responsabilidad individual en la oligarquía y, a cambio, renunciar a ejercer su derecho a participar activamente como sociedad civil y, por tanto, a decidir (referéndum) en los asuntos políticos trascendentales para su futuro como, por ejemplo: la protección del derecho a la vida, la protección de los derechos de propiedad, las subidas de impuestos, los déficit presupuestarios, el endeudamiento del Estado, la alteración de la moneda, la independencia unilateral (o no) de territorios, la entrada (o no) en conflictos armados en donde no exista coacción o agresión previas…

El libro Historia de las formas de Estado, del catedrático Dalmacio Negro, describe magistralmente el proceso de institucionalización del poder. Señala como:

Las formas políticas "espontáneas", "orgánicas", naturales, de lo Político son la Ciudad, el Reino, y el Imperio; el Estado es una forma, la cuarta, artificial. Pierre Manent pone aquí la Nación en vez del Estado. Sin embargo, esto parece ser una confusión, puesto que la Nación no es una forma abstracta en el tiempo ni en el espacio, como sí lo es en cambio el Estado, aunque su realidad empírica sea reciente… El Estado, aparato técnico, parece haberse emancipado a su vez de la nación y acaba con ella. Esto es perceptible en el Estado totalitario, cuyo concepto sobrepasa y supera al Estado-Nación.
Negro, D. (2010), p. 42.

Muchas personas y, especialmente, los autores intervencionistas confunden la forma del gobierno con la forma del régimen. Las formas de Gobierno son aquellos tipos de organización social en que se institucionaliza formalmente el orden político para afrontar las incertidumbres que afectan a la vida.

Sin embargo, las formas del Régimen van más allá de lo meramente formal y, en los últimos siglos, tienen mucho que ver con el tamaño de ésa forma política artificial que se denomina Estado. Artificial en el sentido de que es sólo una de las formas de Gobierno y que no es "natural" al no respetar los derechos individuales que son propios, inmanentes e inherentes a la naturaleza de un hombre libre.

Desde un punto de vista liberal, es importante tomar distancia respecto del momento presente y observar la evolución del Estado como forma política "artificial" que no respeta los derechos de las personas. En la parte II del presente artículo, explicaremos en detalle la evolución del Estado en tres grandes fases: la Monarquía Estatal, el Estado-Nación y el Estado Total.

A partir del año 1989, con la caída de los regímenes comunistas que configuraron un Estado Total en los países de Europa del Este, y que se caracterizaban por un tamaño del Estado cercano al 100% del tamaño de su Economía, sólo parcialmente, una pequeña parte de la oligarquía de los países toma cierta conciencia de la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo que predijeron Ludwig von Mises y Friedrich A. Hayek.

Sin embargo, la mayoría de la oligarquía no renuncia fácilmente a sus privilegios y las soluciones de mercado sobreviven bajo un fuerte intervencionismo en muchos sectores económicos. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, el tamaño del Estado en la mayoría de países de la Unión Europea se sitúa entorno al 50% del PIB, lo que lastra el crecimiento económico y las libertades de sus ciudadanos.

Se puede comprobar la afirmación anterior, analizando los presupuestos de las administraciones públicas de cada país, tal y como demostraré el próximo jueves 23 de mayo en el VI Congreso de Economía Austriaca. Como ejemplo, recomiendo se analice la siguiente gráfica que muestra el espacio que cubre el Estado en España en el año 2013:
 

Gráfica – Porcentaje que representan las administraciones públicas de España

respecto del PIB 2013 en comparación con el sector privado.

 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS:

(1) G. Burdeau, El Estado, Seminarios y Ediciones, Madrid, 1975.

(2) O. Hintze, Historia de las formas políticas,

(3) C. Smith, El concepto de lo Político, Alianza, Madrid, 1971.

(4) F. Meineke, La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1958.

(5) B. de Jouvenel, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, Unión Editorial, Madrid, 1998.

(6) M. Oakeshott, El Estado europeo moderno, Barcelona, Paidós, 2001.

(7) D. Negro, Historia de las formas del Estado, Madrid, El Buey Mudo, 2010.

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En defensa del voto censitario

Escrito por Pablo Carabias en . Publicado en Análisis diario. 8 comentarios en En defensa del voto censitario

Nos lo inculcan ya en clase de sociales en el colegio, está constantemente presente en los medios de comunicación, como una verdad irrefutable, como la quintaesencia de la democracia. Sin duda, la consecución del sufragio universal, la realización del principio “un hombre, un voto” es considerado uno de los logros más importantes de la sociedad, la plenitud de la democracia; el no va más del poder del pueblo.

Por contra, el voto censitario, característico en muchas sociedades de finales del Dieciocho y que se mantuvo en diferentes variantes hasta bien entrado el Siglo Veinte, está absolutamente desprestigiado. Así, plantear hoy en día el concepto de voto censitario es una forma segura de ser tildado de cualquier cosa acabada en “ista”: fascista, racista, machista…, incluso capitalista.

Pero yo voy a plantearlo.

El voto censitario

Realmente, el voto censitario puede (y, de hecho, lo ha estado a lo largo de la historia) estar basado en muchos tipos de restricciones.

Desde el sexo, como en Suiza, donde, hasta 1971, el voto era un derecho solo para varones, hasta la raza, como en los Estados del Sur de los Estados unidos, con los negros fuera del censo electoral (perdón, afroamericanos…, seamos políticamente correctos), pasando por el estado civil, casados y “cabezas de familia” en las elecciones al tercio familiar de la España franquista, hasta la edad, como el voto a los 18 años de nuestra moderna y superguay democracia (y que los partidos de izquierda, conscientes de que cuanto más inmaduros e irresponsables sean los votantes más van a sentirse atraídos por sus insensateces, estarían encantados de bajar a 16…).

Sin duda, muchas de estas restricciones son absolutamente indefendibles. Pero hay una restricción, una restricción basada en la riqueza de las personas, el voto ponderado basado en la aportación económica de cada uno al erario común, que me parece absolutamente clave para un ejercicio sano de la democracia.

Aportación y participación

Porque en el fondo, la democracia no es más una forma de decidir la gestión y el control del dinero que aportamos cada uno. Y lógicamente, por un elemental sentido de la justicia, quien más aporte debería tener más que decir sobre el destino que se da al fondo común, de forma proporcional a lo aportado.

Así, creo que el derecho a voto, libre y voluntario, debería tener un precio. Pongamos un ejemplo. Cada papeleta de voto, 100 €, 200 €. Cada persona decidiría cuántos derechos a votos quiere y/o puede comprar y, de esta forma, con el dinero que cada persona, de forma voluntaria, aporte, se financiaría el Estado, pues este dinero, estas digamos “participaciones” serían el único y exclusivo capital estatal con el que se financiaría… y, por supuesto, nada de impuesto adicionales.

Es decir, todo aquel que crea en el Estado, que ponga la pasta, que considere y decida en función de ella… Básicamente, como si comprase acciones de una empresa.

Yo, personalmente, no me dejaría un euro en derechos de voto, pues se me ocurren muchas otras opciones más interesantes donde gastar mi dinero…

Llamémosle escrache

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La agrupación HIJOS, dejémoslo ahí, comenzó a convocar a sus miembros frente a las puertas de los miembros de la dictadura argentina que no habían sido juzgados. Si la administración de justicia no iba a hacer lo propio con su nombre, ellos sí estaban dispuestos a dar contenido a esa justicia. Con la declaración de culpabilidad en las pancartas, se arremolinaban frente al domicilio del protagonista y le lanzaban gritos, improperios, acusaciones. En comandita. Todos los mensajes impresos, vociferados, eran importantes, pero el principal, el verdadero mensaje que les convocaba, que iban a entregarle sin firma y sin sello, es esa vieja expresión: sé dónde vives, me he quedado con tu cara. En lunfardo, esa jerga bonaerense, a esa reunión de hijos se le llamó escrache.

Llamarlo escrache es importante. Porque, de no hacerlo así, tendríamos que utilizar una palabra del español y llamarlo acoso. Aquí, una organización pantalla autodenominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca adoptó el método y el nombre. Actúan sobre un drama real, el de la gente que es incapaz de hacer frente a su deuda hipotecaria, actúan de altavoz de las personas que sufren las consecuencias, y por medio de los acosos vuelcan el sentimiento de condolencia, incluso de indignación, contra el Partido Popular y contra sus miembros más destacados. Contra el Partido Popular, no contra el Gobierno, ya que el primer acoso fue frente a la casa de su secretario de comunicación, Esteban González Pons, que no forma parte del Ejecutivo.

Más allá de las motivaciones políticas y de las viejas y nuevas tácticas de la izquierda, la cuestión aquí es la legitimidad de los acosos y la respuesta posible. Soraya Sáenz de Santamaría es vicepresidenta del Gobierno, es diputada por Madrid y es miembro de la dirección del Partido Popular. Forman parte de la persona de Sáenz de Santamaría, en su sentido más original. En el teatro clásico, en ocasiones los actores llevaban una máscara que llevaba una bocina, que ayudaba a proyectar su voz. A esa bocina se le llamó, en latín, per sonare, y se identificó con la máscara, de ahí con los personajes de la obra, y, por extrapolación, con el papel que juega cada persona en la sociedad en que vive. Pero además de ese papel público, de esa persona, Sáenz de Santamaría y demás políticos del Partido Popular tienen una vida privada. Es el mismo individuo, pero son dos ámbitos distintos. El ámbito que comparte con la sociedad está abierto a la pública discusión, al debate propio de una sociedad abierta. Los promotores del acoso consideran que eso no es suficiente. Y rompen esa barrera moral que separa los dos ámbitos para entrar en el plano privado. Cada vez que oigamos, o incluso pensemos, que hay que respetar la vida privada de alguien, tenemos que recordar que los promotores de los acosos no lo hacen.

Ese es un elemento del acoso. El otro es la violencia. En el primero de los practicados aquí aporrearon la puerta de la casa de Esteban Pons. Los que defienden los acosos, al menos los que se hacen contra miembros del PP, dicen que son una muestra de la libertad de expresión. Más bien, como aquéllos “interrogatorios reforzados” del Ejército estadounidense, los acosos son “libertad de expresión reforzada”. Coacción es el uso o la amenaza de uso de la violencia física. Si se acusa a una persona, en su domicilio, de ser responsable de un agravio propio y se hace gritando y en compañía de una masa enfurecida, ¿es posible no entenderlo como una amenaza? Aquí entra el criterio de cada cual. Pero es claro que si se recurre al acoso es porque la víctima lo puede entender, razonablemente, como una amenaza. En un acoso, una señora portaba un cartel que decía: “¿Qué es violencia? ¿Echarme de casa o ir a tu puerta?”. Que, curiosamente, es el origen de los acosos pero dado la vuelta: aquí es la aplicación de la justicia es lo que se considera motivo suficiente para recurrir a él. Hay quien entiende, desde su estricta militancia izquierdista, y siguiendo una larga tradición, que es violento, pero que el recurso a la violencia es legítimo, si el objetivo es de progreso.

Con todo, más allá de unos golpes en la puerta, los gritos son un primer paso al que no ha seguido el segundo, el de la violencia física. Los defensores del acoso no lo llaman así, y habitualmente dicen que son un acto pacífico. No hablemos del derecho positivo, sino de la legitimidad de los actos. Este es un terreno movedizo. Si las calles fueran privadas, sus dueños pondrían, legítimamente, poner normas para su uso. Pero como son públicas, no está tan claro qué límites pueden poner al ejercicio de otros derechos. En principio, no podemos prohibir que una persona se presente frente a la casa de otra. Tampoco que lo hagan varios. No podemos prohibir que manifiesten sus ideas frente a otro ciudadano, ni podemos hacerlo cuando son más de uno. Luego, aunque los convocantes y el protagonista entienden, los dos, que es un acto violento, no está claro que deban prohibirse.

Ahora bien, eso no quiere decir que la víctima de los acosos no pueda defenderse. Recordemos ahora que los acosadores han roto la barrera de la vida personal. La víctima, sola o, como ellos, en compañía de otras personas, puede sacar fotografías de los acosadores. Serían la imagen del acoso. Cada uno de sus rostros. Con esfuerzo, paciencia, suerte, pericia, se podrían identificar a aquéllas personas. Y, gracias a Internet, colocar los perfiles de cada uno de ellos. No hace falta hacer de ello una red social, nada de eso. Es la libertad de expresión, ahora sin refuerzo.

Una de romanos y escraches

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

En las últimas semanas ha cobrado relevancia en España el fenómeno llamado "escrache", que consiste, como es bien sabido, en acosar físicamente a los políticos para mostrar el desacuerdo con sus decisiones. Así, grupos más o menos organizados, montan bulla en los alrededores de las residencias de nuestros representantes, causando desazón a sujetos y sus familiares. Todo ello parece haber generado gran inquietud social, sobre todo en los sujetos afectados. Y, lógicamente, se han alzado voces contra el fenómeno y se empieza a pensar como prohibirlo o, al menos, prevenirlo.

Vaya por delante que, al contrario de la mayor parte de gente y periodistas a los que he oído sobre el tema, en ningún caso comparto el fondo de los escraches que se están llevando a cabo en España. Puede que el escrache sea aceptable para prevenir situaciones que son claras contra el interés general (como una subida de impuestos o una quita de depósitos), pero no me lo parece cuando se trata de presionar al político para conseguir un interés particular (como la condonación de la deuda hipotecaria particular de alguien a costa del resto de españoles).

Desde mi punto de vista, el escrache no es más que una consecuencia lógica de la organización democrática que sufrimos. Conforme los ciudadanos van siendo conscientes de la merma de poder que la democracia supone para el individuo, conforme van padeciendo con más intensidad el poder a que se han sometido (vía subidas de impuestos, reducción de "derechos", abusos de la clase política dominante, corrupción…), la gente se da cuenta de que tiene que reaccionar.

Entonces analizan los mecanismos con que cuentan. Pueden esperar cuatro años o los que correspondan hasta las próximas elecciones, y disciplinar al político ejerciendo su derecho a voto. Pero ya todos sabemos que eso es vano, pues encontramos los mismos perros con otros collares, y al final del día, un político del PP es siempre más amigo de uno del PSOE, que de cualquiera de sus votantes.

Otra alternativa podría ser acudir a la justicia. Pero esta herramienta quedó ya hace mucho tiempo absorbida en la casta política, que era muy consciente de los problemas de dejarla campar a sus anchas. Así pues, el ciudadano no cree, no puede creer, que la justicia vaya a equilibrar el juego de poder con sus políticos. Y así lo vemos y lo hemos visto día a día durante muchos años: los escándalos más aviesos se solventan muchos años después con magras penas de cárcel, nula restitución de los bienes robados e, incluso, indulto.

Ello cierra las posibilidades institucionales de tratar de equilibrar el poder con la clase política. Y, entonces parece que solo queda como salida la violencia.

No es nada nuevo, y ha demostrado en el pasado ser efectivo. Aquí es donde empieza la peli de romanos. Pues es poco conocido que en Roma, durante la República, no había policía como tal. La seguridad de cada uno corría a cargo de uno mismo, y por ello la gente evitaba las salidas nocturnas o internarse en barrios de dudosa reputación como el Subura. No estaba prohibido el tránsito, pero la seguridad corría de cuenta de cada uno y no del erario público.

Ello valía también para los Senadores, y otra gente con capacidad decisoria sobre los restantes individuos. La excepción eran los cónsules y algún alto funcionario, que eran acompañados por un número variable de lictores que les permitiera un cierto poder para ejercer su decisión.

La consecuencia de todo ello es que los Senadores de Roma estaban sujetos al escrache que redescubrimos ahora, que constituía una eficaz forma de disciplinar la decisión de los políticos, sobre todo cuando estos se hacían con el poder en otras instituciones de contrapeso como los tribunos de la plebe.

Los Senadores de Roma sabían que una decisión contraria a los intereses generales, y sobre todo si era beneficiosa a algunos particulares, podía terminar con su casa expoliada, su familia vejada y su cabeza en una lanza. Quizá por contrapoderes fácticos de este estilo, llegó Roma a ser lo que fue.

Que el escrache puede ser muy efectivo, ofrece pocas dudas. Que se lo digan a los parlamentarios chipriotas mientras tenían que hacer la votación sobre la primera quita de depósitos propuesta por la CE, con miles de chipriotas esperándoles a la salida de la sede.

En estas condiciones, es muy fuerte la tentación de los políticos para legislar de forma "auto-protectora", añadiéndose nuevos privilegios a los que ya disfrutan, como prohibir el acercamiento de la gente a sus residencias. También aquí Roma tiene lecciones que enseñarnos. Resulta que César Augusto, consciente de la posibilidad del escrache y de los problemas de popularidad a los que habría de hacer frente, decidió contratar (a su cargo) un grupo de germanos para que completaran su protección sobre la exigua que proporcionaban los lictores. Estos germanos supusieron una profunda transformación en la tradicional guardia pretoriana, sin cuya nueva forma no se puede comprender la aparición y supervivencia de emperadores como Calígula, Nerón o Domiciano, en los cuales descansa nuestra imaginación cuando recordamos los desmanes del Imperio Romano.

Por ello, no creo que se deban tomar medidas especiales contra los escraches. Aquello que sea delito, que lo siga siendo si lo hace un "escracher", y aquello que no lo sea, que no pase a serlo solo porque moleste a los políticos.

Pero quizá aprovechen los políticos españoles esta ola de escraches para hacerse con una nueva "guardia pretoriana" y aislarse aún más de la ciudadanía enojada. La fina ironía sería que, al contrario que con los emperadores romanos, será la propia ciudadanía enojada los que la financiaremos con nuestros impuestos. Tome la forma que tome dicha "guardia pretoriana", sería un nuevo paso en contra de la escasa capacidad de contrapoder que le va quedando al ciudadano español respecto a la casta política, y a favor de la aparición de un nuevo Nerón o un nuevo Domiciano en nuestro país.