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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Economía, justicia y restitución

En estas últimas semanas ando leyendo y escuchando algunas referencias al término de “restitución”, un concepto que utilizaron con frecuencia los maestros de Salamanca (como veremos en seguida), aludiendo a la necesidad de devolver lo injustamente adquirido, el daño causado voluntariamente, o de reponer el honor mancillado con injurias o calumnias. Como verán, se trata en todos los casos de circunstancias tan válidas en estos días como en la época de nuestros doctores escolásticos del siglo XVI y XVI: podríamos decir que son casi connaturales a la condición humana desde el comienzo de los tiempos.

La actualidad del tema estriba en que (¡por fin!) parece que nuestra sociedad comienza a percibir que ante los ladrones, estafadores o criminales violentos no basta con juzgarles e imponerles una sanción penal y una multa económica. Empezamos a exigir que, junto a ello, devuelvan aquello que adquirieron con trampas, engaños o violencia. Qué menos que las víctimas recuperen lo que era suyo legítimamente, además de alguna compensación por otros daños infringidos. Es claro que ante un asesinato, ya no es posible recuperar la vida perdida… Por ello, sería un requisito mínimo otorgar a los familiares un reconocimiento (también pecuniario, por qué no) que mitigue en parte su quebranto. Estoy pensando, como podrán intuir, en tantas víctimas del terrorismo en nuestro país, que adicionalmente a su dolor han recibido el olvido e incluso el desprecio. Pero no es éste el tema del que quería escribir.

La restitución sobre la que voy a discurrir se refiere principalmente a cuestiones relacionadas con la economía y los negocios. Son éstas las noticias que señalaba: el clamor para que los ladrones de cuello blanco o sombrero autonómico, trajes de terciopelo o maletines ministeriales, sangre roja o de color púrpura, todos ellos, juntamente con el castigo que prevea la Ley, deban devolver también lo robado. Al banco, empresa o persona que estafaron, y a los ciudadanos si se trataba de dinero público.

Decía que esto es algo que tuvo muy claro la civilización europea, por lo menos desde la Edad Media hasta la Ilustración. Ignoro los motivos filosóficos o jurídicos por los que la restitución fue desapareciendo del escenario público. Pero ya en la Summa Teológica de Tomás de Aquino hay un apartado De restitutione (en el capítulo sobre la virtud de la justicia, questio 62). Allí explica que pertenece a la equidad en los intercambios y se aplica a casos como la compensación a quien se le dio de menos en una compraventa; la sustracción culpable de bienes; la retención de un salario o el estorbo para que alguien obtenga un oficio o prebenda. En todos los casos, hay obligación de restituir al menos el daño causado (puede ocurrir que el juez determine una cantidad mayor), y hacerlo inmediatamente porque la demora en el tiempo supone una nueva injuria.

Tras el magisterio de Francisco de Vitoria en Salamanca, se impuso en aquella universidad la costumbre de explicar Teología comentando los apartados de la Summa de Sto. Tomás. De manera que en el citado capítulo sobre la Justicia se siguieron considerando aquellas circunstancias acerca de la restitución que había suscitado el Aquinate. Claro que, trescientos años después, las condiciones económicas habían cambiado bastante, y las disquisiciones en torno a ese tema cada vez fueron más abundantes. Por ejemplo, el Tratado sobre la virtud de la justicia de Bartolomé de Carranza (1540) ya incluía un largo capítulo De restitutione, en el que se trata prolijamente de los contratos de compraventa, el dominio (o sea, la propiedad privada), el cobro de interés, el pago de impuestos (censos, peajes, alcabalas…) e incluso el dinero ganado por un juego prohibido.

Comprendemos mejor ahora, por tanto, cómo proliferaron diversos tratados con ese título De restitutione en la España del Siglo de Oro, junto a otras consideraciones sobre los cambios o el precio justo. Marjorie Grice-Hutchinson llamó la atención sobre una pionera obra de Juan de Medina: Codex de restitutione et contractibus (1543), conocida y citada con elogios por Domingo de Soto. Personalmente le tengo un aprecio especial a esta obra, porque ha servido de inspiración gráfica a esa brillante iniciativa del rector Ibárgüen: el Sitio Escolástico de la UFM, del que hemos hablado tantas veces aquí. Además, es posible acceder a la versión digital del texto a través de catálogos web.

Pero hay más tratados sobre la restitución, como los que señalaremos rápidamente: las Disputationes morales de restitutione, de Marco Paulo de Santoyo (s. XVI); el Tractatus de restitutione in integrum absolutissimus, de Johannes Mauritius (1575); el anónimo Tractatus de restitutione (1657); o un Operis de restitutione in foro conscientiae de Pedro de Navarra (1597), autor que cita en casi doscientas ocasiones el libro de Juan de Medina.

No estaría de más que algunos jueces, economistas o políticos le echen un vistazo a esas obritas, y que todos los demás nos impliquemos en la difusión de este olvidado requisito para construir una sociedad más justa.

Correa aprieta la mordaza

El populista Rafael Correa sigue tratando de apretar las ataduras con las que impedir que los medios de comunicación puedan criticarle o apoyar a sus rivales políticos. Es más, la nueva mordaza que quiere imponer –que se sumaría a las ya existentes– buscaría incluso castigar que se publiquen informaciones que le perjudiquen. El presidente de Ecuador quiere prohibir cualquier:

"… promoción directa o indirecta ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política".

El hecho de que quiera proscribir cualquier artículo de opinión, o intervención radiofónica o televisiva, apoyando y pidiendo el voto para un candidato (o, por el contrario, solicitando que no se apoye con el sufragio a uno u otro aspirante) ya es una restricción autoritaria de suma gravedad. Pero en este caso, Correa va incluso más allá con la referencia a los "reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje".

Con estas ocho palabras quedan proscritas todas las noticias que le perjudiquen. Cualquier juez deseoso de complacer al mandatario ecuatoriano –y ya han sido varios los que han demostrado entrar en esa categoría– podría decir que una información de ese tipo "tiende a incidir en contra" del mandatario o alguno de sus aliados. Eso se aplicaría, por ejemplo, a cualquier publicación sobre abusos de poder evidentes y a sentencias en los tribunales contra Correa o algún miembro de su Gobierno. Lo mismo podría ocurrir, por seguir con ejemplos, con publicaciones referidas a unas malas cifras económicas o problemas en la política exterior de Ecuador.

Llevada a su lógica más absoluta, la reforma que quiere imponer Correa llega a proscribir informar sobre la campaña electoral en curso. Cualquier información que se dé, aunque sea una simple enumeración de lemas electorales, puede "incidir a favor o en contra" de quienes son objeto de la cobertura informativa.

Pero no sólo se cercenaría la libertad tanto para informar de datos objetivos como para tomar partido por un candidato u otro. Se prohibiría incluso defender ideas políticas que no favorecen o perjudican a un determinado candidato o partido. Al ampliar las prohibiciones a todos aquellos contenidos que podrían afectar a cualquier "tesis política", la legislación impediría, por ejemplo, entrevistar a alguien que defendiera el abstencionismo.

Correa avanza, cada vez menos lento y al mismo tiempo más firme, en su estrategia destinada a destruir de forma definitiva la libertad de expresión en Ecuador. Muchos tiranos comenzaron de forma similar en sus países.

Asesino de internautas

Quienes estamos en contra de la pena de muerte la rechazamos con independencia de dónde tenga lugar, pero hay algunos casos que resultan aún más repugnantes que el resto. Uno de ellos es el de Irán y la pena capital impuesta a los internautas Saeed Malekporu y Vahid Asghari. Ambos van a enfrentarse, si nada logra impedirlo, a la ejecución por mostrar en la red su disconformidad con la teocracia de Mahmud Ahmadineyad y Alí Jamenei.

Se les ha condenado, en un país en el que las garantías judiciales son inexistentes, por unos delitos que no deberían serlo en ningún lugar del mundo. Van a ser ejecutados por ofensas al islam y por "agitar a la sociedad" contra el sistema islamista. En definitiva, se les impone la pena capital por delitos de opinión. Para que todo resulte más grotesco, y deje más en evidencia lo injusto del sistema judicial iraní, no se ha permitido que sus familias conozcan las sentencias hasta más de un año después de ser dictadas. Pocas cosas pueden reflejar mejor que esto la crueldad del régimen teocrático persa amigo de los Castro, Chávez, Ortega y demás caudillos iberoamericanos.

Es la cara más cruel, pero no la única, de la represión de internet en Irán. La dictadura teocrática teme, como cualquier otra, a la red por ser un ámbito donde resulta muy complicado cercenar la libertad. Por eso no debe de extrañar que Ahmadineyad siga con sus planes de crear una internet propia iraní separada del resto del mundo y sometida a la Sharia. Este ciber-Dar al Islam persa no es más que una copia islamista de la triste y censurada intranet creada por los Castro en Cuba en sustitución de la red libre que podemos disfrutar en otros muchos lugares del mundo.

El iraní es un régimen asesino de internautas, y de ciudadanos en general, cuyos dirigentes odian y temen la libertad. Quienes, por el contrario, defendemos la dignidad y la autonomía de cada ser humano no podemos guardar un cómplice silencio ante sus crímenes, ni ante los de ninguna otra tiranía.

La propiedad privada (también) es del Estado

La tierra, para el que la trabaja. Esa vieja máxima ha encabezado la lucha de muchas generaciones de colectivistas no solamente de izquierdas. Es una de las falacias más atractivas del catálogo de mentiras socialistas. A partir de ella se cuestionan el derecho de herencia y el derecho a que cada cual haga con sus terrenos lo que le venga en gana: esa idea de que si no ocupas tu piso o no laboras tu tierra el Estado debe expropiarte y redistribuir tus propiedades a quienes lo vayan a explotar más productivamente.

Es casi cómico comprobar cómo los mismos que defienden esa máxima, y aquellos que no saben cómo rebatirla porque en el fondo sus instintos colectivistas superan su racionalidad individualista (es decir, muchos de los que se hacen llamar liberales), no se apresuran a defender también que el dinero que uno gana con el sudor de su frente es suyo. Para empezar está el tema de los impuestos. Concedamos, dado que vivimos en la sociedad que vivimos, que hay unos servicios prestados por el Estado que han de ser financiados por quienes los disfrutamos. No voy a entrar esta vez si el Estado es quien puede ofrecerlos de la forma más eficiente para la población. El caso es que muchos gobiernos son gastadores compulsivos porque saben que, gracias al monopolio de la fuerza y a la confianza de muchos ciudadanos bienintencionados, todos sus desmanes serán sufragados por el sudor de la frente de los ciudadanos de hoy o de mañana.

Sin embargo, una de las medidas emprendidas por el recién nombrado gabinete de Rajoy ha puesto de manifiesto hasta qué punto la sociedad está convencida de que lo nuestro no es nuestro. Se trata de la limitación de realizar transacciones en efectivo cuando se trata de cantidades superiores a mil euros. La excusa: la lucha contra el fraude. Hay muchas razones por las que se puede considerar que esa medida es perjudicial. Algunas de ellas las ha expuesto Jesús Encinar, C.E.O. de idealista.com en su blog. También hay que considerar el escepticismo de la Unión Europea respecto a las medidas encaminadas a luchar contra el fraude aduciendo que no se puede determinar con precisión el aumento de la recaudación debido a estas políticas.

Lo que hay detrás de esta medida es un ataque en toda regla a la propiedad privada en varios ámbitos: usted no puede hacer con su dinero lo que quiera, usted no puede admitir deudas en efectivo en su negocio porque el Estado así lo ha decidido. No se trata de prohibir cobrar en drogas u otras mercancías ilegales, se trata de prohibir cobrar en dinero.

El dinero que usted gana, no es suyo, no puede utilizarlo como quiera. El dinero no es de quien lo trabaja. El motivo es que hay gente que lo usa en un circuito no controlado por el Estado, en actividades no registradas y fiscalizadas por el estado. Para quienes pagamos por las rentas de nuestro trabajo y de nuestra actividad económica es un fraude: ellos también disfrutan de los servicios provistos por el Estado. Nos descargan sobre nuestros hombros más peso del que deberíamos soportar.

Pero ¿qué puede llevara una persona a defraudar? Se me ocurren varias razones. Primero, saber que puede, es decir, una fisura en la vigilancia y monitorización de la tributación. Segundo, una tributación excesiva. Tercero, el paro prolongado. El gobierno de Rajoy se esmera en solucionar la primera a costa de lesionar el derecho de propiedad de los ciudadanos y de perjudicar a los pequeños empresarios en lugar de plantearse si no será mejor favorecer la creación de empleo, que precisamente se consigue apoyando a los pequeños y medianos empresarios, y evitar que los impuestos sean tan altos que se vuelvan contra el sistema, bien mediante el fraude, bien mediante el traslado de los ahorros a países en los que la fiscalidad sea menor. Pero estamos en un país en el que el empresario es prácticamente el demonio y en el que tratar de mantener el valor de lo que es de uno, sea porque lo ha heredado, sea porque lo ha ganado, es un acto insolidario.

Sigo pensando que la solidaridad mayor la expresó Adam Smith al titular su obra económica principal como Investigación sobre las causas que determinan la riqueza de las naciones. La idea del filósofo escocés era que para sacar a los países pobres de su situación era necesario aprender cómo se genera la riqueza en los países más aventajados. Hoy en día se pretende igualar a los que tienen más y los que tienen menos a la baja, empobreciendo a todos. Esa solución tiene truco: siempre hay alguien que se beneficia de esa supuesta y falaz "solidaridad", tal y como el refranero nos enseña: el que parte y reparte se lleva la mejor parte.

Armenios, genocidios y censuras

Francia aprobará, previsiblemente, una ley que reconoce en aquella matanza un genocidio. Yo no soy partidario de que la política haga historia porque habitualmente esta última queda sacrificada a la primera. Pero en este caso comparto ese criterio. Los Jóvenes Turcos ejecutaron un plan de exterminio del pueblo armenio, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, con un éxito que se cifró en millón y medio de personas. Por el objetivo (el exterminio de una comunidad), el método y el resultado, no merece otro calificativo que el de genocidio.

Pero la nueva ley francesa, que se someterá pronto a la consideración del Senado, no se queda ahí. Penalizará con hasta un año de cárcel o 45.000 euros de multa a quien niegue tal genocidio. La ley ya lo prevé contra los negacionistas de la Shoah. Yo siempre he considerado que la censura es un error moral y práctico. También con posiciones tan abrumadoramente falaces y miserablescomo el negacionismo. Si este es falso, que enseñe sus pobres armas frente a los inapelables recuentos de cadáveres, a los minuciosos relatos, cosidos a los hechos, de planes de exterminio aplicados con implacable sistemática. Una mentira tan burda no puede sobrevivir mucho tiempo en libertad. La censura, sin embargo, la protege. La expulsa de la crítica y le otorga un halo de malditismo y conspiración. La censura es su única salvación.

¿Cómo puede no entenderlo un autor como Bernard-Henri Lévy, que niega que la ley francesa sea liberticida? ¡Si su función consiste en acabar con la libertad de expresión de unos cuantos! Henri Lévy se basa en "el derechos que todos tenemos a no ser injuriados públicamente". Pero yo niego ese derecho. La injuria está en la mente de quien la sufre. Uno puede sentirse injuriado, o no, por cualquier afirmación de un tercero. Si reconocemos la injuria como delito, cualquiera puede decir sentirse injuriado por cualquier manifestación que no le guste. Y acabaríamos en la censura más absoluta.

Dice que esta historia "fue escrita, y bien escrita, hace mucho tiempo", por lo que debemos pensar que ya no cabe una línea más sobre ella. No está claro cómo puede temer que los "caprichos", "locuras", "artimañas" y "mentiras vertiginosas" de los "agitadores" podrían tener más peso que la labor de los historiadores. Y se desdice a sí mismo al aferrarse a una misteriosa "sabiduría de la representación nacional". Si esa sabiduría procede del recuento de votos, no necesitamos a los Bernard-Henry Lévy, nos vale con un Silvio Berlusconi cualquiera.

Dejemos de veras que los historiadores hagan su trabajo en libertad y no temamos a quienes quieren hacer política negando el pasado. A no ser, claro, que estén en el poder y se escuden en un Henri Lévy de turno para censurarnos.

El verdadero valor de una Constitución

El pasado día 6, se celebró el día de la Constitución; que es como se ha llamado al festivo en el que se le rinde homenaje. Como todos los años, políticos y medios de comunicación nos han recordado lo mucho que le debemos a esas 200 páginas y a sus ilustres redactores. Entre las muchas cosas adeudadas, resaltan nuestra libertad o libertades.

La realidad, como suele pasar en estos casos, es que se atribuye a un objeto inanimado unos logros que no le corresponden. La Constitución Española de 1978 es, como el resto de Constituciones de los países desarrollados, un montón de normas redactadas por los grupos de presión imperantes en la época y que, por tanto, permite cierto equilibrio social al estar todos los grupos con poder que forman la sociedad satisfechos con el acuerdo.

Aunque a alguno le suene mal esta definición, que sea así no tiene por qué ser malo de por sí. Compartimos país con mucha gente, y algunas de estas personas tienen unas ideas que entran en confrontación con las nuestras y con las de otros. Estas personas se agrupan por intereses y cada grupo quiere imponerse sobre los demás. Por eso es bastante beneficioso que los grupos se junten, pacten unas normas comunes y les digan a sus miembros que las voten y obedezcan.

Y es que al ser humano le gusta lo predecible, así que tener confianza en que la mayoría de los poderes sociales con capacidad para hacerse con el poder respalda las normas imperantes siempre es bueno, sobre todo, si quieres hacer planes a largo plazo.

Pero una cosa es esto y otra que se nos venda que la Constitución garantiza la libertad de los ciudadanos. Primero, que la mayoría de los poderes sociales esté de acuerdo sobre unas normas no quiere decir, ni por asomo, que esas normas garanticen la libertad. Y segundo, que hasta hoy esos mismos grupos hayan aceptado esas normas no quiere decir que, ante un cambio en el equilibrio de poder, otros no vayan a romper el acuerdo y saltarse (o reinterpretar) el tocho de 200 páginas mañana mismo.

Algunos ejemplos de lo primero: la Constitución no les ha valido de nada a los dueños de un bar que querían decidir si sus clientes podían fumar en su propiedad. Tampoco ayuda a un trabajador que quiera trabajar por debajo del salario mínimo y fuera del convenio. Ni a un empresario que quiera contratar a trabajadores durante una huelga para seguir dando servicio. Ni a una persona que quiera cultivar marihuana. Ni a otra que quiera vender sus órganos. Ni… en fin, puedo rellenar las 200 páginas que ocupa la Constitución con los actos que una persona no puede hacer, pese a no hacer daño a nadie, al estar prohibidos por ser contrarios a la moral o intereses de los poderes sociales actuales.

Sobre lo segundo, sólo voy a poner un ejemplo: ¿está más seguro sobre la fidelidad de su pareja una persona que tenga un certificado de matrimonio firmado junto a ella que otra que no posea dicho certificado? Evidentemente no. Ese tipo de cosas dependen de la voluntad de la otra parte en cumplir su compromiso y la amenaza de consecuencias (como romper la relación) si se incumple con lo acordado.

Por lo tanto, habrá que alegrarse, aunque sea tímidamente, porque en nuestro país exista una Constitución que dé cierta estabilidad a la sociedad y nos permita desarrollar nuestros planes con alguna certidumbre sobre lo que podemos o no hacer y lo que pueden o no hacernos. Pero del mismo modo tengamos claro que el actual texto constitucional no protege la libertad del ciudadano y, aunque lo hiciera, si no existe voluntad en buena parte de nuestros conciudadanos de defenderla, tampoco nos iba a valer para nada.

La responsabilidad en los mercados

La referencia a "los mercados" ha conseguido desplazar incluso al "neoliberalismo", el cual, hasta hace muy poco, era la coletilla intervencionista más utilizada. Al menos goza de más significado que el anodino "los mercados", ya que con "neoliberalismo" se hace alusión a cierta tendencia de pensamiento que recurre vagamente a postulados típicos de la defensa del libre mercado, con el único objetivo de dar una apariencia de eficacia al intervencionismo.

Atribuyendo responsabilidades directas y personales a "los mercados", se reifica hasta convertirlo en un nuevo chivo expiatorio con el que ocultar los desmanes del Estado. Lo cierto es que los mercados no son entes dotados de una personalidad figurada. Los mercados son ámbitos de interacción donde los agentes interaccionan persiguiendo fines particulares a través de acuerdos voluntarios de intercambio, nacidos de la concurrencia de sus valoraciones subjetivas. En el mercado se interactúa, se convive, se produce y se consume, se ofrece y se demanda, se crea, se destruye, se gana y se pierde. No hay responsabilidad atribuible a "los mercados", dado que todas las decisiones proceden de algún agente que sí posee personalidad (sea ésta física o jurídica).

El mercado es un proceso, u orden de reglas y acciones espontáneo e institucional. El Estado, frente al mercado, es un agente que posee una característica que lo convierte en excepcional. El Estado tiene el monopolio del uso de la violencia. Sus decisiones, normas e intereses, de cara al resto de agentes, poseen la prerrogativa del imperio.

El Estado actúa en el mercado, en la mayoría de las ocasiones, tratando de suplantarlo. Mientras que el mercado es un resultado dinámico del proceso de interacción y cooperación voluntaria entre agentes en competencia gracias a reglas institucionalizadas como el Derecho, la moral o el dinero, el Estado dispone sus relaciones con el resto de agentes anulando las anteriores precondiciones, y rehaciendo las reglas en función de sus objetivos y necesidades.

El Estado se ha visto en la obligación de mantener relativamente poco intervenidos determinados ámbitos del mercado para centrarse en la que ha sido su motivo fundamental: dotarse de una función social. Al principio, esta función del Estado ante la sociedad era la de garantizar el orden público y la seguridad, personal y jurídica. En la última época de su desarrollo, el Estado se ha convertido en el gran benefactor redistributivo dentro del esquema moral del Bienestar.

Lo cierto es que "los mercados" no compiten activamente con el Estado en conseguir resultados perfectamente identificables. Es el Estado quien interviene o participa en el mercado. Lo hace dominando, y algunas veces interaccionando con otros agentes, con la clara intención de alcanzar concretos objetivos. El Estado, que sí actúa en su propio nombre mediante una personalidad virtual, adopta decisiones que tienen relevancia política y económica. No todo sucede en el mercado, pero aun en los casos que así sea, es una incorrección atribuirle al mercado responsabilidad alguna sobre los efectos que tiene determinada intervención estatal.

Los resultados que obtiene cada interviniente dependen de su acierto y su suerte. Manipular los "resultados generales" es la meta de quien pretende centralizar las decisiones, y planificar y prever todas las consecuencias de las mismas. Esto es sencillamente imposible, pero aun con todo, por el mero hecho de pretender ciertos objetivos, los Estados deben asumir la responsabilidad que sea consecuencia de sus acciones puestas en práctica contra el mercado, o dentro de él, en forma de agresión contra el resto de partícipes.

Lo que está sucediendo con la deuda pública, y los altos tipos de interés a los que algunos Estados se ven obligados a colocar sus títulos, es un buen ejemplo de lo que aquí se está explicando. El sistema monetario es un claro intento estatista por dominar un ámbito del mercado a través de la brutal intervención que supone el dinero fiduciario, la concesión de la reserva fraccionaria únicamente para los depósitos bancarios, y la constitución de un prestador de última instancia que es el Banco Central. ¿Qué sucede entonces cuando un Estado tiene necesidades financieras y no se atreve a cubrirlas totalmente a través de la monetización de la deuda por miedo a la inflación?

Los Estados se ven forzados a acudir al mercado para atraer el ahorro que otros agentes ofrecen a cambio de una promesa de pago futuro. Si el Estado no es muy de fiar, no tiene expectativas de crecimiento o su estabilidad financiera está en entredicho, parece razonable que el tipo de interés al que le presten esos capitalistas/ahorradores sea relativamente alto.

Que a cierto Estado le cueste mucho colocar su deuda frente a otros agentes, incluidos los Estados que venden sus títulos más fácilmente, es culpa de ese Estado y de nadie más. No son "los mercados", sino el propio Estado quien en su necesidad de financiación se enfrenta con los agentes que ofrecen dinero presente a cambio del pago futuro de la deuda. Sin ellos estaría perdido, si siguiera siendo su voluntad la de incurrir en déficit a toda costa.

¿Qué sucedería si se le pidiera al Banco Central que acudiese al rescate de un Estado, comprando de forma masiva tantos títulos de deuda como pueda éste emitir? Sencillamente, que a través de una decisión de esta naturaleza el Banco Central estaría acudiendo al mercado con la única pretensión de impedir que el resto de agentes particulares logren la máxima rentabilidad posible, que sí se alcanzaría en ausencia de dicha intervención.

Cuando un agente privado actúa en el mercado de manera competitiva, mediando acuerdos voluntarios y asumiendo total responsabilidad por sus errores, tenderá a formarse espontáneamente y con el tiempo un orden institucional de acciones. Sin embargo, cuando la intervención la realice el Estado, directamente o a través del Banco Central, se generarán gravísimas consecuencias no queridas ni esperadas, que a su vez tenderán a paralizar e incluso destruir el ámbito del mercado que se vea más afectado.

Mártires y locos. La visión desde el Poder

Hasta la llegada de los romanos a Judea, los judíos vivían tranquilamente en su tierra, con su dios, su moneda y sus costumbres. En el año 66 a.C., tras la conquista romana, se desató la primera guerra entre las dos culturas. La primera tribu que empezó los ataques contra el Imperio fueron los zelotes, a los que se sumaron otros grupos como los sicarii. Estos últimos, según el historiador Josefo, empezaron los ataques contra los romanos por dos razones básicas: los nuevos tributos y la imposición de los dioses romanos.

Los sicarii pasaron a la historia por sus ‘atrocidades’ según los romanos. Fueron los primeros hombres que empezaron a realizar atentados suicidas contra sus enemigos ante la superioridad de estos. Eleazar ben Ya’ir, el líder judío del grupo, será siempre recordado por resistir al ejército romano en Masada. Ante el asedio y la imposibilidad de aguantar, los judíos de Masada se suicidaron. Todos. Prefirieron entregar su vida a Dios que aceptar el estilo de vida de los romanos y su robo fiscal.

Muchas personas consideran a Eleazar ben Ya’ir un héroe por lo que hizo. Su suicidio colectivo fue un acto romántico hacia la libertad de culto, fiscal y de vida. Sin embargo, no medimos siempre la historia de la misma forma. Algo similar ocurrió en el rancho de Monte Carmelo, Waco, Texas.

Todos recordamos a los davidianos y la tragedia que se produjo. La prensa, expertos, políticos y federales tildaron a David Koresh, el líder de los davidianos, de loco. (Grupo ideológico que no inventó Koresh, sino que ya tiene más de 70 años). La prensa dijo que sometía a sus seguidores, que practicaba violaciones y que tenían "demasiadas armas". Incluso hicieron una película. El asedio federal corrió por cuenta de la ATF, la policía anti-armas (tabaco y alcohol) de EEUU. Tiene gracia que el Gobierno acuse a alguien de tener demasiadas armas, ¿no?

La verdad es que los supervivientes de Waco no hablan de ningún tipo de abuso, ni de que se fabricasen armas en el rancho. David Koresh se consideraba americano y tejano. En Texas hay más de 24 millones de personas armadas. ¿Por qué iba a ser Koresh diferente? El ataque a Waco por parte de los federales fue una de las mayores vergüenzas del Gobierno de EEUU. No tenían pruebas de nada y se lanzaron a sitiar el rancho de Monte Carlo con clásica prepotencia estatal. Al igual que hicieron los sicarii en Masada, los davidianos no quisieron abandonar su estilo de vida religioso ni sucumbir ante el invasor, por lo que se suicidaron repeliendo previamente el ataque de los federales.

La realidad es que al Gobierno de EEUU no le gustaba que alguien hiciera su propia vida. Como tampoco les gustaba a los políticos romanos ni a ningún Gobierno actual. ¿Qué derecho tiene cualquier Estado para atacar a personas con sus propios estilos de vida buscando falsas acusaciones y calumnias para aniquilarlos? La principal razón que motivó el ataque al rancho fueron las armas, y la opinión popular apoyó la intrusión por el fundamentalismo religioso de los davidianos. Bueno, ¿y qué fueron los padres fundadores de los EEUU, sino fanáticos religiosos armados hasta los dientes, y otras grandes figuras de la historia como El Cid Campeador o Jaume I el Conqueridor?

Que una persona, o grupo, nos parezca desquiciado no significa que tenga que ser arrestado, encarcelado ni hemos de destruir su estilo de vida. La ideología que más asesinatos ha cometido en la historia es el comunismo, pero eso no significa que los actuales ciudadanos comunistas tengan que estar arrestados, sus grupos disueltos y símbolos prohibidos.

Tal vez a Koresh le faltaba un tornillo. Realmente no lo sabemos, pero no estaba menos loco que la política exterior de Obama destinada a asesinar a miles de personas, imponer la política del miedo en todo el mundo y el fundamentalismo occidental ahí donde no pueden cuajar.

Este texto no es una defensa de los antiguos judíos ni de los davidianos y menos aún de los suicidas. Los medios de comunicación convencionales, políticos y expertos solo nos dan una visión de un hecho que llega hasta el absurdo de afirmar que la agresión es buena si la comete el Poder. En una ocasión le preguntaron a Koresh si su grupo dispararía en el caso de que entrase alguien en su propiedad, a lo que respondió: "Alguien viene aquí con armas y comienza a disparar contra nosotros, ¿qué harías tú?". ¿Cree que eso es una locura? ¿Y usted en su casa haría lo mismo? Una agresión no deja de serlo porque el atacante lleve un mono del Gobierno o diga que lo hace por nuestro bien. Simplemente es una agresión, por más que los periodistas afirmen que usted fue un loco por tener la temeridad de defenderse y no sucumbir ante alguien que quiere acabar con su estilo de vida e ideas.

Burdas imitaciones

Recuerdo una anécdota que me contó hace unos años un conocido americano, ex alumno de la Universidad de Brown. Una tarde, paseando por el Madrid de los Austrias, se encontró a un tipo vistiendo una sudadera de los Brown Bears, su equipo de football. Ni corto ni perezoso, Wayman, que así se llamaba el yankee, al ver el nombre de su "Alma Máter", fue a saludar amistosamente al portador de la prenda, pensando que era un compañero de universidad y que siempre es agradable contactar con compatriotas, en este caso incluso del mismo "college", cuando estás en el extranjero.

La cara de extrañeza que puso el portador de la prenda cuando un negro de casi dos metros se dirigió hacia él gritando "Go Bears!!" fue inenarrable…

Efectivamente, el supuesto seguidor de los Osos de la Ivy League era un españolito que se había comprado una sudadera de imitación en la planta joven de unos grandes almacenes y no tenía ni idea de lo que llevaba… Simplemente sonaba americano e imitaba la estética "college", pero no había la más mínima conexión entre lo que "decía" la prenda y su portador.

La verdad es que es un fenómeno muy común en nuestro país. Camisetas y sudaderas con absurdas inscripciones en ingles tipo "Colllege Best Football Original", "World Baseball League", "Lakers Baseball Team" o "Special Quarterback Baseball 1976", son parte integrante del vestuario de muchos que, orgullosamente, lucen unos colores, unos logos y unos motivos que copian, con mayor o menor fortuna, la estética colegial americana, pero que carecen absolutamente de la autenticidad de las prendas originales, no representan a nada, no hay nada detrás… son simplemente burdas imitaciones… Burdas imitaciones que dan el pego, y lucimos orgullosamente.

El problema está cuando las burdas imitaciones no se limitan a un tema tan inocuo como el look de cada uno… Así, aquí también tenemos elecciones, senado, congreso, tribunal supremo, libertad de prensa… incluso, en algunos partidos hay "primarias", y en las campañas electorales hay "debates electorales". ¡Tenemos de todo! ¡Como en América!

Pero lo que hay detrás de esos nombres que, sí, suenan a democracia, es lo mismo que hay detrás de una sudadera con la leyenda "American Baseball Best" con un balón de fútbol americano como logo… No hay nada, no representan a nadie, es pura imagen sin sustancia.

Tenemos elecciones, pero no hay listas abiertas. Tenemos sobre el papel separación de poderes, pero un mínimo análisis descarta su supuesta independencia, con senadores y diputados representando, no a sus electores, sino a la cúpula de sus respectivos partidos y las mayorías parlamentarias dedicadas a encubrir al gobierno en vez de a controlarlo… Con un Tribunal Supremo que tiene de supremo lo mismo que de independiente…

¿Libertad de prensa? Bastante cortita con el Estado dominando las TV públicas, concediendo permisos y licencias, repartiendo financiación a los que se portan bien…

¿Primarias? Bueno, una muestra de primarias a la española la acabamos de tener con la proclamación de Rubalcaba como candidato…, por no hablar de las inexistentes primarias del PP.

Y si lo de la tele entre ambos presidenciables fue un debate… pues, en fin, lo dicho, burdas imitaciones.

Por eso, volviendo al tema del merchandising con huecas frases sin sentido, pero, eso sí, en inglés y que molen, ¿qué os parecerían unas sudaderas con el lema "Spain Authentic Democracy Best of the World Established 1977"? Ridícula, ¿no?

Pues, desgraciadamente, mucha gente sigue estando dispuesta a comprarlas (sobre todo si se la subvencionan…) y lucirla orgullosamente, y, por supuesto, los políticos, a venderlas…

Vote por la sociedad civil

En unos días se celebraran las elecciones generales. Se habrá dado cuenta por la multitud de carteles electorales que hay colgados en las farolas de su vecindario o porque no se pueden ver unos informativos o abrir un periódico sin que aparezca la cara sonriente de los candidatos. A todo ello lo llaman la fiesta de la democracia… aunque no veo que nadie, aparte de los políticos, se divierta.

El ciudadano común sólo se tiene que preocupar por una cosa: decidir si vota y a quién. Hay opciones para todos los gustos; están lo que se abstienen para no legitimar el sistema, los que votan a alguna formación con poca representación para ser fieles a sus ideas o los que votan a alguno de los dos grandes partidos para que su voto "no se pierda" y apoyar lo que consideran el mal menor.

Lo cierto es que da igual lo que se haga. La clase dirigente es un simple reflejo de la sociedad en su conjunto, ya que un político solo puede gobernar si se pliega a la opinión mayoritaria de la población. Es bastante inocente pensar que si esa opinión mayoritaria nos lleva a la ruina, la solución pase por cambiar a ese político por otro, que irremediablemente, tendrá que hacer lo mismo si quiere gobernar.

El ejemplo más claro lo tuvimos en el debate que mantuvieron los dos candidatos a la presidencia del gobierno. En el bloque de "políticas sociales", prácticamente no se diferenciaban las posturas que defendían ambos. Los dos eran férreos defensores del "Estado de bienestar" y sólo se reprochaban la amenaza que suponía el otro para este maravilloso sistema. Pues bien, en las encuestas postdebate de todos los medios se daba un empate a los candidatos en este bloque. ¿Por qué? Pues porque la sociedad cree de verdad que el Estado de bienestar es irrenunciable y hubiera castigado a cualquier candidato que se hubiera salido del guión.

Y la sociedad cree esto pese a llevar 3 años sumergida en una crisis profunda que, si algo ha dejado claro, es que nuestro sistema de pensiones es un timo piramidal, que el subsidio de desempleo es la mejor manera de mantener el paro en niveles astronómicos manteniendo una economía sumergida bestial, que el sistema universal de salud hace aguas por todos lados y que la educación pública ha fracasado año tras año y sistema tras sistema en dar la formación mínima que las nuevas generaciones necesitan.

Por lo tanto el problema no es un político, un partido o la clase política en general. El problema es, y ha sido siempre, las ideas erróneas de la sociedad. Y esas ideas no se cambian yendo a votar o no votando un día cada cuatro años. Esas ideas se cambian con trabajo día sí y día también durante años y años, que junto a la cruda realidad pueda convencer a la mayor parte de los ciudadanos de lo erróneo de su forma de pensar.

O, dicho con otras palabras; la solución pasa por votar todos los días por la sociedad civil.