Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Se crea la Unión Soviética Europea

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

La misma semana que los eurócratas encontraron “inadmisible” recortarse el suelo un mísero 5%, decidieron poner coto a la libertad de los inversores, al ahorro y ampliaron la censura. Concretamente quieren prohibir la venta de CDS sin cobertura real, las ventas a corto en bolsa, eliminar los rating de las empresas de calificación y encarcelar a aquellos que manipulen el mercado. Aquí tienen un resumen de cada concepto.

Ventas a corto y CDS. Según los burócratas, todo el mundo es avaricioso menos ellos. Por tanto, todo lo que haga la gente ha de estar bajo un control estricto. Pero como ellos son delegados celestiales, no necesitan normas (Do We Ever Really Get Out Of Anarchy?, de Alfred G. Cuzan). A esta creencia generalizada se le llama Falacia de Hobbes o del Leviatán. Si la gente es avariciosa, los políticos lo serán igual y se volverán más al no tener control social.

No se puede prohibir la avaricia porque es un factor innato del hombre. Gracias a la avaricia el hombre salió de las cavernas y vivimos hoy con todo tipo de lujos. Los instrumentos que se usan en los mercados financieros son herramientas que funcionan de forma automática a la información existente. Si ahora hubiese una crisis de la gasolina, el precio se dispararía porque la gente la acapararía o la vendería más cara. Prohibir a la gente comprar y vender gasolina no arreglaría el problema de la falta de gasolina por más que recurramos al infantil recurso de la “avaricia”. Quien use esta excusa se lucrará con ella usando las prohibiciones, además que no solucionará nada. Los CDS y ventas al descubierto son una reacción al estado del mercado. Su función es nivelar los precios en el entorno de la economía. Las ventas a corto han sido siempre muy polémicas, y la primera que se prohibieron fue en el S. XVIII en Inglaterra. Desde entonces, los gobiernos no han parado de restringirlas. La prohibición nunca ha tenido un buen resultado. Pueden verlo aquí y aquí. Y si se quedan con más ganas: aquí, aquí y aquí.

La eliminación de los ratings es censura. Si los gobiernos no quieren ratings, ¿por qué los pagan y suministran la información a las empresas que otorgan las notas? Cualquier Gobierno o empresa que deje de pagar a Standard & Poor’s (S&P), Fitch o Moody’s se quedará sin rating. Imagínese que Telefónica no para de perder dinero y luego afirma que S&P le tiene manía por colocarle mala nota. Es un argumento tan infantil que lo usan hasta los niños cuando suspenden y culpan al profesor de no haber hecho los deberes que les correspondían.

Con la eliminación de los ratings, la UE pretende mantener al ciudadano y al inversor en un nirvana de desconocimiento para que los políticos puedan seguir creando inflación, deuda y pobreza a sus anchas sin ningún control. El siguiente paso será prohibir las críticas políticas y económicas en TV, prensa y radio. Luego en Internet. Por el bien común, por supuesto.

Si manipular los precios es un delito, no habrá cárcel lo suficientemente grande como para meter a toda la eurocámara y Banco Central Europeo (BCE). El BCE ha monetizado toda la deuda que ha querido. Ha comprado hasta un 18% de la deuda griega, parte de la italiana y española con el único fin de manipular el mercado, esto es: tirar la rentabilidad de los bonos hacia abajo para eliminar el riesgo país de cada nación.

No solo eso, lanza falsos mensajes de esperanza que nunca se cumplen para hacer subir la bolsa. Lo mismo hacen Merkel y resto de eurodirigentes que, tras tres años de reuniones, solo han hecho que agudizar la crisis. La bolsa europea va a golpe de ruedas de prensa de los políticos europeos. Si encarcelan a una persona por manipular el mercado, los eurodiputados y banqueros centrales tendrían que ser condenados a la silla eléctrica. El mercado financiero está lleno de absurdos mitos. Las manos fuertes (instituciones privadas) solo mueven el 50% del mercado, y las manos débiles (particulares) el resto. Solo los Gobiernos tienen suficiente dinero e influencia como para manipular el mercado. A ellos no les supervisa nadie. Y los que ahora se atreven a hacerlo, las empresas de rating, quieren convertirlas en unas proscritas.

Nos acercamos cada vez más a una Unión Soviética Europea y sin que nadie diga nada de tal proceso dictatorial. ¿Usted ha votado a Christine Lagarde (FMI), Ángela Merkel o Sarkozy? ¿Qué derecho tienen a tocar su dinero y libertad? Los especuladores solo son chivos expiatorios para el dominio total de nuestras vidas. Pero el dinero que están manejando estos políticos son el de sus fondos de inversión, pensiones, seguros de ahorro, depósitos y hasta cuentas corrientes. El principal enemigo de la libertad y del Pueblo no es la crisis, son los gobernantes de la UE y sus mentiras.

Comulgar con ruedas de molino

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Si hubiera que señalar la nota principal del sistema partitocrático, una subespecie de dictadura que durante treinta y cuatro años ha regido los destinos de España, ésta sería sin duda la falta de transparencia de la política. Resulta extraordinariamente difícil analizar cuáles son las razones reales de las decisiones con trascendencia pública que toman los políticos que se erigen en representantes de un país que, según las últimas estadísticas oficiales, cuenta con una población nacional de casi cuarenta y dos millones de habitantes.

Es un sistema apoyado en la perduración de numerosas mentiras sobre su origen, su legitimidad y la propia historia del país sobre el que se asienta; donde, no por casualidad, los políticos de la generación que se encontró con el poder después de la muerte del dictador Franco se llenaron la boca de frases grandilocuentes a propósito de la libertad y la democracia al mismo tiempo que construían un poder endogámico, cuyas bases se sustentarían en la cooptación de sus oligarcas. Las prescripciones de la malograda Constitución española de 1978 (art. 6) en el sentido de que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos debían ser democráticos ha tenido que suscitar carcajadas espasmódicas en las direcciones de los que componen el espectro político español. Grandes y pequeños. Nacionales y nacionalistas. Izquierdistas y derechistas.

En realidad, la dinámica de su funcionamiento (por no hablar de los sindicatos) se asemeja al centralismo democrático promovido por Lenin y sus secuaces. En este caso ese modelo de asociación disciplinada y sectaria buscaría el asalto al poder del Estado del (mal llamado) bienestar. Una forma de gobierno que cuenta con increíbles resortes de coacción sobre los individuos (¿no se propone hacerlos felices y saludables?) y que, como vía intermedia entre el socialismo y el liberalismo, bascula entre una y otra inspiración. Sin embargo, propende a la expansión del poder omnímodo del Estado en virtud de la clásica paradoja del intervencionismo vislumbrada por Mises.

Por otro lado, las relaciones de estos clanes entre sí y con la sociedad nunca se presentarían claramente ante la opinión pública y los tratos y apaños que considerasen necesarios para su supervivencia quedarían ocultos bajo un manto de impostada oficialidad. Cuanto más se repite que el parlamento constituye el centro de la vida política, menos debates serios se dan en él. Las ruedas de prensa hace mucho tiempo que no ponen en aprietos a los políticos. Bien es cierto que los maestros en este arte del engaño, los que han llevado la iniciativa de casi todos los desmanes acaecidos durante estos años, se han agrupado en torno a las siglas del PSOE. Resulta pasmosa la osadía y la temeridad con la que sus líderes transgreden las leyes de una manera u otra. Como pueden transitar del crimen de Estado contra los terroristas políticos a apoyarse en esos mismos terroristas para urdir una trama de apoyos externos a su grupo que les permita detentar el poder. O al menos ser la fuerza decisiva de todos los asuntos públicos. Por supuesto siempre subvirtiendo la legalidad en su propio beneficio.

Vienen al caso estas reflexiones a cuenta de la larga maceración del pacto con la ETA perpetrado por el gobierno con la aquiescencia del supuesto partido de la oposición. La pasada semana –un mes exactamente antes de la celebración de las elecciones generales– tenía lugar el penúltimo acto de este cambalache urdido en las bambalinas del poder político copado por unos pocos. La escenificación tiene ribetes de burla cruel. Solo unos malvados pueden ser los guionistas de esta farsa. Inmediatamente después de la celebración de una reunión con observadores internacionales, y nada menos que blandiendo el poder de la diputación foral de Guipúzcoa como evidente contraprestación anterior, los sempiternos encapuchados de la ETA, erigidos en representantes únicos de unos cuantos españoles –y de algunos franceses– como son los vascos, transmiten su decisión de dejar de matar y extorsionar porque, dicen, está en marcha un proceso de superación de un conflicto del que no ofrecen demasiados detalles. Sin embargo, piden (¿?) a los gobiernos de España y Francia la apertura de un proceso de diálogo directo para resolver "las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada".

Utilizan el típico lenguaje codificado tan común entre otros grupos marxistas que consideran el crimen como una faceta más de la lucha política. Como no cabía esperar menos, dado el largo tiempo de preparación de esta pantomima, se sucedieron las reacciones oficiales de la otra parte en ese conflicto virtual, perfectamente sincronizadas y de una pasmosa simetría.

Es difícil de prever las últimas consecuencias de este juego macabro de pillos. ¿Se producirá la temida "balcanización" de España? No creo que ningún grupo terrorista de los surgidos en Europa occidental en los años sesenta del pasado siglo pudiera haber soñado con conseguir un tratamiento igual al que han conseguido los etarras. Un trato basado en la infame mentira de considerar a las víctimas de sus crímenes como a los damnificados de una catástrofe natural o un accidente. Y, lo que es todavía más siniestro, por el que van a obtener, cuando menos, una sustanciosa cuota de poder estatal y la suelta de sus pistoleros de las cárceles como si se tratara de prisioneros de guerra. No comulgo con ruedas de molino.

Nación, estado y libertad

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

Este es el título de la última Reunión Mont Pelerin, celebrada en Estambul, a la que he tenido la oportunidad de asistir este mes de octubre. Se trataba de un Special Meeting, bastante enfocado hacia los retos que afrontan los países del Este de Europa y del Cercano Oriente. Por lo menos, en cuanto al origen de los asistentes, ya que -además de Turquía, el país anfitrión- había gente de Kirguistán, Siria, Azerbaiyán, Kosovo, Tayikistán, Montenegro, Rusia, Bulgaria, Georgia, Ucrania, Serbia, Kazajstán, Polonia, Rumanía, Lituania o Bulgaria. Muchos de ellos, por cierto, gente joven.

El congreso organizó luego un encuentro menor para tratar el problema de la libertad en los países árabes, ya que asistieron también personas de Marruecos, Egipto, Jordania, Palestina (creo que no había ningún israelita), Malasia, Pakistán o Arabia Saudí. Por supuesto, entre los doscientos cincuenta asistentes había muchos norteamericanos (EEUU), de Canadá, y unos pocos representantes europeos. Hay que decir que solo estábamos apenas cuatro hispanoparlantes de origen: el matrimonio Alfaro, de la UFM, Gonzalo Melián y yo (o sea, ¡el IJM y la Marro!). En fin, siento haberme alargado con este descriptor geográfico; pero no va mal echar un vistazo al mapa de los institutos liberales por el mundo…

Con el rigor en el control del tiempo de las exposiciones que es característico de la MPS (¡ni un minuto más allá de lo previsto! Ojalá se extienda esta costumbre), estuvimos escuchando conferencias en torno a la libertad individual, los límites del Estado o el dilema del multinacionalismo. Tal vez, por la mayor cercanía con los problemas españoles, seguí con atención esta Mesa, en la que hablaron un profesor de Historia (Stephen Davies, del IEA en Londres), un filósofo (Chandran Kukathas, de la LSE) y el Director Ejecutivo de la Free Market Foundation en Sudáfrica (Leon Louw).

Este último reflexionaba sobre la paradoja del multinacionalismo (algo que conoce bien por razones obvias): mientras que en teoría los estados multinacionales podrían conducir mejor a la libertad, porque requieren mayores mecanismos de respeto y comprensión entre las minorías, la realidad histórica nos muestra una gran cantidad de ejemplos en los que ha sido más frecuente el abuso de unas minorías sobre el resto. Por eso concluía que el multinacionalismo en muchas ocasiones reduce la libertad. Mientras que en las sociedades homogéneas ésta se consigue con mayor naturalidad.

Todo ello me recordaba esa obsesión tan frecuente (entre los nacionalistas de nuestro país) por buscar elementos diferenciadores en una sociedad que siempre ha sido más homogénea de lo que se quiere pensar. La imposición de un nacionalismo forzado no impulsa la libertad, más bien la constriñe. Es el típico caso de unas minorías que acaban abusando de su poder, incluso reeducando a las nuevas generaciones (de manera que con el tiempo ya empiezan a ser mayoritarios); predican un multiculturalismo, pero en realidad expulsan de su territorio a los que no piensan como ellos. Lo que, desde esa aparente perspectiva de múltiples opciones, empobrece la diversidad ya que los otros terminan por marcharse del país de manera forzada. Habría que hablar aquí de una homogeneidad que no produce libertad, ya que ha sido impuesta desde la falsa prédica del multinacionalismo…

En su paper, Leon Louw advierte que es un error pensar que las leyes que promueven la diversidad mejorarían siempre la libertad. Y apoya esta idea con el Index of Economic Freedom de la Heritage Foundation. Los países más homogéneos tienden a estar en la cabeza del ranking (con la excepción de Suiza que, una vez más, “confirma la regla”). Entre las posiciones finales se alternan, por otra parte, países aparentemente multiculturales (como algunas caóticas naciones centroafricanas) con férreas dictaduras monolíticas, como el caso de Corea del Norte.

Como posibles soluciones, Louw proponía una reflexión en torno al federalismo y la devolution (no soy capaz de traducir esta palabra: es algo así como llevar el poder a los niveles más bajos de la organización social). Recordando que la organización federal tampoco supone per se una mayor libertad, sin embargo estaría de acuerdo con la postura de Mises sobre la necesidad de reducir los poderes del Estado ofreciendo a la población muchos estadios intermedios que les permitan tener mayor capacidad de elección, un control más directo sobre las cosas que les atañen, etc.

Termino con alguna referencia a dos autores que tal vez les resulten más conocidos. Samuel Gregg (Acton Institute) expuso un consistente y reflexivo alegato a favor de la libertad religiosa como una de las maneras de reducir el peso de los estados. Y con una interesante llamada de atención contra el peligroso secularismo, que con la excusa de una falsa libertad en realidad restringe el ejercicio de la opción religiosa personal.

Por su parte, Peter J. Boettke (George Mason University) tituló la conferencia con una pregunta (Is State intervention in the Economy inevitable?), que respondía en seguida: “No, la intervención del Estado en la economía no es inevitable”. Aunque nos avisaba de que es algo frecuente y, por lo tanto, probable. Su charla discurrió en la línea de resaltar las cuatro aparentes excusas para la intervención pública: los monopolios, las “externalidades”, los public goods (bienes públicos) y la inestabilidad macroeconómica. Ciertamente, no toda la intervención estatal es mala; solamente aquella innecesaria o arbitraria (aunque, lamentablemente, ambas suelen ser bastante frecuentes). Así, una intervención demasiado constante del Estado en la economía de libre mercado puede considerarse como una de las causas de la presente crisis, unida a la irresponsabilidad fiscal y el desorden monetario. Por lo que reclamaba una vuelta a los argumentos clásicos del liberalismo sobre el control de la acción estatal. Y con una llamada a la responsabilidad personal, que me parece muy adecuada en estos tiempos.

Laura Pollán, víctima del comunismo castrista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El fallecimiento de la valerosa dama de blanco Laura Pollán ha llenado de tristeza a todos los cubanos que luchan por la libertad y a quienes nos sentimos próximos a ellos. Bajo su amable sonrisa y la dulzura de su trato, tenía una gran fortaleza que hizo de ella una de las líderes de las valientes damas de blanco que se convirtieron en un símbolo vivo de la resistencia al totalitarismo de los hermanos Castro. Con el encarcelamiento de 75 opositores y periodistas independientes en 2003, la tiranía comunista no logró silenciar esas voces que clamaban por liberar a los cubanos. Tan sólo consiguió cambiar las caras de la oposición.

Los militantes políticos de la disidencia, los activistas de derechos humanos y los periodistas independientes encarcelados en aquella ocasión fueron sustituidos por un grupo que la dictadura no podía imaginar y que se convirtió en uno de sus mayores quebraderos de cabeza: las Damas de Blanco. Durante los más de siete largos años que aquellos opositores pasaron en prisión, sus mujeres, madres, hermanas e hijas se convirtieron en una presencia visible con sus valientes marchas por las calles cubanas para reclamar la libertad de sus familiares injustamente presos.

La dictadura se encontró con algo que no podía imaginar que existiera: sociedad civil en Cuba. Las Damas de Blanco son, en efecto, sociedad civil en estado puro. Son un grupo de ciudadanas unidas de forma voluntaria con un objetivo común, que en este caso es el más noble que puede existir: la libertad. Y lo que consiguieron tiene un mérito difícil de medir. Sus marchas con gladiolos en la mano lograron concienciar a gran parte de la opinión pública mundial sobre el horror de la tiranía castrista. Y lo hicieron a pesar de los insultos y agresiones que sufrían procedentes de los agentes del régimen comunista. Tal fue el pulso que echaron a los hermanos Castro que su constante actuación fue una de las claves que explican la excarcelación de los miembros del Grupo de los 75.

Entre aquellos liberados tras más de siete años y medio en prisión, está el marido de Laura Pollán, Héctor Maseda. Sin embargo, la alegría duró poco. La portavoz de las Damas de Blanco falleció este fin de semana, víctima de graves problemas de salud. En sentido estricto, no fue asesinada por el castrismo, pero sí es una víctima de este régimen comunista.

Durante su largo periodo como cara visible de las Damas de Blanco, sufría numerosos cortes en el agua corriente de su casa. Esto último es algo común para muchos cubanos, pero en su caso le ocurría incluso cuando sus vecinas sí disponían del líquido elemento accesible en sus grifos. Esto tiene, no puede ser de otra manera, un efecto negativo en la salud de cada persona. Súmese el daño que supone para cualquier ser humano la tortura permanente del encarcelamiento injusto, en unas prisiones con unas condiciones infrahumanas, de un ser querido.

Su salud no pudo dejar de resentirse. La neumonía se juntó con el dengue y una diabetes que supusieron una mezcla mortal. Para hacer frente a todos estos problemas de salud tan sólo contó con la sanidad pública cubana. Aunque en este caso no se hiciera como con otros disidentes y se pusiera todo el empeño por salvarla, el sistema sanitario cubano es lo contrario de lo que cuenta la propaganda. Para quien no es un alto dirigente, los recursos son muy limitados y las condiciones son pésimas. Cualquier problema de salud que puede ser tratado con facilidad en otros lugares, en Cuba se agrava hasta puntos difíciles de imaginar.

La dictadura es incapaz, y tal vez no esté interesada, de dar el tratamiento médico adecuado a los cubanos. Ha destruido su propio sistema sanitario. Por tanto, muchos de los cubanos que fallecen tras ser atendidos en los hospitales de su país son víctimas del comunismo castrista. Entre ellos está Laura Pollán, la valiente Dama de Blanco.

Inmoral rendición del Estado ante la coacción de los terroristas

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Hoy, lunes 17 de octubre de 2011, se escenificará en San Sebastián una inmoral conferencia internacional, auspiciada por el socialismo y aplaudida por el nacionalismo, que pretende que un Estado democrático y multipartidista se rinda y negocie en igualdad de condiciones con los terroristas de ETA que han asesinado hasta la fecha a 858 personas, quemado negocios, extorsionado a empresarios, coaccionado municipios, perseguido a familias no-nacionalistas y han logrado que cerca de 300.000 ciudadanos hayan huido en diáspora hacia otras regiones de España en donde su derechos fuesen garantizados por las instituciones.

A aquellos que duden de la inmoralidad de los terroristas y de sus cómplices internacionales, les invito a que visiten In Memoriam para que no olviden nunca lo inolvidable, que existen víctimas que merecen memoria, dignidad y justicia.

Lo que podremos constatar con el intento de “maquillaje político“ de los actos terroristas es que los políticos intervencionistas han olvidado el significado real del concepto de Ley, ya que su relativismo y su carencia de valores morales les impide concebir que existen límites que no se pueden rebasar en una democracia, algo que:

…tiene mucho que ver, pues, con el declive del derecho privado (en el que Hayek, al estilo anglosajón, incluye el derecho penal) y con el auge del derecho público, en el continente sobre todo…porque la ley se entiende como instrumento del poder y no como su límite.

La profesora Paloma de la Nuez, en su excelente libro La Política de la Libertad (Unión Editorial, 2010: páginas 244 y 245), comenta lo anterior a propósito del pensamiento político de Friedrich A. Hayek respecto de la decadencia del Estado de Derecho.

De hecho, un Estado de Derecho, digno de tal nombre, existe sólo cuando las instituciones respetan y protegen los derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad y a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, dado que son instituciones morales inmanentes e inseparables de la naturaleza del hombre libre. Los derechos individuales son responsables de la LIBERTAD, escrita con mayúsculas y, por tanto, son más importantes que la propia democracia.

De las premisas anteriores se deduce que el triunfo del Estado de Derecho en España incluye un respeto irrenunciable por los derechos individuales de las víctimas del terrorismo con los que no puede jugar ningún Gobierno ni ningún Parlamento. Lo anterior significa que es imprescindible una disolución incondicional y absoluta del grupo terrorista ETA y una solicitud expresa de perdón a las víctimas de su barbarie, como pasos previos para poder recibir, años después, cierta clemencia en donde un Ministerio de Justicia debiera siempre preguntar por el consentimiento previo de las víctimas que fueron objeto de la barbarie criminal.

Una sociedad civilizada se caracteriza, esencialmente, por el respeto de las instituciones y de la mayoría de la población hacia los derechos individuales y por la lucha contra la violencia con una aplicación estricta del Código Penal para castigar a los delincuentes y, entre ellos, especialmente a los asesinos.

Por dichos motivos, es una auténtica irresponsabilidad permitir que los terroristas, sin haber abandonado definitivamente las armas, sin renunciar a la violencia y sin interiorizar las reglas del juego democrático, puedan participar en elecciones democráticas, acceder a los datos fiscales de los contribuyentes españoles, gobernar ayuntamientos y diputaciones, obtener escaños en un Parlamento, recibir fondos públicos y seguir buscando su utopía, haciendo uso de las propias instituciones democráticas para seguir coaccionando a los ciudadanos de bien.

Sin embargo, sería un error político aún mayor, imperdonable por la inmensa mayoría de los españoles de bien, que se negociase y se diese interlocución oficial a la banda terrorista ETA junto con concesiones mayores en materia penitenciaria porque, al día siguiente, estarían solicitando reclamaciones en materia política al recibir del Estado réditos al uso de la violencia. Significaría no comprender la naturaleza psicopática e inmoral con la que actúan los terroristas y daría nuevos bríos al uso del terror contra los ciudadanos para conseguir utopías nacionalistas, comunistas, islamistas o de cualquier otro tipo de colectivismo.

Es una esperanza que, tal y como reflejaba ayer la encuesta de NC Report para el diario La Razón, un 81,6% de los españoles exigen la derrota de ETA y que se produzca un final digno, lo que sólo se producirá si se respetan las leyes y los terroristas no obtienen contrapartidas políticas como consecuencia del cese de su violencia.

Cuando se observan el terrorismo y los comportamientos inmorales de muchos políticos, conviene recordar el libro Camino de Servidumbre del genial Hayek y su célebre dedicatoria “a los socialistas de todos los partidos“, porque nos recuerda la importancia de luchar y no rendirse frente a las amenazas totalitarias, actuar con contundencia desde las instituciones democráticas y no hacer concesiones que hagan triunfar la violencia.

Sin embargo, como ejemplo de moral y apego a los derechos de las personas, los millones de ciudadanos que distinguimos entre el mal y el bien, respaldamos la labor de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo (1, 2) y apoyamos sus movilizaciones, mostrando nuestro más sincero agradecimiento a las personas que contribuyen a mantener viva la llama de la LIBERTAD entre todos los españoles: “Memoria, Dignidad y Justicia“.

LEER MÁS

Irresponsabilidad ciudadana

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

La justicia islandesa está juzgando a su ex primer ministro, Geir H. Haarde, acusado de gestionar con "negligencia grave" la crisis económica que en 2008 llevó a la quiebra el sistema financiero de Islandia. Mientras tanto, los políticos europeos intentan evitar el colapso del hermano pobre griego cuando en España nos encontramos envueltos en un proceso electoral en el que muchos vuelcan sus esperanzas para que un nuevo gobierno les saque de la crisis.

Para que una sociedad sea justa debe cumplirse la máxima dictada por el Barón de Montesquieu según la cual "la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie". No obstante, cabe preguntarse si esos tipos delictivos ya son imputables, como por ejemplo la falsificación de las cuentas griegas por parte de sus gobiernos para engañar a la Unión Europea y así poder entrar en el euro. Si esto es así, las leyes en estos asuntos no tendrían que reformarse pues la Justicia ya puede actuar en caso de robos, prevaricaciones o falsificación de documentos públicos. Lo que muchos de los nuevos arquitectos sociales indignados exigen es una cosa bien diferente: un juicio político.

Los políticos llevados por su sectarismo ideológico pueden equivocarse y perjudicar a sus propios ciudadanos. Encerrados en su propio esquema político, algunas medidas que tomaran, o dejaran de tomar, podrían ser consideradas como "negligencia grave" en procesos judiciales contra su gestión. Seguir esta senda podría despeñarnos por un precipicio en el que, por poner un ejemplo, los políticos que aplicasen medidas socialistas, en cuanto a errorintelectual, podrían terminar entre rejas.

Este razonamiento conlleva además una derivada, los políticos están legitimados democráticamente por los ciudadanos y, por tanto, sus decisiones son el fruto maduro de la voluntad popular expresada en las urnas. Conducir a un abismo a toda una comunidad política podría ser el resultado de una mala decisión de un pueblo soberano en un momento de su historia. No se pretende juzgar la gestión concreta pues al fin y al cabo el político prometió lo imposible pero fuimos nosotros quienes irresponsablemente lo elegimos ¿Por qué tendría que pagar el representante de la voluntad general por un suicidio colectivo? El hombre que aparecía como todo un hombre de Estado en nuestra papeleta al depositarla en la urna pasaría a convertirse en nuestro chivo expiatorio eludiendo la responsabilidad última; nosotros le elegimos porque nos regaló los oídos con lo que nosotros queríamos escuchar.

No hay que buscar por tanto una cabeza de turco para salvar la trampa democrática sin atajar el problema de fondo. Cuantos menos sean los ámbitos en los que los burócratas tengan competencias, menores serán las probabilidades que tendrán de equivocarse al planificar nuestras vidas. La verdadera irresponsabilidad, el delito impune, es el de mantener un sistema apuntalado en la irresponsabilidad de todos, no sólo de los políticos.

¿Espía el Gobierno a los jueces incómodos para el Gobierno?

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El hecho de que alguien del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisara a Ramoncín de que se estaba investigando a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) resulta de por sí escandaloso. Al fin y al cabo, el cantante es un ex directivo de la organización sometida a escrutinio y amigo personal del principal sospechoso de los presuntos delitos. Pero hay algo que ha quedado relegado a un segundo plano en este asunto, y cuya gravedad puede ser mucho mayor.

Para poder filtrar dicha información a un interesado, los servicios secretos españoles debían de estar al tanto de la investigación de la Audiencia Nacional. Sin embargo, esta todavía no eran pública y el centro de inteligencia no tenía por qué haber sido informado de ella. Así que se plantea una cuestión importante: ¿Se dedica el CNI a espiar a la Audiencia General? Sospechamos que sí. ¿Somete a esta vigilancia, prohibida por la ley, al conjunto de dicho órgano judicial o tan sólo a algunos de sus magistrados en particular? Es de temer que nunca lleguemos a saberlo, aunque realmente se trata de algo secundario. Con independencia de cuál sea la respuesta, es algo que no debería ocurrir.

En cualquier caso, resulta llamativo que la investigación en cuestión estaba siendo llevada a cabo por el juez de instrucción Pablo Ruz. Se trata del mismo magistrado que está investigando a altos mandos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior por el chivatazo al grupo terrorista ETA conocido como "caso Faisán".

EL CNI está adscrito orgánicamente al Ministerio de Defensa, pero trabaja bajo la tutela de una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Esta está presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe el presidente del Gobierno, e integrada por los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, de Defensa, del Interior y el de Economía y Hacienda, además de por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del propio Centro Nacional de Inteligencia, que actúa como secretario de la misma.

Dicho de otro modo, estamos ante la más que probable posibilidad de que el CNI, dependiente de forma directa del Gobierno, haya estado espiando las actividades investigadoras de un magistrado incómodo para ese mismo Ejecutivo. Se trata de un supuesto en grado extremo grave, puesto que podríamos estar ante un intento de adelantarse a cada paso de ese juez con el objetivo de borrar cualquier rastro incómodo que pudiera encontrar el togado en sus pesquisas.

La naturaleza de los servicios secretos es siempre conflictiva y sus actividades, por definición, siempre bordean el límite de la legalidad y en no pocas ocasiones los rebasan. Pero incluso ahí deben existir límites. Y uno de ellos es respetar el poder judicial y sus actuaciones. Resulta muy probable que el chivatazo a Ramoncín haya dejado al descubierto una evidente violación de las leyes y los principios más básicos de la democracia. Ahora sólo falta que algún político de la oposición o algún juez tenga el valor de actuar para intentar que estos hechos queden aclarados.

Si defienden la privacidad que empiecen por el secreto bancario

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente el responsable de una agencia pública de protección de datos alemana pidió a Facebook que retirara un sistema de reconocimiento facial. El sistema facilita el etiquetado de personas que realizan los usuarios de la famosa red social para organizar y compartir sus fotografías. La supuesta amenaza a la privacidad consiste en que ese sistema permitiría a la compañía poseer información que podría ser utilizada para identificar a las personas en contra de su voluntad.

Hasta aquí, el típico caso en el que el Estado actúa como un padre sobreprotector que no permite a sus hijos dar información voluntariamente a una empresa, eso sí, por su propio bien. Aunque hay un pequeño detalle que no encaja con esta visión: el Estado no es nuestro padre ni un familiar, ni siquiera un amigo; el Estado es un organismo formado por personas cuya financiación depende de la riqueza que puede arrebatar a los individuos y organizaciones que la producen.

Algo que demuestra con su comportamiento: el mismo Estado que vela porque Facebook o Google no tengan demasiada información de nosotros obliga a bancos y empresas a violar la confidencialidad con sus clientes informando a Hacienda de sus transacciones e ingresos.

Es curioso leer en blogs y foros tecnológicos cómo los gurús dedican páginas y páginas a protestar por cómo Google maneja miles de datos sobre nosotros mientras que no se inmutan ante la infinidad de datos sobre nuestro capital que maneja el Estado. Aunque lo más divertido es ver cómo se indignan ante la idea de que la empresa del famoso buscador use esos datos en su propio beneficio. Y es que Google recopila la información para poder elaborar perfiles de consumo que aumenten la efectividad de su servicio de publicidad y para facilitar y potenciar el uso de sus servicios, aumentando la demanda de los mismos y por tanto los ingresos publicitarios.

Lo que no entienden estos gurús es que el Estado hace exactamente lo mismo. En realidad, a un político no le interesa saber cuánto gana una determinada persona por curiosidad o malicia. Le interesa porque dependiendo de sus ingresos el Estado le podrá quitar más o menos dinero. Y de ese dinero depende la supervivencia del organismo estatal y todas las personas que dependen del mismo.

La principal diferencia entre Google o Facebook y el Estado es que los primeros no te obligan a usar sus servicios. Si alguien considera que la información que se debe compartir con dichas empresas no le compensa, simplemente tiene que rechazar los términos del acuerdo de servicio y solucionaría su problema. En cambio, los ciudadanos no pueden evitar la vulneración de su privacidad por parte del Estado rechazando sus servicios. Da igual que consideren que la sanidad o educación pública no compensan el hecho de estar vigilados constantemente por unos funcionarios que van a vampirizar cualquier ganancia que podamos conseguir. El Estado no admite un "no acepto" por respuesta.

Ante esta reflexión se suele contraargumentar por dos vías: el Estado necesita acceder a esa información para que cada ciudadano pague la parte de su riqueza que le corresponde, ya que si no tuviera acceso nada impediría que los contribuyentes escondieran parte de sus ganancias para pagar menos impuestos. Además, añaden, no todas las ganancias tienen un origen legal, por lo que el Estado necesita contrastarlas para verificar que nadie se enriquezca saltándose la ley.

La respuesta a las objeciones es simple: el cobro de impuestos no puede prevalecer sobre el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia debería obligar al Estado a tener el consentimiento de un juez a la hora de investigar las finanzas de alguien. Punto.

Es tan evidente que debería ser así que si sustituimos la caja fuerte de un banco por la de nuestra casa, y la entrega de la nómina vía ingreso bancario por la entrega de un sobre, a nadie se le ocurriría decir que es necesario que la policía tenga libre acceso a nuestras viviendas para verificar la cantidad de dinero que guardamos en ellas y que un funcionario debe presenciar cada intercambio de dinero que se produzca para garantizar que todo queda anotado y cada parte paga sus impuestos o que no se realiza ningún intercambio ilegal.

Por lo tanto, tiene que haber un obstáculo muy grande a la compresión para que tanta gente no sólo no exija un derecho tan básico, sino que incluso considere imprescindible que el secreto bancario sea vulnerado y los Estados tengan acceso libre a esta información. Incluso a los pocos países que se mantienen firmes en la defensa de este derecho se les tilda de paraísos fiscales y son amenazados constantemente con represalias si no dan su brazo a torcer (especialmente durante las crisis financieras donde los capitales buscan refugio ante la voracidad recaudadora de los gobiernos).

Y es que sin la vulneración del secreto bancario los impuestos sobre las rentas/ganancias están condenados a fracasar. Y esos impuestos son la piedra angular de la redistribución de la riqueza, fin último del socialismo. Es por ello por lo que la privacidad se sacrifica allí donde más se puede recaudar: las cuentas corrientes en las que el común de los mortales concentra su vida financiera y, por tanto, donde el Estado puede recaudar con mayor facilidad, y se defiende allí donde no supone una amenaza con el fin de situar el foco en otro sitio mientras nos mete la mano en el bolsillo.

El discurso del odio

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

En el año 1942 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló contra un ciudadano por una querella que tenía con un policía del Estado de New Hampshire. Le dijo que era un “maldito chantajista” y un “fascista”. La Corte entendió que las palabras de este hombre, testigo de Jeová, no estaban protegidas por la Primera Enmienda, la que reconoce el derecho a la libre expresión. La razón es que había elegido unas palabras “cuyo mero sonido inflingen daño” y que “no son parte esencial de la exposición de las ideas”.

En 2011 la misma Corte Suprema estudió el caso de la Iglesia Baptista de Westboro, que se había congregado a cierta distancia de donde tenía lugar el funeral por Matthew Snyder, un marine que resultó muerto en acto de servicio en Irak, por corear mensajes ofensivos. Los miembros de tal congregación religiosa reflejaron su convicción de que Dios odia a los Estados Unidos, entre otros motivos, por permitir la homosexualidad; especialmente por tolerarla en el Ejército. Entre sus mensajes estaban “Dios odia los Estados Unidos. Gracias a Dios por el 11 de septiembre”, “Dios te odia” o “Irás al infierno”, en referencia al soldado Snyder. Terminaron media hora antes de que empezase el funeral. El propio Snyder, que había sido informado de las intenciones de la Iglesia Baptista de Westboro (lleva haciendo estas concentraciones desde hace décadas), les llevó ante los tribunales. Alegaba la angustia que le producía la idea de que se manifestasen, y no la podía separar de la idea de su propia muerte. En este caso, la Corte Suprema siguió un curso distinto. En su decisión, dijo: “El discurso es poderoso. Puede mover a la gente a la acción, puede provocar lágrimas de gozo y de pesar, y también (como es el caso), puede infligir gran dolor. Sobre los hechos que se nos presentan, no podemos reaccionar ante tal dolor condenando a quien habla. Como nación hemos elegido un curso distinto: proteger incluso el discurso hiriente sobre cuestiones públicas para asegurarnos de que no reprimimos el debate público. Esta opción requiere que libremos a Westboro de responsabilidad por manifestarse en este caso”.

Entre estas dos decisiones hay una lucha histórica dentro de la Corte Suprema respecto del “hate speech”, el discurso del odio, y su inclusión o no como parte del derecho penal. En su última decisión, Snyder vs Phelps, el Tribunal Supremo seguía la tendencia de las últimas décadas de interpretar de un modo más estricto la Primera Enmienda y proteger la libertad de expresión. Pero en todo el mundo resuena la expresión discurso del odio y en muchos países está penado utilizar expresiones que puedan causar daño a los demás por su pertenencia a un grupo (como el Ejército de los Estados Unidos, en este caso). Es habitual el caso del antisemitismo, el racismo o la condena moral de la homosexualidad. El gobierno español, al que le quedan muy pocos días de legislatura, pretendía implantar una legislación muy estricta en ese sentido que, de haberse aprobado, habría acabado virtualmente con la libertad de expresión en cualquier sentido.

Viene todo ello al caso de la condena de John Galliano, que tendrá que pagar 6.000 euros por decir que amaba a Hitler y proferir insultos vejatorios contra los judíos. Galliano se dejó llevar por el esnobismo, pues meterse con los judíos es una enfermedad moral extendida, con los humores exaltados por el alcohol. La prensa recoge la noticia con evidente decepción. “Simbólica” condena de “sólo 6.000 euros” por lo que Galliano “se libra de la cárcel”. ¿Debe penarse el discurso del odio?

Es a mi entender muy claro que no podemos criminalizar un discurso, por más cargado de odio que esté. En primer lugar porque no hay ni puede haber una prueba de que quien sostenga ese discurso esté movido por el odio. En segundo lugar porque aunque así fuera, un mal sentimiento no debe ser objeto de condena. Si la razón es otra, el daño que inflige, el terreno es muy resbaladizo. Porque cualquier persona puede sentirse herida por cualquier manifestación de los demás. Nadie puede negar tu dolor por cualquier manifestación de la cultura o del discurso. Y erigir ese dolor en razón para la censura permitiría a cualquiera oponer sus sentimientos frente a cualquier expresión. Como, de nuevo, nada puede demostrar la sinceridad de tus sentimientos, nadie puede tampoco demostrar que no sean ciertos. Si se reconoce a los sentimientos como argumento para la censura, se acabó para siempre la libertad de expresión.

Se dice que el discurso del odio sólo afecta a cierto tipo de personas. De hecho es como está reconocido en las legislaciones del mundo que recogen esta figura. Pero entonces cabe preguntarse cuál es el motivo por el que determinadas razas o la pertenencia a una denominación religiosa o una condición sexual otorga a ciertas personas el privilegio de poder censurar las expresiones de los demás, mientras que al resto del común no se le reconoce ese valor añadido de su conciencia o de su dignidad.

El discurso es un elemento moral. Y su condena debe ser también moral. Las sociedades libres pueden protegerse eficazmente frente a los discursos que resulten ofensivos. John Galliano fue despedido por su empresa y le costará encontrar un empleo del prestigio y los emolumentos que tenía cuando diseñaba modelos para la casa Christian Dior.

Quienes defienden la inclusión en el Código Penal del discurso del odio no tienen amor, precisamente, por vivir en una sociedad libre.

El laberinto económico

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neuman definió la "espiral del silencio" como el fenómeno por el cual el individuo se abstiene de decir su opinión cuando es contraria a la opinión pública más fuerte (no necesariamente en términos numéricos) y no duda en expresarla cuando coincide con ella. La raíz de este fenómeno está en el hecho de que el ser humano tiene miedo orgánico a estar solo. Al decir orgánico me refiero a que se localiza en una zona concreta del cerebro.

De esta forma, la opinión pública aparece como un elemento que confiere cohesión a la sociedad.

En nuestro siglo son los medios de comunicación los principales agentes creadores de opinión. Y los políticos lo saben. Los de una cuerda y los de otra. De ahí la indisoluble unión de la política y la prensa, para lo bueno y para lo malo… La importancia de la opinión pública en la sociedad explica que los portavoces y ministros en ruedas de prensa mientan como bellacos, maquillen los datos, resalten determinados datos y omitan otros. La idea de la inventora del término "espiral del silencio" es que si se consigue que la opinión pública exprese optimismo respecto a, pongamos, la posible recesión económica en España, es más probable que salgamos bien parados. Como si se invocaran espíritus benévolos o, por el contrario, espíritus cenizos y el mero hecho de nombrar un desenlace bueno o malo se creara un ambiente más propicio para su cumplimiento.

La opinión pública ha condenado banqueros privados y salvado a banqueros centrales, ha condenado a los especuladores y salvado a los derrochadores, condenado a los mercados y salvado a quienes nos han endeudado. Y el lenguaje con el que se han lanzado los mensajes es totalmente manipulador. Los especuladores nos hacen daño, los mercados no se fían de nosotros, hemos logrado colocar nuestra deuda (como quien logra meter canastas en baloncesto). De esta forma, rueda de prensa tras rueda de prensa, el mensaje machacón del gobierno nos ha negado la crisis, nos ha asegurado que nos seguimos recuperando, y según las últimas declaraciones de Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno y Ministro de Economía, "sin ninguna duda, Europa no va a caer en ninguna recesión".

Lo malo es que día tras día desde hace ya bastantes meses, los datos nos golpean primero en una mejilla y después en la otra. La prima de riesgo bate récords, el paro aumenta, la Bolsa se derrumba y nuestros gobernantes solamente reconocen que la situación es "delicada". No se crea tejido empresarial, se destruye. La sombra de la recesión planea por encima de Europa, pero nuestros gobernantes insisten machaconamente que la recuperación marcha. Y ya no se sabe si es por disonancia cognitiva o porque de verdad creen que si se repiten muchas veces las cosas terminan por suceder.

Uno de los problemas añadidos es que se trata de economía, tema en el que siempre te puede salir un técnico pidiendo rigor mientras él emplea los datos maquillados del gobierno para decir que no estamos en recesión… técnicamente. Cada vez que sale un dato del Instituto Nacional de Estadística hay un puñado de economistas que salen con los matices, las correcciones, la estacionalidad… de manera que da la impresión de que hay cifras que respaldan todas las opiniones. En esas circunstancias ¿cuál es la opinión pública más fuerte?

Los ciudadanos se encuentran atrapados entre quienes protestan por las medidas de austeridad y quienes las defienden, viciados por un salpicón de subvenciones y un estado sobreprotector. Lo fácil es culpar a los ricos, al mercado y a los extranjeros, en este caso, alemanes. Y me extraña que nadie haya culpado a los judíos, debe ser la primera vez en la historia.

Pero el que la opinión pública más fuerte sea esa, no quiere decir que sea más cierta, ni que la mayoría lo piense de verdad. Aquellos que se huelen la tostada se callan para no ser aislados o tachados de insolidarios. Se quedan encerrados en el laberinto de las declaraciones, los datos y las conveniencias y no son capaces de decir nada, ni de reclamar sensatez, ni firmeza, ni nada. Solamente callan… y pagan.