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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Por la despenalización, desregulación y liberalización de la eutanasia y el suicidio

Si nuestro cuerpo es nuestro, ¿qué derecho tienen otros a decidir sobre él? Si el suicidio y la eutanasia (término procedente del griego que significa muerte digna) son una necesidad de algunos individuos, ¿por qué no despenalizar, desregular y liberalizar tal acción para que se creen grupos de apoyo al suicidio, empresas y dar así una respuesta a una realidad que, por más que cerremos los ojos, existe?

Los católicos creen en el Derecho Natural. Es la misma ética en la que se basa el liberalismo aunque con diferencias importantes de base. Un católico no se puede suicidad ni tiene ‘opción’ al aborto. Sus principios teóricos se deben a la inalienabilidad de los derechos (otros autores liberales no necesariamente religiosos como Randy Barnett también consideran los derechos del hombre inalienables). Para la Iglesia Católica el cuerpo y la vida de un hombre no son suyos, sino de Dios, y solo Éste puede arrebatarlos. La inalienabilidad de los derechos es una visión que solo se sostiene desde la fe —o raramente no considerándola— ya que implica que los derechos son anteriores al hombre. Desde un ángulo no religioso, ¿cómo se explica que los derechos existan antes que el primer hombre? Prescindiendo de la fe, solo podremos llegar a la conclusión de que los derechos del hombre nacen, ya no cuando se crea el primer hombre, sino cuanto éste interactúa con el resto (Praxeología). ¿Están los católicos en su derecho a no suicidarse o no aprobar la eutanasia? Por supuesto. Pero eso no niega que exista más vida fuera de la moral católica y que otras personas crean que el cuerpo es en realidad su propiedad privada (Locke). Si el cuerpo es nuestro, solo nosotros tenemos la última palabra sobre él.

Ludwig von Mises llegó a decir que "en una sociedad absolutamente totalitaria, la única libertad que se le deja a la persona —porque no se le puede negar— es la libertad de cometer suicidio". Pues no tanto. En todos los países occidentales el suicidio y asistencia al miso está prohibido o regulado. La razón lógica que sustenta tales leyes es que la propiedad de nuestro cuerpo es del Poder. Las razones morales para prohibirlo, al ser contingentes, no son más que excusas morales y propaganda. La única razón por la cual se nos prohíbe el suicidio y la eutanasia es porque el político, el juez y el burócrata son propietarios de nuestro cuerpo. Son el Dios terrenal que obra milagros mediante la ley. Cuando un hombre es propietario de otro se vuelve un esclavo. Como dijo recientemente Roderick Long, el liberalismo se puede resumir en: "otras personas no son tu propiedad". Un Estado que desprecia tal concepto es una sociedad de dueños y esclavos.

Otro de los argumentos contra la eutanasia y suicidio es la llamada eugenesia del Estado. ¿Qué ocurría si un Gobierno abiertamente ecologista se dedicara a matar a personas incómodas según su doctrina para preservar la Tierra de la pérfida intromisión y superpoblación del hombre? Bien, haría lo que todos los liberales ya sabemos: que el Estado es la mayor organización criminal de la historia, y que la eugenesia es un medio para hacer lo que siempre han hecho los medios políticos, conseguir beneficios mediante el crimen (guerras, encarcelamientos, tortura, ocupación, matanzas…). Estar en contra del suicidio y eutanasia por un motivo así tiene tanto sentido como prohibir llevar dinero porque existen ladrones en la calle. El problema no es el derecho del individuo, sino las organizaciones criminales. El Estado, como monstruosa organización criminal que es, ha de ser apartada de una sociedad civilizada.

La explicación real por la cual aún están prohibidos el suicidio y la eutanasia es porque la gran mayoría de ciudadanos aún cree en los efectos mágicos de la ley (falacia del Nirvana). La realidad es que la prohibición al suicidio no evita que la gente se suicide. Y de la peor manera posible: tirándose desde balcones, al tren, a la carrera… Una sociedad que entiende y tolera el suicidio evitaría espectáculos así, que influyen tan negativamente en los espectadores involuntarios. Despenalización del suicidio significa que se le reconoce al hombre que su cuerpo es suyo y puede hacer con él lo que quiera. La desregulación significa que se otorga la máxima responsabilidad del hombre sobre sí mismo sin que un órgano central tenga que dar "licencias de libertad". Ni los burócratas ni médicos ni jueces ni políticos son nuestros dueños. Están para servirnos, no para condenarnos. Liberalización total y absoluta es el colofón final a la libertad de elección donde la sociedad civil maneja sin la extorsión de los medios políticos sus acciones. Psicólogos, asistentes, consejeros y médicos privados satisfarán el deseo del suicida —incluso curándolo— y del que sufre.

Tal vez piense que trato el tema de forma sórdida y frívola. Hace mucho tiempo una amiga mía se suicidó. Se tiró al tren. En los últimos meses de su vida iba literalmente drogada por órdenes del psiquiatra. Era una zombi. Tenía una convicción firme y los denostados esfuerzos de sus padres, familiares, innumerable cantidad de médicos que la atendieron y amigos no sirvieron de nada. Solo sirvió para eternizar una agonía. La sociedad y el Estado le negaron un derecho porque consideraban que ella era "nuestro" patrimonio. Es decir, propiedad estatal. A veces pienso en ella y se me ocurre que, tal vez, si el suicidio no fuese un tabú ilegalizado, al menos habría tenido la opción de tener una muerte digna en lugar de escoger forzosamente el brutal medio a la que le obligó la ley. Podemos persuadir a las personas para curarlas o convencerlas de nuestra moral, pero el mayor de los crímenes es considerar que la vida y deseos de otra persona sobre sí misma son nuestros.

Referéndum obligatorio frente al intervencionismo del Estado

Los ingresos tributarios de España son incapaces de soportar desde hace años el coste del Estado central, de los nuevos "Reinos de Taifas" en los que se han convertido las Autonomías y de sus entidades locales. Dado que la casta política sigue instalada en el limbo de la utopía electoral y dado que su despilfarro alcanza niveles imposibles de soportar con la actual recaudación de tributos, el déficit presupuestario está siendo cubierto mediante emisiones de deuda soberana.

Endeudamiento Soberano

Los analistas reflejan en sus informes la incertidumbre y el riesgo generado por la irresponsabilidad del Gobierno de turno en la gestión de las cuentas públicas, como está sucediendo con las primas de riesgo de las deudas soberanas de Grecia, Irlanda y Portugal, donde ya comienza a ser verosímil la posibilidad de aplicar quitas.

La situación de la deuda soberana de España es también delicada y si no se desea generar incertidumbre que pueda desembocar en una situación de quiebra, los ajustes presupuestarios y las reformas estructurales deberían alcanzar lo demandado por los prestamistas para proporcionar certeza sobre el pago de las deudas contraídas. 

Sin embargo, el endeudamiento soberano tiene límites de solvencia que una vez rebasados hacen que las cuentas del Estado queden pendientes de la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo o, cuando los socios europeos se cansan de prestar dinero, por parte de fondos de inversión extranjeros, provenientes, por ejemplo, de una dictadura como la República Popular China.

Lo cierto es que esos préstamos los deberemos pagar los contribuyentes españoles mediante los impuestos futuros, por lo que lastran el crecimiento económico de las familias y, principalmente, de la clase media del país, que son los que más impuestos pagan para mantener el gasto del Estado.

Decisiones políticas trascendentales y el principio de consentimiento

Por dicho motivo, convendría plantearse si los ciudadanos españoles deberían decidir en asuntos económicos tan serios para el futuro del país, por medio de un referéndum vinculante y de obligado cumplimiento por parte del Gobierno, que expresaría el principio de consentimiento (o no) de los ciudadanos para adoptar las decisiones políticas trascendentales que afronten una situación de crisis institucional, económica y financiera.

Puede que los ciudadanos españoles deban opinar si desean que su dinero –vía impuestos del presente o vía endeudamiento que será pagado con los impuestos futuros— sea empleado para inyectar liquidez en bancos y en cajas de ahorro que han sido mal gestionados y han asumido un elevado riesgo hipotecario en activos sobrevalorados que, ahora, deben corregirse a la baja para que la contabilidad refleje en los balances el valor real de mercado tanto de las hipotecas suscritas como de los inmuebles embargados a los clientes.

Y, desde luego, puede que los ciudadanos españoles también deseen elegir si prefieren crecer sin padecer un endeudamiento que estrangule su economía familiar. De hecho, algunos opinamos que la única vía para crecer de un modo financieramente saludable es realizar una drástica reducción presupuestaria en las partidas ociosas del Estado —empresas públicas, comisiones y agencias gubernamentales, infraestructuras innecesarias o funcionarios desocupados— y eliminar las múltiples prebendas —subvenciones, ayudas, oligopolios o precios públicos— tanto en el ámbito central como en las administraciones públicas regionales y locales.

La senda del crecimiento sólo se caminará con la realización previa de grandes reformas que reduzcan el tamaño del Estado, eliminen las barreras autonómicas y estatales a la libre competencia en los mercados nacionales, flexibilicen el mercado laboral y faciliten la empresarialidad.

Las tímidas reformas que se han venido legislando en los últimos meses no han sido reflexionadas por la casta política española y tampoco han recibido el consentimiento oficial de los ciudadanos dado que en las pasadas elecciones generales todavía no se sentía la crisis económica y financiera en la cesta familiar. Al contario, las reformas vienen impuestas por los socios de la Unión Europea, que no están dispuestos a prestar más dinero sin que las autoridades españolas hagan bien sus deberes institucionales.

Eso sí, los irresponsables políticos que han esquilmado los ingresos de nuestro trabajo ahora se disculpan por los millones de parados, por el exagerado endeudamiento, por la sempiterna corrupción, por la merma en nuestro poder adquisitivo y por el descenso en la calidad de vida del español medio durante la próxima década. Y, acto seguido, piden que nos ajustemos el cinturón del gasto familiar, aflojemos el bolsillo para pagar más impuestos y les apoyemos con nuestro voto en las próximas elecciones para tener más de lo mismo. Pero, antes de acudir a las mesas electorales, preguntémonos:

 ¿Qué tal si el Gobierno de España prueba a preguntarnos en referéndum si deseamos o no el rescate de bancos y cajas de ahorro con nuestros impuestos presentes o futuros?

 ¿Y qué tal si los políticos nos preguntan oficialmente si deseamos que nos endeuden masivamente y aumenten los impuestos o, por el contrario, preferimos una drástica disminución del tamaño del Estado y la cofinanciación publico-privada de servicios públicos como la educación, la sanidad, la prestación por desempleo o las pensiones para garantizar su viabilidad financiera en las próximas décadas?

Lo anterior sería un sano ejercicio de democracia directa, y podría realizarse sin más que aplicar el artículo 92 CE, que permite la convocatoria de referéndum en las decisiones políticas trascendentales. Sin embargo, no verán nuestros ojos ni un referéndum ni una constitución económica que pudiese limitar el déficit presupuestario, los tributos y el endeudamiento. Dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Créanme cuando les digo que lamento ser agorero, pero me temo que la recuperación económica será una larga y lenta travesía por el desierto.

Vimos la posibilidad de realizar un análisis por teoría de juegos del deterioro institucional que permite afirmar que, salvo que ocurra una gran movilización social, nunca llegarán las reformas estructurales con la seriedad y la intensidad que requiere la actual crisis y la "casta" seguirá robando institucionalmente a las familias españolas hasta que no quede más dinero privado que esquilmar y se rompa en mil pedazos la España de las autonomías nacionalistas.

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Los radicales en la II República

Este 14 de abril se cumplen 80 años del advenimiento de la II República. Eugenio D’Ors relata admirablemente el ambiente de esperanza con que advino, que contrastaba con el profundo hastío y la total indiferencia con que se vio el derrumbe de la Monarquía. Quienes ocuparon el poder, abandonado por el régimen anterior, habían planeado tomarlo previamente (en diciembre de 1930) por medio de un golpe de Estado. Esto es importante, porque da una medida del aprecio de aquellas fuerzas por el sistema democrático.

Muchos describen aquel régimen político como una conquista de los españoles, largamente deseada por amplios sectores de nuestra sociedad. Pero esta idea choca con la realidad histórica de que prácticamente todos, especialmente quienes más debieran identificarse con la República, se rebelaron contra ella. No hace falta descender a los detalles. Basta recordar unos cuantos hechos muy conocidos.

Los anarquistas convocaron una huelga en julio de 1931 y de nuevo tres huelgas generales con pretensiones revolucionarias en enero de 1932, enero de 1933 y diciembre de este mismo año.

El 10 de agosto de 1932, el General Sanjurjo protagoniza el último de los pronunciamientos de la Historia de España, que resultó ser un resonado fracaso. Sus intenciones no pasaban claramente por acabar con la II República, aunque sí por torcer la dirección política del país, y ésta estaba marcada por un Gobierno elegido democráticamente.

Tras las elecciones de 1933, en noviembre, los socialistas y los republicanos de izquierdas exigieron al presidente de la República que anulara las elecciones; Niceto Alcalá-Zamora se negó a esas pretensiones en cuatro ocasiones. Su plan era cambiar las normas de modo que asegurasen que un resultado así (una victoria del centro y la derecha) no volviera a repetirse. La llamada "revolución de Asturias" fue una revuelta largamente planeada y cuyo objetivo era desalojar al centro y la derecha del poder, subvertir el régimen e instaurar otro en el que los sectores entonces en el poder no volverían a ocuparlo jamás.

Por cierto, que la CEDA tuvo una oportunidad de oro para darle la razón a los socialistas, que habían tildado al partido de Gil Robles (pese a saber que la acusación era falsa) de fascista. Sin embargo, no aprovechó la revolución de 1934 para liderar otra de signo contrario e instaurar un régimen autoritario. Respetó la legalidad y, a pesar de caer en algunos excesos, si de algo se le puede acusar es de no haberla defendido con más denuedo.

El propio presidente de la República, Alcalá Zamora, convocó elecciones anticipadas durante el período radical-cedista sin más razones que la de finiquitar un gobierno que él consideraba demasiado derechista y articular un partido de centro en torno a su hombre, Portela Valladares. Manuel Azaña, epítome de aquel régimen, no contento con haber pedido a Alcalá Zamora que no reconociese las elecciones de 1933, manipuló las de 1936, alterando inicuamente la concesión de 32 escaños, inicialmente adjudicados a la derecha y al centro.

Se podrían poner incluso más ejemplos, y ello sólo por parte de quienes fueron favorables a la II República, contribuyeron a traerla o se creían los únicos (o de los pocos) legitimados para ocupar el poder bajo ese régimen. Hecha sea la salvedad, claro está, de los anarquistas, aunque más tarde se sumarían al Frente Popular y al bando republicano durante la Guerra Civil.

Si todo ello resulta chocante, lo es igualmente otro hecho: Hubo un partido que creyó firmemente en la II República, al menos en cuanto lo que se ha pretendido que fue: una democracia. Y, lejos de ser elogiado por quienes más se identifican con aquel período histórico, recibe de ellos las más amargas críticas. Se trata, claro es, del Partido Republicano Radical. Los radicales de quienes Stanley G. Payne dice que eran un partido "centrista y de nombre equívoco" fueron la única formación de masas netamente republicana. Como tal, estaban llamados a ejercer un papel central, en cualquier sentido de la palabra, en la República. Creían en la democracia independientemente de cuáles fueran sus resultados, lo que les distinguía de otros partidos, tanto a la izquierda como a la derecha.

La primera crítica que se dirige contra los radicales es la falta de moralidad de algunos de sus miembros por asuntos turbios como el del estraperlo. Aunque es innegablemente certera, esa corrupción se queda en mera anécdota frente a la que vemos hoy todos los días en la prensa. Y, desde luego, por más condenable que fueran esas corruptelas, nada tenían que ver en comparación con los crímenes a los que se entregaron sus críticos, a izquierda y derecha, durante la guerra. La segunda crítica desde la izquierda es que sostuvieron un gobierno con participación de la derecha. Un juicio que se vuelve contra quienes lo profieren, pues dejan en evidencia, hoy como entonces, su poco aprecio por una democracia auténtica. También traslucen que ven en la II República no un sistema de turnismo con elecciones libres, sino un programa político concreto.

El valor de la contribución de Alejandro Lerroux y los suyos a la democracia en aquel régimen lo prueba que en cuanto se descalabraron, en las elecciones de febrero de 1936, la política se radicalizó y desembocó, en sólo cuatro meses, en una sangrienta guerra civil.

A pesar de todo ello, los radicales siguen teniendo mala prensa. Esto es interesante no sólo para apreciar las violaciones de los derechos individuales en aquel período de nuestra historia, sino para observar que muchos estilitas de la democracia sienten un desprecio auténtico, todavía hoy, por la defensa de aquellos derechos.

Hipoteca ZP

España es una fiesta. Desde que el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció que no se presentaría a las próximas elecciones generales, los españoles respiran aliviados. La población ha visto cómo el máximo responsable de la política económica prometía quitarse de en medio, el PSOE vuelve a mirar con optimismo los comicios y el PP cree haber descabezado al único candidato posible del socialismo español. Todos contentos, luego algo falla.

Zapatero se irá, sí, dentro de un año, pero ha prometido legislar hasta el último día aplicando su agenda de transformación social en todos aquellos ámbitos en los que los españoles no nos comportamos tal y como la utopía igualitaria ordena. La Ley de Igualdad de Trato y la de la Muerte digna serán sus prioridades en estos doce meses en los que aplicará las medidas económicas impuestas para intentar no llevar a la quiebra a todo un país. No importan las renuncias tácticas en materia de ‘ayudas’ y otras ‘conquistas sociales’ concedidas graciosamente por el Estado si el sacrificio puede evitar la zozobra de todo el sistema. La prioridad es apuntalar la estructura y, mientras tanto, continuar con el plan a largo plazo que nos hace menos libres y más dependientes. La guinda de una agenda mucho más amplia en la que Zapatero ni es el primero ni será el último.

Más allá de la hipoteca que dejará este gobierno a pagar a las futuras generaciones de contribuyentes, existe otra carga mucho más pesada que obstaculizará el progreso y desarrollo en libertad de nuestra sociedad. Todas las leyes que artificialmente pervienten los usos y costumbres de acuerdo a un diseño humano son las que terminan chocando con la realidad, caprichosa e imposible de abarcar en toda su complejidad por una sola mente o ideología, por muy preclara o completa que pueda ser.

El problema nunca ha sido Zapatero, ni siquiera el PSOE. La enfermedad que se ha propagado por todo Occidente no es otra que la del igualitarismo redentor que nos ofrecen los estados. Nos creemos singulares, pero la voracidad del los estados es el fruto mismo de la modernidad con la que nacieron. En la tensión entre libertad e igualdad, es la primera la que siempre tiene las de perder en un sistema de reparto de prebendas en las que los votantes esperan recibir privilegios de las riquezas expoliadas a otros conciudadanos que las han generado. Pueden contenerse las ansias liberticidas, pero a la larga terminarán triunfando.

Dentro del sistema no importan ni el apellido del inquilino de la Moncla ni las siglas del partido que consiga la mayoría parlamentaria ni las fronteras que delimitan el Estado; ley a ley, avanzamos hacia una sociedad regulada de forma centralizada en lugar de permitirnos que gestionemos nuestros asuntos de forma autónoma y responsable. El legado de ZP habrá sido contribuir como pocos a aumentar el montante de esta hipoteca, pero su origen se remonta tiempo atrás, y es ese error conceptual de partida en el que deberíamos centrar nuestra atención si queremos que, algún día, los hijos de nuestros hijos puedan decidir libremente sobre sus vidas sin las cadenas que los igualan por la base que les estamos dejando como herencia envenenada.

Una buena pira de libros

La orden del juzgado se refiere a varios ejemplares que no había vendido la Librería Europa y que tiene en su poder. Incluyen el Autorretrato de un fascista, de León Degrelle, o Mi Lucha, de Adolf Hitler.

El juzgado ofrece sus buenas razones. Una de ellas es que el contenido de esos 17 libros es "denigrante para el pueblo judío y otras minorías étnicas, mujeres, homosexuales y personas con algún tipo de homosexualidad", matiz este último que debe de ser muy relevante para el contenido de las 17 obras. Claro que por los mismos motivos deberían echarse a la pira todos los ejemplares de varias ediciones de algunos de los periódicos más relevantes españoles. El delito debe de ser mantener esas ideas y hacerlo en formato de libro.

Otra de las razones es que esas obras defendían el genocidio. No conozco la selección hecha por el juzgado, que seguramente habrá resuelto la cuestión metodológica de qué es genocidio y en qué consiste su defensa. Pero 17 títulos me parecen pocos. O bien la venta de libros que defienden el genocidio es delito sólo si lo hace la Librería Europa, o bien la selección es arbitraria. El nacional socialismo no tiene la exclusiva del genocidio. Según el criterio puramente cuantitativo, en decenas de millones de muertos, que es la unidad de cuenta de los crímenes socialistas, el comunismo tiene más títulos para identificarse con el genocidio. ¿Tendremos que quemar también los libros que alientan el comunismo?

Además, desde el punto de vista de la eficacia, la quema de libros no resulta especialmente útil. Es evidente que esos dos mil ejemplares sólo servirán para desprender un poco de calor. Si uno quiere leer esas obras, no tendrá más que acercarse, por ejemplo, a la Casa del Libro o a muchas otras librerías para adquirir Mi Lucha. O acudir a la venta de segunda mano. O a páginas web que reproduzcan estos libros, como Radio Islam.

Por otro lado, no hay una correspondencia exacta entre la lectura de un libro y la acción. Uno no lee El Manifiesto Comunista y se lanza a la revolución con un bidón de gasolina y un mechero. Se puede tener simple curiosidad por las ideas que uno no conoce o no comparte. O puede uno estudiar ideas que le parecen aberrantes para estar bien pertrechado de argumento cuando vuelvan a aparecer, aunque sea con otros nombres. O para evitar caer en sus mismas miserias, como por ejemplo la de quemar libros, muy del gusto de los nazis.

La defensa de la libertad de expresión es así. Te coloca en la posición de defender los derechos de las personas política o moralmente más abyectas. Pero o se reconoce la libertad de expresión de todos o si permitimos que alguien se arrogue la facultad de decidir qué puede publicarse y qué no, acabaremos emulando a quienes comenzamos a prohibir.

Teoría de juegos y deterioro institucional

Es esencial para el arraigo de una sociedad civilizada que el sistema judicial garantice un verdadero Estado de Derecho. Es decir, un sistema judicial dotado con recursos humanos y materiales suficientes, respaldado por leyes que permitan actuar con contundencia frente a los delitos y, especialmente, funcionando con absoluta independencia de los poderes ejecutivo y legislativo.

Teoría de Juegos

La teoría de juegos ofrece un campo de trabajo bastante amplio en el ámbito de las ciencias sociales, dado que permite analizar muchas situaciones en donde la gente decide su acción basándose parcialmente en cómo piensa que otros reaccionarán y/o en cómo ellos mismos probablemente reaccionarán frente a las acciones de los otros.

Es decir, las partes en un juego frecuentemente tienen en cuenta el comportamiento anticipado de los otros cuando toman sus decisiones, ya sea en los negocios, en la abogacía y, en general, en las interacciones sociales en donde diversos jugadores tienen el objetivo de maximizar su ganancia en el juego.

Juego de Deterioro Institucional

Permítanme que, a continuación, realice un planteamiento inicial de cómo se podría elaborar un estudio del deterioro institucional de un país por teoría de juegos, analizando las estrategias de juego que siguen diversos grupos poblacionales de jugadores, cuando no queda garantizada la independencia judicial y tampoco existe una financiación transparente de los partidos políticos.

Desde luego, no pretendo dejar ligados todos los pormenores de un análisis por teoría de juegos en un texto breve, pero sí deseo introducir las líneas generales que pueden permitir observar la espiral de degeneración del régimen político cuando carece de contrapesos para evitar la delincuencia y la intervenciones de los políticos contrarias a la Constitución

En primer lugar, encontramos una estructura institucional en el país, basada en una Constitución y el ordenamiento jurídico soportado por los pilares normativos de esa ley básica, lo que determina un esquema de incentivos y permite aplicar diferentes estrategias ganadoras a los diferentes grupos de jugadores.

Se trata de un juego de longitud infinita (superjuego) con millones de jugadores interactuando. Se realiza con información imperfecta y asimétrica, dado que algunos pocos jugadores tienen mejor información y mejores contactos para usarla que la inmensa mayoría de la población. Y se trata de un juego de suma "no-cero" en donde la ganancia de un jugador no necesariamente se corresponde con la pérdida de otro.

Como elemento de contraste del juego estaría el grado de respeto que cada grupo de jugadores tiene por las instituciones morales que permiten el arraigo del Estado de Derecho en una sociedad civilizada. Por ejemplo, entre otros, el grado de respeto por los derechos individuales (vida, libertad, propiedad privada e igualdad ante la ley), por el cumplimiento de los contratos, por el mercado, por la empresarialidad, por el dinero…


Grupos de jugadores

Propongo que se consideren cuatro grupos principales de jugadores que interactúan en el esquema de la figura. Un grupo A formado por una amplia mayoría de millones de ciudadanos que, en mayor o menor medida, respetan las instituciones morales arriba mencionadas.

Un grupo B que está formado por diversas minorías de delincuentes que están organizadas en tramas de corrupción, en mafias y, también, en grupos terroristas, ya que no dejan de ser mafias que infringen las normas legales establecidas por el derecho positivo y, por tanto, atacan las instituciones de modo reiterado y contumaz.

También encontramos un grupo C, que está formado por los jueces que, bien en oposiciones como en España bien en elecciones judiciales como en Estados Unidos, acceden a administrar la Justicia. En principio, suponemos que los jueces trabajan con profesionalidad e independencia, salvo cuando intentan acceder a los puestos directivos en donde, si quieren prosperar, en muchos casos acaban sometiéndose a los criterios políticos y, entonces, consideramos que se terminan integrando en el siguiente grupo de jugadores.

Los auténticos "decision makers" (tomadores de decisión) del juego forman el grupo D de la casta político judicial, ya que definen la reglas del juego con sus intervenciones.

En el caso de España, la casta político judicial está formada por los cerca de 80.000 altos cargos políticos y por sus compañeros de partido que logran prebendas en ayudas, subvenciones, concursos públicos, etc., valiéndose de información y contactos no accesibles al resto de los ciudadanos. Pero, tal y como hemos comentado antes, también incluye aquellos jueces que se integran o se acercan a un partido político para medrar y acabar siendo elegidos miembros de un Consejo General del Poder Judicial o de altos tribunales, como el Constitucional o el Supremo.

Desarrollo del juego

En función de la estructura institucional de cada país, los actores del juego perciben mayores o menores incentivos para, respectivamente, bien actuar con respeto por las instituciones morales que hemos introducido como elemento de contraste del juego, o bien atropellar los derechos civiles y contar con impunidad para la comisión de delitos.

La estructura institucional y, de modo especial, la presencia o ausencia de la independencia de los jueces y sus órganos directivos, determinan las diferentes estrategias "ganadoras" que adopta cada grupo de jugadores en el desarrollo durante décadas del juego, lo que hace evolucionar las instituciones hacia una democracia con un Estado de Derecho fuerte o involucionar hacia una democracia débil frente a la corrupción y la violencia organizadas.

Si analizamos el caso de España, el Consejo General del Poder Judicial es elegido por los políticos al igual que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, por lo que muchos ciudadanos observamos que es nula la independencia judicial, los recursos son escasos y la legislación debe mejorar la persecución de los delincuentes.

Pongamos el desarrollo del juego en nuestro país. Por un lado, tenemos el grupo A de la mayoría de los ciudadanos de bien que realiza su vida y su trabajo respetando las instituciones y, conforme avanza el proceso de deterioro institucional, su estrategia "ganadora" se distancia más y más de los políticos y los jueces para refugiarse en el ámbito estrictamente privado de la familia, los amigos y los negocios.

Enfrente de los anteriores se sitúa el grupo B de delincuentes cuya estrategia "ganadora" consiste en vulnerar los derechos individuales para lograr su beneficio por medio de las diversas variedades delictivas. Entendemos que la delincuencia también puede analizarse desde el ámbito de la teoría de juegos, dado que dependiendo del grado de independencia de los jueces, de los recursos con los que son provistos y, especialmente, de la contundencia de la legislación (reforma del código penal) que se implemente en cada país, existen mayores o menores incentivos en el grupo B para delinquir.

Justo en medio de ambos grupos de jugadores, se emplazan los dos grupos de tomadores de decisiones que son la clave para el desarrollo del juego de deterioro institucional o "decision makers": el grupo C (jueces) y el grupo D (casta político judicial).

Democracia liberal versus democracia deteriorada

En una democracia liberal, el grupo C sigue una estrategia clara de aplicación estricta de la ley, de un modo independiente respecto del grupo D que se debe limitar a legislar las leyes y gestionar las administraciones públicas. De hecho, el funcionamiento independiente de ambos grupos es la clave para evitar el prohibicionismo y los atropellos reiterados de derechos civiles. Es decir, en ese caso, las acciones del grupo C favorecen al grupo A mayoritario, cuando tienen independencia del grupo D.

Pero, sin embargo, en una democracia deteriorada, donde no queda garantizada una verdadera independencia judicial, los grupos C y D terminan gestionando erróneamente las instituciones.

El grupo D mantiene una estrategia "ganadora" que consiste en lograr el apoyo del mayor número de electores posibles para lo cual financia campañas electorales y de comunicación muy costosas.

Y, a su vez, el grupo B plantea su estrategia buscando alianzas con el grupo D para conseguir sus objetivos delinquiendo del modo más impune posible. Es más, el grupo B de delincuentes puede aprovechar la carencia de financiación transparente de los partidos políticos para comprar sus favores.

Finalmente, al existir una dependencia jerárquica del grupo C respecto del grupo D, en principio, muchos delincuentes del grupo B buscarán sus objetivos realizando sus fechorías, pero también buscando "pactar" con el grupo D.

En los casos de mayor deterioro moral, el grupo D de la casta político judicial puede terminar "negociando" con mafias terroristas, en lugar de luchar contra la violencia organizada.

Y, en las situaciones de mayor degeneración institucional, también el grupo D puede acabar mirando para otro lado y empleando las dilaciones judiciales y la prescripción de delitos para librase ellos mismos y al grupo B de la cárcel, en lugar de luchar contra la corrupción.

En resumen, en una democracia deteriorada, un estudio por teoría de juegos puede llevar a la conclusión de que los grupos C y D parecen terminar favoreciendo a aquellos colectivos que hemos agrupado en el grupo B de los delincuentes, en vez de trabajar para que prevalezcan los derechos civiles del grupo A, es decir, en vez de defender a los ciudadanos de bien.

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Fuera de la ley

Apenas he variado mis hábitos, y mis vicios son más o menos los mismos de siempre, pero, de un tiempo a esta parte, muchas de las cosas que hacía de forma cotidiana se han ido situando fuera de la ley. No es que haya añadido perversidad a mis actos, sino que la expansión legislativa ha sido tal que cada vez son más los hechos cotidianos que han sido regulados y expulsados del orden moral que el Estado prescribe. Tampoco debería escribir en primera persona, el mío no es un caso excepcional, pues todos nos hemos visto afectados por igual sin discriminación aparente.

Los fumadores no pueden ya fumar a no ser que se protejan tras las paredes de sus casas; los padres de familia descubren que circulaban hasta ahora a una velocidad hoy multada; no se permite escribir topónimos de algunas regiones españolas en español; prestar y compartir música o películas es ilegal; ¡hasta se controla el peso de las modelos y se regula el tallaje! La lista es interminable y se anuncian nuevas leyes que amenazan con perseguir el pensamiento disonante de la corrección política.

Norma a norma, desde la administración local pasando por la nacional hasta la europea, se ha ido sustituyendo la costumbre y la autonomía de las personas para resolver sus problemas por una organización centralizada, coactiva y monopolística de la sociedad. De forma concienzuda, metódica y paulatina, vivimos un proceso burocratizador que convierte al hombre en un sujeto pasivo cuyo camino es marcado desde arriba. Sin libertad ni responsabilidad para tomar decisiones autónomas nos deshumanizan y nos condenan a vivir como autómatas dentro de la granja feliz que han diseñado para nosotros.

La igualdad de todos los ciudadanos bajo estas prohibiciones y regulaciones parece garantizada, pero por encima de estos se sitúan los éforos contemporáneos. Haciendo y deshaciendo con capacidad para situarse por encima de la ley, los políticos no solo tienen capacidad para regular la realidad sino que pueden transgredir las normas generales situándose por encima del bien y del mal. Sus privilegios se mantienen y los demás ciudadanos no tienen autoridad ni potestad para reclamar sus derechos. La fuerza es monopolio del Estado y éste se cuida mucho de que sus ciudadanos puedan estar armados mientras que la legitimidad de esos derechos se obtiene por el hecho de pertenecer a la comunidad política, eliminando cualquier posibilidad para reclamar derechos previos que no puedan ser cercenados por una decisión política.

¿Cortinas de humo? ¿Agenda política estratégica? Preguntas superficiales dado que mientras prevalezca la dictadura del positivismo todas las facetas de nuestras vidas serán susceptibles de ser reguladas por el bien común o nuestro propio bien, eso sí. Mientras tanto, quienes se empeñen en mantener sus proscritas costumbres se quedarán fuera de la ley, con todas las consecuencias que eso conlleva.

Los enemigos de las mujeres

Uno de los mayores errores que hemos cometido nunca las mujeres es aceptar la idea de que para combatir la discriminación hay que discriminar. Es como si se propusiese, para combatir la esclavitud, el esclavizar a los amos. Este error, que se ve más claramente cuando se cambia el contexto, es defendido especialmente en un día como hoy, señalado en el calendario como Día Internacional de la Mujer.

Detrás de la ingenuidad de creer que, por conceder un día especial a las mujeres, la sociedad va a recapacitar acerca de lo importante que es la población femenina, hay un oscuro intento de controlarlo todo, empezando por la mujer.

Bien es verdad que en determinadas empresas hay diferencias salariales en función del sexo, y que hay mujeres maltratadas y asesinadas por sus parejas. Es verdad que a lo largo de la historia hemos pasado de no tener alma reconocida por el hombre en la Grecia antigua a necesitar la firma de un familiar varón para abrir una cuenta corriente en el banco en la España franquista.

Pero en la actualidad, y gracias al sacrificio y esfuerzo de muchas mujeres que nos precedieron, unas cara al público como feministas militantes y otras simplemente como mujeres que exigían igualdad ante la ley, las cosas no son igual. Probablemente esas mujeres luchadoras sentirían espanto al contemplar en qué han quedado sus reivindicaciones. Hemos pasado de las manos del padre a las manos del marido, y de ahí, directas, a las manos del Estado. Y lo que es aún peor: quienes pretenden esclavizar de nuevo a la mujer son otras mujeres. No dudo que tengan muy buenas intenciones, pero los resultados cantan.

El problema de fondo es el mismo que se planteaba en la antigüedad: ¿quiénes son los hombres para conceder graciosamente que las mujeres tienen o no alma? Es más, aun en el caso de que los afirmaran, ¿dejarían de tener las mujeres de entonces el mismo alma que los hombres (si es que estos la tienen)? La cuestión hoy en día es la igualdad de hombres y mujeres. ¿Quién son esas feministas colectivistas para decirnos a las demás mujeres si somos o no iguales a los hombres? Mientras las leyes se apliquen por igual a ambos, lo de menos es que venga una indocumentada a repartir sellos que certifican la igualdad.

A pesar de lo obvio que parecen estos argumentos, la mayoría de las mujeres sonríen encantadas cuando les felicitan en "su día" y se entretienen recordando lo malo que es la llamada violencia de género, lo maravillosas que somos las mujeres, las diferencias salariales y que no hay mujeres en puestos directivos. Juegos infantiles.

La violencia es mala cuando no es en defensa propia, tanto si el agredido es un hombre como si es una mujer. Y si hay más violencia hacia las mujeres es, entre otras cosas, porque nuestras madres y padres no nos enseñan a defendernos y nuestros gobernantes se aseguran de que no lo hagamos. Si tu pareja te pega, denuncia. ¿A quién? ¿A una justicia que hace años nos da miles de razones para dudar de su eficiencia? No, primero, defiéndete, si sabes y ves la oportunidad. Y eso implica aprender a nivelar la diferencia física entre hombres y mujeres, lo que es posible gracias a la libertad de armas.

No hay mujeres en puestos directivos. ¿Y qué? ¿Hay una confabulación de hombres para que no asciendan las mujeres? ¿Y la solución es crear leyes que obliguen a los hombres a ceder puestos directivos? Los datos dicen que es al revés, las cuotas aseguran que las minorías sigan siéndolo. Los estudiantes afro-americanos que estudiaron en grandes universidades americanas por "cuota" salieron peor preparados porque se era condescendiente con ellos, y engrosaban las filas del paro.

¿Por qué no hay más mujeres empresarias? Porque hay que arriesgar. Pues a lo mejor el problema (si es que es un problema) es que la mujer es más conservadora, dedica su tiempo a cosas diferentes que el hombre y tiene otra escala de valores. ¿Ser jefe es lo más importante? Pues que la que quiera, que arriesgue y monte su empresa. La solución de dar ayudas a mujeres empresarias por el mero hecho de ser mujer perpetúa la diferencia, la cristaliza y deja a la mujer a expensas de que el gobernante (hombre o mujer) le dé la ayuda o no.

Los enemigos de las mujeres no son los hombres, ni tampoco otras mujeres. Unos y otras funcionamos según los incentivos que hay en nuestra sociedad. Y esos incentivos dependen de los legisladores, los gestores políticos, los jueces… Pero también de quienes votan y quienes nos abstenemos. En el siglo XXI, en un continente que pertenece a lo que se llama "Primer Mundo", con pleno acceso a la Universidad, con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿vamos a seguir las mujeres comprando el cuento del falso feminismo que nos vende el Estado? La machacona insistencia en la igualdad no hace sino abrir la brecha de la diferencia, pero, además, es una excusa perfecta para que el Estado compre nuestra libertad con la moneda de cambio en la política: la subvención, el privilegio, el cargo…

El día que la mujer se rebelde de verdad contra el verdadero negrero empezaremos a caminar en la buena dirección.

El Norte de África une a los tiranos de todo el mundo

Oriente Medio y el norte de África son las regiones que mayor número de sátrapas concentran en sus gobiernos. Su casta política busca el enriquecimiento personal al tiempo que a la población le niegan el binomio bienestar-libertad. Practican una ostentación y un lujo que contrasta que la miseria de buena parte de los estratos sociales. En ocasiones, se usa la religión como pretexto; en otras, el burdo y manido recurso al neocolonialismo.

La sociedad civil ha dicho basta y ha arremetido. Mubarak cayó, no sin antes cometer un fraude electoral mayúsculo, que quizás, por paradojas de la vida, fue el detonante de su final. El estrafalario Gadafi, de momento, resiste. Veremos por cuánto tiempo y en qué condiciones queda el país, sea cual sea el resultado final.

Mientras tanto, la comunidad internacional "seria", esto es, aquella que apuesta por el Estado de Derecho, sigue sin saber muy bien cómo afrontar esta situación. Las advertencias al libio han caído en saco roto, quien de una forma cínica acusó a Al Qaeda de estar detrás de las revueltas, cuando realmente se está enfrentando a un pueblo que carece de medios para la lucha armada y que sólo cuenta con la fe en sí mismo para derrotar al tirano.

En cierta forma, está siendo un levantamiento romántico; de ahí que el régimen libio se esté cebando a la hora de aplacarlo. El resultado momentáneo es que las víctimas civiles proliferan. Con independencia de la solución final, será complicado que las heridas cicatricen en el corto y medio plazo.

Por otro lado, la otra parte "folclórica" de la comunidad internacional, esto es, el populismo, dice tener la receta para poner fin a los problemas. Ahí entra en juego el ínclito Hugo Chávez, quien fue uno de los valedores principales del dictador libio en los últimos meses, pues desde su punto de vista ambos estaban unidos frente al imperialismo…

La propuesta de "Comisión de Paz" defendida por el venezolano contó con el aval del gran dictador, aunque retirado, Fidel Castro. Éste sigue contemplando el mundo como si estuviéramos en plena guerra fría. Habla de la OTAN como organización maléfica. Habla de expolio de petróleo a Libia y, sobre todo, el cubano es cínico cuando sostiene que el mundo occidental tiene miedo a la democracia en el norte de África. Esto último lo afirma alguien que tiene a su pueblo bajo el yugo de la tiranía desde hace más de 50 años y donde los derechos humanos son una utopía.

Uno y otro, Chávez y Castro, hablan sin pudor de "evitar una guerra imperialista en Libia", sin echar un vistazo al panorama doméstico que tienen. No menos cínico es el punto de vista de esa organización fantasmagórica llamada ALBA, que da su apoyo y solidaridad al pueblo libio. Como diría un castizo, "a Dios rogando y con el mazo dando".

De la misma manera, es evidente que esta ola democrática amenaza con extenderse y no sólo en el contexto geográfico inmediato, sino más allá. Buen ejemplo de la veracidad de esta tesis es que Corea del Norte y China ya toman medidas. Kim Jong Il trata a toda costa de mantener el hermetismo de su país, aquel que le permite que la población sufra hambrunas y bombardear a su antojo submarinos y el territorio de Corea del Sur.

En cuanto a China, el "gigante amarillo" no está pasando por sus mejores momentos a nivel económico. Un problema con el que su capitalismo planificado no contaba se está cebando con ella en los últimos tiempos: la inflación. Curiosa la interpretación que ha hecho el gobierno de Pekín de lo que sucede en el norte de África, hablando de "caos" frente a la "estabilidad" que había con los tiranos previos y actuales. En función de este análisis, en China hay barra libre para cualquier intento de alterar el orden establecido.

Los placeres de Tía Margarita

Tante Marguerite es un renombrado restaurante parisino situado cerca de la Asamblea Nacional. Ha tenido que bregar, como todo el resto de locales, con el decreto Bertrand (el equivalente pajinesco de allí) que no permite fumar desde enero 2008 en ningún lugar público cerrado de Francia (ninguno, oiga). El Estado galo se preocupa tanto como aquí de la salud de sus insensatos ciudadanos y de los derechos de los fumadores pasivos.

La dueña del referido restaurante, viuda del célebre chef Bernard Loiseau, no ha querido renunciar a su clientela fumadora. Como buena emprendedora, y con el pequeño resquicio que la previa ley Evin ofrecía, ha ideado unos reservados especiales con un sistema ingenioso (y caro) para que ninguno de sus empleados tenga que respirar el fétido humo expelido por sus viciosos clientes, acostumbrados en darse al placer de fumar al tiempo que saboreaban un buen plato culinario, un café cargado o una copa de cognac. Primitivos…

Para ello, la comida se sirve mediante un sistema de pasaplatos en espacios herméticos (con acceso de doble puerta) y presurizados para que las insalubres prácticas puedan llevarse a cabo de forma segura. Unos potentes extractores de humo hacen el resto del trabajo. Los camareros se comunican con la molesta clientela mediante walkie talkies; con este cinturón sanitario evitan entrar en las contaminadas salas y respirar el aire viciado.

Toda esta logística le ha parecido insuficiente a la asociación de Derechos de los No Fumadores (DNF), que ha denunciado al Tente Marguerite por no contar sus reservados con puertas herméticas y, sobre todo, por fomentar en Internet y en la prensa el deleznable placer del fumeteo. Tal apología deberá ser erradicada de los templos de la degustación francesa. Y vaya si lo van a conseguir. La ley está de su parte y la vigilante DNF se ha servido de ella. Cela va de soi.

La viuda Dominique Loiseau ha comparecido el pasado enero como acusada ante el tribunal correccional de París. Ha alegado incomprensibles y egoístas justificaciones sobre su derecho de propiedad y de libre emprendimiento. Menuda arrogancia. El tribunal dará su veredicto el próximo 10 de marzo. Dicho fallo marcará también el destino del resto de locales galos que han instalado salas de fumar en su negocio intentando saltarse la "Ley".

Por cierto, buena parte de los clientes del Tente Marguerite son parlamentarios ("diputés", como diría nuestro ínclito ZP). Los mismos que aprobaron la ley anti-tabaco. Ninguno de ellos ha apoyado a la parte acusada y señalada por la neoinquisición.­­­­­­­


Coda: Holanda está de vuelta. Fue una de las primeras naciones de Europa en aplicar la prohibición draconiana del tabaco en todos los locales abiertos al público (si bien se permitió la práctica asentada de fumar marihuana en los coffee shops, siempre que no se mezclara con el pestilente tabaco). Recientemente ha dado marcha atrás y ha matizado dicha prohibición general: admite que puedan existir oasis de nicotina; se salvarán del desierto libre de humos aquellos pubs o cafés de menos de 70 metros cuadrados si sus dueños así lo deciden y no tienen contratados a terceros. Escocia está también planteando la derogación parcial del smoking ban. Bienvenida, cordura chiquita.

La Comisión europea dictará en breve directivas para unificar criterios con el fin de que no se desmadren las excepciones, tal y como ha sucedido en Holanda, y para que no haya duda del alcance de la prohibición en el territorio de la Unión. Hay cosas con las que no se juega.