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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Lo que necesitas no es amor (sino cumplir la ley)

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Este mes de diciembre se ha abierto más caliente de lo esperado. En España, la baja laboral por enfermedad masiva y sincronizada de los controladores aéreos, que han dejado en la estacada a muchos miles de pasajeros españoles y extranjeros, ha degenerado en un caos inesperado para muchos.

La cronología de los hechos y de las consecuencias son sabidas porque se han descrito exhaustivamente en los últimos días. Pero lo que me llama la atención es la impunidad (aparente) con la que miran al tendido estos gobernantes cuestionados, ni más ni menos, que por tomar medidas ilegales. Que reaccionaran a sabiendas, que fuera todo tardío y mal organizado no es novedad. Pero que el Ejército armado se ocupe de amedrentar a población desarmada es muy revelador. En primer lugar, dice mucho de la incapacidad del gobierno para dialogar. En segundo lugar, describe la arbitrariedad de nuestros representantes, elegidos por 11 millones de españoles, a la hora de decidir qué funciones son las atribuibles al Ejército español. En tercer lugar, habla de la hipocresía de la izquierda, que se le tiró al cuello a Esperanza Aguirre cuando despidió a los huelguistas del Metro de Madrid. Y sobre todo, es indignante la ilegalidad del "estado de alarma". Lo resume perfectamente Almudena Negro en su blog Es la libertad de expresión, idiotas. No tengo nada que añadir.

Pero este tipo de acciones no es exclusiva de nuestro país. En esta misma semana se ha producido un hecho con connotaciones semejantes en Buenos Aires, Argentina. Un numeroso grupo de narcos bolivianos y paraguayos se instala en un parque donde acuden vecinos a pasear, e intenta ocupar las casas por la fuerza. Ante el desorden, una juez ordena la actuación de las fuerzas del orden. Se producen tumultos y dos muertos. Pero sigue la ocupación ilegal y las protestas de los vecinos. De nuevo, un juez ordena la actuación de las fuerzas del orden. Pero, hete aquí que la presidente decide que de eso nada. Que es mejor que ellos solucionen sus cosas. Macri, alcalde de Buenos Aires, pedía a la presidente del Gobierno "que se aplique la ley, la orden de los jueces y que se despeje la zona". Y también pidió "a los vecinos de Lugano y Soldati para que no hagan justicia por mano propia". ¿Y por qué no dio el la orden a la Policía Metropolitana que depende de él? Se fue a hablar con presidencia y así sancionó la barbaridad. Cristina Kirchner no le recibió. Pero sí otros miembros del gobierno. Aun así, no hubo acuerdo. Pero la regidora argentina finalmente ordenó que la Policía Federal rodeara el parque, a petición de los invasores, que vieron que los vecinos estaban dispuestos a tomarse la justicia por su mano, ya que el gobierno no les amparaba.

Y ese es el tema. ¿Qué pasa cuando quienes detentan el monopolio de la fuerza no cumplen su misión? Sea mandando al ejército a ocuparse de algo que se les escapó de las manos por su incompetencia como en España, sea saltándose a la torera una decisión judicial ante una invasión violenta de la propiedad privada como en Argentina. Porque por más que la situación de los inmigrantes ilegales paraguayos y bolivianos fuera miserable, en un país en el que rige el imperio de la ley y existe una democracia "real", ¿cabe la invasión de la propiedad privada? Si la solución de Kirchner es darles subvenciones o una vivienda, el mensaje es "inmigrantes ilegales del mundo, venid a mi país, que utilizaré todos los medios que los argentinos me han dado para que ocupéis sus propiedades". Y así, la ley no será igual para todos y los argentinos verán su derecho a la propiedad privada reducida, a expensas de que aparezcan más inmigrantes organizados y violentos dispuestos a echar un pulso a la presidencia del gobierno.

Del mismo modo que los sindicalistas más privilegiados de España ya saben que solamente tienen que echar un órdago al gobierno para sacarle de sus casillas, y encima salir a hombros de ciudadanos muy confusos.

La una reclamando amor para solucionar una violación de los derechos de propiedad y los otros reclamando amor para quienes llevan años mintiendo, maquillando datos para cobrar más y extorsionando a quienes, por ocio o por trabajo, tienen que tomar un avión en una fecha señalada.

El amor no tiene que ver con la política. El orden sí. Y para ello, el cumplimiento de la ley es imprescindible. Si los gobiernos no sirven para defender a sus ciudadanos, sinceramente, que nos devuelvan la responsabilidad de la defensa. Que desaparezcan los jueces si sus sentencias no sirven y se interpretan en clave de amor versus xenofobia, que se utilice al Ejército también para asegurarse de que los terroristas están fuera de las instituciones españolas, ya que ese manoseado "diálogo" no funciona…

En mi opinión, esta perversión de la política tan peligrosa no se debe exclusivamente al argumento "amoroso" para no cumplir la ley. Es un mensaje a la ciudadanía, una muestra de poder, un decir "Pa chulo, chulo, mi pirulo" de puertas adentro y de puertas afuera. Cristina dice que no es Luis XIV, pero actúa como si lo fuera. Y lo mismo es aplicable a Zapatero.

Sea como fuere, el deterioro de nuestras instituciones, fruto de la actuación de los representantes elegidos por tantos millones, debería hacer reflexionar a esos votantes respecto al futuro. De lo contrario, sin instituciones y con una ciudadanía adormecida, la democracia está en serio peligro de desaparición. Pero no importa. Será un crimen por amor.

La mordaza bolivariana

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

En un escenario continental en el que se multiplican las leyes destinadas a acallar los medios no controlados por los Gobiernos, Hugo Chávez es desde hace años un ejemplo a seguir por personajes como el boliviano Evo Morales, el ecuatoriano Rafael Correa o la ex primera dama y actual presidenta argentina Cristina Fernández.

Ahora, el venezolano ha vuelto a adelantarse a sus pares populistas de izquierdas con una inesperada reforma de su propia "ley mordaza". El vicepresidente chavista, Elias Jaua, ha remitido a la Asamblea Nacional (controlada por el chavismo gracias a una ingeniería electoral que transformó en victoria por escaños una importante derrota en votos) un proyecto de reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como "Ley Resorte".

En el texto remitido a ese parlamento "títere" se incluyen fuertes medidas de control de internet, imaginables tan sólo en países como Vietnam o Arabia Saudí. Aunque todo el sistema de sanciones y prohibiciones no está pensado de forma exclusiva para la red, su aplicación a la misma podría hacer que tan sólo en Cuba o Corea del Norte fuera menos libre que en Venezuela. Así, el país caribeño va camino de convertirse en uno de los pocos del mundo en los que un proveedor de internet puede ser castigado por permitir el acceso a sitios web en los que haya mensajes anónimos, algo que ocurre en China y pocos lugares más.

La lista de contenidos por los que los medios, tradicionales y electrónicos, pueden ser sancionados es tan larga como absurda. Mostrar o describir escenas de violencia ficticia o real (esta última tan sólo se permite en informativos y cuando acaba de tener lugar), mencionar la existencia de prostitución o del consumo de drogas o alcohol son motivos suficientes para que una empresa de comunicación, incluidas las de internet, sea castigada. Y, por supuesto, no faltan los motivos políticos.

Aunque escritas con suficiente ambigüedad para que parezcan responder a necesidades de estabilidad o convivencia, las prohibiciones en materia política suponen un auténtico freno a la libertad de expresión fuera o dentro de ella. Así, se castiga entre muchos otros cualquier mensaje que la gubernamental Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) estime que incita o promueve la intolerancia por diversas razones, incluida la política. Pero hay dos casos especialmente sangrantes que recuerdan a las legislaciones de países como China y Cuba. Se castigan los contenidos que las autoridades estimen que tienen como objetivo crear "zozobra ciudadana o alterar el orden público" y también aquellos destinados a "irrespetar los Poderes Públicos o personas que ejerzan dichos cargos".

Los proveedores de internet podrán ser castigados por permitir acceder a cualquier contenido de los citados con anterioridad, todos ellos presentes en la red. Tan sólo mediante un rígido control, caro y complicado, de todos los contenidos existentes en internet pueden evitar ser sancionados cuando quiera el poder. Ante eso no les quedaría más remedio que bloquear el acceso al 99% de la web y vigilar el 1% restante por si algún opositor osa criticar a Chávez en una red social o página web. Muy parecido a lo que ocurre en China.

Del Estado del Bienestar al Estado de Alarma

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

De la misma forma que la caída del muro del Berlín el 9 de noviembre de 1989 marcó el final de una década, podríamos aventurar que la nuestra comenzó el 11 de septiembre de 2001 y todavía no ha concluido. Desde entonces una crisis latente recorre Occidente, que se ha demostrado incapaz de gestionar “el fin de las ideologías”, superadas por una síntesis de liberalismo estatista que promueve la doctrina de la tolerancia infinita frente al multiculturalismo en la forma de un Estado del Bienestar que se financia a través de una expansión crediticia irreal.

Entonces, no solo se tambalearon los cimientos de las Torres Gemelas, sino que con ellas se pusieron de manifiesto las debilidades de las formas políticas bajo las que nos organizamos actualmente. El pánico y la indefensión se calmaron con una respuesta contundente que conllevó restricciones en las libertades que, en algunos casos, se mantienen hasta el día de hoy. Entre otros ámbitos, Internet, que permanecía virgen a la intervención estatal, empezó a ser objeto de preocupación y legislación; estos días comprobamos cómo la fuerza de los gobiernos recae sobre un hombre, Julian Assange, héroe para unos y villano para otros, por mantener un refugio de anonimato en el que volcar secretos -y cotilleos- de Estado. El debate sobre la neutralidad en la red forma también la agenda política, y su regulación podría, en lugar de garantizar un acceso libre, garantizar la intervención estatal para igualarnos por la base en el mundo virtual. Ejemplos que algunos podrán considerar banales pero que sin duda marcan la tendencia de los estados, siempre dispuestos a garantizar la seguridad de sus ciudadanos a cambio de un alto precio. Otro ejemplo es el de la hiperregulación de sectores como el energético debido a la alarma creada por un supuesto apocalipsis climático que no termina de llegar pese a sus heraldos. Recientemente en España se ha decretado uno de los estados de excepción previstos en la Constitución para desbloquear el cierre del espacio aéreo que causaron los controladores al abandonar sus puestos de trabajo y en el que de momento nos encontramos.

El mismo temor que nos lleva a sacrificar libertades es la misma pulsión sobre la que se ha construido el Estado del Bienestar. El miedo a una enfermedad a la que no podríamos hacer frente por nosotros mismos nos incita a delegar esa responsabilidad, aunque la falta de incentivos de mercado para la investigación impida encontrar remedios futuros. El miedo a perder el trabajo nos impele a legitimar un sistema de subsidios que, en lugar de ayudar al posible desempleado, encarece y dificulta la contratación. Y así con todas y cada una de las garantías del bienestar que el abrazo maternal del Estado nos ha ido ofreciendo hasta constreñir la capacidad creadora y equilibradora del libre mercado. Un sistema económico y socialmente insostenible que empieza a colapsar, pero que no por ello impide a la propia organización reestructurarse para no perder su hegemonía. Como si de una extremidad gangrenada se tratase, el Estado se deshará de sus políticas más inoperantes sin renunciar a mantenernos en un verdadero Estado de Alarma.

Así, en este estado de pánico perpetuo en el que nos encontramos sometidos, parecemos decididos a renunciar a la libertad para garantizar nuestra seguridad. Como un rebaño de ciudadanos pastoreado por una casta de políticos, no reparamos a preguntarnos si la cerca que levantan a nuestro alrededor nos protege de los lobos o es utilizada para mantenernos bajo control. El lobo no solo se encuentra entre nosotros vistiendo piel de cordero, sino que nos domeña con el cayado del pastor.

¿Implica este razonamiento justificar o legitimar en algún modo un ataque terrorista, el bloqueo de la navegación aérea? Absolutamente no, de ningún modo. Siendo hechos muy distintos, solo son comparables en que sus únicos responsables son quienes los causaron: los terroristas en el primer caso y los controladores en el segundo.

Pero esto no debe impedir analizar las decisiones políticas desde una perspectiva crítica. De hecho, al no hacerlo caeríamos en una grave irresponsabilidadm pues jamás debemos olvidar las palabras de Jefferson advirtiendo que “el precio de la libertad es una eterna vigilancia” a sabiendas de que el poder a vigilar en nuestros días es el de las leyes que se atribuyen la capacidad de transformar la realidad. Leyes que pueden dictarse de forma provisional para atajar una situación de peligro inminente, real o imaginado, pero que terminan sumándose al acervo normativo para ser utilizadas de forma ordinaria en lugar de extraordinaria. Rara vez, cuando el Estado avanza restringiendo nuestras libertades vuelve sobre sus pasos deshaciendo el camino andado. Ahora más que nunca, los hombres celosos de su libertad deben -debemos- permanecer en un verdadero estado de alarma.

Entre la lejanía y el desprecio

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

“¡Van a lo suyo!”. “¡No tienen ni idea de lo que necesitamos!”. Las crisis económicas, las políticas e institucionales suelen ser las elegidas por los sufridos ciudadanos españoles para expresar así, o con epítetos menos educados, su descontento con la clase política a la que consideran lejana a sus verdaderos intereses. Sin embargo, las normas, leyes y políticas generales que hoy salen de los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos intentan organizar la sociedad y favorecer la convivencia, por lo que para otros muchos esta lejanía no es tal, sino cierta incapacidad propia para captar lo que es bueno para nosotros.

Buscar ejemplos de cómo un político se aleja de los ciudadanos no es imposible. La primera pregunta sería de dónde sacan que ciertas políticas públicas son relevantes, necesarias e imprescindibles. En otros países, los diputados tienen la obligación periódica (legal o moral) de reunirse con algunos de sus votantes y oír sus quejas y peticiones. Aunque podamos dudar de la eficacia de esta medida (la información sería incompleta, obsoleta y subjetiva, como poco), en España, esta situación es más utópica que otra cosa. Puede que a nivel local y en pequeñas poblaciones se pueda dar algún tipo de diálogo, pero en las grandes ciudades y, sobre todo, en las Comunidades Autónomas y en el Estado central, estos contactos son inexistentes. El resultado es un programa electoral, una especie de contrato social, lleno de una mezcla de ideología, subterráneos intereses de partido y mucha demagogia, que puede cumplirse en alguna de sus partes, o no.

Los procesos de mercado, los precios, las ofertas y las demandas nos ofrecen una serie de datos que permiten a los ciudadanos organizar sus recursos en función de sus intereses más inmediatos, o de los más lejanos, pero el político no tiene mucho más que su voluntad, interés y programa político, si las circunstancias no cambian, para decidir qué hacer, cómo y en beneficio de quién. La arrogancia de saber lo que nos conviene es en el fondo desprecio.

¿Son útiles leyes como las que obligan a rotular los carteles de los comercios catalanes en catalán, las que obligan a no fumar en lugares privados, pero de acceso público, o los que ordenan qué tipos de alimentos se deben dar a los escolares? El Estatuto catalán, el madrileño o del resto de las Comunidades Autónomas, ¿son tan necesarios que las autonomías entrarían en el caos y la violencia si no existieran? No digo que no estén justificados por argumentos como la salud pública o la necesidad de una legislación marco, pero ¿importan tanto como para dilapidar cientos de millones de los sufridos contribuyentes? El incremento de la presión fiscal –la mano en el bolsillo ajeno– es otra manera de lejanía, incluso de desprecio, al obtener de manera indiscriminada recursos que no son suyos.

El descaro con el que los políticos españoles pasan de puntillas por los casos de corrupción sin que la palabra dimisión pase siquiera por sus intervencionistas cerebros es otro ejemplo de cómo se muestra esta lejanía, este desprecio. En los países anglosajones, la moral privada y la pública están más estrechamente ligadas que en España y lo que algunos llaman asuntos de bragueta puede llegar a provocar dimisiones sorprendentes o ceses fulminantes. Lo que se juzga en este caso no es la moral sexual del político, sino su capacidad para engañar. Si se dedican a hacer esto con su familia, qué no podrán hacer cuando gestionan los miles de millones que se presupuestan. La potencialidad es peligrosa y no se estima un político potencialmente corrupto. En España, ni los más importantes casos de corrupción provocan demasiados ceses y dimisiones. Apenas hay casos de corrupción policial o judicial. Cuando los hay, es posible que vuelvan al partido o institución y sólo por decisión judicial, se abandona la gestión pública. Es posible que los inmuebles que ha obtenido el actual presidente del Congreso, José Bono, hayan sido en condiciones legales, pero la mera sospecha, el hecho de que los precios pagados puedan estar muy por debajo de los de mercado provocaría en otros casos una dimisión inmediata.

Así pues, esta lejanía se muestra sobre todo en las actitudes, pero en algunos casos también en las aptitudes. Sería de esperar que si un cargo va a tener la capacidad de tomar decisiones que afectan a millones de personas, éste tenga un mínimo de preparación tanto académica como de gestión real, es decir, alguien que haya desarrollado su carrera profesional en instituciones donde hubiera tenido deberes parecidos. En la lista de ministros que hasta la fecha ha habido en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se muestran algunos que no han acabado la carrera universitaria, otros que no han tenido mucho más que cargos políticos dentro del partido desde que se hicieron mayores de edad y, en general, personas que rezuman ideología y pretenden ser ingenieros sociales a través de normas y leyes que caen sin criterio sobre los ciudadanos. Lejanía y desprecio tanto de quien los nombra como de quien se presta para el puesto.

Homero y los orígenes de la democracia

Escrito por Emilio Díaz Rolando en . Publicado en Análisis diario.

La tradición literaria occidental muestra su primer testimonio en la Ilíada y la Odisea de Homero. Ambas están relacionadas en su temática con la guerra de Troya, un acontecimiento que históricamente tuvo lugar en el siglo XIII a.C. y cuya realidad fue enmascarada, como es habitual, por la transmisión oral a lo largo de los siglos. Pretendemos aquí bucear de forma sucinta en la primera de esas obras para descubrir aquellos aspectos de su contenido en los que podemos vislumbrar los primeros vagidos de lo que sería, andando unos siglos más, la democracia ateniense. La Ilíada es para este propósito fundamental porque era el libro de texto en el que los niños griegos aprendían a leer y a escribir, y donde recibían los conocimientos básicos que los integraban dentro de su polis y del universo mental helénico. No debe, pues, ser extraño considerar que de alguna manera las palabras atribuidas a Homero también estén en el inicio del largo camino que llevó del régimen monárquico basado en el caudillaje militar presente en la Ilíada a un régimen democrático asambleario.

La sociedad y las relaciones políticas reflejadas en la obra corresponden a una organización de estilo feudal. En lo más elevado de la pirámide se encuentra el rey de reyes, Agamenón, rey de Micenas, la ciudad más poderosa de Grecia en los tiempos de la guerra de Troya. El monarca es reconocido como un primus inter pares y posee el poder ejecutivo. Detrás de él están los reyes de las distintas ciudades que se han embarcado en la guerra contra Troya. Todos ellos forman una asamblea que discute la marcha de los asuntos públicos, pero que no tiene capacidad ejecutiva. Más abajo está el conjunto de servidores y tropas auxiliares que sirven de acompañamiento a los caudillos y que asisten a las asambleas sin tener voz ni voto. Finalmente, nos encontramos a los esclavos, gente capturada en su mayor parte durante el curso de la guerra.

Esa asamblea de reyes es la institución que podemos señalar como antecedente del régimen democrático. Su nombre en griego es agorá, término que encontramos en español como ágora. En ese órgano sólo pueden hablar los reyes que asisten a la guerra. En la agorá aparece una de las características del espíritu helénico que más ha influido en los rasgos identificativos de la cultura occidental. En ese órgano la palabra tiene el papel predominante. De este modo, la Ilíadano sólo se plantea como una narración de las hazañas de los hombres, sino como ámbito de exposición de las palabras que esos hombres valientes dijeron en sus reuniones.La asamblea y la palabra son los elementos distintivos de lo que andando los siglos será la democracia ateniense.  

Ahora bien, la palabra precisa para desarrollar sus capacidades de un marco en el que la libertad de expresión sea un principio irrenunciable. Ya en Homero vemos cómo esa libertad de expresión debe ser respetada en todos sus términos y cómo goza de una total inmunidad frente al poder, en este caso representado por Agamenón. Una vez que su cetro, símbolo de inmunidad, ha sido depositado por el kéryx (heraldo) en manos del orador, el rey de Micenas debe oír sin oponerse aquello que los demás reyes digan de él y de su política.         

Una prueba de lo que se veía obligado a escuchar el rey de Micenas sin que nada pudiera hacer contra su acusador Aquiles, son las palabras que éste le dirige nada más comenzar la obra, en la primera asamblea que recoge la obra. Allí Aquiles llega a insultar a Agamenón y a cuestionar su labor como jefe del ejército por una actuación suya que considera arbitraria y abusiva (Canto I, versos 150-172). Aunque Aquiles deba someterse a la decisión del jefe supremo, su cuestionamiento del poder es radical. El papel, que ese mismo poder cumple en la obra, queda desacreditado cuando el propio Agamenón debe ceder finalmente y pedir al héroe ofendido su regreso al campo de batalla.

Los héroes de la Ilíadaeran miembros de una clase social elevada, a la que pertenecían por derecho de sangre, pero esta condición no les eximía de tener que demostrar continuamente su superior cualidad en dos ámbitos: su valentía en el combate y su pericia en el discurso. Esta superior cualidad personal es denominada en griego areté, término que debe entenderse como excelencia. Esa noción de areté era asimilada por el futuro ciudadano mediante una formación intelectual fundada en los versos de la Ilíada.La evolución política ateniense llevó de un régimen monárquico semejante al reflejado en la Ilíada, a uno aristocrático y, finalmente, a uno democrático provocando que, paulatinamente, esa potencialidad de actuación en el ámbito público y la existencia de una areté innata fueran transvasándose de la vieja nobleza de sangre hacia cualquier varón que hubiera nacido en Atenas, hijo de padre y madre atenienses. Así, del mismo modo que el héroe griego, protagonista en exclusiva de la épica, debía mostrar su superior cualidad en el combate y en la asamblea de reyes, del ciudadano ateniense se esperaba que fuera valeroso en la falange de hoplitas durante el combate, en la que formaba codo con codo junto a otros conciudadanos suyos, y que participara activamente en la asamblea popular (ekklesía), sede de la soberanía del estado ateniense. La areté en la democracia es, como en el caso de los antiguos personajes de la épica, un deber del ciudadano que lleva aparejada la existencia de una serie de derechos para poder ejercerlo.

Quizá comprendiendo el enorme poder subversivo respecto al autoritarismo que se desprenden de algunos de los versos de Homero y su aroma liberal avant la lettre se explique por qué el legado de la antigüedad grecolatina ha sido expulsado por el poder dominante de las aulas donde actualmente pacen, más que aprenden, nuestros jóvenes.

Reforma del Código Penal

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En un país como España, con los ciudadanos y las principales instituciones amenazadas por el salvaje terrorismo de ETA, resulta desalentador comprobar cómo es todavía posible la prescripción de los delitos de terrorismo, hasta que entre en vigor la última modificación del Código Penal el próximo día 23 de diciembre de 2010.

En principio, desde hace muchos años se viene reclamando la inclusión del terrorismo entre los crímenes de lesa humanidad (Art. 5 CPI) que el Estatuto de Roma establece dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, para que le sean aplicables los criterios de imprescriptibilidad de los delitos y el principio de justicia universal y, por tanto, para que ningún Gobierno sin escrúpulos pueda intentar negociar atajos con los criminales.

En la última modificación, publicada en el BOE de 23 de junio de 2010, se han cambiado hasta 150 artículos. Por ejemplo, los delitos de terrorismo no prescribirán y se elevan las penas para los abusos sexuales cometidos a menores y también para la corrupción pública y privada.

Sin embargo, el Código Penal ha sido modificado en bastantes ocasiones, pero todavía admite la impunidad de la violencia por el simple paso del tiempo o por la decisión parcial de un Gobierno.

Si analizamos brevemente la jurisprudencia, nos encontramos con casos flagrantes de excesiva benevolencia con los delincuentes que hacen difícil, por no decir imposible, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

España es un claro ejemplo de país con una legislación excesivamente benévola, por lo que ya es refugio de mafias internacionales. Como no se castigan adecuadamente los delitos económicos, se han disparado los casos de corrupción, prevaricación, cohecho y malversación. Y como tampoco se penan con ejemplaridad los delitos de sangre ni el terrorismo, son los ciudadanos de bien quienes tienen que someterse, callarse o huir a regiones en donde puedan vivir sin padecer coacción o violencia.

Así, por ejemplo, el artículo 130 CP del Código Penal ampara la extinción de la responsabilidad criminal en diversos casos como, entre otros, el indulto o la prescripción del delito. Y el artículo 131 CP legisla la prescripción de los crímenes por el simple paso del tiempo. Incluso el artículo 133 CP incluye la prescripción de penas impuestas por sentencia firme, lo que constituye una auténtica barbaridad, dado que el tiempo no diluye la responsabilidad de los criminales.

¿Cuál es la razón moral que ampara la prescripción de un delito? Es un despropósito que un desfalco, una malversación de fondos públicos o, más aún, un asesinato prescriban. Todo ello solo beneficia a los delincuentes y les sirve de incentivo para cometer sus fechorías e, indudablemente, va en perjuicio de los ciudadanos de bien.

Por otro lado, es cierto que el artículo 25 de la Constitución Española de 1978 (CE) señala que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” de los presos, pero su aplicación en la práctica también esta proporcionando beneficios penitenciarios y, a la larga, más derechos a los delincuentes condenados y encarcelados que a las propias víctimas de sus fechorías.

Avalados por más de 1.600.000 firmas acreditadas, los padres de la niña Marta del Castillo, asesinada vilmente en Sevilla, han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados una petición para pedir un referéndum constitucional que instaure la condena a cadena perpetua “revisable” y el cumplimiento “íntegro” de las condenas, sin posibilidad de beneficio penitenciario para los delitos graves.

Sin duda, resultaría moralmente más lícito un Código Penal fundamentado en la protección efectiva de los derechos individuales con el castigo ejemplar de los delincuentes que los atacan. Con total seguridad, dicha reforma recibiría una mayoritaria aprobación de los ciudadanos en un referéndum (art. 92 CE).

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España o Cuba, las dos niñas Daniela

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Hace unos días nacía en Madrid una niña llamada Daniela. Sus padres, dos buenas personas, son periodistas. A pocos kilómetros de donde viven, en la misma ciudad, reside otra niña Daniela, de ocho años de edad y llegada desde el otro lado del Atlántico hace ahora cuatro meses. Sus padres también son dos buenas personas, y él, como los españoles a los que nos referíamos antes, también es periodista. Aquí se terminan las coincidencias entre ambas menores.

El futuro de la menor de ambas Daniela no se verá afectado por la profesión de sus padres más allá de los avatares propios de cualquier país democrático, como posibles periodos de desempleo en tiempos de crisis o cambios de residencia voluntarios por una mejora laboral. El ejercicio honesto del periodismo por parte de los progenitores de esta niña no le supondrá riesgo alguno. Muy al contrario. Si las cosas no dan un giro inesperado en España, los periodistas podrán seguir ejerciendo su labor en libertad y sin miedo a represalias, como penas de prisión o destierro. La Daniela madrileña tendrá, en principio, la infancia que puede esperar cualquier niña nacida en un país democrático. Lo contrario de lo que ha vivido su tocaya.

La mayor de las dos niñas llamadas Daniela nació y vivió hasta hace unas semanas en Cuba. Sin embargo, en plena infancia fue condenada, junto a sus progenitores y otros miembros de su familia, al destierro. Este castigo colectivo sustituye a uno, aún más brutal, que su padre sufría hasta su venida a España. Normando Hernández González, un valiente periodista independiente, fue detenido durante la llamada Primavera Negra de Cuba por ejercer su oficio de forma honesta. De los ocho años que hasta ahora ha vivido Daniela, durante siete y medio le robaron la presencia paterna en el hogar familiar. Para ver a Normando, cada muchos meses, ella y su madre tenían que viajar cientos de kilómetros a fin de poder visitarle en alguna de las inhumanas prisiones castristas en las que estuvo recluido durante ese periodo.

Pero el régimen dictatorial cubano no se conformaba con tener encarcelado al padre. Tenía que castigar a la hija. Daniela era testigo constante de episodios en los que las maestras decían a sus compañeros de clase que su padre era una persona muy mala, un terrorista que quería poner bombas con las que asesinar a los niños del colegio. Ella, una menor muy inteligente y sensible, sufría hasta puntos difíciles de imaginar en alguien de tan corta edad. Las consecuencias para su salud siguen todavía presentes.

Uno de los peores cargos que contra Normando Hernández se presentaron en el juicio farsa al que fue sometido en 2003 es digno de entrar en los anales de la infamia política. Se le condenó por criticar en un artículo la mala calidad del pan y apuntar a los responsables de ello. Si el propietario del horno es el Gobierno, el proveedor de la harina es el Gobierno y el empleador de los panaderos es el Gobierno, argumentaba el periodista, el pan es malo por culpa del Gobierno. Siete años y medio de prisión y un destierro que ahora acaba de comenzar es el alto precio que Normando y su familia pagan por escribir algo que en otro lugar del mundo no hubiera tenido consecuencias negativas para un profesional de la información.

No sólo los periodistas independientes y los disidentes pagan un alto precio por querer ser libres en la Cuba de Fidel y Raúl Castro. También lo hacen sus familiares, incluidos los niños pequeños como la hija de Normando Hernández González. No cabe hablar de avances y reformas en Cuba mientras a las niñas Daniela de la isla se les impida tener una vida como la que, en principio, tendrá la niña Daniela de Madrid, recién nacida hija de periodistas.

La discriminación positiva en EEUU: Sowell y los asiáticos

Escrito por Domingo Soriano en . Publicado en Análisis diario.

Hace unas semanas, un amigo[*] me mostró el cuadro de pobreza entre los menores norteamericanos en 2008, antes de que se hicieran patentes las peores consecuencias de la crisis. Según estas cifras, el 35% de los negros con menos de 18 años y el 33% de los hispanos vive en un hogar considerado oficialmente como "pobre"[**]. Mientras, entre los jóvenes blancos y asiáticos este porcentaje es del 12 y el 13%, respectivamente.

Lo primero que me llamó la atención fue el pésimo dato de negros y latinos, pero también la buena cifra de los asiáticos. ¿A nadie le extraña esto? Japoneses, coreanos o chinos llegaron a EEUU entre los años 60 y 80 con menos recursos –familia, cercanía a sus hogares, dinero, idioma, conocimientos sobre la sociedad americana, religión…– que los hispanos o los negros. Casi no han recibido ayudas del Estado, son la minoría que menos peso tiene en las políticas de discriminación positiva y, sin embargo, hace mucho que sus ingresos dejaron atrás a los de aquellos colectivos. Quizás alguien debería empezar a preguntarse si una cosa y otra no tienen alguna relación.

Siempre he pensado que nada ha sido tan dañino para la historia estadounidense como la esclavitud, con la que convivió durante casi un siglo y cuyas secuelas han perdurado durante los 150 años restantes. Cuando los padres fundadores decidieron establecer que todos los hombres eran iguales ante la ley, se debieron de olvidar de los que tenían esclavizados en sus haciendas y, claro, un descuido de este calibre iba a tener consecuencias funestas.

Si el siglo XIX vio una Guerra Civil y casi el desmembramiento de la Unión por la llamada cuestión negra, podríamos decir que la segunda mitad del siglo XX ha sido la época del desagravio. El problema es que, en este proceso, se han subvertido algunos de los valores más poderosos de la democracia americana y, evidentemente, tampoco este error ha salido gratis.

La denominada affirmative action (por cierto, seguida con parecido entusiasmo por demócratas y republicanos) es una teoría que establece que se deben intentar reparar en el presente las injusticias que diversos grupos de población (mujeres, indios, minusválidos, afroamericanos…) han sufrido en el pasado. De esta manera, lo que se pretende no es que los ciudadanos sean iguales ante la ley sino que se intenta conseguir que sean iguales tras la aplicación de la ley.

Este tipo de medidas están basadas en una mezcla de mala conciencia (por lo que los antepasados han hecho), corrección política (que los medios se encargan de alentar), ingeniería social (el intervencionismo a derecha e izquierda quiere diseñar una sociedad a su medida porque le da miedo que los hombres libres decidan por sí mismos), paternalismo (políticos, periodistas e intelectuales unidos, para proteger a una sociedad que no sabría organizarse por sí misma) y táctica electoral (se favorece a un grupo social fácilmente identificable para conseguir el apoyo de sus miembros).

El problema es que la arrogancia intervencionista siempre tiene que hacer frente a la dura realidad cotidiana. Las leyes no se aplican a las sociedades en abstracto, sino a cada una de las personas que vive en el territorio en el que están vigentes. Así, el aparentemente lógico deseo de aumentar la presencia de una minoría en una universidad provocará que un estudiante blanco más preparado (y que se ha esforzado más) vea cómo el puesto que le corresponde va a parar a un compañero con peores registros académicos. Ni este candidato tiene esclavos trabajando en sus posesiones ni tiene la culpa de que sus tatarabuelos los tuvieran. De esta manera, al trato de favor habitual en el pasado, y que tan penoso nos parece ahora, le ha sucedido una fuerza en sentido contrario, que trata de reparar una injusticia con otra.

Como era de esperar, las medidas de este tipo no sólo no han tenido el efecto esperado, sino que, en muchos casos, han provocado reacciones en la dirección opuesta. Éste es el principal lamento de Thomas Sowell en su muy interesante libro La discriminación positiva en el mundo. Sowell, un liberal de raza negra, escribe lo que nadie se atreve a decir en alto, y lo hace apoyado en estadísticas y ejemplos. Éstas son algunas de sus más inteligentes reflexiones:

Sobre los beneficios para la sociedad: "Tanto los grupos preferentes como los no preferentes reducen sus esfuerzos: los primeros porque no necesitan rendir al máximo, los segundos porque esforzarse al máximo resulta inútil. Se produce una pérdida neta, no una suma cero".

Acerca de su eficacia contra la pobreza: "El porcentaje de familias negras con ingresos inferiores al umbral de la pobreza pasó del 87% al 47% entre 1940 y 1960, antes de la legislación a favor de los derechos civiles. Entre 1960 y 1970, disminuyó un 17% más, y desde entonces, con la discriminación positiva, este índice de pobreza entre los negros sólo ha descendido un 1% adicional".

En la universidad: "Los jóvenes negros con más aptitudes rinden especialmente bien cuando se encuentran entre otros jóvenes con más aptitudes, y no cuando se les educa en presencia de otros estudiantes negros menos aptos. Una masa crítica intelectual produce resultados contrarios a una masa crítica racial. (…) A pesar de que el número de estudiantes negros en Berkeley aumentó en la década de los 80, el número de licenciados negros disminuyó. Estos estudiantes negros sobresalientes (admitidos en Berkeley a causa de la discriminación positiva y con buenas notas, aunque no tan altas como las habituales en esta facultad) podrían haberse licenciado en otras universidades".

La ‘justificación’ histórica: "Los males de las generaciones pasadas y siglos pasados seguirán siendo males irrevocables a pesar de lo que hagamos en la actualidad".

¿Respeto o caridad?: "Los defensores de la discriminación positiva en EEUU han dado la vuelta completamente a la historia de los negros. En lugar de ganarse el respeto de otros grupos por salir por sí solos de la pobreza (como hicieron entre 1940 y 1960), amigos y críticos por igual suelen pensar que los negros deben sus mejoras a los beneficios gubernamentales".

La justificación política: "¿Por qué el progreso social anterior a los 70 (antes de la discriminación positiva) se desecha como la política de ‘no hacer nada’? Porque, independientemente de los beneficios sociales y económicos, ofrece pocas recompensas a los políticos, activistas e intelectuales, o a quienes desean aparecer como moralmente superiores".

[*] Posdata: Muchas de las ideas de este artículo las he expuesto en algunos comentarios previos en La batalla por la Casa Blanca, blog al que he sido invitado a participar por su creador Pedro Soriano, mi primo y uno de los mayores expertos en política estadounidense que conozco. Aunque él nunca se calificaría de liberal, su inteligencia, su curiosidad constante y su elegancia en la discusión ideológica merecen la consideración de aquellos que, sin compartir su ideario, aprendemos mucho cada vez que le leemos.

[**] Definición de pobreza: En general hay dos formas de medir la pobreza y las dos están equivocadas. Pueden servir para algunas comparaciones siempre que tengamos presente de dónde provienen; pero deben matizarse para no caer en el error de pensar que el 15% de los estadounidense son pobres, algo que no es cierto en ningún caso y, además, ayuda a la numerosa retórica antiamericana.

El primer indicador de pobreza (el que más repercusión tiene en los medios) mide los ingresos en términos relativos. Es el que utiliza el INE en España, aunque también es muy habitual en estudios académicos de EEUU. Esté método contabiliza como pobre a todo aquel que gane menos del 60% de la mediana de los ingresos. Si imaginamos un país con 100 ricos que ganen 2 millón de euros, cien más que ganen un millón y otros cien que ganen 300.000 euros: habría un tercio de la población considerada pobre. Evidentemente, éste no es el caso de EEUU o España, dos países en los que, efectivamente, hay personas con muy bajos ingresos, pero sirve para ilustrar la trampa estadística: con este tipo de instrumentos, siempre habrá entre un 15-20% de pobres oficiales y los políticos intervencionistas tendrán la justificación que necesitan para meterse en nuestros bolsillos.

El censo de EEUU mide la pobreza de forma algo diferente. El Gobierno norteamericano utiliza lo que denomina Poverty Treshold (ver pag 63) para determinar si un hogar puede calificarse como pobre. Aunque es una manera mucho más precisa que la que utiliza el INE, encierra un cierto equívoco desde el punto de vista conceptual. Pobre es una palabra fuerte, que el público asocia a una situación de miseria y falta de oportunidades. Cuando uno piensa en un pobre se imagina al tipo que está pidiendo en la puerta de la iglesia. Un matrimonio con un hijo y unos ingresos anuales de 17.268 dólares puede tener muchas dificultades para llegar a fin de mes, pero no es pobre en el sentido clásico del término. Además, el censo sólo mide los ingresos, no las posesiones: es decir, un jubilado con una pensión de jubilación baja pero numerosas propiedades puede ser considerado pobre, aunque no lo sea en absoluto y tenga todas sus necesidades cubiertas (y lo mismo ocurre con estudiantes, habitantes de zonas rurales, etc…)

Sí a la marihuana

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Condados y ayuntamientos podrían abstenerse de implementar la Proposición 19, o gravar el comercio con impuestos e implantar licencias. Como sucede con el alcohol, la permisividad variaría según las sensibilidades locales.

La medida goza de una gran popularidad y tiene posibilidades reales de aprobarse. Las encuestas muestran repetidamente un apoyo cercano al 50%. La última de ellas, del Public Policy Institute of California, arrojaba un respaldo del 52%. El estamento político y mediático son la principal oposición a la propuesta, pero sus partidarios se están movilizando más: desde la campaña Yes on 19 de Richard Lee, que ya se ha gastado unos 2 millones de dólares, a la Drug Policy Alliance financiada por George Soros, que acaba de aportar 1 millón de dólares más a la causa, pasando por la National Organization for the Reform of Marijuana Laws o el grupo Just Say Now, que promueve iniciativas similares en otros estados.

Curiosamente la mayoría de quienes votarán a favor de la Proposición 19 también votará demócrata en las elecciones legislativas, pero la idea de que los demócratas están a favor de reformar el statu quo legal de las drogas es pura fantasía. Éste no es un debate que enfrenta a los dos grandes partidos, todo el establishment político está en contra de la legalización. De hecho, los dos políticos que más fervientemente han defendido la liberalización son republicanos: el congresista por Texas Ron Paul y el gobernador de Nuevo México Gary Johnson.

¿Por qué los californianos deben votar SÍ a la Proposición 19? Los liberales suelen conceder a los prohibicionistas la premisa de que el consumo de drogas es nocivo. Así, el argumento se plantea a la defensiva: drogarse es perjudicial, pero la persona es dueña de su propio cuerpo y tiene derecho a hacer con él lo que quiera. O desde un punto de vista consecuencialista: la guerra contra las drogas y su corolario, el mercado negro, causa más daño del que evita, disparando los índices de criminalidad y despilfarrando recursos. Ambos enfoques son aceptables, pero yo no concedo tanto.

Mi concepción del mundo de las drogas ha cambiado con los años. Antes creía que la mayoría de consumidores eran adictos, mi imagen del usuario prototípico era la de un "yonqui" y daba por sentado que las drogas conducían inexorablemente a la marginación social y a la tragedia familiar. Era el mensaje que transmitían las películas, la escuela, los padres y el Estado.

Aunque sigo sin consumirlas, hoy ya no tengo esa visión tan sombría de las drogas. En parte porque he conocido a gente normal, con una vida normal, que consumía esporádicamente drogas duras o blandas. Pero sobre todo por la marabunta de datos recogidos en el libro Saying Yes: In Defense of Drug Use, de Jacob Sullum, un veterano columnista de Reason que siempre había admirado por su moderación y rigor en sus planteamientos radicales.

En relación con la marihuana, por ejemplo, es falso que la droga enganche hasta el punto que el usuario medio deviene adicto. Según datos de la National Comorbidity Survey de 1994, solo un 9% de los consumidores de marihuana entra dentro de la categoría de "dependientes" de la American Psychiatric Association. El porcentaje equivalente para los consumidores de alcohol es del 15%. Estos datos ilustran que la mayoría de consumidores de marihuana se fuman un porro como aquel que consume un cóctel antes de cenar.

La evidencia de que la marihuana perjudica la salud es tan débil que un editorial de The Lancet, la prestigiosa revista médica británica, afirmó en 1995 que "el consumo de cannabis, incluso a largo plazo, no es nocivo para la salud". Esta conclusión quizás es demasiado rotunda, pero lo cierto es que no se registran muertes por marihuana, a diferencia de lo que ocurre con el tabaco (435.000 anuales en Estados Unidos) y el alcohol (85.000). Tampoco está establecido, como señaló el Comité Especial del Senado canadiense sobre drogas ilegales en 2002, que el consumo intensivo de marihuana tenga efectos perjudiciales sobre las funciones cognitivas.

La votación en California, además, puede tener repercusiones políticas en México, el país vecino, donde varios ex presidentes (Ernesto Zedillo y Vicente Fox) se han declarado favorables a la legalización de las drogas para reducir los estragos del narcotráfico. El actual presidente de México, Felipe Calderón, se ha mostrado dispuesto a debatir la cuestión. Se estima que más de la mitad de los ingresos de los cárteles mexicanos proviene de la marihuana. Gracias a la prohibición, 1 kilo de marihuana que vale 80 dólares en México se vende por 2.000 dólares en Estados Unidos.

Si la Propuesta 19 sale adelante el Gobierno mexicano podría unirse a California contra Washington, o presionar a Washington para que revise su política. En Estados Unidos han pasado 14 años desde la Proposición 215 que legalizaba la marihuana médica en California. Hoy ya es legal en 15 estados. La Proposición 19 tiene el potencial de impulsar la misma tendencia.

La lucha contra la violencia organizada

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Es una inmoralidad la connivencia y la negociación de cualquier Gobierno con la violencia organizada en forma de bandas terroristas, mafias, señores de la guerra o extremistas del más variado pelaje, cuando va más allá de perseguir el castigo ejemplar de sus delitos y lograr su rendición sin concesiones.

Dada la importancia que tiene la violencia para el triunfo de las utopías “colectivistas”, permítanme que reflexione brevemente sobre la inmoralidad de las negociaciones políticas con las organizaciones violentas.

¿Por qué es inmoral la negociación con la violencia organizada?

Los ciudadanos tienen el derecho de exigir del Estado que como mínimo sea capaz de garantizar formalmente y proteger judicialmente de un modo eficaz los cuatro derechos esenciales para el desarrollo de una sociedad civilizada: el derecho a la vida (Art. 15 CE), el derecho a la libertad (Art. 16 y 17 CE), el derecho a la propiedad privada (Art. 33 CE) y el derecho a la igualdad ante la ley (Art. 14 CE).

Esos derechos individuales son universales, inalienables e inmanentes a la propia naturaleza de un ser humano libre, por lo que quedan por encima de cualquier ordenamiento jurídico organizado con base en una Constitución –o diversas normas y convenciones no escritas, como en Inglaterra— que recibe el consentimiento tácito o explícito de los ciudadanos.

Según esas dos premisas constituyentes, los ciudadanos tienen el derecho de exigir que todas las actuaciones del Estado vayan encaminadas a garantizar la protección efectiva de esos derechos intransferibles, mediante la existencia de un Estado de Derecho que proporcione seguridad democrática.

Seguridad Democrática

Pues bien, observar el proceso de consolidación institucional y de fortalecimiento de la seguridad democrática en Colombia sirve para comprobar cómo triunfan las políticas de lucha continua, tenaz, heroica e inteligente de su Gobierno, primero con Álvaro Uribe y ahora con el Presidente Juan Manuel Santos, contra un grupo narcoterrorista como las FARC.

La auténtica revolución es respetar el sistema de democracia multipartidista y arraigar la sociedad civilizada proporcionando seguridad e infraestructuras que extiendan la protección de los derechos individuales de los ciudadanos a todas las aldeas, pueblos y ciudades del país. Es una condición indispensable para que las personas puedan trabajar con tranquilidad para emprender sus negocios y poder hacer progresar sus familias, sin que ningún colectivo de bárbaros pueda imponer sus utopías mediante el ejercicio de la violencia organizada en forma de secuestros, extorsiones y asesinatos.

Amenazas para la seguridad democrática

Sin embargo, las amenazas terroristas que afronta la seguridad democrática son evidentes desde hace mucho tiempo. El 12 de enero de 1966, la primera Conferencia Tricontinental de La Habana dio origen a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), lo que sirvió para inaugurar el soporte y la colaboración internacionales de los regímenes y partidos comunistas con las organizaciones terroristas que promueven la “colectivización” de la sociedad por medio de la violencia.

Recientemente, el auto de procesamiento de etarras que ha emitido la Audiencia Nacional, en el sumario 75/09 (DP 263/2008), demuestra con documentos y pruebas fehacientes la colaboración terrorista internacional entre las FARC y la ETA.

Incluso las investigaciones policiales aportan datos sobre los apoyos al grupo terrorista ETA desde la “revolución bolivariana” del dictador Hugo Chávez y la protección desde la “revolución castrista” de Cuba. De hecho, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional está intentando procesar a supuestos terroristas que emplean como refugio el oasis caribeño como, por ejemplo, Arturo Cubillas –que tiene el dudoso honor de administrar para el Gobierno de Venezuela los procesos de expropiación— por su posible soporte en el adiestramiento en territorio venezolano de grupos de terroristas de las FARC y de ETA.

Reiteradas y erróneas concesiones

En cualquier caso, contrasta la actual seguridad democrática impulsada desde la Presidencia de Colombia y su lucha sin concesiones frente al narcoterrorismo, con la inmoral actitud negociadora del Gobierno de España.

Como parece inverosímil que un Estado democrático negocie con la violencia organizada, permítanme que señale las últimas concesiones del Gobierno de España.

En primer lugar, podemos observar cómo la estrategia de seguridad frente a la violencia organizada en el ámbito internacional no está actuando para arrinconar a los países y grupos que ejercen la violencia como método delictivo para conseguir fines políticos. De hecho, el Gobierno de España consiente en mantener relaciones diplomáticas “normales” con dictaduras comunistas como Venezuela y Cuba, dando oxígeno a sus políticas totalitarias de aplastamiento de los opositores y quebrantamiento de los derechos humanos más básicos.

Aún peor, con su diplomacia “naif” de alianza de civilizaciones, más propia de un patio de colegio que de una democracia occidental, el Gobierno de España se permite negociar con los grupos terroristas de Al Qaeda en Mauritania y pagar un rescate –de más de 3 millones de euros— para liberar ciudadanos, secuestrados en razón de su temeridad e imprudencia al hacer “turismo de cooperación” en regiones pobres, pero peligrosas, en que proliferan grupos armados y extremismo religioso.

La extorsión consentida y el rescate pagado a esos grupos terroristas sirven para alimentar su violencia con la financiación de futuros atentados y ataques. En el caso del islamismo radical, se financia el terrorismo en lejanos países como Irak o Afganistán –donde todavía trabajan heroicamente [1] [2] los militares españoles para proporcionar un mínimo de seguridad democrática—, pero también en Europa.

En segundo lugar, la estrategia de seguridad frente al terrorismo en España está siendo aún más equivocada, ya que el Ministerio de Interior de España negocia de un modo encubierto con el grupo terrorista ETA desde hace tiempo [3][4][5], en un claro ejercicio de hipocresía política y de evidente ausencia de valores éticos. Esto puede significar que el entorno del terrorismo pueda seguir gobernando en 41 municipios del País Vasco y esté presente en las diputaciones forales, lo que significa nutrir sus arcas con 31 millones de Euros anuales de los fondos públicos para que puedan mirar para otro lado o bien, directamente, ejerzan actos administrativos o “subvencionen” la violencia en contra de los ciudadanos no-nacionalistas de esas aldeas y pueblos.

La negociación inmoral implica que se sigan otorgando beneficios penitenciarios (acercamiento de presos, concesión del tercer grado, reducción de condenas…). También puede suponer que se permita a organizaciones vinculadas al entramado terrorista etarra su participación en las próximas elecciones municipales por medio de una nueva tregua trampa y a pesar de seguir ejerciendo la violencia en contra de la población indefensa.

Menos atentados a cambio de esa negociación para conseguir sus fines, y mayor recaudación por sus actos violentos, según revela el estudio sobre el coste económico del terrorismo del catedrático Miguel Buesa de la Universidad Complutense de Madrid, que ya había realizado un estudio científico sobre las consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco.

Fatal arrogancia de la negociación

En su fatal arrogancia, los políticos sin escrúpulos se creen llamados a salvar un país durante sus mandatos, obcecándose en conseguir réditos electorales que siempre son cortoplacistas, en vez de proseguir con las políticas de presión policial, financiera y judicial que obtengan resultados en el largo plazo, después de décadas de trabajo de muchos Gobiernos de diferentes ideologías, pero con conceptos claros en lo que a la lucha contra el terrorismo se refiere.

Pretenden apuntarse ellos solos la medalla electoral de erradicar el terrorismo, sin pararse a pensar en los valores morales que transmiten a la sociedad y en los perjuicios que ocasionan a la política contraterrorista de largo recorrido.

Las concesiones políticas en una negociación de “condiciones de paz” con el terrorismo son un error de concepto, ya que, aparte de inmoral, es una actitud débil y meliflua que postra a toda una nación ante las utópicas exigencias del grupo de violentos.

La negociación es, además, estéril ya que “retroalimenta” las acciones violentas al proporcionar objetivos políticos alcanzables a los terroristas y proporcionar esperanzas de rebajar el horizonte penal de los criminales, caracterizados por un perfil psicológico que les permite realizar actos de violencia sin sentir empatía ni sentimiento de culpa por las víctimas, rasgo propio de las personalidades psicopáticas.

Desde ese posicionamiento amoral, intentan imponer sus ideas extremistas a una sociedad por medio de pistolas y bombas, con treguas tácticas para rearmarse y nunca cejando en su empeño por conseguir sus objetivos radicales “colectivistas”, ya sean políticos o religiosos. Por ello, cualquier intento de negociación está condenado a fracaso, salvo que el Estado objeto de la violencia ceda a las pretensiones de los terroristas.

Valores morales y derrota del terrorismo

Los hechos de connivencia y negociación con la violencia organizada, nos permiten constatar cómo la casta político judicial puede acabar perdiendo los valores que son imprescindibles para defender los derechos civiles y derrotar al terrorismo, cuando no se produce la renovación generacional o bien queda distorsionada con gente poco cualificada moral e intelectualmente. Una lamentable situación que se produce por la carencia de democracia interna y de transparencia financiera en los partidos políticos, que son esenciales para la renovación de las ideas y la regeneración en los valores.

En estos casos, la estructura institucional queda rehén de las renuncias morales de la casta político judicial y no se corrigen las fisuras normativas que impiden una lucha noble e inteligente contra la violencia organizada. Una lucha que evite atajos como las negociaciones encubiertas, las hojas de ruta de concesiones penitenciarias, el “ensuciamiento” de las togas con el “polvo” del camino, y la rendición de un Estado frente a la violencia organizada.

Las autoridades políticas con valores morales nunca ceden ante el chantaje terrorista ni ante pueriles estrategias electorales. Asientan sus decisiones en el respeto estricto por los ciudadanos de bien, donde, por méritos evidentes, se incluyen las víctimas del terrorismo.

Y ese respeto significa emplear con profesionalidad las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detener sin excepción a los delincuentes y aplicarles el Estado de Derecho con todo el peso de la ley. Porque la lucha contra el terrorismo es un camino unidireccional que debe contemplar esencialmente el triunfo de la sociedad civilizada mediante la derrota de los violentos y el derecho de las víctimas al resarcimiento del daño ocasionado por los criminales y, de modo especial, en los casos de asesinato.   

Sentimos vergüenza los ciudadanos de bien cuando comprobamos como un asesino de 25 seres humanos, como el etarra José Ignacio de Juana Chaos, puede pasear libremente por las calles de Irlanda del Norte porque se ha beneficiado de una legislación penitenciaria “blanda” y de un Gobierno “benévolo y transigente” con la violencia terrorista, que ha permitido que cumpliese sólo 9 meses de cárcel por cada uno de sus 25 asesinatos.

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