Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Las primarias no resultan… en España

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Un atractivo espectáculo es el que ofrecen Tomás Gómez y Trinidad Jiménez compitiendo por la candidatura autonómica del PSOE de Madrid. Quienes apoyan esta buena opinión acerca de las elecciones primarias en los partidos políticos suelen acudir, además, al argumento de la competitividad como elemento positivo. Son dos argumentos, el democrático y el competitivo, que aportados simultáneamente parecen apoyar la bondad de las urnas pero que en un sistema constitucional como el vigente en España resultaría tan dificultoso de implantar como estéril en sus resultados. Lo democrático, teniendo en cuenta el mito predominante según el cual todo lo elegido es bueno, se une, en esto de las primarias, con la carrera competitiva, según la cual todo lo que triunfa en una pugna reglada es lo excelente. Al simplismo de esta argumentación se une la coletilla del ejemplo constitucional donde las virtudes de las primarias se perciben cada cuatro años: los Estados Unidos de América.

Vamos a dar por bueno el aserto de que las primarias al estilo americano son positivas y un ejemplo de democracia y, por ello, culmen de la excelencia. Damos por bueno también que la competitividad intrapartidaria en América concluye en la elección del mejor. Ambas afirmaciones tienen puntos discutibles pero, como supuesto del que partir, se pueden aceptar.

Lo que, por el contrario, no parece ya admisible es que trasplantar el sistema de las primarias a los partidos españoles haya de tener los mismos efectos que en los EE UU. Una de las dos diferencias que lo refuta está, justamente, en los modelos de partidos, muy diferentes, a ambos lados del Atlántico. La otra reside en el muy distinto papel que tales partidos políticos desarrollan en sus respectivos sistemas constitucionales.

Los partidos políticos españoles y, por extensión, europeos continentales, son los principales ejes de la vida política. Su estructura interna está formada por una pirámide orgánica, funcionarial y formal de carácter permanente. Su actividad interna es intensa, monopoliza la vida política de manera ininterrumpida entre elección y elección y su vida interna es, por tanto, jerárquica. El jefe del partido controla férreamente la organización y es el candidato usual a la jefatura del gobierno.

A diferencia de este modelo, los norteamericanos no ve a los partidos más que en periodos electorales porque no son los que estructuran la vida política; son, casi exclusivamente, clubs que organizan la selección previa de candidatos. Ante cada cita electoral los partidos Demócrata y Republicano resurgen una y otra vez sin haber tenido una actividad orgánica previa que posicionara a nadie como líder y su organización apenas puede servir de mecanismo selectivo. Nada que ver con los partidos en España.

No obstante, si alguien estuviera tentado en intentar trasplantar este modelo de partidos mínimos a nuestro sistema constitucional, habría que explicarle cuál es la razón, suprema razón, que lo impediría y que, en caso de llevarse a cabo, frustraría toda esperanza de que las primarias aquí fueran un ejercicio de democracia y de selección de los mejores.

No es casual que los partidos, en cada sistema, sean como son. El sistema político norteamericano es, por sí mismo, legítimo; no necesita de los partidos para canalizar la adhesión de los ciudadanos. La regularidad inalterable de sus citas electorales, la invariabilidad de sus ritos y símbolos, el apego a la Constitución, el culto a los hitos fundacionales y a los padres de la patria, la solidez, en suma, de sus instituciones democráticas y de las encargadas del control de sus excesos no precisa principalmente de los partidos. Los norteamericanos, desde los inicios de su nación, son, ante todo, ciudadanos venerantes de un sistema en el que creen porque lo llevan practicando casi sin interrupción durante más de dos siglos.

Al contrario, España y la Europa continental han sido escasamente creyentes en el sistema democrático-liberal durante ciento cincuenta de los mismos doscientos años en que los norteamericanos sí lo fueron. Los europeos han sido partidarios de sus partidos ideologizados y de los presidentes y secretarios generales de éstos antes que de ningún sistema constitucional y democrático. Han escrito y derribado constituciones sin número por impulsos revolucionarios y contrarrevolucionarios y solamente la brutal derrota de los totalitarismos de derecha en la Segunda Guerra Mundial ha podido lograr que los partidos políticos hayan abrazado el credo democrático durante los últimos ¡sesenta años! En España hizo falta para ello una guerra civil, cuya secuela franquista reduce a la mitad esa cifra. Y, hasta para ser demócratas hasta la médula, los europeos, y aún más los españoles, necesitan a sus partidos. La competitividad es, esencialmente entre partidos rivales, nunca entre candidatos del mismo partido pues la rivalidad entre éstos desencaja completamente el concepto mismo de partido a la europea.

Los partidos norteamericanos no son partidos permanentes ni jerárquicos porque no son pilares del sistema. Los de aquí sí lo son, por desgracia. ¿Qué sucedería en caso de trasplantar el sistema de primarias al PP, PSOE, UPyD, etc.? Pues que no habría más remedio, para sostener la integridad interna de esos grandes estructuradores de la democracia española, que introducir restricciones en esas elecciones internas. Sin duda, esto no es muy positivo o halagüeño, pero es la realidad.

La rigidez de los partidos en España es, sin duda, un lastre para el desarrollo y la mejora de los modos de gobernar y para las actitudes ciudadanas, pero la responsabilidad no está tanto en los partidos como en la fragilidad de las propias instituciones constitucionales. Y más de treinta años con un sistema educativo sectario y sectarizante no han hecho avanzar, sino al contrario, esa adhesión. Pero ese es otro tema.

Cómo se mofó Lubitsch de los totalitarismos

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial miles de espectadores deseaban evadirse en las salas de cine de la dolorosa realidad. El director Ernst Lubitsch –antiguo actor de teatro- no sólo llevaba atendiendo con éxito dicha demanda desde hacía años, sino que decidió burlarse elegantemente justo entonces de aquellos totalitarismos que contaban en su época con mayor apoyo popular (el socialismo real y el nazismo). Fruto de ello fue la producción de dos comedias devenidas en clásicos de la cinematografía.

Ninotchka (1939) relata la historia de amor que surge en París entre dos especimenes de mundos contrapuestos, el occidental (capitalista) y el soviético al toparse un vividor de apretada vida social (representado por Melvyn Douglas) con una emisaria comunista gélida y calculadora (Greta Garbo, alias Ninotchka) con motivo de la venta en la capital francesa de unas joyas expropiadas por el Estado soviético a una duquesa de la Rusia blanca.

Toda la película rebosa humor e ingenio. Por primera vez la divina Garbo intervenía en una comedia. Nada más bajar del tren en la estación parisina, la protagonista comenta que el trabajo del porteador de maletas era una injusticia social, a lo que éste le replica que eso dependía de la propina. Seguidamente le preguntan sus enlaces en la ciudad por la URSS después de los juicios (las purgas estalinistas, se entiende) y contesta –sin inmutarse- que tras aquéllos había muchos menos rusos pero los que quedaban eran mejores.

Otro diálogo memorable es el que mantiene el galán protagonista con su mayordomo, aterrado este último ante la perspectiva de tener que compartir, según los cánones marxistas, su cuenta bancaria y sus ahorros con su empleador, un crápula y un derrochador incorregible. Todos los actores secundarios lo bordan, en especial los inolvidables tres delegados soviéticos, subalternos de Ninotchka, que sucumben con deleite a los lujos capitalistas. Esta obra maestra, al parecer una de las favoritas de Lubitsch, fue nominada a cuatro Oscars; lástima que 1939 fuese también el año del estreno de Lo que el viento se llevó y de La diligencia que se llevaron todos los honores. Un excelente guión (Wilder y Brackett) apuntala esta incisiva comedia de la planificada Unión Soviética y sus insoportables servidumbres, algo insólito en el mundo del cine de entonces y de hoy.

El proverbial refinamiento fílmico del judío berlinés Lubitsch se enfocó un poco más tarde, en 1942 (año de la mítica Casablanca), en otra tiranía; esta vez contra la política belicista que los nazis estaban acometiendo en esos momentos. El resultado fue To be or not to be. Otra sátira deslumbrante con un guión de los llamados “de hierro” y un reparto perfecto. Se trata de una parodia a cuenta de la deplorable invasión nazi de Polonia en la que una compañía de actores de teatro, de gira por Varsovia, trata de impedir a toda costa que un profesor espía al servicio de la Gestapo desvelase los nombres de los cabecillas de la resistencia polaca. A tal fin despliegan, disfrazados de nacionalsocialistas, sus propias dotes interpretativas en un festín de situaciones equívocas, brillantes elipsis, gags desaforados y situaciones cada vez más enloquecidas a medida que avanza la trama.

En este enredo también hay una subtrama romántica de celos, desconfianza e infidelidad entre un terceto amoroso formado por el matrimonio protagonista (los actores Tura, encarnados por Jack Benny y Carole Lombard) y un piloto polaco, amante de la sra. Tura. El tan alabado “toque Lubitsch”, consistente en un sutil empleo de la sugerencia y del entrever no explícito, tiene en esta película uno de sus mejores exponentes. La chanza de las vanidades de los actores no fue menor que la dedicada a los nazis. A diferencia de lo que ocurrió dos años antes con el film más simplón El Gran dictador (Chaplin), los críticos de la época no supieron apreciar Ser o no ser y lo tacharon de banal e insensible. Con el tiempo, no obstante, se ha revelado como una magistral mofa del aplastante poder totalitario en el que había bastante de grotesco y de ridículo en toda su aparatosa parafernalia.

Estas dos sofisticadas comedias de Lubitsch son la mejor vacuna contra sendos modos de poder totalitario del siglo XX. ¿Algún director actual osará burlarse así de las tiranías actuales? Lo dudo; la corrección política o la timorata alianza de civilizaciones lo impedirían.

La extensa filmografía de Ernst Lubitsch (una cincuentena de películas mudas y, sobre todo, las veinte sonoras) le acredita como el mejor director de comedia cinematográfica de todos los tiempos. Los dos largometrajes aquí comentadas son, además, hitos primordiales para cualquier cinéfilo. También para todo aquél que tenga algún aprecio por la libertad.

Los gobiernos pueden delinquir

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Artículos en prensa.

Se parte de la premisa de que esa conducta posterior al secuestro contribuye precisamente al éxito de un crimen execrable. Dada la amplitud del tipo penal (art. 576 CP) todavía es mayor la probabilidad de que pueda considerarse, además, un delito de colaboración con banda terrorista, si la acción delictiva principal se ejecuta por los miembros de una organización así catalogada.

Nada de esto resulta novedoso en España. Aunque ya no ocupan portadas, durante años de extorsión y pillaje de la banda terrorista ETA, muchos allegados de secuestrados cedieron a la extorsión para que la banda los liberase de la tortura y la privación de libertad a que estaban sometidos.

Los casos de Emiliano Revilla, Julio Iglesias Zamora, Jose María Aldaya, Cosme Delclaux y tantos otros, suscitaron a la sazón reacciones muy distintas de los gobernantes socialistas y sus subordinados. Bien es cierto que a ese coro se sumaban amplios sectores de los medios de comunicación. Básicamente, personas que luego fueron condenadas por malversación de fondos públicos con el pretexto del terrorismo advertían a los familiares sobre las consecuencias penales que se derivarían de pagar un rescate, acción que, aseguraban, equivalía a la colaboración con banda armada. En algún caso se desató la demagogia de establecer una relación causal entre el pago del rescate por parte de los familiares –"ricos"– de los secuestrados y los asesinatos de los policías –"pobres"– servidores del Estado.

De hecho, la intervención del fiscal determinaba que estos familiares se vieran inmersos en procedimientos penales. No obstante, también en la mayoría de los casos la imputación de cooperación o complicidad en un secuestro o el más genérico de colaboración con banda armada no superaba la fase de instrucción. Los jueces de instrucción solían apreciar la concurrencia de la causa de justificación denominada "estado de necesidad" en un estadio preliminar de la causa y sobreseían libremente el asunto respecto a esos implicados. Un supuesto diferente se planteaba en el caso de los célebres "mediadores".

Ahora bien, el artículo 20.5 CP requiere que quien, para evitar un mal propio o ajeno, arguya el estado de necesidad demuestre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar; que la situación de necesidad no fuera provocada intencionadamente por él mismo y que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

Si bien la aplicación de esta eximente a familiares no ofrece mayor dificultad por las propias obligaciones jurídicas de prestación de ayuda entre parientes, la posición de los agentes del Estado no justifica jurídico-penalmente el pago de un rescate invocando esta justificación, o, al menos, no completamente, ya que estos últimos tienen unas obligaciones de persecución del delito sin más.

La vapuleada constitución vigente establece que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" (art 9.1). Sin embargo, desde el precedente del "Alacrana" se ha instalado un escandaloso cinismo entre los miembros del Gobierno. Por un lado, presumen de las "gestiones" que conducen a la liberación de los secuestrados, pero, por otro, niegan el pago de rescate que resulta el corolario lógico de la autocomplacencia exhibida. Negación a la que no puede ser ajeno el carácter presuntamente delictivo de esa conducta.

De igual modo, resulta asombrosa la pasividad de los jueces competentes por averiguar la verdad de lo ocurrido y ventilar las responsabilidades a que haya lugar.

Porque, en efecto, la apariencia de comisión de un delito público, perseguible de oficio, demanda que, conocidos los hechos someramente ("notitia criminis"), el juez de instrucción competente deba abrir sumario, con o sin denuncia de parte, incluido el fiscal. En el caso del secuestro de los tres miembros de la asociación "Acción sin fronteras" en la franja del Sahel entre Mauritania y Mali, dado el lugar de comisión del hecho en el extranjero y la nacionalidad española de sus víctimas, nos encontramos ante un caso típico de competencia de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, a través de la cual la jurisdicción española puede conocer en primera instancia de un asunto así, antes incluso de considerar si se trata o no de un delito calificable como terrorista.

Si bien en noviembre del año pasado las dificultades para averiguar los pormenores del secuestro en sede judicial resultaban obvias, no se comprende por qué el titular del juzgado central nº 4 de ese tribunal, Fernando Andreu, incoó diligencias sin citar a la persona liberada en marzo para interrogarla y haya esperado a la liberación de los otros dos cooperantes para hacerlo. Si las explicaciones oficiosas sobre esa inhibición para no perjudicar la liberación fueran serias, los mismos argumentos impedirían a los jueces "inmiscuirse" en los casos que la policía tarda en resolver. Aunque, ciertamente, proliferen jueces que actúan como epígonos del poder ejecutivo, esa línea de razonamiento invierte radicalmente lo que parecía la legalidad en España en cuanto a la persecución del delito. Son las fuerzas de policía, o, como en este caso, según alardea el Gobierno, los agentes del CNI quienes deben de dar cuenta inmediata al juez de sus investigaciones. Más aun cuando se descarta a priori la liberación por la fuerza.

La complacencia por la liberación de unos españoles tendrá una interpretación muy diferente para quienes están dispuestos a recurrir al secuestro de personas para lucrarse en los confines del globo donde recalen otros paisanos. La contumacia de este Gobierno puede deparar consecuencias indeseadas.

Normas

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

De todas las clasificaciones que pueden hacerse de las normas de conducta, aquella que considera como elemento esencial la voluntariedad en su cumplimiento permite aclarar importantísimos aspectos que, habitualmente, originan tanto juicios equivocados como una grave incomprensión de la lógica y el contenido normativos.

Formalmente, la norma de conducta es siempre exigible, en el sentido de que todo incumplimiento injustificado o ilícito acarrea una sanción. La naturaleza de dicha sanción distingue entre normas de contenido irresistible y normas de cumplimiento voluntario. Ambas, siendo efectivas, son tomadas como exigibles en cada interacción social que afecte a su contenido. Sucede que su inobservancia, en el caso de no ser irresistibles (no jurídicas), no justifica en absoluto que un tercero invada la esfera de libertad del incumplidor a fin de lograr un castigo. Dicha exigibilidad, respecto de las normas de cumplimiento voluntario, debe entenderse desde el lado de inacción (boicot pasivo), la denuncia (boicot activo) o el escarnio público, pero nunca su exigibilidad se verá traducida en forma de una compulsión sobre la persona y/o sus bienes.

Las normas cuya exigibilidad se estima irresistible dotan de contenido al orden jurídico, mientras que las normas que son de cumplimiento voluntario y, de ese modo, su exigibilidad no permite agredir la libertad o las propiedades del infractor, formarán el orden moral y sus agregados vinculados al decoro social, la urbanidad o el sentido común. El primer tipo de normas protege bienes jurídicos, como los relativos a la vida, la dignidad y la integridad humanas, así como a la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. El segundo tipo de normas protege bienes morales, pero también bienes vinculados a la normal y pacífica convivencia y a la consideración común sobre determinadas cuestiones. Es por ello que entre el orden moral y el orden político se tiende un puente sobre los cimientos del decoro social y la urbanidad, así como la existencia de un sentir general sobre concretos bienes y manifestaciones de la acción libre del individuo. Semejante límite difuso conduce a que los distintos órdenes de normas acaben entremezclados, no sólo por la superposición de contenidos jurídicos y morales, sino también por la irrupción del orbe político en el ámbito estricto de la recta o buena conducta.

Las normas resuelven conflictos recurrentes, y son reclamadas, modificadas o integradas ante conflictos aparentemente insólitos. Los conflictos de tipo político no se circunscriben exclusivamente a la mera organización de la convivencia y el ejercicio del poder público, o la institución de instancias y magistraturas. El orden político se extiende sobre toda aquella controversia que ataña a bienes comúnmente estimados por los individuos, y cuya protección o simple consideración termine sobrepasando los límites de lo político y, a través del puente del decoro y la moral social, penetre en el Derecho sirviéndose de su implacable irresistibilidad. El orden jurídico, por tanto, nunca es ajeno al sentido común o a la consideración general sobre aspectos que, en principio, no mantienen relación con la estricta defensa de la libertad individual, sino en demasiadas ocasiones con todo lo contrario, puesto que la incorporación en el seno del Derecho de determinados bienes como dignos de protección, llega a modular y limitar dicha libertad. El orden jurídico es objeto de una incursión que, al mismo tiempo, le agrede y corrompe, como le proporciona dinamismo, flexibilidad y adecuación a la realidad política y al tipo de convivencia vigente. Se trata, por tanto, de una relación inestable y que es origen una conflictividad inevitable.

Dada la aparente abstracción de las ideas hasta aquí expuestas, resulta conveniente aplicar su contenido teórico a ejemplos prácticos intensamente controvertidos:

1. El establecimiento de normas de protección sobre animales, parajes naturales, monumentos, obras artísticas o cualquier otro tipo de seres u objetos, no deriva de que se le esté reconociendo al objeto protegido derecho subjetivo alguno. En este sentido, ni un perro, por mucha simpatía que pueda provocarnos en su trato, como tampoco una Catedral gótica, forman parte del orden social humano más que como bienes que pueden crearse, destruirse e intercambiarse, bajo la mayor o menor consideración de quien sea su dueño o del resto de individuos. Las normas, que someten incluso a quien es propietario exclusivo del bien, tratan de afirmar conductas deseables respecto del cuidado o respeto de ciertos bienes (incluidos los animales). En ocasiones, la estima común, la consideración generalizada y, por tanto, la preocupación política sobre cierto tipo de bienes son tales que se convierten en bienes jurídicos, es decir, fundamento de normas que sí son irresistibles, incluso para el dueño de la cosa. El bien jurídico no es la dignidad del animal, o la integridad de una obra de arte o del bosque en cuestión, sino la estima general que los individuos sienten sobre dichos objetos. Cuando se prohíbe maltratar a cierto tipo de animales, no por ello se les está reconociendo, ni siquiera implícitamente, un derecho subjetivo (lo que implicaría también el reconocimiento de una personalidad quizá limitada, pero incluible en el orden jurídico como fuente de cierta esfera de dominio y libertad para dichos animales, lo cual sería absurdo). Se protege la estima o el respeto que sienten los individuos sobre determinados seres u objetos, que en un momento pueden ser unos y no otros, o que con el tiempo pueden ser considerados con mayor o menor intensidad.

2. Las normas de urbanidad atañen al decoro y la moral, como también a lo político (relativo a la convivencia explícita y controvertida), razón que convierte a este tipo de normas en eminentemente voluntarias o no jurídicas. La intensidad con que tales contenidos normativos se vean incluidos en el orbe del Derecho dependerá tanto del momento cultural como de la capacidad que tenga cierto poder de manipular el orden jurídico a su antojo y con carácter general e imperativo. El Constructivismo jurídico altera por completo el proceso competitivo de transformación normativa, decretando la irresistibilidad de determinadas conductas vinculadas a la moral, el decoro o la urbanidad. Esto no implica que un Derecho libre de intervención no llegara a incorporar la prohibición de ciertas conductas, y es por ello que no debería negarse tal posibilidad como consecuencia razonable de una actitud contraria al positivismo jurídico. Debe, en todo caso, valorarse tanto el momento cultural, como el sentir general o las implicaciones liberticidas que pudiera tener una prohibición concreta.

3. La paradoja del aborto contribuye a despejar bastantes dudas sobre la distinción entre tipos de normas en cuanto a su exigibilidad, voluntaria o irresistible. Obviamente el embrión o feto, desde la concepción, es un ser humano merecedor de cierta dignidad y consideración. El Derecho nunca le ha concedido idéntico reconocimiento al no nacido que al nacido, pero siempre han existido figuras, instituciones o sanciones en torno al bien jurídico protegido que éste representa. El aborto no puede ser un derecho subjetivo de la mujer porque el orden jurídico nunca debería contener derechos absolutos que representen la total negación de otros derechos como son la vida y la integridad humanas. Esto no quiere decir que todo aborto sea ilegítimo. En este sentido, el Derecho procurará, como decíamos, resolver conflictos recurrentes mediante instituciones que, a su vez, sirvan como referente en la resolución de conflictos inauditos en apariencia. Normas y prácticas habituales del Derecho que ayudan a equilibrar el conflicto entre bienes jurídicos: el derecho del no nacido frente el derecho de la madre a su integridad, su vida o su dignidad, pero nunca en la consideración de un único derecho, el de la madre, a disponer sobre la vida de un ser humano que, sobre dicho reconocimiento, perdería totalmente el amparo que merece la vida humana, como base sobre la que se asientan el resto de bienes jurídicos y morales.

Lo que viene sucediendo con la cuestión del aborto es que el sentir general, la estima o apreciación común de la mayoría de individuos, ha terminado por olvidar que el concebido no nacido es un ser humano como ellos, aunque en una fase distinta de su desarrollo y sometido a una dependencia particular, distinta también a la de un bebé, un enfermo o un anciano (dependencia intercambiable). Moralmente, el aborto fuera de los supuestos estrictamente conflictivos entre bienes jurídicos claros, acaba siendo asumido como un mal menor, o ni siquiera como un mal, trivializando la conducta y sus consecuencias, por la sencilla circunstancia de no ser presumiblemente evidentes: el feto, tenga más o menos forma humana, no es conocido de esa manera, sino como una abstracción, una fantasía que unas veces se llama embarazo y otras estado de buena esperanza. Y es esto lo que se ha terminado por proteger jurídicamente: el aprecio de la madre a dicha abstracción, idealización del embarazo, la espera de un nuevo ser… Es por ello que un aborto no deseado se considere “la pérdida de un hijo”, mientras que un aborto deseado pocas veces se identifique con la muerte de un hijo, sino como la mera “interrupción” del estado de gestación, como si ambas situaciones no tuvieran idénticas consecuencias físicas que, a su vez, debieran traducirse en unas mismas consecuencias morales y jurídicas.

La paradoja del aborto sirve para demostrar que el puente existente entre derecho, moral y política no sólo puede ser recorrido en una única dirección, aunque habitualmente así sea, sino que dicho puente también permite que el orden jurídico vea anulados aspectos esenciales que le son propios, todo ello como consecuencia del momento cultural, ideológico o moral de los individuos que forman cierto orden social.

McDonald contra Chicago

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

La familia de Otis McDonald proviene de Luisiana. Cuando era todavía un adolescente, se trasladó a Chicago, donde ha vivido desde entonces. McDonald ha sido testigo, como cualquier vecino de la ciudad del viento, del deterioro en la convivencia en sus calles. Él mismo ha sido un activista en la lucha contra el aumento de la delincuencia y el deterioro social que acompaña al tráfico ilegal de drogas. Unos traficantes le amenazaron por toda la labor social que estaba realizando, así que decidió comprarse una pistola del calibre 22. Acudió, para ello, a una comisaría de Policía para pedir un permiso, pero en Chicago la posesión de pistolas y revólveres está prohibida. Entonces, hace dos años, empezó la batalla legal que ha resultado en la decisión del Tribunal Supremo que lleva su nombre, McDonald vs. City of Chicago. “El hecho”, dijo este hombre de raza negra de 76 años, “es que hay mucha gente de mi edad que han trabajado duro toda su vida, para conseguir un buen sitio donde vivir… y tener una (pistola) nos haría estar mucho más cómodos”.

Chicago tiene una de las legislaciones más restrictivas con la posesión de armas de todos los Estados Unidos. Como en el caso de Washington, es también una de las que más sufren la incidencia del crimen. El fin de semana anterior a la sentencia 54 personas recibieron un disparo de arma de fuego, de las cuales diez perdieron la vida. Las leyes de control de armas no sirven para que los criminales, que ya han tomado la decisión de situarse fuera de la ley, no accedan a ellas. Sin embargo, sí limitan o impiden que los ciudadanos que cumplen las leyes puedan tener armas. El uso que harían de ellas es deportivo o de autodefensa, por lo que se da la circunstancia de que estas normas no limitan los usos criminales, pero sí los defensivos. Esa es la razón por la que, en contra del objetivo declarado, las leyes de control de armas favorecen el crimen, en lugar de contribuir a limitarlo.

El caso de Otis McDonald y otros le llevaba al Tribunal Supremo a una decisión anterior, el Distrito de Columbia contra Heller. En aquella sentencia, el Supremo reconocía que la Segunda Enmienda recoge un derecho fundamental a la posesión de armas para uso privado, dentro de la jurisdicción federal. Lo que se dirimía en este nuevo caso era si ese derecho prevalecería también ante las limitaciones que pudiesen imponer los Estados y los gobiernos locales, como el de Chicago. La lógica indicaba que sí. Tanto la de las mayorías, que imponen un predominio conservador en el Supremo, como la jurídica. Si un derecho fundamental, como es el de la autodefensa, recogido en la segunda enmienda, prevalece en un ámbito administrativo federal, ¿cómo podría no hacerlo en el local o estatal? Este es el sentido de la sentencia McDonald vs. La ciudad de Chicago.

Pero en este ámbito no vale sólo con la lógica. Las sentencias han de basarse en el acervo de las leyes y de la jurisprudencia. El Tribunal Supremo tenía dos caminos ante sí para llegar al buen puerto descrito. Los dos se encuentran en la decimocuarta enmienda. El que ha elegido el Supremo es el que viene recogido en las palabras “ningún Estado privará a una persona de su vida, libertad o propiedad sin las garantías procesales (due process) recogidas en la Ley, ni negará a cualquier persona bajo su jurisdicción de la igual protección de las leyes”. Lo que tenía que hacer el Supremo era “incorporar” la segunda enmienda a estos derechos, es decir, incluir la posesión de armas como parte de los derechos a la vida, la libertad o la propiedad, aquí recogidos.

No podría ser de otro modo. La segunda enmienda entraba en las consideraciones de los redactores de la número 14. Recordemos que esta fue escrita en 1868 y buscaba, entre otras cosas, que los Estados del sur no privasen a los negros de su derecho a la autodefensa. De hecho, el principal objetivo de esta enmienda era dejar sin efecto el fallo Dredd Scott vs. Sandford, redactado por el juez Taney, que negaba la plena ciudadanía a los negros. Como observó Taney, si los negros fueran ciudadanos estadounidenses, tendrían “plena libertad de expresión, a participar en encuentros públicos sobre asuntos políticos, y a tener y llevar armas allá donde fueren”. Contra esta consideración se escribió la 14 enmienda. De hecho, luego se reforzó con una ley que se ha conocido como la Ley Ku Klux Klan. Las leyes de control de armas han tenido una inspiración racista desde su inicio hasta, aproximadamente, los años 50-60 del siglo pasado, en que empezaron a prevalecer otras consideraciones, como el aumento del crimen y la incidencia del tráfico de drogas.

Pero ella abría también otro camino, distinto del de las “garantías procesales”, que le hubiese permitido al Supremo hacer prevalecer el derecho a defenderse con un arma también en los ámbitos estatal y local, y es el que procede de estas palabras: “Ningún Estado aprobará o hará cumplir una ley que socave los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”. El juez Alito, que es crítico con la cláusula de las garantías procesales, se sumó no obstante a la mayoría, mientras que el juez Thomas, acaso el más conservador del Tribunal, escribió una opinión personal defendiendo el camino abierto por la cláusula de los “privilegios e inmunidades”. Esta expresión hacía referencia, en el lenguaje de entonces, a los derechos básicos, como el de la autodefensa.

En cualquier caso, ni Heller ni McDonald cierran el debate jurídico sobre el alcance del derecho a defenderse con un arma. Ambas decisiones recogen la capacidad del gobierno federal y de los Estados y ciudades de regular el acceso y el uso de las armas, y no imponen unos límites muy claros. De modo que aunque estos dos fallos hayan ampliado la libertad y la seguridad de los ciudadanos de aquél país, todavía queda mucho por ganar.

La prostitución en los periódicos

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Hace varias semanas el presidente Zapatero volvió a exhibir sus ideas liberticidas. Fue durante el debate sobre el estado de la nación, cuando aseguró que "mientras sigan existiendo anuncios de contactos se estará contribuyendo a la normalización de esta actividad; por ello, estos anuncios deben eliminarse. Los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse".

El presidente debería entender varias cosas. Primero, que la prostitución está normalizada hace milenios. Es una actividad que está estabilizada en la normalidad desde que el hombre es hombre. Como Zapatero parece no haberse dado cuenta de este hecho (pese a que ya no es un tierno e ingenuo infante), confunde clamorosamente causa y efecto, ya que no son los anuncios en los periódicos los que hacen que la prostitución se normalice, sino más bien al contrario: el hecho de que la prostitución esté tan normalizada y demandada hace que se tenga que anunciar ampliamente. A no ser que el presidente, con su peculiar lógica cerebral, crea que la publicidad puede sostenerse en el tiempo si no hay una demanda que lo soporte. Pero la realidad nos indica que si ese servicio no estuviese tan solicitado no existirían tantos anuncios, ya que los anunciantes no encontrarían rentables las inversiones realizadas en publicidad.

Quizás lo que se debería proponer es normalizar la prostitución en el sentido jurídico, es decir, legalizarla. Como ya expuse en otro artículo, si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, ¿con qué derecho alguien puede inmiscuirse y prohibir un acuerdo voluntario y libre entre dos personas? Y más, sabiendo las consecuencias que se derivan de su ilegalidad.

El mismo razonamiento utilizaría para la publicidad en los diarios: si una persona quiere anunciar un servicio para llegar a un posible acuerdo con otra persona, ¿por qué impedirlo? O mejor dicho, ¿qué derecho tenemos a prohibirlo?

Ciertamente, a nadie se le obliga a punta de pistola a comprar un periódico y a tener que leerse los anuncios de prostitución. Si alguien considera que la prostitución es moralmente reprobable (está en su total derecho y probablemente yo me encuentre entre ellos), la solución no pasa por restringir la libertad de la sociedad, sino en no comprar ese periódico o simplemente pasar rápidamente esas páginas, tan rápido al menos como hace Zapatero con las de la sección de Economía.

Lo que sí es totalmente lícito éticamente hablando es, además de no comprar el periódico, promover y participar en una campaña de publicidad para concienciar a la gente de que la prostitución y/o los anuncios son perjudiciales para la persona y para la sociedad. O incluso promover un boicot público (pacífico, se entiende) al periódico instando a la gente a no comprarlo debido a sus anuncios de prostitución.

Claro que ya saltarán algunos con lo que se suele sacar a relucir siempre que se quiere prohibir algo o restringir la libertad individual de alguna manera: los niños. "¡Y qué será de los niños!"; "¡Qué pasa si los niños ven esos anuncios de prostitución!"; "¡Irán a un prostíbulo, se aficionarán a la prostitución y serán puteros toda su vida!"; "¡Horror!"

La respuesta a esta reacción histérica, hipócrita, inmadura y cateta es simple: educación. Educación por parte de los padres, evidentemente. Que para eso están, y no para dejar que otros los eduquen por ellos.

Los padres deberían explicar a sus hijos lo que es la prostitución, en vez de ocultar su existencia, cosa que por otra parte no podrán hacer por mucho tiempo: deberían comentarles cuáles son los motivos que llevan a una persona a practicarla; deberían hablarles acerca de la diferencia entre prostitución y trata de blancas; deberían razonarles los motivos por los cuales no sería bueno que ellos la practicasen (si es que así se lo dicta su moral); y deberían enseñarles que la prostitución puede ser moralmente mala y no conveniente para la persona, pero que aún así no es correcto prohibirla por ley, ya que hay que respetar el derecho de los que deciden practicarla libremente.

Es decir, los padres no deberían esconder la realidad, sino explicarla y razonarla. Eso es educar en la libertad, en la tolerancia y en la responsabilidad, todo ello sin renunciar a su moral.

La manipulación histórica

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Sin duda uno de los más abracadabrantes hitos marcados por el caudillo posmoderno que habita el Palacio de La Moncloa tuvo lugar cuando se disponía a terminar el discurso de su primera investidura como presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

Corría el día 15 de abril de 2004 y apenas había transcurrido un mes de la masacre de seres humanos más bestial acontecida en España desde, precisamente, la guerra civil de 1936-1939. Los españoles todavía estaban conmocionados y –tal vez entonces ya- polarizados por los atentados que segaron las vidas de 191 viajeros de unos trenes de cercanías que se dirigían a la principal estación de Madrid: Atocha.

Dentro de un contexto así, todas las miradas se dirigían hacia el candidato que se disponía a pedir el voto de los diputados. Cuando sólo le quedaba despedirse de la tribuna, el sujeto en cuestión, con tono afectado y fatuo, se despachó proclamando el testamento de uno de sus abuelos, capitán del ejército de la II República ejecutado en la posguerra, a quién, tal como se supo después, ni siquiera conoció. Según los hagiógrafos oficiales de este peligroso orate, ese abuelo habría dejado escrito que su credo político consistía en "un ansia infinita de paz, el amor al bien y el mejoramiento social de los humildes". Y ahí llegaba su nieto para arrojar obscenamente sobre el hemiciclo del parlamento los buenos sentimientos de su desconocido antepasado –los mismos que, caprichosos y vacuos ellos, han preparado tan a menudo el camino del infierno en la tierra.

Tal cita anticipaba toda la sarta de imposturas y manipulaciones sobre la historia ya no tan reciente de España, que culminaría con la aprobación de la llamada Ley de la memoria histórica. En la línea de las medidas fabricadas por este Gobierno para moldear las mentes y las opiniones y trazar una maniquea línea divisoria entre buenos y malos, según apoyen o discutan sus alucinados planes, pareció que no podía transcurrir un segundo más sin que el Gobierno financiara el desenterramiento de cadáveres procedentes de los crímenes del franquismo.

Evidentemente, los autores de este monstruo legislativo tuvieron que esperar a que la mayoría de los protagonistas o testigos directos de la guerra, revolución y posterior represión de las fuerzas vencedoras fallecieran. El segundo experimento republicano en España degeneró en una contienda sangrienta que habían predicado anarco-colectivistas, socialistas revolucionarios y comunistas, como en tantas partes de la Europa de entreguerras. Después de todo, toda esa constelación de fuerzas políticas alentaban la revolución para derrocar la democracia burguesa y tuvieron la oportunidad que buscaban. Las atrocidades que muchos elementos revolucionarios cometieron durante la República y la guerra no difieren en absoluto de otras ensayadas por los bolcheviques. Ahí están los tempranos incendios deliberados de conventos, seguidos del asesinato de sus moradores. Si uno hojea hoy día un periódico como Gara (editado por los simpatizantes de la ETA) podrá encontrar asombrosas semejanzas con el lenguaje y la retórica más aviesa para justificar lo injustificable (los crímenes como arma política) que empleaban con soltura Claridad, El Socialista, Mundo Obrero o Solidaridad Obrera durante aquellos años enloquecidos. Como colofón, no debe olvidarse que las luchas intestinas de aquellos partidos, agudizadas por las diferentes posturas respecto a la rendición ante las tropas de Franco, desembocaron en un golpe de estado interno del coronel Casado, apoyado por otros miembros de la Junta de Defensa de Madrid como el general anarcosindicalista Cipriano Mera y el dirigente de la facción moderada del PSOE, Julián Besteiro, contra el último gobierno republicano, con sede en en Valencia, dirigido por Negrín y sostenido por los comunistas a las órdenes de Stalin. No por casualidad, muchos políticos exiliados protagonizaron sonados saqueos de bienes públicos y privados y los pocos que sobrevivieron al dictador Franco regresaron para abominar de éste, en primer lugar, y recriminar a las demás facciones por la derrota en la guerra.

Curiosamente, la mayoría de los exiliados, excepto los propios concernidos y sus “compañeros de viaje”, auspiciaron una fuerte aversión hacia los comunistas, facilitada por su obediencia a la dictadura soviética. Antes del derribo de El Muro de Berlín, libros como Autobiografía de Federico Sánchez de Jorge Semprún, (luego ministro de cultura con González Márquez) que se mostraba crítico con la militancia comunista y lanzaba dardos especiales contra la Pasionaria y Santiago Carrillo y una primera rivalidad entre PSOE y PCE en su lucha por la hegemonía dentro de la izquierda, hicieron que al primero le interesase marcar distancias con el segundo.

Asimismo, era necesaria la desaparición de destacados intelectuales que, aunque apoyaron el alzamiento y ocuparon puestos importantes durante el franquismo, se distanciaron con el paso del tiempo y recibieron una acogida interesada en el grupo PRISA, forjador de la conciencia progresista (leáse PSOE) “deste país”, el cual comenzó a repartir cédulas de limpieza de sangre antifranquista desde su cabecera allá por el año 1976. Aunque algunos protagonizaron piruetas muy notables, este tipo de criminalización sin matices de un régimen habría sido más díficil en vida lúcida de Joaquín Ruiz-Giménez, Pedro Laín Entralgo, Luís Rosales y Antonio Tovar, por citar solo el nombre de algunos colaboradores del franquismo de primera hora, limpiados de toda mota por sus colaboraciones en El País. En definitiva, una vez desaparecidos éstos personajes, se reducían las probabilidades de contestación a la articulación de la gran mentira.

Parte del machaqueo propagandístico de la memoria histórica procede del presupuesto falso de que durante treinta años los vencidos del bando republicano no habrían recibido la consideración debida desde los poderes públicos. Si se comprueba el reconocimiento inmediato de pensiones a quiénes sirvieron en el ejercito de la República (incluidas viudas y huérfanos) y a los mutilados, decidido por los gobiernos de Adolfo Suárez, esa consideración no se sostiene.

 Por otro lado, no se le oculta a ningún observador el abrumador predominio de libros, películas y miles de artículos antifranquistas producidos durante estos años. Con enfásis en aspectos distintos, la visión transmitida en la enseñanza y los medios de comunicación, en general, ha sido favorable a los políticos del Frente Popular. Se ha ocultado o disculpado sistemáticamente su responsabilidad en crímenes y desmanes, so capa de la superioridad moral de sus buenas intenciones. Se fue conformando un imaginario colectivo que culpabilizaba de la guerra a los generales que se alzaron contra el gobierno de la II República.

Pero lo que sorprende es la virulencia y falta de escrupulos con las que ha ido pergeñandose toda esta vesanía y la manipulación despiada de sucesos que ocurrieron hace setenta años, como si tuvieran responsables (de un solo bando) hoy.

Que, además de cumplir sus muy aviesas intenciones de estigmatización totalitaria de los opositores, este Gobierno pretenda utilizar este montaje para gratificar anualmente, con el dinero de otros, a toda la pléyade de avisados tunantes que ha crecido al olor de las anunciadas subvenciones, añade oprobio a la infamia.

Los Castro y Chávez: desfachatez y cobardía

Escrito por Alfredo Crespo en . Publicado en Análisis diario.

Vayamos por partes, porque los hermanos Castro son máquinas de generar noticias. El que fuera tirano de la Isla (ahora más en la sombra) porque tiene previsto publicar una obra en la cual explicará a las futuras generaciones de “revolucionarios” como él acabó con la prosperidad de su país, allá en la lejana década de los años cincuenta del siglo XX. Sin duda alguna será un éxito de ventas, la propaganda comunista siempre ha sido una máquina de cumplir objetivos, en muchas ocasiones de forma letal.

La izquierda más nostálgica y reaccionaria cuenta los días para hacer cola, como si de un Real Madrid- Barcelona de Champions League se tratara, para acudir a las librerías y comprarlo. ¿Para quién serán los beneficios económicos de las ventas? Ya sabemos que el Castrismo condena la propiedad privada pero también que no hay progre que sea pobre.

El icono de la izquierda parece que ha vuelto y que lo ha hecho con más fuerza que nunca. Su lengua viperina, aquélla que le lleva a repartir halagos y críticas, había estado sedada durante unos años, por lo que ahora nos desayunaremos con sus “reflexiones”, que dicho sea de paso, rozan el patetismo.

En cuanto a Raúl, tras haber estado un tanto ausente en las celebraciones del Día de la Rebeldía ¿?, también ha regresado y lo ha hecho, claro está, para sentar doctrina. Su finalidad es clara: perpetuarse él y perpetuar su ideología, pero en esta tarea ha reflejado (aunque él no quería) los errores del socialismo. Uno de ellos, la capacidad que tiene para generar individuos parásitos, incapaces de tomar decisiones ya que para eso, piensan, está el Estado. Lo cierto es que en Cuba si eres, no ya de la casta política dirigente, sino simplemente un seguidor de base, puedes estar una vida entera sin dar un palo al agua. Basta con espiar a tus compatriotas o dar algún que otro chivatazo al gobierno, nada que exija una preparación intelectual profunda.

Raúl ahora permite abrir pequeños negocios privados. Sigue, en consecuencia, la creencia de otro socialista-comunista de pro como Mijail Gorbachov, aunque no parece tener en cuenta lo que le pasó al ruso, quien vio con sus propios ojos como el sistema soviético implosionaba y como buena parte de las repúblicas y países satélites de la URSS miraban hacia el Oeste, particularmente a Thatcher. Que a nadie se le olvide este “pequeño” detalle.

Pese a ello, y esto una característica definitoria de los grandes ideólogos de la izquierda, Gorbachov se convirtió en un referente capaz de dar lecciones y opinar sobre lo humano y lo divino. ¿Sucederá lo mismo con el hermanísimo? Dios nos pille confesados si la respuesta es afirmativa.

Finalmente, no podemos olvidarnos del tercero en discordia. El “gran” Hugo Chávez, el dirigente capaz de exportar ideología y petrodólares (ahora menos) pero de tener a su población consumiendo leche en polvo (eso los afortunados) y sin agua con que ducharse. Pues bien, tras el reciente encontronazo verbal con la Colombia de Uribe (con actuaciones apaciguadoras lamentables del tipo Insulza y la OEA), Chávez ha optado por quedarse en su país y no acudir a la reunión del MERCOSUR, organización en la que ansía entrar, con la excusa de que necesita reposo. No nos sorprende. No es nuevo este modus operandi. La cobardía de este tipo de tiranos les hace que sólo con los suyos y entre los suyos estén seguros. Allí donde pueda haber crítica no van. Todo ha quedado en manos de su escudero, Nicolás Maduro, de quien no podemos decir que sea menos beligerante. Lula, una vez más, se ofreció como árbitro y, de nuevo, ni una palabra de condena hacia Caracas, ¿esto es lo que está enseñando a Dilma Rousseff? Parece que José Serra no está de acuerdo. Veremos.

En definitiva, el tiempo transcurre y las sociedades que son regidas por estos tres dictadores empeoran su situación a todos los niveles. Mientras tanto, seguimos creyendo que otra América Latina es posible. Los ejemplos de Uribe-Santos, Chinchilla o Piñera así lo refrendan.

¡Gracias, Muso!

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Manuel Ayau, Muso para quienes hemos tenido al enorme placer de conocerlo, ha sido un emprendedor entusiasta que ha hecho realidad lo que muchos pensaban que sólo podía producirse con un milagro y ha evitado en diversas ocasiones recortes de libertades que todos daban por ineludibles.

Muso no rehuyó nunca una batalla por complicada que fuera si lo que estaba en juego era la libertad, y en cada ocasión mostró una inigualable tenacidad que aderezaba siempre con su incansable humor. Ingeniero, empresario, profesor, rector, piloto de helicópteros, político, escritor o columnista fueron algunas de las actividades que ejerció este hombre capaz de aglutinar a lo mejor de su sociedad sin que la multiplicidad de tareas le llevara a quitar tiempo a su familia y sus amigos.

El año próximo se cumplirán 40 años del comienzo de la mayor de sus proezas, la fundación junto a un grupo de amigos de la Universidad Francisco Marroquín. La Marro, como se la conoce cariñosamente dentro y fuera de Guatemala, es un centro de enseñanza universitaria cuya excelencia académica es reconocida internacionalmente. Grandes universidades de Estados Unidos miran a la Universidad Francisco Marroquín cuando diseñan su futuro y somos muchos los profesores universitarios europeos que soñamos con poder contar algún día con un centro de tan elevado nivel y cuya misión sea la enseñanza de los principios liberales. En España el diario Público se han referido a la Marroquín como "el templo del liberalismo".

El nombre de Manuel Ayau estará siempre ligado al crecimiento de las grandes instituciones liberales internacionales durante los últimos 50 años. En 1959 fundó el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), uno de los think tanks más antiguos y respetados del mundo de habla castellana; entre 1978 y 1980 presidió la prestigiosa Sociedad Mont Pelerin; desde 1987 fue miembro del consejo de Liberty Fund, donde seguía desempeñando sus funciones al igual que lo hacía en la Association for Private Enterprise Education y en otras organizaciones académicas y difusoras del ideario liberal.

Su preocupación por la pobreza, tanto en su Guatemala natal como en gran parte de Iberoamérica, fueron el motivo de muchas de sus reflexiones académicas y periodísticas que dieron lugar a su libro Es un juego que no suma cero; una importante lectura para todas las personas interesadas por el tema del desarrollo (y la ausencia de desarrollo) económico. Su interés en la difusión de los principios del (libre) mercado le llevaron a escribir El proceso económico, un manual de introducción a la economía con el que se han formado varias generaciones de estudiantes.

En 2008 tuvimos el honor de entregar a Manuel Ayau el "Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad". Se presentó en Madrid con su inseparable Olga y cautivó a los liberales que se dieron cita aquel 23 de mayo en el Casino de Madrid. Aquella noche fuimos muchos los españoles que experimentamos lo contagioso que era el bacilo de la libertad que portaba Manuel Ayau.

Muso nos ha dejado hoy, pero el ejemplo de su maravillosa persona, la grandeza de su legado y su contagioso amor por la libertad perdurarán. ¡Gracias, Muso!

Muso forever

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

Este artículo debería tratar sobre la educación libre, sobre la indoctrinación y el constructivismo en nuestras escuelas, en fin, sobre el seminario al que asistí el pasado fin de semana en la Universidad Francisco Marroquín. El día que llegué un amigo me contó que Muso estaba muy enfermo y que era improbable que pudiera saludarle. Me entristeció mucho porque siempre es un placer charlar con él. Murió este miércoles.

La primera vez que le vi, en mayo del 2008, con ocasión de la entrega del Premio Juan de Mariana a toda una vida dedicada a la defensa de la libertad, tuve la oportunidad de describir en esta misma página el profundo impacto que me causó conocerle. Meses después, con ocasión de mi primer seminario del Liberty Fund en Guatemala, en casa de Giancarlo Ibargüen, rector de la Universidad Francisco Marroquín, y ante mi sorpresa, Muso me agradecía el artículo. Me hizo gracia que su gesto corroborara el espíritu del artículo. Manuel Ayau era un hombre sencillo. Su talento, por encima de cualquier otra cosa, era no perder de vista el rumbo de sus pasos, persistentes y humildes a un tiempo. Ésa, en mi opinión, es la marca del buen maestro.

Nos mostró a todos, liberales y libertarios, con y sin escuela, cuál es el camino de la libertad: la igualdad en los derechos básicos individuales que son la vida, la propiedad y los contratos. Y más allá, la acción humana imprevisible pondrá cada cosa en su sitio. Con esa sencilla regla, él mismo consiguió hitos en la historia económica de Guatemala. La democracia, que llena la boca de muchos liberticidas, que ilusiona ingenuamente a muchos defensores de la libertad, no es para Manuel Ayau más que una forma de elegir el gobierno, y no debe sobreponerse al derecho a la vida, a la propiedad y a los contratos. La diferencia entre el estado de derecho y el estado legislativo abusador; la proliferación de leyes arbitrarias que sustentan un complejo sistema de privilegios empresariales en este Occidente mercantilista del siglo XXI; la profunda preocupación por la pobreza y su defensa de la libertad de la vida, la propiedad y los contratos de los menos favorecidos para acabar con la miseria, son alguna de las aportaciones que Manuel Ayau se empeñó en explicar en el lenguaje más claro posible, y que la Universidad Francisco Marroquín nos regala a todos desde su magnífica página UFM Media.

Justo el pasado viernes, Giancarlo Ibargüen, nos explicaba cómo Muso, en un acto de generosidad e inteligencia tan típico de él, decidió delegar su puesto de rector de la Universidad y quedar en un lugar secundario, honorífico, como quien suelta de la mano a la hija que se ha hecho grande y debe caminar sola. Como siempre, dando ejemplo en algo tan infrecuente como es ceder la responsabilidad a otros para evitar que el relevo se haga imposible. E hizo bien, a la vista de cómo creció la universidad y de la calidad humana y profesional de Giancarlo, los profesores y los alumnos de la Marroquín. Conocerles es algo que siempre le deberé a Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana.

Pero por más que me entristece la pérdida de Muso, no puedo evitar que se me dibuje una sonrisa cuando repaso sus entrevistas. Primero, porque siempre le vi sonriendo. Segundo, porque las personas que le conocían más que yo, sonríen cuando me hablan de él. Y no me extraña. Tenía el desparpajo suficiente para ganarse la simpatía de todos los alumnos de la Marroquín. Una de esas alumnas me enseñaba el vídeo de Muso cantando al estilo Sinatra en el homenaje que le dedicaron los alumnos en el año 2006. Y lo primero que se me ocurrió fue pensar que yo quería un rector así. ¡Cualquiera querría!

Todos los think tanks y organizaciones liberales y libertarias en América Latina, Europa y en Estados Unidos se lamentan y recuerdan sus logros, su preparación, su coraje. Y creo que lo mejor que podemos hacer para honrar su memoria es seguir sus consejos. En la entrevista que le hizo la Fundación Ecuador Libre explica que, tras cuarenta años, lo que le seguía motivando era su amor por la libertad y su preocupación por el sufrimiento innecesario del mundo. Hay que iluminar y aprender, usar la razón, dejar las ideologías a un lado y solucionar la pobreza y la miseria.

Es decir, hay que seguir manos a la obra. Gracias, Muso.