Ir al contenido principal

Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Aborregados

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Es por nuestro bien, nos dicen, como lo son todas las prohibiciones. Así gastamos menos. ¡Pero si no queremos gastar menos, queremos llegar antes! Rebajan el límite de velocidad y nos hablan del torrente de beneficios que caerá sobre nosotros por ajustarnos a los 110, como si no tuviese un coste. Cuanto más lento conduzcamos, más tiempo estaremos conduciendo y menos en los sitios donde queremos llegar. Es decir, que disponen de nuestro tiempo como disponen de todo lo que nos pertenece, con toda la libertad que a nosotros nos niegan.

Libertad Digital, por no perderse a sí misma, ha recordado varias de las prohibiciones de Zapatero. Para los socialistas, tomarse una hamburguesa acompañada de un vino, con el humo intercalado del tabaco y en un chiringuito es poco menos que un acto de rebeldía sancionable con largos años de cárcel. Ir a 120 por hora es una temeridad de lo más reaccionario, pero no permitirán que vayamos ni a 40 si es para llevar a nuestros hijos a un colegio en el que haya crucifijos. Si a este cuadro le añadimos la afición por los toros o sintonizar ciertos canales, el Gobierno nos acabará mandando a un centro de reeducación.

No, no hemos llegado a esto último. Pero convendrán conmigo en que tampoco es necesario. El español, se ha dicho siempre, es una persona amante de la libertad, reacio a aceptar según qué imposiciones, como demuestran en la historia hechos como el motín de Esquilache o la presencia masiva del anarquismo. Orgullosos y conscientes de sus derechos, los españoles montan un Fuenteovejuna cuando el poder se excede y cae en la arbitrariedad, el capricho y el atropello. Individualista, ácrata, aferrado a lo que considera suyo en justicia y amparado moralmente por el aprecio al honor y por el respaldo divino si se obra con recta razón, el español no teme enfrentarse al poder.

Todo esto nos hemos dicho de nosotros durante mucho tiempo. Como si el carácter emergiese del suelo patrio o se heredase junto con la lengua y algunas pocas costumbres que son a la vez comunes e inalterables. Hoy todo es alterable y lo común es objeto de permanente menosprecio. Será eso, será que en realidad hemos sido más cortesanos que ciudadanos, será que nos hemos acostumbrado a que el Estado nos mate suavemente con su canción. O simplemente que no hay carácter nacional que mil años dure. Pero lo cierto es que nos hemos acostumbrado a que hagan y deshagan en nuestra vida, a vivir con coerciones e imposiciones, con admoniciones y sugerencias del poder, y aquí no pasa nada. Somos una sociedad adocenada y aborregada. Digamos adiós al viejo español.

Una sentencia contra la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

…incluyendo algún montaje gráfico de muy mal gusto, que los usuarios de su foro habían publicado contra Ramoncín. Ahora, tras un largo proceso judicial en diversas instancias que se ha alargado la friolera de tres años y cinco meses, el Tribunal Supremo viene a confirmar el fallo inicial con argumentos similares a los que en su día ofreció el juzgado madrileño.

Como entonces, los jueces han realizado una interpretación sumamente estricta (incluso peculiar) de la legislación para condenar al sitio denunciado y, de sentar jurisprudencia, su decisión puede ser un duro freno a la libertad de expresión en la red. De hecho, si se dictaran más sentencias de este tipo, lo que podríamos ver es a Facebook y demás redes sociales cerrando sus servicios en España y a todos los periódicos digitales quitando a sus lectores la posibilidad de comentar las noticias y artículos publicados.

El Supremo exprime al máximo el artículo 16 de la LSSI para convertir una ilicitud "patente y evidente" que los responsables de Alasbarricadas.org tenían que haber visto en un "medio efectivo de conocimiento" de lo condenable de los insultos a Ramoncín. De triunfar esta interpretación judicial, todo sitio web que permita que los usuarios se expresen en él tendrá que hacer de policía y borrar cualquier comentario del que sospeche que puede llegar a ser considerado no lícito. Si se tiene en cuenta que en las redes sociales hablamos de decenas de miles de aportaciones de los internautas cada día, dicha labor resulta inviable. Y en los medios digitales, aunque las cifras son menores, la cantidad es tan alta que deberían tener a varias personas monitorizando de forma constante las respuestas de los lectores, lo que resulta prácticamente imposible. Dicho de otro modo, internet perdería la frescura y la constante interactuación que le caracteriza en la actualidad.

Pero hay otro punto que sorprende de la sentencia. El fallo considera que una dirección de correo electrónico no es una forma de contacto eficiente. Así que, a partir de ahora, cualquiera que tenga un blog u otro tipo de web no comercial –estas ya están obligadas a ofrecer una dirección postal física– deberá informar en el mismo sobre dónde vive para que un juzgado u otro "organismo competente" (la Sección Segunda creada por la Ley Sinde, por ejemplo) pueda enviarle sus comunicaciones allí. No parece que eso responda al sentido común.

Tras sentencias como esta, a uno le entra miedo ante los comentarios con los que los lectores puedan responder a un artículo suyo. Así que ya sabe, si tiene algo que decir, hágalo con suma educación y sin expresar nada que pueda parecer un insulto. Supongo que no quiere que este periódico y yo mismo nos veamos ante un tribunal por algo que usted ha escrito.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Libertad de comunicación y censura política en Internet

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

La cleptocracia se caracteriza por mantenerse un gobierno en el poder mediante el ejercicio de un control exhaustivo sobre la concesión de licencias de prensa, radio o televisión, la asignación subjetiva de publicidad institucional o la aplicación de leyes de censura que permiten desde procesar periodistas hasta multar y cerrar los medios críticos cuando alertan a la opinión pública acerca de los escándalos de corrupción y prevaricación de la casta político judicial.

A comienzos del siglo XXI, el despotismo de una dictadura o el intervensionismo de una partitocracia, medrando sobre la mayoría de la población, ya no se sostienen con el habitual control político de los medios de comunicación. Ahora, si una cleptocracia quiere perpetuarse en el poder también tiene que ejercer la censura sobre la libertad de comunicación. 

 Internet

El nacimiento comercial de Internet hace poco más de 15 años ha cambiado las reglas del juego y los requisitos para ejercer el control de una población de millones de individuos.

Las múltiples aplicaciones de Internet están interconectando a más de 1700 millones de personas, con una red que alcanza a cerca de una cuarta parte de la población mundial, lo que convierte el mundo en una aldea “global” en donde el intercambio instantáneo de voz y datos entre personas, distantes cientos o miles de kilómetros, está permitiendo el acceso libre a la comunicación.

Internet permite la descentralización de los flujos de información y, por tanto, confiere un enorme poder de decisión a los ciudadanos que se transforman en decision makers anónimos. El poder de Internet radica en que permite que critiquen abiertamente los actos de los gobernantes y facilita que se organicen de modo espontáneo y deslocalizado, ajenos al control del Gobierno.

Adicionalmente, la integración de las aplicaciones de Internet en nuevos dispositivos de telefonía móvil ha incrementado exponencialmente la comunicación y está permitiendo que, allí donde parecía imposible, sociedades civiles aparentemente frágiles y oprimidas logren denunciar la corrupción y el aplastamiento de los derechos civiles por parte de sus gobernantes, y organicen protestas por medio de aplicaciones como Facebook, YouTube o Twitter. 

El mundo árabe y las movilizaciones populares de los ciudadanos en contra de las corruptas dictaduras que los oprimen en Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos, Yemen, Jordania… ponen de manifiesto la enorme importancia que están adquiriendo las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC). Queda todavía por demostrar que el grado de evolución socio cultural de las naciones árabes y la lucha por el poder de los diferentes clanes permitan realizar procesos de transición institucional que instauren democracias liberales y les doten de un Estado de Derecho “real“ que garantice, entre otros aspectos, la separación de poderes, la existencia de jueces independientes y el respeto por la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley.

 Censura en Internet

Precisamente, por el peligro que representa la libertad de comunicación para la estabilidad de los gobiernos corruptos, la cleptocracia está intentando limitar la libertad de los ciudadanos de comunicarse y transmitir información.

Existen dictaduras, como Corea del Norte o Myanmar, donde se condena a los ciudadanos por el simple hecho de tener equipos de comunicación, como un móvil o un módem para Internet, y en donde tan sólo la clase dirigente puede disfrutar libremente de la tecnología. Otros tiranos también impiden la libertad de comunicación con una pésima infraestructura y con autorizaciones de instalación de difícil obtención, como ocurre en Cuba.

Si el desarrollo de las telecomunicaciones ya se encuentra con un cierto grado de desarrollo, el sátrapa de turno siempre puede legislar alguna comisión especial de funcionarios que se encarga de investigar y aplicar sanciones a los portales, proveedores y anunciantes de medios electrónicos que utilicen Internet de forma “indebida” y “antiética”, como sucede en Venezuela. 

Por supuesto, las dictaduras más sofisticadas como China, que utilizan la economía de mercado abierta para sostener los privilegios de los dirigentes del Partido Comunista de China y la privación de libertades al resto de la población, necesitan contratar miles de “supervisores” y lanzar aplicaciones propias que permitan el uso de Internet bajo un estricto control gubernamental.

La libertad de comunicaciones también está siendo pisoteada por las democracias occidentales con la excusa de dotar de mayor “seguridad” a la población. Desde el año 2001, existe la Patriot Act que vulnera la cuarta enmienda (que protege al ciudadano de un gobierno tiránico) y permite que todos sus organismos de seguridad puedan intervenir la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses y extranjeros. Por otro lado, la administración Obama sigue manteniendo criterios intervencionistas en materia de comunicaciones. 

Sin embargo, y aun contando con los anteriores reparos, deseo resaltar cómo Google ha informado ante el Congreso de EEUU de que más de 25 países han bloqueado sus servicios en los últimos años. Y, por supuesto, entre esos países se encontraba España, un país europeo en donde la legislación y los tribunales politizados van mermando año tras año la libertad de los ciudadanos.

 España: Libertad de Comunicación y Censura Política en Internet

La libertad de comunicación quedó consagrada en España en el apartado primero del artículo 20 CE, que reconoce y protege los derechos “a expresar y difundir los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, así como “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Y el apartado segundo del artículo 20 CE señala explícitamente que “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Sin embargo, parece que “empezamos a parecernos a China con listas negras de páginas Web”, y algunos ciudadanos entendemos que la redacción final del proyecto de ley de Economía sostenible (LES) vulnera el artículo 20 CE cuando modifica el artículo 158 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Se introduce la posibilidad de adoptar la censura previa con “medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos”. Y se crea una Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) en el Ministerio de Cultura que permite que funcionarios públicos puedan actuar para “la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual”. Finalmente, se ha introducido la “previa autorización judicial”, lo que no significará una sólida garantía jurídica en un país como España, en donde el órgano directivo de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) es elegido por los políticos y son habituales las presiones y los cambios de criterio.

En realidad, con la excusa de proteger la propiedad intelectual se permite la posibilidad de que un Gobierno se dedique a cerrar páginas Web y otros servicios de Internet cuando sean críticos.

Si se convence a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ésta autorizará mediante un auto la ejecución de una “resolución administrativa” de cierre de página Web adoptada por el CPI del Ministerio de Cultura. Sólo algunos años más tarde, se podrá intentar subsanar judicialmente el daño que se hubiese podido ocasionar al gestor y a sus clientes.

Por tanto, se introduce una situación procesal kafkiana, que significa que la posible subsanación de un “error” administrativo sólo llegaría años más tarde, cuando se hayan terminado los plazos establecidos por la Ley 30/1992 del procedimiento administrativo común y, si el interesado recurre adecuadamente, cuando acabe el posterior juicio ante el tribunal de lo contencioso-administrativo.

Desde luego, no será un Tribunal Constitucional politizado el que corrija este ataque al artículo 20 CE, cuyos párrafos hemos citado arriba. La Constitución Española de 1978 es papel mojado en las manos de la casta político judicial que está imponiendo nuevamente una legislación liberticida que impide la libertad de comunicaciones en España.

LEER MÁS

El tabaco, un negocio muy rentable para el Estado

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Hipocresía, éste es el término que mejor define la actitud del Estado respecto al ámbito del tabaco. Por un lado, la nueva reforma legislativa persigue a los fumadores con mayor ahínco mientras que, por otro, amplía los puntos autorizados para la venta de cigarrillos. De ahí, precisamente que, más que Ley Antitabaco, ésta deba ser calificada como Ley Antifumadores. Y es que, al contrario de lo que se piensa, al Gobierno le interesa, y mucho, que la gente siga fumando, ya que dicho hábito le genera pingües beneficios.

Los políticos son conscientes de que este particular producto, debido a la adicción que provoca, se caracteriza por tener una demanda muy inelástica, de modo que su consumo apenas varía en función de la subida o bajada de precios. El Estado aprovecha esta circunstancia para aumentar los impuestos que gravan el tabaco, incrementando así sus ingresos, si bien luego, de cara a la opinión pública, trata de ocultar este hecho alzándose como el gran defensor de la salud de los ciudadanos. Nada más lejos de la verdad. Los datos así lo demuestran.

La recaudación fiscal vinculada a esta actividad no ha dejado de crecer ni un solo año. Así, el Estado ingresó 9.842,3 millones de euros en 2010 mediante los impuestos especiales y el IVA del tabaco. En concreto, 7.966,1 millones correspondieron al Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco y los 1.876,2 millones restantes al IVA. Esta cifra supone un 4,19% más que lo recaudado en 2009 y un nuevo récord histórico. No es de extrañar si se tiene en cuenta que los impuestos representan casi el 84% del precio de una cajetilla, de modo que el Estado se fuma 16 pitillos por paquete.

Desde 1990, los ingresos derivados del tabaco se han multiplicado por seis gracias a las constantes subidas tributarias que ha experimentado este producto. Desde entonces, los fumadores han desembolsado a las arcas públicas más de 115.000 millones de euros en total, lo cual no está nada mal. Para poner esta cifra en perspectiva, los fumadores pagan cada año en impuestos el equivalente al 25% del Impuesto de Sociedades y al 15% del IRPF. De este modo, cada fumador paga de media algo más de 1.000 euros al año en el pago de impuestos asociados al tabaco. 

En teoría, las leyes antifumadores se promulgan con la intención de reducir el consumo de cigarrillos y el número de fumadores, pero la realidad, una vez más, es bien distinta. El porcentaje de fumadores en España apenas ha variado en los últimos años. De hecho, ha aumentado ligeramente desde 2006, año en el que se aprobó la Ley que acaba de ser reformada y endurecida: desde el 34% de los mayores de 15 años en 2006 hasta el 35% en 2009, frente al 29% de media en la UE-27. En concreto, 9,23 millones de personas fumaban cigarrillos a diario en 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, es evidente que la ley ha obtenido un rotundo fracaso en la consecución de los objetivos perseguidos a no ser, claro está, que el fin último del Ejecutivo sea realmente otro. Y es que, efectivamente, aunque el número de fumadores apenas varía (un 1% más), la recaudación fiscal que origina el tabaco se ha elevado en 1.700 millones desde 2006, un 20,8% más. Sin duda, un negocio muy rentable para el Estado.

Ley antitabaco: más allá de la crítica fácil al prohibicionismo

Escrito por Juan de Mariana en . Publicado en Análisis diario.

Fumar tiene su encanto, es placentero y aviva con su humo todo tipo de cónclaves y contubernios. Lo que ha venido sucediendo en los últimos decenios es que el tabaco de calidad y su aroma han cedido frente al cigarrillo y su peste. Siempre existieron dos clases de lugares donde el humo del tabaco definía el ambiente: las salas de fumar de clubes y casinos, y las tascas y tabernas llenas de ruido y tosquedad. En el primer tipo de recintos se imponía la razón de no afectar a terceros sin que éstos quisieran. Conteniendo el fumeteo, ritualizándolo y afinando las calidades del material, no se hacía sino institucionalizar en clave de respeto la limitación de externalidades: dentro eran positivas, mientras que fuera se intuían negativas. Sin embargo, en tabernas y tascas el humo acabó dominando, y la figura del fumador pasivo adquirió en todas partes la condición de paria social, por no tener ni voz ni voto en el asunto. Los fumadores baratos acabaron dominando, incluso entre los ricos, y perdido el gusto por las apariencias, el cigarrillo comenzó su reinado.

Por supuesto que no se trata de prohibir con carácter público e imperativo. Pero lo cierto es que venimos de años donde el fumador desconsiderado hacía de su capa un sayo, y se ponía el mundo por montera cual petroquímica exonerada de asumir sus efectos contaminantes sobre terceros. Se fumaba en el suburbano, en el autobús, en aviones y trenes, también en las aulas. Profesores y alumnos universitarios compartían un ambiente viciado que impregnaba sus ropas y espíritus. El tabaco era señor todo poderoso y ¡ay! de quien se atreviera a pedir respeto, contención o prudencia. Si te molesta el humo, cámbiate de sitio.

Este tipo de conductas tienden a ser coartadas gracias a la espontánea reprobación de cada vez más individuos, convencidos de que están en su derecho cuando piden a los fumadores que no propaguen su polución en ambientes compartidos. Como reflejo de este anhelo o preferencia, aquellos actores dedicados al servicio colectivo, de transporte, espectáculo, bebidas o viandas, toman nota y optan por ofrecer también un producto desintoxicado. Zonas de no fumadores, o zonas de fumadores, que es lo propio. Otras emisiones, quizá más naturales, han sido paulatinamente proscritas de entre aquellas reglas que gobiernan el decoro social y las buenas maneras. Con el tabaco no ha existido semejante proceso de aprendizaje e interiorización de límites. El humo, como decía, ha dominado en lo público salvo contadas excepciones y sólo la prohibición ha logrado expulsarlo de recintos donde, hoy en día, a cualquiera le resultaría extraño y fuera de lugar.

Algunas culturas arrastran una mayor consideración, pero la nuestra obedece a un "sálvese quien pueda" unido a la típica crispación del conductor que no aguanta ni una: los fumadores patológicos son tan egocéntricos que rara vez asumen o entienden la posición del otro.

El Estado maternal se dedica a propagar a través de la imposición un arbitrario criterio de urbanidad, que queda unido a cierta definición del tipo ideal de ciudadano cortés. Bajo el escudo de la salud (junto con el genérico de la seguridad, el mito más potente manejado por el estatismo), trata de convencer al reticente para que acepte la máxima de que toda medida de restricción se hace por su bien. El bien de todos y la garantía de un respeto artificial, forzoso y bajo pena de apremio desconsiderado sobre sus bienes, e incluso sobre su persona. Bajo tales tópicos y falsedades actúa el Estado cuando de disciplinar la conducta de sus súbditos se trata. Pero a pesar de la crítica, admitamos que en este concreto ámbito no le ha ido tan mal como podría parecer en un primer momento: los no fumadores, felices en un mundo sin humos (de tabaco), y los fumadores, muchos de ellos tremendamente agradecidos por haberles conducido a dejar de fumar como propósito de año nuevo. Ciudadanos mediocres y lastimeros que, por sí mismos, se creen incapaces tanto de hacer valer su dignidad como de afrontar o asumir con respeto sus propios vicios. En esta sociedad amodorrada siempre se aguarda a que irrumpa el Estado y haga del mala trago algo mucho más llevadero. ¿Obligará algún día la ley a no abandonar el gimnasio antes de finalizar el mes de enero? Muchos lo estarán deseando, no me cabe la menor duda al respecto.

La conclusión es la que sigue. El imperio del cigarrillo era excesivo y abusivo, pero el imperio de la ley no es la mejor manera de disciplinar la sensibilidad, la mesura o contención de los individuos. Sea como fuere, el resultado evidente, al margen del desastre que ha supuesto para los hosteleros emprender reformas en sus locales que ahora resultan irrelevantes, es que la mayoría de la población, abiertamente o con la boca pequeña, agradece el palo legislativo. Unos porque quieren dejar de fumar y creen que no pueden. Otros porque, siendo en general incapaces de defender abiertamente su propia dignidad en el ejercicio de pedir respeto a los fumadores desconsiderados, se agazapan detrás del Estado como cobardes y delatores. El resultado final es que se refuerza el espíritu de dependencia y debilidad individuales frente a un Estado cada vez más maternalista. Al mismo tiempo, se refuerza y extiende entre los ciudadanos esa vieja y falaz convicción hobbesiana sobre el poder absoluto y su aparente condición como presupuesto necesario para que la convivencia sea posible. Más Estado, menos libertad, equivalen a una endeble moralidad. Los éxitos del prohibicionismo definen la categoría de los grupos humanos.

La libertad de prensa y el control político de los medios de comunicación

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

No abundan los gobernantes respetuosos con los derechos civiles y la libertad de prensa. Más bien, al contrario, los gobiernos quedan integrados por políticos intervencionistas a los que les vuelve locos la "ingeniería social", intentando imponer su visión del mundo al resto de los ciudadanos. Llevados por su sectarismo ideológico, no sienten reparos en atacar derechos individuales previos a la existencia de cualquier Constitución que instaure una democracia liberal y, por tanto, anteriores al ordenamiento jurídico positivo.
 
Los medios de comunicación libres y críticos con el positivismo jurídico son imprescindibles para la existencia de una verdadera democracia liberal, pero resultan incómodos para cualquier Gobierno intervencionista. Por ello, los dirigentes sectarios buscan silenciar cualquier voz discrepante respecto de los mensajes y políticas gubernamentales que pretenden guiar la sociedad a favor de sus intereses con justificaciones como el "interés público", el "bienestar social" o, en el caso que analizamos, "garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector" o "los derechos de los ciudadanos".
 
Una primera fase, de acoso y derribo de los disidentes, es la marginación y demonización de los representantes de la sociedad civil que alzan su voz frente a la corrupción, los desmanes presupuestarios y los atropellos de derechos civiles realizados por los políticos. Los medios progubernamentales muelen a palos al opositor con campañas de amedrentamiento y calificativos variados como "fascista", "neoliberal", "anarquista", "facha", "radical", "antidemocrático"…
 
Una segunda fase, más seria y peligrosa para el ejercicio de las libertades individuales, es la introducción de legislación liberticida para silenciar y controlar "legalmente" a los medios de comunicación por medio de leyes de Consejos Censores que permiten desde las sanciones pecuniarias hasta la retirada de las concesiones administrativas.
 
Pues bien, el proceso de ingeniería social en España no se conforma con imponer leyes que pretenden adoctrinar sobre ámbitos de decisión privados relativos a los valores morales, la lengua, la cultura y la libertad de elección de los individuos como, por ejemplo, con la "educación para la ciudadanía", la "inmersión" lingüística o la "prohibición" de fumar en lugares privados de uso público.
 
La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA) impone un amplio corsé al ejercicio de la libertad empresarial y de la libertad de prensa en los medios de comunicación audiovisual. Sin embargo, lo más preocupante es que preveía la creación de un organismo público denominado Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) que dependerá del Ministerio de Presidencia y, según el artículo 48 LGCA, realizará inspecciones e instruirá y sancionará un amplio abanico de conductas tipificadas como infracciones.
 
Recientemente, el Ministro de Presidencia ha anunciado que en los próximos meses se creará el CEMA y, tal y como preveía la LGCA, tendrá potestad "sancionadora" sobre los comportamientos en materia audiovisual que "violenten radicalmente los principios en los que se configura nuestra convivencia". La excusa oficial que encubre las intenciones reales es la preocupación gubernamental por la "banalización", los "personajes de escaso mérito como modelos sociales", los "valores devaluados de convivencia" y los "climas de crispación y enfrentamiento".
 
Se impone un tutelaje gubernamental de los medios de comunicación como si los ciudadanos fuesen tontos y no tuviesen un mando a distancia con el que decidir que canales quieren ver entre una amplísima oferta. Los ciudadanos más instruidos y aquellos que ya sufrieron la censura franquista saben con certeza que la intención real, detrás de una ley de censura audiovisual, es el castigo y el cierre de las emisoras que critiquen a un Gobierno.
 
Nótese que el artículo 49 LGCA indica que los miembros del CEMA serán nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto y a propuesta del Congreso de los Diputados (aprobada por mayoría de tres quintos), por lo que existen fundadas sospechas de que los personajes que gestionarán este Consejo Censor Público pueden trabajar al servicio de los intereses políticos que hayan promovido su candidatura, tal y como ya sucedía con los censores durante la dictadura franquista.
 
Adviértase que en ningún momento aparece la figura de un juez o tribunal de justicia independiente que pudiese proporcionar ciertas garantías procesales y jurídicas al periodista o al medio de comunicación audiovisual, o bien que pudiese tutelar de modo profesional los derechos civiles conforme al artículo 53 CE de la Constitución Española de 1978.
 
Entre los derechos fundamentales que pueden recabar la tutela judicial en España, se encuentra el artículo 20 CE que reconoce y protege el derecho "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión" y que, aparentemente, debería permitir el ejercicio de la libertad de prensa en los medios audiovisuales sin ninguna interferencia política.
 
De modo absolutamente arbitrario, las sanciones del CEMA se impondrán a aquellos medios de comunicación audiovisual que inquieten al poder político, sin que exista la mediación de un juez. Sólo después de que termine la vía administrativa, es decir, con la sanción ya aplicada, y sólo después de ocasionado el daño por su imposición, la empresa podrá recurrir por la vía judicial contencioso-administrativa.
 
Sin embargo, el artículo 56 LGCA no se olvida de la labor "censora" (sancionadora) de los políticos autonómicos, siempre que "no sobrepase sus respectivos límites territoriales". Es decir, también se consiente el control político de los medios de comunicación audiovisuales en el ámbito autonómico y, por tanto, quedan indirectamente validadas las sanciones del Consejo Audiovisual Catalán (CAC) que retiraron licencias de emisión a diversas empresas por haber mantenido líneas editoriales opuestas a los criterios de los políticos nacionalistas de Cataluña.
 
Obsérvese que el artículo 60 LGCA establece sanciones con multas que pueden alcanzar el millón de euros en televisión y 200.000 euros en radio y, adicionalmente, permite imponer la "revocación de la licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual".
 
Se trata de introducir legislación y comités para el control de los medios de comunicación audiovisual, al igual que anteriormente se ha legislado la interceptación de comunicaciones o se intenta aprobar una ley de censura en Internet. Un paquete de leyes liberticidas que, si logran implantarse sin el concurso previo de jueces independientes, permitirán remover los últimos obstáculos que mantienen viva la libertad de prensa y que dificultan la imposición del culto al Estado a favor de los intereses de una casta política que pretende seguir tutelando una sociedad civil estabulada. 

LEER MÁS

El DNI virtual de Obama

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

El "gran reformador" Barack H. Obama sí está dispuesto a transformar Estados Unidos. En lo referido a internet, en concreto, está empeñado en instaurar un control gubernamental sobre el ciberespacio que choca contra los principios básicos que cualquier sistema democrático. Desde que llegara a la Casa Blanca, su administración se ya ha lanzado varios planes (hasta donde sabemos, todavía no descartados) que atentan contra la libertad de la red de manera profunda.

Primero se propuso convertirse en el amo de internet al pretender otorgarse a sí mismo el poder para ordenar la desconexión total o parcial de la red en EEUU, además de para poner bajo sus órdenes los buscadores y las compañías de software. Ríase usted de la militarización de los controladores aéreos por parte de Zapatero. Después se puso como objetivo hacer obligatorio que los servicios de internet y telefonía móvil pongan "puertas traseras" que permitan a las fuerzas de seguridad "pinchar" las comunicaciones de sus usuarios sin problema alguno.

La última idea surgida de la Casa Blanca es, ni más ni menos, crear un sistema de identificación en internet para todos los estadounidenses. Desde el entorno presidencial se han dado prisa en asegurar que no se terminará con el anonimato en la red, pero no por eso deja de ser preocupante. Resulta llamativo que en un país en el que a ningún gobernante se le ha ocurrido tratar de imponer nada parecido al Documento Nacional de Identidad que tenemos los españoles, y muchos otros europeos e iberoamericanos, a un presidente le pase por la cabeza que sea la Administración quien genere su equivalente para internet, por mucho que desde su Administración se afirme que no se trata de eso. Los grupos de derechos civiles ya han dado la voz de alarma y han advertido que quien debería crear algo así, y de uso estrictamente voluntario, son instituciones privadas.

También desde el Gobierno estadounidense han hablado de colaboración con las empresas privadas, pero dentro de un sistema que sería controlado por él. Defienden desde el entorno de Obama que se trata de un paso destinado a aumentar la seguridad en internet (la seguridad es una excusa constantemente utilizada por todos los gobernantes para aumentar el control sobre la sociedad) y acabar con la incomodidad de tener que recordar muchas contraseñas. Además, aseguran, su uso no será obligatorio y se podrá seguir navegando de forma anónima. En definitiva, pretenden hacer creer que se trata de un simple dispositivo para poder relacionarse de forma ágil y segura con las empresas de internet.

Sin embargo, no puede tratarse de algo tan poco peligroso. En primer lugar, la idea surge después de las anteriores iniciativas destinadas a controlar la red desde la Casa Blanca. Además, si es para garantizar la seguridad en transacciones privadas, deberían ser empresas u organizaciones no relacionadas con el Estado quienes las ofrecieran. Y para terminar, la propuesta se presenta cuando todavía están calientes las revelaciones de documentos diplomáticos por Wikileaks, lo que hace que todo suene muy sospechoso.

Es cierto que el equivalente a lo que pretende crear, o al menos la parte que reconoce, Obama ya existe en otros países. Pero eso no significa que sea algo positivo. En España tenemos, por ejemplo, el DNI electrónico y siempre ha estado bajo sospecha por los riesgos que conlleva para la intimidad de los ciudadanos.

Orwell en la España de Zapatero

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En el planeta pajinesco no habrá acción u omisión que resulte en una discriminación, menoscabo o perjuicio de terceros.

Sigamos el texto, y hagámoslo fielmente, porque de otro modo todo lo que se diga de él parecerí­a mentira. Su objetivo es "prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado". No sólo serán penadas las acciones que considere la administración que están tipificadas en la ley, sino también las omisiones. Y no cabe descargarse en el error, pues tipifica la "discriminación por error", esto es, la que "se funda en una apreciación incorrecta acerca de las caracterí­sticas de la persona discriminada". Atentarán contra la ley las meras opiniones. Dice: "Queda prohibida toda conducta, acto, criterio o práctica" tipificada. Un mero criterio, una opinión, podrá ir contra la ley. Y cualquier uso social asentado, cualquier tradición, se puede convertir en ilegal con la plasmación de este texto en el BOE.

Si les cabe aún el asombro, sepan que queda invertida la carga de la prueba. Será el acusado quien tenga que demostrar que es inocente: "Corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable". Como es un delito de opinión, de ofensa, y es el ofendido quien alega sus razones para sentirse así­, resultará muy difí­cil defenderse. Además, cualquiera puede verse en la tesitura de ser denunciado por llevar una vida normal, como la que hacemos todos los dí­as Y los ofendidos o discriminados tienen la consideración, en el texto que quiere ser norma, de "ví­ctimas". Lo cual nos convertirá a los ciudadanos de a pie en… bueno, ya se lo imaginan.

El anteproyecto "incorpora expresamente tres nuevos motivos "de discriminación: "enfermedad, identidad sexual y lengua". Bien, por fin el Gobierno va a echarse atrás en su connivencia con las discriminaciones contra quienes quieren recibir la educación en castellano en regiones como Cataluña, Paí­s Vasco, Galicia o Valencia. Pues no, porque dice textualmente: "La prohibición de discriminación por lengua excluye cualquier diferencia de trato por el uso del castellano en todo el territorio nacional así­ como por el uso de las distintas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios y en aquellos otros ámbitos previstos en las leyes". Hay que leerla varias veces para creérsela. Es decir, que el anteproyecto introduce un nuevo criterio de discriminación, que es la lengua, pero saca del ámbito de la ley las lenguas oficiales, precisamente las que están creando un problema de derechos civiles por discriminación y atentado contra nuestra libertad. Por lo que se refiere a la "identidad sexual", ya podemos ver claramente que cualquier opinión que resulte intolerable a la ideologí­a de género de los socialistas estará perseguida por la ley.

Menciona expresamente, para que nos vayamos todos preparando, a los medios de comunicación, y precisa que "se prevé su sometimiento a dicha prohibición". Si han podido multar a Intereconomí­a por una autopromoción sin necesidad de la ley, ¿qué no harán cuando entre en vigor? Pues lo que harán será cerrarla; a esta cadena o a cualquier otro medio de comunicación que les resulte incómodo, como este mismo. Acaso no sólo por sus contenidos, pero sí­ porque la ley entra en el ámbito de la empresa, y arroga a la administración la facultad de cerrar cualquier compañía que considere recalcitrante en la discriminación. Ah, y lo de la Educación para la Ciudadanía va a ser de risa en comparación con lo que puede esperarle a los colegios, pues el texto ya apunta que va por ellos.

Yo no soy capaz de identificar una sola norma desde el final de la Guerra Civil que sea tan totalitaria como la que ha concebido el Gobierno socialista. Es un instrumento para modelar la sociedad según los pobres esquemas de nuestra izquierda. Pero no es un salto cualitativo. Es la culminación de todo un proceso intelectual que conduce al sometimiento de los individuos a las terrorí­ficas ensoñaciones socialistas.

Orígenes del Tercer Poder

Escrito por Emilio Díaz Rolando en . Publicado en Análisis diario.

En la Grecia anterior al experimento democrático ateniense, la justicia aparece primeramente personificada en la diosa Dike, hija de Zeus, el padre de dioses y hombres, y es ejercida exclusivamente por miembros de la aristocracia. El triunfo de la democracia supone, entre otros cambios, el traspaso de su ejercicio a manos de los ciudadanos sin distinción de clase social. En Esquilo, uno de los tres trágicos más conocidos, encontramos una primera exposición del valor y función de la justicia en una sociedad democrática.

Esquilo (525 a.C. – 456 a.C) pertenece a la primera generación de demócratas atenienses. Sus tragedias, como normalmente el género en Atenas, no sólo desarrollaban sobre el escenario hechos propios de un pasado mítico, sino que en su reelaboración el autor intentaba enseñar a los ciudadanos que asistían al espectáculo los fundamentos del nuevo régimen.

La Orestíada es el nombre que recibe un conjunto de tres tragedias relacionadas entre sí por la temática donde aparece expuesta por primera vez la razón de ser de la justicia en cuanto parte de un estado democrático. Agamenón,el rey de Micenas, vuelve triunfante de la guerra de Troya. Lo reciben su esposa Clitemnestra y el amante de ésta, Egisto. Ambos dan muerte al rey para apoderarse del trono. La tradición exigía que la reparación del crimen procediera del mismo clan agraviado. Según este procedimiento, Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, debía matar a su madre para vengar a su padre. El conflicto trágico está servido. Acatar la ley del clan supone atentar contra una ley natural. Electra, hermana de Orestes, le incita a cumplir con su deber hacia el clan, por más que ese deber provoque en éste angustias y dudas. Finalmente, Orestes mata a su madre y al amante de ésta. El hecho desata la ira de las Erinias (Furias, en su versión latina), divinidades encargadas de castigar a los parricidas. Orestes acaba refugiándose en Atenas, donde la diosa Atenea establece el tribunal del Areópago para los crímenes de sangre, que, a su vez, absuelve al acusado dando fin a la serie de crímenes.

Originariamente, el Areópago ("La colina de Ares" en griego) era el lugar donde se reunía el órgano de poder de la aristocracia, que concentraba en sí todas las atribuciones. El proceso que llevó a la democracia vino marcado por una constante reducción de la influencia de este órgano. El Areópago, por tanto, evocaba a los atenienses una organización política cuyo control era esencial para el triunfo del nuevo régimen. El triunfo final de la democracia vino subrayado por la conversión, en el 462 a.C., bajo Efialtes, de la cámara del Areópago en tribunal específico para delitos de sangre.

Con su adaptación del viejo mito a la realidad democrática de la Atenas del siglo V a.C., Esquilo daba dos lecciones a los ciudadanos. De un lado, los animaba a respetar la tradición, manifestada en la conservación del órgano; pero, por otro lado, les enseñaba el camino por donde debía marchar la justicia democrática. El ejemplo mítico mostraba cómo la justicia en manos del estado es un avance contra la interminable sucesión de crímenes que lleva aparejada la justicia sumaria del clan. Es el ejemplo primigenio de cómo la justicia debe sustituir a la venganza si se pretende erigir una sociedad estructurada.

Para terminar, voy a recoger las palabras que la diosa Atenea dice en la última de las tres obras de la trilogía, Las Euménides. En ellas, se establece el tribunal del Areópago y se dan algunas líneas esenciales del funcionamiento de la justicia democrática. La traducción es mía.

Atenea se dirige a Orestes (versos 470-489):

El asunto es bastante serio para que un mortal piense en juzgarlo. Tampoco a mí la ley divina me permite hacer justicia en el caso de un asesinato, que acarrea la rápida furia de las Erinias. Sin embargo, tú has llegado a mi morada como puro e inocente suplicante tras haber realizado los ritos adecuados y te respeto de este modo porque mi ciudad nada puede reprocharte. Pero tienen aquéllas una misión que no admite obviarlas fácilmente. Y si no tienen éxito en su afán, descargarán inmediatamente sobre este país la ponzoña de su resentimiento: una horrenda y definitiva plaga que caerá sobre la tierra. Así están las cosas. Ambas actitudes, admitirlas o rechazarlas, son inevitablemente desastrosas para mí. Pero dado que este problema se ha presentado aquí, yo elegiré y tomaré juramento a unos jueces para los homicidios, y estableceré una institución que durará eternamente. En cuanto a vosotros, convocad los testigos y las pruebas que bajo juramento sustentarán el juicio. Regresaré cuando haya seleccionado a lo mejor de mis ciudadanos para que diriman con veracidad esta querella gracias al juramento que prestan de no fallar nada contrario a la justicia. 

De nuevo Atenea (versos 681-710):

Pueblo del Ática [atenienses], dado que habéis llevado a cabo el primer juicio por un delito de homicidio, es ya momento de que podáis oír un decreto divino. En lo sucesivo, la hueste de Egeo [los atenienses] contará para siempre con este consejo de jueces. Lo tendréis en esta colina de Ares [el Areópago]. (…) Aquí la veneración de los ciudadanos y el temor, su congénere, os apartarán día y noche de cometer injusticias. (…) Os aconsejo que lo defendáis, que no veneréis ni la anarquía ni el despotismo y que no expulséis completamente de la ciudad el temor. (…) Instituyo este consejo inasequible a la corrupción, venerable, pronto al castigo, en vigilia por los que duermen, defensor de la tierra. He desplegado esta exhortación a mis ciudadanos con vistas a su futuro. Ahora, respetando vuestro juramento, os debéis poner en pie, dar vuestro voto y pronunciar una sentencia. He dicho.

¿Prohibición del tabaco en los bares? Cuestión de derechos (de propiedad)

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Con el tema de la prohibición del tabaco en bares y restaurantes quizás mucha gente cae fácilmente en la tentación totalitaria, incluso gente que se autodenomina liberal. Me refiero a estar de acuerdo con la prohibición porque nosotros no somos fumadores y nos molesta profundamente el humo cuando estamos en el bar o restaurante.

Veamos. Que consumir tabaco es dañino para la salud no lo voy a negar (pese a las exageraciones de algunos), como tampoco voy a negar que el humo de los fumadores moleste y perjudique a los no fumadores. Es una realidad. De hecho, yo no he fumado en mi vida y me molesta mucho el humo de los fumadores. Mucho.

Pero esta ley supone un ataque a la libertad individual en toda regla, ya que la libertad no consiste en amoldar a la sociedad a mis gustos y preferencias, sino a permitir otras acciones y estilos de vida siempre que no me agredan.

¿Pero no es una agresión en toda regla el tener que soportar el humo de los demás en los bares? Pues no. Rotundamente no. Pensar así es confundir derechos. Y es que no es el fumador pasivo el que tiene derecho a que no se fume en el bar, sino que, por el contrario, es el dueño del bar el que tiene derecho de discriminar quién entra en su propiedad (derecho de admisión) y lo que se hace dentro de ella, como cualquiera de nosotros en nuestra casa. Sería él el que decidiese si se puede fumar o no en su local. Un bar puede denominarse "espacio público" y estar "abierto al público", pero no es una propiedad pública, es una propiedad privada.

El fumador pasivo puede hacer que el humo de los fumadores deje de molestarle: no entrando en bares en los que se pueda fumar. Nadie está obligado a entrar en ningún bar. Tan sencillo como eso. De lo contrario, sería obligar a un propietario (dueño del bar) a que pierda derechos y soberanía sobre sus propiedades. Algo absurdo, totalitario y liberticida.

En un intento de justificar lo injustificable, este gobierno también ha utilizado el argumento de que así se protegerá a los trabajadores del sector de la hostelería, que son grandes fumadores pasivos. Otra absurdidad. Primero, porque el propietario de la empresa es el dueño del bar y no el resto de trabajadores. Las reglas del negocio y las decisiones empresariales las toma él. Nadie está obligado a trabajar para él a punta de pistola. Segundo, ¿el gobierno les ha preguntado a todos los trabajadores del sector su opinión o simplemente se ha limitado a "opinar" en su nombre? Y tercero, parece ser que el gobierno no es consciente de las pérdidas que van a tener los bares y restaurantes. Se calcula que aproximadamente un 20% de la facturación, ya que su efecto se notará principalmente en las sobremesas. Esto significa más paro. Probablemente los trabajadores preferirían seguir aspirando humo antes que irse al paro. Creo yo. El desempleo también es muy malo para la salud…

El gobierno ha creado una nefasta solución para un conflicto que en una sociedad libre está totalmente resuelto: que cada propietario decida dónde y cuándo se permite fumar en su empresa, local o propiedad.

Y, sin embargo, el gobierno ha decidido imponer estilos de vida agrediendo derechos individuales de propiedad. Por eso es importante oponerse frontalmente a esta ley, porque después de ésta vendrán otras. La ambición totalitaria del Estado no tiene límite. Sólo el que los ciudadanos acepten.