Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

El ordenamiento jurídico lo constituyen un conjunto bastante heterogéneo de normas, aunque sujetas todas a una jerarquía normativa. Las que tienen mayor protección suelen ser las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales (o al menos lo que se reconoce como tal) y las que definen la estructura del Estado. También hay un conjunto de normas que son las que identificamos, en un primer momento, con lo que constituye el derecho: las que regulan la relación de las personas entre sí (civil, penal, mercantil…). Pero hay, al menos, otro conjunto de normas que, de un modo poco científico, podemos llamar “políticas”. Y que son leyes (u otro tipo de normas) que se crean con algún objetivo político determinado. Por lo general, para conformar algún tipo de sociedad, cambiar usos, valores y costumbres, redistribuir renta o riqueza, proveer de bienes y servicios para determinados grupos sociales, y demás.

El problema que me planteo es el siguiente: la posibilidad, más que probable, de que las normas de carácter político, las que se plantean ese conjunto de objetivos definibles, fracasen en sus objetivos o tengan consecuencias sociales no previstas y muy perjudiciales. Algunas de esas normas consisten en un conjunto de prohibiciones u obligaciones. Por ejemplo, la prohibición de fumar en determinados espacios o la obligación de cumplir con determinada regulación de calidad o ecológica. Los costes de tales políticas los absorben sobre todo los ciudadanos sobre los que recae la norma, aunque habitualmente tendrán que estar acompañadas por alguna infraestructura de control y sanción. Otras normas asegurarán el derecho a obtener determinados bienes a un precio por debajo del mercado o transferencias de renta o la obtención de determinados ingresos fiscales, si se trata de una tasa o un impuesto.

Todas llevan aparejados su conjunto de críticas liberales de las que no me voy a ocupar ahora. Pero si se planteaban unos objetivos definidos, debería poder estudiarse 1) Si se han cumplido esos objetivos, 2) si además se han producido otros efectos indeseables y 3) si existe una alternativa mejor. El objetivo sería identificar y eliminar toda la basura legislativa que se acumula, que ni se revisa ni, sobre todo, se elimina. Decía Calvil Coolidge que “es más importante matar las malas leyes que aprobar las buenas”.

¿Cómo acabar con la basura legislativa? Lo mejor sería que cada nueva ley tuviera que aprobarse con 1) Una relación de todos los objetivos que se desean cumplir con ella. 2) Una relación, asimismo, de todos los efectos negativos que pueda acarrear. 3) Una definición de los criterios que deben utilizarse para valorar los efectos, en uno y otro sentido, que tenga la ley. En ambos apartados podrían venir reflejadas las opiniones de grupos de la oposición. Y, sobre todo, 4) Un período no superior a 10 años en el que la nueva ley queda automáticamente derogada si no se renueva con el refrendo del Parlamento. La derogación de la ley debe llevar aparejado la disolución del aparato administrativo aparejado a la norma, aunque eso también exigiría una reforma de la función pública. También sería positivo que el Jefe del Estado tuviese el derecho de vetar o expulsar de la legislación leyes que se considerasen en conjunto negativas. Otra vía necesaria para acabar con la basura legislativa sería la cuestión popular: Un voto en referéndum para derogar, al margen del Parlamento y del Jefe del Estado, las malas leyes.

Cuando se proponen nuevas leyes, se revisten de fabulosas predicciones sobre todos los parabienes que van a traer. Los políticos tienen que justificar el cambio y acallar las quejas por los costes que pueda llevar aparejado. Un cambio de este estilo haría algo más racional el debate político y la aprobación de nuevas leyes y, sobre todo, expulsaría del ordenamiento jurídico normas que hacen más mal que bien.

Colocar los sentimientos en el centro de la política, algo que tiene perversos antecedentes, cortocircuita el uso de la razón. Los sentimientos desatan la acción que, con un ánimo más sereno, se deja guiar por las normas de la moral y la razón. Sería en extremo chocante que un movimiento que se coloca el cartel de la indignación no derivara en una violencia abierta. Tenuemente amenazadora, en sus primeras horas, y creciente a medida que sus acciones cubren con impunidad el vacío dejado por la respuesta del Estado. Es un ejemplo de cómo la proscripción de la violencia ampara y fomenta la violencia.

A pesar de las asambleas sin fin y de los debates en Internet, los indignados parecen adolecer de una falta de claridad de ideas. No es ya por qué se indignan o al menos por qué protestan. La confusión se da también en cuáles deben ser los medios para encauzar esa protesta. El grito más repetido, y el que tiene más coherencia con sus acciones, es el de “no nos representan”, proferido ante los políticos electos y acompañado de violencia. Pero sus fines, que exigen más control de la vida ciudadana por la política, son contradictorios con el discurso antipolítico. Muestran cierta violencia, pero no la suficiente para una revolución. Piensan en cambiar las cosas por medio de la opinión pública, pero su mensaje es confuso y contradictorio. Es una rebelión estéril.

Pero hay una alternativa. Por lo que se refiere a los fines, la rebelión puede buscar que los políticos nos dejen en paz. Que nos dejen, como trabajadores, llegar a un acuerdo con los empresarios en los términos que a ambos nos compensan. Que nos permitan como padres elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos, o que nos permitan educarnos a nosotros con plena libertad. Que nuestro consumo dependa de la libre oferta de los productores, nuestras preferencias y nuestra disponibilidad económica, sin las prohibiciones y regulaciones impuestas por el Estado. Que podamos disfrutar de los frutos de nuestro trabajo sin que nos lo quite el Estado. Que nos dejen disponer de nuestro sueldo para elegir la forma de proveernos de capital para el futuro. Que no se violen nuestras libertades con la excusa de la lucha contra el crimen. Que no se cercene nuestra libertad de expresión o la de aquellos medios que nos gustan. Los ejemplos, por desgracia, son innúmeros.

Por lo que se refiere a los medios, no hay que recurrir a la violencia. Basta recordar nuestro derecho a la desobediencia civil. El Estado nos impone normas que invaden nuestros derechos, cercenan nuestras libertades y nos roban nuestro tiempo y nuestro dinero. Son injustas. Somos dueños de nuestros derechos y podemos ejercerlos, contra tales leyes. Como dice Thoreau, el gobierno “no tiene la vitalidad y fuerza de un solo hombre: porque un solo hombre puede doblegarlo a su antojo”. No hace falta recurrir a la violencia, basta con la resistencia pacífica. El poder del Estado se basa en la violencia. Pero tiende, entre la violencia y el cumplimiento de sus objetivos, un manto de legitimidad que en la mayoría de los casos es falso. Descubrámoslo con la desobediencia; pacífica, esto es. Tenemos el derecho a ignorar al Estado, si no es un instrumento de nuestra conveniencia. Muchos ya lo hacen.

Además, los indignados tienen un problema de representación y legitimidad. Ellos no aceptan a los políticos como representantes suyos. Y no tienen por qué, el derecho a sentirse representado es enteramente suyo. Claro, que lo mismo ocurre con sus asambleas y sus portavoces. En una rebelión de verdad, basada en la desobediencia pacífica, este problema se disuelve. Cada uno se representa a sí mismo, que es quien se niega a cumplir las leyes.

Aunque para todo ello no hace falta estar indignado. Pero sí es necesario tener una idea clara de cuáles son nuestros derechos, de cómo los viola sistemáticamente el Estado y de cómo éste se interpone constantemente en la consecución de nuestros fines.