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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

¿Crimen sin castigo?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Aunque se trata de justificar con el argumento de que el sistema judicial debe reconocer los efectos diluyentes del transcurso del tiempo sobre la reclamación de justicia contra los participantes en los delitos, la extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción cuenta con pocos partidarios entre el gran público.

Por una elección legislativa, compartida mayoritariamente por una clase de juristas que adoran al Estado, sin embargo, la pasividad en la persecución de los delitos o la paralización de las actuaciones emprendidas, durante unos plazos prefijados en función de la pena prevista para el delito en cuestión, determinan la desaparición del derecho que se ha arrogado el Estado para castigar (ius puniendi) a sus responsables, sin necesidad de tener en cuenta a los afectados directamente por el delito. La regla no admite excepciones para los casos en que las víctimas (elemento esencial que, no obstante, los estados consideran prescindible para configurar los delitos) no comparten la renuncia estatal a castigar los delitos por criterios pragmáticos. A pesar de que el derecho español mantiene la brillante excepcionalidad de que el Estado no goza del monopolio sobre la acción penal, el ejercicio de ésta por parte de las víctimas no matiza la decisión del juez estatal sobre si procede el castigo y, en su caso, la reparación.

Se considera que el mero transcurso del tiempo sin que la maquinaria represiva reaccione justifica el sacrificio de los derechos de las víctimas en aras del mantenimiento de la seguridad jurídica y el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas que, en el ámbito del Derecho Penal, se completa y acentúa en el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (artículo 24.2 de la C.E.) y en los principios de orientación a la reeducación y reinserción social que el artículo 25.2º de la C.E. asigna a las penas privativas de libertad.

Centrada la persecución de los delitos en razones de prevención general y especial según las entiende el poder estatal, más que en la reparación del daño y la retribución por medio de la pena a petición de las víctimas del delito, las doctrinas del Tribunal Supremo y el Constitucional coinciden en los fundamentos de la prescripción. (Sentencias de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1995 y 7 de octubre de 1997, así como la S.T.C. 157/1990 de 18 de octubre de 1.990) Sus diferencias, aireadas de modo ostensible en casos muy sonados, se reducen a aspectos sobre el cómputo de los plazos de prescripción y sobre qué actuaciones suponen realmente una interrupción de los mismos.

Aun con todo, estos agravios a las víctimas parten en gran medida de los similares plazos de prescripción plasmados en los Códigos penales de 1973 y 1995. Delitos muy graves como el asesinato (y todos los que superen el umbral de penas superiores a quince años de privación de libertad) prescriben a los veinte años a contar desde su comisión (Art. 131 CP). Se establece, no obstante, que la prescripción se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena (132.2 CP).

Hace escasos días saltó a los medios el caso de una víctima mortal de la ETA asesinada en 1981, cuyos familiares fueron despachados de una sala de vistas de la Audiencia Nacional, donde se juzgaba por otros delitos al principal sospechoso, cuando protestaban por el archivo del asunto con el argumento de la prescripción de ese delito. Sin conocer en profundidad los detalles del caso, el hecho de que la intervención de los esos particulares contribuyera para que el gobierno francés concediera la extradición, y no se entendieran, por tanto, paralizadas las actuaciones hacen más chocante la estimación de la prescripción.

Resulta evidente que la reducción de los plazos de prescripción a términos ridículos supone una opción legislativa más que sospechosa a la vista del historial de los gobernantes. En este sentido el contenido anunciado respecto a la prescripción de delitos por un proyecto de ley de reforma del Código Penal que tramitan actualmente las Cortes no añade nada sustancial, salvo añadir los asesinatos terroristas a la lista de delitos imprescriptibles. Desde mi punto de vista, no obstante, deberían ampliarse significativamente los plazos de prescripción de los delitos con víctima con carácter general, respetando el principio de igualdad de trato ante la ley. Asimismo, llegados determinados umbrales temporales, la intervención de las víctimas debería ser crucial para la persecución de los delitos.

Sin necesidad de reformas legislativas, empero, algunos compromisos internacionales convierten muchos delitos en imprescriptibles. Me refiero a los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Estos últimos pueden suponer la imprescriptibilidad de más casos de los que comúnmente se suponen. En otra ocasión, observando el contenido de varios convenios internacionales suscritos por el Reino de España, aludí a la naturaleza de crímenes contra la humanidad de los asesinatos subyacentes en la masacre del 11-M en Madrid. Algo que debería disuadir a sus numerosos encubridores de persistir en las patrañas que, tarde o temprano, se averiguarán.

Por otro lado, la crítica que aquí se hace al presente estado de cosas no es óbice para reconocer la plausibilidad de la prescripción de los delitos sin víctimas, así como la lista interminable de infracciones que llevan aparejadas sanciones, creadas dentro de la categoría del derecho administrativo sancionador. En este sentido, recuérdese que el crecimiento apabullante del Estado descansa en su intervencionismo, y su derivada híper reguladora, sobre los tributos, el consumo, el urbanismo, el medio ambiente y las relaciones laborales, por nombrar sólo algunas de las materias objeto de la inflación legislativa y reglamentaria.

Al no haber personas directamente lesionadas, cabe esgrimir que razones de seguridad jurídica aconsejan limitar drásticamente el tiempo durante el cual el poder coercitivo del Estado puede ejercitar su potestad sancionadora.

Antisemitismo chavista

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los objetivos principales de la calculada (por falsa) espontaneidad del presidente venezolano era el histórico edificio La Francia, que albergaba una gran cantidad de comercios de oro y joyería. Lo que no resulta tan conocido es que el 60 por ciento de los pequeños empresarios afectados por la “bolivariana” arbitrariedad chavista eran judíos. No se trata de una coincidencia. Al contrario, es una buena muestra de un antisemitismo cada vez más evidente en el líder del socialismo del siglo XXI.

Al día siguiente de que Chávez ordenara en televisión la expropiación, grupos de seguidores del presidente fueron a hostigar a los comerciantes que recogían sus cosas. Los gritos que tuvieron que oír aquellos que perdían su forma de vida no dejaban lugar a dudas. “¡Fuera, judíos, váyanse a su casa!”, clamaban los sectarios bolivarianos a las víctimas del expolio gubernamental.

En el programa televisivo de agitación y adoctrinamiento La Hojilla, el presentador (un barbudo que al hablar parece un doble de Chávez) justificó la expropiación con el argumento de que en el edificio “sólo hay judíos que venden oro”.

La expropiación, que en rigor iba dirigida contra la universidad propietaria del edificio (no controlada por el Gobierno), evidenció una judeofobia chavista que responde a los esquemas clásicos del viejo odio contra los hebreos.

Dos mitos se repitieron esos días: los judíos como personas que comercian con oro y los judíos como extranjeros. Nada sorprendente. Basta con observar de quién gusta rodearse Hugo Chávez para comprender que el antisemitismo tiene su lugar en su peculiar y totalitaria visión del mundo.

Al margen de su nefasta alianza con Ahmadineyad, Chávez ha nombrado vicepresidente a Elías Jaua, uno de los personajes más siniestros del régimen venezolano. A sus vínculos con los terroristas de ETA y las FARC, hay que sumar sus antiguos contactos con los golpistas “carapintadas” argentinos, según denuncia el Centro Wiesenthal. Entre estos últimos, el odio a los judíos era algo público y notorio.

El mandatario venezolano tuvo entre sus primeros colaboradores a un oscuro personaje argentino, el ya fallecido Norberto Ceresole. Ceresole era un furibundo ensayista antisemita que negaba el Holocausto y cuya obra es admirada por los neonazis.

El odio a los judíos y el rechazo a la libertad suelen ir unidos. El chavismo es un buen ejemplo de ello

El Jefe del Estado y sus funciones

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

En una democracia parlamentaria el Jefe del Estado debe garantizar la estabilidad institucional, pero además debe proteger los derechos y libertades de los ciudadanos a los cuales debe su cargo.

Según este planteamiento, el Presidente en una república, o el Rey en una monarquía, debe trabajar con coraje y astucia para que la lucha política no deteriore las instituciones democráticas y, por tanto, para que no se legisle en contra de la separación de poderes, de la estricta independencia judicial o de los derechos de cada ciudadano a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

Ambas figuras tienen sus ventajas e inconvenientes. El Presidente en una república democrática es elegido por sufragio universal cada cierto tiempo, pero siempre queda sujeto al desgaste público, tanto por las campañas electorales en las cuales debe involucrarse como por las decisiones que debe asumir en el ejercicio del poder ejecutivo.

Sin embargo, un Rey queda elegido por el refrendo mayoritario de los ciudadanos a la Constitución que instaura la monarquía parlamentaria y, aunque sanciona y promulga las leyes, queda fuera del ejercicio del poder. La familia real representa un vínculo sociocultural e histórico con el pasado de la nación y de las personas que la integran. Ese vínculo de unión puede verse reforzado en el caso de que se produzca el casamiento del rey o de su heredero con personas del pueblo que tengan sentido de Estado y actúen con la dignidad y la responsabilidad adecuadas.

Quizás, la principal ventaja de una monarquía frente a una república reside en que el Rey y su familia representan la primacía de la Constitución, del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas, arbitrando su correcto funcionamiento más allá de las luchas por el poder y de las tendencias naturales e incorregibles de muchos políticos por coartar la libertad de la población y por utilizar las instituciones en su propio beneficio o, incluso peor, por arrastrar el país hacia el infierno de la utopía.

En todo caso, tanto en el caso de un Presidente como en el caso de un Rey, la persona que ejerce la Jefatura de un Estado debe ser la primera garantía de la dispersión pluralista del poder, como única alternativa viable institucionalmente para que, actuando con independencia de los políticos, diversas fuentes de poder actúen como contrapesos que institucionalicen un mayor control de las actuaciones públicas de los cargos políticos y proporcionen máximas condiciones de libertad para la interacción libre en un mercado mínimamente intervenido.

Por otro lado, si realiza bien su trabajo, un buen Jefe de Estado debe moderar el funcionamiento de las instituciones y la correcta aplicación de la Constitución, ya que se le permiten ciertos privilegios a cambio de ejercer su cargo con la inteligencia y la valentías necesarias para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y el funcionamiento democrático de las instituciones, conforme al espíritu y el texto de la Constitución, con el noble objetivo de garantizar la convivencia pacífica durante el mayor número de generaciones posibles.

El lector puede preguntarse ¿por qué son tan importantes esas funciones en un Jefe de Estado? Y la respuesta está en la esencia misma de una sociedad civilizada. Sólo se consigue una sociedad extensa, compleja y abierta, cuando las instituciones respetan los derechos individuales por encima del poder político, ya que son derechos inmanentes a la naturaleza del hombre libre y, por tanto, inalienables por el poder político y previos a cualquier Constitución.

Esto significa que un Jefe del Estado debe siempre reclamar que se ejerza una protección efectiva de los derechos civiles de todos y cada uno de los ciudadanos que viven en una nación y, debe exigir que exista una sujeción a la Constitución del funcionamiento de todas las instituciones. Precisamente, por ser uno de los pilares centrales que sostiene la Constitución, el Jefe del Estado tiene responsabilidad máxima y debe evitar que degeneren las instituciones en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos.

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El diálogo de Hillary

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo hizo, en lo que muchos defensores de los derechos humanos consideraron una bofetada en la cara de todos los tibetanos y el resto de víctimas de cualquier dictadura, para no poner en peligro sus buenas relaciones con el Gobierno totalitario de Pekín. Sin embargo, semanas después a quien abofeteó fue a ese mismo régimen comunista chino en su propia casa al dirigir a un grupo de jóvenes reunidos con él en Shangai la siguiente frase: "Soy defensor de la tecnología y de no restringir el acceso a internet".

Tras la cobardía mostrada en su propia casa –propia de un Zapatero o un Moratinos negándose a condenar el cierre de emisoras televisivas en Venezuela o la ausencia de derechos humanos en Cuba–, Obama le gritó en la cara a su anfitrión comunista para reclamarle libertad en internet. La dictadura china ya mostró su malestar por aquel episodio, como también lo ha hecho por la necesaria amenaza de Google de cerrar su buscador en mandarín.

Tampoco gustó a los dirigentes del régimen de Pekín que Hillary Clinton criticara, en un discurso que se inscribe dentro de la polémica abierta entre Google y la dictadura comunista, la censura que imponen a internet. Los responsables del Gobierno totalitario que somete a una mayor cantidad de personas en el mundo dijeron que la intervención de la ex senadora por Nueva York era una "falta de respeto". Tras eso, y en una muestra de cobardía que alguien en su puesto no se puede permitir, la secretaria de Estado americana ha rebajado el tono en una polémica en la que lo que está en juego es mucho más que los intereses de una empresa de internet.

La que fuera primera dama de EEUU ha dicho haber mantenido un "diálogo muy positivo" con el ministro de Exteriores chino sobre Google. Con independencia de los temas que trataran y del tono de la conversación, la declaración de Clinton es una muestra de que va en la dirección equivocada. Para empezar, el motor de búsqueda no debe ser el centro de las conversaciones. El enfrentamiento de esta compañía con el régimen comunista (que puede incluso poner en peligro el desarrollo de internet en el gigante asiático) es producto de lo que realmente es importante en este asunto: la falta de libertad de expresión y de cualquier otro derecho fundamental que sufren los internautas chinos. Es de eso, y no de otra cuestión, de lo que debe hablar Clinton con el Gobierno de Pekín.

Además, no resulta creíble que se haya tratado de un diálogo "muy positivo". La conversación, o conversaciones si ha habido más de una, tan sólo merecería esa calificación si hubiera finalizado con una absoluta aceptación de respetar la libertad en internet por parte del régimen chino. Cualquier otra cosa es dejarse marear o querer justificar la propia falta de firmeza ante una tiranía.

Antonio José Chinchetru es autor de Sobre la Red 2.0.

Derecho de rebelión ante cambios constitucionales ilegítimos

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Muchos autores reclaman desde antiguo el derecho de los ciudadanos a rebelarse en contra de las autoridades ante situaciones de restricción o eliminación de derechos y libertades civiles. Por supuesto, ante el derecho de rebelión, existen posicionamientos de muy diversa índole.

Así, por ejemplo, los monarcómanos reclamaban el tiranicidio, es decir, llegaban a justificar el asesinato del Rey cuando actuaba como un tirano al usurpar la libertad de sus súbditos. Argumentaban en contra del Rey, como máximo exponente del Estado absolutista, cuando disponía a su antojo de la vida y la libertad de sus plebeyos.

También las ideas de la Escolástica Española, heredaras de la obra La Monarquía de Santo Tomás de Aquino, sugerían la posibilidad de rebelión cuando el Rey (o mutatis mutantis el Estado moderno) actuaba como un tirano por cometer excesos en contra de los súbditos, sus propiedades o, incluso, la cantidad y la calidad de metales preciosos en las monedas de curso legal.

El derecho de alzamiento en contra de la autoridad política alcanzó su mayor repercusión política en Europa con el inglés John Locke, si bien lo matizó, ajustando su alcance tan sólo al objeto de derrocar al Rey cuando su autoridad deja de proteger los derechos naturales de los hombres a la vida, a la libertad y a la propiedad. Las múltiples ediciones de sus obras durante los siglos XVIII y XIX testimonian su influencia en los movimientos de sublevación en contra de los regímenes políticos que aplastaban derechos y libertades individuales.

Sin duda, son deudores directos de su obra, tanto la Revolución Gloriosa del año 1688 como la Declaración de Derechos del año 1689, como consecuencia de un cambio de régimen pacífico que permitió afianzar la democracia parlamentaria en Inglaterra. En los siglos posteriores el derecho sublevación fue crucial para la consolidación de otras democracias parlamentarias. Quizás su máxima expresión sean la Declaración de Independencia del año 1776 y, en menor medida, la Constitución de 1789 de los Estados Unidos de América, vigente desde entonces.

Sostenemos como evidentes estas verdades: todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

Como se comprueba en esta cita de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, la característica más importante que hace prevalecer la libertad es la lucha de cada ciudadano por proteger sus derechos individuales (e inalienables) frente al Estado, pero la estructura institucional también es un factor decisivo. Por su especial resistencia frente a los cambios políticos, sigue siendo un referente el mundo anglosajón por su mayor respeto a la jurisprudencia (common law) y al cumplimiento estricto de las ley (rule of law).

De hecho, es esencial para un país el dotarse de una buena Constitución que garantice el desarrollo socio económico de sus ciudadanos durante decenas de generaciones, bien explicitada en un texto único (Estados Unidos), bien desarrollada en diversas normas y convenciones no escritas (Inglaterra). Pero, en todo caso, redactada de modo que se protejan los derechos civiles del modo más abstracto, general y permanente posible y que, expresamente, se limite el intervencionismo del Estado con barreras normativas y con una mención al derecho de rebelión frente a cualesquiera leyes liberticidas que promuevan el control del ámbito de decisión privado.

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Google, China y la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Desde hace varios años una media de cincuenta "ciberdisidentes" sufre penas de prisión en el gigante asiático y los dirigentes comunistas inventan mil maneras de impedir que los súbditos (quien está sometido a un sistema como el del PCCh no puede ser considerado en rigor un ciudadano) accedan a una gran cantidad de contenidos a través del ciberespacio.

El debate fue especialmente encendido hace años, a raíz de la detención de un "ciberdisidente " con la colaboración de Yahoo. Y ahora ha vuelto a abrirse por un motivo radicalmente opuesto. Si entonces un gigante de internet colaboró de manera vergonzosa e injustificable con la dictadura, ahora otro muestra una actitud que honra a sus responsables. Es cierto que debería haberla tenido mucho antes. Hace cuatro años Google accedió a plegarse a las exigencias del Partido Comunista que rige los destinos del país más poblado del mundo, algo que le valió numerosas críticas por algo que desde este mismo espacio consideramos que hacía de esta compañía víctima y cómplice de manera simultánea.

Es cierto que el comportamiento de este periodo por parte de Google ha sido al menos más digno que el que caracterizó a su rival cuando se convirtió en colaborador de la dictadura. Se limitó a censurar tal como le exigía el régimen, pero no fue cómplice de la represión contra ninguna persona. Y, tal vez por eso mismo, su servicio de correo electrónico ha sido víctima de ataques cuya responsabilidad niega el Gobierno de Pekín dando unas excusas difíciles de creer.

La respuesta del régimen comunista, negando su más que posible responsabilidad y "llamando al orden" a Google sin citarlo, demuestra que a los gobernantes chinos les preocupa que este gigante online deje el país asiático. Preocupación comprensible si se tiene en cuenta que el ejemplo podría cundir y terminaran marchándose otros como Yahoo o MSN. Los dirigentes de la dictadura entienden que un gran desarrollo de internet en el país tiene grandes ventajas económicas. Por eso mantienen una política represiva más suave que la cubana o la norcoreana. Y por eso también les asusta tanto la reacción de Google.

Ahora le toca mover ficha a la compañía estadounidense. La mejor opción sería cerrar la versión china del buscador pero dejar libre acceso (actuando desde el exterior) a los ciudadanos del país asiático a sus otros servicios, como el correo electrónico, el chat GTalk o Google Wave. Así, privaría a la dictadura de los beneficios de su presencia en territorio controlado por ella pero seguiría prestando una gran ayuda a aquellas personas que buscan comunicarse con un menor control del régimen. Con independencia de que pueda molestar a algunos, algo así ayudaría más a la libertad en China que cientos de campañas por parte de miles de activistas de todo el mundo.

Una madre que representa a Cuba

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

Gloria Amaya era, hasta su reciente fallecimiento, un símbolo vivo de la sociedad cubana. Esta mujer de avanzada edad (murió a los 81 años) y admirable valentía según el testimonio de quienes le conocían llegó a tener de forma simultánea a tres hijos en prisión por el mero hecho de oponerse al tirano. Dos de ellos, Ariel y Guido Sigler Amaya, siguen habitando las siniestras cárceles cubanas en las que otros hermanos, Fidel y Raúl Castro, encierran a quienes se niegan a pensar como ellos ordenan. El tercero, Miguel, vive en el exilio de Miami tras salir del presidio.

Gloria Amaya era una de esas admirables Damas de Blanco que, desde que sus hijos, maridos y otros familiares fueran detenidos durante la oleada represiva de 2003, se movilizan para pedir la libertad de esos y otros valientes que osan enfrentarse a la tiranía castrista. Sin embargo, era especial entre todas esas valerosas mujeres. Tan sólo ella era madre de tres presos políticos, un triste récord que le otorgaba un lugar muy especial entre quienes aspiran a ver una Cuba libre del castrismo. Y, con el dolor que esa triple condena imponía a una madre, marchaba junto a sus compañeras para pedir libertad. Pero, a diferencia de las demás, ella lo hacía en silla de ruedas a causa de la edad y una delicada salud.

Gloria Amaya representaba a todos esos cubanos que no se rinden ante la tiranía. Quienes la trataron han señalado que ella supo transmitir a sus hijos primero y a sus nietos después un ansia de libertad irrefrenable y la convicción de que merece la pena enfrentarse a los tiranos. El precio pagado por ella y los suyos por mantenerse firmes en esas convicciones fue, sigue siendo, muy alto. El objetivo de su noble lucha, el fin de la dictadura, es algo que ella no podrá ver pero, tal vez, sí lo hagan sus descendientes.

Gloria Amaya personificó la Cuba sufriente incluso en su velatorio. En un gesto de falsa humanidad, sabedora del precio que podría significarle en imagen exterior cualquier otra opción, la tiranía permitió que los hijos encarcelados fueran a rendir homenaje a la madre fallecida. Pero los retorcidos funcionarios del terror no les permitieron hacerlo con normalidad, condenándolos a la clandestinidad. Fue a altas horas de la madrugada cuando los vástagos pudieron despedirse de su progenitora. A Guido le llevaron a las 2:45 de la madrugada y le condujeron de vuelta a prisión a las 4:45. Las fotos nos muestran al preso político en un estado de salud realmente malo, delgado al extremo y en silla de ruedas.

Gloria Amaya fue, es, una madre que representa a Cuba. La progenitora de una familia dividida entre la cárcel y el exilio. Esta es la misma división que sufre la sociedad cubana, fracturada geográficamente entre quienes viven dentro de esa gigantesca prisión que es la isla y quienes marcharon al exterior para respirar más libertad o poder vivir dignamente. Gloria Amaya, descanse en paz.

Gobierno universal

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

La crisis económica y otras cuestiones son aprovechadas para actualizar el alegato kantiano a favor y en predicción de que la humanidad debería llegar a un gobierno mundial y que acabaría alcanzando tal fase. La crisis, causada por el sistema bancario y por los gobiernos, impugna en la opinión pública a las empresas y a la función empresarial globalizada.

Por otra parte, la población mundial crece y lo hace en sistemas económicos que les sostienen, mal que bien. Pero los gobiernos y las empresas hacen previsiones para que el futuro ofrezca bienestar a sus poblaciones. No nos engañemos al respecto porque, si bien las empresas en mercado libre proveen ese bienestar de manera más ágil y progresiva que los gobiernos, éstos basan su legitimidad en presentarse como pieza imprescindible para ello. Obstaculizan y regulan obsesivamente la vida de las empresas para garantizar la calidad que ellos dificultan y que las empresas podrían mejorar pero no pueden a causa de las propias regulaciones y ataques fiscales. Y parece que esa batalla acerca de la eficiencia, de momento, no la pierden los gobiernos aunque al mercado le reconozcan algunos méritos ciertos sectores sociales.

Y es que esas previsiones empresariales y políticas para el futuro conllevan un mayor número de interrelaciones. Las que hemos denominado como globalización económica de la pasada década fue una de ellas. Durante años pareció que la dinámica de los intercambios comerciales entre personas de cualquier parte del mundo, acompañadas con el boom de la conectividad superaba la lógica de los estados. No obstante, hoy la realidad se presenta diferente.

Los estados recogen, con la crisis que ellos mismos han inducido, un refuerzo de su poder. Tras el cúmulo de interrelaciones libres entre ciudadanos más o menos libres, se producen las interrelaciones concertadas entre estados. La energía, que nunca dejó de ser cuestión de estado, deja ver su papel central en las economías como eje del poder de éstos. La excusa del calentamiento global, mentira resultona mientras el clima global no entre en una inequívoca fase fría, es el discurso oficial que oculta las tensiones por el control de la energía y por la competencia entre economías nacionales, tanto cuando se avanza en las regulaciones como cuando se ralentiza su adopción. La reducción de gases contaminantes es un arma arrojadiza para los gobiernos europeos igual que para los de economías emergentes. Todo ello hace, ahora más que hace pocos años, que la economía sea economía política y ésta cada vez más identificable popularmente con la política económica.

Por tanto tenemos una crisis económica global en la que los gobiernos son la solución, una crisis ecológica global cuya supuesta amenaza guía las guerras industriales y el bienestar futuro dependiendo de la energía que sólo los estados garantizan. Y quien sepa ver la mentira de los dos primeros elementos, tendrá difícil perspectiva para lo último, verdadero incentivo para alcanzar acuerdos gubernamentales mundiales.

La dinámica de las economías estatales, en lugar de dar por superada a la política, la afianza, asienta la legitimidad de la función gubernamental porque ésta, en última instancia satisface el inmediatismo de los ciudadanos que solamente demanda bienes materiales y olvida los espirituales, prefiere de soluciones rápidas y subvenidas antes que la libertad individual. A cambio devuelven a sus gobiernos legitimidad y poder.

Sexoencuesta

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Alguien que sepa de psicología evolucionista les sabrá dar todas las razones de que las mujeres piensen en el amor romántico y en la reproducción y los hombres en el deseo sexual, que las mujeres se centren en seleccionar bien la pareja y los hombres tengan una estrategia… dispersa.

Todo eso lo sabíamos y lo sabía el Gobierno. ¿Por qué destina sacos de dinero público a esa encuesta? Sorprendentes o no, ¿qué relevancia tienen esos resultados para la acción del Gobierno? La ministra Aído, apenas miembra de este Gobierno, ¿qué ha dicho de tal desigualdad fraudulenta? ¿Cómo permite a los genes que sigan ordenando un comportamiento tan poco progresista? Usted mezcla los genes con la manía de la gente de hacer lo que les parece y luego pasa lo que pasa.

Es evidente que el Gobierno no ha hecho la encuesta para que Aído luche contra los genes, que contra la libertad de cada cual ya tiene sobrante tarea. ¿Por qué, entonces? Holgaría decir que el sexo pertenece al ámbito privado si no fuese porque el objetivo del Gobierno es convertirlo en un asunto público. Por eso dice que la encuesta es sobre "salud sexual", porque está aceptado que el Gobierno puede entrar en cómo manejamos nuestra salud. Por esa vía quiere entrar en nuestra casa, y en nuestra cama. Se trata de romper todas las barreras entre lo público y lo privado para que el Gobierno haga y deshaga a voluntad. Todo, desde cómo gestionamos nuestra salud o la educación de nuestros hijos a lo que consumimos, cómo nos desplazamos… todo es ámbito de decisión del Gobierno. Ni lo más íntimo se escapa de su mirada. Gran hermano.

No me considero una persona conservadora en lo moral, pero desconfío de el Gobierno entre en ese terreno. Sus efectos no son en la moral menos devastadores que en la economía. El pudor es un sentimiento útil para proteger la intimidad y, en última instancia, a la persona. Será por eso que la camarilla que nos gobierna no conoce la vergüenza.

Condena a la SER, condena a internet

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Ambos son, además, grandes profesionales. Irago fue quien descubrió el grave escándalo de que el nieto de la hermana de la madre del suegro de Zaplana tuviera un restaurante y radió en exclusiva la victoria de Kerry en las elecciones norteamericanas de 2004. Anido, por su parte, tuvo un papel fundamental en la movilización de las multitudes "espontáneas" que cercaban las sedes del PP el 13-M y fue quien descubrió la sorprendente decisión de Aznar de nombrar sucesor a Acebes . Esas son las grandes exclusivas de la cadena SER, propias de quienes ejercen "un oficio" que, según decía Anido, debía defenderse de "burgos, ansones, losantos, pejotas, ussías y alguna que otra schlichting" que cometían el pecado capital de criticar a las ministras de Zapatero, razón suficiente para llamarlos "puteros" y "pajilleros". Y es que ya se sabe que es pecado de leso progresismo criticar a una política de izquierdas, mientras que hacer lo propio con Esperanza Aguirre es de un mérito y un valor insuperables. Las contradicciones del feminismo de cuota.

Pero una cosa es el huevo y otra muy distinta el fuero. Tampoco aquí tienen excesiva razón los grandes profesionales de la excelsa cadena radiofónica. Una de las primeras cosas que aprendí del oficio de los "losantos" que pueblan esta santa redacción es que si se publicaban documentos en los que aparecían datos personales de los afectados, como el domicilio o el DNI, debíamos tacharlos o difuminarlos. Por otro lado, parece claro que los nombres de estas 78 personas que al parecer se afiliaron irregularmente al PP no tenían interés informativo ninguno pero es que, además, según la sentencia, se publicaron también sus domicilios. Algo que, a mi modo de ver, se aparta del derecho a la información para entrar de lleno en el gangsterismo político. No es una noticia, sino un mensaje: "Cuidado, no te afilies al PP si no quieres que todo el mundo lo sepa y además averigüe donde vives para darte tu merecido, so facha."

Y sin embargo… el juez también hace una cosa muy fea. Aunque parece accesorio en la fundamentación de la sentencia, argumenta que internet no es un "medio de comunicación social" como pueda ser un periódico o una radio, sino "universal", como el teléfono; por tanto, carecería de las protecciones de las que disfrutan los periodistas. Es decir, que si aquí en el "Grupo LD" doy una primicia en nuestra radio o nuestra televisión disfruto de las garantías adicionales de ejercer el derecho a la información, pero si lo hago en el diario digital no.

Tiene razón en parte el magistrado, porque "internet" así, en general, no es un medio de comunicación tal y como lo entendemos tradicionalmente. Sin embargo, cualquier web que está en internet puede serlo. Facebook quizá no lo sea, pero un diario digital o el blog de un señor de Albacete sí. Y si uno u otro publica una noticia, debe contar con las mismas garantías que cualquier periodista sesentón que lleva treinta años escribiendo en El País.

Curiosamente, en la SER también les deben enseñar lo mismo que aprendí yo en Libertad Digital. En la sentencia que han publicado, los DNI de los periodistas condenados están tachados. O han aprendido con el tiempo o consideran que eso de la intimidad sólo es aplicable a los suyos. Casi apostaría por lo segundo, pues no he visto que se rasgaran las vestiduras cuando Antonio Rubio fue acusado, con mucho menor fundamento, de lo mismo que ellos se han visto condenados.