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Etiqueta: Libertades propiedad y estado de derecho

Mucho peor que Solbes

El sabio estadounidense admitía que podían hacerse ciertas concesiones a cambio de la suficiente seguridad; al fin y al cabo, la misma existencia del Estado es una renuncia de libertad que al propio Franklin le parecía bien.

Sitel, en sí mismo, no es malo. Los ordenadores e internet, además de permitirnos hacer cosas que antes no podíamos hacer, nos facilitan enormemente el trabajo de otras. También la tarea de escuchar conversaciones. Anteriormente, interceptar las telecomunicaciones requería una labor de interceptación física; ahora lo que decimos por teléfono se convierte a una serie de bits que circulan por las redes y ordenadores de las operadoras, así que basta con que el Gobierno las obligue a enviarles una copia de eso que circula por ahí. Sitel es el sistema que facilita esa labor; al tenerlo ya instalado en todas las operadoras ni siquiera es necesario pedirles permiso, orden judicial mediante, basta con que la Policía lo active. Cabe suponer que también con orden judicial. O no.

El problema es que Sitel, como buen sistema informático, facilita demasiado la tarea. Y su uso se convierte, por tanto, en un riesgo enorme, y más cuando tenemos en el Gobierno a los mismos que se dedicaron a espiar los teléfonos móviles del Rey, los periodistas y todo aquel que se les puso a tiro. Una aplicación tan poderosa sólo debería ponerse en marcha con un enorme arsenal de leyes y regulaciones que nos aseguren, en la medida de lo posible, que su uso está controlado. El Gobierno del PP compró la aplicación, pero no la puso en marcha precisamente porque los informes que encargó les indicaron que afectaba a derechos fundamentales, y necesitaba de una ley orgánica. ¿Y cómo iba a proponer esa ley un Gobierno de derechas, al que se acusaría inmediatamente de fascista y de montar unas SS digitales?

Pero claro, un Gobierno del PSOE puede hacer lo que le dé la real gana y acusar a quienes ponen el grito en el cielo de perjudicar la lucha antiterrorista y mil cosas más, que siempre contará con la numerosísima prensa adicta para taparle las vergüenzas y hacerse eco de las patéticas excusas de Rubalcaba, dándole la razón. El mero hecho de que la vicepresidenta De la Vega pidiera "discreción" a la comisión interministerial a la que encargaron la regulación del invento debería suponer su dimisión inmediata. Tenemos sentada en la poltrona, poniéndose estupendísima todos los viernes, a alguien que ha destruido derechos fundamentales de los españoles a la chita callando.

Sitel debe desaparecer, o ser regulado por ley orgánica. Una ley que obligue a modificar el sistema, exigiendo que sólo una orden firmada digitalmente por un juez permita activarlo, y que sólo produzca ficheros de sonido y datos relacionados firmados digitalmente, de modo que no puedan ser alterados sin dejar huella. Y que elimine de sus servidores todos los ficheros una vez producida la copia destinada al sumario. Sitel exige, en definitiva, ponerle trabas que no hagan tan sencillo su uso. Que Rubalcaba siempre se ha pasado la verdad y la ley por el forro ya lo sabemos. Lo que no podemos permitirnos es dejárselo tan fácil.

Populismos contra la libertad de expresión

A los políticos de todo el mundo les resulta incómoda la libertad de expresión, puesto que les somete a un permanente escrutinio y una constante crítica, pero los diferentes gobiernos tienen maneras muy distintas de hacer frente a dicha incomodidad. Uno de los baremos, aunque no el único, de medir el grado de democracia en un Estado y hasta qué punto una sociedad puede considerarse libre es precisamente como se articula la coexistencia entre dicha libertad de expresión y los poderes públicos.

En un sistema realmente democrático y propio de una sociedad libre, los gobernantes aceptan el hecho de que se pueda denunciar sus fallos y se les critique. Aunque les pueda resultar incómodo, permiten el normal desarrollo de la libertad de expresión no como un mal menor sino como un bien necesario para los ciudadanos. No tratan de constreñir la acción de los medios de comunicación ni coartar, en unos tiempos en los que internet ofrece infinitas posibilidades para ello, la libre expresión de los ciudadanos.

Cuando esa relación entre libertad de expresión y poder político se desarrolla de manera diferente estamos ante una realidad distinta. No se puede hablar de democracia ni, mucho menos, de una sociedad abierta y libre. Los argumentos para tratar de imponer unas reglas de juego basadas en la coacción y el recorte de la libertad son múltiples, pero siempre esconden el objetivo final de querer acallar las voces críticas. Es lo se ve en diferentes lugares del mundo, como un Irak en el que se condena a un medio extranjero por denunciar el autoritarismo del primer ministro o una china donde desde hace años una media de cincuenta ciberdisidentes están encarcelados de forma simultánea.

Las caras más terribles de esa represión de la libertad de expresión en Iberoamérica son los 16 periodistas asesinados en la región en medio año y las 27 profesionales de la información presos en las cárceles cubanas, así como la paliza a Yoani Sánchez y otros dos blogueros independientes a manos de la policía castrista. Pero, aunque menos tremendas, los ejecutivos populistas de la zona están articulando otras formas para impedir la difusión de mensajes críticos y no controlados por ellos. Como bien ha denunciado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la extensión de gobiernos inspirados en el de Hugo Chávez a lo largo y ancho de la región está produciendo un aumento de las normas destinadas a recortar la posibilidad de que los medios y sus profesionales se expresen con libertad.

Vemos como gobiernos como el venezolano, el argentino o el ecuatoriano, entre otros, apelan a diferentes motivos para impedir el normal funcionamiento de los medios. El kirchnerismo recupera una legislación de Perón y argumenta que la libertad de expresión no puede estar por encima de los supuestos derechos laborales de unos "canillitas" cuyo sindicato es fiel al matrimonio presidencial. También legisla sobre la propiedad de los medios en nombre de la lucha contra fantasmagóricos monopolios. En otros casos el argumento es que los periodistas sólo deben contar "la verdad" o, incluso, que deben ser fieles a los principios revolucionarios.

La libertad de expresión no es algo que ataña tan sólo a los periodistas o a los medios de comunicación. Es en sí misma un elemento fundamental para que una sociedad sea abierta y libre. Cuando desaparece el daño lo sufren todos los ciudadanos. Demasiadas partes de América caminan a un ritmo cada vez más acelerado hacia el autoritarismo.

Golpes contra palabras en el Reino de Dios

Yoani Sánchez también está interesada en las cosas que tienen que cambiar en esa Cuba en la que le tocó nacer y vivir. Pero los intereses de uno y otro son muy diferentes. Al político suramericano los cambios que le interesan son los del sector agrícola; sobre libertad y derechos humanos evita pronunciarse.

Para la autora de Generación Y, una mujer lo suficientemente valiente como para fotografiar a quienes la vigilan y mostrarnos en su blog esos rostros de la infamia, la cosa es diferente. Ella conoce bien en qué consiste ese socialismo que Hugo Chávez proclama como el "Reino de Dios aquí en la Tierra". Yoani Sánchez está interesada en unos cambios que den mayor libertad a los cubanos. Mediante la simple vía de contar a través de su web el día a día de una habitante de La Habana se ha convertido en una disidente. El régimen castrista la ha transformado en "enemiga de la Revolución", algo que la ennoblece al tiempo que le dificulta la vida.

Por enfrentarse a la dictadura con la palabra y los bits, por mostrarnos a través de su bitácora la realidad cubana, ha pagado el duro precio de ser golpeada y sometida a terror por la seguridad castrista. Son golpes contra palabras en el "Reino de Dios aquí en la Tierra". Pero, a pesar de la violenta reacción del régimen comunista, Yoani Sánchez no se rinde y nos anuncia que su espíritu bloguero está intacto. Seguirá contándonos la realidad de Cuba al resto de los mortales.

Han pasado veinte años desde que los ciudadanos de Europa Central y Oriental lograran, con la ayuda de unos líderes occidentales que creían que era posible derrotar a la tiranía, derribar el Muro de Berlín y todo el Telón de Acero. Sin embargo, en Cuba el comunismo sigue vivo y castiga a todo aquel que osa mostrar su ansia de libertad. Como vienen haciendo desde hace medio siglo. A las palabras de Yoani Sánchez y otros blogueros responde con golpes sobre sus cuerpos. A las de otros opositores con castigos todavía mayores, como la cárcel.

Entérese el señor Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, que los cambios que importan en Cuba son aquellos que permitan a Yoani Sánchez y otros once millones de cubanos expresarse con libertad. Respecto al sector agrícola de la isla, lo único que debería importarnos al resto de seres humanos es saber si produce cebollas para que el ex ministro uruguayo las fría a su gusto.

Balan, luego cabalgamos

No vamos a dramatizar porque ya contábamos con la hostilidad de todo el mundo político y mediático, también en esta modesta región, aunque debemos reconocer que los atentados para impedir el funcionamiento de un medio de comunicación era algo que considerábamos más propio de otras latitudes.

Estamos sólos, como lo hemos estado siempre, y la verdad es que no echamos a nadie de menos, ni siquiera añoramos alguna llamada de solidaridad de otros medios regionales que han conocido el suceso, que ni se ha producido ni se producirá, cosa que también sabíamos de antemano. En cuanto a los poderes públicos, garantes del ejercicio de las libertades civiles y entre ellas las de expresión y de información, tampoco hemos recibido siquiera "el más sentido pésame por lo ocurrido", y eso que, hasta la fecha, los ataques premeditados a las instalaciones de la emisora asociada a esRadio para la región de Murcia son un suceso inédito por estos pagos.

Si hubiera sido la antena de la cadena SER, pongamos por caso, la que hubiera recibido tan sólo un rasguño, es seguro que habría habido declaraciones de condena unánime por parte de todos los partidos políticos, encabezados por el PP, y millares de "abajofirmantes", yo el primero, solidarizándose con los damnificados y condenando esta agresión intolerable a la libertad de información. A esRadio no le han rozado la antena precisamente, sino que le han destrozado instalaciones por importe de varios miles de euros obligándonos a interrumpir las emisiones durante dos días, pero como somos muy incómodos, los poderosos y los trabajadores de la competencia prefieren mirar para otro lado, no sea que alguien crea que se significan demasiado con nosotros y acaben expulsados del partido o sancionados en su puesto de trabajo. Es el peaje lanar que los miembros del rebaño tienen que tributar a quienes les pastorean, pero cada uno es libre de degradarse en la forma que estime oportuna, faltaría más.

En todas las emisoras que colaboran con esRadio vamos a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, tratar de que la voz de nuestra radio llegue al mayor número de oyentes posible y completar las franjas locales y regionales con programas que sigan la línea editorial de nuestra empresa. Sabemos que no está bien visto hablar en libertad y que el medio que lo hace tiene que pagar el precio correspondiente, pero lo asumimos con toda naturalidad y estamos dispuestos a seguir en la misma línea mientras la audiencia, que es mucha, y los anunciantes, que a bandadas abandonan a la competencia para unirse a nosotros, nos permitan seguir funcionando. El día que no podamos decir lo que nos dé la gana cerraremos el chiringuito, pero mientras tanto, en lugar de una ración informativa estamos dispuestos a dar dos tazas y media diarias. Chulos que somos, qué le vamos a hacer.

Los muros invisibles

Un 9 de noviembre de 1989 caía el muro que desde agosto de 1963 había dividido Berlín en dos: 45 kilómetros que partían la ciudad y 115 más que separaban la parte occidental de la ciudad del resto de la Alemania comunista. Entre 125 y 270 personas se calcula que murieron tratando de pasar de una zona a otra, las más de las veces de la zona comunista a la occidental. La diferencia de cifras depende de la fuente consultada: en el primer caso el Centro de Estudios Históricos y en el segundo la Fiscalía de Berlín. Pero, a pesar de la enorme diferencia, no es tan importante que fueran cien personas más o menos; lo relevante es que había un goteo permanente de personas dispuestas a perder su vida para salir de aquel infierno.

Sin que nadie lo esperara, gracias al hartazgo rotundo y contundente y a la valentía de la gente, el muro fue derrumbado. En realidad, los intelectuales de entonces solamente querían mejorar lo que ya tenían, no acabar con el régimen comunista. Y hoy, a vista de pájaro, después de 20 años, toca hacer una reflexión. Los políticos patrios y vecinos declaran en los medios que ellos estaban allí. Nuestro presidente proclama que nosotros tuvimos nuestro muro. Se diría que tenemos una clase política que ha estado presente en todos los hitos históricos ajenos, pero no sabe valorar los propios. Todos derribaron el muro, formaron parte del "mayo del 68", corrieron delante de los grises y estuvieron en la DGT donde fueron vilmente torturados. Como si no supiéramos el color de la camisa que vestía González en su adolescencia, quién protegía a Carrillo cuando vino a España disfrazado con una peluca, y quienes son tantos otros que ahora sacan pecho. A todos ellos les recuerdo que Franco murió de viejo, y que antes de irse designó al rey de España como su sucesor. Y aquí seguimos pagando parte de nuestra renta al sucesor de Franco.

Pero mi reflexión sobre la caída del muro viene a cuento después de leer el impecable artículo de Luis I. GómezAprendiendo a ser libres, quien "desde el exilio" (porque vive en Leipzig, y porque ese es el nombre de su/nuestro blog) apunta a la diana, y acierta. Detrás de los fastos, fuegos artificiales, declaraciones pomposas y consultas a la hemeroteca hay un cierto desencanto que impregna las miradas de muchos berlineses. Personas que vivieron de verdad y en primera persona la historia reciente de Alemania y que explican que nada ha cambiado…

La distancia entre unos y otros sigue siendo la misma, cómo el clima de desconfianza cultivado durante 40 años de denunciantes y denunciados sigue siendo el mismo.

Los políticos mienten igual pero con mejor marketing y con el aplauso de la Unión Europea. Y a muchos alemanes la libertad les supera. Como explica Luis I. Gómez:

Si a finales de 1998 más del 70% de los alemanes del Este soñaban con mejorar sus vidas, hoy apenas un 45% reconoce haberlo conseguido. El 25% cree incluso que la mayoría de los residentes en el Este vive peor hoy que hace 20 años.

Anatema. ¿Cómo pueden afirmar tal cosa después de haber sido "liberados"? La realidad se impone y si miramos a nuestro alrededor, veremos que nosotros, después de tantos años de democracia, "liberados" de la dictadura franquista, tampoco sabemos valorar la libertad. No sabemos qué hacer con ella, y por eso la rechazamos. Preferimos delegar la educación de los niños a un Gobierno aunque sabemos que los va a manipular a su antojo para hacer de ellos votantes socialistas del futuro. Preferimos delegar la defensa de cada persona y de su honor (subjetivo para cada uno) a un Gobierno que ha acabado con la igualdad ante la ley y que titubea durante cuarenta días cuando una panda de piratas secuestra a pescadores españoles. Y tampoco se sonroja cuando pacta con terroristas que están amedrentando y masacrando ciudadanos. Preferimos delegar las rentas de nuestro trabajo para que los responsables de los dineros derrochen en viajes, subvenciones a tiranías, y compra descarada de votos. Preferimos dejarnos engañar con la "tasa Tobin", que junto con los pantalones campana y las hombreras, muchos pensábamos que era uno de esos males del pasado, desterrado del mundo civilizado para siempre; una tasa que detrae recursos de los inversores, los únicos que pueden ofrecer puestos de trabajo "reales", que pueden atreverse a invertir en países que intentan despegar, y que si hubiera estado vigente en otro siglo habría impedido que España tuviese ferrocarril, por ejemplo, que existe gracias al capital francés.

El muro de Berlín cayó por obra y gracia de los ciudadanos berlineses. Ahora cada cual debe hacer un esfuerzo de introspección y derribar el muro invisible que todos ocultamos: los límites a la libertad están en el entrecejo de cada uno.

López Vázquez

Con la muerte de José Luis López Vázquez el pasado 2 de noviembre, el cine y el teatro español han perdido a uno de sus actores más carismáticos, prolíficos, versátiles y trabajadores. Con él ha muerto un poco más una manera de ser artista que ya no se lleva. La vida de José Luis López Vázquez fue una vida dedicada a su trabajo, a su pasión, la actuación. Fue la vida del cómico que empezó en el teatro, que despuntó en el cine, que llegó a la televisión y en todo estos medios supo demostrar que era uno de los grandes, uno de los que sólo con su presencia dignificaban un mal guión, mejoraban una mala dirección y que, cuando el guión era bueno y la dirección excelente, ofrecían un resultado apoteósico.

El cine en la época en la que empezó a trabajar José Luis López Vázquez era muy diferente del actual. En pleno régimen franquista, actores, directores y guionistas estaban sujetos a su control y censura. Al lado del cine oficial, al lado de los que escuchaban y obedecían los mandatos políticos, había otro que luchaba por expresarse libremente, por poder decir, contar, criticar, denunciar o simplemente divertir sin más control que el de su propia imaginación. Buena parte de estos últimos, si no todos, militaban en silencio en la izquierda política, temerosos de perder la posibilidad de seguir ejerciendo su labor; estaban obligados a burlar la censura de mil maneras, compitiendo en ingenio con los censores, levantando una falda allí, bajando un escote acá, criticando casi sin querer esa situación social que sufría el ciudadano, denunciado a la empresa desalmada –porque el rencor hacia la empresa y al libre mercado era común a la izquierda y al régimen de Franco–, desvelando las vergüenzas del hipócrita, reflejando una crítica social bajo el disfraz de una comedia y todo ello con el cemento de unos grandes directores y actores, principales y secundarios, cuyas películas servían como válvula de escape a los españoles que en masa, acudían a sesiones dobles y triples de cine en su día libre para olvidar la dureza de sus vidas.

Si miramos el panorama español actual, cabría pensar que la cosa ha empeorado. Ya no hay un cine oficial y un cine de "mercado negro". La oficialidad encubierta de democracia oscurece una labor que antes era mucho más que digna. Pocos actores y directores se atreven a discrepar de las opiniones de los que algunos han dado en llamar el Sindicato de la Ceja, pero cuya labor expansiva y lesiva llevan ejerciendo desde la transición política. Una denuncia a destiempo puede suponer demasiado tiempo en dique seco. Da la sensación que lo que deseaban no era libertad para ejercer su profesión, sino poder controlar la industria. La libertad que se supone que trajo la democracia ha servido para que unos pocos se hayan hecho con el negocio del cine, lo hayan politizado, hayan creado sus particulares censores, hayan colocado a algunos de los suyos en altos puestos políticos y controlen subvenciones, dineros y prebendas.

La cultura del esfuerzo que permitió que José Luis López Vázquez, Pepe Isbert, Manolo Morán, Gracita Morales, Paco Martínez Soria, Julia Gutiérrez Caba, Aurora Bautista, Manuel Alexandre o Isabel Garcés reinaran en las pantallas y en los teatros ha desaparecido y ha sido sustituida por la cultura del favor, la cultura de la política y lo oficial, sin posibilidad de réplica y crítica. Por eso cuando uno de estos genios muere, muere con ello un poco más el cine español y nunca un muerto nos había salido tan caro. Que descanse en paz el que fuera un admirador, un amigo, un esclavo y un siervo del espectador.

Las (sin)razones de fechar a Willy

El problema radica en el injustificado desgajamiento que sufre una instrucción criminal, cuando se investigan delitos donde participan menores de edad. En efecto, según prescriben las leyes procesales (artículo 16.4 de la Ley responsabilidad penal de los menores y 774.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) el juez de instrucción tiene la obligación, si se desprende la participación de menores de dieciocho años en los hechos que investiga, de remitir a la fiscalía de menores competente copia de las diligencias practicadas para que ésta tramite un procedimiento separado en lo que atañe al menor, supervisado por un juez de menores.

Supone una decisión legislativa que quiebra la continencia de la causa, por utilizar una terminología procesal añeja, y, por añadidura ocasiona distorsiones muy serias en las investigaciones oficiales de los hechos delictivos. Por ejemplo, puede ocurrir perfectamente que los testigos, peritos y las víctimas de un delito único deban comparecer en ambos procedimientos con las molestias que acarrea. Se da la aberración jurídica de que los imputados como participantes de un delito se convierten en testigos en el otro procedimiento que no se dirija contra ellos por esa cuestión de la edad, aunque no están obligados a declarar contra sí mismos.

Recordemos el caso de "El Gitanillo" en relación con la causa del 11-M. Instruido un procedimiento separado del sumario principal por la fiscalía de menores, el juez central de menores de la misma Audiencia Nacional dictó una sentencia de conformidad, previo pacto entre la fiscal y el interesado, mediante el cual este último reconoció la versión sobre su participación que le presentaron a cambio de que se redujera la medida privativa de libertad a seis años de internamiento en un centro de menores. Además declaró como testigo en el mismo juicio del 11-M.

El incumplimiento de esa obligación, que los legisladores han impuesto y calificado como de orden público procesal, tiene dramáticas consecuencias para el juez de instrucción –podría acusársele de prevaricación– y un efecto invalidante del proceso en lo que se refiere al menor, si continúa la instrucción como si se desconociera esa circunstancia.

De este modo, no deben sorprender los esfuerzos que los jueces de instrucción despliegan por recabar dictámenes anatómicos que determinen la edad de un imputado –sobre todo si está detenido o preso provisionalmente– cuando resulta imposible obtener pruebas como las inscripciones de nacimiento o documentos de identidad que acrediten ese particular (artículo 375 LECr).

La solución del problema del secuestro del atunero Alakrana presenta otras aristas más complejas. Sin embargo, los ribetes ridículos que alcanzan casos como el de "Willy" –y el de miles de muchachos, principalmente inmigrantes ilegales– cuya edad no puede conocerse mediante pruebas ordinarias, se deben exclusivamente al empecinamiento de los legisladores en mantener esa dualidad de procedimientos penales para conocer de delitos en los que participan adultos y menores de edad.

Una reforma que suprimiera la instrucción y el enjuiciamiento especiales previstos en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor diluiría el problema. La vuelta a la jurisdicción penal ordinaria de los menores podría compatibilizarse con una separación de los adultos en el momento de someterlos a medidas cautelares y el cumplimiento de las penas.

Una de piratas

El Estado, que se arroga el monopolio del ejercicio de la defensa y ha impedido hasta ahora que las empresas de seguridad pudieran dedicarse a defender nuestros barcos y propiedades fuera de España, se muestra totalmente incapaz de defendernos; y eso que había desplegado un dispositivo junto a otros países europeos para prevenir este tipo de sucesos.

Los temibles piratas somalíes no dejan de ser pandillas de jóvenes con armamento mediocre. Sin embargo, esos recursos parecen ser más que suficientes para poner en jaque a nuestro servicio de Defensa. Y es que cuando uno se arroga un monopolio, lo primero que debería hacer es preguntarse si es capaz de ofrecer el servicio allí donde sea necesario prestarlo. Otros países con ejércitos mucho más grandes son conscientes de sus limitaciones y permiten desde hace muchos años la actividad de empresas privadas de seguridad y defensa internacional. Los miembros de la secretaría de Estado de Estados Unidos, por poner un ejemplo, son defendidos en sus desplazamientos por empresas como Blackwater, incluso en países en los que hay bases del ejército norteamericano. Aquí, en cambio, nos hemos dedicado a demonizar la prestación de este tipo de servicios a cargo de empresas privadas y así nos va.

De la Vega y su escudero Moratinos se han metido en un buen lío. Primero se tiraron un mes sin hacer nada esperando que Obama, Merkel o Sarkozy nos resolviera el problema; a continuación dejaron que los piratas sacaran a tres pescadores del barco colocándoles en una posición mucho más fuerte de la que tenían; luego se han dedicado a confundir a las familias con noticias falsas y por último se han puesto a negociar con el Gobierno somalí en lugar de optar por usar los efectivos desplazados a la zona o negociar directamente con los piratas de manera transparente. Por otra parte, los piratas saben que el Ejecutivo español ha estado dispuesto a pagar jugosas sumas en ocasiones anteriores y que un Gobierno que ha mentido a los familiares no se puede permitir en este momento otra cosa que no sea traer a los pescadores a casa sanos y salvos a cualquier precio.

Para colmo de males, hemos visto como Garzón mandó a traer a España a unos piratillas que iban a por víveres en vez de enviarlos a un lugar desde el que poder negociar el canje con los piratas. Ahora no sólo dependemos de las malas artes diplomáticas españolas sino de nuestro ovillo jurídico-legislativo, que no considera la piratería más que una especie de juego de niños malos.

Los piratas del Índico deben haber tomado buena nota de lo ventajoso que resulta secuestrar un barco con bandera española. En medio de tanto despropósito, la única buena noticia es que ha hecho falta algo así para que en este país demos un margen algo más amplio a los servicios de seguridad privados. Eso quizá desincentive en el futuro a los piratas y nos libre del efecto llamada de este desatino. Mientras tanto, crucemos los dedos por la suerte de la tripulación del atunero español.

Internet al otro lado del muro

Dos décadas después casi todo el mundo, con la excepción del irreductible comunista Francisco Frutos y algún fanático más, celebramos aquel acontecimiento como lo que fue: una auténtica revolución liberadora para millones de personas.

Sin embargo, veinte años después, el muro sigue en pie en varios puntos del planeta como Cuba, China, Vietnam o Corea del Norte. En esos países las sufridas poblaciones siguen sin poder celebrar la caída de la tiranía comunista. Hace dos décadas internet estaba en pañales, lejos de ser el instrumento de comunicación que es hoy en día. Si en aquel entonces hubiera existido la red, los regímenes de la hoz y el martillo no se hubieran enfrentado a ella de manera muy diferente a como lo hacen sus hermanos todavía en pie. De hecho, serían incluso más restrictivos que algunos como el chino.

En los países que todavía siguen sometidos al comunismo, aquellos donde el muro sigue en pie, los ciudadanos no conocen un internet similar al que disfrutamos en el resto del mundo. Quizás el régimen más suave con sus restricciones es China. En ese país, pese a las cruzadas contra los cibercafés emprendidas hace años y los filtros que impiden visitar una gran cantidad de sitios web, conectarse no es difícil debido a que los gobernantes han visto el potencial económico que ofrece la web. Eso sí, si el comportamiento en la red es el no deseado, el precio que se paga puede ser muy alto.

Desde hace ya varios años, en China hay una media de cincuenta ciberdisidentes encarcelados de forma simultánea, lo que hace de este país la mayor cárcel de internautas del mundo. Además, si en la URSS o en la China de Mao se enviaba a centros psiquiátricos o campos de reeducación a quienes pensaban diferente, el régimen de Pekín convenció a los padres de la necesidad de "desenganchar" a sus hijos de internet si pasaban demasiado tiempo delante del ordenador. Llevó esto hasta tal extremo que ahora ha tenido que prohibir el uso de castigos físicos para "curar" esa "adicción" tras la muerte de un joven.

Los otros sistemas comunistas asiáticos también tienen ciberdisidentes encarcelados, pero menos. El motivo es tan simple como que está prohibido conectarse a la red o tan sólo se permite hacerlo en locales controlados por el Gobierno. El peor caso es el de Corea del Norte, donde su uso está totalmente vetado. De hecho, hace unos años el dictador Kim Jong Il "regaló" a la cúpula de su régimen el derecho de conectarse a una versión muy filtrada de internet.

Por último, está Cuba. En la mayor de las Antillas es necesario obtener un permiso gubernamental para tener una conexión a internet en casa. Lo máximo que se tolera al resto de los cubanos es acceder a unos centros propiedad del Gobierno o alguno de sus tentáculos y entrar desde ellos a una red filtrada hasta grados extremos. Pero, ni aún así, logran que algunos valientes bloggers transmitan al mundo lo que ocurre en la isla-cárcel. Eso sí, al resto de los cubanos les está vetado leer esos textos puesto que esas bitácoras están bloqueadas en Cuba.

Y, a pesar de eso, el régimen castrista tiene la desfachatez de organizar debates sobre internet. Unas mesas redondas a las que se impide acudir –tan sólo como público– a esos blogueros libres que tanto molestan al viejo barbudo y su hermano Raúl. Pero, como el ansia de libertad es mayor incluso que su poder de control, la valiente Yoani Sánchez logró engañarles, entrar y decir en persona lo que los siervos de los tiranos no querían que nadie escuchara.

Mientras todos los Yoani Sánchez que viven en lugares como Cuba o Corea del Norte no puedan expresarse sin tener que recurrir a engaños para que su Gobierno no se lo impida, quedarán partes del muro en pie. Y eso es algo que tan sólo Francisco Frutos sería capaz de celebrar.

¡Prevariquemos, coño!

Allí había dirigentes de diversos organismos, y un fino teórico de la promoción inmobiliaria que, por aquello de corresponder sus inquietudes intelectuales con la praxis, también ejercía el noble arte de la promoción. Era un hombre orondo y tenía entre los dientes un puro que apenas le cabía en la boca. En un momento de la comida decidió compartir con el resto de comensales el precipitado de su experiencia, el acervo sintético de esa combinación entre teoría y praxis que resulta en una síntesis perfecta, que se corresponde con la realidad hasta confundirse con ella. Aquel hombre dijo: "Si tú dices que un terreno mío se tiene que dedicar a parques y jardines, me hundo. Si dices que puedo edificar diez plantas, me forro. ¡Prevariquemos, coño, prevariquemos!".

¡Qué maravilla! En tres decenas de palabras nos había expuesto el filósofo, in nuce, todo lo que uno necesita saber sobre la corrupción. ¡Por supuesto! Resultaba que si los políticos tienen en su mano que el dueño de un terreno haga de él el uso más valioso posible o lo puede cercenar hasta dejarlo en la nada, lo que va de una decisión política a otra es un margen de beneficio, y por tanto de corrupción, enorme.

Una cuenta de la vieja hecha por El Mundo recoge un valor económico de la corrupción de 4.100 millones de euros en diez años, una cantidad ridícula (algo más de un millón de euros al día) en comparación con lo que nos diría un contable omnisciente. El diario incluye un "decálogo para que los corruptos no nos sigan saqueando" al que no merece la pena ni asomarse, a excepción de la sexta propuesta, la liberalización del suelo.

Porque ni el Código Penal ni la transparencia de los bienes de los políticos, ni dar (aún) más dinero a los ayuntamientos ni ninguna de esas consideraciones pueden nada contra el hecho de que un político, desde su despacho, pueda tomar una decisión u otra y que entre las dos pueda mediar la posibilidad de realizar, o no, un negocio de decenas de millones de euros.

No es que haya corruptos en la política. Es que hacer política con la economía es una forma de corrupción.