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Cómo un Estado disfuncional contribuyó a la catástrofe en Valencia

Por Mark Nayler. El artículo Cómo un Estado disfuncional contribuyó a la catástrofe en Valencia fue publicado originalmente en FEE.

Está claro a quién culpan los españoles de las devastadoras inundaciones que asolaron España el 29 de octubre, a consecuencia de las cuales 229 personas perdieron la vida y cinco siguen desaparecidas. Pocos días después de la catástrofe, cuando el presidente del Gobierno socialista español, Pedro Sánchez, el Rey Felipe VI y su esposa, la Reina Letizia, visitaron la localidad de Paiporta, en la región nororiental de Valencia -la zona más afectada, en la que murieron 221 personas-, los ciudadanos les lanzaron barro e insultos.

El presidente conservador de Valencia, Carlos Mazón, también formaba parte de esta delegación no bienvenida, pero pronto se retiró junto con Sánchez tras recibir una lluvia de barro. Para los residentes locales, representan a una clase política disfuncional que no avisó con suficiente antelación de las lluvias torrenciales, y que desde entonces ha sido lenta e ineficaz en su respuesta. Esa clase superpoblada está formada por unos 300.000-400.000 políticos en total que operan en cuatro niveles de gobierno: municipal (ciudad/pueblo), provincial (código postal/condado), regional (estado) y central.

Los políticos no comparecieron cuando llegó la catástrofe

Inmediatamente después de las inundaciones, los representantes de ese gran número de políticos no aparecían por ninguna parte. Miles de voluntarios se hicieron cargo de las tareas de recuperación, algunos de los cuales representaban a grupos marginales deseosos de capitalizar la ira pública y la desilusión con el establishment. Ese sentimiento ya ha impulsado a un nuevo grupo de derechas, Se Acabó la Fiesta, a conseguir sus primeros escaños en el Parlamento Europeo, una tendencia que probablemente se verá exacerbada por la respuesta del Estado a las inundaciones.

En las consecuencias políticas de las inundaciones han surgido dos bandos: la izquierda y el centro frente a la derecha y las regiones. El centro de la disputa es la interacción entre los poderes regionales y centrales en un Estado altamente descentralizado. Las diecisiete comunidades autónomas españolas son en gran medida autónomas, salvo en tiempos de crisis, cuando Madrid puede intervenir por decreto o a petición propia.

Durante la pandemia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suspendió la autonomía regional declarando el estado de alarma en todo el país (aunque la imposición del bloqueo mediante este mecanismo se declaró ilegal posteriormente); y en octubre de 2017, tras una declaración inconstitucional de independencia en Cataluña, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy disolvió el Parlamento catalán y tomó el control de la región.

Sánchez no le quita la gestión a la región, pese a ser disfuncional

Sánchez ha prometido 13.000 millones de euros en ayuda y ha enviado más de 17.000 soldados, guardias civiles y policías a Valencia; pero no ha declarado el estado de emergencia nacional, que permitiría a su Gobierno coordinar la misión de recuperación. En este caso, según el presidente del Gobierno, “sustituir a la administración regional reduciría la eficacia”. Una afirmación extraña, dado lo ineficaz que ha sido la respuesta regional hasta ahora.

Mazón, por su parte, afirma que estaba esperando a que la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España tomara el control tras las inundaciones; pero según el jefe de la UME, Javier Marcos, no se había solicitado ayuda. “Puedo tener 1.000 hombres en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar, legalmente, sin autorización del jefe de la emergencia”. En este caso, Mazón. Si el responsable regional hubiera elevado el nivel de alerta de dos a tres, se habría desencadenado la intervención del Estado.

El problema para Mazón es que no puede criticar a las autoridades centrales por su falta de iniciativa sin exponerse a la misma acusación. Se calcula que unas 130.000 personas acudieron a una manifestación en Valencia el 9 de noviembre para pedir su dimisión, pero hasta ahora, a pesar de ofrecer una disculpa algo floja por su gestión de la crisis, Mazón se ha negado a dimitir. Además de culpar al Gobierno central, también señala a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por su papel en la crisis.

El papel de la AEMET

Mazón afirma que la AEMET no avisó suficientemente del diluvio. Así, presumiblemente, justifica su anuncio a las 13.00 horas del 29 de octubre de que, «según las previsiones», la intensidad de la tormenta disminuiría a las 18.00 horas. Después, se fue a comer con un periodista durante cinco horas y no llegó al centro de control de emergencias hasta las 19.00 horas.

A pesar de las afirmaciones de Mazón en sentido contrario, se disponía de información meteorológica sobre el chaparrón que se avecinaba. La AEMET emitió un aviso cinco días antes de que estallara la tormenta, en el que predecía que se producirían lluvias torrenciales en la región. A las 7:30 de la mañana del 29 de octubre, emitió una alerta roja para toda Valencia, aconsejando a los ciudadanos que evitaran los desplazamientos por «riesgo meteorológico extremo.»

Poco antes del mediodía, la Confederación Hidrográfica del País Valenciano alertó de desbordamientos de barrancos en el sur de la provincia. Sin embargo, los ciudadanos no recibieron alertas en sus teléfonos móviles hasta poco después de las ocho de la tarde, mucho después de que hubieran comenzado las inundaciones. Salomé Padras, consejera de Interior valenciana, asegura que ni siquiera conocía la existencia del sistema de texto ES-Alert, implantado en 2023 para avisar de una catástrofe natural como esta.

La responsabilidad, tanto a nivel nacional como regional, se remonta más allá de la preparación inmediata de las inundaciones. Una de las primeras cosas que hizo Mazón tras ganar las elecciones autonómicas valencianas de mayo de 2023 (tras las cuales su conservador Partido Popular [PP] formó coalición con su aliado de derechas Vox) fue suprimir una unidad de respuesta a emergencias creada por el anterior gobierno dirigido por los socialistas.

Teresa Rivera, otra catástrofe

El otoño pasado, la alianza PP-Vox votó en contra de una propuesta de Compromís, una alianza regional de izquierdas, para hacer frente a «los crecientes riesgos de inundaciones en el Mediterráneo», una idea que el partido también planteó tres veces sólo en octubre. (La salida de Vox de la coalición en junio de este año dejó al gobierno de Mazón en minoría). Su propuesta se ignoró, a pesar de que Valencia ha sufrido graves inundaciones con anterioridad, sobre todo en 1957, cuando murieron 81 personas, y de nuevo en 1982 y 1987.

A nivel nacional, la atención se centra también en la decisión de la ministra de Medio Ambiente y vicepresidenta tercera del Gobierno español, Teresa Ribera, de desechar una iniciativa que podría haber reducido la magnitud de la catástrofe de Valencia. La propuesta de encauzar el barranco del Poyo, que causó algunas de las peores inundaciones repentinas el 29 de octubre, se aprobó inicialmente por el gobierno conservador de José María Aznar en 2009. Los sucesivos gobiernos centrales la dejaron de lado hasta que Ribera finalmente la eliminó en 2021, por considerarla demasiado cara e intervencionista desde el punto de vista medioambiental.

En el nivel más fundamental, por supuesto, las inundaciones de Valencia fueron un desastre natural, un fenómeno meteorológico extremo que habría causado enormes daños, incluso si toda la zona se hubiera evacuado de antemano. Pero no se trataba de algo sin precedentes, ni había falta de información sobre la tormenta que se avecinaba. Sus efectos destructivos se vieron sin duda exacerbados por las disfunciones gubernamentales, tanto a nivel nacional como regional, y por una ruptura de la comunicación y el entendimiento entre ambos.

Ver también

Sobre la gestión de las catástrofes. (Miguel Anxo Bastos).

‘Todo depende de los incentivos’. (Jaime Juárez).

Katrina, un año después. (Gabriel Calzada).

Desastres naturales y teorías desastrosas. (Gabriel Calzada).

Catástrofe natural e intelectual. (Francisco Capella).

Catástrofes y anticapitalismo. (Alberto Illán Oviedo).

¿Tiene el machismo una solución política?

La historia y las fricciones geopolítica son inseparables de la realidad cultural de una región. Por ello, aunque muchas cosas se nombrarán de pasada en este artículo, no es por desidia, sino por un genuino interés en no desviarnos en interesantísimas tangentes. Probablemente una forma más sensata de empezar sería respondiendo a una pregunta elemental, ¿qué es el machismo? Consultada la RAE nos encontramos con dos definiciones: “Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.” y “Forma de discriminación sexista caracterizada por la prevalencia del varón.”.

La primera no da lugar a muchas dudas. El hombre machista es aquel que manifiesta una actitud soberbia, faltona y de abierta superioridad respecto a las mujeres. Por lo contrario la segunda apela a conceptos más generalistas como la discriminación, que a diferencia de una palabra con las connotaciones negativas de prepotencia, en los últimos años se ha blandido como una suerte de hoja de doble filo, capaz de mejorar o empeorar una sociedad según cómo se use.  

El machismo como actitud

En una sociedad democrática y liberal a priori no se dispone de los medios como para combatir a la primera definición. Uno podría considerar que el machismo como una actitud es un mal necesario en una sociedad libre. Puestos el uno contra el otro en una balanza, entraríamos a analizar si el derecho a vulnerar, la libertad, es más importante que el derecho protegido, es decir, el honor de la mujer que padece dicha actitud. Nuestro ordenamiento legal tipifica y registra las distintas formas en las que se pueden cometer delitos contra el honor, amparándose en una máxima tan magnánima como la de “La libertad de un individuo termina donde comienza la de los demás”.

En ese sentido, la libertad y la igualdad ante la ley que promulga nuestra Constitución es bastante clara. Siempre que esa actitud machista no desemboque en violencia, ya sea física o sexual, o interrumpa coercitivamente la búsqueda de la felicidad de una particular, se considerará un mal necesario, la consecuencia de un marco jurídico que acoge a personas libres y responsables de sus actos.

Es por ello que no debería sorprendernos que cuándo el poder político ha tratado de combatir al machismo, haya blandido en su contra una herramienta tan subjetiva y volátil como la ofensa. Cuándo uno se ofende trasciende al acto que se ha llevado a cabo, y entra en juego la reacción que el individuo tiene respecto al mismo. No es tanto el acto en sí, sino la emoción personalísima e indemostrable que dicho acto suscita en el individuo. Cuándo el marco jurídico protege la libertad de acción de un oponente político, clamar que dicha acción es tan dañina como una coacción reequilibra dicha balanza.

La solución judicial

¿Pero por qué querría el poder político reequilibrar la jerarquía de los derechos protegidos? ¿Qué soluciones pueden llegar a plantearse? Por un lado tenemos una solución puramente judicial. Este supuesto se basa en el derecho y la interpretación de normas jurídicas vigentes, es decir, es una solución eminentemente conservadora y que confía en el ordenamiento jurídico actual. Su carácter es individualizado, limitándose a las partes involucradas de un caso particular, y su alcance es limitado a las partes implicadas, sin buscar rediseñar las estructuras sociales e institucionales.

Por el otro lado, y como una suerte de antagonista en cuánto a su forma de operar, tenemos los medios por los que se ha intentado combatir al machismo en los últimos años, que pasan principalmente por soluciones políticas. En este caso, si bien se busca la creación o modificación de leyes, también nos encontramos con la implementación de políticas públicas o estrategias gubernamentales que buscan abordar el problema de forma más amplia y sistémica. Nos encontramos aquí con un opuesto a la solución jurídica, pues estas medidas tienen un carácter claramente general y dinámico, siendo su alcance de amplio impacto social.

En algunos casos una solución judicial puede impulsar una solución política, tal y como ocurre cuando un fallo del Tribunal Constitucional obliga a los legisladores a rediseñar una ley. Pero por lo general, y en línea del interés por la ofensa ad hominem a la que me refería anteriormente, lo que provoca es un conflicto entre una realidad lógica determinada por individuos libres y una objetiva dictaminada desde el poder.

No es la actitud, es la violencia

Pero dejémonos de tecnicismos por un momento. Algo en lo que todas las partes parecen estar de acuerdo es en que la verdadera amenaza no es tanto esta actitud de superioridad, sino en cómo la misma se manifiesta en actos delictivos como la violencia o las violaciones. Se ha perpetuado un discurso abiertamente misándrico, que ha pasado bajo el radar de la indignación pública en pos de considerarse, una vez más, un mal necesario.

En los últimos años hemos podido ver cómo el deseo de proteger a las mujeres de las manifestaciones más violentas de esta actitud superioridad se han visto reflejadas en la creación de leyes como la 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG). En su momento no fueron pocos los que consideraron que dicha ley suponía un retroceso judicial en aspectos como la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley, alterando el equilibrio constitucional previo. Es una ley que presenta una clara asimetría penal entre hombre y mujeres, merma las garantías procesales a través de un uso intensivo de las medidas cautelares (órdenes de alejamiento o la prisión provisional) y terminó provocando una inversión en la carga de la prueba.

Ley integral contra la violencia de género

Abandonando de nuevo los tecnicismos, el mero hecho de que la LIVG establezca una diferenciación jurídica explícita basada en el género del agresor y la víctima, supone una contradicción del principio constitucional de igualdad ante la ley. Tampoco cabe olvidar que ya han pasado veinte años desde la implantación de esta ley, dando pie a chapuzas como la polémica ley del “solo sí es sí”, el desarrollo de tribunales especializados, la progresiva ampliación del concepto de violencia de género y la creación de un ministerio de igualdad.

¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Pueden todas estas medidas defenderse con datos?

Pues la verdad es que no. En los últimos años las estadísticas han mostrado un incremento ya no solo en el número de agresiones sexuales denunciadas, sino en las atendidas. En el Hospital Clínic de Barcelona se han atendido a 624 víctimas de agresiones sexuales entre enero y octubre de 2024, representando un aumento del 12% respecto al año anterior. Cabe tener en cuenta que más allá de la la reforma legal, se han destinado ingentes recursos tanto a la protección y apoyo de las víctimas como a la concienciación social, que pese a todo han desembocado en estos tristes resultados.

Los objetivos políticos vs las causas reales

No hay que olvidar que la alteración de la fórmula praxeológica inherente a la forma de actuar de la administración pública, lleva a que la misma actúe por los motivos erróneos, lo que en la mayoría de los casos desemboca en la consecución de los objetivos equivocados. Un empresario, por ejemplo, crea puestos de trabajo como un medio para expandirse y hacer frente a una demanda creciente, mientras que un político ve la creación de los mismos como un fin en sí mismo.

En ese sentido, el diseño de todas estas medidas políticas de lucha contra el machismo a priori parece un plan redondo, pues no solo se combate una situación injusta y peligrosa, sino que en el camino se crean puestos de trabajo y se reeduca campañas masivas, financiadas por supuesto a través del gasto público. Sin embargo esto desemboca en la creación de las tan temidas redes clientelares, que al final del día serán defendidas por sus beneficiarios, por mucho que sus objetivos disten mucho de cumplirse.

Tampoco cabe desdeñar la importancia de la superioridad moral. La lucha contra el machismo se ha aderezado siempre con una importancia trascendental y con una manifiesto maniqueísmo. El partido que defienda tales medidas, el que coloque una gigantesca pancarta contra la violencia de las mujeres y el que más gaste en puntos violetas es el más virtuoso. Por lo contrario, cualquiera que se oponga a dicho modus operandi es un misógino que lucha contra el progreso, por mucho que la implementación de todas estas medidas culmine en una sociedad más injusta y en unas mujeres más indefensas.

Íñigo Errejón

Especialmente relevante resulta el reciente desliz de Iñigo Errejón contra la misma ideología de género que él mismo puso en la primera línea del debate político. No fueron pocos los que dijeron aquello no era ninguna incoherencia, que el machismo puede manifestarse en hombres tanto de izquierdas como de derechas, si bien sus propios discursos llevan años recogiendo que el hombre de derechas, o simplemente aquel no afín a sus principios, es más misógino, y por lo tanto más propicio a llevar a cabo los crímenes derivados del machismo. Dicho de otra forma, que uno no es machista dolosamente, sino por omisión.

Resulta también curioso las increíbles piruetas lingüisticas que Errejón ha empleado para justificar su caso. Como diría Díaz Villanueva, se expresó en perfecto perroflautés, pese a que he terminado por usar mucho el término acuñado por Tik History: ideobabble, que viene a significar algo así como el uso de ciertas palabras o ideas abstractas y apenas indistinguibles de una algarabía, con el fin de causar que la gente se someta a las mismas.

¿Los cromosomas marcan el carácter?

Sin entrar a analizar en profundidad sus declaraciones, nos encontramos una vez más la prevalencia de un discurso intangible e indemostrable: que el varón es ontológicamente malvado a menos que se legisle para lo contrario, frente a los hechos, y es que todas estas medidas suponen un lucro político muy jugoso en forma de redes clientelares y una desmantelación de las garantías legales constitucionales, sin las que los disidentes y oponentes políticos pueden ser silenciados, perseguidos y encarcelados sin obstáculos.

Dicho de otra forma, aunque las mujeres sigan padeciendo las penurias que empujaron a la creación de estas medidas en primer lugar, la utilidad política de manejar grandes cantidades de dinero y de tener la superioridad moral de señalar al adversario seguirán impulsando estas medidas, no el deseo de que estén más seguras.

¿Qué es lo que acaba con el machismo?

Reducir la violencia contra las mujeres y erosionar las actitudes que atenten contra su libertad es un cometido loable y en el que todo el mundo, sea de izquierdas o derechas, está interesado. Una polarización tan general como la de los géneros es absolutamente contraproducente en una sociedad próspera que quiere al mayor número de profesionales mejorando el día a día de los particulares, a menos claro que uses dicha polarización para elevarte moralmente o enriquecerte. ¿Pero qué se puede hacer para combatir activamente al machismo?

Si uno observa los países en los que las mujeres gozan de mayores libertades y derechos, nos encontramos con que nada impulsa el fin del machismo como el desarrollo económico, el acceso a la educación y el desarrollo de infraestructuras que faciliten el acceso a servicios legales y sociales. Si una economía es precaria, la capacidad de una mujer de abandonar una relación abusiva es limitada. Y si se crean sistemas judiciales paralelos en vez de reforzar los existentes, la protección de derechos es más difícil. Se tiende a legislar como si delitos como las agresiones o las violaciones no estuvieran tipificados antes del feminismo, cuándo lejos de trabajar sobre ellos se les ha dado un uso partidista.

Redes clientelares

Se sigue gastando en estas redes clientelares que organizarán manifestaciones, crearan puntos violetas, pondrán pancartas y harán talleres, aún cuándo no protejan a las mujeres ni mejoren sus vidas. Si estos mismos recursos se invirtieran en dar recursos a los cuerpos de seguridad y a las estructuras judiciales ya existentes, la mejora sería significativa. Es más, si el gasto público se redujera y la economía mejorara, el machismo y sus manifestaciones también se reducirían.

Hay un manifiesto redito político en pretender que todas estas medidas que se impulsan para luchar contra el machismo son la única opción viable, tanto para desmantelar el estado de derecho como para generar jugosas redes clientelares. Sin embargo, ninguna de estas medidas desemboca necesariamente en el fin del machismo o en una mejora de la vida de las mujeres.

Ver también

No hay ‘lacra machista’ en España. (Manuel Llamas).

Si no navegas, es culpa del machismo. (Daniel Rodríguez Herrera).

No, España no es un país machista. (Manuel Llamas).

El factor Y. (José Carlos Rodríguez).

Por qué nos tiene que importar la posición fiscal de nuestro gobierno

Esta no es una lista exhaustiva de motivos por los que la política fiscal nos debería de importar y seguramente tampoco una lista de los principales, pero sí algunos de los que creo que merece la pena hablar. En un mundo ideal, no se habría política fiscal (ni política). Mientras no vivamos en ese mundo, puede tener sentido hablar de cómo funciona este.

Políticas contracíclicas

En primer lugar, tenemos las políticas contracíclicas, las cuales son políticas fiscales o monetarias contrarias al ciclo económico: cuando la economía está en recesión, el gobierno debe gastar más, y cuando la economía está en auge, el gobierno debe gastar menos. Su objetivo es suavizar las fluctuaciones del ciclo económico: especialmente, minimizar la caída del PIB y el aumento del desempleo, así como acelerar la recuperación. Podemos dividirlas en monetarias (si usan la oferta monetaria para actuar sobre la demanda agregada) y fiscales (si utilizan el déficit público) y en expansivas (intentando aumentar la demanda agregada) y contractivas. La política fiscal, sobre la que doy motivos para interesarse en este artículo, puede adoptar dos formas: aumentos en el gasto público o reducción de impuestos. Un aumento del gasto público pone más gasto en manos del gobierno y una reducción de impuestos pone más gasto en manos del sector privado.

Las políticas fiscales expansivas tienen un coste: el efecto desplazamiento. El aumento del gasto público se financia mediante un aumento de los impuestos. Este aumento incrementa la demanda agregada en el corto plazo, pero genera efecto desplazamiento por la reducción de la renta disponible de las empresas- También se pueden financiar con un aumento del déficit, que también aumenta la demanda agregada en el corto plazo, pero genera efecto desplazamiento por la reducción de las inversiones privadas.

Efecto desplazamiento y equivalencia ricardiana

Los gobiernos financian los recortes impositivos endeudándose más, lo que podría causar dos alternativas: que, como cuando aumenta el gasto público, aumente la DA y se genere efecto desplazamiento o que se dé la equivalencia ricardiana, según la cual los ciudadanos entienden que, para un nivel dado de gasto público, unos impuestos más bajos hoy significan unos impuestos más altos en el futuro y, por tanto, ahorran el dinero de una rebaja fiscal para pagar impuestos futuros. Cuando se cumple la equivalencia ricardiana, una bajada de impuestos no aumenta la demanda agregada, ni siquiera a corto plazo. Así que la equivalencia ricardiana probablemente describe a algunas personas, pero no a la mayoría. En cualquier caso, en la medida en que la equivalencia ricardiana refleja cómo planifica la gente, los recortes fiscales financiados con bonos son menos eficaces a corto plazo que en caso contrario.

La política fiscal expansiva también puede generar una deuda financiera insostenible que llegue a reducir el crecimiento real, pues al pasar un umbral de deuda, esta genera rendimientos negativos. Este umbral es la productividad marginal de la deuda o ∆PIB/∆deuda (riqueza adicional creada por 1 euro de deuda adicional). En algún momento, la productividad marginal de la deuda puede ser negativa y destruir riqueza y causar crisis. Algunos países están tan endeudados que cualquier nuevo endeudamiento público corre el riesgo de provocar un colapso económico total.

Políticas contracíclicas

Además, la deuda pública puede usarse para rescatar empresas que deberían quebrar, que al mantenerlas operativas se genera un desperdicio de recursos en la economía. Las políticas fiscales contracíclicas suelen ser muy recomendadas entre economistas, pero no muy seguidas por los gobiernos. Incluso cuando los gobiernos gastan más en las recesiones, como recomiendan los economistas, a los políticos no les gusta seguir la segunda parte de la receta: gastar menos durante los auges.

El mejor uso para las políticas fiscales contracíclicas expansivas es en el caso de que merezca la pena incurrir en costes a largo plazo para obtener un impulso económico a corto plazo, como los causados por una emergencia inmediata como una guerra o una catástrofe natural. O si existe alguna inversión pública con un retorno claramente positivo, las depresiones son el mejor momento para ejecutarlo. Idóneamente, el mercado se haría cargo de ella, pero es posible pensar que el sector esté intervenido y a corto plazo solo tenga sentido que sea el Estado el que ahí invierta.

El efecto desplazamiento en los mercados de capitales

Un motivo por el que nos debería importar la política fiscal del país es por el efecto desplazamiento. Supongamos que, como en la mayoría de los años de la historia reciente, hay un déficit público y el gobierno debe pedir prestado para financiar la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. La principal preocupación sobre los déficits públicos es que el endeudamiento del gobierno nacional podría competir con el endeudamiento de las empresas privadas. Es decir, si se utiliza una oferta fija de ahorro para financiar tanto el capital de las empresas privadas como el endeudamiento del gobierno, entonces el endeudamiento del gobierno puede desplazar el endeudamiento del sector privado y conducir a un menor nivel de acumulación de capital.

La incorporación del endeudamiento público al mercado de capitales reduce la oferta de fondos ahorrados disponibles para el mercado privado de capitales, ya que el Estado utiliza parte de esa oferta de ahorro para financiar su déficit. Por lo tanto, el endeudamiento público para financiar un déficit hace que disminuya la oferta de ahorro al mercado de capital privado, por lo que la curva de oferta se desplaza a la izquierda.

Política fiscal, integración económica y ahorro

Esta reducción de la oferta genera un tipo de interés mayor y, consecuentemente, una menor cantidad de capital demandado por los inversores. Por lo tanto, este menor nivel de capital puede reducir el crecimiento económico, al hacer que cada unidad de trabajo sea menos productiva. Así, cuando el gobierno compite con el sector privado por el ahorro privado limitado, el sector privado termina con menos recursos para financiar las inversiones de capital que impulsan el crecimiento.

Es cierto que este efecto queda mitigado por el papel de los mercados de capitales internacionales. Si un país estuviera perfectamente integrado en los mercados internacionales y su stock de ahorro no estuviese limitado por los tipos de interés, sino que es esencialmente ilimitado (es decir, que la reserva de ahorro disponible para financiar tanto la inversión privada como el endeudamiento público fuera casi perfectamente elástica, de modo que incluso pequeñas subidas de los tipos de interés exigieran un ahorro adicional) los déficits públicos solo causarían pequeñas subidas de los tipos de interés, y habría poco desplazamiento de la acumulación de capital privado por el endeudamiento público. Pero esto no es el caso ni de Estados Unidos, por lo que seguramente sí que tengas que preocuparte por las consecuencias del efecto desplazamiento.

El valor de la moneda

La política fiscal del gobierno también debería importarnos, pues es el principal determinante del nivel general de precios, como explica la Teoría Fiscal del Nivel de Precios. La TFNP entiende el dinero como acciones del gobierno. Por lo tanto, la forma de evaluar el dinero es similar a la de las acciones: calculando el descuento a presente de sus flujos de caja futuros esperados. Por la misma razón en que si crees que una acción no va a pagar dividendos dentro de 20 años, la vendes y el precio baja, si crees que el gobierno no pagará sus deudas, el valor del dinero cae. El valor del dinero fiat lo podemos obtener por el descuento de sus flujos de caja futuros esperados. Es decir, el valor del dinero fiat viene del peso de la deuda de la que nos libre.

Un gobierno que quiera mantener un nivel de precios estable deberá seguir un principio de disciplina fiscal manteniendo un presupuesto equilibrado, pues los déficits generarán inflación y con esto una caída del valor del dinero fiat. Además, la expectativa de que esta inflación no pueda ser controlada, aun sin una necesaria mayor emisión de dinero fiat, provocará una mayor caída del valor del dinero fiat, pues caerá la demanda.

Por tanto, el superávit debería ser el objetivo de los gobiernos que se preocupen por no destrozar riqueza. Los cambios en el nivel general de precios causador por el acortamiento de nuestra herramienta para medir utilidades marginales—el dinero—, suponen que tenemos que cambiar los precios relativos de todos los bienes de la economía, lo cual es costoso, pues los agentes económicos tienen que dedicarle tiempo a pensar cómo cambiar los precios, se enfrentan a información contable errónea, existen costes asociados a la renegociación de contratos y no todos los precios son igual de rígidos. 

Equidad intergeneracional

Una última razón por la que podrían preocuparnos las deudas y los déficits es la equidad intergeneracional, o el trato que reciben las generaciones futuras en relación con las actuales. Al igual que la sociedad puede preocuparse más por sus miembros más desfavorecidos que por los más acomodados, también puede preocuparse más por sus generaciones más desfavorecidas que por las más acomodadas. Al igual que los gastos comunes de una sociedad los sufragamos, como mínimo, de forma proporcional, haciendo que los más ricos sean los que más paguen, también debemos tener en cuenta la financiación de estos gastos durante varias generaciones.

Por un lado, no es justo transportar todo el peso del coste a generaciones futuras, no solo porque no hayan tenido un dicho sobre este gasto (la gran mayoría de la generación actual tampoco), sino porque nosotros lo estamos disfrutando ahora y, por tanto, algo deberíamos pagar por ello. La política gubernamental actual se caracteriza por gravar a las generaciones futuras en beneficio de las actuales, empeorando así la situación de las generaciones futuras.

Thomas Macaulay

Por otro lado, tampoco sería justo que las generaciones actuales cargáramos con todo el peso de la financiación de ciertos bienes y servicios que provea el estado. Algunas infraestructuras como las carreteras van a ser disfrutadas durante generaciones, por lo que el coste de ellas debería repartirse entre el número de generaciones que se espere que vaya a disfrutar de estas. Además, hay que tener en cuenta que el continuo aumento de la productividad en todo el mundo hace que cada generación disponga de más recursos que la anterior.

Así, aunque las generaciones futuras tendrán que hacer frente a deudas mayores, también se beneficiarán de un mejor nivel de vida (como correctamente predijo Thomas Macaulay). Al considerar la equidad intergeneracional, es posible que queramos tener en cuenta no solo la carga absoluta de la deuda, sino esa carga en relación con el nivel de vida. Sin embargo, lo que dificulta esta comparación es que el tamaño de la deuda puede determinar el nivel de vida futuro a través del crecimiento económico (motivado por el ahorro y posteriormente la inversión), y por la alteración del valor del dinero. Así, un gran déficit, puede reducir el nivel de vida de la futura generación a la que se transmite la deuda al desplazar el ahorro privado y al generar inflación.

Por lo tanto, debido a que tenemos un estado que financia su actuación mediante el cobro de impuestos y la emisión de deuda, puede considerarse que socialmente merece la pena igualar estas cargas, sin excedernos transportando parte del coste al futuro, pero sin olvidarnos que las próximas generaciones algo deberían pagar y que, al aumentar el nivel de vida, el coste relativo será menor.

Ver también

Teoría Fiscal del Nivel de Precios: una introducción. (César Táboas).

El New Deal y la cura del capitalismo

Todos tenemos a alguien que consciente o inconscientemente ha avivado en nosotros la llama del conocimiento y de la curiosidad. En mi caso, una de las personas que ha participado en este proceso más acusadamente fue mi querido profesor de Historia I.P.. Fue ya después de las aulas de bachiller, donde reinaba la imparcialidad y la pasión por enseñar, cuando mi profesor dio rienda suelta a su dialéctica y nos enzarzamos en los más variopintos debates, él defendiendo posiciones de corte liberal socialdemócrata y por mi parte liberal libertaria. Como entre las ascuas del debate cara a cara aún me queda camino por recorrer para plantarle cara, me voy a servir de la templanza y el sosiego que me da la escritura para intentar rebatirle uno de sus argumentos principales, “F.D.Roosevelt y el New Deal de los años 30 vinieron a salvar al capitalismo de sí mismo”. 

La primera premisa, es decir, que el Crash del 29 fue una crisis del capitalismo, y la segunda, que F.D.Roosevelt y el New Deal consiguieron salvar al capitalismo, son falsas. El siguiente argumentario pretende desgranar cuáles fueron los precedentes de la Gran Depresión y si fue o no la cura al capitalismo desenfrenado de los años 20. 

Roosevelt no vino a curar el liberalismo porque Hoover no fue liberal

El mainstream académico siempre ha defendido el postulado que nos muestra a Hoover como un desaforado partidario del “laissez faire” y que fueron sus liberalizaciones las que provocaron la Gran depresión de los años 30. Esta afirmación se sustenta entre otros elementos en el carácter cíclico del capitalismo de Marx, al mismo tiempo que hace ojos ciegos a todas las políticas antiliberales que se llevaron a cabo durante la década de 1920 y en especial durante el mandato de Hoover.

La década de 1920 sería recordada por dar origen a la expansión monetaria más importante en periodo de no guerra sufrida por los Estados Unidos hasta el momento. Entre 1921 y 1929 la FED incrementó la masa monetaria de 45,3 mil millones de dólares a 73,26 mil millones, incrementó en 8 años la masa monetaria un 61,8% principalmente en forma de crédito. Esta reforma tuvo influencias claras de la obra de Keynes (Tract on monetary Reform, 1923) y en este sentido Keynes no dudó en elogiar dichas medidas describiéndolas como un triunfo de su teoría, una prueba más del cariz antiliberal de la política económica de los años 20.

Como bien indica la teoría austriaca, fueron los eslabones de las cadenas de producción más alejadas del consumo que empezaron a sufrir subidas de precios desde los primeros años de las reformas monetarias; todo esto debido a las distorsiones en la acumulación de capital de la estructura productiva engendrada por un flujo de crédito artificial. El crédito barato enviaba señales a la economía de que la preferencia temporal de los agentes había disminuido, aquellos proyectos empresariales a más largo plazo se capitalizaron en exceso y debido a las expectativas de flujo de caja futuro mayores en estos mismos proyectos, una burbuja se empezó a formar.

Un ciclo económico austríaco

Axel Kaiser en La miseria del intervencionismo (2012) nos indica: 

La producción de los bienes durables como el hierro y acero aumentaron un 160% comparado con un aumento de un 60% en la producción de bienes de consumo; los salarios de los sectores dedicados a producir bienes de capital aumentaron entre un 12% y un 25% frente a menos de un 8% para los asalariados de áreas dedicadas a los bienes de consumo.

Axel Kaiser. La miseria del intervencionismo.

La señales deliberadamente engañosas que se estaban emitiendo desde el banco central americano pusieron en circulación un ahorro que jamás existió. Un exceso de laxitud en la concesión de créditos fraguó una burbuja inmobiliaria pasando de 500 millones de dólares gastados en la construcción de inmuebles en 1921 a 10 000 millones de dólares a finales de 1926, mientras que la deuda hipotecaria casi se triplicó hasta un 27, 9% del GDP en 1929. Keynes describió como “exitosa manipulación del dólar por parte de la Reserva federal de 1923 a 1928”. Dicho esto, todos los ingredientes necesarios para crear y hacer explotar un ciclo económico estaban listos, en octubre de 1929 estalló la burbuja especulativa alimentada con crédito barato y en cuestión de 3 años, la bolsa perdió un 89% de su valor. 

Al contrario de lo que pretenden defender aquellos que tildan a Hoover de liberal, el presidente electo hizo oídos sordos a las recomendaciones del Secretario del Tesoro, Andrew Mellon, e inyectó el equivalente a un 10% de la masa monetaria en a penas 3 días y volvió a bajar la tasa de descuento de un 6% a un 4,5 %.  Hoover decidió intervenir la economía más allá de la política monetaria y reguló el mercado laboral mediante la Ley Davis-Bacon de 1931 que pretendía mantener artificialmente altos los salarios por encima de los niveles competitivos, lo que a fin de cuentas aumentó el desempleo e impidió la reorganización de la estructura productiva mortalmente dañada.

Déficit público

La última muestra de la naturaleza antiliberal del presidente Hoover fue el ataque directo a una de las bases de toda gestión liberal, unos presupuestos saludables; de este modo las políticas del presidente transformaron un superávit fiscal legado en 1929 por Calvin Coolidge, en un déficit de 2,2 mil millones para el año 1931. En respuesta a este déficit fiscal, Hoover no optó por la reducción del gasto público sino que prefirió aumentar los impuestos a las empresas y a la renta a niveles jamás vistos (con tramo máximo del 33,3%). Hoover siguió con sus medidas antiliberales interviniendo todos los sectores: en el sector de la construcción creó y financió la agencia Reconstruction Finance corporation; el sector agrícola sufrió las regulaciones de la Ley del Márketing Agrícola, así como numerosas intervenciones de otro índole como la imposición de aranceles a la importación o restricciones contra la inmigración. 

Los años 20 fueron una década profundamente antiliberal donde por primera vez en los Estados Unidos se rompió el consenso que defendía el libre saneamiento de la economía durante las épocas de crisis. La combinación de políticas monetarias y fiscales previamente enunciadas disipan todo rastro de dudas sobre el hecho de que el Crash del 29 y la Gran Depresión no fueron fruto de la vorágine especulativa capitalista, sino de un gran poder en las manos de unos pocos, una política de todo menos liberal.

Lo que pudo ser: el consenso liberal y la crisis de 1920

Utilicemos la mucho menos conocida recesión de 1920 como contrafactual de lo que pudo ser la gestión de una crisis basada en fundamentos liberales. Salvando las distancias debido a un contexto ligeramente diferente, ambas tuvieron un origen monetario. En cuanto a profundidad y dimensiones, esta crisis partía desde una situación semejante a la de 1929: la economía de los Estados Unos sufrió una caída del GDP de un 17% en tan solo un año,  la productividad cayó en un 17% y el paro aumentó de un 4% a un 12% solo en el año 1920. 

Axel Kaiser en La miseria del intevencionsimo (2012) nos aclara como respondió el gobierno americano a tal colapso de la economía: 

Frente a esta situación el presidente Warren Harding y frente a una situación heredada de su predecesor Woodrow Wilson, decidió hacer exactamente lo contrario que haría Hoover una década después. En lugar de estimular la economía con mayor gasto fiscal, entre 1920 y 1922, el presupuesto del gobierno fue reducido a la mitad, el gobierno ni la reserva federal fueron al rescate de los bancos e instituciones insolventes. 

Axel Kaiser. La miseria del intervencionismo.

El presidente Harding

Si los bancos habían llevado a cabo una política de restricción presupuestaria laxa, estos mismos debían pagar con las consecuencias. Harding confió en la capacidad de autorregulación del mercado y se suscribió al consenso establecido hasta aquella época: el Estado no debía de interferir en el proceso de liquidación de las malas inversiones durante una crisis.

En un contexto regulatorio y monetario favorable, la economía reorganizó sus factores productivos, limpió la debilidad crediticia imperante y ajustó los precios, costes y modelos de negocio para responder a una realidad económica sin edulcorar. Así pues, el déficit fiscal en 1922 se dividió por tres con respecto a 1920, el desempleo cayó a un 6,4% en 1922 y recuperó en 1923 cifras previas a la crisis. En algo menos de 2 años la economía se había prácticamente recuperado.

Roosevelt y el New Deal, una prolongación de la era Hoover

F.D. Roosevelt no vino a salvar al capitalismo de sus propias contradicciones, en palabras de Rexford Tugwell asesor del mismo Roosevelt:

“Nosotros no lo admitimos en ese momento, pero prácticamente todo el programa del New Deal fue extrapolado de programas comenzados por Hoover”.

 A los disparates monetarios, fiscales y regulatorios iniciados por Hoover y prolongados por Roosevelt, se le añadieron el yugo de un mercado laboral altamente intervenido que, combinado con la regulación de los tipos de salario y de las rentas, postergaron la recuperación de la economía americana una década más. El mercado laboral fue el principal freno al saneamiento de la economía americana.

Los sindicatos negociaron desde la llegada de Roosevelt unos salarios muy por encima de la caída de precios en la economía, lo que supuso una revisión al alza de los salarios reales en comparación con la caída de los precios. Esta política de empleo impidió la correcta reorganización del capital trabajo, erróneamente destinado en proyectos empresariales no viables. Un paro masivo azotó a los Estados Unidos hasta finales de la década de los 30 y no recuperó niveles previos al crash hasta ya bien entrada la década de los 40. Una recuperación mucho más lenta y dolorosa que la presenciada una década atrás.

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Comparativa de la velocidad de recuperación durante la recesión de 1920 y después del Crash de 1929.

Robert Higgs sobre el New Deal

Robert Higgs el célebre economista e historiador americano concluye:

El efecto combinado de las intervenciones de Hoover y Roosevelt significaron que el mercado jamás pudo corregirse a sí mismo (…) lejos de habernos sacado de la depresión la prolongó y profundizó, trayendo sufrimiento innecesario a millones de personas.

Robert Higgs

El mainstream en general y el económico en particular sigue padeciendo de los mismos sesgos que en su momento permitieron ensalzar a F.D.Roosevelt y a su New Deal. Es de obligada honestidad intelectual ir más allá y rebuscar entre las crónicas históricas y económicas todo sustrato de realidad y ficción que sostenga el actual consenso socialdemócrata. Se hacen palpables las recurrentes menciones que se realizan a los mal denominados errores de mercado, estas críticas al funcionamiento y a los supuestos límites del modo de producción capitalista siempre obvian el alto grado de intervención que padecen estas mismas economías.

Henry Hazlitt ya nos advirtió del carácter pernicioso de la intervención monetaria, una intervención obtusa, abstracta y de la cual es difícil rendir cuentas. La distancia que me otorga terminar un debate tecleando sobre una hoja en blanco me permite responderle a mi querido profesor; he aquí entonces un intento de demostrarte esta vez sí, que el Crash del 29 y la Gran Depresión fueron fruto del arma invisible pero letal de la manipulación monetaria por parte del Estado.

Ver también

La Gran Depresión: lecciones de la historia. (Ángel Martín Oro).

Las lecciones del ‘New Deal’. (Manuel Llamas).

La escuela austriaca ante el actual escenario económico global

Abordar el complicado y polifácetico escenario economico mundial signado por los conflictos de orden geoeconomicos y geopoliticos entre los EEUU y sus paises aliados del mundo occidental, frente a China y Rusia principalmente. Sumado esto al resurgimiento de corrientes políticas y económicas defensoras del proteccionismo económico y por consiguiente de una mayor intervención estatal en la actividad económica en el seno mismo de los principales Estados-naciones que han sido el pilar fundamental del Orden Liberal Internacional (OLI). Requiere en parte para su mejor compresión un enfoque teórico metodologico heterodoxo como lo es el de la Escuela Autriaca de Economia.  

En nuestro anterior artículo titulado La visión austríaca de los sistemas complejos y el estatismo económico global Instituto Juan de Mariana, abordamos desde la perspectiva de los sistemas complejos de la ya mencionada escuela, el creciente intervencionismo a escala global de los Estados-naciones en especial el de las grandes potencias economicas tanto las emergente como las ya tradicionales, en el actual contexto economico internacional. 

En el presente ensayo analizaremos la problemática antes planteada desde la perspectiva teórica de los ciclos económicos de la Escuela Austriaca de economía. (TACE). No obstante, debemos dejar en claro que algunas de las herramientas ofrecida por este enfoque, tienen un alcance limitado para entender o abordar directamente dentro de su ecuacion, aspectos exogenos a los ciclos económicos, como lo son los conflictos de carácter geoeconómico y geopoliticos antes mencionado, No obstante, en nuestro analisis los tomaremos como factores que han servido como impulsores de las fuerzas políticas que han estado promoviendo una mayor intervención estatal, a través, de un conjunto de políticas económicas y públicas en los ordenes monetarios, comerciales y fiscales no solo en el ámbito interno de sus respectivos países, sino a nivel internacional. 

Los principales exponente y fundamentos de la Escuela Austriaca de Economia

No pretendemos, realizar un abordaje profundo desde el punto de vista teorico-metodologico sobre los principales exponentes y fundamentos de la escuela austriaca, sino a titulo enunciativo los mencionaremos.  A grandes rasgos nos referiremos a los tres principales representantes y funadmentos sobre los que se ha cimentado el pensamiento de la escuela austriaca destacando a: Friedrich Hayek, el cual aporto una visión sobre el funcionamiento epistemológico de los mercados, en que  sostuvo  que los precios en un mercado libre actúan como un mecanismo para la comunicación de información vital para la asignación eficiente de recursos. Donde el mercado es concebido como un proceso continuo en el cual la información es constantemente descubierta, compartida y actualizada, argumentando que el problema principal de la economía es cómo ordenar el uso de la información dispersa entre diferentes individuos.

En segudo lugar destacaremos a Ludwig von Mises, el cual mantuvo que el mercado es un proceso dinámico impulsado por la acción humana, destacando la necesidad de entender la economía desde la perspectiva del individuo y de los procesos dinámicos individuales, donde los precios son el producto de la acción humana fundamentados en el sistema de propiedad privada, y no de un esquema de planificacion central como sostenian los socialistas.  Y por ultimo mencionaremos a Carl Menger, con su teoría del valor subjetivo, en la que argumenta que el valor de los bienes y servicios depende de la percepción individual y la necesidad de satisfacer deseos específicos de cada ser humano.

Es importante destacar que el pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía ha estado caracterizado por dos elementos de relevancia singular: por un lado, el carácter subjetivo tanto de las valorizaciones como de las expectativas; y por el otro, la naturaleza individualista de su metodología. 

La teoría austriaca del ciclo económico (TACE)

 A diferencia de la sabiduria tradicional del resto de las Escuela Economicas ortodoxas. La Escuela Económica Austriaca, en especial los trabajos de Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, ya referidos, sostienen que la actividad económica no debiera presentar necesariamente las fluctuaciones de expansion y recesión como algo natural. Pues para los citados autores, estas fluctuaciones, son el resultado de una intervención de tipo estatal en la actividad empresarial, más que una consecuencia sine qua non de ella bajo condiciones de libertad (Von Mises, 1912; Hayek, 1931) 

Siguiendo con este orden de ideas Mises sostuvo que la ciencia económica debe, por ello, enfocarse más que en una descripción de los ciclos economicos, en un análisis de las causas que han producido las anomalías en la conducta empresarial, que originan las mencionadas crisis (Von Mises, 1949).

La manipulación del mercado de dinero

No pretendemos entrar a realizar un análisis profundo y más detallado de los componentes de la (TACE) como lo es el de la manipulacion del mercado de dinero, la cual explica la relación entre el crédito bancario, el crecimiento económico y los grandes errores de inversión que se acumulan en la fase alcista del ciclo, explotando con la burbuja y destruyendo valor de los activos tangibles como intangibles. Donde la expansion artificial de crédito motivada por:  factores políticos conyunturales, por teorias o posturas económicas de corte estatista, intervencionistas, regulatorias, o como el resultado de factores exogenos al entorno macroeconomico de los paises, como los conflictos geoeconomicos y geopoliticos entre otros.

Suelen distorsionar y alterar lo que debería ser el comportamiento normal y natural de los ciclos economicos. La Escuela Austriaca culpa al sistema bancario de reserva fraccionaria —bajo la dirección y tutela de los bancos centrales— de crear burbujas monetarias y crediticias que conducen a la formación de ciclos económicos expansivo-recesivos que se autoperpetúan. Creando asi a mediano y largo plazo periodos de alta incertidumbre economica y volatilidad de los mercados. 

De igual forma los austriacos sostienen que expansión del crédito sin respaldo previo de ahorro real sitúa al tipo de interés del mercado de crédito a corto plazo por debajo de su tasa natural, lo que produce   malas decisiones de inversión en las primeras etapas del proceso productivo, lo que genera distorsiones en la estructura productiva de las economías.

La frontera de posibilidades de produccion. (FPP)

Toda esta intervencíon que comienza con la manipulacion de las expansion artificial del crédito, tiene como principal secuela negativa la alteracion del mercado de fondos prestables, y su consiguiente   secuela negativa en la frontera de posibilidades de producción de una nacion. (FPP) Esta distorsion según los austriacos incide negativamente   en principio, en la decision de inversión de los agente económicos cuando tienen que decidir entre las  alternativas del  consumo e inversión; es decir, en destinar sus recursos disponibles a fin de satisfacer necesidades inmediatas o a incrementar los medios por los cuales obtiene mayores recursos en el futuro para satisfacerlas. 

Es imperioso indicar, asimismo, que la manipulacion del mercado de fondos prestables termina   desencadenado una expansión no sostenible de la economía por el uso ineficiente de los factores de producción, generando asi mayores ciclos de votalidad y incertidumbre economica. 

La estructura intertemporal de producción

Esta estructura de producción de bienes es el componente distintivo del análisis austriaco de los ciclos económicos, pues según esta los factores originales de producción son transformados en sucesivas etapas en bienes intermedios hasta su transformación final en bienes de consumo. Al igual que la FPP la estructura intertemporal de produccion se ve afectada por la manipulacion e intervencion de las tasas de interes por parte de las autoridades monetarias. 

Esta visión austriaca del proceso productivo va más allá de aquella en la que se concibe el capital como si fuese un bien homogéneo; aquí se considera que no existe un simple agregado de bienes de capital, sino que hay diversos bienes intermedios y complementarios en una economía en determinado momento, donde destaca el papel de coordinación que tiene la tasa de interés, puesto que estas afectan la manera como el mercado asigna recursos a la producción de bienes en sus diversas etapas.

La estructura intertemporal de producción permite identificar las diferencias esenciales entre los escenarios de crecimiento sostenible y geninuamente sustentados en la acumulación previa de ahorro real— y los episodios de crecimiento insostenible o inducidos monetariamente por la intervención de las autoridades monetarias. 

El reacomodo del sistema económico global

El actual proceso de reacomodo global de la economía implicará un profundo cambio en el mecanismo de formación de expectativas de los diversos agentes económicos.

Es importante señalar que la utilización de todos los mecanismos de políticas económicas, sean (monetarias, fiscales y comerciales), más los esquemas regulatorios concebidos dentro de ciertas políticas públicas, delinearan un proceso de reconfiguración a escala global, el cual estará signado por fuertes intervenciones y regulaciones gubernamentales en todo el espectro de producción de bienes. Lo que tendrán como secuela, la estrucutracion de un nuevo orden economico mas volatil, menos predecible y más vulnerables a imperativos de orden geopoliticos y geoeconomicos. 

En este escenario los mecanismos de expansión monetaria y crediticia orquestados por los bancos centrales de los principales bloques geopoliticos y geoeconomicos en ciernes, generaran  mas  divergencias entre la tasa de interés natural y los tipos de interes vigentes, sumado a los incentivos de indole fiscal, que buscan reordenar toda la cadena de producción y suministro mundial en base a los intereses y conflictos ya señalados, presagian un escenario económico global, donde los procesos de inversión estaran sometidos al estrés y los vaivenes de los juegos politicos internacionales.

Conclusión final

Finalmente, es importante destacar en base al escenario arriba descrito, que los objetivos finales del conductor de los factores de producción –léase, el empresario–, no guíara sus decisiones basado exclusivamente en el juego de las expectativas e información sobre datos relevantes de los mercados (tendencia de precios, salarios y tasa de interés) dirigidos por las leyes del libre juego de la oferta y la demanda con una minima intervencion estatal. Sino por la complejidad de los entornos en los que se desenvolveran las diversas variables referidas a estos ciclos económicos recurrentes de (confianza empresarial, políticas macroeconómicas, monetarias, mercados laborales, politicas comerciales etc) signados por las diversas intervenciones gubernamentales de los mercados. 

Y es aquí donde la Escuela Austriaca de Economía ofrece una sólida teoría capaz de explicar, sino todas al menos las principales, causas o sus determinantes, como los efectos o consecuencias de este fenómeno global de mayor intervencion gubernamental en el delineamiento de un nuevo orden economico global. El autor es abogado y politólogo mención Relaciones Internacionales (UCV) cuenta con postgrados en: Negociaciones Económicas Internacionales del Instituto de altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, y es MBA y Máster en Finanzas FEN U. de Chile.

El proyecto de Javier Milei para la DOGE: Una motosierra para la burocracia

«¿Cuál es la diferencia entre un loco y un genio? El éxito». Esa frase inicial marcó el tono de la entrevista de dos horas de Javier Milei con Lex Fridman. En ella, el presidente libertario de Argentina reflexionó sobre los primeros meses de su gobierno tras su histórica victoria electoral del 19 de noviembre de 2023.

A Milei se le han llamado muchas cosas, pero sus métodos y su filosofía prosperan bajo escrutinio. En una sociedad libre, ser cuestionado es a la vez un reto y una oportunidad. Lo que distingue a Milei es su capacidad para responder a preguntas difíciles con lógica, pruebas y, lo que es más importante, resultados.

Su retórica anarquista está -como él dice- enraizada en un libertarismo que tiene un «respeto irrestricto por el proyecto de vida de los demás basado en el principio de no agresión y en la defensa de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad», una definición defendida por Alberto Benegas Lynch, Jr. y que sigue las ideas de John Locke.

Un modelo exportado

Las reformas de Milei no han pasado desapercibidas en Estados Unidos, especialmente tras el anuncio del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que dirigirán Elon Musk y Vivek Ramaswamy. En la entrevista, Milei destacó cómo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, dirigido por Federico Sturzenegger, está desmantelando sistemáticamente el proteccionismo y los privilegios, eliminando de 1 a 5 restricciones económicas diarias.

Este enfoque está llamando la atención en todo el mundo, ya que Musk y Ramaswamy han insinuado la posibilidad de adaptar esta estrategia de «motosierra». Ramaswamy publicó recientemente en X: «Una fórmula razonable para arreglar el gobierno estadounidense: Recortes al estilo Milei, con esteroides».

Una fórmula razonable para arreglar el gobierno estadounidense: Recortes al estilo Milei, con esteroides.

Cuando Milei asumió el cargo, la inflación estaba fuera de control y subía casi un 1% diario. Arreglar el déficit fiscal se convirtió en su principal prioridad, sabiendo que nada más funcionaría sin una solución en ese frente. En sólo unos meses, introdujo cambios drásticos: suprimió más de 50.000 empleos públicos, cerró más de la mitad de los ministerios, recortó las normativas y eliminó las subvenciones.

¿Los resultados? La inflación bajó del 211% interanual en diciembre de 2023 al 107,4% en noviembre de 2024, según los últimos datos de inflación del INDEC. Según Daniel Fernández, de UFM Reform Watch, el gobierno de Javier Milei ha logrado 10 meses consecutivos de superávit fiscal primario: «Entre enero y octubre de 2024, el gobierno argentino acumuló un superávit fiscal primario equivalente a casi el 1,7% del PIB», un cambio notable.

Milei: un ex académico

Como antiguo profesor de economía, Milei destaca en el desglose de conceptos económicos complejos. Al principio de la entrevista, proporcionó una hoja de ruta para los interesados en comprender la economía austriaca con grandes referencias: La acción humana de Ludwig von Mises y Principios de economía de Carl Menger, dos puntos de partida para él. También mencionó a otros pensadores, como Murray Rothbard, Friedrich Hayek, Hans-Hermann Hoppe, Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rallo, Philipp Bagus y Walter Block, una guía rápida de las perspectivas anglosajonas e hispanas del pensamiento libertario.

Cuando Fridman profundizó y le preguntó por su filosofía económica, Milei respondió: «Idealmente, anarcocapitalista; en realidad, minarquista». Esto resume su enfoque pragmático para reducir el tamaño del Estado a través de lo que él llama «la mayor reforma estructural de la historia de Argentina», siendo realista sobre lo que es posible. Aquí Milei también abordó las críticas de algunos libertarios, diciendo que a menudo caen en la «falacia del nirvana», esperando soluciones perfectas en un mundo imperfecto.

Principales conclusiones

De la entrevista de Milei con Fridman se pueden extraer dos conclusiones principales. En primer lugar, Milei sabe de lo que habla. Demasiados políticos no entienden realmente de economía, pero Milei claramente sí. No se limita a memorizar cifras; explica el razonamiento que subyace a sus decisiones, y tiene sentido. En segundo lugar, las reformas impulsadas por el mercado pueden dar resultados. Contrariamente a la creencia popular o a los consejos de los expertos, estos cambios no necesitan décadas para mostrar su impacto.

¿Llegarán estas reformas hasta la Casa Blanca? Sólo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, está claro que el planteamiento de Milei está llamando la atención en todo el mundo. Recomiendo encarecidamente ver o escuchar la conversación completa. Es un debate increíblemente estimulante, especialmente para los entusiastas de la economía deseosos de ver cómo la teoría se traduce en acciones políticas en el mundo real.

Ver también

Adam Smith entendió que tener más niños es una bendición

Por Nicholas Swanson. El artículo Adam Smith entendió que tener más niños es una bendición, fue publicado en CapX.

En una columna de 2022, Ezra Klein, de The New York Times, escribió sobre las innumerables personas que conoce y que rumian si tener hijos «dada la crisis climática a la que se enfrentarán… [y] sabiendo que contribuirán a la crisis climática». Los conocidos de Klein no son una anomalía. Cita datos de encuestas que sugieren que una cuarta parte de los adultos sin hijos creen que el cambio climático es una razón para evitar reproducirse. Un informe de la BBC de 2021 corrobora esta afirmación, destacando los datos de una encuesta mundial que indica que la «ansiedad climática» es una de las razones más comunes para no tener hijos.

Las personas que describe Klein me recuerdan al clérigo inglés de principios del siglo XIX Thomas R. Malthus. Malthus es famoso por dar la voz de alarma sobre la superpoblación. Aunque sus opiniones se suavizaron y matizaron con el tiempo, se le recuerda sobre todo por su primer modelo de crecimiento demográfico. Malthus afirmaba que la población aumenta geométricamente, pero las «necesidades vitales», como los alimentos, sólo aumentan aritméticamente. El resultado: el nivel de población tiende a superar el sustento material, lo que provoca hambrunas, inanición y declive demográfico. Al igual que Malthus, los antinatalistas contemporáneos creen que los seres humanos adicionales suponen una amenaza para el medio ambiente y para los seres humanos ya existentes.

Lo que estas opiniones suelen pasar por alto es una idea que el padre de la economía moderna, Adam Smith, ya comprendió en el siglo XVIII: el potencial de la innovación para superar el crecimiento de la población.

Smith y la población

Smith era optimista sobre las perspectivas de mejora tecnológica e innovación. Era partidario de la liberalización económica y parecía considerar el crecimiento demográfico como un indicador de éxito. Como ha argumentado Maria Pia Paganelli, Smith utilizó la población en «La riqueza de las naciones» como indicador de la mejora material, de forma análoga a como utilizamos ahora el producto interior bruto. Cuando Smith expuso los efectos negativos de las restricciones comerciales, señaló su tendencia a reducir la población.

Los antinatalistas del pasado y del presente han tendido a hablar como si los recursos fueran relativamente fijos. Al hacerlo, pasan por alto la posibilidad de nuevos descubrimientos y rendimientos crecientes a escala. Malthus, por ejemplo, creía que el tamaño de la población superaría la oferta de alimentos porque la tierra es limitada y la agricultura experimenta rendimientos decrecientes a escala.

Smith, por el contrario, parece haber sido de la opinión de que la productividad no se enfrentaba a un límite superior duradero, sino que podía ampliarse hacia arriba a través de la innovación y el crecimiento económico.

Era especialmente optimista sobre las perspectivas de la innovación agrícola. Smith reflexionó sobre la llegada de la patata a Europa. En comparación con el trigo, el cultivo de la patata significaba que «la misma cantidad de tierra cultivada mantendría a un número mucho mayor de personas». Smith predijo asimismo que «la población aumentaría» si el cultivo de la patata llegaba a ser al menos tan común como el del trigo. En 2011, los economistas Nathan Nunn y Nancy Qian estimaron que ‘la introducción de la patata explica entre el 25% y el 26% del aumento de la población del Viejo Mundo entre 1700 y 1900’.

La riqueza de las naciones

En La riqueza de las naciones, Smith sostenía que «la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado» y que «la extensión del mercado [de un país]… debe ser durante mucho tiempo proporcional a la población de ese país». En otras palabras, una mayor población permite una mayor división del trabajo. Una mayor división del trabajo produce una mayor especialización junto con nuevas máquinas y nuevos métodos. La productividad aumenta. Para Smith, el ser humano no es sólo una consecuencia del crecimiento económico, sino una causa potencial.

Es cierto que un mayor número de personas incrementa la demanda de bienes y servicios, aumentando así la escasez y provocando subidas de precios. Pero Smith parece haber creído que la curva de la oferta a largo plazo se inclina hacia abajo. En presencia de la libertad y del afán de lucro, más gente crea un incentivo para nuevos descubrimientos. Veamos lo que dice Smith en La riqueza de las naciones:

El aumento de la demanda, además, aunque al principio pueda a veces elevar el precio de las mercancías, nunca deja de bajarlo a largo plazo. Estimula la producción y, por consiguiente, aumenta la competencia entre los productores, quienes, para venderse mejor unos a otros, recurren a nuevas divisiones del trabajo y a nuevas mejoras artísticas que, de otro modo, nunca se les habrían ocurrido.

Adam Smith. La riqueza de las naciones.

La fecundidad está disminuyendo

Encontrar sustitutos más eficaces y utilizar unidades cada vez más pequeñas de un recurso dado para producir mayores niveles de producción son algunos de los avances que definen los últimos 300 años. En 1700, la población mundial era de unos 600 millones de personas. Hoy somos más de diez veces esa cifra, unos 8.000 millones. Mientras tanto, disponemos de alimentos en mayor cantidad y calidad que nunca. Y, contrariamente a la creencia popular, en muchos aspectos el planeta está más limpio que nunca (por ejemplo, el saneamiento).

Adam Smith previó la capacidad dinámica de las personas libres y de los mercados libres. Y más concretamente, previó el poder del ingenio humano dentro de unos mercados liberalizados para abastecer a una población en aumento. Más seres humanos no son meros comensales, sino a la vez una invitación y un medio para elevar el nivel de vida de todos.

En un mundo en el que la fecundidad disminuye, es sorprendente que muchos sigan preocupándose por la superpoblación. Pero, como sugiere la historia de los últimos 250 años, Smith siempre tuvo razón. No tenemos por qué temer que haya demasiados seres humanos. Podemos encontrar formas de innovar, y lo hemos hecho, cuando nos enfrentamos a desafíos. Lejos de ser una maldición, «la multiplicación de las especies», como dijo Smith, es una bendición.

Ver también

Adam Smith, los austríacos y el crecimiento económico. (José Carlos Rodríguez).

300 millones. (José Carlos Rodríguez).

Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (XCVIII): sobre las catástrofes

Un amable lector, el señor César Alonso, me consulta sobre la posible gestión de catástrofes, como las inundaciones recientes en la Comunidad Valencia, en una hipotética sociedad sin estado. Es cierto que existen algunos estudios como los de Rebeca Solnit, Paraíso en el infierno o los de Emily Chamlee-Wright y Virgil Storr. The Political Economy of Hurricane Katrina and Community Rebound se han centrado en la situación de las comunidades tras las catástrofes. Demuestran que, en una situación de crisis grave, la tendencia de la población es a cooperar entre sí y no a disolverse en el caos, como presumiblemente debería ser.

Es algo que, a falta de estudios, puede comprobarse que aconteció durante los días más duros de la catástrofe. Al contrario de lo que los imaginarios tipo Mad Max parecen sugerir, la población no tiende a una violencia caótica por la supervivencia, sino a ayudarse mutuamente y a poner en común lo que quedó tras el desastre.

Falta hacer un buen análisis

Pero lo que no se encuentra fácilmente, y menos en nuestros medios, es un análisis de cómo gestionar un acontecimiento de estas características. Tanto desde la prevención de la misma como a su tratamiento en los primeros momentos. Son, quizás, los más importantes a la hora de salvar vidas o prevenir daños mayores. Sobre todo se echa de menos la discusión, aunque sea sólo teóricamente, sobre cómo se podría afrontar catástrofes de este estilo en un entorno de carencia de organización estatal.

Conviene de antemano hacer algunas advertencias. La primera es que una catástrofe fuera de lo común no es fácil de anticipar, precisamente porque no puede ser predecida ni su intensidad ni la forma que esta adoptará, ni cuáles son las zonas del territorio en que su incidencia puede ser mayor. De ahí que ni el más eficaz de los estados convencionales ni la sociedad anarcocapitalista más perfecta que pudiésemos imaginar estarían libres de catástrofes graves. Puede ocurrir perfectamente en el socialismo, en el capitalismo, en un estado centralista o en uno federal, y ninguno de ellos podrá evitarlo. El mejor modelo sólo puede reducir los daños o reducir su prevalencia. Pero no puede evitarlo por completo si la catástrofe viene con una intensidad o una forma inusuales.

Alerta y atención temprana

El debate en España se centra en buena parte en el fracaso del mecanismo de alerta, que puede ser simple negligencia, y de esto nadie puede estar del todo libre, ni en un sistema anárquico ni en cualquier otro. Lo único que cabría recomendar aquí es no delegar en exclusiva en los canales públicos de información, sino que existan varias formas de informarse. Desde los medios de comunicación, con sus propias alertas e informaciones a varias fuentes de alerta, sean de origen público o privado. Así se podría contrastar, de tal forma, que el rigor en sus predicciones sirva como referente a la hora de predecir conductas.

Lo que se pretende en este artículo es discutir cómo se podría actuar después de producido el daño. Y es ahí donde cabría discutir cuáles podrían ser  los modelos concretos de actuación y cómo se establecerían los medios necesarios para poder una vez esta ha sucedido.

Entiendo que lo primero debe ser la inmediatez en la ayuda. Es entonces cuando se pueden salvar más vidas. Entiendo que los modelos descentralizados de toma de decisiones son los más aptos, pues no sólo conocen mejor el terreno, sino que la cercanía al espacio en el que aconteció la desgracia es mucho mayor y, por tanto, más rápida.

Formarse para lo peor

Lo ideal es que los vecinos contasen con alguna formación, que puede ser perfectamente difundida por internet o medios de comunicación social, sobre cómo afrontar este tipo de catástrofes. Esto es lo ideal es que cada vecino supiese qué lugares de refugio cercanos existen, para cada tipo de contingencia,  que contasen con algunos utensilios como palas o rastrillos o que supiesen dónde puede haberlos, para comenzar las tareas de ayuda en cuanto se den las condiciones para hacerlo, hasta que lleguen los medios pesados, o el personal especializado, que por lógica y muy eficaz que sea su distribución, tardarán siempre algún tiempo, que puede ser vital.

La labor del vecino o del voluntario es crucial en estos momentos, pues no precisa de órdenes o directrices y cada cual podrá ayudar en su zona más próxima. La lógica de la distribución de medios implica también por lógica cierta priorización, esto es se atenderá por fuerza a unos sitios antes que a otros lo que necesariamente implicará que existan personas que por el lógico retraso puedan perder su vida o verse seriamente dañadas, de ahí que sea imprescindible una ayuda lo más rápida posible. Y esa solo la pueden prestar los voluntarios y vecinos que se desplazan inmediatamente.

Un valioso testimonio

El señor Artur Rodríguez, voluntario en la catástrofe de Valencia, lo describe mucho mejor de lo que podría hacer yo en una comunicación personal, que cito casi íntegramente con su permiso:

Descoordinación coordinada: Quizá lo más comentado tanto en los medios de comunicación como a pie de calle era la obvia falta de coordinación. Esto exige matices. Empezaré narrando ciertas anécdotas personales que son lo que me llevan a ciertas conclusiones. La primera ocurrió nada más llegar a la población de Algemesí. Al preguntar a un policía cómo llegar al centro polivalente donde se descargaba la ayuda, su respuesta fue concisa: ‘si no lo sabes tú’.

La segunda fue al llegar al centro polivalente, el cual era un caos de barro, gente, camiones, furgonetas, voluntarios, todos descargando sin orden aparente tanto dentro como fuera del recinto, porque ya ese día estaban saturados. Encontré un sitio en la puerta donde había dos policías nacionales y al preguntar si se podía aparcar para descargar, no pudieron más que encogerse de hombros, mostrando que ellos poco sabían de lo que se podía o no se podía hacer.

Una vez dentro, no encontré entre tal muchedumbre (organizados en cadenas humanas, catalogando los productos y trasladándolos a la cola de afectados que venían en busca de ellos) una sola persona a la que dirigirme. Con las mismas cogí sin permiso alguno un cepillo donde estaban almacenados y eché a andar. Al preguntar a una pareja de voluntarios dónde podía dirigirme a prestar ayuda, me contestaron que donde quiera, donde viera, donde yo considerara. Mi criterio era la única autoridad.

A partir de aquí y en días posteriores las anécdotas se iban acumulando, militares perdidos buscando a sus compañeros, bomberos cuya única herramienta eran las mismas que las mías, policías locales de otras comunidades preguntando a los voluntarios como llegar a tal o cual calle, centros de almacenaje a modo de grandes superficies donde paseando con carritos cogía a placer lo que me viniera en gana y distribuía donde me pareciera más oportuno, una concejal de Picanya que me pidió que corriera la voz de que por favor no trajesen más ayuda a su centro porque estaban desbordados entre otras cosas porque allí derivaban todos los camiones y furgonetas que no dejaban entrar en otras poblaciones, y un sinfín de anécdotas más que daban fé de una auténtica desorganización.

O quizás no tanta. En apariencia era un caos, un sálvese quien pueda, pero en la práctica todo funcionaba. Los alimentos llegaban a su destino donde eran depositados, catalogados, separados y repartidos a la gente que guardaba pacientemente la cola. Al mismo tiempo, centenares de voluntarios cargaban bolsas y carros y calle tras calle repartían en persona los productos a vecinos que, en su mayoría, no podían bajar a la calle por edad o falta de movilidad. Muchos guiados por una página web creada por los propios voluntarios, donde a través de chinchetas en un mapa y un código de colores, alcanzaban a saber el nombre, la calle y qué necesidades tenía tal o cual vecino. Los productos llegaban, los locales y las calles se limpiaban, el cometido se realizaba.

Incluso asistí maravillado a cómo, ante la necesidad urgente de un médico y lo complicado de encontrar uno, se iban sucediendo gritos en cadena. ¡Un médico! Que fue trasladándose calle a calle hasta que de vuelta recibimos con gran alivio otro no menos enérgico: ¡En camino! Para segundos después ver correr a toda velocidad la ayuda reclamada delante de nosotros hasta el punto donde se les necesitaba y minutos después llegar una ambulancia haciendo gala de sus deslumbrantes luces y ensordecedoras sirenas.

Las calles albergaban infinidad de puestos ambulantes de productos de higiene, de limpieza, herramientas, ropa, café, comida tanto fría como caliente, guantes, mascarillas, etc. Todo era gratis, todo a disposición de vecinos, voluntarios, bomberos, protección civil, todo a disposición de cualquiera que lo necesitara. A estas alturas es obvio que desorganización no había, todo lo comentado requiere de una organización concienzuda, espontánea, quizás precaria, pero organización al fin y al cabo.

Presten atención a lo siguiente: Imaginen una población de 20 mil, 30 mil, 40 mil o 50 mil habitantes, sin un solo comercio funcionando, sin farmacias ni panaderías, sin ferreterías ni supermercados, sin tiendas de ropa ni bares donde parar a tomar un café. Nada, literalmente nada, literalmente el comercio, el mercado no existía. Sustituir todo el mercado de una población tal en cuestión de tres días requiere de mucha organización, muchísima. Adivinen quiénes eran los responsables de tal proeza, exactamente, los voluntarios, ese ‘cuerpo de emergencias espontáneo de acción rápida’. De desorganización, nada de nada.

Entonces, ¿dónde residía la desorganización? En los cuerpos de seguridad estatales dependientes de la administración. Aquí cabe distinguir a los cuerpos civiles y  militares. El ejército es un cuerpo completamente autosuficiente, es en esencia un ‘estado ambulante’ con capacidad para limpiar, crear hospitales, albergues y comedores de campaña  (nada de esto se desplegó, al menos que yo viera) con capacidad para crear infraestructuras provisionales tales como trincheras o puentes por ejemplo. Dicho ejército opera a través de una jerarquía vertical claramente definida y no dependiente de mandos civiles.

Ahí radica la diferencia: el ejército es organizado por militares, los bomberos y demás ayuda estatal dependen de una estructura jerárquica cuya organización depende de políticos. La ineficacia a la hora de organizar se palpaba en cada esquina, no por los propios bomberos o la propia policía, estos ante tal ineficacia de las administraciones salían adelante perfectamente, con sus más y sus menos supongo, aún a pesar de que los primeros al mando ni estaban sobre el terreno ni se les esperaba. En este punto, poco más puedo aportar y seguro que los distintos equipos de emergencia puedan mejor que nadie afirmar o contradecir mis percepciones.

Con la poca información al respecto que pueda tener un individuo aislado en medio de un escenario de guerra (camiones, ambulancias, helicópteros, escombros, llantos, abrazos todo al mismo tiempo) y la percepción sesgada de dicho individuo llego a la siguiente conclusión: no, no existía desorganización en el voluntariado, todo lo contrario, lo que existe es un sector que cree que hay desorganización porque su concepto de organización es otro muy distinto, un mando único, un teléfono donde informarse, una coordinación perfecta entre arriba y abajo. Esta organización es distinta, es horizontal, sin mandos y funciona. Es caos aparente, pero solo eso, aparente. ¿Podía ser más efectiva?

Yo creo que no se puede ser más efectivo. Es cierto que los estados cuentan con medios materiales y personal especializado y de gran profesionalidad y cualificación, pero están sometidos a criterios burocráticos de funcionamiento. Esto es, actúan siguiendo órdenes y directrices políticas, que en el mejor de los casos son más lentas que la acción de la sociedad civil y en el peor se ven sometidos a dilaciones, muchas veces por el temor político a cometer errores de los que después tengan que responder.

Elército y sociedad civil

Nuestra historia reciente de catástrofes nos muestra que quien toma decisiones rápidas, pero que por cualquier razón se equivoca, es sometido al durísimo juicio de la opinión pública. Y en demasiadas ocasiones se les somete a juicios de verdad, esta vez por la vía penal. Esto, desde luego, no favorece la operatividad de los medios del estado, que aun con la mejor de las intenciones no pueden librarse de sus formas de operar. Esto incluye a la UME, a la cual no puedo dejar de alabar por su esfuerzo. Pero introducir una lógica de comando en un entorno en el que la mayoría de los que operan son civiles, puede dificultar su tarea.

El soldado hará, como no puede ser menos, lo que le ordene su mando natural, que normalmente no conoce bien el lugar afectado. Y no obedecerá a ningún civil, por conocedor que sea de la situación, o por experto que sea. En situaciones como esta, sobre todo al principio, es más rápido y eficaz confiar en la sociedad civil espontánea, que es capaz de batir el terreno con más efectividad. Otra cuestión es la reconstrucción de infraestructuras o la vuelta a la normalidad de los servicios en que sí harán falta expertos y medios distintos de los voluntarios. La cuestión de cómo podría funcionar esto en una sociedad sin estado queda para algún trabajo posterior.

Ver también

‘Todo depende de los incentivos’. (Jaime Juárez).

Katrina, un año después. (Gabriel Calzada).

Desastres naturales y teorías desastrosas. (Gabriel Calzada).

Catástrofe natural e intelectual. (Francisco Capella).

Catástrofes y anticapitalismo. (Alberto Illán Oviedo).

Trump 2.0: la incertidumbre contraataca

El primer martes de noviembre del presente año, tuvo lugar una vez más la elección presidencial de la primera superpotencia del mundo. Y, por tercera vez, Donald Trump aparecía como nominado republicano. Son ya lejanos aquellos tiempos donde republicanos como John McCain, George Bush o Mitt Romney, debatían junto a los nominados demócratas sobre temas políticos; ahora vivimos en la Era Trump… y eso ha quedado muy lejos de ser así.

Contrario a las previsiones de muchos, el expresidente se pudo imponer sobre la vicepresidenta Kamala Harris de manera solvente, ganando los 7 estados bisagra (“swing states”), y recuperando el control del Senado mientras retenía por la mínima el de la Cámara de Representantes, logrando una trifecta perfecta. Dejaré para los amos del análisis político (una ciencia muchas veces menos fiable que la alquimia) el estudio de por qué ganó Trump y, por consiguiente, la razón de la pérdida demócrata.

Hay, sin embargo, dos cosas evidentes: en primer lugar, los ciudadanos sentían que la economía no les favorecía con Biden y por ende con Kamala y, en segundo, el presidente actual decidió retirarse de manera muy tardía, si su objetivo fundamental era derrotar a su antecesor (aunque ese tema da para otro debate). Lo importante ahora, como en cada nueva administración, es entender lo que se hereda y lo que se piensa hacer en un país que evidentemente está partido por la mitad (por más que algunos se empeñen en decir que Trump arrasó, eso es aritméticamente falso[1]).

¿Qué hereda Trump?

Biden deja la presidencia como un presidente relativamente impopular, al que se le achaca no recuperar la economía tras el COVID-19 de una manera rápida y efectiva. Deja un país totalmente recuperado de la pandemia (lo cual era su principal reto) … con unas inversiones en infraestructura muy grandes (cuyos frutos se verán en los próximos años) y unos números macroeconómicos a nivel de crecimiento de la economía, niveles de desempleo y valor de los índices bursátiles bastante buenos.

Así mismo, el todavía presidente demócrata deja una administración que vio el nacimiento de dos conflictos internacionales en Ucrania y Rusia y una desastrosa salida militar de Afganistán. En resumen: un mundo convulso, una economía pujante y una sociedad dividida en temas que van desde lo racial, hasta lo económico.

¿Qué hará Trump?

Para responder a la segunda cuestión, resulta útil echar mano de la respuesta que el presidente electo dio en un debate contra Hillary Clinton en 2016, cuando el moderador Chris Wallace le preguntó si aceptaría los resultados electorales. Su respuesta fue “no lo sé, te mantendré en suspenso”[2]. Pareciera una frase muy actual, puesto que, a pesar de la cantidad de programas electorales (el suyo propio, Project 2025 e intereses políticos de figuras cercanas como Elon Musk o Robert Kennedy Jr.), no pareciera que el presidente tenga muy claro lo que quiere hacer en distintos campos… es ya conocido su cambiante temperamento y opinión.

Es altamente probable, que se deshaga de cualquier investigación judicial a nivel federal que pese en su contra, y que utilice todo el poder del Estado para debilitar las causas a nivel estatal (las cuales no puede eliminar). También resulta factible ver un alto al fuego en Ucrania (con términos favorables a los rusos) y una arremetida más fuerte por parte de Israel contra Gaza, Cisjordania y Líbano. ¿No son entonces estas predicciones una contradicción contra el planteamiento de imprevisibilidad? No. Porque nada de esto es seguro, podría cambiar mañana o en un mes…

Designaciones

Prueba de lo anterior es el caos en el que el presidente está sumiendo al Senado al nominar a las personas más controvertidas y disímiles que existen en su órbita para puestos clave. Para secretario de Defensa, un antiguo marine transformado en host de un programa los fines de semana y sin ninguna experiencia en dirección militar. Para Seguridad Nacional, una excongresista demócrata, acusada de ser una agente rusa y apologista del régimen sirio de Bashar al-Ásad. Y Para Sanidad, pues… Robert Kennedy Jr… sólo hace falta buscar su nombre en Google y para la fiscalía general, el congresista menos popular de 435 miembros, acusado de violar a una joven menor de edad y de cometer varios actos de corrupción[3].

Incertidumbre a la vista

Con este escenario en mente, lo único intelectualmente sensato que se puede decir, es que no sabemos qué pasará ni por donde soplará el viento. A Trump lo han encumbrado a la presidencia una colación de intereses contrapuestos que oscilan entre cripto Bros, ultraconservadores, magnates multimillonarios y aislacionistas globales. Pero, este es su juego, es su mundo, él es el protagonista.

Alguien que elogia la imprevisibilidad como arma política, todoterreno es movedizo, desde la seguridad nacional hasta la economía. Queda, pues, simplemente ser testigos de los acontecimientos en meses y años venideros. Pero, aun así, algo es destacable: el hombre que acabó su mandato anterior con una crisis de estado por el asalto al Capitolio (a todas luces impulsado por él) y que ha sido condenado con más de 30 cargos en un juicio y encontrado como responsable de violación en otro, ha vuelto, y con él… su espectacular incertidumbre, lo cual muchas veces no ha sido un buen preámbulo para el devenir de los acontecimientos en la humanidad. Para verdades el tiempo.

Notas

[1] Siguiendo los criterios históricos para “arrasar” en una elección norteamericana, se requiere sacar una amplia mayoría del voto popular y volcar estados pertenecientes tradicionalmente al partido contrario. El último en hacerlo, fue Barack Obama en 2008 y antes Bill Clinton en 1996.  Ni las victorias de Trump o Biden se ajustan a esos criterios, prueba de la creciente polarización social.

[2] “Trump: ‘I’ll Keep You in Suspense’ About Accepting Election Outcome”https://abcnews.go.com/Politics/trump-ill-suspense-accepting-election-outcome/story?id=42928015

[3] “Matt Gaetz once faced a sex trafficking investigation by the Justice Department he could now lead” https://apnews.com/article/trump-attorney-general-matt-gaetz-justice-department-9d51501fb6ad5c04b5b4113d3a6a584b (AP News, 2024).

¿Saben los socialistas que están reventando el acceso a la vivienda?

La amalgama de partidos socialistas, neocomunistas y nacionalistas periféricos que sustenta al gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, lleva seis años experimentando unas políticas que constriñen la oferta de vivienda, encarecen los precios para una demanda creciente en algunas zonas y, por ende, imposibilitan una asignación razonable de la propiedad (o el uso/alquiler) de estos bienes a personas que viven o quieren vivir en España. Especialmente aquéllas que quieren afincarse en las principales zonas urbanas del país, donde se concentran las actividades económicas que requieren más empleados, como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante y otras ciudades.

No significa esto que el acceso a la vivienda antes del asalto al poder central del Estado por parte de la banda que atisbó el malogrado Albert Rivera, fuera parangonable al nivel de salarios y precios de otros bienes en España. Lo que ocurre ahora no deja de ser un trasunto de numerosas intervenciones y regulaciones que han ido asentándose a lo largo de un tiempo muy dilatado, más otras impulsadas a partir de 2018 que han menospreciado olímpicamente el conocimiento económico más elemental[1].

Es por esto por lo que dedicaré este primer análisis a repasar la situación previa, mientras que, en otro segundo, abordaré la legislación motorizada y supersónica, con un contenido material confiscatorio y anticonstitucional, que han desplegado el gobierno y la mayoría que lo sustenta.

De esta manera, en lo que podría llamarse la herencia recibida, el gobierno entrante se encontró con una España que comenzaba a salir de la crisis, a principios del año 2018. Como dice Juan Ramón Rallo Julián [después del estallido de la burbuja inmobiliaria y el rescate de las cajas de ahorro  que formaban casi la mitad del sector financiero español ] para ese momento el sector privado español ya se había desapalancado extraordinariamente[2], al contrario que el sector público. Por otro lado, el modelo productivo había conseguido relegar a la construcción y a las actividades financieras a un peso del 5,8 % y 4,1 % del PIB respectivamente, frente a otros sectores que aumentaron su participación en la producción de bienes y servicios.

Pues bien, junto a la influencia que ejercen sobre los precios la expansión crediticia y la inflación subsiguiente – auspiciadas por los bancos centrales y los gobiernos que se endeudan – las inversiones para urbanizar y edificar terrenos (así como la rehabilitación o reconstrucción del parque existente) actúan como primeros catalizadores de la oferta de vivienda, tanto para la transmisión de su propiedad como para su puesta en alquiler ulterior.

El paso por el gobierno del Partido Popular dirigido por Mariano Rajoy Brey, no había supuesto ningún cambio del régimen jurídico aplicable. Antes al contrario, sirvió para consolidar un modelo tan dirigista,  que la economía de mercado[3] apenas mantenía algunos vestigios en el ámbito inmobiliario.

A grandes rasgos, el sistema continuaba el modelo urbanístico perfilado por la Ley del Suelo de 1956, el texto refundido de 1976[4] y sus reglamentos de desarrollo de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, aprobados en 1978. Para mayor oprobio, lejos de promover una reforma del urbanismo liberalizadora del mercado de suelo y garantizar un contenido  del derecho de propiedad por directa aplicación de la Ley, el presidente del gobierno mencionado consolidó vueltas de tuerca anteriores de José Luís Rodríguez Zapatero. Mediante la técnica de la refundación de textos se aprobó la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana en 2015[5], blindando por mucho tiempo elementos tan perniciosos como la desvinculación total del derecho de edificación sobre el suelo objeto de propiedad, el agente urbanizador (art. 6 a) o la imposición de una lista exorbitante de deberes y cargas al derecho de propiedad que pueden motivar su privación por expropiación o venta forzosa (arts. 8 y 9).

En cualquier caso, el esquema general de esta legislación urbanística parte de la idea de “ordenación” del territorio, mediante mandatos administrativos (en lugar de orientaciones que permitan para atender necesidades locales) contenidos en instrumentos de planeamiento y de ejecución urbanística de ámbito municipal. Por eso los planes generales de ordenación urbana se aplican por los Ayuntamientos principalmente, después de un complejo procedimiento de aprobación en el que intervienen actualmente las Comunidades Autónomas. Así estos planes clasifican el suelo (urbano, urbanizable o no urbanizable)[6] con un régimen jurídico muy diferenciado a la hora de permitir la urbanización y la subsiguiente edificación; determinan los elementos fundamentales de la estructura general y establecen el programa para su desarrollo y ejecución. Sus previsiones abarcan el reparto de beneficios y cargas entre los propietarios de los terrenos que entraran en el proceso de urbanización, de manera que en cada zona de actuación se les imponen cesiones gratuitas de suelo para las calles, parques y equipamientos públicos muy dispares y para constituir una “reserva de suelo” para que el Ayuntamiento respectivo. A esas cargas se suma la obligación para los promotores de reservar porcentajes de las parcelas resultantes para viviendas de protección oficial.

Así pues en el ámbito inmobiliario concurren competencias legislativas exclusivas del estado ( respecto a la “legislación civil” y la “regulación de las condiciones básicas”, según el art. 149.1.8ª CE) y de las CC.AA ( respecto a la “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”, según el Art. 148.1.3ª CE y los estatutos de autonomía). La ejecución corresponde a las CCAA y sus Ayuntamientos respectivos. La evolución de estas competencias ha propiciado la invasión del derecho administrativo (ahora autonómico) sobre el derecho civil (privado) competencia exclusiva del Estado. No obstante, hasta donde conozco, los derechos administrativos autonómicos comparten las categorías y los conceptos planificadores surgidos en 1956.

Se da la extraña paradoja de que uno de los países de Europa con la densidad de población más baja y mayor abundancia de suelo disponible – bien es cierto que con disparidades extremas- la intervención de los poderes públicos ha provocado artificialmente la escasez del terreno apto para ser urbanizable o edificable.

Expuesta la situación respecto al primer pilar regulatorio que incide en las posibilidades de acceso a la vivienda, conviene repasar cual era la situación del segundo, el alquiler o arrendamiento de vivienda, antes del año 2018. Precisamente en la regulación de este mercado se observa la peor evolución de los dirigentes del PSOE, por no hablar de sus aliados.

En efecto, frente a la Ley de Arrendamientos Urbanos del franquismo, que consagraba una duración del contrato a perpetuidad a opción del inquilino y sus descendientes y unas rentas controladas, bastó que el artículo 9 de Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre medidas de política económica (Decreto Boyer[7]) suprimiera la prórroga forzosa en los contratos que se celebraran a partir de su entrada en vigor para que, de repente, la oferta de viviendas en alquiler se incrementase notablemente en las ciudades españolas. Salvadas las distancias y el tiempo, aquella espita tuvo consecuencias similares al decreto de necesidad de urgencia 70/2023, que dictó el presidente argentino Javier Milei el año pasado.

Posteriormente, los mismos socialistas dieron un paso atrás, con la aprobación de una ley de nueva planta del año 1994. Esta regulación retomó la prórroga legal forzosa del contrato de alquiler de vivienda para el arrendador durante un período de cinco años y un régimen transitorio de veinte años para la actualización de las rentas congeladas por los sucesivos decretos dictados durante el franquismo.

Y, finalmente, el gobierno de Mariano Rajoy Brey promovió un pequeño retoque, mediante la Ley 4/2013, que redujo la prórroga forzosa legal a una duración de tres años y bendijo el intervencionismo autonómico en los arrendamientos de vivienda de temporada -so capa de sus competencias en materia turística- que hasta ese entonces todo el mundo entendía sometidos al régimen de libertad de pactos del Código Civil.

En definitiva, antes de la llegada del gobierno despótico de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, los empresarios y los particulares podían albergar la magra expectativa de que la propiedad de su vivienda – no así la de bienes intermedios- estaba amparada por el artículo 33 CE y el Código Civil. Si arrendaban la misma a un inquilino, “tan solo” quedaba sujeto a su voluntad de prorrogar el contrato inicial por tres años

Veremos en la segunda parte de este análisis como lo que estaba mal empeoró.

Notas


[1] Contagiados por sus socios o arrebatados por un voluntarismo temerario, los dirigentes del PSOE actual, con su caudillo proto fascista a la cabeza, parecen convencidos de que la realidad se someterá a sus caprichos difundiendo las consignas adecuadas.

[2] A este respecto, Rallo ofrece otros datos muy ilustrativos:  A finales del 2008 “ la deuda de las familias ascendía a 0,908 billones de euros y la de las empresas, a 1,26 billones de euros: en total, casi 2,2 billones de euros que equivalían al 195% del PIB de aquel año. A cierre de 2017, en cambio, la deuda familiar se había reducido hasta los 0,704 billones de euros y la empresarial hasta los 0,888 billones, esto es, se había reducido por debajo de los 1,6 billones de euros, equivalentes al 138% del PIB” (de 2018)

[3] Entendida en el sentido que le dio Friedrich August Hayek como un sistema de procesamiento de la información, caracterizado por un orden espontáneo que adquiere coherencia a través de las acciones independientes de un gran número de individuos, que, con un conocimiento local limitado, resultan coordinados por los precios que surgen de procesos descentralizados de competencia. Por cierto, la alicaída Constitución española de 1978 reconoce entre los derechos y libertades de los ciudadanos “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” (Art. 38).

[4] Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, “resucitado” por la Sentencia “interpretativa” o deconstructora del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de marzo, que declaró inconstitucional y nulo el apartado primero de la disposición derogatoria única del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio que pretendió, sin éxito, sustituirlo. En la actualidad sigue vigente como derecho supletorio en las Comunidades Autónomas donde no se legisle, o solo parcialmente, sobre la materia.

[5] Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

[6] La terminología en la legislación autonómica puede variar, pero las ideas y conceptos se repiten y emulan.

[7] Por el ministro de Economía y Hacienda del primer gobierno socialista, Miguel Boyer Salvador, nombrado por Felipe González Márquez.