Términos como nearshoring, y desacoplamiento económico, ambos con un alto nivel de equivalencia y similitud, han tenido un rol preponderante dentro del proceso de fragmentación económica global que vive actualmente la economía mundial. El tema de la fragmentación económica global y sus costes asociados, han sido el lema más reiterativo en los últimos cinco años en materia económica y política a nivel internacional. También es el reflejo de un proceso de reorganización de orden geoeconómico de lo que hasta hoy se ha conocido popularmente como la globalización de la economía mundial. Es producto de la relocalización, no sólo de las cadenas de suministros, sino de producción y ensamblaje global.
Fragmentación económica global
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ha publicado una serie de estimaciones sobre dichos costos. Según el citado Organismo, las restricciones al comercio internacional, así como los nearshoring en proceso de ejecución, podrían reducir el PIB mundial hasta en un 7 por ciento a largo plazo, o alrededor de 7,4 billones de dólares en dólares de hoy. Eso equivale al tamaño combinado, según el citado organismo, de las economías francesa y alemana, y a tres veces la producción anual del África Subsahariana.
La siguiente gráfica de FMI, nos muestra el impacto que ha tenido principalmente desde el año 2010 hasta el 2022 las crecientes restricciones al comercio internacional producto de los conflictos geoeconómicos y políticos entre los Estados Unidos y sus respectivos aliados europeos y asiáticos con sus contrincantes chinos y rusos principalmente, en los sectores de bienes, servicios e inversiones.
Siguiendo con este orden de ideal, el FMI destaca que ciertas formas de fragmentación como el desacoplamiento tecnológico, la interrupción de los flujos de capital y las restricciones a la migración, principalmente entre otras, tendrán un impacto significativo en términos de costos globales. Además, las investigaciones del FMI muestran que los alineamientos geopolíticos influyen cada vez más tanto en la inversión extranjera directa como en los flujos de cartera.
Otros de los costes asociados al proceso arriba descrito es el referente a los costes asociados a los subsidios fiscales y económicos que los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea, y sus respectivos impactos en sus niveles de deuda púbica.
Factores geoeconómicos y geopolíticos
A diferencia de los procesos de reubicación de los factores de producción de bienes y servicios, que se han dado a lo largo de la conformación del actual orden global, el presente es el producto de los imperativos geoeconómicos y geopolíticos. No lo es de los incentivos en cuanto a la localización geográfica ideal. No es fruto de las ventajas competitivas y el acceso a mano de obra más barata entre otros factores, que han solido estimular este tipo de inversión. Todo ello ha comenzado a distorsionar la dinámica natural del libre mercado de bienes y servicios.
En lo referente al impacto de esta dinámica en los países en vías de desarrollo, es importante destacar la siguiente reflexión de Daniel Ikenson al señalar que,
La liberalización del comercio no es una panacea que siempre produzca los mismos beneficios económicos y sociales positivos en todos los entornos. Sin embargo, la apertura comercial es necesaria para que los países en desarrollo sostengan el crecimiento económico y el progreso social. A pesar de los desafíos únicos del presente, las políticas de los países en desarrollo deben seguir teniendo en cuenta estos fundamentos.
15 February 2022. Trade and development in an age of crisis: Mind the fundamentals Published, Hinrich Foundation, Pág. 1-5.
Incidencia en los más pobres
Siguiendo con este mismo orden de ideas, el citado autor destaca al hacer referencia a la fragmentación económica global
que una proporción desmedida de estos desafíos seguirán recayendo en la gente de países más pobres, donde los recursos financieros son escasos, las redes de seguridad social y la infraestructura pública son débiles. Y las economías son menos diversificadas, lo que les hace menos resistentes a estos procesos de cambio.
A pesar de estos costes asociados a la fragmentación económica global, el mismo proceso en cuestión, le ha brindado la oportunidad a un pequeño grupo de países de beneficiarse de esta, al ser receptores de los procesos de relocalización empresarial. Parecería contradictorio con lo arriba expuesto. No obstante, mayores serán los costos negativos asociados a estas relocalizaciones, que los positivos a escala global en los próximos 10 años.
Pues cuando los imperativos geopolíticos y geoeconómicos distorsionan el libre juego de la oferta y la demanda y la consiguiente eficiencia del libre mercado, producto de las pretensiones de expansión política de algunos de los jugadores del sistema internacional en cuestión, suele producir una especie de competencia estratégica de corte geopolítico y geoeconómico donde imperan principios como el de la seguridad nacional, o la reducción de la dependencia económica frente a los adversarios, entre otros. Estas consideraciones terminan minando los fundamentos básicos del libre mercado global.
Es muy difícil realizar pronósticos en política y mucho más en situaciones como la que ha resultado del escrutinio de los votos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Por supuesto, el resultado es anárquico, como acostumbra a ser siempre en un gobierno que requiere de coaliciones. Pero en este caso lo es aún en mayor grado.
Un gobierno de coalición
Un gobierno de coalición en principio requiere que se agrupen varios grupos de diputados, asociados estos a partidos, aunque a veces actúan por su cuenta, dado que el escaño en España es “suyo”. Y pactan quienes de ellos van a ocupar los cargos de mayor poder y prestigio dentro del nuevo gobierno. Pero aún siendo anárquica, hay ciertas reglas tácitas en las coaliciones que podrían dificultar, no impedir, cualquier coalición. Pues si no, lo más fácil sería la llamada coalición mínima dominante.
Esto es, la coalición que sume reuniendo el número mínimo posible de fuerzas. Por ejemplo, una coalición PSOE, Sumar y Vox sumaría para formar gobierno. U otra PP, Vox, Bildu. Pero aunque no existiendo ningún obstáculo legal alguno a que se den, sí que existen vetos tácitos, bien conocidos por los jugadores políticos, para que ese tipo de coaliciones se produzcan.
La política democrática es un juego con vetos, pero la gracia del juego es que estos vetos pueden ser eludidos por sorpresa descolocando al rival. La jugada de Pedro Sánchez hace cuatro años pactando con Bildu y ERC (pese a prometer en campaña lo contrario), ambos supuestamente vetados por los grandes partidos “constitucionalistas” del régimen, alteró sustancialmente el panorama político español. De hecho, el aparente refrendo de una parte sustancial de los electores a tal maniobra hace que tales vetos desaparezcan y se quieran sustituir por otros nuevos como el de no pactar con la supuesta “ultraderecha” de Vox.
Disciplina de voto
Tampoco existiría obstáculo alguno a que un grupo de diputados de un partido rompa la disciplina de voto, como los socialistas “buenos” a los que se refería el ex portavoz de Vox Espinosa de los Monteros, y apoyen a un gobierno de otro partido. Hay muy pocas posibilidades de que tal fenómeno se dé, aunque no es algo imposible. Y no se da, porque los diputados díscolos no ganan nada en la operación. Al votar contra el partido quedan sin opciones de repetir en las siguientes elecciones y muy probablemente no sería bien vistos, por lo menos a corto plazo, en él los partidos rivales que no podrían integrarlo a corto plazo.
Su partido aparecería como una organización que no es quién de controlar a sus diputados y probablemente acabaría dividida en facciones o disuelta, lo que también llevaría a que a medio plazo esos diputados perdiesen su puesto, aún en el caso de que no hubiesen sido expulsados. Quedarían, eso sí, con la gratitud y el respeto de la parte de España que coincidiese con ellos, y con la buena conciencia de una acción noble y con la animadversión de antiguos amigos y compañeros de filas y con la llamada en algunos medios anti-España que a veces es más grande que la otra.
Descartada la adquisición de votos de diputados socialistas, pasemos a analizar cuáles son las posibles estrategias de investidura. Para ello analizaré los dos principales bloques en los que se configura la política española.
El bloque de la derecha
El bloque de la derecha aparentemente debería tenerlo fácil, pues si se suman todos los partidos de esta tendencia dan 184 escaños. Pero es aquí donde aparecen los vetos cruzados, por ejemplo, de Vox y Junts, que incluyen incluso una acusación particular del partido de Abascal contra Puigdemont. El PNV, por su parte, parece sentirse más cómodo con el bloque progresista, de hecho gobierna en coalición con el PSOE en el País vasco, y ha manifestado su intención de apoyarlo (salvo que sea una estrategia para negociar una mejor contraprestación a su apoyo al PP).
También podría ser que el PP usase a Coalición canaria, socia del PNV en las elecciones europeas, como intermediaria para llegar a acercamientos. En un principio, Vox parece haberse echado a un lado y ha manifestado su apoyo a la investidura de Feijóo si este consigue los apoyos, por otro lado. En principio parece oponerse a un pacto con Junts, pero cabría esperar que VOX, después de sus conflictos internos, no tenga gran interés en una repetición de elecciones. Tampoco le conviene aparecer delante de los votantes de derechas como el culpable de la investidura de un gobierno que ellos denominan de destrucción nacional.
Una España rota y roja
Pactando con Junts podría haber una España rota, pero dejar gobernar a Sánchez implicaría también una España rota y además roja, por usar la vieja metáfora de Calvo Sotelo. El pacto del PP con Junts es casi imposible, por las diferencias que ambos mantienen sobre la cuestión nacional. Pero de haber alguien capacitado para hacerlo ese es Núñez Feijóo, que fue presidente durante años de una comunidad autónoma en la que la cuestión nacional está presente. Y sobre todo porque su partido, al haber integrado en su momento a los nacionalistas gallegos de derecha, ocupa un papel semejante al que Junts o sus antecesores de Convergencia Democrática de Catalunya jugaban antes del proces. Papel que siguen en buena parte desempeñando: el de agrupar a los votantes de derecha con sentido identitario catalán.
De hecho, desde un punto de vista sociológico, los votantes de PP y Junts provienen de los mismos estratos de población y comparten entre sí la mayor parte de valores, salvo el de la identidad nacional. En su negociación con Junts podría jugar a favor de Feijóo la emergencia de una fuerza de ultraderecha identitaria, pero de perfil independentista catalán. Ésta no vería con buenos ojos una hipotética deriva izquierdista y españolista de Junts en el caso de apoyar al gobierno de progreso liderado por Sánchez. Y podría presentarse a las elecciones autonómicas catalanas amenazando sus resultados. Recordemos que para un partido nacionalista no es precisamente un timbre de gloria el participar en la gobernación del estado español y que Esquerra perdió muchos apoyos precisamente por aparecer como un partido sumiso al PSOE español.
Las bazas de Feijoo
Sin embargo, la principal baza negociadora de Feijoo, dejando aparte los vetos ideológicos, es que Feijoo sólo necesita del apoyo de uno de los dos partidos nacionalistas de derecha del parlamento español y con el apoyo de solamente uno de los dos saldría seguro, claro está de mantener Vox su palabra de dejarle libertad de pacto. Esto es muy relevante a efecto de negociar, porque lo que más podrían temer Junts o PNV es que Feijoo fuese quien de pactar con alguno de los dos, dejando a la otra fuerza totalmente descolocada.
Imaginemos un pacto del PP (conVox) con Coalición Canaria y los nacionalistas vascos, que sumaría mayoría por los pelos. En esa situación toda la capacidad negociadora de Junts quedaría reducida a cenizas y con ella todas las concesiones que esperaba obtener. Se convertiría en un partido irrelevante a efectos de gobernación y sería una situación con difícil explicación a sus electores.
La constitución de la mesa del Congreso
Algo semejante le ocurriría al PNV si Feijoo pudiese negociar un apoyo o más probablemente una abstención con los nacionalistas catalanes. Aún a pesar de contar con una mejor capacidad negociadora, es muy posible que se impongan los vetos o el mayor atractivo de pactar con el PSOE, que les sirve de apoyo en sus respectivos gobiernos locales o autonómicos.
La constitución de la mesa del congreso fue un buen ejemplo. Las izquierdas y los nacionalismos de derecha fueron quienes de pactar y obtener la mayoría frente a la incapacidad de las derechas españolas de obtener apoyos, incluso votando a candidatos diferentes, Vox y PP. La imagen que dieron desde luego no parece apuntar a que sean capaces de ofrecer una oposición bien coordinada, lo que aún en el improbable caso de que consiguiesen la investidura no presagia una legislatura fácil, al menos a la hora de legislar o elaborar políticas públicas consensuadas.
El bloque de la izquierda
El ámbito de la izquierda es aparentemente mucho más complejo. No sólo son muchos más los partidos necesarios para acordar una investidura exitosa, sino que algunos de los partidos que podrían integrar la coalición van a entrar en un lapso breve de tiempo en competencia electoral con sus socios de coalición. Esto puede llevar a una competición por lograr el favor y la atención del líder, Pedro Sánchez, quien podría inclinar la balanza con medidas que favorezcan más unos que a otros a la hora de satisfacer las demandas expuestas en el proceso de formación de la mayoría.
En este caso, quien lleva las de perder son los partidos de izquierda nacionalista, pues están presos por su propio discurso de lucha contra la “ultraderecha”. Al proclamar en sus programas que nunca dejarían gobernar a las fuerzas de la reacción, no les queda otra alternativa que apoyar a Sánchez. O de no querer hacerlo forzar una repetición electoral. La repetición electoral puede ser una opción para alguna de ellas, pero siempre con el temor de obtener peores resultados o con la posibilidad siempre latente de que esta vez la derecha sí sea capaz de sumar.
Sánchez y los nacionalistas de derecha
Obviamente, esto siempre antes de votar la investidura, pues una vez investido Sánchez sólo le queda la opción de no apoyar sus medidas, pues de no hacerlo triunfarían las propuestas de las derechas. Ya ni consideremos la hipótesis de una moción de censura, pues tendrían que votar a Feijoo, de ser este el líder propuesto por el PP para la moción (ninguna otra fuerza puede plantearla por sí sola). El líder del PSOE sabe esto perfectamente y tenderá a hacer ofertas de menor calado que a las fuerzas nacionalistas de derecha, que al no estar presas del discurso de izquierdas sí tienen mayor capacidad de actuación, pudiendo estas explicar más fácilmente a sus electores su abstención o incluso el apoyo a un gobierno encabezado por Feijjo al justificarlo en contrapartidas o en alguna otra razón como la afinidad ideológica.
Sin embargo, aún teniendo mejores bazas negociadoras, todo apunta, sin embargo, a una investidura de Sánchez, no sólo por los vetos, que también, sino por la audacia y la habilidad negociadora de este, que salvo que sea contrarrestada con una estrategia aún más audaz por parte de Feijoo. Esto le llevará a convencer a un número considerable de fuerzas de ideologías variadas y aún contrapuestas. Pero aun así sigue siendo un juego abierto en el que todos pueden usar sus estrategias y no sólo los números, sino la capacidad política cuentan. Veremos que es lo que puede pasar.
“El problema nunca ha sido desjudicializar la política, sino despolitizar la justicia”[1]
Juan Carlos Girauta
La cantinela de la “judicialización de la política” fue acuñada en España durante el largo gobierno de Felipe González Márquez (más de trece años) cuando, por diversos factores, se destaparon y – muy someramente – accedieron a los tribunales penales para su depuración, crímenes de estado (GAL), casos de corrupción (Filesa, Flick, Juan Guerra, Expo 92, etc.), y abusos de poder perpetrados por una entonces joven nomenclatura (eran los años 80 y primeros 90) agavillada en torno a las siglas del PSOE[2] por el mencionado y su alter ego, Alfonso Guerra González.
“Judicializar la vida política”
Concretamente, el segundo alertaba en 1994 de que “la derecha no sólo no ha aceptado los resultados de 1993, sino que ya no los aceptó en 1989, cuando decidió judicializar la vida política“[3]. Obviamente, esto venía a ser como la doctrina de la “razón de estado” actualizada; una reclamación de unos mandarines para eximirse del sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, prescrito a ciudadanos y poderes públicos por el artículo 9.1 de la Constitución. Incluido el Código Penal, claro.
Luego, repitiendo la típica costumbre de importar expresiones sin comprender lo que significan o dándoles el significado que les conviene en cada momento, los propagandistas de la extrema izquierda española se han despachado con el mantra de “lawfare” para designar la actuación de los escasos jueces (los fiscales ya se saben de quién dependen) que en España se han atrevido a instruir causas penales contra políticos de su cuerda.
Golpe de Estado a cámara lenta
En el marco de una aparente nueva elección ordinaria de presidente del gobierno, se acerca el siguiente acto del golpe de estado a cámara lenta. Ahora, para pavimentar una indefinida estancia en el poder de quien ostenta el cargo en funciones e impulsar un régimen totalitario, los interesados anuncian que van a pactar la aprobación de una ley de amnistía[4] para los participantes en la intentona de 2017 y la celebración de referendos a la carta para decidir sobre la independencia o confederación de Cataluña y País Vasco, sin una previa y necesaria reforma constitucional.
Dada, no obstante, la querencia por emular series televisivas de éxito, los guionistas y asesores socialistas no se han olvidado de distraer la atención del respetable. De ahí los abucheos al candidato propuesto en primera instancia por el Rey Felipe[5] y el fingido malestar por el hecho de que “su” presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socías, haya fijado las sesiones para la investidura de Alberto Núñez Feijoo los días 26 y 27 de septiembre.
En el gobierno, al menos hasta la primavera
Esas fechas escogidas, de acuerdo a los plazos posibles establecidos en los artículos 99.5 y 68.6 CE – dando por descontado que Alberto Núñez Feijóo no obtendrá la investidura ni en una segunda votación – le garantizan a Pedro Sánchez Pérez-Castejón disfrutar de las mieles del poder en funciones hasta enero o febrero de 2024 y, mientras esa primera función se va desplegando, negociar entre bambalinas con un partido dirigido de facto por un sujeto prófugo de la Justicia española los términos de futuras leyes y decisiones que atentan flagrantemente contra la Constitución.
Si, finalmente, sus cálculos le contraindicaran sellar acuerdos que incluyan los puntos apetecidos por los separatistas y neocomunistas; su estancia en el poder se podría prolongar hasta muy entrada la primavera, suponiendo que sufriera una derrota en las elecciones que convocaría el Rey automáticamente, por no obtener ningún candidato la confianza del Congreso, a partir de la primera votación. ¿De qué dependerá que los socialistas, que sustentan a Pedro Sánchez Pérez-Castejón como candidato, suscriban un pacto de investidura con esos partidos que quieren convertir la Constitución española en papel higiénico, desechable por el capricho de su voluntad?
Querellas por prevaricación
En mi opinión, dependerá de la reacción de los partidos que pretenden, al menos, intentar conformar una candidatura alternativa. Si éstos emprenden una estrategia de respuesta y comunicación a la ciudadanía y otras instituciones seria e inmediata, o incluso preventiva y cautelar, los socialistas tendrán que realizar otra más de las piruetas que han protagonizado en los últimos cuarenta años.
Para terminar, frente a la inexorabilidad y conveniencia con la que el aparato propagandístico habitual quiere presentar estas alteraciones anticonstitucionales, ha de recordarse algo que no parece tan evidente en el clima que se pretende crear: Los diputados y los magistrados del Tribunal Constitucional también están sometidos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Es más, recordemos que el magistrado, aupado a la sazón por el PSOE, Fernando Valdés Dal-Ré, tuvo que dimitir por la denuncia de malos tratos formulada por su esposa en agosto de 2020. A los representantes de más de once millones de españoles no les debería temblar el pulso de formular las querellas criminales precisas, si entienden que determinados diputados y magistrados del TC cometen delitos de prevaricación, por ejemplo.
Notas
[1] Artículo “Un envilecimiento sin fin” de Juan Carlos Girauta Vidal en el diario ABC de 12 de agosto de 2023.
[2] Conviene dejar constancia de que en 1972 en el Congreso de Toulouse (Francia) se produjo una división del PSOE, entre los más jóvenes del interior de España, quiénes adoptaron la apostilla de “sector renovado”, y los mayoritariamente exiliados, que añadieron a las siglas la coletilla de “sector histórico”. A la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco Bahamonde, los escindidos dirigidos por Felipe González Márquez, nutridos de fondos y apoyos de los socialdemócratas alemanes y suecos, así como AFL-CIO sindical norteamericana, apenas se representaban a sí mismos, en comparación con la relativamente numerosa militancia del PCE. Las elecciones del 15 de junio de 1977, sin embargo, decantaron con 118 diputados al PSOE (r) como segunda fuerza política en España y fulminaron al sector histórico, dirigido por Manuel Murillo Carrasco. El tercero en discordia, el PSP de Enrique Tierno Galván, tan solo obtuvo 5 diputados. La absorción de ambos grupúsculos fue una labor que no tardó en consumarse pocos años después.
[3] Cambian de dirigentes, pero las consignas socialistas tienen siempre el mismo tufo de agitación y propaganda que le impregnaron Lenin y sus secuaces. Nótese la similitud con el lenguaje que usan actualmente el presidente del gobierno en funciones y su sanedrín de repicantes.
[4] La Constitución española prohíbe los indultos generales (art. 62 f) Por otro lado, aunque no están expresamente precluidas en la CE, debido a su esencial característica de eliminar u olvidar los delitos para los beneficiados antes de que sean siquiera juzgados, las amnistías resultan inconstitucionales por dos motivos principales. En primer lugar, vulnerarían diversos principios constitucionales como la igualdad ante la ley. En segundo lugar, el impedir el conocimiento jurisdiccional de delitos comunes supondría una directa invasión del ejecutivo y el legislativo en la exclusiva competencia del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
[5] Quien debe decidir su propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno sin que varios grupos políticos, cuyo apoyo futuro descuenta el presidente en funciones, se dignen siquiera a comunicarle personalmente el sentido de su opinión, en clara violación de las reglas establecidas en el artículo 99 CE.
La RAE define la libertad como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, siendo responsable de sus actos. O bien aquella situación en la que no se es esclavo. La historia nos ha enseñado que dicha situación se obtiene a base de mucha lucha y se pierde con mucha facilidad. De hecho, durante buena parte de nuestra historia moderna, el sino de nuestra especie ha sido poco a poco ir renunciando a nuestra libertad, en favor de una promesa de prosperidad y seguridad que nunca llega.
Elegir o renunciar a dicha condición, más que elegir entre cualquier ideología, es clave a la hora de cómo avanzan, prosperan y se desarrollan los países. Un buen ejemplo de ello lo podemos ver en nuestro país hermano, Argentina. En 1853 los argentinos renunciaron al vasallaje y redactaron una constitución que refrendaba su derecho a ser libres. Establecía el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libre circulación… Gracias esto, el país experimentó un crecimiento y un desarrollo sin precedentes.
Argentina antes de Perón
A finales del siglo XIX, Argentina era el país con mayor renta per cápita del mundo, es decir, el país más rico de la tierra. Sí, puede que hoy choque, pero el argentino medio era más rico que el suizo medio, que el luxemburgués medio… Todo ello, como ya sabemos, terminó, ¿pero cuándo?
Bien, primero en 1898 y posteriormente en 1949, se dieron dos reformas constitucionales, que limitaron la libertad antes expuesta, en favor de la “justicia e igualdad”. Argentina, bajo distintos nombres, primos hermanos; peronismo, kirchnerismo… abrazaba el socialismo. Todos conocemos como han sido las últimas décadas del país del dulce de leche; nada dulces. Hiperinflación, corralito, pobreza…
Todo lo que se ha narrado en el caso argentino, sucedió en mayor o menor medida en buena parte de los países antaño prósperos como Venezuela o Cuba. Pues bien, si nos hemos centrado en el caso argentino, es porque por primera vez en décadas, parece que los argentinos podrían querer recuperar buena parte de lo perdido en cuanto a libertad, y, por tanto, prosperidad, el siglo pasado.
La libertad avanza
A muchas personas les parecerán algunas cosas chocantes, extrañas y a veces peligrosas, pero la libertad es así, una aventura. Una de estas puede ser la eliminación de los hasta hoy todopoderosos bancos centrales, en un intento por frenar unas subidas de precios, que tanta hambre han hecho pasar a los argentinos. La inflación es un fenómeno puramente monetario, quitarle la máquina de hacer dinero a los políticos sería liberar a la gente. Es un primer paso, de los muchos que empiezan a sonar. Una esperanza.
De Argentina salió el genio Diego, que maravilló al mundo con su futbol vistoso y su alegría. De Argentina proviene mucha de la carne que aún hoy alimenta y nutre a buena parte del planeta. ¿Por qué no iba a salir de allí una ola de libertad que maravillase y nutriese al mundo nuevamente de esperanza? De volver a ser dueños de nuestro destino, de recuperar la prosperidad, de volver a ser libres. ¡La libertad avanza carajo!
La semana pasada, la socialista Francina Armengol alcanzó la presidencia del Congreso de los Diputados tras los votos afirmativos de todos los partidos que se han propuesto desde sus inicios acabar con el actual sistema constitucional. Y no precisamente para sustituirlo por uno más liberal. La recientemente diputada socialista toma así el relevo de la también socialista Meritxell Batet, con un mandado marcado por un cierre ilegal del Congreso, sin consecuencia penal alguna.
Armengol se ha desempeñado como presidente de la comunidad autónoma de las Islas Baleares durante dos legislaturas, entre 2015 y 2023, hasta su reciente derrota a manos del Partido Popular, el cual ya gobierna la región gracias al apoyo parlamentario de VOX. En su primer anuncio como presidente del Congreso, Armengol ha afirmado que, saltándose el Reglamento del Congreso, permitirá la expresión de los diputados en las distintas lenguas cooficiales del Estado. Por supuesto, durante sus ocho años de mandato en las Baleares, su gobierno, formado por socialistas, comunistas y nacionalistas pancatalanistas, hizo todo lo posible por impedir que las familias que desearan estudiar en español pudieran hacerlo.
Aun así, este caso es un tanto diferente. A finales del 2019, la prensa se hizo eco de tres detenciones en Mallorca por una violación grupal a una menor. El caso fue creciente: primero se supo que era una menor tutelada por la administración autonómica, luego supimos que el gobierno balear ya conocía el asunto al menos desde seis meses antes y, para más inri, no removió a los educadores sospechosos de organizar la trama de prostitución. El modus operandi era sencillo: supuestamente, los educadores no es que conocieran los hechos, que ya es grave, sino que extorsionaban a las menores o les ofrecían drogas a cambio de los macabros servicios. El caso está judicializado y hay una condena, pero queda mucho por investigarse.
De copas en pandemia
En el plano político, el gobierno de Armengol se negó siquiera a crear una comisión de investigación (que no sirven para nada) en el parlamento regional, alegando que las competencias de las menores tuteladas las tenía el Consejo de Mallorca, esto es, el gobierno de la isla, lo cual era cierto. Ahora bien, el gobierno de dicha isla estaba en manos de exactamente los mismos partidos, los cuales se volvieron a negar en la creación de una comisión de investigación a su nivel. En su lugar, se decidió crear una comisión de expertos para redactar un informe. La analogía con la prometida comisión independiente sobre la pandemia que todavía estamos esperando es más que evidente.
Hablando de la pandemia, Armengol se destapó como uno de los presidentes autonómicos más beligerantes contra los derechos individuales. Su gobierno fue de los que impuso medidas más duras respecto a horarios de cierre o aforos en la hostelería, sector que, como todo el mundo sabe, apenas representa un minúsculo porcentaje de la economía balear. Así, llegamos al 7 de octubre de 2020, cuando la Policía Local se personó en el Hat Bar de Palma a las 2:10 h de la madrugada, más de una hora por encima del horario límite de cierre. El dueño del establecimiento alegó ante los agentes que “dentro había una autoridad” y que, por ello, no había podido cerrar el local. La autoridad era la presidente regional, Francina Armengol. No consta que el establecimiento fuera sancionado.
Carteles contra la judicatura
Una de las características del actual periodo socialista de gobierno ha sido un asedio sin precedentes contra el poder judicial. A la toma de la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han sumado campañas, por supuesto pagadas con dinero público, contra los jueces, en genérico, por considerarlos machistas, franquistas, homófobos, nazis o lo que se les ocurra por el camino.
Así, el Instituto Balear de la Mujer y el Ministerio de Igualdad (no hay boda sin la tía Juana), el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Gobierno de las Islas Baleares nos obsequió con un cartel en el que un juez espetaba a una señora con el brazo en cabestrillo y una contusión en el pómulo: “¡Cómo voy a creer que su marido le maltrata si está usted viva!”. Este cartel conllevó un total de cero dimisiones en cualquier sitio.
Catalán obligatorio para ejercer la medicina
Por último, como ya hemos señalado al comienzo, su gobierno se mostró partidario de imponer el catalán como fuera menester para el ejercicio de la función pública. Aquí la cuestión es peliaguda. Por supuesto, el contratante tiene la potestad de solicitar que sus trabajadores tengan que hablar una lengua concreta, o varias, a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Ahora bien, cuando es la administración pública la que arroga un servicio universal, estos experimentos terminan saliendo, como de costumbre, mal. Esto terminó con la salida de varios profesionales de las Islas Baleares hacia destinos menos gravosos. El gobierno entrante del PP y VOX ha eliminado la medida hace menos de un mes.
Así con todo, esta es la señora que va a presidir la Cámara Baja y ostentará la tercera autoridad del Estado, por detrás del rey y del presidente del gobierno. En menos de un mes tendremos sesiones de investidura, porque habrá varias. El espectáculo tiene pinta de ser largo y tedioso. Por cierto, hace apenas diez días que la justicia ha reactivado, a instancias de una denuncia de VOX, la causa en su contra, aunque es bien difícil que prospere.
La gran transformación de Karl Polanyi (1944) es unas de las narrativas más influyentes y citadas en el campo de las Ciencias Sociales que explica el desarrollo de la civilización. La tesis principal de Polanyi es que el capitalismo liberal contiene un fallo interno fatal. La gran transformación hacia el Estado planificador y abolición de la propiedad privada es la consecuencia y corrección de este fallo. Es un esquema similar al del marxismo. La diferencia es que, para Polanyi, la causa de la crisis fatal del capitalismo liberal es diferente a Marx.
Según Marx, el fallo fatal del capitalismo es la explotación de los trabajadores. La lucha de clases antagónicas que surge de esta explotación conduce a la revolución socialista, a la abolición del orden capitalista y al establecimiento del Estado socialista.
Karl Polanyi
Según Polanyi, la explotación no puede ser la causa de la crisis fatal del capitalismo liberal debido a que el nivel de vida aumentaba, los trabajadores de las fábricas tienen por término medio un nivel de vida sustancialmente mejor que antes, y desde el punto de vista de las rentas en dinero exclusivamente, se podría comprobar que la condición de las clases populares había mejorado (ibid 1944, p. 145), y, en general, el mercado autorregulador produjo un bienestar material hasta entonces nunca soñado (ibid 1944, p.27).
Polanyi teorizó que el fatal fallo del capitalismo de libre mercado es que los mercados no regulados convierten el trabajo, el dinero y la tierra en mercancías, siguiendo una idea de Marx (ibid 1944, p. 58). Pero Polanyi subraya que el trabajo, la tierra y el dinero no son mercancías, ya que no se producen para la venta. Por lo tanto, según él, son mercancías ficticias. Su tratamiento como mercancías, cuando no lo son, es el núcleo del fallo fatal del capitalismo (ibid. 1944, cap.6).
Polanyi: el problema del trabajador
Así, para Polanyi la problemática relación del trabajador en la sociedad solo surge tras la instauración del libre mercado, cuando los trabajadores pasaron a estar sometidos a las ciegas fuerzas de la oferta y la demanda. Polanyi trata más extensamente el tema del trabajo dada su importancia, por lo que este artículo también investiga si el trabajo es mercancía y en qué condiciones es ficticio – desde de la vista Mengeriana.
La posición teórica de Menger (1871) era también que el trabajo no es una mercancía. Su argumento era el mismo que el de Polanyi: la capacidad de trabajar es una facultad inherente al hombre y, por tanto, no se produce para la venta.
Menger, sin embargo, va más allá. La capacidad de trabajar es un bien, una acción humana útil. La utilidad del trabajo es su capacidad de producir bienes útiles para satisfacer las necesidades humanas. Los seres humanos pueden utilizar su capacidad de trabajo para producir para su propio hogar con el fin de garantizar su bienestar personal u ofrecer el servicio del trabajo para otros a cambio de algún tipo de compensación para poder adquirir indirectamente los bienes que consideran necesarios para sus comodidades.
Menger: el trabajo como bien
Un bien siempre es propiedad de alguien. Dado que la capacidad de trabajar es una cualidad inherente al ser humano, la capacidad de trabajar es propiedad personal inherente de la persona que realiza el trabajo. Por consiguiente, la capacidad de trabajar es el capital humano del individuo, inseparable de su cuerpo. Fue Adam Smith (1776, p.217) quien incluyó por primera vez la capacidad humana de trabajo entre los tipos de capital y reconoció que un individuo puede cultivar y explotar su propia capacidad de trabajo como capital trabajando con destreza y adquiriendo habilidades y conocimientos.
Si adoptamos la teoría de Menger de que el trabajo es un bien, la naturaleza ficticia del trabajo adquiere una nueva interpretación, diferente que Polanyi ha empleado.
El trabajo es ficticio cuando los trabajadores no tienen propiedad sobre sus cuerpos y/o sobre sus facultades de trabajar. Esta era la situación durante la época de las civilizaciones jerárquicas de la era precapitalista basadas en la esclavitud o la servidumbre de los productores y trabajadores. Los productores y trabajadores habían perdido la propiedad sobre sus cuerpos y sus esfuerzos laborales porque las decisiones eran tomadas por sus señores total o parcialmente dependiendo del grado de servidumbre y fueron explotados.
Karl Polanyi, servidumbre, esclavitud y explotación
Polanyi no problematiza ni la cuestión de la servidumbre, ni la explotación en las sociedades precapitalistas. El punto de partida de Polanyi es que el largo periodo precapitalista es una larga fase histórica unificada. Él ignoraba deliberadamente la distinción entre pequeñas comunidades homogéneas de tribus cazadoras y colectores y sociedades estructuradas jerárquicamente, entre comunidades basadas en la igualdad y sociedades divididas en señores y productores (trabajadores) en servidumbre, restando la importancia a la explotación. La causa para que Polanyi incluya estas sociedades tan diferentes en un mismo rango es que los mercados y la actividad económica están bajo control social/habitual/comunal/religioso o estatal. El papel de los mercados es mínimo y limitado en la vida de las personas.
Sin embargo, Polanyi tuvo que resolver un problema. El problema de servidumbre y explotación en sociedades precapitalistas. Por esta razón, Polanyi hizo un esfuerzo considerable para disminuir la importancia de la explotación de los productores por sus señores en las sociedades jerárquicas precapitalistas. Ni siquiera menciona la esclavitud durante la Antigüedad.
Explotación y quid pro quo
En su discusión sobre los grandes imperios de la Antigüedad solo menciona la redistribución, que configuró un papel importante por igual la vida de los constructores de pirámides y la vida en Roma (ibid. 1994, p.98. y 103). En cuanto a las sociedades feudales, admite la existencia de cierta explotación (ibid 1944, p. 98). Pero su énfasis estaba en que los gobernantes que explotaban a los productores proporcionaban una contrapartida compensatoria.
Como tal, Polanyi sugiere que había un quid pro quo, que beneficiaba a los explotados y contrarrestaba así la explotación. Por ejemplo, se refiere a los pastores nómadas de África que dominan a los agricultores y esperaban más de ellos que lo que ellos le dan a cambio. En este caso, para él lo importante era que esta relación desigual beneficiaba a ambos grupos gracias a la mejor división del trabajo (ibid. 1944, p.98). Incluso en la versión europea, que él considera como resultado de unas circunstancias excepcionales, en la que los dones se transformaron en tributos feudales, la explotación se equilibra con la protección, surgida de la necesidad del vasallo (ibid. 1944, p.99).
Sociedades jerarquizadas y sociedades igualitarias
Tras disminuir la importancia de la explotación en las sociedades jerárquicas precapitalistas y retratar estas sociedades como redistributivas, en las que se intercambian beneficios, Polanyi construye el puente que le permite tratar como una sola entidad a las tribus no jerárquicas, comunitarias y homogéneas y a los estados estratificados y jerárquicos divididos entre dirigentes y dirigidos, amos y esclavos o trabajadores en servidumbre.
Afirma que ha ignorado deliberadamente la distinción esencial entre estas sociedades muy diferentes, dado que ambos tipos se basan en la reciprocidad, la redistribución, la autosuficiencia y los mercados limitados. Así, considera que es legítimo ignorar las diferencias entre sociedades no jerarquizadas e igualitarias, y sociedades jerárquicas con explotación entre señores y siervos (ibid. 1944, p.99).
Costumbre y religión
Tras restar importancia a la explotación y servidumbre, Polanyi dio una aprobación moral a las sociedades precapitalistas porque, según él, la fuerza motriz de la actividad económica no es la búsqueda individual de beneficios, sino el comportamiento económico determinado por la costumbre, la religión y el derecho (ibid. 1944, p.102).
Lo realmente importante para él era que en estas sociedades la producción se regulaba en función de las necesidades de los productores (ibid. 1944, p.117). La posición de los productores era segura, ya que estaban integrados en la comunidad y la sociedad y “el interés económico del individuo triunfa raramente, pues la comunidad evita a todos sus miembros morir de hambre, salvo si la catástrofe cae sobre ella, en cuyo caso los intereses que se ven amenazados son una vez más de orden colectivo y no de carácter individual.” (ibid 1944, p.90).
Jerarquía y explotación
Polanyi deja claro que la vulnerabilidad clave e importante es la vulnerabilidad debida a la volatilidad del mercado que pone en peligro la seguridad de la posición establecida de los productores. Esto es lo que mueve su pluma cuando admira las sociedades precapitalistas, y este es el motivo moral que para él triunfa sobre los problemas morales relacionados con la servidumbre y la explotación, de tal manera que simplemente los pasa por alto.
Para él, la restricción realmente brutal de la libertad es la aparición del paro y la miseria en la era del capitalismo liberal (ibid. 1944, p.404) – aunque en esta frase Polanyi contradice a sus previas afirmaciones, como hemos visto antes, sobre el bienestar material hasta entonces nunca soñado en el capitalismo liberal (ibid 1944, p.27), y este bienestar nunca soñado es su argumentó para descartar la teoría de explotación de Marx
Aunque Polanyi restó importancia a la explotación y las diversas formas de servidumbre de las masas trabajadoras en las sociedades de los Estados jerárquicos precapitalistas, ambos servían para asegurar el bienestar y el consumo suntuario de las élites gobernantes. En otras palabras, también eran sociedades movidas por el deseo de ganancia individual, contrariamente a lo que afirmaba Polanyi.
Explotación y redistribución
La naturaleza jerárquica significaba, sin embargo, que solo una estrecha casta o estamento como la élite gobernante era capaz de actuar en interés de su propio enriquecimiento individual, mientras que la servidumbre de los trabajadores y de los productores les impedía utilizar sus capitales más importantes, sus capacidades de pensar y sus energías para trabajar para sus propios intereses. Los productores y trabajadores precapitalistas no eran más, que propietarios ficticios de sus propios capitales humanos y así, apenas sacaban más de lo que les bastaba para su mera supervivencia. El verdadero poder de disposición estaba en manos de sus amos.
La existencia de la explotación también significa que, aunque había una redistribución, su dirección era contraria a lo que Polanyi pensaba de estas sociedades jerárquicas. El objetivo de la redistribución era quitar recursos a productores y los trabajadores para enriquecer a la élite gobernante a expensas de los trabajadores sometidos a diversas formas de servidumbre (Oppenheimer 1908, Scott 2017).
El punto de vista de Carl Menger
El punto de vista Mengeriano arroja una luz completamente nueva sobre el giro liberal de los siglos XVIII y XIX. Al abolir diversas formas de esclavitud y servidumbre, se eliminó la situación en la que los trabajadores solo podían ser propietarios ficticios de su propio capital humano. A los productores y trabajadores se les concedió ahora la plena propiedad sobre sus propios cuerpos, ideas y capacidad de trabajo, lo que, hasta entonces, había sido privilegio de la élite gobernante.
No es casualidad que casi todos los inventores clave y los primeros industriales de la Revolución Industrial fueran artesanos, trabajadores cualificados y vástagos de familias trabajadoras o artesanos. Liberar a los individuos de la servidumbre les permitió utilizar su propio capital humano para buscar por fin lo mejor para sí mismos y, entre otras cosas, contribuir a la “riqueza de la nación” con sus inventos e innovaciones. Al mismo tiempo, estas innovaciones fueron la verdadera causa del aumento del nivel de vida de los trabajadores. No es de extrañar, pues, que el giro liberal de la época fuera acompañado del hasta entonces nunca visto aumento del bienestar material de los trabajadores, como el propio Polanyi subrayó en varias ocasiones.
Resumen
En resumen, la esencia de la transformación liberal fue la extensión de la libertad individual a los trabajadores y productores, dándoles plena propiedad sobre sus posesiones más importantes, sobre su propio capital humano, sobre su capacidad de pensar y trabajar. Así, contrariamente a la idea principal de Polanyi, la transición liberal acabó con la naturaleza ficticia del trabajo, y no la creó.
Basándonos en el concepto Mengeriano, se puede deducir que la idea de Polanyi sobre la naturaleza ficticia de la mercancía del trabajo era una idea dudosa y unilateral, que había sido creada para sustentar la marcha inevitable hacia la planificación estatal y el socialismo, después de Polanyi descartado la insostenible teoría de Marx sobre la explotación.
Yo, mi hermano y nuestro primo contra los vecinos.
Todos nosotros contra el forastero
Proverbio beduino
El proverbio citado refleja una cualidad universal de las relaciones sociales de todos los seres vivos: la vida en sociedad se conforma de continuos procesos de cooperación y competencia que pueden aparecer secuencialmente o de forma simultánea. La historia de las ciencias sociales ha mostrado una resistencia a esta idea, autores como Kropotkin tenían fe en que la regla de lo que rige la evolución es la cooperación y no la competencia.
En la actualidad sabemos que todas las especies cooperan y compiten, intraespecie e interespecie, y que la idoneidad de una u otra estrategia depende del tipo de especie, las diferencias individuales, la expectativa sobre la acción ajena, las condiciones ambientales u orden institucional y los requerimientos de una tarea.
¿En qué consisten?
Cooperar y competir son procesos aparentemente opuestos, ya que en el primero hay una ganancia mutua o ganancias para los cooperadores, mientras que en el segundo puede haber un daño o una situación de suma cero. Sin embargo, como muestra el proverbio, podemos cooperar para competir, cooperar y competir con los mismos agentes simultáneamente por distintos recursos u objetivos, podemos beneficiarnos de la competencia de otros e incluso los competidores pueden beneficiarse de su propia competencia, a pesar de que el resultado final implique una perdida. Las interacciones son complejas, pero la separación de las estrategias es una vía adecuada para el estudio de las relaciones humanas, ya que ninguna se detiene y nunca lo harán. Además, ambos procesos son similares, dan lugar mejoras y requieren instituciones «sólidas», pero «dinámicas» o con cierta capacidad de cambio y adaptación.
Ya el IJM cuenta con un excelente artículo que expone las nociones básicas para entender la cooperación y competencia. Lo que pretendo sugerir en este artículo es que el estudio a profundidad de ambos procesos o estrategias permite combinar de manera efectiva distintas disciplinas, teorías y métodos científicos. Además, permite evaluar y diagnosticar los fallos que pueden presentar dos o más agentes en interacción que buscan competir o cooperar de manera efectiva. Ello permitiría entender por qué no tienen éxito (no cumplen con sus objetivos propuestos) los sistemas políticos, las políticas públicas, las organizaciones caritativas, las empresas e incluso las familias o parejas.
La necesidad de interdisciplinariedad o transdisciplinariedad
En la actualidad, diversas disciplinas estudian la interacción social, pero las separan de una forma muy limitante. Un experto en la cooperación interna de una empresa puede no tener idea de cómo funciona la competencia entre empresas, o un psicólogo que estudia e interviene a las familias, no cuenta con los conocimientos para entender un sistema de copropiedad.
Todo ello a pesar de que esos sistemas están compuestos por humanos regidos por los mismos principios evolutivos que emplean estrategias similares y en los que participan elementos universales como la señales, los incentivos, la reputación, la cultura, moralidad, los recursos escasos, los sesgos, las emociones, etc.
Herramientas para el estudio de la cooperación y la competencia
Entonces, ¿Cuáles son o donde están las herramientas para poder abordar todo proceso de cooperación y competencia, independientemente de si ocurrió en el pasado o el presente, si fue familiar o político, si involucró precios o no? Sin orden de relevancia, pueden ser:
Psicología evolucionista, individual y social: permite fundamentar antropológicamente el objeto de estudio en el proceso de evolución y entender cómo funciona la identidad personal y social, el comportamiento colectivo, el aprendizaje, la personalidad, etc.
Praxeología, escuela austriaca de economía y de elección pública: permite aplicar consistentemente el concepto de subjetividad, estudiar los intercambios, los incentivos, el desarrollo evolutivo de las instituciones, dinamismo y el orden espontáneo en los procesos sociales, el valor utilitario de la libertad, entre otros.
Paradigma de la complejidad: un enfoque que considera los sistemas sociales como entidades complejas y dinámicas, donde las interacciones entre múltiples agentes y factores dan lugar a patrones emergentes y comportamientos no lineales por medio de las interconexiones y la retroalimentación.
Sociobiología: para enfatizar la influencia de la evolución y la genética en el comportamiento social, abordando su valor adaptativo y reproductivo. Partiendo de la síntesis neodarwinista, el gen egoísta, la aptitud inclusiva ampliada, etc.
Política comparada y economía institucional: Estudiar los diferentes sistemas e instituciones, sus fortalezas y debilidades, para diagnosticar problemas o hacer intervenciones.
Teoría de juegos y economía conductual o de las decisiones: fundamental entender los sesgos, el proceso de toma de decisiones en juegos individuales, cooperativos o competitivos.
El error de recurrir a un sólo método
Cabe destacar, que limitarse a una metodología específica es un error. La investigación cualitativa, cuantitativa o mixta son fundamentales; al igual que la simulación, experimentación de laboratorio o de campo, e incluso la praxeología, puede constituir fuente de conocimiento por sí misma o complementar estudios experimentales donde no se suele tener una noción adecuada del contrafactual u otros fenómenos no observables. El dato empírico es crucial, pero no se puede hacer buena ciencia sin un razonamiento sistemático, consistente y transparente, que construya los puentes necesarios entre el conjunto de datos para formular teorías que, como es bien sabido, dan sentido a las observaciones y guían las siguientes observaciones.
En síntesis, defiendo que, comprender por qué fallan los intentos de cooperación y competencia a nivel familiar, local, nacional o internacional requiere de un set de herramientas similares, pero la división académica tradicional «psicología, sociología, economía y relaciones internacionales» nos han hecho razonar como si en cada sistema interactuaran agentes de naturaleza distinta.
Limitación en la intervención
No obstante, a pesar de que seamos capaces de dar con un diagnóstico a problemas dentro de esos sistemas, intervenir si requiere estrategias ajustadas a los requerimientos particulares de cada caso. Por ejemplo, una intervención psicológica en una empresa es más concreta y directiva que una intervención psicológica en una familia donde los miembros tienen lazos más profundos; o, una intervención estatal no se gestiona igual que un programa privado de ayuda social. Sin embargo, una política publica no es ajena de los incentivos propios de la democracia y el sistema de partidos, los partidos se someten a selección adversa y conflictos de poder que son únicos, pero no exclusivos de dicho sistema. La política pública tiene consecuencias macroeconómicas, que no se entienden sin comprender el mecanismo de acción microeconómico e incluso el proceso individual de toma de decisiones e incentivos.
En consecuencia, considera que un programa de estudios interdisciplinarios de la cooperación y competencia puede ofrecer los conocimientos y herramientas para entender por qué cooperamos y competimos, en qué condiciones son favorables y en cuáles son adversas. Ello con el objetivo es que estudiantes que desee hacer intervenciones en algún sistema en concreto, ya sea político, privado, local o nacional, afinen sus herramientas para los retos particulares de cada contexto.
Alcance del abordaje
El objetivo final de una propuesta de este tipo es formar profesionales capaces de evaluar, diagnosticar y, en la medida de lo posible, solucionar los problemas de coordinación e incentivos que enfrentan las instituciones, sistemas u organizaciones sociales. Esta propuesta se diferencia de aquellas que estudian las interacciones de cooperación de cualquier actor (animal, humano, inorgánico) desde el paradigma de la complejidad. En este caso, el objetivo es estudiar la cooperación y competencia exclusivamente humana en cualquier ámbito, marco de normas o escala; no porque los actores no humanos no puedan ofrecernos información relevante, sino porque el foco esta puesto en solventar los fracasos cooperativos humanos, que repercuten sobre el humano y el resto de las especies.
Con base en ello, considera que los liberales somos los únicos que podemos crear una formación académica de ese tipo porque entendemos el valor de ambos procesos, el dinamismo y la complejidad de los fenómenos sociales y la libertad del individuo para elegir la estrategia que le convenga y poder iniciar y culminar proyectos de cooperación y competencia libremente en la medida en que lo considere conveniente. Como menciona Capella (2016), “es posible que quienes quieren obligar a otros a cooperar sean malos cooperadores y que quienes quieren prohibir la competencia sean malos competidores”, dos imposiciones principalmente fomentadas y ejercidas por antiliberales dentro y fuera del Estado que no entienden que ambos procesos son los pilares del orden espontáneo.
Están a punto de celebrarse las elecciones en Guatemala. Pese a múltiples embates, la democracia liberal guatemalteca sigue en pie. Logró empezar su transición democrática en 1985, aun cuando la guerra interna duraría hasta 1996. Sus instituciones nacientes lograron soportar el infame Serranazo, un golpe de Estado en 1993 perpetrado por el propio presidente Serrano Elías para avanzar su agenda sin límites institucionales.
En 2015, las protestas masivas por los escándalos de corrupción de la administración Pérez Molina no llevaron a una ruptura del sistema. El binomio presidencial renunció en medio de las elecciones y el presidente interino preservó la institucionalidad del Gobierno. La judicialización de las elecciones de 2023 son la afronta más reciente al régimen democrático liberal guatemalteco. Aunque el sistema ha demostrado ser resiliente, esto no es garantía para detener el triunfo del autoritarismo permanentemente. Este ataque es una manifestación clara de la cartelización del poder político en el contexto de la regresión democrática que sufre Guatemala junto al resto de Centroamérica.
El resurgimiento del autoritarismo no es un fenómeno aislado de Guatemala. De hecho, la regresión democrática de las repúblicas centroamericanas coincide con un estancamiento y debilitamiento del proceso de integración centroamericana. A nivel latinoamericano, Centroamérica ha tenido la historia más complicada con la democracia liberal.
Sin embargo, los 1980 supusieron un giro en la dirección correcta. Este istmo, que en su momento fue una república federal, decidió apostar por la integración económica y política a la usanza de la Unión Europea. De la mano de Estados Unidos y los miembros de la Unión, Guatemala, El Salvador y Nicaragua lograron varios hitos: (1) terminaron sus guerras internas, (2) permitieron elecciones libres y la alternancia pacífica en el poder y (3) abrieron sus mercados entre ellos y con el mundo occidental. Así, las décadas de los 1990 y el 2000 fueron la mejor época para los individuos centroamericanos, por primera vez significativamente libres y prósperos. La integración económica-política fue el escenario ideal para garantizar el libre comercio y la democracia liberal en cada país con políticas regionales comunes.
Las regresiones democráticas en estos países están minando el éxito histórico de la integración. En cada país, es bastante claro quién es el culpable. En Nicaragua, Daniel Ortega, líder de la Revolución sandinista que regresó al poder democráticamente en 2007, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidente, crearon un régimen personalista y familiar que ha purgado a todos los opositores.
En Honduras, dos tendencias autoritarias enemistadas intentan concentrar el poder: el Partido Nacionalista con profundos vínculos con el narcotráfico contra los socialistas del siglo XXI cuyo gobierno actual, a cargo de Xiomara Castro de Zelaya y de su esposo y expresidente Manuel, tiene al país en estado de emergencia desde hace medio año.
Finalmente, El Salvador, bajo Nayib Bukele, ha perdido la división de poderes con este presidente que busca perpetuarse en el poder al saltarse las instituciones aprovechando las cortes afines y la supermayoría que goza en el legislativo.
Guatemala también sufría de la regresión democrática al igual que las repúblicas hermanas de Centroamérica. Sin embargo, no había un verdugo claro. No había un partido como en Honduras, una familia como en Nicaragua o un presidente como en El Salvador. Los altos índices de corrupción y la conflictividad social en el interior del país debilitan el elemento liberal de la democracia, pero en su institucionalidad nacional se mantenía la relativa separación de poderes e independencia. El gobierno de Jimmy Morales, presidente electo durante los escándalos de corrupción del 2015, intentó aislarse del mundo y manipular el poder de las instituciones judiciales, pero fracasó. En gran medida, el gobierno del titular Alejandro Giammattei intentó lo mismo sin mayor éxito.
Eso podría cambiar en 2023, específicamente ante la judicialización de las elecciones. Los comicios generales en Guatemala se caracterizan por su transparencia. El Tribunal Supremo Electoral ha garantizado la validez de las elecciones, las cuales son organizadas en gran medida por civiles sin afiliaciones políticas. Sin embargo, desde 2019, la coalición mayoritaria ha intentado minar los comicios. En vez de permitir una competencia real y libre entre partidos, buscan limitar la participación de candidatos que amenacen su continuidad en el poder. En esencia, la coalición mayoritaria se comporta como un cártel político al limitar la participación de contrincantes reales.
Se pueden definir tres tipos de candidato: prorégimen, en pacto con el régimen y antirégimen. Los candidatos prorégimen son aquellos que aseguran la continuidad de la coalición mayoritaria del presidente de turno. Aquellos que pactan con el régimen son personas que, aunque no son aliados del presidente, entran en un acuerdo para que puedan participar. No aseguran la continuidad directa, pero impiden una alternancia real en el poder. Finalmente, los candidatos antirégimen son quienes cambiarían la coalición mayoritaria, sin que esto implique un giro a la democracia liberal necesariamente. Los candidatos antirégimen son los que sufren de persecución. Su eliminación de las elecciones, sin embargo, trae resultados inesperados al empoderar otros candidatos antirégimen.
El primer caso de la cartelización de la coalición mayoritaria fue en 2019. En esos comicios, se eliminaron dos candidatas importantes y potencialmente antirégimen: Zury Ríos y Thelma Aldana. La primera, conservadora, fue eliminada con un tecnicismo constitucional. Sus detractores aseguran que la constitución prohibía su candidatura por ser hija de un dictador, Efraín Ríos Montt.
Sin embargo, la jurisprudencia guatemalteca no es clara sobre la aplicación de este artículo, mientras que cortes internacionales dicen que viola los derechos humanos de la candidata. En el caso de Aldana, la exfiscal general a cargo de investigar los escándalos de corrupción de 2015 iba a ser presidenciable con el Movimiento Semilla. Sin embargo, el mismo día de su inscripción salió un caso de supuesta corrupción en su contra. Salió del país para exiliarse en Estados Unidos.
En 2019, ambas candidatas eran las favoritas junto a Sandra Torres, eterna candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. La eliminación de dos de las tres punteras llevó a resultados extraños. La eliminación de Ríos llevó al surgimiento de dos candidatos: el populista antisistema Roberto Arzú y el conservador Alejandro Giammattei. Este último llegaría a ser presidente. La eliminación de Aldana llevó a más votos para la candidata Thelma Cabrera, indigenista y socialista poco conocida en política nacional. El presidente del momento, Jimmy Morales, no quería que sus enemigas asumieran la presidencia. Cuando su coalición mayoritaria se comportó como cartel, sin embargo, empoderó a movimientos de extrema derecha y extrema izquierda que antes eran marginales.
En 2023, la cartelización de la coalición mayoritaria se volvió más evidente y agresiva. El titular en esta ocasión, Giammattei, previno las candidaturas radicales inesperadas que sorprendieron en 2019. Los antirégimen Arzú y Cabrera fueron eliminados por tecnicismos legales en el marco de una ley electoral con muchos requisitos que se prestan a prohibiciones electorales tácitas. En esta ocasión, tanto Ríos como Torres se volvieron candidatas en pacto con el régimen.
Para evitar ser eliminadas, cooperaron con la coalición mayoritaria en ciertos casos. Por ejemplo, Torres logró evadir una orden de captura por supuesta corrupción en campañas electorales cuando su partido apoyó al presidente en el legislativo. Ríos ayudó a escoger jueces en las cortes, tanto para ayudar al presidente como para blindarse del artículo constitucional que usan en su contra arbitrariamente.
La diferencia entre 2019 y 2023 es la fuerza de los ataques contra los candidatos antirégimen. En vez de simplemente eliminarlos antes de la elección, se les empezó a perseguir en medio de los comicios. El primer afectado fue Edmond Mulet, tecnócrata y exfuncionario de la ONU. El gobierno guatemalteco le fabricó un caso por obstrucción a la justicia cuando el candidato denunció el arresto injustificado de un periodista prominente en el país. El director de «El Periódico» reveló la posible colusión de Giammattei y el gobierno ruso para asegurarle al Kremlin un puerto en el Caribe. Mulet era uno de los tres favoritos para competir en la segunda vuelta, junto a Torres y Ríos. El caso nunca se concretó, pero la amenaza de prisión para el candidato no está del todo eliminada.
El segundo candidato antirégimen es Carlos Pineda. Este fue el candidato inesperado que surgió ante el descontento con los candidatos relacionados a Giammattei. Pineda tiene vínculos con dos excandidatos a la presidencia que fueron apresados en Estados Unidos por narcotráfico. Se perfilaba como el outsider que no le debía nada al presidente. Cuando una encuesta nacional le dio el primer lugar, el gobierno guatemalteco procedió a anular las candidaturas de todo su partido por supuestamente no cumplir con ciertos requisitos de la ley electoral. Así, el candidato puntero sorpresa quedó fuera de la carrera a la mitad de la campaña.
El tercer candidato es Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Este candidato fue irrelevante en la campaña para la primera vuelta. Su segundo lugar, lo que le asegura un lugar en el balotaje contra Torres, sorprendió a todos. Ante la victoria probable de un candidato antirégimen, Giammettei y sus aliados se movieron contra él.
Por primera vez en la historia del país, buscaron revertir los resultados de la elección. Primero, pidieron un recuento de los votos. Cuando se confirmaron los resultados, intentaron cancelar judicialmente al Movimiento Semilla como partido político. Además, allanaron dos veces el Tribunal Supremo Electoral para intentar anular los votos que no les favorecían. En última instancia, la estrategia subyacente parecer ser que el tercer lugar de la elección, el candidato prorrégimen Manuel Conde, llegue al balotaje contra Torres a como dé lugar.
Como en ocasiones anteriores, la institucionalidad guatemalteca ha resistido los embates del autoritarismo. Las cortes bloquearon la cancelación de Movimiento Semilla. El TSE se embarcó en una campaña nacional e internacional para proteger los resultados de la elección, demostrando su alejamiento de Giammattei pese a la posible complicidad en la eliminación de candidatos como Pineda. Por el momento, la elección parece que se dará con relativa normalidad. Sin embargo, la persecución contra los partidos antirégimen podría continuar para debilitarlos en el nuevo gobierno. La cancelación de Semilla, por ejemplo, le inhibiría de tener puestos de poder en el congreso.
La cartelización de la coalición mayoritaria en Guatemala, liderada por el presidente Giammattei, deja claro quién es el actor autoritario dentro del país. Así, el país más poblado de Centroamérica se una a las repúblicas vecinas en tener un actor autoritario clave. La regresión democrática del istmo no solo afecta la política. Paraliza el proceso de integración centroamericano, el cual se volvió una arena de competencia entre dictadores. Se estanca el libre mercado regional, tan esencial para las mejoras sociales y económicas de los últimos 40 años.
Las coaliciones mayoritarias autoritarias de cada país se aíslan de Occidente para concentrar el poder. Luchan entre sí y buscan nuevos aliados autoritarios como China o Irán. En ese contexto, los grandes perdedores son los centroamericanos. La ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas para frenar esta regresión nunca había sido tan necesaria. Es preciso regresar a esa pacificación, democratización y liberalización económica que catapultaron a Centroamérica a la modernidad.
“Ponías la libertad por encima de todo, cuando, si hubieras consentido en tornar panes las piedras del desierto, hubieras satisfecho el eterno y unánime deseo de la Humanidad; le hubieras dado un amo. El más vivo afán del hombre libre es encontrar un ser ante quien inclinarse. Pero quiere inclinarse ante una fuerza incontestable, que pueda reunir a todos los hombres en una comunión de respeto; quiere que el objeto de su culto lo sea de un culto universal; quiere una religión común. Y esa necesidad de la comunidad en la adoración es, desde el principio de los siglos, el mayor tormento individual y colectivo del género humano. Por realizar esa quimera, los hombres se exterminan. Cada pueblo se ha creado un dios y le ha dicho a su vecino: “¡Adora a mi dios o te mato!” Y así ocurrirá hasta el fin del mundo; los dioses podrán desaparecer de la tierra, mas la Humanidad hará de nuevo por los ídolos lo que ha hecho por los dioses”.
La autocensura
Este fragmento, extraído de la obra “Los hermanos Karamazov” de Dostoievski, ilustra a la perfección el hilo conductor del artículo que vengo a proponer. La trama relatada forma parte del cuento “el Gran Inquisidor”. En el texto se desarrolla el discurso del Inquisidor, dirigido, nada más y nada menos, que a Dios, mientras éste está preso en una cárcel sevillana. Sin ninguna contemplación, la intención es quemarlo en la hoguera.
Por alguna extraña razón, la Humanidad ha tendido a silenciar, perseguir o aniquilar a sus opositores[1] y, aunque con el avance de la civilización se han conseguido formas más sibilinas de enmascarar éste hecho, es aún utópico pensar en una sociedad donde exista una libertad de expresión absoluta (aunque tampoco creo que fuere demasiado adecuado). En la actualidad, se ha llegado al paroxismo del sueño húmedo de cualquier Inquisidor: la autocensura. Si bien la coacción puede inducirnos, por buenos motivos, a expresarnos de una forma contraria a lo que creemos, la presión de las masas no es menos desdeñable.
Jordan Peterson
Pero, ¿a qué obedece el temor actual a decir lo que uno piensa? ¿Por qué estamos inmersos en la cultura de la cancelación? A los seres humanos, como seres sociales, nos cuesta mucho salir del rebaño, fomentamos comportamientos tribales desde tiempos inmemoriales y, sin duda, no se me ocurre mejor forma que esa para la perpetuación de la especie. Ahora bien, ésto implica una serie de riesgos que van en detrimento del espíritu libre que muy pocos nos podemos permitir. Normalmente, el que se lo puede permitir, no sale tan malparado como podría presuponerse; quizás haya una correlación entre el éxito político de un personaje como Trump y el hecho de no tener temor a ser cancelado. Otro tanto podría argüirse de Jordan Peterson, profesor que, aunque con temor, defendió la libertad de expresión en un entorno hostil como eran los campus de Toronto (vaya por delante que se trata de dos figuras muy diferentes).
Ad hominem
Lo que subyace a la cuestión que me atañe es que hay ciertos dogmas que nadie osa cuestionar y el motivo es evidente: hay una fuerte anuencia social respecto a ellos. El ir a contracorriente no te hace superior moralmente, cuando hay consensos es porque subyacen buenos motivos para justificarlos, por ende, tus argumentos deben ser aun mejores para poder posicionarte en contra y mantener un ápice de credibilidad. ¿En qué suele haber consenso en nuestras sociedades occidentales? Especialmente en temas como el aborto, somos muy pocos los que nos reclamamos abiertamente provida, no vaya a ser que alguien te acuse con alguna de esas palabras paralizantes que se usan para señalar y desacreditar a personas, pero nunca para combatir argumentos ajenos (hete aquí su talón de Aquiles). El gran problema en la actualidad es que se ataca ad hominem y no ad rem.
Acusaciones
Una de las cuestiones más “complejas” es la de la inmigración. Cierto sector del liberalismo abraza el argumento de fronteras abiertas, y como no, un servidor se reclama partidario de éstas, siempre y cuando no exista el Estado del bienestar y las personas que vienen se adapten a nuestro sistema jurídico, como mínimo. Y es que, hoy en día, los ciudadanos que reclaman para su país un sistema migratorio similar al de Suiza o Australia son tildados de “fascistas”, “ultraderecha”, etc.
El otro día se me ocurrió responder en Twitter a una noticia del 3/24[2] respecto a un joven que había sido, presuntamente, agredido por dos vigilantes de seguridad en el tren[3]. Más allá de que las imágenes de una intervención de seguridad nos puedan parecer éticas, es un trabajo que alguien debe hacer (al igual que sería desagradable ver como matan animales para que podamos ir al supermercado a comprar víveres). La premisa que se planteó era que el móvil de la acción se debía al racismo, a una suerte de doble vara de medir que era más dura con las personas extranjeras. La realidad es que, para ser ecuánimes, deberíamos preguntar a los agentes qué ocurrió y qué los llevó a esa situación. Podrían subyacer motivos como el peligro de esa línea, las peleas recurrentes, las armas blancas, el incivismo, la negativa de pagar el billete (como era el caso), entre otros. Pero, en la sociedad en la que todo el mundo quiere ser víctima, como postula Giglioli, la versión sentimental de uno opaca el marco general del otro.
Pues bien, ¡en qué momento se me ocurrió escribir un tweet! Los que cogemos ese tren sabemos lo que ocurre y, guste o no, el fenotipo de los delitos siempre tiene unas características comunes. Así pues, la horda de comentarios no se hicieron esperar: amenazas (algunas deseándome la muerte) y escritos twitteros reclamando a la universidad que me expulsaran, o sucedáneos del tipo, “¿@UPF sabéis que tenéis un profesor racista?”. Evidentemente, no recogí cable, pero decidí ponerme el candado hasta que amainara la tormenta.
Intolerancia
Los férreos defensores del bien y la working class, a la mínima oportunidad que tuvieron, atacaron a un joven con su trabajo (en un contexto de paro juvenil del 30%). La gentileza no ha sido nunca su punto fuerte. Por supuesto que, la caterva de moralistas se dedicó a insultar y tildar de fascista a todo aquel que osara salirse de la narrativa dominante, de ahí la proliferación de usuarios anónimos en las redes sociales y es que, si aún queda algún resquicio de libertad de expresión es precisamente por ese tipo de cuentas.
Se trata de un hecho recurrente, hace unas semanas, una trabajadora de Orange dijo en público que votaría a VOX. Acto seguido, la patulea que se erige como defensora de los trabajadores, la moral y el Bien, iniciaron un proceso de acoso y derribo contra la persona y la compañía. Abruma tanta tolerancia. Suelen ser los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre de la salud mental, los cuidados y la empatía, y también son los que, como en el relato de Dostoievski, no tendrían reparos en lanzarte a la hoguera en nombre de no sé qué religión secular.
Todo esto es fruto de la sobreactuación y la apremiante sensación de que el pensamiento de una persona puede reducirse a un tweet o una frase. Hoy en día, y quizás es común en la historia humana, si quieres expresar algo, debes escribirlo, puesto que poca gente es capaz de leerse un artículo, un ensayo o de aguantar demasiado tiempo ojeando algo más que el titular. Si hace 200 años pocos leían debido a los altos niveles de analfabetismo, paradójicamente, hoy pocos leen a pesar de ser un mundo alfabetizado. Vivimos inmersos en la sociedad de la estulticia, a nadie le interesa lo que digas si no lo expresas en un tik tok o en 280 caracteres (y te ciñas a los cánones establecidos). Esto conlleva que puede darse el incólume paraíso de la libertad de expresión allí donde los inquisidores, por pura pereza intelectual, no llegan a leerte, por eso, el IJM es mi refugio.
Cultura de la cancelación
Más dogmas instaurados a fuego en el imaginario colectivo son los relativos al feminismo (establecido a golpe de impuestos y de creación de instituciones ad hoc, Escohotado decía eso de que: la mentira necesita subvención, la realidad se defiende sola) y quien ose desafiar dicho credo, se encontrará en frente una muchedumbre ávida de cancelación. Con un matiz: si escribes un tweet en el que te opones a dicha corriente ideológica, no tardarán en sonar las siete trompetas del Apocalipsis, sin embargo, a la que desarrolles tu crítica en un artículo[4], nadie osará criticarte, puesto que ello implicaría un esfuerzo intelectual que en la cultura del clickbait es redundante.
Podríamos estar mencionando temas controvertidos ad infinitum, especialmente, el pensamiento “Alicia”[5] (por usar un concepto “buenista”[6]) que circunda las mentes más brillantes de nuestro panorama: tertulianos, todólogos, influencers, etc. Son los mismos que no quieren que hables de feminismo si no eres una mujer, aunque, ellos puedan predicar sobre la maldad intrínseca de los empresarios sin haber emprendido jamás; o pregonar sobre las bondades de las regulaciones de precios, haciendo gala de un negacionismo económico que nada tiene que envidiar a los terraplanistas.
Otra paradoja entrañable de la modernidad es que, el Cristianismo y el mundo judeocristiano se han basado, históricamente, en el perdón. El pecador podía dirimir sus vicios mostrando un arrepentimiento sincero, hoy todo eso ha desaparecido. Internet es una hemeroteca infinita y despiadada, cuando uno escribe algo, debe aceptar que jamás será condonado. Siempre habrá algún clérigo defensor de la tolerancia dispuesto a mostrar toda su cólera e indignación por algo que se escribió hace diez años. No hay redención en la esfera woke.
Es paradigmático que la cultura de la cancelación haya cancelado la cultura[7]. No puede haber expresión cultural sin un mínimo de libertad, no puede haber oposición sin protección al disidente, no puede existir el debate cuando el otro se siente desacreditado mediante el yugo impuesto por la neolengua. Las palabras, y de ahí la influencia foucultiana, son poder. Que te etiqueten de fascista, nazi, racista, homófobo, etc, asusta a la luz de los acontecimientos, pero en el fondo, no es más que un insulto que plasma la falta de argumentos. Parten de la siguiente frase atribuida a Durruti, “al Fascismo no se le discute, se le destruye”, ergo, si te ponen el sambenito, no dudarán en usar cualquier argucia para desacreditarte, excepto argumentos, claro.
Los guardianes de la moralidad woke necesitan odio para autojustificarse, se encuentran con que la demanda de éste sobrepasa, con creces, la oferta. Sin odio ajeno no pueden alegar porqué deben invertirse más recursos en sus relatos. Están ávidos de desgracias que corroboren sus sesgos. Pero, para más inri, han convertido a los “Derechos Humanos” en el pretexto idóneo para la censura, entiéndase por DDHH aquellos deseos que les parezcan oportunos. Es lo que, François-René Huygue y Pierre Barbès llamaron “la soft idéologie”, singularizada con el pluralismo blando de los valores. Quizás, siguiendo el razonamiento del “efecto espejo” propuesto por Lacan, los defensores del Bien, al observar a los otros y criticarlos ferozmente, intentan evadir aquello que odian de ellos mismos: su intolerancia campante y rampante.
Ventana de Overton
En resumidas cuentas, la hegemonía cultural de la izquierda la ha llevado a reventar la “ventana de Overton”; ¡ya no sabemos ni qué es una mujer! Y, cuidado con la respuesta, no vayas a ser tildado de tránsfobo. De todo este panorama sombrío se deduce que los que queremos debates abiertos, alejados de apriorismos y axiomas precocinados, estemos defendiendo a la sociedad abierta de sus enemigos.
Resulta irónico que, los que más se reclaman como tolerantes, se parapetan en un filósofo liberal como Popper, haciendo gala de una supina ignorancia al tergiversar, mediante un meme (oh, ¡sorpresa!), el pensamiento del autor liberal (figura 1). No han leído su magnum opus, 800 páginas requerirían mucho más esfuerzo que ojear cuatro líneas de una imagen, y se ha hecho viral la viñeta con la que justifican su intolerancia. La supuesta paradoja de Popper, nos alertaba, precisamente, de los inquisidores modernos.
[1] De ejemplos tenemos muchísimos: desde tiranos como Savonarola, al comunismo soviético, a las dictaduras latinoamericanas del s.XX con asesinatos como los de Victor Jara, Haroldo Conti, Rodolfo Wash, etc, desde los exilios de Dante, Maquiavelo a los de Mario Benedetti, Galeano, Carlos Onetti, etc.
[2] Canal de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, como TV3, la misma que hace una semana incluía a Rallo como ultraderechista.
Es verdad que hablar de impuestos en tiempos tan remotos puede resultar un poco desconcertante. Sin embargo, la traducción de los textos sumerios que vamos a comentar utiliza este término. Recordemos que la idea de impuesto es bastante posterior. En concreto, los impuestos nacen cuando el Estado comienza a expandirse en sus funciones y a tener ciertos gastos recurrentes como el ejército moderno.
Estos costes provocaron la necesidad de establecer una serie de partidas regulares. Es decir, en vez de planear unos gastos y recolectar dinero para cubrirlos, se recaudaba y luego ya se veía lo que se hacía con ello. De ahí que cuando hablamos de impuestos, decimos que estos no tienen contrapartida. Antiguamente, los tributos sí la tenían: cuando se pagaban iban destinados para unas cosas concretas ya establecidas y conocidas.
Sin embargo, considero que el texto que vamos a utilizar es relevante porque nos ayudará a ver la imagen que los sumerios tenían de los tributos. No obstante, hay que tener en cuenta que el término que aparece en él puede ser matizable.
“El príncipe salvador”
Empecemos por el contexto. Justo antes del periodo sumerio de Ur III (entre los años 2065 a.C y 1995 a.C.), hubo una serie de tribus llamados gutis (procedentes de los montes Zagros) que invadieron el imperio sumerio-arcadio. Hacia el año 2065 a.C., el príncipe sumerio Ur-Nammu fue capaz de dirigir a las tropas con tanta eficacia que consiguió expulsar a los gutis de su territorio. Así se inició lo que se conoce como el tiempo de Ur III, una etapa fundada por la victoria sobre el conquistador extranjero.
Ur-Nammu fue llamado por su pueblo “el príncipe salvador”. Las historias que nos han llegado lo describen como un buen gobernante y guerrero. Un líder que fue capaz de acabar con la anarquía generada por los gutis, impulsar la economía e iniciar construcciones como grandes canales. Las epopeyas que hemos conseguido recuperar lo ensalzan como un héroe y cuentan que gozó de gran fama, especialmente en la ciudad de Ur (Company, 2011):
….mató a Namchani, el gobernador de Lagash, y con la fuerza de Anu -el dios del cielo acadio, sucesor del sumerio An-, el soberano de su ciudad, acompañó con el bote Magan de Nanna al canal límite. Así se hizo famoso en -la ciudad-Estado de- Ur… (p. 116).
Supresión de los impuestos
Tras vencer a los enemigos, Ur-Nammu se dedicó a restaurar la paz. Paz que no sólo se había perdido por las batallas, sino que se mantuvo ausente durante todo el gobierno de los gutis. Los conquistadores extranjeros, según estas crónicas, habían provocado la anomía.
Por entonces Ur-Nammu, el poderoso, el rey de Sumer y Accad, bajo el poder de Nanna, el soberano de su ciudad, implantó el derecho en el país y exterminó con la fuerza de las armas la maldad y la violencia (p. 117).
Entre todas las medidas que tomó el nuevo rey se encuentra una bastante llamativa: la supresión de los impuestos. Ur-Nammu tomó la decisión de eliminar estos tributos, algo que fue celebrado por sus habitantes. Tanto es así que el relato que lo ensalza resalta este hecho como uno de los puntos fundamentales de sus reformas:
Suprimió los impuestos, quitó de en medio al “Gran Naviero” y a todos los que confiscaban bueyes, ovejas y onagros -asnos- en Sumer y Accad… (p.117).
Impuestos y sometimiento
Esto es una muestra de la relación que en la historia han tenido los impuestos con el sometimiento de los pueblos y la conquista. Este tipo de tributos estaban vinculados a la extracción de la riqueza de las personas que estaban bajo el control de extranjeros. La confiscación de los bienes vendría a ser algo similar.
El relato continúa detallando las medidas del héroe. En concreto, los sumerios narran la importancia que tuvo el establecimiento de puntos de referencia tanto en las medidas como en la forma de pago a través del dinero:
Reguló las siete unidades de medida y fijó la sila de bronce, la mina, el sekel de plata y de piedra… (p.117).
El texto finaliza con otras reformas de interés económico:
Aseguró las riberas del Tigris, las orillas del Éufrates… Cuidó de que el presuntuoso encontrase su maestro. La huérfana no se entregaba al rico ni la viuda al potentado; quien no poseía más que un “sekel” no era entregado a quien tenía toda una “mina”… (p. 117).
La dignidad
Sin intención de realizar una interpretación demasiado abstracta, puede deducirse de este último fragmento que los sumerios se congratulaban de haber conseguido rescatar la importancia de la dignidad humana. Es decir, el valor de la vida trasciende a la riqueza, cuestión que ahora nos resulta más familiar por la influencia de los principios cristianos.
Lo relevante del contenido de esta tablilla es, por tanto, tanto la visión que se tenía de los impuestos como la importancia que tenían las medidas económicas para que el gobernante fuese ensalzado. La economía, en su forma primitiva, era uno de los motivos por los que los sumerios alababan a su héroe, además de por sus destrezas guerreras que les llevaron a la liberación del sometimiento extranjero. Es decir, tras la extracción de riqueza provocada por los gutis, en forma de impuestos y confiscaciones, y la despreocupación de estos por el bienestar material del pueblo sumerio, Ur-Nammu logra, además de vencerlos y hacerse con el poder, restaurar la paz, la estabilidad y la prosperidad. De esta manera, el héroe se convierte en el mito fundacional del periodo de Ur III.
Bibliografía
Company Seva, D. (2011). Apuntes sobre los orígenes de nuestra civilización. Autopublicado.
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