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Una reflexión a propósito de la situación política en España

Escrito por Mateo Rosales en . Publicado en Análisis diario.

En un Estado democrático las instituciones públicas son las responsables de velar por la protección de la libertad de los individuos y la igualdad de estos ante la ley. Ese es un principio que prevalece en el entendimiento de cómo funciona una democracia, cuál es la base del diálogo entre las fuerzas políticas y cómo se discierne el horizonte para la mejora de la calidad institucional y, en consecuencia, la vida de los ciudadanos.

Es ese diálogo al que se someten los representantes políticos, fundamentados en la virtud de representación que compone una parte ineludible del desarrollo político y la relación de ese sujeto social-colectivo con la cosa pública, que debe permitir crear políticas públicas, esto es, leyes, Decretos Reales, estrategias, pero que además de la labor parlamentaria, son los representantes los que en primera instancia deben velar por la preservación de las instituciones democráticas frente a la posible vulneración de las leyes y la Constitución, esta función de control es parte de la tarea, y debe serlo aún más en tiempos de polarización, cuando se empieza a poner sobre la mesa viejos debates acerca de la prevalencia de un modelo político sobre otro.

En ese entendido, la alternativa frente al peligro para la estabilidad democrática e institucional es la defensa irrestricta de los valores contemplados en la Constitución, a través de la evidencia fehaciente de los resultados, anteponiéndose a la mentira disfrazada de verdad, cuando la propia verdad deja de serlo y se modifica según convenga a una de las partes y cuando ha pasado a ser un simple apéndice de la realidad política, como quien necesita un repuesto o una pegatina.

Es decir, la defensa de la verdad que no es otra cosa que la legalidad, las instituciones y los valores de la democracia y la libertad en el esquema práctico: la apropiación del discurso y el mensaje, y la atracción de la cuestión moral hacia este lado del espectro político. Y es que está ocurriendo en España, delante de nuestros ojos, el intento consecutivo de quebrar el orden preestablecido, no por una cuestión de funcionamiento del Estado que pretende traspasar un modelo agotado o arcaico, aunque la monarquía española represente una de las mejores democracias del mundo hasta hace muy poco, sino por la pretensión de agotar una realidad contraria a las pretensiones de los neomarxistas/populistas en el poder.

No solo se trata de la raíz de un gobierno desde el principio cuestionado por razones obvias y conocidas, sino por la constante puesta en escena de un argumentario falaz sobre la historia y la situación política de España, y la intención de estigmatizar la Monarquía que es la garantía constitucional del orden institucional establecido. A ello hay que añadir las preferencias generales de la coalición gubernamental, que prefiere pactar con los que quieren romper España en pedazos bajo la incomprensible consigna de ‘plurinacionalidad’ y acordar con aquellos cuya oscura historia todavía tiene fresca la memoria de un país azotado por el terrorismo.

Pero nada de aquello importa -que quede claro- porque el objetivo final es, precisamente, romper ese orden institucional. La pandemia y la crisis económica será aprovechada para acelerar los plazos en el cumplimiento de ciertos objetivos en este sentido y la fijación de posiciones por el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El primero quizás no sepa hasta que punto esto puede ser cierto y llegar a concretarse, el segundo lo tiene todo muy claro y su estrategia es seguir con el desgaste lento con golpes bajos, pero permitiendo la gobernabilidad para su presidente. Se trata, en última instancia, de permanecer en el poder a toda costa: el poder por el poder, una vieja receta adaptada a estos tiempos de convulsión e incertidumbre. Ambos salen ganando.

En consecuencia, el debate se deberá centrar en la capacidad de acción y reacción de los representantes políticos que creen en la libertad, la democracia y en las instituciones españolas. Pero no solo ahí. La ciudadanía deberá tener un papel protagónico de cara a la defensa del orden institucional.

¿Por qué la movilización ciudadana es una categoría exclusiva de la izquierda y por qué la protesta es una patente de los que se hacen llamar defensores de los derechos sociales? ¿O es que, acaso, la libertad no es el bien social más preciado hasta ahora alcanzado? ¿Es que hay algo más progresista que la defensa de los valores de la democracia liberal?

España hoy es un país donde la defensa de las instituciones y la Constitución ha pasado a ser de ‘radicales’ y la ruptura y la imposición parte de lo ‘políticamente correcto’. Hoy más que nunca en los últimos cincuenta años es importante asumir un papel protagónico y estar preparados, porque no todo se reduce a la economía y a los burócratas europeos; ojalá fuese así. El tiempo nos dará o quitará razón.

Falsas coartadas

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Después de su investidura, el 12 de enero de este año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, designó a los ministros de su nuevo gabinete de coalición PSOE/Podemos. Entre los agraciados continuó como vicepresidenta primera Carmen Calvo Poyato, a quién se encomendó las carteras de Presidencia, Relaciones con las Cortes y la coletilla premonitoria de “Memoria Democrática“[1].

No cabe duda, tras tantos años intermitentes en el candelero, cooptada por quien fuera presidente del PSOE y de la Junta andaluza, Manuel Chaves González, que Carmen Calvo Poyato forma parte de la camarilla que forjó nuevos constructos ideológicos después de la caída del caudillo Felipe González Márquez[2] en las elecciones generales de 1996. No olvidemos, empero, que sus sucesivos Gobiernos habían dejado su impronta desde el año 1982. La escatológica soflama del orate Alfonso Guerra González -“Vamos a dejar a España que no la va a conocer ni la madre que la parió”- anticipaba un inquietante proyecto de ingeniería social, cuyo contenido siempre quedaría al albur de esos ungidos. La habilidad para lanzar retruécanos y el carisma de González tardaron en sustituirse. Recuérdese que su renuncia a la secretaria general del PSOE en 1997 dio paso a un fiel escudero, Joaquín Almunia Amann. Al año siguiente las disputas internas forzaron un proceso de elecciones entre sus militantes para elegir un candidato a futuros comicios electorales. En ellas se alzó con la victoria Josep Borrell Fontelles[3]. Sin embargo, la oportuna aparición de sus relaciones inconfesables con dos colaboradores de la Oficina Nacional de Inspección de la Delegación de Hacienda en Barcelona en el diario El País en 1999 precipitó su dimisión. Retomado el control del partido, Almunia cosechó un estrepitoso fracaso frente al PP de Jose María Aznar López en las elecciones generales de 2000, en las que ensayó una coalición preelectoral “progresista y plural” con la Izquierda Unida dirigida por Francisco Frutos. La subsiguiente dimisión llevó al interregno de la presidencia de Manuel Chaves González y al 35 Congreso de julio de 2000 donde un diputado joven y casi desconocido, José Luís Rodríguez Zapatero, venció al segundo más votado entre los delegados, José Bono Martínez, como candidato a la secretaría general. No es un secreto que tal victoria se apoyó en el apoyo que garantizaron las delegaciones del PSC, dirigido a la sazón por Pascual Maragall y la andaluza por el ya mencionado. Un accidentado ascenso a la dirección en ese partido lo protagonizó también el actual presidente del Gobierno, quién dimitió como secretario general tras un intento de fraude en las votaciones de su comité federal en octubre de 2016 y regresó al puesto, aupado por los militantes del PSOE, en mayo del año siguiente.

Conviene repasar los anteriores hitos para comprobar hasta qué punto las querellas entre facciones de un partido que ha elaborado una épica mesiánica de su papel en la historia de España de los últimos ciento cuarenta años, a pesar de sus conocidos desafueros y sus evidentes carencias, pusieron en peligro su continuidad como maquinaria para conseguir y mantenerse en el poder.

Con la llegada de Rodríguez Zapatero se produjo un curioso malentendido, alentado por él. En un primer momento pareció que los socialistas españoles optaban por un dirigente ajeno a la corrupción que había caracterizado a los gobiernos de Felipe González Márquez y que importaba los compromisos del héroe socialdemócrata del momento: Anthony (Tony) Blair. En otros comentarios he aludido a que, en realidad, fue el visionario que adoptó una estrategia posmoderna para su partido, enarbolando una serie de señuelos (1, 2, 3) para cautivar a grupos de presión existentes o que empezaron a construirse entonces[4], y el cultivo de una política de alianzas en los extremos para asegurarse la hegemonía.

Sea como fuere, los socialistas presentaron ya una proposición de ley en el Congreso de los diputados, el 14 de diciembre de 2017 durante la última legislatura de gobierno del PP para reformar la Ley de Memoria histórica. Desde su ascenso al poder mediante la moción de censura contra Mariano Rajoy Brey y las sucesivas elecciones celebradas en España, los Gobiernos minoritarios de Pedro Sánchez Pérez-Castejón han profundizado en la estrategia definida por Rodríguez Zapatero[5]. A principios de este año volvieron a presentar como grupo parlamentario un texto articulado que, no obstante, retiraron pocos días antes de la aprobación del anteproyecto de “Ley de Memoria Democrática”, que presentó la vicepresidenta.

Documento

Solo está publicado un resumen del anteproyecto, que debe ser informado por el CGPJ y la Fiscalía General de Estado, pero los antecedentes y las propias palabras de la vicepresidenta permiten observar que el Gobierno pretende sustentar en el Derecho Internacional Humanitario la creación de víctimas históricas (desde la guerra civil hasta la aprobación de la Constitución de 1978) responsabilizando a una persona fallecida hace cuarenta y cinco años. La insostenibilidad de tal disparate, se intenta suplir con menciones a declaraciones de la Asamblea del Consejo de Europa o el Informe de 22 de julio de 2014 de Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, cuya intervención fue consecuencia de las acciones derivadas de la Ley de memoria histórica de 2007.

Ya en esta Ley se mencionaba el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 que denunció las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. Omite a este respecto dos cuestiones fundamentales, que se pueden observar si se consulta la página web del Consejo de Europa: 1) El texto fue adoptado por un Comité permanente en nombre de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como recomendación nº 1736 al Comité de ministros 2) Dicho comité de ministros, a quién se dirigió la recomendación, formuló una réplica, aprobada el 10 de mayo, en cuyo apartado 3 se concluía:

“En relación a las recomendaciones específicas abordadas por la Asamblea, el Comité de Ministros considera que todos los regímenes totalitarios sin distinción, incluido el de Franco, deberían ser el objeto de una declaración o día oficial del tipo que sugiere la Asamblea. Señalar un único régimen antes que otro podría provocar la impresión equivocada de que algunos regímenes totalitarios merecen una condena antes que otros, aunque todos ellos colectivamente sean dignos de nuestra reprobación/censura”.

Los propulsores de esta legislación totalizadora en España ocultan también que ese mismo año la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la Resolución 1481 (2006) de 25 de enero, sobre la necesidad de condenar los crímenes de los regímenes comunistas totalitarios.  Tras una serie de consideraciones, la Asamblea condenó las violaciones masivas de derechos humanos cometidos por dichos regímenes e hizo un llamamiento a todos los partidos comunistas o poscomunistas de los países miembros que todavía no lo hubieran hecho para reevaluar la historia del comunismo y su propio pasado, así como distanciarse de los crímenes y condenarlos sin ningún tipo de ambigüedad.

Pues bien, llama la atención que la política egabrense (una veterana que ha disfrutado de cargos influyentes desde los años noventa) recuerde ahora que es urgente aprobar una legislación para que el Estado sufrague el desenterramiento de personas que murieron hace más de 80 años del Valle de los Caídos; imponer una versión histórica proscribiendo otras; crear una fiscalía para investigar supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante tan largo periodo de tiempo, obviando la Ley de amnistía de 1977, aprobada por las Cortes constituyentes para extinguir la responsabilidad penal por crímenes cometidos por ambos bandos en la guerra civil; crear bancos de ADN de víctimas; cerrar la abadía del Valle de los Caídos y convertir en civil el cementerio: o reconocer los delitos cometidos en ese mismo periodo contra los gitanos, las mujeres o las personas de diversas orientaciones sexuales.

En definitiva, el Gobierno español recurre a falsas coartadas para profundizar en la destrucción de la reconciliación nacional avalada por la transición política y la Constitución de 1978. Promueve la transgresión de los derechos a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y presunción de inocencia, la libertad de expresión y cátedra, asociación, religión y principios constitucionales, como la legalidad penal, la competencia exclusiva de los jueces para revisar sentencias o reconocer a víctimas de delitos. Y, por último, llama la atención el atroz olvido de víctimas muy recientes de auténticos delitos de lesa humanidad cuyos autores, cooperadores y cómplices deben de seguir vivos y, por lo tanto, con la posibilidad de ser juzgados: las víctimas de la ETA y los 191 asesinados en los atentados del 11-M.

[1] Ejemplo de la selección negativa desaforada que se ha producido en el estamento político y pseudoacadémico español durante los últimos treinta años, comenzó su carrera profesional en la Universidad de Córdoba, como profesora de Derecho Constitucional. Previo paso por el Consejo Económico Social autonómico, en 1996 fue nombrada consejera de la Junta de Andalucía dirigida por Manuel Chaves González. En el año 2004 llegó al primer gobierno de Jose Luís Rodríguez Zapatero como Ministra de Cultura. Pocos días después de su estreno, a la pregunta de un periodista sobre las “ayudas automáticas a la producción” de cine, dejaba claro el concepto que tiene de la gestión pública: “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Más recientemente, sus arengas, cual sacerdotisa de un nuevo culto, para lanzar a las masas de acólitos a peregrinar por las calles en medio de la pandemia del coronavirus y la hospitalización privilegiada de la que gozó ante los primeros síntomas de la enfermedad, demuestran que un charlatán puede disparatar con éxito durante años si la refutación de sus desatinos no le perjudica personalmente. Ni siquiera hemos visto su dimisión. Un caso más de las abismales “asimetrías” que permite la política, en palabras de Nassim Taleb.

[2] Su muy relativo distanciamiento respecto a los dirigentes actuales, no puede ocultar su grave responsabilidad por haber creado estructuras de poder análogas a los regímenes del PRI mexicano y la Argentina peronista.

[3] El incombustible político catalán ocupa en la actualidad nada menos que la vicepresidencia de la Comisión Europea encargado de coordinar la acción exterior.

[4] Las leyes de memoria histórica, de Igualdad y de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no pueden entenderse sin la creación inducida de grupos para los que se anuncian subvenciones de las administraciones públicas.

[5] Durante los años 2018 y 2019 se observa una concentración en la planificación de los espectáculos de exhumación e inhumación forzosa de los restos del general Francisco Franco Baamonde, a las que se quiso dar cobertura con la promulgación de un Real Decreto-Ley que vulnera derechos fundamentales.

¡Cuánto hemos cambiado, juez Ginsburg!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Todavía resuenan los discursos de canonización de la juez Ruth Bader Ginsburg. Era la amiga de todos, a tenor de la cercanía, y del cariño, con que se han despedido de la jurista. Especialmente, de los periodistas españoles, quienes al parecer la conocían muy bien. Si el eco de los discursos es ahora menos vivo es porque los acallan los alaridos de terror ante la posibilidad de que una católica pueda ocupar su puesto. Y, verdaderamente, Amy Coney Barrett tiene grandes opciones de sustituirla. El hecho de que también sea juez, que haya tenido una carrera brillante, y que haya trabajado durante años con el juez Scalia, que ocupó uno de los nueve banquillos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos durante años, no parece tener la más mínima importancia. Es católica, y eso parece ser definitivo.

Si nada se tuerce, habrá muchas ocasiones de hablar de Amy Coney Barret, como las habrá de hablar de los otros dos jueces del Tribunal Supremo propuestos por Donald Trump, y aprobados por el Senado de los Estados Unidos: Neil Gorsuch, y Brett Kavanaugh. Creo que es de justicia hablar de la mujer que ha dejado una vacante en esa decisiva institución de aquél país.

Nació en Brooklyn, en el seno de una familia judía, el año en que Franklin Delano Roosevelt llegó a la presidencia. Una inteligencia descollante ya en la universidad. Tras graduarse en derecho, tanto ella como su marido fueron a estudiar a la Facultad de Derecho de Harvard. Ruth culminó sus estudios en la Universidad de Columbia, donde volvió a ser la estudiante número uno, como lo había sido en las facultades por las que había pasado. Fue a Suecia a estudiar derecho comparado, y allí aprehendió algunas de las ideas que le acompañaron toda la vida.

Su brillante currículo no era suficiente para los despachos de abogados. Luego dirá que ser judía, mujer y madre era demasiado para un sector tan conservador como ese. En los 70’ se convirtió en la principal abogada de la asociación ACLU para casos relacionados con la igualdad entre géneros. Llevó siete casos ante el Tribunal Supremo, y los ganó todos, menos uno. Jimmy Carter le nombró juez del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, y finalmente Bill Clinton miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Ginsburg era una mujer de izquierdas, progresista como se dice con mayor asiduidad, y es esa cualidad la única que sustenta los elogios que recibe en la prensa española. Y es muy injusto, porque fue una gran jurista, cuya calidad profesional es reconocida sin fisuras. Por poner sólo un ejemplo, Ted Cruz, senador por Tejas, gran alternativa a Donald Trump y ex empleado del juez del Tribunal Supremo William Rehnquist, también ha destacado su carácter incisivo y cuidadoso en las cuestiones que se someten al tamiz de la ley.

No menos interesante es ver cómo la figura de Ginsburg se contrapone con la izquierda actual. Su gran contribución al reconocimiento de la igualdad de las personas, independientemente de su sexo, proviene de la decisión del caso United States vs. Virginia, del que escribió la opinión mayoritaria. El Instituto Militar de Virginia tenía por costumbre no incluir a las mujeres, por más que estuviesen cualificadas. Ginsburg, que sabía lo que era la discriminación de una persona sobrada de cualificaciones por el mero hecho de ser mujer, dejó escrito que la práctica de discriminarlas violaba la cláusula de igual protección que recoge la 14ª Enmienda. A su juicio, y el de la mayoría del Tribunal Supremo, que votó con ella, el hecho de que en general las mujeres tuviesen menos fuerza que los hombres no era motivo suficiente para discriminarlas, pues algunas de ellas tenían la capacidad de superar las mismas pruebas que se le exige a los hombres.

Por otro lado, Ginsburg fue siempre muy crítica con las leyes que suponían una discriminación hacia la mujer, en consideración de que su situación es en general más delicada y merecen una protección especial. Además de herir su sensibilidad feminista, lo cual no debe tener relevancia a la hora de guiar sus decisiones, esas discriminaciones, que abundaban en las leyes estadounidenses más de lo que pudiera pensarse, atentaban también contra la igualdad en razón del sexo. Por ejemplo, si una mujer se había quedado viuda porque su marido, por ejemplo, había perdido la vida en una guerra, se le reconocía la pensión de viudedad de forma automática. Si era un hombre quien se veía en esa situación, tenía que pasar por un pesado proceso burocrático que cerciorase su situación, antes de poder acceder a esa pensión.

Uno de los temores de nuestra izquierda instalada sobre el nuevo Tribunal Supremo es que pueda revertir la decisión Roe vs. Wade, que declaró constitucionales las leyes que permitían el aborto. Ginsburg, que ha sido canonizada sin abogado del diablo, no fue una defensora de esa decisión del TS. Todo lo contrario. Si bien la juez defendía el derecho de las mujeres de acabar con la vida de los nonatos, consideraba que la decisión de la última instancia era un error.

El motivo es que, por un lado, su base jurídica está en entredicho y ha supuesto una herida abierta sobre la que se discute en términos ideológicos, y por otro porque de no haberse producido esa decisión, los Estados hubieran continuado apliando esta facultad de forma paulatina, y sin el trauma que abrió esa decisión del Supremo. Ginsburg estaba segura de que ese paulatino avance del aborto lo hubiera asentado como derecho con más seguridad que Roe vs. Wade.

Esa decisión instituyó el derecho a abortar sobre el derecho a la “intimidad”, un derecho que no viene recogido en la Constitución, ni en ninguna de las Enmiendas, y que por otro lado ha sido violado por el Gobierno de los Estados Unidos de forma sistemática. El derecho a la “intimidad” tampoco se puede deducir de cualquiera de los otros derechos que sí están recogidos en la estructura legal del país. De modo que le resultará muy fácil, atendiendo a la pura técnica jurídica, dar por concluida la era de los abortos legales en los Estados Unidos.

Ruth Bader Ginsburg representa una izquierda que fenece. Una izquierda que creyó que el progreso consistía en reconocer que el sexo no es un atributo que justifique que la ley diferencie entre los ciudadanos; que entendía que un Estado ciego ante nuestras circunstancias personales puede ayudarnos en la lucha por el progreso personal, pero no colocarnos sin ningún esfuerzo por nuestra parte; que asume que tratados con imparcialidad ante la ley, es nuestro mérito, nuestro esfuerzo y nuestro talento para aprovechar las caprichosas circunstancias de la vida los que nos llevarán a donde estemos. La muerte de Ginsburg demuestra cómo ha cambiado la izquierda; cómo a gran velocidad ha abandonado alguna de sus antiguas luchas para convertirse en su más fiera enemiga.

Mazzucato, Errejón y el iPhone

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Una de las más recientes intervenciones de Íñigo Errejón desde la tribuna del Congreso de los Diputados se ha hecho viral: “Cuando yo miro un iPhone, lo que en realidad veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado emprendedor del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas”. La proclama de Errejón reproduce, en esencia, la tesis de la economista Mariana Mazzucato en su libro ‘El Estado emprendedor’: el iPhone no es obra de Steve Jobs (en realidad, de Apple) sino del Estado estadounidense. ¿Y por qué? Pues porque las tecnologías más importantes que fueron ensambladas en el iPhone surgieron merced a su promoción pública. Por consiguiente, fue el Estado quien, en última instancia, creó el iPhone.

La tesis de Mazzucato, amplificada por Errejón en el Congreso, tiene dos problemas fundamentales. El primero es confundir condiciones superfluas o redundantes con condiciones necesarias (falacia ‘post hoc ergo propter hoc’) y el segundo es confundir condiciones necesarias con condiciones suficientes (falacia de causa compleja).

Primero, que el Estado haya tenido participación directa (como financiador) o indirecta (como contratista) de muchas de las tecnologías posteriormente incorporadas en el iPhone no equivale a decir que, sin esa participación, tales tecnologías no se habrían desarrollado en ningún caso. A la postre, el impulso estatal puede ser superfluo, redundante, acelerador o necesario: y solo si se demostrara que ese impulso fue necesario para el desarrollo tecnológico del iPhone, la tesis de Mazzucato tendría cierto sentido. Si la participación estatal fue superflua o redundante, no influyó en nada; y si se limitó a acelerar, acaso pudiera haber tenido efectos positivos, pero el iPhone igualmente habría terminado desarrollándose (más tarde, pero lo habría hecho).

A este respecto, un argumento genérico que suele ofrecerse para exponer que la participación estatal sí tuvo que ser indispensable es el de que el sector privado no posee ningún incentivo para invertir en ciencia básica, de modo que esa actividad solo puede desempeñarla el Estado. Pero esa crítica genérica es inexacta: a día de hoy, la Administración pública estadounidense financia el 44,9% de la ciencia básica del país, mientras que el sector privado (empresas y fundaciones) sufraga el 41,7% (el otro 13,3% lo desarrollan universidades públicas y privadas). Por tanto, no es autoevidente que la ciencia básica subyacente al iPhone no pudiera haber sido generada por el sector privado sin concurso del público: para ello, habrá que analizar caso a caso cada una de las tecnologías implicadas.

Y, si lo hacemos, la tesis de Mazzucato no sale especialmente bien parada. Tal como explica un detallado informe del Instituto Juan de Mariana, la inmensa mayoría de intervenciones estatales en las tecnologías reseñadas por Mazzucato fueron o superfluas o redundantes. Por ejemplo, antes de su salida a bolsa en 1980, el Continental Illinois Venture Corp inyectó medio millón de dólares en Apple procedentes de fondos federales para el apoyo a pequeñas empresas: pero es que, antes de esa transferencia pública, Apple ya tenía un valor estimado de tres millones de dólares, de modo que es improbable que no hubiese podido lograr esos mismos fondos de otras fuentes inversoras. Por tanto, en este caso, se trataría de una intervención superflua.

A su vez, la mayoría de tecnologías que menciona Errejón como ejemplos de desarrollo público eran tecnologías que antes, durante o después fueron desarrolladas por el sector privado sin necesidad de auxilio público: las pantallas ‘multitouch’ se atribuyen al apoyo que la National Science Foundation proporcionó a Elias y Westerman, pero previamente ya se había creado tecnología ‘multitouch’ en otras partes, como Bell Labs; las baterías de litio ya habían sido impulsadas por John G. Goodenough antes de que apostara por ellas el Departamento de Energía y más tarde fueron explotadas comercialmente por Sony (a día de hoy, EEUU no es líder mundial en baterías de litio, sino Japón y Corea); Peter Brody, en Westinghouse, recibió fondos para la investigación de la pantalla LCD, pero antes de esa intervención las pantallas LCD-TFT ya habían sido inventadas por Bernard J. Lechner, en la Radio Corporation of America, y su generalización industrial no tuvo que ver con las ayudas estatales (e, igualmente, EEUU no lidera hoy la producción mundial de estas pantallas, sino Japón y Corea), etc. En estos casos, pues, lo más probable es que estemos ante participaciones públicas redundantes.

De hecho, de todas las tecnologías del iPhone, una de las pocas en las que la participación estatal sí fue inicialmente determinante (aunque tampoco puede descartarse que, sin intervención estatal, se hubiese desarrollado de un modo más tardío) fue el GPS, el cual tuvo durante años un propósito ‘exclusivamente’ militar. Aplicando la lógica ideologizada de Errejón, acaso deberíamos decir que “cuando yo miro un iPhone, lo que en realidad veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado militarista del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas empresas privadas”. ¿Por qué no es ese el mensaje que nos envía el líder de Más País? ¿Acaso ese relato no encaja demasiado bien en sus pre-juicios ideológicos?

Pero, en segundo lugar, aun cuando llegáramos a la conclusión de que la participación estatal no fue ni superflua, ni redundante ni tan solo aceleradora, sino imprescindible para la promoción de algunas tecnologías consustanciales al iPhone, ni siquiera en ese caso, podríamos atribuirle la paternidad del iPhone al Estado. Pretender dar ese salto lógico es confundir una condición necesaria con una condición suficiente.

Y es que solo con las tecnologías anteriores no habríamos tenido un iPhone. El iPhone es el resultado de ensamblar acertadamente esas tecnologías en un mismo producto al que se le añade un diseño, una usabilidad y un ‘software’ diferenciador. No en vano, si Apple pudo aprovecharse de todas esas tecnologías por el hecho de ser ‘públicas’, ¿por qué ninguna otra compañía las usó entonces o ahora para desarrollar el iPhone (un ‘smartphone’ análogo al iPhone) por su cuenta? ¿Por qué los iPhones no se han convertido en una ‘commodity’ más dentro de un mercado de competencia perfecta? Pues porque el iPhone no son solo esas tecnologías, por mucho que estas pudieran resultar necesarias para su creación (al igual que la imprenta es necesaria para el éxito editorial de ‘Harry Potter’ y sería absurdo decir que Gutenberg es el padre de ‘Harry Potter’). El iPhone es lo que Apple, y solo Apple, ha incorporado a esas tecnologías. Por eso no es correcto decir que la compañía de Cupertino se ha apropiado del valor generado por esas tecnologías (como J. K. Rowling no se ha apropiado del valor generado por Gutenberg): se ha apropiado del valor ‘añadido’ a esas tecnologías, un valor añadido que, como decimos, ninguna otra empresa ha podido emular en las mismas condiciones que Apple pese a tener acceso a esas mismas tecnologías.

En suma: no, el Estado emprendedor de Mazzucato no creó el iPhone. Su intervención no fue probablemente una condición necesaria para su surgimiento y, desde luego, no fue una condición suficiente.

Respuesta ciudadana a COVID-19

Escrito por Irune Ariño en . Publicado en Archivo de publicaciones.

Irune Ariño os presenta los resultados prelimintares de la recopilación de iniciativas solidarias realizadas por el mundo de la empresa y la sociedad civil durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. 

https://www.youtube.com/watch?v=WZvytO2yKmw&t=2995s&ab_channel=InstitutoJuandeMariana

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