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La libertad desordenada de Argentina

Marcos Falcone. Este artículo fue publicado originalmente en Law & Liberty.

Argentina es famosa por sus calamidades económicas, pero desde hace décadas también está inmersa en otro tipo de crisis: la jurídica. De hecho, la relación entre la mayoría de los argentinos y la ley es tan conflictiva que políticos y periodistas citan regularmente el desprecio por el Estado de Derecho como causa del retraso económico. Si la gente se limitara a cumplir las normas, prosperaría. Todo el mundo pagaría los impuestos que le correspondieran y el Estado tendría dinero suficiente para prestar servicios básicos y ayudar a los pobres.

Jorge Luis Borges

En la cultura popular, la anarquía se presenta como una de las principales características de la sociedad argentina. Quizá el símbolo más importante de ello sea el poema más famoso del país, Martín Fierro (1872), que narra la historia de un gaucho que es llamado a filas, deserta del ejército y se convierte en un forajido perseguido por la policía. Pero décadas más tarde, Jorge Luis Borges, quizá el escritor argentino más importante del siglo XX, seguiría escribiéndolo:

El argentino, a diferencia de los estadounidenses y de casi todos los europeos, no se identifica con el Estado. Esto puede atribuirse a la circunstancia de que los gobiernos en este país tienden a ser horribles, o al hecho general de que el Estado es una abstracción inconcebible. Pero una cosa es cierta: un argentino es un individuo, no un ciudadano. (“Nuestro pobre individualismo”, 1946).

Jorge Luis Borges

Hoy en día, la principal fuente académica para cualquiera que discuta la ilegalidad en Argentina, y en particular la teoría de que causa atraso económico, es el libro Un país al margen de la ley, escrito por el filósofo del derecho Carlos Nino. En el documento, Nino acuña el concepto de anomia boba para explicar la “tendencia a la ilegalidad” del país. Su argumento principal es que los argentinos se niegan a seguir determinadas normas en la vida cotidiana porque creen que les irá mejor si las desafían, con el resultado de que al final todo el mundo está peor de lo que habría estado si se hubieran seguido las normas. Según Nino, lo problemático es la actitud hacia la ley, más que la ley en sí. Y como el estado de anomia resultante es una tontería, concluye que hay que cambiarlo. Pero, ¿y si hay algo que falla en esa ecuación?

El respeto a la ley

En términos de cooperación social, el cumplimiento de las normas puede conducir a mejores resultados económicos para la mayoría de la gente, pero lo contrario también podría ser cierto. De hecho, si cumplir la ley hace que la mayoría esté peor de lo que habría estado si la hubiera incumplido, entonces es razonable esperar que la gente no la respete. Y es en este punto donde surge una hipótesis alternativa para explicar el aparente desprecio de los argentinos por las normas: ¿Y si hay algo en la ley que dificulta el progreso individual y, por tanto, incentiva a la gente a no respetarla? ¿Y si una actitud relajada hacia la ley, lejos de condenar a la sociedad al atraso, es en realidad una estrategia de supervivencia argentina? ¿Y si la solución a ese problema es cambiar el contenido de las leyes y no la actitud de la gente hacia ellas?

Para explicar la evolución del derecho argentino, es útil examinar los cambios constitucionales, y en particular los que se introdujeron en la Constitución de 1853, que sigue vigente en la actualidad. Juan B. Alberdi, que fue el que más influyó en el momento de su redacción, siguió deliberadamente el modelo establecido por los Padres Fundadores norteamericanos para establecer el tipo de Estado de Derecho que necesitaría una sociedad clásicamente liberal. Argentina declaró, en el siglo XIX, que cualquier persona del mundo que deseara hacer negocios en el país podría hacerlo; que desaparecerían las barreras burocráticas internas al libre comercio; que el gobierno no concedería privilegios a nadie; y que la propiedad privada era un derecho inviolable. Como diría Isaiah Berlin, el documento consideraba la libertad de forma negativa. El papel del Estado consistía simplemente en establecer normas para que los individuos actuaran y prosperaran.

Cambios en la Constitución

Sin embargo, desde su creación, la Constitución argentina ha sufrido varios cambios que han modificado su espíritu. En muchos casos a lo largo del siglo XX, los nuevos artículos incorporados a la Constitución argentina han reconocido “derechos” sociales y colectivos, cuya aplicación depende de una mayor intervención del gobierno. La reforma de 1949, por ejemplo, instituyó un “uso social” de la propiedad que allanaba directamente el camino para que el Estado violara los derechos de propiedad. Ese cambio, aunque revocado posteriormente, serviría de base para el artículo 14 bis de la Constitución, que se añadió en 1957 y sigue vigente. Este artículo, entre otras cosas, garantiza la existencia de un salario mínimo, establece salarios “justos” para los trabajadores, exige que obtengan una parte de las plusvalías que existan y prohíbe de hecho que el Estado despida a los empleados públicos.

Otras reformas consolidaron el espíritu cada vez más intervencionista de la Constitución. La Convención de 1994, por ejemplo, añadió el concepto de “derechos medioambientales” de un modo que implica la intervención proactiva del gobierno. Este y otros “derechos” de tercera y cuarta generación, en particular los que exigen una acción afirmativa para diversos grupos con el fin de garantizar la “verdadera” aplicación de otros derechos constitucionales, demuestran que el concepto de libertad incorporado en el documento ya no es negativo, sino que se ha convertido en positivo: El Estado debe intervenir activamente para obtener resultados concretos.

El auge del intervencionismo

Como era de esperar, la legislación argentina se ha vuelto cada vez más intervencionista. El Congreso ha nacionalizado en varias ocasiones empresas privadas y fondos de pensiones, y ha establecido y aumentado docenas de impuestos diferentes, con el resultado de que los tipos impositivos totales efectivos superan el 100%. Pero la burocracia también ha aumentado de forma tan espectacular que cumplir la legislación cuesta a las pequeñas y medianas empresas un 500% más de tiempo que a sus homólogas de países vecinos como Brasil.

Y aunque la evolución del rigor burocrático es difícil de medir a lo largo del tiempo, los datos disponibles de las últimas décadas sugieren que la situación ha empeorado: Según el Ranking de Libertad Económica del Instituto Fraser, Argentina ocupaba el puesto 36 en 1970, pero hoy ocupa el 151 de 165 países en términos de regulación, lo que significa que se ha vuelto cada vez más burocrática. No es de extrañar, pues, que el empleo informal represente ya hasta el 45% de la mano de obra total. La “tendencia a la ilegalidad” que Nino identificó en la sociedad argentina parece estar provocada por el propio Estado.

No es anarquía

La anarquía no es una característica aleatoria de la sociedad argentina. El problema normativo de la economía argentina no es la anarquía en absoluto, sino el exceso de regulación por parte del Estado. Lo que se necesita no es una mejor aplicación de la ley o la creación de nuevas leyes, como sugiere Nino, sino menos y mejor legislación, que permita a la gente cumplirla sin hundir sus negocios.

Sin embargo, el caos que resulta de reaccionar ante un exceso de regulación va más allá de la economía. En 2020, por ejemplo, durante la pandemia de Covid-19, Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, y el gobierno impuso medidas tan estrictas que la gente empezó a desobedecerlas masivamente. Las empresas se esforzaban por sobrevivir, por supuesto, pero los ciudadanos de a pie también intentaban ejercer derechos humanos fundamentales como la posibilidad de salir de casa sin permiso o reunirse con quien quisieran. Al hacer imposible que la gente disfrutara de libertades básicas, el gobierno argentino obligaba a todo el mundo a desobedecer. Las leyes existían, pero eran absurdas, lo que en la práctica significaba que imperaba un orden espontáneo.

Al final, el problema de la legislación argentina parece ser que se ha extraviado. En lugar de permitir a los ciudadanos respetuosos de la ley hacer negocios como mejor les parezca, se ha convertido en una mezcla de regulaciones asfixiantes y legislación basada en resultados que obliga a la gente a permanecer fuera de sus límites para poder sobrevivir. En este sentido, Borges, que intuyó que algo iba mal hace casi un siglo, expresó con claridad no sólo el origen de este problema, sino también el mecanismo de supervivencia que la sociedad argentina sigue adoptando décadas después:

El problema más urgente de nuestro tiempo… es la progresiva injerencia del Estado en los actos del individuo. En la lucha contra este mal… el individualismo argentino, aunque tal vez inútil o perjudicial hasta ahora, encontrará su justificación y sus deberes. (‘Nuestro pobre individualismo’, 1946.)

Jorge Luis Borges

Europa le da la espalda al libre comercio

Robert Tyler. Este artículo fue publicado originalmente en CapX.

El libre comercio fue en su día el centro del proyecto europeo. De hecho, el Reino Unido, Dinamarca y muchas otras naciones del norte de Europa se unieron a la Comunidad Europea por esa misma razón. La visión de un bloque comercial unido más fuerte y abierto al mundo gozaba de gran aceptación. Sin embargo, los economistas liberales y los euroescépticos políticos llevan mucho tiempo dudando de los verdaderos motivos de la UE a la hora de promover el libre comercio, y la semana pasada por fin se les cayó la máscara.

En un discurso pronunciado en el Colegio de Europa de Brujas, la Presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, esbozó lo que algunos han denominado su enfoque del comercio “Europa primero”. Al tiempo que criticaba a Estados Unidos por su generoso programa de subvenciones ecológicas, que concederá a las familias y empresas estadounidenses dinero para invertir en tecnologías limpias emergentes, afirmó que Europa tendría que replantearse su relación comercial con Estados Unidos.

Proteccionismo para la élite burocrática

En su discurso a los estudiantes de la escuela de élite para eurócratas, Von der Leyen dijo:

La nueva política industrial asertiva de nuestros competidores requiere una respuesta estructural. Nuestros marcos de ayudas estatales existen para preservar nuestro precioso mercado único. Pero si las inversiones en sectores estratégicos se escapan de Europa, esto no haría sino socavar el Mercado Único. Por eso estamos reflexionando sobre cómo simplificar y adaptar nuestras normas sobre ayudas estatales.

Ursula von der Leyen

En efecto, el Presidente de la Comisión ha dado a entender que la UE va a dar la espalda al libre comercio y ha inaugurado una nueva era de aranceles elevados y subvenciones estatales. Si la Unión Europea quiere competir, debe actuar como sus competidores. Hace tiempo que en Bruselas se opina que, en la era de las empresas estatales chinas y el proteccionismo estadounidense, es hora de que la UE actúe con más dureza frente a terceros países.

Todo ello tras un reciente enfrentamiento con el Reino Unido por el reconocimiento mutuo de normas. En lugar de aceptar que el Reino Unido es capaz de crear por sí mismo normas fiables, la Comisión exigió la adopción de las mismas.

Esto coincide con la visión de muchos en Bruselas de convertir a la Unión Europea en una “superpotencia reguladora”. A los críticos de esta propuesta se les acusa de poner en peligro a los ciudadanos europeos, pero la realidad es que la idea de ser una “superpotencia reguladora” es una defensa preventiva de nuevas medidas proteccionistas. Lo que los defensores de la UE como “superpotencia reguladora” suponen ingenuamente es que todas las demás normas y reglamentos no establecidos por la Unión Europea son automáticamente inferiores, como si Japón, Canadá o Nueva Zelanda fueran naciones especialmente inseguras.

El libre mercado tras el Brexit

El ataque de Von der Leyen a EE.UU. y la aparición de una política comercial de “Europa primero” no ha tenido una acogida universal en Bruselas. La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, eurodiputada por Malta, contraatacó con la idea de una guerra comercial con Estados Unidos. “¿Estamos entrando en una guerra de subvenciones? Yo sería muy prudente al respecto, pero me entra miedo cuando veo un aumento de los ángulos proteccionistas…”, dijo en una cena con Politico.

Sin embargo, las voces a favor de un verdadero libre comercio en Bruselas están disminuyendo rápidamente. Desde la salida del Reino Unido, el debate sobre ambiciosos acuerdos de libre comercio y la reducción de la regulación ha quedado relegado a un segundo plano. Incluso el tradicionalmente liberal “Grupo Renovador” del Parlamento Europeo se ha visto invadido por voces proteccionistas, con el propio partido del presidente francés Macron a la cabeza. El libre comercio liberal y las políticas económicas han caído en desgracia, y es difícil ver un camino de vuelta.

El retorno del populismo en América Latina

Con la celebración de las últimas elecciones generales en Brasil (octubre, 2022) se completa un cambio de ciclo en Sudamérica, y se concreta una estructura política basada en el populismo de izquierda latinoamericana que se ha constituido a lo largo de tres décadas, aunque no únicamente, en la mayor amenaza para las instituciones democráticas y para la libertad de los individuos. Esto es, para el reconocimiento de sus derechos y la promoción de las garantías constitucionales.

No obstante, el giro brasileño no es un caso aislado sobre una realidad que implica un cambio hacia la radicalidad política situada a la izquierda en la región. El análisis no solo se sustenta en el estudio de un liderazgo excesivo ni en el reconocimiento del caudillismo que caracteriza los populismos como uno de sus elementos reconocibles, sino también en lo que corresponde a la ejecución de medidas ofrecidas como cambios necesarios y, hasta cierto punto, ineludibles, para satisfacer las carencias que la sociedad de pertenencia continúa arrastrando desde hace décadas.

Estas medidas contravienen el desarrollo previo de la estructura institucional e, incluso, la democracia como sistema político vigente y que se justifican en una mala o insuficiente gestión pública de los gobiernos previos. Esto es, promesas incumplidas e insatisfacciones de orden político, social o económico. Así lo ha demostrado el presidente chileno, Gabriel Boric, al promover desde su Gobierno, y antes como activista, una nueva Constitución que sea el instrumento capaz de resolver los problemas que la sociedad chilena no ha podido superar desde su transición al modelo democrático a principios de los años noventa.

Por otro lado, cabe destacar otro elemento que corresponde a la cercanía de algunos presidentes al modelo autoritario cubano y, en algunos casos, a los dictadores de Venezuela y Nicaragua. Las simpatías, más bien, se basan en una estrategia de asimilación ideológica que desenmascara el fondo de un liderazgo demagógico e ineficiente, como fue el caso del expresidente peruano, Pedro Castillo, o el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien ejecuta la misma hermenéutica autoritaria que su antecesor y actual líder de su partido, Evo Morales, y promueve un modelo político radicalizado muy próximo a las estructuras hegemónicas de Nicaragua o Venezuela, a través de la violencia, la usurpación de las instituciones públicas y la persecución política de la oposición.

Cierto es que las deficiencias institucionales que hoy presentan estos países constituyen uno de los principales problemas a la hora de salvaguardar el tejido de garantías, derechos y libertades de los individuos, generan un mayor desgaste de las instituciones públicas –entendidas éstas como las reglas de juego a las que se someten los ciudadanos y el poder público– y el advenimiento de lógicas autoritarias basadas en una serie de elementos que están vigentes en el imaginario colectivo en diferente graduación dependiendo del caso: indigenismo, colectivismo, justicia social, democracia asamblearia, anti política, entre otros. Todas ellas ideas que emanan de una intención para trascender el fracaso soviético hacia tendencias políticas neo-marxistas, que hoy se evidencian en esta región de América Latina.

El populismo entendido como un proceso político de deterioro institucional, cuyos elementos se diferencian dependiendo de la experiencia y el país, tiene sus rasgos más característicos que ponen a la luz no solo un proceso político antidemocrático, sino su trascendencia a la hora de implantar una ideología radical nacida, para el caso que nos ocupa, desde el entorno de la izquierda que ahora gobierna en gran parte de los países de Sudamérica. No obstante, es importante establecer que cada país presenta sus características particulares y la experiencia política y social difiere en mayor o menor medida de uno y otro, pero en la región –la que tiene los peores índices de desigualdad– las causas de la continuidad de este fenómeno son comunes con notables excepciones y en gran medida reflejan una realidad compartida: la escasa implantación institucional y de la democracia, la debilidad de los sistemas de partidos, la exclusión social, el desempleo, los elevados niveles de pobreza, la desigualdad, la violencia social y los sucesivos casos de corrupción son elementos que generan un terreno fértil para el retorno de esta práctica política.

Cabe destacar un marco conceptual de la definición misma del populismo, sobre la base de sus rasgos más característicos, para analizar la deriva democrática y la vulneración institucional en estos países: caudillismo, enaltecimiento del pueblo, división social irreconciliable, crítica radical de la democracia representativa, tendencia hegemónica y autoritaria. Aunque cada uno de estos elementos pueden articularse en un determinado proyecto político o circunstancia, al margen del uso exclusivo del término populismo, no se debe obviar que la izquierda latinoamericana no ha modificado sus esquemas tendientes a capturar constantemente los marcos del debate actual, a costa de una ‘derecha’ política adormecida y sin un programa sólido hacia las clases sociales más vulnerables y hacia una clase media ambivalente y fuertemente influida por la crisis económica y las consecuencias de la pandemia del Covid19.

Por un lado, el ‘carácter antipolítico’ de la propuesta y la organización de la cosa pública en términos de discurso, objetivos y ejecución, y por otro, la insatisfacción de demandas de grupos sociales que se radicalizan bajo un discurso de enfrentamiento y antagonismo entre formas de organización irreconciliables en el ideario radical de quienes proponen una fractura en la sociedad y promueven una tendencia hacia el cambio total de las bases social, política y económica preexistentes, amparados en mensajes que soportan el enfrentamiento y la emotividad en un contexto de inestabilidad, convulsión y crisis, como experimentamos actualmente.

Este cambio hacia la izquierda en la región se debe también a un agotamiento de la sociedad en relación con la pandemia del Covid19 y sus consecuencias en el plano social y económico. La desafección de la gente hacia la política y la crisis del sistema evidenciado en muchos países de la región se agudizaron, lo que produjo un terreno fértil para la aparición y posterior conquista de líderes políticos populistas de viejo cuño, como Lula Da Silva o Luis Arce, y desde el anti-establishment, con Gustavo Petro o Gabriel Boric. Quedará esperar la evolución de los acontecimientos y la economía, que será fundamental para la propuesta política los próximos años y la generación de un proyecto político desde el plano democrático-liberal con un programa a largo plazo. En el plano político, la batalla cultural permanente y de cara a la ciudadanía es ineludible.

La desinformación es también un problema económico

Como sabemos, el hombre es incapaz de satisfacer por sí mismo todas sus necesidades, por lo que debe recurrir a otros hombres para obtener las cosas o servicios que le faltan, a cambio de otras cosas o servicios que él pueda ofrecer. Así, la reiteración de actos de intercambio individuales va generando, poco a poco, el mercado, a medida que progresa la división del trabajo dentro de una sociedad basada en la propiedad privada, de forma que el intercambio sólo se llevará a cabo si cada uno de los contratantes valora en más lo que recibe que lo que entrega.

Con la aparición del intercambio indirecto, y la ampliación del mismo gracias al uso del dinero, en todo intercambio se pueden distinguir dos operaciones: una compra y una venta, y se precisan los tipos o razones de intercambio, que todo el mundo expresa mediante los precios monetarios, que, en definitiva, no hacen sino fijar, entre márgenes muy estrechos, las valoraciones del comprador marginal, y las del ofertante marginal que se abstiene de vender, y, de otro, las valoraciones del vendedor marginal y las del potencial comprador marginal que se abstiene de comprar. De ahí la trascendencia de los precios en las economías capitalistas y de mercado, ya que los mismos facilitan una información esencial para ordenar la producción, de forma que se atiendan de la mejor manera posible los deseos de los consumidores que concurren al mismo.

De esta manera, el precio de mercado tiende a igualar la oferta con la demanda, de forma que cualquier alteración de los precios más allá del tipo a que se igualan oferta y demanda –en un mercado no adulterado- se autocompensa. Así, los precios ordenan la producción a través de los procesos que mejor permitan atender a los deseos de los consumidores en el seno del mercado, determinando qué factores han de ser explotados y cuáles deben permanecer inutilizados. No estamos solos y los unos, querámoslo o no, influimos en los otros.

Precisamente por todo lo anterior son muchos los autores que consideran el mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos en el sentido de Pareto, es decir, el mecanismo con el que mejor se logran situaciones económicas en las que no existe forma de mejorar el bienestar de un grupo de personas sin empeorar el de ningún otro.

Pero las cosas no son tan bonitas como parecen. Los sujetos que intervienen en el mercado pueden actuar de mala fe y con la sola finalidad de perjudicar a otros -sin para ello contravenir necesariamente las leyes-, o se pueden, simplemente, equivocar, en el sentido de realizar acciones de las que, con el tiempo y más información, se arrepientan. Y sus equivocaciones afectan al resto, no ya porque puedan alterar los precios e incluso tener un efecto de arrastre perturbador (las burbujas especulativas son sólo un ejemplo), sino porque pueden suponer unas acciones y un consumo -o una inversión- que genere unas consecuencias difícilmente corregibles o que alteren de manera sustancial el stock de recursos disponibles, condicionando el futuro.

Uno de los actores fundamentales, el Estado -liderados por políticos y burócratas con su propia agenda-, es un experto en alterar el mercado, influir en el sistema de precios y colocarlo en un nivel distinto de aquel en el que un mercado no intervenido hubiera señalado -ya sea fijando los precios directamente, ya sea mediante iniciativas económicas específicas o regulaciones legales-. De ese modo, el equilibrio de la oferta y la demanda queda evidentemente perturbado, y se produce una situación en la que existen compradores potenciales que, no obstante hallarse dispuestos a abonar el precio fijado por la autoridad o incluso superior, no pueden comprar (supuesto en el que se fijan precios máximos). O una en la que existen vendedores potenciales que, a pesar de hallarse dispuestos a hacerlo al precio fijado por la autoridad o incluso a otro más bajo, no pueden vender (cuando se han fijado precios mínimos). Todo ello afecta, en definitiva, a la situación de las personas, a la asignación de recursos y al stock de los mismos disponible.

Pero la intervención directa sobre las acciones humanas, la economía y los intercambios no es la única manera a través de la cual se le puede doblar el brazo de la gente. Decíamos más arriba que las acciones y el libre intercambio depende de las valoraciones subjetivas de los agentes, con lo que otra forma de intervenir es influyendo activa y voluntariamente sobre esas valoraciones con la suficiente sutilidad como para que los afectados no sean conscientes, consiguiendo alterar, con ello y a través de esa gente manipulada, sus acciones y las consecuencias sobre la sociedad. Algunos dirán que con este mecanismo -la manipulación a través de la desinformación- no se está coartando ninguna libertad al no existir violencia, y quizás tengan un punto de razón dependiendo de cómo se definan los términos; dirán también algunos que la culpa no es tanto del manipulador, como del manipulado por dejarse, y quizás sea también verdad; pero eso no hace que el dolor, al ver después el problema generado, vaya a ser menor. Por eso la batalla de las ideas es tan importante; “ideas” en el sentido más amplio. Y es una responsabilidad de cada uno darla, aunque sólo sea para que no te manipulen y te lleven a hacer lo que en el fondo no hubieras querido, porque intentarlo lo van a intentar, y no sólo en lo económico. Por eso es tan importante la libertad de expresión, aunque haya afirmaciones puedan doler; nos jugamos mucho.

La economía nacionalsocialista y el supuesto milagro alemán

El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler se hace con el poder total en Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania había quedado devastada económicamente. Las duras condiciones impuestas por los aliados en el Tratado de Versalles y la posterior crisis provocada por el crac de 1929 en la bolsa estadounidense dejaron a una Alemania con 6 millones de parados en 1932, y con una tasa de desempleo del 43,8%. En 1933 Alemania no tenía ejército, las imposiciones de los aliados tras la Gran Guerra únicamente permitían a Alemania tener 100.000 soldados, y no podían contar con marina de guerra ni aviación. Por si fuera poco, Alemania estaba enormemente endeudada, ya que tenía que pagar las reparaciones de guerra a los aliados, pero el régimen nacionalsocialista paralizó el pago de estas reparaciones.

El primer objetivo de Hitler será rearmar Alemania, pero como dijo Napoleón, para hacer la guerra hacen falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Por aquel entonces, el dinero es lo que más escaseaba en Alemania. Pero para hacer la guerra también era necesario acero, hierro, carbón, petróleo, caucho, productos químicos, ingenieros… Alemania disponía de muchos de esos recursos, pero era necesario pagarlos. Necesitaban una fuerte inversión inicial y no podían subir los impuestos, tampoco se podía realizar un aumento de la oferta monetaria porque produciría inflación. Los nacionalsocialistas no tenían dinero, pero vieron una solución sencilla, inventárselo.

El artífice fue Hjalmar Schacht, político y financiero alemán, ministro de economía del Tercer Reich entre 1934 y 1937. Schacht inventó lo que se denominó letras Mefo. La Mefo era una sociedad pantalla con un capital de un millón de marcos imperiales que habían aportado las grandes empresas metalúrgicas. Mefo no producía nada, no contrataba a nadie, no tenía ninguna fábrica. El Estado, a priori, no se endeudaba, pero la convertibilidad del dinero quedaba garantizada a posteriori por el banco central. A las empresas que estaban contribuyendo al rearme se les pagaba a través de pagarés producidos por Mefo. Lo único que generaba Mefo era deuda, pero una deuda invisible para el resto de los países de Europa. Los pagarés inspiraban confianza a las grandes empresas, la deuda de Mefo se convirtió en una moneda paralela reservada al sector armamentístico.

Schacht, que era director del Reichsbank, prometía cambiar las deudas por efectivo con unas tasas de interés muy bajas, por lo que prácticamente estaba emitiendo efectivo, fue un método que sirvió para introducir liquidez en la industria armamentística. En 1934, de los 4.000 millones de reichsmark introducidos en el rearme alemán, menos de la mitad aparecían en los presupuestos. Aunque muchos de los grandes industriales se aliaron con el Estado alemán para conseguir privilegios, muchos otros también se mostraban reacios a las políticas de Hitler, ya que veían que podían poner en peligro su relación con los países aliados y, por lo tanto, el intercambio comercial entre ellos.

La política económica de Hitler tenía la intervención en el mercado como pilar fundamental, aunque no era una economía planificada al estilo soviético, ya que se respetaba la propiedad privada de los medios de producción, pero el peso del Estado en la economía era mayúsculo. Uno de los mayores ejemplos de esta política fue el programa de infraestructuras que llevo a cabo el régimen para reactivar la economía, una política keynesianista antes de Keynes. Se eliminaron todos los sindicatos y se encuadró a las estructuras de trabajo en un sindicato único, el Frente Alemán del Trabajo. La economía, por tanto, estaba supeditada a los intereses políticos de Hitler.

En 1936 el paro había descendido a 800.000 personas, y entre 1933 y 1938 el PIB alemán aumentó un 50%, lo cierto es que son cifras espectaculares, pero ¿era sólido ese crecimiento económico? Lo cierto es que no. En 1934 un hogar de clase trabajadora gastaba el 50% de su presupuesto en comida, bebida y tabaco. Los salarios se congelaron, el alemán medio tenía más dinero para gastar, pero lo cierto es que no había nada en que gastarlo, el Estado obligaba forzosamente a ahorrar a sus ciudadanos, dándoles la esperanza de que podrían conducir un Volkswagen en poco tiempo, pero lo cierto es que hasta la década de los 50, muy pocos podrían hacerlo. El rearme supuso una satisfacción psicológica pero no económica para el alemán medio.

El nacionalsocialismo basaba su sociedad en la idea de guerra, Alemania tenía pocas materias primas en su territorio por lo que necesitaba divisas para comprarlas en el exterior. Schacht comenzó a inquietarse porque debía devolver los bonos Mefo y era imposible continuar con ese ritmo de producción. Decidió, por lo tanto, frenar el rearme y pagar las deudas, defendía una política nacionalista, un rearme y desarrollo económico, controlando a las potencias extranjeras, pero sin llegar a ningún conflicto. Schacht entró en disputa con Hermann Göring, uno de los pesos pesados de la cúpula de poder nazi. Göring quería continuar con el rearme masivo, en cambio, Schacht creía que esa política llevaría a Alemania a una guerra, que, en efecto, es que lo que sucedería.

Hitler destituyó a Schacht y dejó la economía en manos de Göring, fue nombrado jefe del segundo plan cuatrienal, y responsable del comercio, el control de precios, el intercambio de divisas y las inversiones; en definitiva, le dio el poder total de la economía alemana. Es entonces cuando se lanzó un plan para alcanzar la autosuficiencia, comenzará a llevar a cabo políticas autárquicas y a crear empresas con su propio nombre. Fundará un grupo empresarial para extraer mineral de hierro de baja calidad y nada rentable, además de producir caucho y gasolina sintética. Una tonelada de acero de las fábricas de Göring costaba el triple que una tonelada de Rumania o de la URSS, pero el Estado pagaba la diferencia y las subvenciones eran enormes.

Para el nacionalsocialista el gran enemigo no era el industrial o el trabajador, sino el financiero y el banquero, ligado evidentemente al antisemitismo. Por lo tanto, la economía nazi era una economía hostil al comercio y a las finanzas, para los nacionalsocialistas estos elementos no estaban anclados a la nación alemana, sino que pertenecían a una raza hostil como era la judía. Pero por mucho que odiaran el dinero, lo necesitaban, el ario no debía comprar, debía coger, el ario no debía pagar, debía robar, y en especial a la raza judía. En el verano de 1938 en Austria se abrió una oficina especial para cobrar unos altísimos impuestos a los judíos. Un ejemplo de expolio sin igual fue el de Göring, un amante empedernido del arte, robo más de 1.300 cuadros, 250 esculturas y más de 100 tapices cuyo valor actual es de miles de millones de euros.

Cuando comenzó la guerra se nombró a Fritz Todt como ministro de Armamento y Municiones del Reich y los bonos Mefo comenzaron a ser reembolsados gracias a la imprenta de billetes y los expolios de los países ocupados. Seguramente la Alemania nacionalsocialista ha sido el imperio más depredador de la historia, su economía necesitaba alimentarse de la guerra. El pillaje y el expolio era no solo necesario para el III Reich, sino legítimo, ya que la supuesta superioridad de su raza frente a las demás legitimaba el robo.

Los alemanes nunca pasaron hambre durante la guerra debido al pillaje: vivían a expensas del expolio de los territorios ocupados. Durante la guerra los salarios se mantuvieron estables, pero gran parte de los productos de consumo se dejaron de producir, por lo que el ciudadano alemán no podía tampoco gastar el dinero. Para pagar a los trabajadores se emitía dinero, pero al no gastarlo la inflación no se desbocaba. Aunque si bien es cierto, los ahorros de los alemanes y el pillaje no fue suficiente para financiar el enorme esfuerzo bélico.

Uno de los planes menos conocidos, pero más siniestros de la Alemania nazi, era el Plan Hambre, enmarcado en el Plan General del Este. Su lema era nahrung ist waffe, la comida es un arma, a partir de 1941 empezaron a someter a la población soviética a prácticamente una hambruna, los alimentos eran utilizados para sustentar al ejército o eran enviados a Alemania.

A mitad de la guerra, Todt es sustituido por Albert Speer, este será nombrado ministro de Armamento y Producción. La industria alemana era tremendamente ineficaz debido a la intervención del ejército y Speer creo una agencia central de planificación para distribuir materias primas. Se redujo y simplificó los modelos, pero aumentó la producción. A partir de 1942 el mercado desapareció y los precios se fijaron, la producción de armamento ascendió debido a la explotación de los trabajadores, entre 1940 y 1945 cerca de 13 millones de personas fueron obligadas a hacer trabajos forzados, Fritz Sauckel fue el encargado de esta cacería de trabajadores, los eslavos eran los más maltratados. Las aniquilaciones de judíos fue una pérdida de capital humano incalculable, la muerte de los judíos permitía alimentar a los trabajadores forzados, la muerte se convirtió en el motor de la economía nazi. Los industriales y jerarcas nazis alemanes estudiaban nutrición para saber cuántas calorías eran suficientes para tener trabajadores productivos, añadiendo o eliminando calorías a los trabajadores dependiendo de su productividad.

A partir de 1943 la producción ya no aumentaría, el régimen nazi juzgaba a los dirigentes de las fábricas que no cumplían con sus objetivos. Muchas empresas empezaron a enviar su propiedad intelectual a sus sedes en otros países, poniendo las bases para su posible recuperación tras la derrota en la guerra.

Tras finalizar la guerra, los ahorros que habían conseguido los alemanes fueron sacados de los bancos y se introdujeron en el mercado, comenzando así una enorme inflación, los alemanes sabían que era mejor arruinarse en el mercado negro para comer ese día que no guardar unos billetes que al día siguiente no valdrían nada. En 1945 el cigarrillo se convirtió en la verdadera moneda alemana. El régimen de Hitler supo inventar una economía, un sistema productivo y financiero organizado en torno a la depredación, el robo y la muerte.

La magia de J.K. Rowling

Stephen Pollard. Este artículo fue originalmente publicado en CapX.

Como periodista, no hace falta que les diga que tengo tendencia al cinismo. Muéstrenme una buena acción y mi primer instinto suele ser preguntarme qué es lo que no se nos dice al respecto. Pero la vida sería bastante desalmada si ese cinismo fuera la única reacción de uno. Hay, por supuesto, algunas personas que están tan en el lado bueno de la balanza que realmente no hay necesidad de sospechar. Más bien al contrario. En ese sentido, me cuesta pensar en un ser humano vivo que haya sido una mayor fuerza para el bien en este mundo que J.K. Rowling.

Si la Sra. Rowling no hubiera hecho otra cosa que escribir los libros de Harry Potter, eso por sí solo habría sido una contribución asombrosa y única a la causa de la humanidad. Los siete libros de la serie, de los que se han vendido hasta la fecha más de 500 millones de ejemplares, han cambiado la vida de cientos de millones de niños, a muchos de los cuales les han hecho apreciar el placer de la lectura, algo que probablemente nunca habrían experimentado de otro modo. De una forma u otra, los libros y la lectura son la clave de casi todo lo que tiene valor en el mundo. Mostrar a los niños lo divertidos que pueden ser los libros, especialmente en un mundo con tantas atracciones que compiten entre sí, y a una escala a la que ningún otro libro se ha acercado jamás, es un gran logro.

Pero lo que realmente importa de JK Rowling es que no se ha limitado a sentarse y disfrutar del viaje. Ni mucho menos. Ha utilizado la plataforma de su éxito y la seguridad de su riqueza para hacer una serie de contribuciones asombrosamente importantes y valiosas a la sociedad. Gran parte de su filantropía pasa desapercibida. Conozco un ejemplo que no ha recibido ninguna publicidad, y estoy seguro de que habrá otros. Pero a los efectos de este artículo, lo que importa es su filantropía pública y sus contribuciones a la sociedad.

Por ejemplo, la organización benéfica Lumos, que creó para “poner fin a la institucionalización sistemática de niños en toda Europa y ayudarles a encontrar lugares más seguros y acogedores donde vivir”, y su fundación Volant. La semana pasada inauguró Beira’s Place, un servicio gratuito en Edimburgo para mujeres supervivientes de violencia sexual. Rowling lo financia, para tratar de contrarrestar la “necesidad insatisfecha” de “atención centrada en la mujer y prestada por la mujer en un momento tan vulnerable”.

Normalmente, uno podría elogiarla -o a cualquier otra persona- por un gesto tan filantrópico, pero no sorprenderse tanto. Pero no estamos en tiempos normales. La idea de que el sexo biológico es importante es considerada, de forma extraña, pero creciente, como una forma de abuso por parte de ideólogos que afirman que lo único que importa es cómo una persona desea definirse a sí misma. (Esa es la base del proyecto de ley de reforma del reconocimiento de género en Escocia, que probablemente se promulgará pronto). La Sra. Rowling ha hablado de la necesidad de que las mujeres biológicas tengan espacios seguros, donde sólo haya otras mujeres biológicas. Por ello ha sido tachada de transfóbica.

Es extraordinario que parezcamos haber viajado 50 años atrás. En los años setenta, Erin Pizzey creó el primer refugio para mujeres. Fue muy controvertido, sobre todo entre las mujeres. El maltrato doméstico no era algo de lo que se hablara en círculos educados. La idea de un espacio seguro sólo para mujeres se consideraba una especie de feminismo radical. (Recuerdo que de niña mi madre ayudaba en el centro; más tarde me contó que algunos de sus conocidos la recibieron con una mezcla de perplejidad y desdén).

En mi ingenuidad, hace diez años habría dicho que los avances en la batalla por poner de relieve el maltrato doméstico y las necesidades de las mujeres eran inerradicables. Qué equivocada estaba. Hoy, sorprendentemente, se ataca a quienes defienden los espacios sólo para mujeres, como en los años setenta. La mayoría de las veces, aunque la base del ataque es la causa supuestamente “progresista” de los derechos de las personas trans, la realidad es directamente misoginia. ¿Y quién está ahí, abriendo camino, defendiendo la ciencia, la decencia y a las mujeres? No es un político ni un líder comunitario. Es J.K. Rowling..

Intentan detenerla, anularla. Es infame que no la invitaran a aparecer en un documental de celebración del aniversario de las películas de Harry Potter, porque algunos de esos actores cuya carrera entera es fruto de la obra de J.K. Rowling son demasiado cobardes para enfrentarse a los matones que la atacan y, en cambio, permanecen callados o, en algunos casos, optan por unirse a ellos.

En defensa del pluralismo

Daniel Bennett. Este artículo fue originalmente publicado en Law & Liberty.

En toda sociedad democrática hay que luchar contra la tendencia a la tiranía de la mayoría. ¿Cómo podemos promover un gobierno justo y representativo sin descartar sumariamente los puntos de vista minoritarios? ¿Qué significa respetar las voces de muchos y escuchar las de unos pocos? ¿Y qué significa esto para las cuestiones y debates que están en el corazón de nuestras convicciones más preciadas?

Institucionalmente, nuestra legislatura bicameral y el Colegio Electoral ofrecen algunas respuestas. Pero en el Federalista 10, James Madison propuso una solución adicional: Al fomentar la proliferación de facciones en nuestra sociedad, disminuimos las posibilidades de que una facción domine a las demás. A medida que surgen diversas facciones con sus propios intereses y puntos de vista, es cada vez menos probable que una de ellas domine la mayoría en una serie de cuestiones y periodos de tiempo. Según Madison, el pluralismo es la mejor protección contra nuestros impulsos mayoritarios innatos.

¿Qué es el pluralismo? Yo lo defino como un marco político y cultural marcado por concepciones contrapuestas (e incluso contradictorias) de la buena vida. Pueden ser ideas profundamente arraigadas sobre la religión y la moral, sí, pero también pueden ser creencias sobre la cultura, la gobernanza y otros principios organizativos. En una sociedad pluralista, no se espera que las personas tengan estilos de vida idénticos ni que articulen visiones similares de lo que es correcto. Por el contrario, el pluralismo deja espacio para que prospere el mercado de las ideas y, en consecuencia, prosperen las personas.

La propuesta de Madison no está exenta de problemas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando cada vez más de nuestras identidades están envueltas en menos facciones que compiten entre sí? Aun así, Madison estaba en lo cierto al reconocer la importancia del pluralismo en la democracia representativa. Si apoyamos y mantenemos un sistema en el que las voces divergentes no sólo se permiten, sino que se fomentan, podemos cultivar una sociedad diversa y floreciente. Sí, el pluralismo puede ser complicado, pero complicado no es sinónimo de debilidad.

En este ensayo, sostengo que el pluralismo, como marco político y jurídico para una sociedad diversa y controvertida, debería ser perseguido y abrazado por los conservadores. El pluralismo, bien entendido, proporciona importantes controles sobre el gobierno al tiempo que respeta los derechos individuales y de grupo. Y aunque puede ser difícil de aplicar de forma coherente y justa -como señala Doug Walker en su ensayo complementario-, el pluralismo es, no obstante, un marco más deseable que los acuerdos alternativos y por el que debería lucharse en los próximos años.

El pluralismo no es relativismo

Una crítica al pluralismo en contextos liberales es que conduce inevitablemente al relativismo moral, en el que los actores niegan la verdad objetiva en aras de la armonía social. Bajo el pluralismo, se puede argumentar, no podemos determinar colectivamente la verdad, basarnos en principios compartidos, o incluso interpretar la realidad de una manera cohesiva. Según este argumento, el pluralismo eleva la identidad y la experiencia individuales por encima de la verdad. Y cuando todo puede ser verdad, nada lo es en última instancia. Para que una sociedad promueva el florecimiento al servicio del bien común, debe haber acuerdo sobre ciertos principios básicos. Podría decirse que el pluralismo obstaculiza este proceso.

Pero el pluralismo no presagia ni exige relativismo. Como cristiano, puedo mantener mi fe en la confianza mientras reconozco la dignidad de otros cuyas convicciones difieren de las mías. Además, el pluralismo no es una admisión de que no existe la verdad; es un reconocimiento de que podemos discrepar sobre la verdad y seguir existiendo juntos a pesar de las profundas diferencias. El pluralismo no exige que nos echemos las manos a la cabeza ante concepciones opuestas del bien, pero sí sostiene que no puede haber coacción sobre lo que es correcto. Para bien o para mal, en el pluralismo los individuos tienen libertad para decidir por sí mismos.

Podemos desear que la gente adopte nuestros puntos de vista, no por opresión, sino por el bien tanto del individuo como de la sociedad. Como cristiano, creo firmemente que el Evangelio es lo que mejor conduce al florecimiento humano en un mundo caído y corrompido. Pero la coerción no puede fomentar la prosperidad moral ni la objetividad. El pluralismo pide a las personas que evalúen afirmaciones de la verdad que compiten entre sí, consideren alternativas y lleguen a conclusiones por sí mismas. El pluralismo no conduce al relativismo moral ni niega la verdad objetiva. Al contrario, deja que la gente elija por sí misma, con razón o sin ella. En el pluralismo, lo más importante son los medios, no los fines.

El apoyo al pluralismo no es una postura inherentemente progresista. De hecho, hay muchas razones por las que los conservadores deberían apoyar el pluralismo como estructura de las relaciones sociales. Desde una perspectiva política, el pluralismo requiere que el gobierno trate las convicciones de las personas sobre la buena vida como igualmente válidas ante la ley. En ausencia de un interés gubernamental imperioso y de una política promulgada de la forma más estricta, las creencias de las personas y las prácticas subsiguientes se tienen en la más alta estima jurídica. El pluralismo, por tanto, restringe y pone límites significativos a la acción gubernamental. Esto es algo que cualquier conservador debería aplaudir.

Además de frenar al gobierno, el pluralismo garantiza las libertades individuales. En los sistemas y culturas que rechazan el pluralismo, no hay incentivos para que los gobiernos y las sociedades respeten los derechos naturales de las personas a pensar y practicar libremente. Los regímenes autoritarios -como los de Arabia Saudí, Irán y Corea del Norte- figuran entre los sistemas menos pluralistas del mundo en cuanto a libertades ideológicas y religiosas. Mientras tanto, Estados como Hungría mantienen valores democráticos, pero adoptan cada vez más tendencias antiliberales, con importantes consecuencias para las voces disidentes y las minorías culturales.

En cambio, Estados Unidos protege explícitamente las libertades individuales de religión, expresión, asociación, etc., lo que da lugar a un entorno sólido y dinámico de ideas y valores en competencia. De hecho, la Primera Enmienda prácticamente garantiza una sociedad pluralista, en la que las opiniones no se imponen de arriba abajo, sino que se fomenta su desarrollo de abajo arriba. Para los conservadores recelosos del poder gubernamental y partidarios de los derechos individuales, el pluralismo es muy superior a otros sistemas alternativos.

Pero quizá lo más importante sea el respeto del pluralismo por las personas. Aunque el pluralismo no niega la verdad objetiva, se opone a imponer un conjunto de creencias a todas las personas de una sociedad. Si bien esta imposición requiere dar poder al Estado hasta un grado aterrador al invalidar los derechos legales y naturales establecidos, también rechaza los elementos más profundos de la condición humana. El pluralismo mantiene el respeto por las personas como creadas a imagen de Dios con libre albedrío para elegir o rechazar la buena vida.

Andrew Walker, del Southern Seminary, dista mucho de ser un relativista o un progresista en las batallas culturales del momento. Por eso es digno de mención leer su defensa del pluralismo en Libertad para todos: Defending Everyone’s Religious Freedom in a Pluralistic Age. En su libro, Walker defiende una teología de la libertad religiosa muy parecida al pluralismo aquí descrito. Sostiene que los cristianos deben apoyar el pluralismo religioso en la vida cotidiana, animando a la gente a mantener y ejercer sus creencias más profundas en una sociedad cada vez más compleja. Esto no sólo respeta a nuestros semejantes -incluso permitiéndoles elegir mal-, sino que también cultiva un espacio para que prospere la fe cristiana.

Como cristiano, me preocupa ver el creciente apoyo al “nacionalismo cristiano” en ciertas esquinas, especialmente cuando se cita a favor de utilizar el poder del Estado para favorecer una concepción particular de la buena vida. No soy ajeno a esta tentación, dados los retos que se avecinan para los cristianos en una América cada vez más postcristiana. Pero, como sugiere Walker en Liberty for All, estos retos deberían impulsar el apoyo al pluralismo, no su crítica:

Cualesquiera que sean las dificultades que puedan sobrevenir al cristianismo, un compromiso con el pluralismo que permita que el mensaje cristiano se exprese libremente puede ser una de sus mejores estrategias a largo plazo para mantener su presencia y actividad en la plaza pública. La contestabilidad debería ser uno de los principios más preciados del cristianismo a medida que su influencia disminuye, ya que permite la continuidad del diálogo y del testimonio público cristiano.

Andrew Walker

Del mismo modo que hay que invertir en tiempos de crisis económica, quienes se encuentran cada vez más en minoría deben ser los más firmes defensores del pluralismo.

Pluralismo de valores y conservadurismo

Todo esto me lleva al ensayo de Doug Walker sobre el pluralismo de valores y la amenaza al conservadurismo. Walker ha destacado varios retos importantes para el pluralismo, algunos de los cuales apuntan a lo que he escrito aquí. Quiero responder directamente a su ensayo, destacando los puntos en los que parecemos estar de acuerdo, al tiempo que identifico importantes puntos de desacuerdo entre nosotros. Y aunque Walker identifica problemas reales con el pluralismo, queda por ver cuál podría ser un marco mejor para quienes dan prioridad tanto al florecimiento humano como a la imago Dei.

El resumen de Walker de las implicaciones filosóficas y prácticas del liberalismo es útil. Hay un peligro de pluralismo que proviene del énfasis del liberalismo en la autonomía individual, un peligro que, como dice Walker, no está arraigado en ninguna tradición moral o religiosa, sino más bien en los valores subjetivos de personas diferentes. El pluralismo de este tipo no está exento de desafíos, especialmente en una época marcada por el declive del capital social y el creciente énfasis en la identidad individual. Lo que antes era un desacuerdo sobre valores, ahora puede calificarse erróneamente de incitación al odio o incluso de violencia.

Esta preocupación parece impulsar la crítica de Walker al pluralismo, especialmente en lo que se refiere a cómo el pluralismo puede conducir a la intolerancia de ideas que cada vez se consideran más fuera de las normas aceptables en una sociedad liberal. Las creencias conservadoras sobre la sexualidad y el género, culturalmente dominantes durante cientos de años y arraigadas en las trincheras más profundas de la teología y la filosofía, acaban de ser declaradas fuera de los límites por los guardianes ideológicos ascendentes. Las universidades cristianas como la mía pueden tener razones sinceras para mantener una ética sexual tradicional a la hora de contratar profesores y personal, pero sus detractores las consideran cada vez más intolerantes y equivocadas.

Además, Walker observa astutamente que el énfasis del liberalismo clásico en la libertad individual es muy diferente de la concepción actual. La libertad de John Locke, por ejemplo, es la libertad de perseguir lo que es bueno en aras del florecimiento humano, no la libertad descarada y sin restricciones de hacer lo que uno quiera. Esta concepción libertaria se opone frontalmente a los principios del liberalismo clásico, pero, según Walker, se ha convertido en la concepción dominante de la libertad en nuestro orden liberal contemporáneo. El pluralismo basado en ella está destinado a plantear verdaderos retos a quienes se adhieren a principios ortodoxos y profundamente arraigados.

Las soluciones de Walker a estos retos son directas. Hacia el final de su ensayo, Walker sostiene que los conservadores deberían reconsiderar la relación entre neutralidad y pluralismo, y “recuperar un sentido más vigoroso de la ‘libertad'”. No podría estar más de acuerdo. Pero los conservadores pueden hacerlo a través del marco pluralista actualmente en vigor. Impugnar estos términos no requiere abandonar el pluralismo o el orden liberal, como algunos post-liberales han argumentado recientemente. Más bien, es el entorno que ofrece el pluralismo el que mejor deja espacio para que prospere el mercado de las ideas. Aunque los conservadores tienen razón al señalar las prácticas desleales ocasionales, de ello no se deduce que debamos quemar la tienda.

Walker también tiene razón al criticar la creciente prevalencia del relativismo moral en nuestras disputas políticas y culturales. Como observa Bonnie Kristian, el énfasis progresivo en la experiencia y la identidad individuales -y el relativismo que de ello se deriva- es uno de los principales responsables de nuestra creciente crisis epistémica. Pero el relativismo moral no es el resultado del pluralismo previsto por Madison y apoyado por nuestro orden constitucional. La competencia entre facciones e intereses no fomenta el relativismo moral, como tampoco lo hacen las libertades religiosas o de expresión. Las convicciones de una persona no se debilitan cuando otra puede mantener libremente las suyas. El relativismo moral es una crisis, sí, pero el pluralismo práctico no tiene la culpa.

“We the People”

Para las sociedades diversas y complejas, el pluralismo ofrece un camino hacia la estabilidad política y el acuerdo social. Pero el pluralismo no está exento de problemas. Los Estados pluralistas suelen estar plagados de conflictos, ya que es poco probable que las personas con creencias profundamente arraigadas diferentes -y, en muchos casos, opuestas- cedan cuando se enfrentan entre sí. Estos conflictos suelen generar ineficacia en la gobernanza y la formulación de políticas, haciendo que los órganos legislativos sean espectadores insensibles de nuestros desacuerdos más controvertidos e importantes.

Pero lo que es más importante, como sugiere Doug Walker, la mayor crítica al pluralismo actual es que, en primer lugar, podría no existir. Sí, los estadounidenses tienen innumerables creencias religiosas, éticas y políticas, pero nuestra cultura siempre ha valorado unas creencias más que otras. En lugar de ser dejadas en paz, las minorías religiosas -desde los cuáqueros a los católicos, pasando por los mormones o los musulmanes- se han enfrentado sistemáticamente a los desafíos de quienes tienen creencias más dominantes. Últimamente, es el cristianismo teológicamente conservador el que está cada vez más en desacuerdo con las normas culturales imperantes. Como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, la nuestra no siempre es una sociedad de “vive y deja vivir”.

Aun así, estos retos no están ni cerca de contrarrestar los beneficios que nuestro pluralismo imperfecto aporta a unas sociedades diversas y cambiantes. Dejando a un lado los conflictos y las incoherencias en la aplicación, el pluralismo abre puertas que rara vez se abren bajo regímenes coercitivos. Aplicado con equidad, el pluralismo da a las comunidades y puntos de vista minoritarios espacio para respirar. Y para quienes ocupamos ocasionalmente posiciones minoritarias en nuestra cultura, esto es algo muy bueno.

Los estadounidenses -y especialmente los conservadores- no deberían rechazar el pluralismo por la forma en que se aplica; deberíamos, por el contrario, tratar de reforzarlo y arraigarlo mejor por el peso que otorga a unos valores cada vez más reñidos con las normas culturales. Aunque en ocasiones exacerbe los conflictos culturales, el pluralismo ofrece un modelo de coexistencia a pesar de las profundas diferencias, siempre que estemos dispuestos a trabajar por él. El pluralismo no es perfecto, pero en nuestra era dividida sigue siendo la mejor esperanza para mantener un orden constitucional y social centrado directamente en “nosotros, el pueblo”.

Libertas omnia vincit

Para celebrar las próximas Navidades, me he atrevido a usar el latín para dar título a mi artículo; algo que no recuerdo haber hecho nunca. Además, aunque pensaba que la frase era un lema existente, no parece ser el caso: sí existe (como lema) labor omnia vincit, pero no lo mismo con libertas. O sea que es un título inventado, no copiado, como si un servidor supiera hablar latín con soltura.

Me apresuro a traducirlo: la libertad puede con todo. ¿Por qué se me ocurre ahora este pensamiento? Pues por lo que estamos viendo en China en relación con nuestro ya casi olvidado COVID. Resulta que ya entrando en 2023, más de tres años desde que allí mismo comenzara la pandemia, en aquel país están básicamente como al principio, eso sí, con la gente bastante más cabreada con su gobierno.

Recuérdese la brillante idea del gobierno chino para combatir el virus: cerrar Wuhan contra viento y marea para impedir que de allí saliera el bicho. Y mientras estaba cerrada, asistir a sus habitantes desde fuera con todas sus necesidades. Básicamente, esa ha sido la estrategia seguida cada vez que el virus ha mostrado su fea corona (que no cabeza) en alguna ciudad o región china.

Confieso que, al principio, no me parecía mala idea, habida cuenta de que el resto de China permanecía económicamente activa, contrariamente a lo que sucedía en el resto de las economías en que el cierre era total. La incomodidad me venía de la enorme restricción de libertad que suponía para la gente en el área afectada, aunque asumía que era el precio a pagar para mantener libertad económica en el resto de China.

El paso del tiempo ha venido a demostrar que nunca son buenas las restricciones en la libertad. Y no es que en Occidente la solución haya sido precisamente libertaria. Que no se nos olviden confinamientos, limitaciones a los negocios, obligaciones absurdas de mascarillas y cierres de fronteras, que no se olvide nunca de lo que es capaz el Estado cuando se ve desbordado.

Pero el caso es que esas restricciones de libertad han resultado comparativamente muy inferiores a las chinas, tanto en tiempo como en alcance. Quieras que no, incluso en España, el país inicialmente más restrictivo de todo Occidente, se podía salir a comprar tu comida en los momentos de mayor opresión gubernamental.

Parece que esas escasas libertades de movimiento nos fueron acostumbrando en cierto grado al virus, permitiendo la obtención de resiliencia, que solo se adquiere exponiéndose a la adversidad en pequeñas cantidades. Lo mismo que hacían los emperadores romanos para inmunizarse contra venenos, según dice la leyenda.

Y justo eso es lo que no les han dejado a los chinos obtener. No es de extrañar que el virus reaparezca una y otra vez con fuerza, pues se enfrenta a poblaciones vírgenes en su exposición al bicho real, por muy vacunadas que estén.

Este análisis, meramente anecdótico, se puede completar con un caso contrario, el de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde las restricciones se relajaron considerablemente antes que en prácticamente todo el resto de los países confinados. Esa libertad de movimientos anticipada habría permitido la exposición gradual de los madrileños al virus, otorgándoles así una mejor resistencia antes de que en otras áreas se les imitara. Así pues, es la libertad (en este caso de movimientos) o su carencia, la que hace que unas sociedades ya hayan olvidado el virus, mientras que otras no vean aún luz al final del túnel.

Nada de lo dicho debe de entenderse como que la gestión madrileña ha sido una gestión basada en la libertad. Ni de lejos. Lo que ha jugado a favor del resultado comparativo entre Madrid y China es que aquí las restricciones de libertad han sido menores: es ese diferencial de libertad lo que explica el diferencial de resultados.

Cierro con dos corolarios deducibles de lo anterior, si se acepta que es cierto[1]. El primero es que, en caso de no haberse practicado restricciones a la libertad, se hubiera superado mucho antes la pandemia. El segundo me parece el más relevante: pequeños diferenciales de libertad generan cuantiosas diferencias en bienestar.

En suma, la libertad puede con todo y, por eso, cualquier magro avance que se obtenga frente a la intervención gubernamental compensará con creces los esfuerzos para conseguirlo.

Que pasen unas felices Navidades.


[1] Supongo que a los lectores de este artículo les entrarán enormes tentaciones de discutir sobre si lo importante es la resiliencia o la vacunación, o lo contrario. Yo les pediría que eviten la discusión sobre el COVID y la centren en el tema que a mí me parece relevante: el diferencial de libertad y sus efectos sobre el bienestar.

La última batalla de Bitcoin

Una vez más, vuelven a dar por muerto a Bitcoin. Esta vez los aspirantes a enterradores son el director del departamento de infraestructura de mercados y medios de pago del Banco Central Europeo (BCE) junto con uno de sus asesores. No parece una posición oficial, pues se trata de una publicación en el blog del BCE.  Ignoro cuál es la relevancia y peso de estos individuos dentro del banco emisor, pero de lo que no cabe ninguna duda es que este escrito ha tenido eco en los principales medios de comunicación.

No voy a entrar a analizar sus afirmaciones en contra de Bitcoin, pues me parecen una sucesión de tópicos que no aportan ningún argumento nuevo ni original. Creo que la “argumentación” no era más que un mero trámite para llegar al único objetivo de esta publicación, que era realizar un llamamiento público para que no se regule Bitcoin y que sea excluido del sistema financiero, ya que los autores consideran que regularlo equivaldría a otorgarle carta de naturaleza.  Y creo que existe alguna posibilidad de que el BCE y las instituciones europeas en general adopten la misma postura, y voy a explicar por qué.

En la regulación europea conocida como “MiCA” (Markets in Crypto Assets o Mercados de Cripto Activos), que es un documento muy detallado de unas 160 páginas, no se menciona Bitcoin ni una sola vez. Repito, ni una sola vez en 160 páginas, ni siquiera de forma histórica o anecdótica. En su momento, esto me llevó a pensar que simplemente no le daban importancia ni lo veían como ninguna amenaza por creer que se trataba de un activo puramente especulativo con nulas posibilidades de ser competitivo como moneda. Ahora he cambiado de opinión, creo que sí podrían verlo como un elemento incómodo, no tanto como una amenaza monetaria, pero sí como un activo que está fuera de su control.

Dicho esto, creo que el artículo es muy acertado en algunos aspectos. Hablan con aparente orgullo de la regulación europea sobre los cripto activos, la tan cacareada MiCA que he mencionado antes, contraponiéndola a la falta de iniciativa regulatoria de Estados Unidos. Hablan con naturalidad de la regulación de los “cripto activos” mientras que rechazan radicalmente cualquier tipo de regulación sobre Bitcoin.  Esta clarísima línea de separación que trazan entre Bitcoin y los “cripto activos” no es otra cosa que la separación entre lo que no pueden controlar: Un activo real como Bitcoin, y lo que sí pueden controlar: Los activos financieros, que es lo que son la inmensa mayoría de los instrumentos englobados en el desafortunado término “cripto activos”.

Y considero que separar Bitcoin de los llamados “cripto activos” es una decisión en la buena dirección. Y no regularlo también es otra buena decisión en la buena dirección, y lo digo en serio.  Muchas personas invierten en Bitcoin sin haberlo estudiado lo suficiente y cuando se asustan por su volatilidad lo venden perdiendo mucho. La regulación no va a cambiar la volatilidad de Bitcoin, y podría dar una falsa sensación de complacencia que desincentive el debido proceso de información y aprendizaje.

La mejor analogía para entender lo desafortunado del término “cripto activos” se la he escuchado a Juan Rallo cuando lo comparó con el término “papiro activos”, una categoría que englobaría a cualquier instrumento en soporte papel.  Podría ser un pagaré de Rumasa, acciones de Coca Cola, un título de propiedad sobre una casa o sobre una cantidad de oro, etc. Evidentemente, clasificar a todos estos activos de naturaleza tan distinta dentro de la misma categoría de activos solo por el hecho de estar en soporte papel, sería extremadamente confuso.

Por eso, para evitar esta confusión, me parece muy positivo separar a Bitcoin del resto. Bitcoin no es un activo financiero, es un activo real y es este carácter lo que nos permitiría utilizarlo como instrumento para alcanzar mayores cotas de libertad.  Y si es esta la razón por la que ha de morir en batalla, que así sea.

COP27: el mercado y la transición energética

La transición energética en pro de una producción de energía cada vez más limpia y menos contaminante es cada día un tema de mayor relevancia en la academia, los medios de comunicación y el grueso de la sociedad occidental. Cuando se plantea el debate sobre cómo se debe afrontar dicha transición, se suelen enfrentar dialécticamente los objetivos de la llamada “transición verde” con el mercado y, más en general, el funcionamiento del sistema capitalista. Es decir, se plantean como antónimos la posibilidad de lograr dicha transición y la perduración del presente modelo económico predominante en Occidente. La idea central de muchos de estos discursos es que una economía de mercado jamás permitiría lograr dicha transición, ya que, supuestamente, su modelo de crecimiento se basa en la persistente explotación de los recursos disponibles, por lo que conduciría irremediablemente al agotamiento de estos y no al reemplazo de su uso por otros más sostenibles en el tiempo.

Tal y como muchos lectores de esta columna habrán pensado, el planteamiento descrito en el párrafo anterior y empleado por muchos detractores de la economía de mercado es profundamente erróneo, empezando por el simple hecho de que los agentes económicos se guían por incentivos y la economía reacciona basándose en las acciones causadas por estos. En el caso de las energías renovables, su implementación a través del mercado depende principalmente de su rentabilidad, ya que la inversión en estas está guiada (como en el caso de cualquier bien o servicio) por el incentivo que supone el beneficio monetario. En el momento en el que la inversión en energía solar, eólica o de otras fuentes renovables sea más rentable que los combustibles fósiles, será el propio mercado el que haga virar la tendencia hacia las energías verdes y conlleve a su preponderancia sobre todas las demás.

Por supuesto, no niego que existan fallos de mercado ni situaciones externas que puedan causar un retraso en la implementación de energías renovables, aunque estas fuesen más rentables. Por ejemplo, existen externalidades que hacen que el coste de capital en los países emergentes sea tan elevado que desincentive la inversión en energías limpias, a la vez que se logra el requerido crecimiento económico para el desarrollo de estas naciones. Otro de los elementos en los que puede ser necesaria una mínima intervención del Estado para acompañar a las fuerzas de mercado en dicha transición es en la aceleración de la transformación y evolución tecnológica que haga viable una producción de volumen energético suficiente a partir de determinadas fuentes, alcanzando economías de escala que las hagan suficientemente rentables como para atraer inversión privada. Aun así, y pese a algunas intervenciones del Estado para corregir determinados fallos de mercado y lubricar el flujo de inversión hacia las energías renovables, el principal y más importante incentivo no dejaría de ser el beneficio económico.

Por supuesto, puede darse el caso (y se da y dará) de que haya intereses económicos involucrados que causen que los gobiernos actúen de determinadas maneras (captura del regulador), frenando determinadas inversiones o protegiendo desfasados conglomerados empresariales que hoy en día no serían rentables sin el apoyo de los poderes públicos. Un ejemplo de ello lo hemos visto en la cumbre de la COP27 en Egipto, en la que multitud de estados y compañías petroleras han defendido sus intereses con uñas y dientes y han apoyado la idea de que dichos estados sigan subsidiando y tratando de manera preferente a determinadas empresas petroleras, muchas de ellas con enorme poder económico y político. Desde una posición liberal, deberíamos oponernos frontalmente a un caso tan explícito de captura del regulador, que, además de explotar al contribuyente, promueve una enorme generación de externalidades negativas que finalmente terminan pagando los propios contribuyentes.

Una vez analizados los factores previamente descritos, conviene estudiar cuál es la situación actual de las energías renovables con respecto a otras tecnologías dominantes y cuál ha sido y es el rol del mercado en su propagación. Si tuviéramos que explicarlo de manera breve, sería acertado afirmar que las propias fuerzas de mercado han contribuido a acelerar la tendencia de la transición verde, pero, de momento, no de forma lo suficientemente rápida como para alcanzar los objetivos de transición marcados por determinados expertos y agencias. Aun así, la dirección es muy positiva, ya que la Agencia Internacional de la Energía Renovable, ha mostrado en un reciente informe que el coste de producir electricidad a partir de fuentes renovables ha caído en picado desde 2010, convirtiéndola así en una fuente más rentable y con mayores posibilidades de difusión. El caso más llamativo de reducción de costes de producción es el de la energía solar, descendiendo en más de un 88% desde 2010, lo cual unido a otras fuentes renovables muestra un elevado potencial de transformación del mix energético.

Aunque en teoría ese debería ser el caso, la realidad es que la reducción en costes de producción no ha sido acompañada de forma directamente proporcional por el crecimiento del peso de la energía renovable en el mix energético. En 2021, este alcanzo el 25% en la UE, pero en el conjunto del globo la cifra es significativamente más baja, alcanzando tan solo el 13% del mix. Además, la cifra de emisiones totales del conjunto de fuentes energéticas no se ha reducido para el conjunto del planeta, aunque sí existen serias previsiones de que se alcance un punto de inflexión en un futuro cercano, tras el cual el nivel de emisiones anual global caiga significativamente antes de 2030.  

Al ritmo actual, para que esto ocurra se debería incrementar de forma masiva el uso de fuentes de energía de bajas emisiones, de las cuales la mayoría son de energía renovable o nuclear. Por lo tanto, la lucha política contra la energía nuclear que se lleva dando en Europa un par de décadas no ha ayudado nada en este sentido. En consecuencia, si queremos que la situación cambie de verdad, no solo hemos de proporcionar incentivos para la inversión renovables, sino también permitir la prolongación de la vida de las centrales nucleares e incentivar la inversión en este tipo de fuente de energía.

Tal y como he descrito antes, podemos ver que la tendencia del mercado hacia un mayor peso de las energías limpias en el mix total va en la buena dirección, aunque probablemente se deba incentivar una aceleración de dicha tendencia. El problema se encuentra ahora en cómo hacer esto último. Claramente, las subvenciones directas a la energía renovable no son una opción, ya que su fracaso se ha constatado en multitud de ocasiones. Por lo tanto, la solución probablemente consista en una mayor inversión en I+D para desarrollo de fuentes de energía limpia, incentivos fiscales y regulatorios que contribuyan a promover la inversión en expansión de plantas de renovables y nuclear. De esta manera, junto con una mayor rentabilidad futura de las energías renovables, se lograría una más rápida reducción del peso de la energía procedente de combustibles fósiles en el mix energético.