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El retorno a la simetría política

Escrito por Fernando Parrilla en . Publicado en Análisis diario.

Mi cita favorita de Ayn Rand es aquella en la que afirma que no puede existir una cosa, legal o moral, que esté prohibida al individuo y permitida a la muchedumbre. La desigualdad ante la ley entre los grupos numerosos y los individuos es una asimetría política que nace del desequilibrio de fuerzas entre ambos agentes. El liberalismo intenta corregir esta asimetría por medio de una filosofía moral que aumente el poder del individuo frente al grupo. Se ha tenido un éxito razonable, teniendo en cuenta que se trata de equilibrar un poder físico real con uno moral abstracto, lo que exige instituciones complejas y frágiles, pero queda mucho camino por andar.

Por otro lado, en Occidente llevamos algunos lustros sufriendo una asimetría menos común: la supremacía de la moralidad de izquierda en el debate público. Esto ha llevado a la inestabilidad social en la que estamos inmersos, la aparición de nuevos grupos políticos heterogéneos cuyo fin es oponerse al statu quo, y la reacción de las élites, que, en su afán de no renunciar a su situación de privilegio, están acelerando su deriva autoritaria.

En este escenario, con las particularidades sociales españolas, se encuadra la reciente polémica política que se dio en el Congreso de los Diputados. En ella se puede ver diferentes posturas políticas:

  1. El convencimiento de que, si algo le es permitido a un lado del espectro político, por muy soez que sea, su utilización es legítima por parte de todos (VOX)
  2. La crítica a comportamientos inmorales analizándolos de forma aislada al contexto, por simple señalización de virtud (PP o Ciudadanos).
  3. Sobreactuación ante un comportamiento que empleas contra tus contrarios cuando eres la víctima del mismo, con el fin de cohesionar a tu grupo y mantener la ficción de que la ofensa solo es tal si la emplea el contrario (PSOE y Podemos).

A todos nos puede disgustar el tono grueso en el debate político, pero nuestros gustos no moldean la realidad. A los hechos no les importan tus sentimientos, y eso también incluye nuestra sensibilidad al conflicto.

Se puede argumentar, no obstante, que no criticar la postura 1 llevaría a una escalada que nos podría perjudicar a todos. Creo que es un razonamiento erróneo, ya que pone el foco en la reacción a un hecho, en vez de a la acción que lo provoca.

La asimetría política es inestable por naturaleza. Históricamente, sólo se ha podido sostener por medio de la violencia. Y por mucho que haya degenerado nuestras élites, estamos lejos de que estén en posición de hacer uso de la misma para mantener a raya a una reacción que lleva años fraguando y que no se va a detener fácilmente.

La simetría va a volver, ya sea de la mano de un multimillonario al que le gustan los memes, o de un partido político que quiere devolver los insultos. No va a ser agradable, pero eso no puede ser excusa para ponerse del lado del que desequilibró el tablero en primer lugar. Bastante trabajo vamos a tener con vigilar que en el nuevo equilibrio de poder no seamos todos menos libres.

Si han conseguido miles de millones, ¿por qué los sindicatos de Enseñanza siguen en huelga?

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario.

Mark Lehain. Artículo publicado anteriormente en CapX.

Imagina que eres director de escuela en verano.

Estás absolutamente destrozado. Todo ha sido un no parar para ti y tus colegas desde que llegó Covid. Te has arrastrado a ti mismo y a tu colegio durante uno de los años más duros de la historia: el caos causado por la variante ómicron, las enormes ausencias de personal y alumnos, etcétera. También conseguiste que tus hijos pasaran los exámenes SAT o GCSE, etc.

Incluso conseguiste elaborar un presupuesto para el siguiente curso académico que casi cuadraba. Parte de ello se debió al aumento de 4.000 millones de libras en efectivo procedentes del Gobierno, pero también a algunas vacantes que quedaron sin cubrir para septiembre a pesar de los repetidos intentos de encontrar gente.

Y justo cuando crees que todo está bajo control, el Gobierno recomienda una subida salarial para los profesores muy superior a la prevista (pero por debajo de la inflación) y los precios de la energía se disparan. Ahora tienes que hacer frente a un déficit y recortar personal o ayudas a los estudiantes.

No es de extrañar que quienes trabajan en las escuelas se sientan tan angustiados. Como todo el mundo, han sido unos años difíciles debido a Covid, y ahora la crisis del coste de la vida también se está cebando con ellos.

Por eso no es de extrañar que los sindicatos escolares hayan convocado una huelga. No estoy de acuerdo con ellos, pero comprendo su frustración. Fui profesor y director de escuela durante 15 años, y la mayoría de mis compañeros están en la profesión. Entiendo por qué empezaron por este camino.

Pero no entiendo por qué siguen presionando para ir a la huelga ahora que la Declaración de Otoño les ha dado el dinero extra por el que estaban haciendo campaña.

El Gobierno se había comprometido en 2019 a devolver la financiación por alumno en términos reales a los niveles de 2010 -recordados como una época de abundancia por aquellos de nosotros que estábamos en las escuelas entonces-. En la revisión del gasto del año pasado se prometió un gran aumento de la financiación, que en aquel momento era suficiente para cumplir esta promesa. Entonces la inflación se disparó -y ha sido incluso más alta para las escuelas que en otros lugares- y parecía que las cosas se torcían.

Sin embargo, las hábiles maniobras públicas y la reactivación de la campaña de recortes en las escuelas ejercieron suficiente presión para que Rishi Sunak diera una última sacudida al árbol mágico del dinero y encontrara 2.300 millones de libras más para cada uno de los dos próximos años. De un plumazo, el nivel mágico de financiación de 2010 volvía a estar en marcha para 2024. Y no hay que fiarse de la palabra del Gobierno: hasta el siempre escéptico IFS está de acuerdo.

Ayer, el Ministerio de Educación esbozó cómo se repartiría este dinero, y parece que aterrizará en los presupuestos a partir del próximo mes de septiembre con un mínimo de alboroto o retoques, lo cual es estupendo de ver.

Sin embargo, los sindicatos siguen amenazando con la huelga. Exigen aumentos salariales acordes con la inflación, sin pensar de dónde saldrá el dinero. Al escuchar la retórica de los líderes sindicales, uno pensaría que sus miembros se enfrentan a un desafío único del coste de la vida, en lugar de a un azote que afecta a todo el país.

El salario medio de los profesores en 2021 fue de 42.358 libras: 39.000 libras para un profesor de aula, 57.100 libras para los altos cargos y 74.100 libras para los directores. Puede que esto no sea tan bueno como antes o como les gustaría a los profesores, pero siguen siendo realmente buenos en comparación con la media del Reino Unido de 32.000 libras. Y, por supuesto, eso es antes de añadir la contribución a la pensión de casi el 24%, lo que supone unas 10.000 libras más de media.

Teniendo esto en cuenta, exigir ahora aumentos salariales que se salten la inflación es una insensatez, y se corre el riesgo de dañar la merecida confianza que el público ha ganado con tanto esfuerzo en la profesión. Sólo nos queda esperar que alguien en la dirección del NEU sepa leer el ambiente y recapacite sobre la acción sindical.

Tampoco podrán contar necesariamente con el apoyo incondicional del público. Por supuesto, puede que ahora los encuestadores digan que apoyan la huelga de los profesores, pero ¿sentirán lo mismo cuando pierdan su sueldo, la escuela de su hijo cierre y no puedan trabajar? ¿Qué credibilidad tendrá el personal que persigue a los niños con baja asistencia para que vayan a la escuela, cuando hace poco han cerrado esa misma escuela por una huelga?

¿De verdad creen que “estamos en huelga por el bien de los niños” es creíble, cuando los dos últimos años han dejado tan claro lo terrible que puede ser el impacto del cierre de escuelas para los niños? Ahora más que nunca, los niños necesitan pasar todo el tiempo posible en la escuela.

Si las huelgas siguen adelante, será una situación en la que todos saldrán perdiendo: el país, los niños y la profesión.

No discuto que las cosas estén realmente difíciles en estos momentos, pero esa es una razón más para que ahora no sea el momento de hacer huelga. Los niños necesitan sus escuelas más que nunca. También necesitan que sus profesores utilicen su capital político para poner de relieve dónde están los peores puntos de presión, y eso no es el sueldo de los profesores. Son los problemas del sistema de asistencia social, las listas de espera para recibir ayuda en salud mental, la insuficiencia de plazas en centros alternativos y especializados, etcétera.

Espero que los directores de escuela y otros se lo piensen mucho antes de votar a favor de la huelga estas Navidades. Ocupan un lugar muy valioso en las comunidades a las que sirven. En estos tiempos difíciles, las familias acudirán a ellos en busca de apoyo y soluciones, no de huelgas.

China desde Tiananmen: No es un sueño sino una pesadilla

Escrito por Law & Liberty en . Publicado en Análisis diario.

Dr. Teng Biao. Este artículo se publicó originalmente en Law & Liberty.

Hace exactamente tres décadas ocurrieron dos cosas en China: el movimiento pacífico por la democracia y la sangrienta masacre. Al principio, todas las democracias del mundo condenaron la masacre de la plaza de Tiananmen de Pekín, censuraron a los dictadores chinos y apoyaron a los activistas de Tiananmen encarcelados o exiliados. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1990, los líderes occidentales, espoleados por intereses comerciales, volvieron a dar la bienvenida a los carniceros y dictadores de la República Popular China con sus alfombras rojas, sus abrazos ansiosos y sus banquetes de Estado.

En Estados Unidos, los líderes de los dos principales partidos políticos intentaron evitar una ruptura con Pekín. Sólo 17 días después de que las protestas estudiantiles fueran sofocadas por las fuerzas gubernamentales, con un saldo de miles de muertos, [1] el presidente George H.W. Bush envió una carta secreta a Deng Xiaoping y luego despachó a un enviado secreto para reunirse con Deng más tarde.

En 1991, la primera administración Bush había suavizado o eliminado muchas de las sanciones impuestas a China en relación con Tiananmen. En 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, el gobierno estadounidense renovó el estatus de nación más favorecida a China, desvinculando el comercio del historial de derechos humanos del gobierno chino. En 2001, Estados Unidos amplió el estatus de relaciones comerciales normales permanentes a China, a la que en ese momento se permitió entrar en la Organización Mundial del Comercio. Posteriormente, China tuvo la oportunidad de albergar los Juegos Olímpicos (los de verano de 2008 en Pekín), la Exposición Universal, una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y el G20.

Ni un solo país boicoteó estos juegos o eventos. China ha sido elegida en repetidas ocasiones miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a pesar de que su situación en materia de derechos humanos es una de las peores del mundo y de que el gobierno chino ha manipulado arrogantemente el Consejo y ha socavado las normas de derechos humanos de la ONU establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 [2].

China ha conmocionado al mundo al menos dos veces en los últimos 30 años. La primera vez fue el movimiento democrático de Tiananmen en 1989 y la represión subsiguiente, que hizo que el mundo fuera consciente de la crueldad del Partido Comunista Chino. La segunda vez fue el “milagro económico” de China. En 2010, con el fenomenal crecimiento de su economía, China se convirtió en la segunda mayor economía por Producto Interior Bruto nominal. En 2014, superó a Estados Unidos, alcanzando la paridad de poder adquisitivo.

De hecho, ambas cosas -la extinción del movimiento democrático y el florecimiento del milagro económico- están estrechamente relacionadas. Sin las masacres del 3 y 4 de junio de 1989, no habría milagro chino. “Lo más irónico es que las reformas económicas de privatización de las élites que China llevó a cabo después del 4 de junio fueron sin duda las más desvergonzadas y deplorables en términos morales, pero también probablemente las más eficaces y con mayores probabilidades de éxito. La masacre de Tiananmen privó por completo al pueblo de su derecho a la palabra, y la falta de participación y supervisión públicas en el proceso de privatización de China permitió a una minoría de funcionarios tratar los bienes públicos como su propiedad personal. Los funcionarios se convirtieron instantáneamente en capitalistas, y las reformas de privatización alcanzaron su objetivo en un solo paso. Además, el entorno de inversión relativamente estable creado por las políticas represivas atrajo una gran cantidad de capital extranjero” [3].

Rampantes errores judiciales

Se creía que la adopción por China de la economía de mercado y la globalización promoverían la libertad y la democratización nacionales, pero no ha sido así; al contrario, China es hoy más totalitaria que en 1989. El poder económico y la alta tecnología han reforzado enormemente el control del PCCh. China avanza rápidamente hacia el fascismo con características chinas.

Hay varias explicaciones para el “milagro chino”, pero pocos entienden o admiten que la “escasa ventaja de China en materia de derechos humanos”, en palabras del conocido profesor de Tsinghua Qin Hui, es una de las principales razones de su “éxito”. Entre sus componentes se incluyen la abundante mano de obra barata, los bajos salarios, el escaso bienestar, las malas condiciones laborales, la nula protección del medio ambiente, la ausencia de negociación colectiva, de derecho de huelga, de sindicatos independientes, de prensa libre, de libertad de manifestación y reunión y de independencia judicial.

Ningún competidor de China que respete los derechos humanos, el bienestar básico y la democracia puede replicar esta ventaja. Y por eso no es de extrañar, como dijo una vez Qin Hui, que “Las mercancías fabricadas en China fluyan hacia todo el mundo, y el capital de todo el mundo fluya hacia China”. Es ridículo que el gobierno chino haya atribuido este logro al llamado “modelo China” y lo haya propagado por todo el mundo, ya que si todos los países adoptaran el “modelo China”, no habría ningún “milagro chino”, sino que el mundo se reharía a imagen y semejanza de China mediante una carrera hacia el abismo [4].

A la gente le interesa hablar del ascenso de China, pero en realidad, lo que ha sido asombrosamente rápido y violento ha sido el ascenso del PCCh desde la fundación del partido en 1921. Las personas que viven en China no tienen acceso a Google, Facebook, Twitter o YouTube; tampoco tienen derecho a proteger sus casas o sus tierras. No tienen libertad de expresión, libertad religiosa ni derecho de voto. Incluso el libro Winnie the Pooh fue prohibido.

El pueblo chino carece de acceso a aire fresco y agua limpia. Diez mil defensores de los derechos humanos, abogados, disidentes y periodistas han sido encarcelados. Presos políticos han muerto bajo custodia, entre ellos el Nobel Liu Xiaobo en 2017. Se persigue a familiares de activistas de derechos humanos. Se cierran ONG de derechos humanos. La tortura, las desapariciones forzadas, los desalojos forzosos y los errores judiciales son generalizados y van en aumento.

Desde 1999, más de 4.000 practicantes de Falun Gong han sido torturados hasta la muerte durante su detención. Y 153 tibetanos se autoinmolaron para protestar por la persecución de que son objeto. El PCCh está demoliendo iglesias, quemando Biblias, y ahora ha enviado al menos a 1,5 millones de uigures y otros musulmanes túrquicos a campos de concentración en Xinjiang. Esto no es un “milagro chino” ni un “sueño chino”, sino una pesadilla china.

El matonismo de baja tecnología del PCCh se ha transformado en lo que he llamado totalitarismo de alta tecnología. El PCCh utiliza su liderazgo en Inteligencia Artificial para hacer aún más total su control de la sociedad china. El Gran Cortafuegos de China, las redes sociales, el Big Data, el comercio electrónico y las telecomunicaciones modernas facilitan al PCCh mantener a la gente bajo una vigilancia similar al panóptico de Jeremy Bentham, en el que nadie sabe si está siendo vigilado o cuándo, pero siempre es una posibilidad. Internet ha sido utilizado por el PCCh como una herramienta eficaz para la censura, la propaganda y el lavado de cerebro. El reconocimiento facial, el reconocimiento de la huella vocal, el reconocimiento de la forma de andar, la recogida de ADN y las etiquetas biométricas han sistematizado el creciente control del PCCh.

En la provincia de Shandong, se utilizó la realidad virtual (RV) para comprobar el nivel de lealtad al PCCh de los miembros del partido. La empresa de estudios de mercado IDC predijo recientemente que la red pública de cámaras de vigilancia de China seguirá creciendo, con unos 2.760 millones de unidades instaladas para 2022. Por cada ciudadano chino habrá, pues, dos cámaras de vigilancia, sin contar las de sus dispositivos personales, que el PCCh puede requisar digitalmente en cualquier momento. Teniendo en cuenta el mantenimiento de la estabilidad en red de China, el sistema de crédito social, la policía secreta, la exacerbación del sentimiento nacionalista por parte del partido, el control ampliado de los medios de comunicación e Internet, las detenciones masivas de activistas de derechos y el culto a la personalidad en torno a Xi Jinping, lo que hemos visto es un totalitarismo de alta tecnología sin precedentes, una versión avanzada de 1984 de George Orwell.

¿Es Taiwan el nuevo Honk Kong?

Además, China se ha vuelto cada vez más agresiva en la escena internacional. Sus leyes extraterritoriales y el largo brazo de su aplicación se extienden de muchas maneras diferentes: por ejemplo, su secuestro de refugiados en el extranjero, incluidos libreros, uigures y empresarios legítimos. Sus robos, sobornos y propaganda se institucionalizan a través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, la multimillonaria Iniciativa de la Franja y la Ruta, los Institutos Confucio, la creación de islas en el Mar de China Meridional con fines militares, los ciberataques y el espionaje internacionales y el “Programa de los Mil Talentos”.

No se puede confiar en que China cumpla sus acuerdos con otros países. Cada vez viola más la promesa de “un país, dos sistemas” para Hong Kong, lo que significa que incumple los compromisos que adquirió en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984. Lamentablemente, los británicos, en su afán por hacer más negocios, no parecen preocuparse mucho por los ciudadanos de Hong Kong, que el Reino Unido gobernó desde 1841 hasta 1997. Taiwán podría convertirse en el próximo Hong Kong en cualquier momento, ya que China ha interferido en la política de Taiwán mediante la discriminación comercial, la desinformación, la infiltración en los medios de comunicación y repetidas amenazas de lanzar una invasión militar. Como represalia por la detención en diciembre de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, por parte de Canadá, las autoridades chinas detuvieron a dos ciudadanos canadienses y cambiaron repentinamente la sentencia de un canadiense condenado por tráfico de drogas de 15 años a pena de muerte.

Overseas activists and dissidents do not succeed in evading the CCP’s control. Their family members back in China are intimidated, arrested, or detained. Dozens of family members of at least six Uyghur journalists working for Radio Free Asia have been detained in China as retaliation for their reporting. In Mexico, Argentina, India, Thailand, Canada, and the United States, Tibetans, Falun Gong practitioners and Chinese dissidents have been harassed and physically attacked by people hired by the Chinese embassy.

La neozelandesa Anne-Marie Brady, estudiosa de China, tras escribir un destacado informe sobre la injerencia política de China, se encontró con el robo de su ordenador en su casa de Christchurch en febrero de 2018, y las ruedas de su coche desinfladas en noviembre. Sus colegas chinos fueron detenidos para ser interrogados. Wang Bingzhang, destacado activista prodemocrático y residente permanente en Estados Unidos, fue secuestrado en Vietnam en 2002 y posteriormente condenado a cadena perpetua en China. Gui Minhai, editor con pasaporte sueco, fue secuestrado en Tailandia por la policía secreta china el 17 de octubre de 2015. El socio de Gui, Lee Po, residente en Hong Kong y con pasaporte británico, fue secuestrado en Hong Kong el 30 de diciembre de 2015.

El PCCh ha demostrado que sólo busca su propio poder, y ahora intenta extender ese poder a escala mundial mediante el matonismo, las mentiras, los sobornos y las amenazas, hasta llegar incluso a la amenaza de una guerra nuclear.

El PCCh aprendió la lección de 1989

El mundo solía albergar esperanzas de que China estuviera mejorando. Adoptó una versión de economía de mercado, entró en la OMC, permitió a sus élites acceder a Internet a través de redes privadas virtuales y ratificó docenas de tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Cómo es posible, entonces, que el pueblo chino se haya encontrado en el escenario de Orwell y no en una democracia liberal?

Al hablar del estado actual de la política china, debemos tener esto en cuenta: El PCCh no representa los intereses de China ni del pueblo chino. Su principal prioridad es perpetuar su régimen de partido único y los intereses de los privilegiados.

Desde la década de 1980, el crecimiento económico de China, el mercado global, las profesiones jurídicas e Internet y las redes sociales han proporcionado espacio a los grupos activistas y han empoderado a la sociedad civil. Pero al mismo tiempo, el gobierno chino nunca ha aflojado su censura, vigilancia o dominio. Si hay una lección que el PCCh aprendió de 1989, es que debe mantener el gobierno unipartidista por todos los medios. Cuando el partido percibió que la sociedad civil había empezado a ganar cada vez más recursos e influencia, se movilizó para elevar su control. Pero en las últimas décadas, el llamado “modelo China”, que como he dicho equivale a cleptocracia más totalitarismo de alta tecnología, ha ido empujando al país hacia una crisis integral. Ha traído consigo una corrupción oficial masiva, conflictos entre funcionarios y ciudadanos, desastres ecológicos, persecución religiosa y odio y violencia étnicos en el Tíbet y en los campos de detención masiva de la región occidental de Xinjiang.

Y lo que es más importante, empieza a parecer que los dividendos económicos que China cosechó gracias a una demografía favorable, una mano de obra barata y la globalización ya no se acumulan, sino que empiezan a menguar. El crecimiento del PIB se ralentiza. La solución a la crisis política, social y económica pasa por relajar el control y construir el Estado de Derecho y la democracia, o por una represión aún mayor. El PCCh ha optado sin vacilar por lo segundo.

Y hay otra lección que el PCCh ha aprendido del movimiento democrático de Tiananmen hace 30 años: Necesita temer la influencia de la ideología occidental como una amenaza para el régimen de partido único. Por eso, además de controlar la información en China, también intenta controlar a las comunidades chinas de ultramar. Las asociaciones estudiantiles y académicas chinas, los institutos Confucio, las asociaciones ciudadanas, las cámaras de comercio y organizaciones similares están controladas o dirigidas por las embajadas y consulados chinos en todo el mundo o por el Departamento de Trabajo del Frente Unido del gobierno.

Los estadounidenses deben saber que Pekín ha eliminado casi todos los medios de comunicación independientes en chino en Estados Unidos[5], y más aún en Europa, Asia, África y Oceanía. El gobierno chino se ha esforzado por difundir sus mensajes. Su esfuerzo por bloquear las críticas a las cuestiones de derechos humanos en los foros de las Naciones Unidas es bastante eficaz. El PCCh siempre ha hecho amigos en todo el mundo, siendo un importante y sincero defensor de todos los regímenes dictatoriales que existen. El PCCh ha estado exportando su tecnología represiva, su experiencia y su modelo de control a los autócratas de todo el mundo. Todas estas políticas sirven para que el PCCh niegue la democracia al pueblo chino.

Hacer el mundo más amable para el PCCh

El objetivo del partido es mantener su dominio dentro de China a toda costa, por lo que se propone hacer del mundo un lugar seguro para el PCCh. Así, su Estado orwelliano de alta tecnología se ha convertido en una amenaza cada vez más urgente para otros países y para los valores universales. Muchos académicos y expertos han reconocido el fracaso de las anteriores políticas de compromiso con China. El compromiso continuado en nombre del cambio de China debe verse ahora como lo que es: apaciguamiento y habilitación. Impulsados por un puro afán de lucro que ignora el equilibrio con los valores universales, las empresas y los países occidentales han consentido la expansión y la brutalidad del PCCh. Algunos ejemplos:

  • Cisco proporcionó equipos y formación para ayudar a establecer y reforzar el Gran Cortafuegos chino. Nortel Networks, Microsoft, Intel, Websense y otras empresas tecnológicas también contribuyeron a facilitar el Gran Cortafuegos.
  • A petición de la agencia de seguridad estatal china, Yahoo proporcionó información sobre sus clientes, confirmando las identidades de al menos cuatro escritores chinos, lo que se convirtió en una prueba clave para condenarlos. Esto se convirtió en una prueba clave para condenarlos.
  • Para volver a entrar en el mercado chino, Google diseñó un motor de búsqueda, llamado Proyecto Libélula, que censura todo lo que no gusta al PCCh.
  • Muchos bancos occidentales contrataron a familiares de altos funcionarios chinos como asesores a tiempo completo. Esto es sólo la punta del iceberg de los tratos corruptos de empresas occidentales con el régimen opresor.

Con la ayuda del compromiso, el dinero y la tecnología occidentales, el PCCh no sólo sobrevivió a un breve aislamiento mundial y a las sanciones tras la masacre de Tiananmen, sino que estableció un totalitarismo cada vez más poderoso y brutal que está haciendo metástasis en todo el mundo. Ahora, China exige una reescritura de las normas internacionales, intentando crear un nuevo orden internacional en el que se manipule el Estado de derecho, se rebaje la dignidad humana, se abuse de la democracia y se niegue la justicia. En este orden internacional, la atrocidad y la corrupción se ignoran, los autores son inmunes y los regímenes dictatoriales están unidos y se muestran complacientes.

Un nuevo símbolo: el hombre del tanque

Cuarenta días antes de que el Ejército Popular de Liberación entrara en acción para sofocar las protestas que se habían estado gestando en la primavera de 1989, Deng Xiaoping dijo, según se dice, que el régimen estaría dispuesto a “¡matar a 200.000 personas a cambio de 20 años de estabilidad!”. El PCCh mató a mucha gente con tanques y ametralladoras, en una masacre deliberada, que ha hecho que los chinos vivan desde entonces en lo que he llamado el “Síndrome Post-Tanques”. La ira y el miedo se convirtieron en silencio, el silencio en indiferencia y la indiferencia en cinismo. El lavado de cerebro, una economía de mercado distorsionada y una política corrupta han creado una atmósfera de consumismo y han inculcado un nacionalismo y un darwinismo social generalizados en China.

La gente admira y apoya a quienes tienen poder y dinero. Cada vez más indiferente a los valores y la moral universales, la gente olvida, margina y se burla de los luchadores por la libertad y los presos de conciencia. Aquí vemos una paradoja de la historia: Los supervivientes se han convertido en cómplices de los asesinos.

Pero también sabemos que el Hombre Tanque, una de las imágenes más influyentes del siglo XX, representa el coraje y la esperanza del pueblo chino. Cuando mataron a estudiantes y ciudadanos en 1989, yo no era entonces más que un estudiante de secundaria con el cerebro lavado; pero después de ver las imágenes de aquella época, me inspiré y acabé convirtiéndome en abogado y luchador por la libertad. Debido a mi trabajo de promoción de los derechos humanos y la democracia en China, fui inhabilitado, se me prohibió dar clases y mi universidad me despidió. Durante mi detención, la policía secreta me secuestró y torturó gravemente. Saquearon mi casa, confiscaron mi pasaporte y cerraron mi ONG. Acosaron a mi familia y les impidieron salir de China. La fuerza que me ha ayudado a superar todas estas dificultades provino en gran medida del momento en que me di cuenta de que era una superviviente de la masacre de Tiananmen.

Los esfuerzos del PCCh por hacer realidad el Estado orwelliano han encontrado y seguirán encontrando resistencia. Sin embargo, una vez completado un estado totalitario de alta tecnología, cualquier resistencia será fácilmente aniquilada. Por lo que ha sucedido desde que aquel hombre se paró en la carretera frente a una línea de tanques, Occidente debería haber aprendido que los derechos humanos no deben sacrificarse por ganancias económicas o políticas. Para quienes no quieran ver la victoria de un Estado totalitario de alta tecnología, aún hay tiempo de contraatacar, pero no queda mucho.

[1] Las estimaciones oficiales de la época oscilaban entre las 800 y las 3.000 muertes de civiles, pero un documento del Gobierno británico desclasificado en 2017 indica más de 10.000 muertes de civiles.

[2] “The Costs of International Advocacy: China’s Interference in United Nations Human Rights Mechanisms,” Human Rights Watch, September, 2017.

[3] Hu Ping, “La masacre y el milagro”, Radio Free Asia, 2 de septiembre de 2008.

[4] Teng Biao, “La sombra del ‘milagro chino'”, PoliQuads Magazine, 6 de abril de 2019.

[5] “La influencia de China y los intereses de Estados Unidos: Promoting Constructive Vigilance”, editado por Larry Diamond y Orville Schell, informe de la Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Palo Alto, California, 29 de noviembre de 2018.

El lenguaje económico (XXII): Turismo

Escrito por José Hernández Cabrera en . Publicado en Análisis diario.

En la literatura y los debates sobre política turística es frecuente apelar a mitos, metáforas y expresiones carentes de rigor económico. Veamos algunas:

El «modelo» turístico

Los ingenieros sociales —políticos y burócratas— consideran que la economía y el sector turístico, en particular, pueden ser diseñados deliberadamente según un determinado «modelo» preconcebido, que puede ser realizado mediante la oportuna legislación. Esta pretensión de organizar la sociedad de manera hegemónica y coercitiva, tan ilusoria como perversa, ya fue analizada por Hayek (1988) en su libro póstumo La fatal arrogancia: los errores del socialismo. El «ordeno y mando» del ingeniero social se enmascara con eufemismos: «repensar el modelo turístico» o con metáforas lúdicas: «apostar» por cierto modelo turístico. Todo ello se conseguirá con el boletín oficial: palo y zanahoria. El primero prohíbe y restringe (i.e. moratoria) la oferta de todo aquello que no encaje con la visión del sátrapa. Otra fórmula es imponer servidumbres; por ejemplo, en Cataluña los hoteles «gran lujo» deben ofrecer a sus clientes albornoz, zapatillas y, en el desayuno, butifarra.[1] Este ordenancismo, tan innecesario como perjudicial, ahuyenta la inversión: recordemos el fallido proyecto de Eurovegas en Madrid. Por último, con la zanahoria, los políticos juegan a ser empresarios disparando con pólvora de rey: participan en ferias turísticas, organizan campañas publicitarias, subvencionan la construcción o rehabilitación de hoteles, etc.

Turismo de «calidad»

En este caso, el «modelo» turístico consiste en tener visitantes con elevado poder adquisitivo y prescindir de otros que no gastan lo «suficiente»: turistas de sol y playa, cruceristas, senderistas, campistas, etc. Los promotores de este «modelo» quieren convertir su ciudad en otra Montecarlo. Para ello, prohíben la construcción de alojamientos «baratos» y subvencionan los «caros». El Cabildo de Tenerife, por ejemplo, es dueño de tres casinos de juego con un total de 28 empleados. Cuando el turista de «calidad» quiere jugar a la ruleta no puede porque el crupier salió a tomar café. Bromas aparte, el fantasioso «modelo» nunca se alcanza porque el gobierno puede manipular (hasta cierto punto) la oferta, pero no la demanda. Otras veces, la «calidad» ha sido la excusa para proponer (sin éxito), de forma arrogante, el establecimiento de plantillas mínimas en los hoteles. El turismo de «calidad» es una quimera económica. En el mercado todas las calidades son bienvenidas porque se adaptan a los diferentes gustos y capacidad adquisitiva de los consumidores. Es ilusorio interferir la oferta de alojamiento de menor calidad esperando que aumente la demanda de aquellos de mayor calidad. Toda planificación gubernamental del turismo es un caso particular del sistema socialista y, por tanto, está abocada al fracaso (Mises, 1920).

El turista «no rentable»

Estamos ante el mito del gorrón o free rider, alguien que (supuestamente) consume más servicios públicos de lo que paga en impuestos. Veamos, cualitativamente, qué paga un turista: a) En su caso, tasas portuarias y aeroportuarias; b) IVA, cada vez que consume. c) Salarios de los empleados turísticos, incluidas sus cotizaciones e IRPF. d) Al pagar alojamiento sufraga indirectamente los tributos municipales: IBI, recogida de residuos, vado, etc.; e) Servicios médicos con su propio seguro o anticipa el pago, que luego recupera en su país de origen. f) Indirectamente, el impuesto de sociedades de las empresas turísticas. ¿Y cuánto consume en servicios públicos? En definitiva, la cuestión es saber si el ingreso turístico costea el mantenimiento de los espacios —carreteras, parques, jardines, mobiliario urbano, alumbrado— y la provisión de otros servicios públicos (i.e. policía). Este cálculo, a nivel turista, es imposible; pero, de forma agregada, el balance es positivo; de ahí el desarrollo económico de muchas zonas turísticas y el incremento del nivel de vida de sus habitantes. Si unos turistas pagaron menos de lo que consumieron, necesariamente otros habrán pagado más. La rentabilidad del visitante, tanto en lo público como en lo privado, es una cuestión de grado y no puede medirse con precisión; por ejemplo, los clientes de un hotel no son igualmente cuidadosos usando las instalaciones, ni consumen la misma cantidad de alimentos, agua, energía, etc. Solo un sistema descentralizado, libre de injerencias gubernamentales, puede equiparar lo que paga el turista con lo que consume.

El «todo incluido»

Los enemigos de la libertad también critican el sistema «todo incluido» porque resulta «poco rentable» para la economía local. Los acusadores emplean metáforas cargadas de negatividad; por ejemplo, afirman el hotel «acapara» al cliente, que se forman «guetos» donde se consume droga o que existe un gasto «cautivo». Quienes (Podemos) no comparten ciertos gustos del turista han propuesto (sin éxito), al más puro estilo bolchevique, prohibir el todo incluido.[2] Si algunos turistas desean beber, comer o bailar dentro del hotel, ¿por qué forzarlos a salir? Supongamos, a efectos dialécticos, que el consumo por turista permanece invariable; el sistema «todo incluido» expandirá el negocio hotelero y reducirá la oferta complementaria (bares, restaurantes, peluquerías, etc). El primero necesitará más personal y el segundo menos, mientras que los fabricantes y distribuidores no resultan prácticamente afectados. Supongamos también que el todo incluido ofrece mejores precios: el ahorro podrá financiar más viajes o alargar las estancias. Todo cambio suscitado por el «todo incluido» forma parte del dinamismo del mercado, producto de los cambiantes gustos de los consumidores.

El turismo «consume» suelo y «devora» el territorio

Nacionalistas y ecologistas, entre otros, idealizan románticamente lo primitivo y la naturaleza en contraposición al progreso y la modernidad. Esta mentalidad rousseauniana ve en el desarrollo turístico una agresión a la cultura y natura de un pueblo por parte de «peligrosos» especuladores del asfalto y el ladrillo. Con las metáforas «consumir» y «devorar» el territorio se pretende denigrar una actividad económica de gran importancia: el cambio de uso de la tierra. El progreso económico exige emplear el capital (incluida la tierra), en cada momento, del modo más rentable. Esta lógica es universal. Por ejemplo, los agricultores sustituyen un cultivo por otro buscando mayores beneficios; pari passu el suelo agrícola pasa a ser industrial o turístico. Quienes llaman despectivamente a España «país de camareros» parecen ignorar que debemos al turismo la mejora de nuestro nivel de vida.

Bibliografía

Hayek, F. (1988). La fatal arrogancia: los errores del socialismo. Madrid: Unión Editorial. Mises, L. (1920). «El Cálculo Económico en el Sistema Socialista». Recuperado de http://www.hacer.org/pdf/rev10_vonmises.pdf

[1] Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña. Anexos 1 y 2.

[2] https://www.libremercado.com/2015-05-21/podemos-le-declara-la-guerra-al-turismo-barato-no-al-todo-incluido-1276548471/

Serie ‘El lenguaje económico’

(XXI) Sobre el consumo local

(XX) Sobre el poder

(XIX) El principio de Peter

(XVIII) Economía doméstica

(XVII) Producción

(XVI) Inflación

(XV) Empleo y desempleo

(XIV) Nacionalismo

(XIII) Política

(XII) Riqueza y pobreza

(XI) El comercio

(X) Capitalismo

(IX) Fiscalidad

(VIII) Sobre lo público

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

La taxonomía verde

Escrito por José Manuel González Pérez en . Publicado en Análisis diario.

Se ha celebrado en S/C de Tenerife X Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público “El Sector Público ante la nueva economía en la Unión Europea”. Una gran oportunidad para calibrar y ponderar la Auditoría en el Sector Público y del papel y relevancia de los Órganos de Control Externos de las cuentas públicas (OCEX). Hay en el programa muchos aspectos de indudable interés para calibrar la proyección de Congreso. Como ex consejero de la Audiencia de Cuenta de Canarias deseo lo mejor.

Mi aproximación es una exhortación a la ponderación, a la prudencia y a la naturaleza siempre crítica y autocrítica que debe tener todo congreso de reflexión en estos campos propios de la economía financiera y contable en el ámbito público en toda su amplitud, tanto real o física como nominal o monetaria.

El lema del X congreso focaliza en su rampa de salida el papel del Sector Público en “la Nueva Economía en la UE”. Una deriva muy recurrida en los últimos tiempos, tan presentados como llenos de “ardientes afanes de novedades”, como las “nuevas normalidades”, “la nueva economía de la unión europea” o “las autodenominadas nuevas fuerzas del cambio”. Derivas, sin duda, prediseñadas y predeterminadas desde el paradigma intervencionista de los sectores públicos desde sus diferentes ámbitos supranacional, nacional, autonómicos y locales. Derivas habitualmente distantes, si no ajenas, a la sostenibilidad económica y financiera propia, sus criterios son permanentemente deslizantes, ávidos de recursos ajenos, sus pautas son marcadas ya de antemano, con 10 o 20 años de antelación con la publicidad y los carteles de la Agenda 2030 y los Objetivos 2050 y con aparentemente mucho dinero, por el espejismo vendido a todos como verdadero con datos de restricciones exógenas, lo reitero vendido a todos y, cómo no, a los evaluadores y auditores externos de los Ocex y de los controladores internos o interventores.

Un camino incierto enrutado y entubado de carnadas y prebendas vía “Fondos Next Generation”, con atractivo y vigor por un tiempo, que se vende como emanados del cielo, pero que en absoluto vienen de allí, vienen de aquí por la vía fiscal y viene de aquí vía expansión monetaria realizada por la Autoridad Monetaria comprando activos de deuda soberana en una gran sintonía, si no connivencia insólita, entre gobiernos y BCE sostenida durante muchos años al no atisbarse inflación, desde el 2003 hasta el 2021; pero ya la inflación está delante llegando al 10,5 % y la retracción monetaria debiera ser patente si el BCE siguiera de forma atenta sus competencias.

¿Qué hace el BCE? Hasta ahora lo que ha hecho es dar oxígeno financiero al endeudamiento público acumulado expandiendo la oferta monetaria, la liquidez, y provocando el sostenimiento de tipos de interés bajos y sorprendentemente hasta negativos, acomodándose crónicamente en la considerada macroeconómicamente como patología de la trampa de la liquidez (¿enfermedad cómoda?) del Modelo Clásico. ¿Quién  controla al BCE? Es el debate perenne, también muy presente a los Ocex, ¿Quién controla al controlador?

Pero especial atención se debe dar al ámbito monetario. La expansión dineraria genera inflación, pero a ello se une que los precios están cada vez más intervenidos o dopados y no permiten, desde los gobiernos, en su afán intervencionista, que en los diferentes mercados de bienes y servicios, en los mercados laborales y en los mercados de activos financieros (de dinero, de bonos y de divisas) se gesten los precios de perfil más competitivo que permitan orientar las inversiones, el dinero, las cantidades de bienes y servicios y de factores productivos que permitan alcanzar la compatibilidad de planes entre compradores y vendedores desorientados en los escenarios ambiguos con los datos de precios regulados e intervenidos, restricciones exógenas gubernamentales y el valor depreciado del dinero. Esto, sin duda, espanta la confianza, la actividad económica y las probabilidades de una correcta asignación de recursos escasos. Aspecto este que parece ya no estar, o tratan de eclipsar en los diseños programáticos de las políticas gubernamentales en las ahora denominadas “Nuevas economías de la UE” o de cualquier sitio.

Es como si, permítanme decirlo, se hubiera refundado el concepto de Economía, sin la praxeología ni la cataláctica (L.V. Mises, La Acción Humana), bastándole con el argumentario del ‘Sí se Puede’ por voluntad política. Es un drama y es patético. La escasez de recursos es un sino esencial en todo problema económico o cataláctico. La economía cuida de la política, indicándole lo alcanzable, lo factible y sostenible. No ponderar esto conduce a la insostenibilidad y lo que no se sostiene cae. Ojalá haya coraje en los Ocex para realizar las correctas auditorías de regularidad y operativas, con o sin ayuda del big data o inteligencia artificial, ojalá tales recursos, como instrumentos técnicos, sean útiles para el desempeño de la misión.

El problema de todas maneras está instalado, actualmente se está imponiendo y no sólo seduciendo con la definición de conceptos, en todo ámbito, con la también nueva estructura conceptual que define la verdad: “la taxonomía verde” y “los diseños de transición energética” enmarcados en considerandos de índole “medioambiental”. Esto implica cosas muy concretas que redefinen los conceptos y cambian en función de si instituciones públicas y privadas (empresas) cumplen con la Agenda 2030 y los objetivos 2050, entonces esta “taxonomía verde” las considera o no, a las empresas, para la eventual recepción de fondos Next Generation, para la realización del tránsito.

La cosa, el punto, es que “la taxonomía verde” que en principio era predeterminada, resulta que ya no lo es tanto, y ahora puede resultar variable. Esto es que, digamos, hay consideración de múltiples verdes en el tiempo al dictado de los diseñadores y considerados “expertos”, los que avalan lo verosímil al margen de los mercados, al margen de los precios y de las cantidades voluntariamente intercambiadas. Ello es o puede resultar fatal en los diseños estratégicos de canalización de las inversiones para el tránsito hacia objetivos indefinidos, difusos y variables. Fatal para la asignación y la optimización de los recursos. Ya el crudo, los materiales fósiles, el petróleo de Venezuela (recientemente hemos visto como conversan Macron y Maduro conviniendo encuentros) y hasta la energía nuclear comienzan a tener sitio en los argumentos cuando la dependencia energética y el frío han avisado de su presencia y de sus consecuencias.

La cosa es: ¿cómo quedan las empresas, el sector real, el sector privado de la economía, las cuentas de explotación de las empresas que han invertido sí o sí con las restricciones de “la taxonomía verde previa”? ¿Cómo afecta a la verosimilitud de los informes de auditoría aplicando asimetrías o variabilidad en las restricciones taxonómicas requeridas?

Por otro lado, ya lo dije, los fondos “Next Generation” son finitos, a término y generan adicción. ¿Qué encaje de bolillos se plantearán después de su término? ¿El crecimiento hasta el 100% del PIB del sector público, cuando su musculatura presente sobrepasa el 50% en la economía española? ¿Cómo quedará de maltrecha La Libertad? No es una pregunta sin calado. También a La Justicia le corresponde la misión de cuidar de La Libertad. Los Ocex también son parte de La Justicia.

Ojalá haya en el próximo futuro ponderación y sosiego estimulador de la confianza mutua, tan necesaria para el dinamismo de un cuerpo económico equilibrado y no elefantiásico desde lo público. La causa primera, del problema de la sostenibilidad, aun siendo importante, no está tanto en si es la cuantía de los déficits, o de la deuda acumulada, en las reglas o cumplimiento, respectivamente, del 3% o del 60% del PIB, en la conveniencia de tener mayor margen en posibilidades procíclicas y contracíclicas de las políticas fiscales y presupuestarias desde el sector público en sus diversas administraciones, en estos aspectos de manera muy brillante se han fijado muchas de las ponencias y comunicaciones del Congreso.  Pero la causa primera del problema de la sostenibilidad está en la sobredimensión del sector público y en lo indicado sobre la también nueva y variable estructura conceptual que define la verdad: “la taxonomía verde” y “los diseños de transición energética” enmarcados en considerandos de índole “medioambiental”. De ahí mi llamada a elevar el punto de mira hacia el objeto central del análisis del problema, la correcta dimensión del sector público, su correcto tamaño, de esto se ha hablado poco. Son temas pendientes y muy delicados, pero de necesario abordaje.  El papel de los Ocex también abarca la factibilidad real y correcta del sector público. Ojalá desde los Ocex y desde el Tribunal de Cuentas puedan cumplir bien con su papel y competencias, realizando su fiscalización tanto de regularidad como de carácter operativo, controlando la eficiencia, este es un camino en el que hay mucho que recorrer.

No obstante, la simple sensación de control patente derivada de la existencia de estos Órganos, con cobertura constitucional y estatutaria, y de las Entidades Auditoras, así lo creo, es pertinente y necesaria en todo ámbito y especialmente en el ámbito público que se nutre siempre del privado y, además, con su papel cuidan la confianza lograda tan necesaria para el desarrollo de la actividad económica, del empleo, del ahorro, de la inversión y del crecimiento.

X Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público: “El sector público ante la nueva economía en la UE”

Mises, L. (2015). La Acción Humana. Tratado de Economía. Madrid: Unión Editorial. Undécima edición. ESTUDIO PRELIMINAR incorporado por Huerta de Soto J.

José Manuel González Pérez (1996), La Audiencia de Cuentas de Canarias y su misión. Ed. Benchomo. S/C de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria 1996.

José Manuel González Pérez (1999), La misión de la Audiencia de Cuenta de Canarias: 10 años de andadura. Publicado en el libro: Audiencia de Cuentas de Canarias 1989-1999 Control y Responsabilidad de las Administraciones Publicas. Ed. Gobierno de Canarias 1999.

José Manuel González Pérez (1999), El control de la actividad económica financiera de las entidades locales canarias: la actividad fiscalizadora de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Publicado en el libro: Audiencia de Cuentas de Canarias 1989-1999 Control y Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Ed. Gobierno de Canarias, 1999.

Memoria numismática

Escrito por cristobal.mataran@gmail.com en . Publicado en Análisis diario.

Este mes de noviembre hemos visto cómo Correos, sociedad estatal regida por un compañero del Partido Socialista y sueldo de 200.000€ anuales, sacaba a la venta un sello “conmemorando” la fundación hace cien años del Partido Comunista de España. Correos, recordemos, es una empresa estatal con pérdidas millonarias (96 millones de euros en pérdidas en 2021 y una previsión de 150 en 2022, aunque las ha reducido vendiendo su sede valenciana) que realiza competencia desleal al resto de empresas que se dedican a la paquetería.

El caso es que una sociedad que sostenemos todos con nuestros impuestos, especialmente con los beneficios de sus competidores que tienen que aguantarse viendo cómo les sustraen parte de sus ganancias para financiar a un competidor perpetuamente en pérdidas, ha decido felicitar el cumpleaños al partido nacido en nuestro país para convertirse en un satélite de Moscú. Esta filial de los bolcheviques siempre defendió con acalorado entusiasmo el golpe de Estado llevado a cabo por Lenin en 1917. Más bien, habría que decir golpes de Estado. Primero lo intentaron en julio y no les salió bien. Lenin y sus secuaces terminaron exiliados en Finlandia. Volvieron a la carga en octubre (noviembre para nosotros) tras el fracaso de la ofensiva Kérénski durante el verano de 1917 que le costó el poco crédito que tenía al Gobierno Provisional. Pero ahí únicamente se hicieron con el poder legislativo, ya que no pudieron suspender las elecciones a cortes constituyentes programadas para diciembre. Posteriormente, intentaron manipularlas, pero su poca implantación en el campo dio el triunfo al Partido Social-Revolucionario (los eseristas). En enero de 1918, cuando la asamblea se reunió el primer día y salió elegido presidente de esta el fundador de los eseristas, Víctor Chernov, Lenin ordenó rodear el Palacio de Tauride e impedir a los diputados electos que siguieran deliberando sobre el proyecto constitucional.

Pero aún no había sido fundador el PCE, como decimos, hasta 1921. Y no fue el único partido comunista durante la II República española. El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) se convirtió en el gran rival por el alma comunista de los españoles, pero con un matiz: no se trataba de un país controlado por la III Internacional Comunista (Komintern), esto es, el gobierno soviético, esto es, por Stalin, sino que seguía los postulados internacionalistas de Troski. El POUM fue purgado por el gobierno de Negrín en las Jornadas de Mayo de 1937: a su secretario general Andreu Nín lo despellejaron vivo agentes de Stalin y al escritor Eric Blair (acá George Orwell) casi lo fusilan, algo que contó posteriormente en su libro Homenaje a Cataluña. El PCE culpó entonces a agentes de la Gestapo.

Pero el gran momento del PCE llegó tras la derrota en la Guerra Civil. Con la mayoría de sus cuadros exiliados en Moscú y colocados en diversos organismos soviéticos, cabría esperar una feroz oposición por su parte al pacto Ribbentrop-Mólotov. Pero ahí estaba Dolores Ibárruri, La Pasionaria, para mantener firme al Partido. Enrique Castro, asistente personal de José Díaz, cuenta en Mi fe se perdió en Moscú cómo se fue desencantando con el régimen de economía planificada debido a las privaciones que tanto él como su mujer sufrían, así como la toma del poder por parte de Ibárruri cuando Díaz, asqueado y acosado, se tiró por una ventana en 1942. Es en este periodo cuando abundan las obras de comunistas españoles exiliados que se fueron alejando de la ideología. Cabe citar a los dos tomos de Jesús Hernández: Yo fui un ministro de Stalin, cuando aún intentaba traer el comunismo a España desde las filas del Frente Popular, y En el país de la gran mentira, cuando ya se había exiliado en la Unión Soviética y pudo conocer de primera mano la miseria en la que vivía el soviético medio durante el régimen de Stalin.

La historia del PCE puede rastrearse hasta la Transición, ya que se trataba del partido más organizado y beligerante contra la dictadura franquista, pero el liderazgo de Carrillo terminó abruptamente en 1982 tras hundir electoralmente el Partido. Posteriores intentos de reflotar la extrema izquierda sólo han sido posibles gracias a coaliciones infinitas cada vez con más partidos, lo cual ha hecho que la marca PCE, aunque siga existiendo, esté prácticamente desaparecida.

Pues bien, en España, desde apenas un mes antes, tenemos vigente una Ley de Memoria Democrática que, entre otras cuestiones, castiga con elevadas multas cualquier tipo de ensalzamiento del golpe de Estado del general Franco de julio de 1936. Los anteriores golpes de Estado sufridos por la República a manos de comunistas y socialistas no han sufrido legislación contraria. Si por algo destaca la ideología comunista en la actualidad es por su ignorancia absoluta del s.XX. Nunca existió el golpe de Estado de octubre del 37, la política económica de Allende, las nacionalizaciones castristas, la NPE, el chavismo, los jemeres rojos, el Gran Salto Adelante o las purgas estalinistas. Pero no se queda ahí, ya que han sido capaces de colonizar el concepto de democracia, aunque se hayan tirado siglo y medio luchando contra él. Pese a sus furibundos intentos por acabar, por ejemplo, con la II República, la legislación actual nos invita a ver el PCE como el baluarte de la democracia, como los luchadores infatigables por mantener en pie el régimen republicano contra el fascismo. Ahí tenemos un sello para conmemorarlo.

El orwelliano régimen de eutanasia de Canadá

Escrito por Law & Liberty en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en El orwelliano régimen de eutanasia de Canadá

Amanda Achtman. Artículo publicado anteriormente por Law & Liberty.

En 2016, Canadá legalizó la eutanasia en todo el país. Hasta la fecha, según los propios registros del gobierno, más de 30.000 personas han sido asesinadas por los médicos. En algunas partes del país, la eutanasia está representando hasta el 5% de todas las muertes. A lo largo de los últimos años, los eufemismos para referirse a la eutanasia han cambiado de suicidio asistido por un médico, a muerte asistida por un médico, a muerte asistida por un médico, a “asistencia médica para morir”, a MAiD (con una ‘i’ minúscula) y, finalmente, al intento de borrar el hecho de que incluso es un acrónimo. La eutanasia en Canadá se denomina ahora omnipresentemente MAiD.

A pesar de haber tenido una de las políticas de encierro más duras y las tasas de vacunación más altas, es posible que el año que viene, por estas fechas, el número de muertes por eutanasia supere el número total de muertes por COVID en este país.

Sin embargo, es posible que pronto sea difícil llevar la cuenta, dada la deliberada ofuscación y falsificación de los registros de eutanasia.

Ontario es la provincia más poblada de Canadá. Su Colegio de Cirujanos y Médicos ofrece la siguiente definición de Asistencia Médica para Morir (MAID):

Según la legislación federal, la MAiD se refiere a las circunstancias en las que un médico o enfermero, a petición de un paciente: (a) administra medicamentos que causan la muerte de un paciente; o (b) prescribe o proporciona medicamentos para que un paciente se autoadministre para causar su propia muerte, de acuerdo con los requisitos legales. (el énfasis es mío)

Habiendo reconocido claramente que el procedimiento causa la muerte, es curioso que el mismo órgano de gobierno quiera omitir cualquier referencia a él como causa de muerte a efectos de cumplimentar los certificados de defunción.

Este mes, el Colegio está solicitando opiniones sobre un proyecto de política, que incluye esta sección relativa a los certificados de defunción:

Los médicos que proporcionan MAiD deben rellenar el certificado médico de defunción.

Al cumplimentar el certificado médico de defunción, los médicos: deben enumerar la dolencia, la enfermedad o la discapacidad que ha dado lugar a la solicitud de MAiD como causa de la muerte; y no deben hacer ninguna referencia a la MAID ni a los medicamentos administrados en el certificado. (el énfasis es mío)

Aquí tenemos la directiva deliberada de un organismo profesional gobernante para falsificar los registros médicos. Es innegable que la administración de midazolam, propofol y rocuronio por parte de un médico es la causa de la muerte prematura de su paciente. Pero pronto, es posible que ya no sepamos el número de canadienses a los que se les practica la eutanasia debido a la gran cantidad de otras “causas” que figuran en los certificados de defunción para enmascarar la muerte generalizada por parte de los médicos.

Esto se volverá más extraño cuando, a partir del 17 de marzo de 2023, enfermedades mentales como la depresión, que normalmente no son mortales en sí mismas, empiecen a figurar como causa subyacente de la muerte en los certificados.

La eutanasia se legalizó en 2016 para los canadienses adultos informados y con consentimiento que se consideren con una “condición grave e irremediable.” Inicialmente, había salvaguardias que exigían que la solicitud se hiciera por escrito ante dos testigos independientes, la capacidad de retirar la solicitud en cualquier momento y un periodo de reflexión obligatorio. En 2021, estas salvaguardias se redujeron para exigir sólo un testigo independiente, permitir la posible renuncia al requisito del consentimiento final y eliminar el periodo de reflexión de 10 días. Al mismo tiempo, la elegibilidad para la eutanasia se amplió para incluir una nueva vía para “personas cuya muerte natural no es razonablemente previsible”. Esto incluye a los canadienses que viven con una discapacidad y, a partir de este mes de marzo, también serán elegibles aquellos cuya única condición médica sea una enfermedad mental.

Sin embargo, a pesar de que los grupos de presión de la eutanasia insisten en que “la asistencia médica para morir es una opción legal y regulada por el gobierno federal para el final de la vida, impulsada por la esperanza y la autonomía”, el mandato de encubrimiento profesional traiciona los remordimientos de conciencia que aún admiten que hay algo fundamentalmente erróneo.

Muchos canadienses piensan que lo que hace aceptable la eutanasia es que el propio paciente la haya solicitado. Pero entonces, ¿por qué no poner como causa de la muerte “la voluntad del paciente”? Quizás sea porque en el fondo los médicos saben y podrían estar de acuerdo con la afirmación del filósofo Emmanuel Levinas que decía: “Tengo cada vez más responsabilidad que el Otro, soy responsable incluso de su responsabilidad”.

Los médicos son ante todo responsables de garantizar la salud de sus pacientes y están en una posición de evidente autoridad. Por eso es extremadamente peligroso que se obligue a los médicos, como también sugiere el Colegio, a plantear la eutanasia como una posible opción de “tratamiento” con cualquier paciente que cumpla los requisitos. Especialmente cuando viene de un médico, la presentación de esta opción equivale a una recomendación.

Algunos médicos no pueden imaginar ninguna circunstancia en la que sea apropiado aconsejar una muerte asistida, sobre la base del sentido común de que matar no puede favorecer el bienestar, ya que impide a una persona ser del todo. Hace poco escuché a un médico canadiense decir: “Si me pueden mostrar cómo la Muerte Asistida promueve la salud de mis pacientes, entonces lo haré, con mucho gusto. Al igual que haré cualquier otra cosa que crea que promueve la salud de mis pacientes. Pero hasta que alguien pueda demostrármelo, no lo haré”. Los médicos que se comprometen a no causar daño y a ayudar a una persona a vivir bien hasta que muera no serán cómplices de acabar deliberadamente con la vida de una persona de forma prematura.

También sabemos que la legalización de la eutanasia está socavando drásticamente los esfuerzos de prevención del suicidio (esto es evidente porque prácticamente cada muerte por eutanasia es un suicidio asistido). La pregunta es: ¿A quién le corresponde la prevención del suicidio y a quién la facilitación del mismo? Si la muerte se ejecuta sobre la base del consentimiento momentáneo de cualquier persona, ¿dónde está la legitimidad de intentar disuadir a una persona en peligro?

Además, sabemos por testimonios de primera mano que los canadienses se ven gravemente tentados a pedir la eutanasia, por no tener hogar, por la pobreza, por la falta de asistencia domiciliaria, por una vivienda inadecuada, por la depresión y por la diabetes y la ceguera.

Debería darnos vergüenza si, en nuestro avanzado y próspero país al que gran parte del mundo querría venir, nuestra incapacidad para apoyarnos unos a otros adecuadamente en nuestras comunidades es lo que realmente está llevando a las peticiones de eutanasia. ¿Nos atrevemos a mirar a nuestro alrededor la soledad y el abandono que llevan a la gente a una muerte de silenciosa desesperación y decir que tal vez la causa de la muerte seamos nosotros? No estamos suficientemente presentes. Todavía no sabemos soportar con paciencia las situaciones difíciles. Hace mucho tiempo que no tomamos la mano de alguien con ternura, con paciencia, aunque sea por un rato largo. Quizás nunca lo hemos hecho.

Ser sincero es el primer paso para recuperar la sobriedad moral. Según la propia encuesta del gobierno sobre la naturaleza del sufrimiento entre quienes solicitan la eutanasia, el 86,3% citó “la pérdida de la capacidad de realizar actividades significativas”. La causa de estas muertes es, según admiten las propias personas, existencial más que fisiológica. Esto es importante y merece nuestra atención. Y no le hacemos ningún favor a nadie enumerando falsas causas de muerte en lugar de la propia justificación declarada por la persona. Tenemos que saber por qué estamos viendo un aumento del 32,4% en las muertes por eutanasia de un año a otro.

La falsificación de los historiales médicos es siniestra y me recuerda a una exposición que vi la primavera pasada en el antiguo campo de concentración de Mauthausen. Este fue un lugar en el que los nazis llevaron a cabo algunos de sus supuestos experimentos médicos, de los que guardaron meticulosos registros que ahora están expuestos al público.

Debajo de la vitrina hay un libro con una letra elegantemente legible. Se trata de un registro de defunciones del médico jefe de las SS del campo. La leyenda del museo que lo acompaña dice:

La SS tiene registradas falsas causas de muerte. El prisionero Ernst Martin, asignado como empleado, pone marcas secretas en el registro de muertes en los casos en los que se entera de que los prisioneros fueron asesinados deliberadamente. Poniendo un punto después del lugar de nacimiento, identifica a las víctimas de las inyecciones letales.

Si, dentro de unos años, alguien encuentra un discreto punto en cada uno de los certificados médicos de los canadienses que fueron efectivamente eutanasiados, sabremos de dónde sacaron la idea y nos alegraremos de que lo hayan hecho para saber la verdad.

El censo muestra un Reino Unido cada vez más diverso y más secular

Escrito por CapX en . Publicado en Análisis diario.

Rakib Eshan. Este artículo ha sido publicado antes en CapX.

El censo de 2021 revela el rostro cambiante de la Gran Bretaña moderna, un país que evoluciona a gran velocidad en términos de cambio demográfico.

Quizá el dato más llamativo sea que, por primera vez, bastante menos de la mitad de la población de Inglaterra y Gales (46,2%) se identifica como cristiana. La caída ha sido precipitada: hace apenas 20 años esa cifra era del 71,7%, y en 2011 era del 59,3%. Puede que seamos una sociedad europea con una iglesia establecida, pero las cifras sugieren una sociedad en plena secularización.

Y mientras que el cristianismo ha disminuido considerablemente en Inglaterra y Gales, otras religiones han experimentado un pronunciado crecimiento en su número. Desde el censo de 2011, el número de personas que se identifican como cristianas ha disminuido en 5,8 millones, mientras que el número de quienes se describen como musulmanes ha aumentado en 1,2 millones (de 2,7 a 3,9 millones).

El porcentaje de la población que se identifica como hindú ha experimentado un aumento más modesto, pasando del 1,5% en 2011 (818.000) al 1,7% (1 millón) en 2021. También se han producido pequeños aumentos en el número de personas que se identifican como sijs, budistas y judíos: 101.000, 24.000 y 6.000 personas respectivamente.

Estas cifras recuerdan que la nuestra es una sociedad que no sólo se define por la secularización de la corriente principal, sino también por la creciente heterogeneidad religiosa. El grado de cambio étnico de los últimos años consolida aún más nuestra condición de democracia hiperdiversa.

Según el último censo, algo más de cuatro de cada cinco personas (81,7%) en Inglaterra y Gales son “blancos”, frente al 86% de 2011. Por su parte, el número de personas pertenecientes a la categoría “asiática”, más bien amplia, ha aumentado del 7,5% en 2011 (4,2 millones) al 9,3% (5,5 millones).

La categoría “negro”, igualmente amplia, ha pasado del 3,3% (1,9 millones) al 4% (2,4 millones), aunque hay algunos matices interesantes en estos datos. El número de personas de origen africano negro ha aumentado considerablemente, pero el número de personas de origen caribeño negro -la categoría de minoría étnica que tradicionalmente está más integrada en la corriente secularizada blanca-británica- ha disminuido ligeramente, pasando del 1,1% de la población al 1%. Al mismo tiempo, se ha producido un notable aumento de los mestizos (del 2,2% al 2,9%). La categoría de “otros blancos”, compuesta principalmente por polacos y rumanos, también ha pasado del 4,4% al 6,2% de la población en la última década.

Así pues, el panorama general es el de un país étnica y religiosamente diverso, en el que la proporción de británicos blancos ha disminuido ligeramente y el número de cristianos ha bajado mucho. Al mismo tiempo, un número de grupos no blancos y no cristianos ha crecido como proporción de la población total.

En general, el Reino Unido (aunque hay que tener en cuenta que este censo sólo abarca Inglaterra y Gales) ha gestionado muy bien los cambios en su demografía. A pesar de todos los extravagantes artículos del New York Times sobre lo indeciblemente racista que es Gran Bretaña, en realidad somos una de las democracias multiétnicas más exitosas del mundo, y el crecimiento del número de personas mestizas es un testimonio de ello. También es una réplica al tipo de Powellismo recalentado que rodea cualquier nuevo dato sobre el cambio demográfico. Los que predijeron que una Gran Bretaña más diversa desde el punto de vista étnico daría lugar a luchas sectarias generalizadas estaban completamente equivocados, y deberían admitirlo.

Al mismo tiempo, no podemos dormirnos en los laureles. Los recientes desórdenes en Leicester, que llevaron el sectarismo subcontinental a las calles de una ciudad regional inglesa, sirvieron de brutal recordatorio de que una sociedad multirreligiosa puede conllevar desafíos y conflictos. El deterioro de la cohesión social también tiene implicaciones para un Estado del bienestar cada vez más amplio, que sólo puede sostenerse realmente con lazos de confianza y consideración mutua.

Todo esto quiere decir que adoptar una visión totalmente acrítica de la diversidad, como suelen hacer algunos, sería en realidad un paso atrás. Podemos aceptar el hecho de que Gran Bretaña es un país formado por muchos tipos de personas diferentes, reconociendo al mismo tiempo las dificultades que esto puede crear en términos de cohesión comunitaria, incluso entre los diferentes grupos étnicos minoritarios.

En todo caso, el último censo debería ser un catalizador para que los responsables políticos y los líderes comunitarios renueven esos esfuerzos para fortalecer las relaciones entre nuestras diferentes comunidades étnicas y religiosas.

Leyes impostadas

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

La legislación motorizada que el gobierno español actual lleva promoviendo para mantenerse en el poder absoluto, al tiempo que desmantela los magros contrapesos y equilibrios que se instauraron por la Constitución de 1978 para frenar el autoritarismo, se ha comentado por extenso en muchos de los análisis dedicados a tan tóxica dinámica. Asimismo, he resaltado que los vectores marcados decididamente por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero actúan de guía e inspiración del actual jefe del gobierno, quien, si acaso, ha destacado por el implacable uso de la mentira más descarnada para medrar desde que se encaramó en el cargo. Eso sí, con la ayuda de minorías dispuestas a subvertir desde diferentes ángulos ese mismo orden constitucional que prometió cumplir y defender.

En este sentido, la aprobación definitiva el pasado verano por el Congreso de los Diputados de la autodenominada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, gracias al voto favorable de todos los grupos parlamentarios, excepto el Popular y Vox, no constituye más que el enésimo eslabón en esa cadena de desafueros y tropelías.

Para llegar a dicho fin no hay treta ni estafa procesal o sustantiva que este gobierno no haya ensayado. Ha abusado de la promulgación de los decretos leyes de forma rutinaria, colados con especial denuedo durante la vigencia de los estados de alarma inconstitucionales, decretados con el pretexto de la pandemia del Covid 19. Se ha atrevido a bloquear la tramitación como leyes de muchos de ellos, previamente convalidados, para conseguir la vigencia indefinida sin enmiendas. Todo ello con la evidente complicidad de la presidenta del Congreso de los Diputados. En el caso de la ley citada, omitiendo la tramitación pública exigida por la Ley del Gobierno, pese a las supuestas mejoras introducidas por la facción socialista a los primeros borradores de factura podemita.

En la línea de imponer visiones de la realidad y de la historia con una legislación autodefinida y autosuficiente, al gobierno le importa muy poco situarse por encima de la Constitución española o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Antes al contrario. En una amalgama muy propia del activismo posmoderno invoca, en interminables exposiciones de motivos, los objetivos de defender a personas vulnerables. Están plasmados en diversos convenios internacionales, para colar la discriminación jurídica por cuestión de sexo, la derogación de la presunción de inocencia en el Derecho penal y sancionador, así como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso debido con todas las garantías, consagrados en los Convenios clásicos de Derechos Humanos y la propia Constitución española.  

La semana pasada la polémica se concentró, no obstante, en la anunciada y consabida oleada de revisiones de condena a instancia de los numerosos condenados por delitos cuyo pena, una vez cotejadas las redacciones anterior y posterior del Código Penal a las reformas introducidas por la Ley Orgánica “de garantía integral de la libertad sexual”.

A este respecto, digan lo que digan los distintos involucrados en la aprobación de esta Ley, deben quedar claros cinco puntos:

  1. Aunque el artículo 9 de la Constitución de 1978 garantiza exclusivamente la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, los legisladores de 1995 prescribieron (artículo 2.2 del Código Penal[1]) que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo.”
  2. A pesar de no venir exigido por la Constitución o los convenios de protección de los derechos humanos, las disposiciones transitorias primera a quinta de ese mismo Código Penal abundaron en ese criterio de revisar las condenas si la aplicación de la ley nueva redundara en favor del reo, entendiendo que esto ocurre cuando establece una pena más leve para el hecho enjuiciado.
  3. De hecho, después de cada una de las numerosas reformas del Código Penal de 1995, se han abierto procesos de revisión generalizados de sentencias firmes, más o menos amplios, en los términos previstos en esas disposiciones.
  4. Con estos antecedentes, con informes o sin informes del CGPJ, es imposible que los Letrados, asesores de los distintos ministerios, por no mencionar a los propios ministros del gobierno pertenecientes a la carrera judicial o fiscal, no reparasen en la previsible oleada de revisiones de sentencias firmes de violadores y agresores sexuales.
  5. La sucesión de intervenciones gubernamentales contrarias a la revisión de las sentencias, si estas benefician a estos reos, y el recuerdo de que la Ley de marras obliga a los jueces a participar en cursitos de adoctrinamiento, no demuestran ignorancia jurídica por su parte. Antes al contrario, revelan que el gobierno no se siente limitado por las leyes, sino facultado para coaccionar a los jueces para que adopten las resoluciones que le convengan en cada momento.

[1] Disposiciones no reformadas por la citada Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXXV): las incongruencias de la Agenda 2030 y la movilidad eléctrica

Escrito por Miguel Anxo Bastos en . Publicado en Análisis diario.

En artículos anteriores hicimos referencia a como la ambición planificadora de la Unión Europea llevó a numerosas contradicciones y medidas contraproducentes que, como era de esperar, resultaron en que buena parte de los resultados previstos no sólo no se hayan llevado a cabo, sino que la situación muy probablemente haya empeorado en muchos aspectos. En este artículo me gustaría hacer referencia a los planes, reiterados en el momento en que escribo estas páginas, de transformar la movilidad individual en eléctrica en un plazo de tiempo relativamente breve (años  2035-2040).  Como ya apunté con anterioridad, no me quiero pronunciar sobre si es pertinente o no el cambio, pero si quiero hacerlo sobre la forma en que este se realiza; esto es, a través de la coerción estatal directa, mediante prohibiciones, o indirecta, mediante subvenciones o bonificaciones fiscales, en la línea clásica de la planificación indicativa francesa de los 60, muchos de cuyos practicantes estuvieron entre los fundadores del mercado común, y cuyo legado, como podemos ver, permanece aún a día de hoy en la Unión Europea.

En principio no debería ser necesaria la planificación del cambio de modelo de movilidad. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los cambios de modelo energético o de movilidad llevados a cabo en la historia no precisaron de planificación alguna. Pensemos en el paso del carro de caballos o bueyes al automóvil o al tractor o en la transición del ferrocarril al camión o del barco de vela al de vapor y luego al movido por motores diesel. Ninguno de ellos fue programado y, sin embargo, se dio sin que se reportase ningún problema digno de mención, o al menos digno de ser reportado en los libros de historia. Eso pudo ser básicamente porque fue una transición voluntaria derivada de que la nueva fuente de energía o la nueva forma de movilidad aportaban ventajas, percibidas como tales por sus potenciales usuarios. Es cuestión clave, esta última; esto es, tiene que darse alguna mejora sustancial en algún aspecto como calidad del servicio prestado por la innovación, precio relativo, potencia o simplemente que la nueva forma de movilidad o de producción energética produzca algo imposible de producir bajo la nueva técnica. La energía eléctrica, por ejemplo, es capaz de realizar funciones imposibles de llevar a cabo con la quema de carbón, como por ejemplo hacer funcionar electrodomésticos. Y esta mejora tiene que ser percibida y valorada como tal por el usuario y no sólo por los técnicos. La movilidad eléctrica, por ejemplo, pudiera ser perfectamente mucho mejor que la de combustión en potencia, limpieza o fiabilidad, pero no ser percibida como tal por cuestiones de autonomía o de tiempo de recarga que podrían en ocasiones amargar la vida de sus usuarios sin que pudiesen estos perjuicios ser compensados por los factores meramente técnicos. Otro aspecto de las transiciones, que creo ya haber comentado con anterioridad, es de que en estas acostumbran a coexistir al mismo tiempo las técnicas viejas, las actuales y las que están aún en una fase incipiente de desarrollo, es más incluso coordinándose entre sí y actuando de forma complementaria. Tampoco fue nunca necesario hacer gigantescos planes de ayuda a la transición, sea para ayudar a la adquisición de los nuevos artefactos, sea para facilitar el abandono de los viejos.

De ser esto cierto, no habría forma de explicar la necesidad de planificar el cambio de modelo de movilidad y de hacerlo con medios directamente coercitivos, como multas o sanciones, incluso penales a quien se porte “mal”, o, indirectamente, a través de subvenciones y rebajas fiscales para los que se porten bien y acaten las directrices.  Pero sí que la hay. Esta se hace necesaria para los gobiernos porque la mayoría de la población no quiere cambiar de modelo de movilidad, bien porque no dispone de medios para hacerlo, pero también porque no desea hacerlo porque no ve que las ventajas del cambio compensen los costes o porque prefiere emplear sus recursos en la adquisición de otros bienes. Y como la población, incluidas las empresas, no acepta voluntariamente el cambio, nuestros gobernantes, muchos de ellos sin gran preparación tanto en materia energética como en general, deciden que saben más que nosotros en que consiste nuestro bien y deciden implantar por la fuerza un cambio en los modelos de movilidad, para salvar nuestro planeta de nosotros mismos.  Ahora bien, porque es necesario el uso de la fuerza y la coerción para conseguir esos fines. Acaso no somos adultos que no   entendamos el problema y seamos capaces de actuar en consecuencia.

En una sociedad de mercado, lo lógico sería que una población bien informada sobre aspectos climáticos y energéticos actuase por su cuenta y sin precisar de ser obligados decidiese mudar su forma de consumo. Si esto hiciese, los mercados con mayor o menor velocidad adaptarían su producción y nos ofrecerían una amplia panoplia de productos y servicios respetuosos con el clima y el ambiente, de tal forma que al cabo de un tiempo el daño al planeta se redujese sustancialmente. Las empresas ofrecerían formas de movilidad con menos emisiones al estar los consumidores motivados a pagar por ellas y las nuevas formas de generación de energía se impondrían entre los aplausos de miles de millones de consumidores preocupados por la salud del planeta. Si esto no es así es básicamente porque los consumidores no pueden pagar aún las nuevas formas de movilidad y de ser esto correcto implicaría que tienen necesidades más imperiosas que atender, lo que rompe con la lógica de la urgencia y la gravedad del cambio climático o bien pueden, pero no quieren, porque entienden que a calidad y prestaciones de los nuevos artefactos no superan a los viejos aún siendo mucho más caros. Otro factor que indica la poca popularidad de las medidas es que a las primeras de cambio, en cuanto suben los carburantes fósiles, los gobiernos se apresuran a subvencionarlos, desmintiendo con hechos todo el discurso de la irreversibilidad de la transición y sobre todo desmintiendo su urgencia. Se nos dirá que es impopular la subida de los carburantes y que los gobiernos deban paliarlas para garantizar la paz social, algo que puede ser cierto, pero que sólo demostraría que a pesar de lo que habitualmente se expone en encuestas o medios de comunicación buena parte de la población no ha interiorizado las posibles consecuencias del cambio climático o bien no acaba de creer en ellas o que sean tan graves. De creerlo así la población, la subida de los carburantes derivados del petróleo debería ser celebrada por la población al provocar esta un más que probable descenso del consumo. Pero al no ser así todo, apunta a que la población no está muy dispuesta a sumir sacrificios severos por el clima y, por tanto, es necesario obligar a la población y establecer planes y medidas para alcanzar la transición, si es necesario por la fuerza, expresada en este caso en multas y prohibiciones, expresadas en la obligatoriedad de abandonar los motores de combustión en un plazo relativamente breve. El principal problema, a mi entender, de la transición en la movilidad hacia un modelo electrificado reside en el hecho de haber puesto un plazo para su culminación. Parece que en el 2035  si no hay revisiones no se permitirá la venta de vehículo de combustión en el espacio de la Unión Europea y se prevé que en el 2050 no pueda circular ninguno. Digo si no hay revisión porque el comisario de mercado interno viendo los problemas dijo que en 2026 se revisarían las medidas previendo que si bien no se puedan vender esos motores en la UE si puedan fabricarse para fuera para así no destruir empleo. Esto es, no emitirán CO₂ aquí, pero lo emitirán en otros países, por lo que parece que la lucha por el clima no le importa mucho. El problema de poner plazos deriva de que en una economía muy capitalizada como la nuestra la estructura de los procesos productivos es muy larga y estos consumen grandes cantidades de tiempo en su ejecución.  Además, los procesos de mercado anticipan precios futuros y las consecuencias en precios y producción se dejan sentir desde el momento en que se establece la medida. Por ejemplo, los futuros ingenieros con veinte años hoy desdeñarán estudiar o investigar sobre motores de combustión, descapitalizando facultades o centros de investigación especializados, pero ya hoy. Muchos técnicos cualificados se reciclarán, si pueden, pero sabiendo que buena parte de su capital intelectual se desvalorizará. Las fábricas de motores de combustión o especializadas en la producción de este tipo de vehículo reducirán drásticamente las inversiones que podrían haber previsto a veinte años y comenzarán a no amortizar la maquinaria especializada. Algo semejante le ocurrirá al personal especializado o no, que aparte de perder parte de sus habilidades, tendrá que reciclarse, también si puede, perdiendo buena parte su capacidad de empleabilidad en el caso de querer mudar de empleo o de cambiar de localidad. A la industria de refino le pasará algo semejante y lentamente irá cerrando y mientras tanto no hará inversiones en mejorar la calidad de su producto o en investigar en productos con menos emisiones. Todas las inversiones en mejoras en el carburante fósil o en el desarrollo de aditivos tipo ad-blue serán lentamente abandonadas, dado lo estricto de la prohibición. Todas las prometedoras ideas de mejora de la combustión tipo encendido por microondas o adaptación de motores diesel a combustibles mezclados con hidrógeno padecerán el mismo destino. Ya estamos observando como el diesel sube, por causa de la guerra y otros factores, pero también por falta de capacidad de refino. Leí en algún sitio que el 10% de las refinerías europeas ya han cerrado hoy como consecuencia de medidas previstas para más de 20 años. Y probablemente seguirá subiendo a medida que se vayan cerrando las que quedan. Mucho me temo que el diesel, en especial para los camiones, suba de precio al convertirse en un bien casi de lujo con un mercado muy específico y localizado. Muy probablemente se den cambios también en la geografía industrial, pues a diferencia de lo que muchos piensan, puede ser que no sean las actuales fábricas de automóviles las que produzcan los nuevos autos eléctricos y bien puede ser que las nuevas fábricas se instalen en otros sitios, mejor dotados para la nueva actividad. Algunas ciudades crecerán y otras se convertirán en desiertos industriales, como aconteció con otras transiciones de este tipo.  Y se darán muchos otros problemas de coordinación y cálculo, como bien enseña la teoría austríaca de la planificación y el socialismo, pues buena parte de los problemas que estamos analizando no son más que aplicaciones prácticas de la vieja doctrina de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. A ella nos referiremos en un capítulo ulterior.