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El gángster boliviano

No tienen miedo a la ilegalidad y deciden ofrecer al consumidor lo que pide. Pero el oscuro mundo del crimen invita a estos mafiosos a usar su red de negocio y de seguridad fuera del ámbito de las relaciones voluntarias. Cuando el mafioso da ese paso se convierte en un gángster privado.

El público es mucho más fácil de localizar. Se desplaza en coche oficial, tienen escaño, cartera ministerial y en ocasiones hasta cuenta con palacio presidencial. Emite rimbombantes discursos y dice hablar en nombre del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sale en las noticias, se mezcla entre la vanguardia artística, causa admiración y suele levantar pasiones. Su imagen destella siempre un halo de grandeza. Es la majestuosidad hortera que adquiere con su poder para cambiar las leyes al margen de la Ley.

Si el resto de la población ignorase sus mandatos, los gángsteres públicos desaparecerían. Pero no es fácil. El mero hecho de ser elegido como mandón confiere el control del monopolio de las fuerzas del orden público y de la defensa nacional y nadie sabe de antemano qué apoyo puede tener una campaña que consista en ignorar al poder estatal. Así que la mayoría de los individuos honestos terminan optando por pasar por el aro que les muestran quienes han agarrado el poder político a través de la aritmética para usarla contra una buena parte de la ciudadanía. Eso o salir por patas.

Esta tesitura, a la que se enfrentan todos los ciudadanos en mayor o menor medida, es la que tiene delante de sus narices de Repsol YPF en Bolivia. Colaborar con Evo Morales y toda su mafia, ignorar sus humillantes decretos expropiadores o abandonar el país. Cuando Morales decidió nacionalizar los hidrocarburos estaba claro que no quería expulsar a las empresas petroleras sino, más bien, explotarlas para gloria de su empobrecedor proyecto político. Repsol decidió pasar por el aro. Podía haberse largado o haber tratado de plantarle cara al gobierno boliviano. Lo último era realmente complicado dado el nulo apoyo que recibió del gobierno español. Irse tampoco era muy atractivo dada la inversión que hubiese dejado atrás. Así que decidieron seguirle el juego al gángster boliviano.

Ahora, un crecido Morales les exige un tributo adicional del 32% del negocio y les amenaza con prohibir sus operaciones en el país andino. Era de esperar. La extorsión política es un juego de difícil final. Si Repsol pasa nuevamente por el aro, inyectando liquidez en el proyecto totalitario de Morales, ayudará involuntariamente al rápido proceso de pérdida de libertades en Bolivia y sentará las bases para la siguiente extorsión del gobierno. La próxima vez, cuando la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos no necesite apoyo externo, será definitivamente expulsada. Eso sí, para entonces habrá enterrado una fortuna en convencer al gángster, y los bolivianos serán todavía más pobres de lo que lo son hoy.

¿Algún problema?

En realidad sí que ha fallecido alguno; "unos veinticinco" creyó recordar el ministro en el Parlamento, más de 260 en realidad. Pero no porque las patrulleras de la Armada tengan como prioridad supervisar los apasionantes ejercicios subacuáticos de la señora presidenta en aguas lanzaroteñas, sino por fastidiarle a don Alfredo las estadísticas, que entre la inmigración subsahariana también hay mucho facha.

En su relación detallada de éxitos en la materia, Rubalcaba resaltó el hecho de que más de cincuenta mil inmigrantes ilegales hayan sido devueltos a sus países de origen. Al parecer todos debemos alegrarnos de esta feliz circunstancia, como cuando las estadísticas sitúan a nuestro país a la cabeza en la detención de alijos de droga, y en lugar de escandalizarse por la magnitud de un tráfico ilegal que permite ese volumen de decomisos, los políticos se felicitan por ese constante incremento anual de capturas, por encima incluso de nuestro imponente IPC.

Pero lo más sustancioso de la comparecencia del ministro fue su tesis sobre los efectos electorales del problema migratorio. Según Rubalcaba, los países de origen mienten necesariamente sobre el volumen de las repatriaciones, porque si dijeran la verdad perderían las elecciones. El argumento es interesante, sobre todo si lo aplicamos al propio señor ministro, pues si, según él, los políticos no dicen la verdad sobre este asunto espinoso, no hay ninguna razón para creerle a él cuando habla al respecto. Hombre, todos sabemos que la izquierda es el epítome de la honestidad –catorce años de felipismo así lo atestiguan–, pero la naturaleza del político es tan voluble que hasta quienes se caracterizan por decir siempre la verdad, como Rubalcaba, podrían ser sospechosos de manipular alguna vez la información para obtener réditos electorales.

Lo único que queda claro en este asunto es que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad en el origen del problema. Ni en éste ni en ninguno. ¿Los once muertos de Guadalajara? El viento. ¿Los incendios de Galicia? Los pirómanos, que andan alborotados (y el viento). ¿El helicóptero de Afganistán? No se lo va a creer: ¡el viento de nuevo! Y es que el clima es tan reaccionario que busca siempre la manera de fastidiar a los gobiernos de progreso. En otras palabras, Eolo = fascista.

Más allá de los cargos políticos

En política siempre vemos algo que contrasta con el funcionamiento del libre mercado. Me explico, en el libre mercado se recompensa a aquel gestor que sabe dar al consumidor aquello que más urgentemente necesita, y si lo hace mal, otro le tomará el puesto. Si el directivo de una gran empresa no se alinea con el consumidor o el accionista no durará mucho en su lugar de trabajo. En pocas palabras, en el libre mercado todos hemos de ser buenos gestores y dar a nuestro cliente aquello que aprecia.

En cambio, la política parece funcionar al revés. Cuanto más inepto es un alto funcionario y más pelele se muestra ante la corriente primaria del partido, mayores logros consigue. Joan Clos es un caso ejemplar. Como gestor público ha demostrado ser un auténtico desastre y, como recompensa, le ascienden.

El problema es que tanta gente aún crea que los gestores públicos pueden hacer frente a los colosales proyectos que el gobierno les encomienda en su función de planificadores sociales. Hay cosas que el gobierno no puede ni debe controlar por el bien de todos. Da igual que pongan al frente a Clos, Montilla o cualquier otro político del partido que sea, todos van a dar problemas. Si realmente los políticos quieren servir los intereses de la gente en lugar de los suyos lo que han de hacer es dejar de colocar trabas a los procesos naturales y libres del mercado, y para tal tarea sólo hay una sola alternativa, liberalizar sectores y dejar de intervenir.

Por más buen gestor que sea un político siempre estará atado a los intereses de sus jefes, grupos de presión y compromisos particulares, y aun si existe alguno que logra desvincularse de todas estas cadenas burocráticas y favoritistas –y es capaz de durar más de una semana en el cargo–, después vendrá otro que no será más que un simple mensajero de los designios de su jefe supremo. Eso significa que millones de accionistas, consumidores, proveedores, acreedores, etc. acabarán dependiendo en última instancia de los antojos de una sola persona en lugar de hacerlo de sus propios intereses como afectados.

Si hemos de extraer una conclusión del caso Clos, es que la economía es demasiado importante como para que el gobierno pueda hacer y deshacer con tanta facilidad aspectos de nuestra vida. Una vez que el Ministerio de Industria no tenga fuerza para imponer precios a la electricidad, influir sobre las telecomunicaciones, las decisiones empresariales, sobre el turismo o repartir empresas entre sus amigos, y en líneas generales, sus designios no afecten continuamente a nuestras vidas de forma irrevocable, entonces ya nos podremos despreocupar por quien asuma tal ministerio.

El gobierno puede, por su propia esencia y en el mejor de los casos, solucionar pequeñísimos problemas muy elementales, y aún así creará injusticias, pero para la gestión de las cosas difíciles ya está el libre mercado, que en definitiva somos todos, y tenemos que ser nosotros mediante las inexorables leyes de la oferta y la demanda quienes determinemos el precio de todo lo que consideramos básico, no ningún enchufao que no sabe ni con lo que trata.

Katrina cumple un año

Antes de que el Katrina besara las costas de Luisiana, Home Depot distribuyó miles de generadores, leña, o baterías a la zona. La capacidad de Wal Mart de hacer llegar a los vecinos alimento, agua, más todo lo que creían más adecuado para su protección fue tan portentosa que su reconocimiento ha sido general. Las compañías telefónicas remozaron sus instalaciones y sus repetidores de señal para que ningún ciudadano se quedara sin hacer una llamada salvadora.

¿Qué fue de la actuación pública? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra había construido unos diques preparados para un huracán de grado 4. Siempre se habló de mejorarlos ante el temor de que algún día llegaría a la ciudad un huracán con su máxima fuerza (5), pero los grupos ecologistas lograron detener la iniciativa, gracias a una eficaz campaña en contra. Más tarde, el pasado junio, el Cuerpo llegó a reconocer su mala gestión. Eso sí, elaborando un informe de 6.000 páginas que ha costado casi 20 millones de dólares. Las autoridades locales no supieron coordinarse y sólo supieron hacer funcionar a una pequeña fracción de las 149 bombas de achique que tenían en su poder.

Como hay una oficina abarrotada de burócratas para cualquier aspecto de la vida, los Estados Unidos cuentan con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), creada precisamente para situaciones como esa. Su actuación dejaría a Joan Clos, en comparación, como un héroe de la gestión de catástrofes. Prohibió a la Cruz Roja su entrada en los primeros días en el área de la catástrofe. Envió toneladas de hielo a áreas no afectadas por el huracán, simplemente por la mala gestión y mandó a varias unidades de bomberos a donde no se les necesitaba.

¿Y la reconstrucción? Wal Mart envió en los primerísimos días 17 millones de dólares, millar y medio de camiones con mercancías gratis y comida para 100.000 personas/día. No todo llegó a su destino, porque la FEMA prohibió la entrada de varios camiones porque lo que llevaban "no era necesario". Lo que no ha podido evitar es que dicha compañía y Home Depot hayan enviado donaciones por valor de 4.000 millones de dólares. Mientras que las ayudas públicas están esperando a que la burocracia las apruebe, las compañías privadas de seguros han realizado no menos del 80 por ciento de los pagos reclamados por los dueños de viviendas.

Cien mil millones de dólares. Esta es la distancia entre los 22.000 millones que costaron al erario público los atentados del 11 de septiembre y los que ha desembolsado con motivo del paso del huracán Katrina. Una parte de los mismos han sido gestionados por la FEMA, cuya desastrosa gestión, reconocida por demócratas y republicanos, ha sido premiada el pasado mes de mayo con su disolución, para ser sustituida por otra oficina todavía más grande y con más recursos. Cosas de la política.

LEGO o la empresa moderna

No era el único enfrentamiento, claro, también estaban, por ejemplo, los que adoraban el Cola Cao frente a los del Nesquik, pero en esa lucha yo era abstemio, en todos los sentidos. Siendo yo de LEGO, abandoné la afición cuando empezó a crecerme esa manía adolescente de querer parecer mayor. Pero eso no quita que sienta cierto absurdo orgullo al ver lo bien que esta empresa se ha adaptado a los tiempos de la revolución de Internet, tal y como ha reflejado Chris Anderson en su The Long Tail.

Hay varios cambios en marcha en la forma que las empresas tienen de relacionarse con los clientes. Uno es el hecho de que, en Internet, ser empresa no te garantiza tener el altavoz más grande. Los clientes descontentos pueden hacerse oír, y que sus voces sean más altas que las de las compañías, pero también pueden hablar para recomendarlas. La red también facilita la colaboración entre los usuarios y la posibilidad de compartir sus hallazgos entre ellos, lo que puede resumirse en una premisa: los clientes son muchos y, en conjunto, más listos que las empresas. Internet es también un fabuloso canal de distribución, que permite eliminar intermediarios y ofrecer un stock mucho más grande del que podría soñar cualquier tienda.

LEGO Store, la tienda virtual de la empresa, ofrece un stock muchísimo más amplio que el que se puede encontrar en una tienda de juguetes. El 90% de los productos de LEGO son difíciles de conseguir si no es por catálogo o por su propia tienda, donde se pueden encontrar desde bolsas de piezas básicas al tremendamente caro modelo de Estrella de la Muerte. Pero lo más interesante es que ha animado a sus usuarios a crear y compartir sus propios modelos, dando premios a los mejores e incluso incorporándolos dentro de su catálogo oficial.

El último paso tomado por la compañía ha sido LEGO Factory, que ofrece una aplicación para el ordenador con la que diseñar los modelos y subirlos a una galería que cuenta ya con más de 80.000, que van desde lo más tremendamente cutre a creaciones que LEGO ha comercializado, pagando al autor una pequeña suma por ello. Pero, además, tanto el autor como cualquier otro pueden encargar a LEGO que le envíe las piezas necesarias para construir el modelo, en una caja que también se puede personalizar.

La danesa LEGO está aprovechando dos tendencias bien conocidas en Estados Unidos que, sin embargo, en la esclerótica Europa no parece que se aprovechen con tanta facilidad. Una es esa "larga cola" de la que habla Anderson. Aunque existan grandes éxitos dentro del mundillo de modelos hechos con ladrillos de plástico, que son los que ocupan las estanterías de las tiendas, buena parte del negocio futuro estará en los relativos fracasos, que por medio del uso de Internet como canal de distribución pueden venderse y dar beneficios, cosa que antes no sucedía. La otra es la aparición del que Glenn Reynolds llama "ejército de David", un montón de pequeños productores que, juntos, pueden en algunos casos competir con los Goliath que son las grandes empresas. Por ejemplo, diseñando juguetes. LEGO está a la vanguardia de aprovecharse de ambos fenómenos. Otras empresas tendrán que averiguar cómo hacer lo mismo en su campo.

Adiós a la era de la “seguridad total”

Esta misma semana, caía una aeronave Tupolev en Ucrania con 170 personas a bordo; por desgracia, un hecho relativamente habitual. Además, el continuo estado de alarma provocado por las amenazas terroristas hace que entre muchas personas cunda una sensación de desprotección e inseguridad.

La tragedia del avión de Kentucky invita a pensar sobre la seguridad en el transporte y, de manera aún más general, en todas las actividades sociales. En España, los accidentes de tren de Palencia y del metro de Valencia también han puesto en entredicho la supuesta excelencia de la seguridad del transporte por ferrocarril. Por cierto, ¿no decían que los accidentes eran el fruto de las privatizaciones?

Lo cierto es que los últimos accidentes en el transporte unidos a las elevadísimas medidas de seguridad en los aeropuertos, hacen temblar a medio mundo. El estado protector nos había vendido la moto de que la seguridad total era posible y ahora venimos a descubrir que no es cierto. Para colmo, los gobiernos de los estados de la tercera vía, es decir, de Occidente, se han empeñado en que la seguridad en cada medio debe de ser igual para todos. Con esta excusa han creado agencias públicas que intervienen a diestro y siniestro o decretan normas de obligado cumplimiento para todas las empresas por igual.

En vez de dejar a los empresarios y a los consumidores buscar las distintas formas de dedicar recursos a la seguridad y la reducción de riesgos, los gobiernos se han empeñado en emprender un programa igualitarista en el que no haya elección entre distintos niveles.

Michael O´Leary, director ejecutivo de Ryanair, ha decidido demandar al gobierno británico por el coste que su compañía tiene que soportar a causa de las extremas medidas de seguridad impuestas en el Reino Unido desde la última intentona terrorista. Exige una compensación de 4,5 millones de euros. Muchos diarios le han acusado de practicar demagogia barata. Pero lo cierto es que O´Leary afirma que al terrorismo se le derrota usando recursos de manera efectiva, económica y racional así como volviendo a la normalidad lo antes posible. Y lo que el gobierno de Blair ha emprendido es lo único que saben hacer: despilfarrar recursos en todo tipo de medidas, muchas de ellas absolutamente estúpidas e ineficaces que tienden a eternizarse una vez puestas en marcha a ambos lados del Atlántico.

El problema de fondo es el de siempre. Los bienes son escasos y, además, hay muchas formas de usarlos. Más recursos dedicados a la seguridad no tienen por qué traducirse en más seguridad efectiva. Las agencias gubernamentales tienden a ser ineficientes en esto como en todo lo demás por la desvinculación entre quien financia y quien toma las decisiones. En EE UU, por ejemplo, la agencia de seguridad nacional prohibió las colas especiales para los pasajeros de primera y business con la excusa de que eso exigía un porcentaje relativamente elevado de personal dedicado a estos pasajeros cuando se podían dedicar a tareas de seguridad que agilizaran el proceso de control de todos los pasajeros. Disparates como éste que dañan considerablemente a la industria son la norma y no la excepción. La actividad actuarial ha sido sustituida por las decisiones de burócratas y así nos luce el pelo. Al final, este igualitarismo en la gestión del riesgo impide el proceso competitivo de prueba y error que posibilite un avance efectivo de la seguridad a un coste reducido.

Pero es que además, cada recurso o cada euro gastado en mayor seguridad es un recurso o un euro dejado de gastar en otra finalidad como la rapidez o la comodidad del transporte. ¿Por qué se ha convertido en un tabú plantear que distintas personas pueden desear diferentes niveles de seguridad a cambio de mayores cotas de otros fines? Ahora que el mito del riesgo cero parece desmoronarse, es el momento de exigir la privatización de la gestión del riesgo.

Zapatero, King África

El efecto Caldera ha multiplicado el problema de la inmigración en nuestro país. Pero da igual. No pasa nada. Zapatero, King Africa, que ya ha enviado a sus virreyes De la Vega, Moratinos y Rubalcaba a enseñarles cómo se gobierna desde las ideas de progreso, ya adelantó la solución: una buena ración de Alianza de Civilizaciones.

Lo que necesitan los países africanos, los pobres, que no saben, africanos que son, es un poco de dinero. Esto de reengancharse al comercio internacional, permitir la libre iniciativa individual, dotar de instituciones que reconozcan y respeten a las personas y sus propiedades parece que está bien para nosotros. Pero ¿los africanos? El progresismo, que encarna en toda su potencialidad nuestro preclaro Zapatero, no cree que ellos estén preparados para salir adelante por sí mismos. Qué mejor que una buena partida de ayuda al desarrollo. Claro, que, cosas del destino, las ayudas tienen un extraño efecto boomerang que hace que parte del dinero que va de Europa a África vuelva otra vez al viejo continente, aunque ahora a cuentas bancarias en Suiza. Un misterio que en su momento nos explicará el evangelista del progresismo planetario, Fidel Vladimir el Exegeta.

Como algo se les cae del bolsillo a las camarillas que tienen tantos países africanos por gobiernos, otra parte de las ayudas se hunden en los campos y ciudades de destino, para no saberse más de ellas. Y es que para convertir la renta en riqueza hace falta invertir, y para ello tener la seguridad de que todo el provecho que le saque uno a su inversión no desaparecerá por arte de birlibirloque. Pero no importa; nada importa. Pobres del mundo, uníos en España, que King África os ha prometido papeles.

El capitalismo iguala productividad y salarios. Y lo hace por dos caminos. Uno de ellos es llevando el capital a donde están los trabajadores, lo que algunos llaman deslocalización. Otro es trayéndolos a donde está el capital: la emigración. Con el primero va la riqueza y el conocimiento creados en otra parte del mundo, y con la segunda, la persona. Con toda su riqueza y con todas sus cargas. Si no queremos que la emigración se convierta en un proceso desordenado, caótico, inmanejable, inasumible para las sociedades de acogida, necesitamos una política un poco más inteligente que prometer papeles para todos y contribuir de verdad, con más y mejor capitalismo, no con dádivas, al desarrollo de los más pobres.

Autopistas nacionales

Di Pietro ha bloqueado la fusión esgrimiendo que un decreto de 1997 impide la presencia de constructoras en el capital de la primera empresa de autopistas del país. Sin embargo, resulta que ACS ya es accionista indirecto de Autostrade a través de Schemaventotto, que Gavio (el segundo operador italiano de autopistas) es una empresa constructora y que empresas como Ferrovial gestionan autopistas en Italia. Detrás de las excusas del gobierno italiano se encuentra su mal disimulado giro hacia el nacionalpopulismo y el proteccionismo de corte neomercantilista que tanto decía rechazar durante su etapa en Bruselas el primer ministro italiano, Romano Prodi; gran defensor del "europeísmo" pero siempre esquivo a la hora de defender las libertades económicas de los europeos.

La contradictoria postura de La Caixa, cuyo director general es también presidente de Abertis, puede terminar siendo otro problema clave para los accionistas de las dos empresas y para los consumidores italianos, que son en definitiva quienes más pierden con el veto. Como socio de Abertis la caja de ahorros catalana protesta contra el intervencionismo que coarta su derecho al libre movimiento de capitales y se muestra dispuesta a denunciar el atropello ante Bruselas. Sin embargo, en su papel de socio de Gas Natural lleva meses aplaudiendo el mismo intervencionismo salvaje ejercido por gobierno español contra E.On en la OPA sobre Endesa. La falta de coherencia Fainé y su equipo le puede pasar factura a Abertis ante una eventual negociación con el gobierno italiano o la comisión europea.

Por último tenemos al gobierno español que, con Pedro Solbes y Montilla a la cabeza, han hecho un flaco favor a la fusión de Abertis y Autostrade con su defensa de las trasnochadas teorías sobre los sectores estratégicos y del nacionalismo económico más patético en la OPA de E.On sobre Endesa. La situación de debilidad de nuestro ejecutivo a la hora de defender la libertad de los españoles para invertir su capital libremente es manifiesta. Buena muestra del efecto boomerang que tiene el proteccionismo lanzado por nuestro gobierno ha sido el desprecio con el que Di Pietro ha desechado la invitación del secretario de Estado de Economía español, David Vergara, para encontrar una salida negociada y satisfactoria para todas las partes en el caso Autostrade. En política económica también, quienes siembran vientos suelen recoger tempestades.

Creando riqueza para todos

¿Se crea riqueza de esta forma? No, más bien es el sistema por el cual todos podemos acabar arruinados. Las políticas redistributivas caen en el simplista tópico que la riqueza está dada y sólo la hemos de "repartir bien" o, como decía Marx, científicamente. Pero para que todos salgamos ganando hemos de crear y no repartir. El más apto para semejante labor es el libre mercado; no existe otro método mejor.

Por ejemplo, los políticos del gobierno americano están convencidos que la mejor opción para hacer desarrollar a los países pobres es mediante ayudas forzosas. Pocos americanos saben que 4.000 millones de dólares de sus impuestos se van directos al gobierno de China. Sí, Bush "el liberal" hace cosas tan poco liberales como esta. Tal vez piense que ese dinero incautado vaya a la población más pobre de China. Quien aún piense así, sobrevalora la política. Los gobiernos no dan, recaudan y se lo reparten entre ellos. En todo caso, el dinero destinado a la sociedad civil es de la propia sociedad, nunca del gobierno.

Todo el dinero que envía el gobierno americano a China es usado para mantener empresas estatales, como la China National Nuclear Corporation con actividades militares y civiles, comprar armas para el ejército, pagar a los burócratas, etc. Las ayudas son para financiar al propio gobierno, los pobres de China no ven ni un céntimo.

El libre mercado actúa diferente. Según Michael Strong, la multinacional de distribución Wal-Mart, mediante sus inversiones millonarias, saca de la pobreza en China a más de 450.000 personas anualmente, igual que tantas otras, como Coca-Cola, McDonalds, Nike o Walt Disney. Los emprendedores que se van a China no redistribuyen la riqueza, sino que la crean. Los salarios que pagan a sus empleados no sirven para engordar las cuentas bancarias de los funcionarios, comprar armas o subvencionar inútiles empresas estatales, sino que van directos a los bolsillos de personas humildes que trabajan cada día para sobrevivir.

El gobierno español no es diferente. El gobierno de Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por ir dando dinero a países extranjeros sin ton ni son; incluso el presidente de Unió Democràtica, Durán i Lleida, se lo recriminó en una ocasión. La verdad es que si los ministros y ministras de ZP fuesen tan altruistas como quieren hacernos creer podrían regalar su dinero a los pobres del mundo. Ellos se lo pueden permitir, son ricos, pero no, prefieren sacárnoslo y enviarlo, no a los hambrientos, sino a gobiernos que lo destinarán a ganar sus disputas, ejércitos y cuentas en paraísos fiscales.

Ni los españoles ni los occidentales estamos como para que nos saqueen los frutos de nuestro trabajo y se lo vayan entregando a políticos extranjeros, suficiente tenemos en mantener a los nuestros ya. Sólo el libre mercado crea riqueza, como se está viendo claramente con China e India. Las políticas de ayuda internacional estatales nunca han hecho emancipar a ningún país, sólo sirven para crear pobreza: la nuestra.

Perversos incentivos

La Gran Sociedad del Presidente Johnson extendió el Estado de Bienestar hasta niveles jamás conocidos, y a base de demandar candidatos para los beneficios públicos, el número de ellos no dejó de crecer.

William Clinton prometió "acabar con el Estado de Bienestar tal como lo conocemos". No ha llegado tan lejos como podría, pero la combinación entre su interés por acabar con el espectáculo de una porción creciente de la sociedad subvenida y alejada del sector productivo y la "revolución conservadora" de Newt Gingrich plantada en el Congreso le hicieron firmar la Ley de la Responsabilidad Personal y la Reconciliación de las Oportunidades del Trabajo (PRWORA, por sus siglas en ingles), de 22 de agosto de 1996. El pasado martes cumplieron, por tanto, diez años.

Esta legislación supuso la mayor reforma del sistema de beneficencia pública en tres décadas. Otorgaba a cada Estado amplia libertad de gestión siempre que al menos la mitad de la ayuda estuviera condicionada a la obtención de un trabajo, y a que pasados cinco años se perdiera el derecho a percibir las ayudas. Desde The New York Times a los institutos de análisis más firmes defensores de las ayudas públicas, en toda la izquierda americana se pronunciaron frases apocalípticas sobre el aumento sin cuento de la pobreza en cuanto se pusiera la ley en marcha. Parecería que al año comenzarían a amontonarse los cadáveres en las aceras de las abarrotadas ciudades estadounidenses. Pero no ha sido así.

De 1996 a 2002, último año para el que contamos con datos, cerca de dos millones y medio de familias, o el 57 por ciento del total, han abandonado el subsidio como forma de vida. Del millón largo de niños que iban a caer en la pobreza de que habló el Urban Institute jamás se supo. Es más, en esos seis años, pese al aumento de la población, descendió el número de menores bajo los umbrales de pobreza en 1,6 millones, una mejora que ha sido más pronunciada entre los niños de familias negras. La incidencia de la pobreza entre las madres solteras dependientes ha caído del 46 al 28,4 por ciento. Es el grupo que más se ha beneficiado por las reformas. El éxito ha sido tan claro que incluso varios de sus primeros críticos se han sumado a quienes aprueban, diez años después, la reforma.

Durante esos años la economía estaba en expansión, y es lógico pensar que la mejora general de las condiciones ayudara a sacar de la dependencia a tantas familias, pero un reciente estudio elaborado por la Heritage Foundation elaborado por Michael J. New revela que el efecto del crecimiento económico no ha sido tan importante como las propias reformas. Y que los Estados que más duros han sido en las condiciones para acceder a las ayudas son los que más han contribuido a reducir la dependencia. Ofrecer dinero a cambio de no estar trabajando jamás fue una idea brillante, aunque su intención fuera ayudar a los desempleados y a los más necesitados.